Autor: Yolanda Magaña

La Ley especial Quincena 25 aprobado mediante el decreto legislativo 499 el pasado 14 de enero inició su vigencia el mismo día luego de que se le asignara esa fecha de publicación en el Diario Oficial.

Tal como fue leído por la diputada Elisa Rosales en el pleno, el artículo 9 de la ley quedó así: “Entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial”. Este artículo no fue modificado.

Este viernes, se confirmó que la fecha de publicación asignada para el decreto 499 fue el 14 de enero; sin embargo, esta edición aún no está a la venta y su versión en línea no ha sido publicada.

La publicación del Diario Oficial en el sitio web de la Imprenta Nacional presenta un desfase permanente. Por ejemplo, hasta la mañana de este viernes, la última edición puesta en línea es la del 7 de enero.

El único artículo modificado fue el 8, al cual se le agregó que la normativa sería de orden público: “La presente ley es de carácter especial y de orden público, por lo que prevalecerá sobre cualquier otra norma que la contraríe”.

Sin embargo, la fecha de vigencia que consideran las instituciones públicas es la fecha del Diario Oficial y no la de su publicación material, algo que ha sido tema de debate en anteriores ocasiones. El abogado Enrique Anaya, por ejemplo, rechazó que la reforma a la Ley de Tránsito estuviera vigente desde el 23 de diciembre.

A 34 años de la firma del Acuerdo de Paz en El Salvador, Diario El Mundo consultó con un grupo de académicos e intelectuales en El Salvador si hay paz en El Salvador. Ninguno consideró que los salvadoreños vivan en una paz plena pero difirieron en qué falta para alcanzarla.

Si bien coinciden que señalar la ausencia de conflicto armado y de la actividad de las pandillas, mencionan otras condiciones: violencia estructural contra la sociedad civil, falta de debido proceso o seguridad jurídica, una precaria situación económica para muchos, autocensura y miedo a opinar, y cierta violencia social por mal manejo de las emociones.

La organización Acción Ciudadana señaló que hay una paz positiva y otra negativa. La positiva es que “no hay conflicto armado y no hay violencia estructural contra la población de un país” y la negativa es cuando “no hay un conflicto armado pero hay violencia estructural de diferente índole contra la población”.

“No hay un conflicto armado entre dos fuerzas beligerantes, pero hay violencia estructural contra ciertos sectores del país y esto lo podemos ver con el tema de las capturas, de tensiones, amedrentamiento contra sociedad civil, la prensa o contra cualquier persona que se pronuncie contra el Gobierno, entonces, vivimos en un contexto de paz negativa, porque hay violencia estructural, violencia desde el Gobierno hacia ciertos sectores”. Acción Ciudadana.

Óscar Picardo, académico e investigador, sostiene que se ha ganado muchísimo en la historia contemporánea con los Acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado con las actuales políticas de seguridad, pero todavía hay un “déficit de paz” por la falta de seguridad jurídica y debido proceso.

Hay gente encarcelada, que no debería estar encarcelada, hay migrantes pasándola muy mal, hay muchos colectivos con diversos problemas. Creo que la paz plena en el sentido estricto, todavía estamos lejos de lograrla, hay avances, hay retrocesos, hay desafíos”. Óscar Picardo, académico e investigador.

Según Picardo, en el análisis sobre la existencia de paz en el país no debe limitarse al tema de la ausencia del conflicto o de pandillas, ya que hay otros problemas sociales, económicos y jurídicos que no le permiten a muchos ciudadanos alcanzar la paz que anhelan.

“Hay ciertos sectores que tienen miedo, que están intranquilos por aspectos económicos, por la minería. Siendo honestos, sí hemos avanzado, después de los Acuerdos de Paz y las políticas de seguridad antipandillas, pero todavía mucha gente vulnerable está amenazada sin paz, creo que hay que seguir trabajando en ello”, sentenció.

Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y promotor de la justicia transicional, cree que hay una paz formal pero actualmente la situación económica y el miedo a opinar no lo permiten.

“Siempre hemos vivido una paz formal, pero difícil es tener paz cuando la mayoría de la gente no llega al final de mes por su precaria situación económica. Difícil vivir en paz cuando existe autocensura y la gente tiene miedo a decir u opinar lo que siente o vive”. Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y promotor de la justicia transicional.

Cree, además, que es “difícil para las víctimas del conflicto pasado decir que viven en paz cuando todavía buscan sus familiares desaparecidos y los victimarios siguen siendo el centro. Mientras exista impunidad, difícil vivir en paz en El Salvador”.

El escritor y académico Rafael Francisco Góchez cree que los Acuerdos de Paz de 1992 trajeron una paz política en El Salvador pero no social, la que se ha recuperado actualmente “hasta un nivel bastante alto, dando tranquilidad a la ciudadanía”. La violencia aún persiste, según el catedrático, es “producto del mal manejo de las emociones”.

“El país se fue hundiendo cada vez más en una violencia estructural que llevó prácticamente a un Estado fallido. Actualmente, se ha recuperado la paz social hasta un nivel bastante alto… si bien es cierto que aún persisten algunas manifestaciones de violencia espontánea”. Rafael Francisco Góchez, escritor y académico.

Para Carlos Acevedo, un economista y estudioso de la realidad nacional, los Acuerdos de Paz fueron necesarios “para ponerle fin a la violencia militar de la guerra” en El Salvador, pero “no sentaron las condiciones suficientes para erradicar la violencia propia de la conflicto social que originó el conflicto”.

“En la medida en que subsiste conflictividad social, polarización enconada y violencia verbal muy visceral, creo que nos falta bastante para vivir en paz”. Carlos Acevedo, economista.

Luis Villatoro Villaherrera, un joven presidente de la Fundación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), nació después de los Acuerdos de Paz. Supo de la guerra por sus padres y lo vivió en carne propia: su padre tuvo que emigrar. Ahora cree que El Salvador vive en paz y seguridad.

“A 34 años hoy por hoy puedo decir que hay paz, hay seguridad, pero con ello también altos niveles de polarización. Nadie puede negar que hoy por hoy se puede caminar por el país sin temor de las pandillas”. Luis Villatoro Villaherrera, presidente de la Fundación Tracoda.

Sin embargo, cree que existe la necesidad de reflexionar sobre una deuda histórica que percibe respecto a la prolongación continua del estado de excepción el El Salvador.

“La paz ha costado sangre, familias separadas, polarización e inocentes pagando por pecadores. Precisamente por eso, hoy tenemos una deuda histórica: construir un futuro en el que podamos vivir”, señala. Para él, este es un momento clave, en el que las generaciones pasadas, la suya y las futuras tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de edificar una paz real y duradera.

La ley de la Quincena 25 es vista por el Gobierno y diputados de Nuevas Ideas como una medida de impulso económico para el país, mientras, la oposición señala que no cambiará el costo de la vida e incluso prevé aumento de precios.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, consideró que con la medida “continúa dinamizándose la economía”.

Para el diputado Ernesto Castro, la quincena adicional para los trabajadores que ganan hasta $1,500 “implica un ingreso extra para las familias salvadoreñas y la dinamización de la economía de nuestro país”.

De igual manera, el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, cree que, “más que que una medida laboral”, la quincena 25 “es una medida de impulso económico”.

“Esto dinamizará la economía a través de consumos, negocios, tiendas, mercados, farmacias, talleres, colegiaturas, uniformes, clínicas, medicinas y el pago de los servicios básicos, como energía eléctrica, agua y telefonía”, destacó el legislador.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentó el proyecto como una forma de “fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero”.

En la oposición, el diputado Francisco Lira (Arena) consideró que el costo de la vida no disminuirá con esta medida. “La inflación se va a comer esta quincena antes que el trabajador llegue a comprar al supermercado”, advirtió.

La diputada Claudia Ortiz (Vamos) cree que “el costo de la vida va a seguir igual de alto en alimentos, servicios básicos y otros bienes y servicios de primera necesidad”.

Tanto Lira como la diputada Marcela Villatoro (Arena) consideraron que fue una medida inconsulta con la micro y la pequeña empresa porque algunos les manifestaron falta de liquidez para abonarles una quincena adicional a sus empleados en este momento.

La oposición se inclina por la reducción del IVA o la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica. “Es una medida que sería todo el año y se verían beneficiados todos”, dijo Villatoro.

Para el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), “algo dinamizará por aquello del efecto multiplicador de cada dólar adicional del gasto agregado”.

Sin embargo, no cree que el efecto sea permanente. “Creo que el efectivo de ‘primera ronda’ será más fuerte en enero y luego se irá diluyendo en febrero y marzo”, consideró.

Ayer, muchas empresas divulgaron en X la aplicación voluntaria de la medida acompañando el anuncio de un afiche que destacó el nombre “Quincena 25”. Algunas no adoptaron ese diseño.

Una de las empresas, La Curacao, remarcó: “Impulsamos la economía de El Salvador, nos sumamos a la quincena 25”.

Mulato dijo que fue “una iniciativa consensuada entre el gobierno, empresarios y representantes del sector privado”, algo que también aseguró el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Tanto el presidente, como diputados, subrayaron ayer que la medida fue aplicada “voluntariamente” por las empresas privadas.

Los bancos Davivienda y Banco Cuscatlán anunciaron que aplicarían voluntariamente los pagos.

Además La Curacao, otras empresas que anunciaron la aplicación voluntaria de la medida en enero de 2026 fueron Almacenes Simán y sus empresas asociadas, Súper Selectos, TCS, ADOC, las telefónicas TIGO, CLARO, Digicel y Movistar.

También, anunciaron que lo aplicarían empresas como DIANA, Ancalmo, las distribuidoras eléctricas AES El Salvador y Delsur, VIDRI, La Constancia, Comersal, Applaudo y la Fundación Gloria Kriete, Urbánica y Pizza Hut.

Entre farmacias o laboratorios que anunciaron la aplicación en 2026 fueron: Farmacia San Nicolás, Pharmavalue, Analiza y Laboratorios Suizos.

También lo anunciaron empresas como Corporación Multi-Inversiones (Pollo Campero), Zona Digital, Inversiones OMNI y El Jardín de los Volcanes.

El 16 de enero de 1992, marcó el cierre formal de uno de los capítulos más sangrientos de la historia reciente de El Salvador, cuando el Gobierno y la entonces guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra civil y abrieron un proceso de reformas políticas, institucionales y constitucionales en el país.

Este 16 de enero se cumplen 34 años de aquel hecho histórico que puso fin al conflicto armado entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad del Estado, mediante una reforma política pactada que permitió el cese inmediato de las hostilidades.

En representación del Gobierno de El Salvador firmaron Óscar Santamaría, Juan Martínez Varela, Mauricio Vargas, David Escobar Galindo, Abelardo Torres y Rafael Hernán Contreras. Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) suscribieron los comandantes Schafik Hándal, Francisco Jovel, Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho y Joaquín Villalobos; así como Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Martínez, María Marta Valladares (Nidia Díaz), Roberto Cañas y Dagoberto Gutiérrez. Por las Naciones Unidas firmó el entonces secretario general, Boutros Boutros-Ghali.

El proceso de negociación fue precedido por acuerdos parciales que sentaron las bases del entendimiento entre las partes. El 4 de abril de 1990 se alcanzó el compromiso de “terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña”.

Posteriormente, se firmaron los Acuerdos de San José, el 26 de julio de 1990; los de México, el 27 de abril de 1991; y los de Nueva York, el 25 de septiembre de 1991.

Los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron, además del fin de los combates armados y la desarticulación de los grupos armados y cuerpos de seguridad, una serie de transformaciones institucionales, reformas constitucionales y la creación de nuevas entidades del Estado.

Uno de los ejes centrales fue la transformación de la Fuerza Armada, con cambios doctrinales, depuración y reducción de su estructura, definiéndola como una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Se acordó la supresión de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, la proscripción de los grupos paramilitares y la suspensión del reclutamiento forzoso.

Otro componente fundamental del Acuerdo de Paz de 1992 fue la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública, así como la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad. Los acuerdos establecieron que la PNC solo podría hacer uso de la fuerza cuando fuera estrictamente necesario y prohibieron de manera expresa la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En materia judicial, los Acuerdos de Paz plantearon la necesidad de garantizar la independencia del sistema de justicia y dieron paso a la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional de la Judicatura. También se acordaron reformas al sistema electoral, incluida la creación del Tribunal Supremo Electoral, así como compromisos en los ámbitos económico y social, con énfasis en el acceso a tierras, créditos al sector agropecuario y apoyo a la micro y pequeña empresa.

Asimismo, se establecieron medidas para garantizar la participación política del FMLN, la incorporación de sus excombatientes a la vida civil y política, la liberación de detenidos por motivos políticos, garantías para exiliados y lisiados, y su legalización como partido político con plena libertad de proselitismo.

El cese del enfrentamiento armado inició el 1 de febrero de 1992 y el proceso concluyó el 31 de octubre de ese mismo año.

En septiembre de 2023, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Nayib Bukele calificó como “falsos” los Acuerdos de Paz que, según afirmó, fueron firmados bajo la influencia de “poderes extranjeros”. La tesis de Bukele es que en los 30 años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, bajo gobiernos de izquierda y derecha, se registraron más muertes que durante la guerra civil, con la anuencia de sectores que se autodefinieron como defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática.