Autor: Yolanda Magaña

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley de Aviación Civil para eliminar la obligación de las aerolíneas que operan en El Salvador de contratar tripulación salvadoreña a menos que sean autorizadas por la Autoridad de Aviación Civil a contratar temporalmente personal extranjero solo si se comprueba falta de personal salvadoreño.

El nuevo artículo 140 establecerá que las «empresas de transporte aéreo debidamente certificadas como operadores nacionales deberán establecer su base de operaciones en El Salvador y el personal contratado para conformar sus tripulaciones deberá poseer las calificaciones y competencias suficientes, según lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia en armonía con lo dispuesto en la presente ley».

El anterior artículo 140, antes de la reforma, establecía que «el personal contratado para conformar sus tripulaciones posea nacionalidad salvadoreña» y que, «si se comprueba la falta de personal salvadoreño, la Autoridad de Aviación Civil podrá autorizar mediante resolución motivada la contratación temporal de personal extranjero previa demostración del cumplimiento de los requisitos, la contratación será por el periodo de seis meses prorrogable».

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, defendió la reforma, al argumentar que la reforma permitirá a las aerolíneas «puedan escoger a sus mejores talentos para ofrecer un mejor servicios a los que hacen uso de las líneas aéreas».

Según el legislador la reforma busca que El Salvador cumpla el Convenio de aviación civil internacional y generar competitividad «para que todos podamos demostrar un buen talento».

«Esta reforma no es una limitación sino una modernización y demostrar que talento salvadoreño no queda rezagado ni olvidado ni marginado, sino al contrario, se le pone a la par, para que podamos seguir demostrando que tenemos oportunidades». Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, pidió agregar un inciso segundo, así: «En caso de contratación de personal extranjero, la empresa deberá presentar ante la Autoridad de Aviación Civil un plan de capacitación y sustitución progresiva que garantice la incorporación gradual del talento salvadoreño en las respectivas funciones, el cual no podrá exceder de 12 meses, salvo que mediante resolución motivada dicha autoridad determine que no existe personal salvadoreño calificado o que el tiempo requerido para su certificación técnica justifique un plazo mayor».

«No es posible que se esté desplazando al talento salvadoreño», reclamó la diputada de oposición. La propuesta de la diputada de oposición solo tuvo tres votos, de Vamos y de Arena.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, reveló que recibió llamadas de escuelas de pilotos, aviación y tripulantes de cabina para expresarle preocupación por la reforma.

En El Salvador, explicó Villatoro, hay 21 escuelas de instrucción certificadas en El Salvador, dentro de las cuales hay nueve para formar pilotos en aviación civil, cuatro para tripulantes, seis para técnicos de mantenimiento.

«Habiendo tanto joven, ¿por qué les estamos cerrando las puertas para traer gente del exterior? Qué feo ese malinchismo en esta Asamblea Legislativa. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La legisladora aseguró que la carrera de aviación «es una de las más caras en El Salvador». «No tienen ustedes idea, porque no solo es lo que cuesta ir a una escuela de aviación, sino cada hora vuelo. Además, tienen que terminar otras horas vuelo para poder acreditación para hacerlo en una aerolínea como piloto, esas horas vuelo se pagan y son carísimas», afirmó.

Villatoro indicó que muchos jóvenes han estudiado aviación por su sueño de ser piloto en una de las aerolíneas más importantes de América Latina con sede en El Salvador.

«Papás esforzándose con préstamos para mandar a estos jóvenes a estudiar. Como no logran completar, les toca quedarse como instructores de vuelo y después los exámenes y análisis para poder quedar dentro de estas empresas», sostuvo.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, quien relató que estuvo trabajando en aviación en San Francisco, Estados Unidos, durante 17 años, aseguró que «El Salvador está en la lupa de muchas inversiones».

Según el legislador, el Aeropuerto Internacional de El Salvador se está expandiendo porque solo el año pasado se recibieron 5.2 millones de pasajeros en El Salvador.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 10 de la Ley de Bancos para eliminar la exigencia de que un mínimo del 51 % de acciones de cada banco en El Salvador sean salvadoreños o centroamericanos, o de bancos centroamericanos o extranjeros calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

La eliminación del artículo 10 fue aprobada con 56 votos a favor y el voto en contra por parte de la diputada Cesia Rivas, de Vamos.

Los primeros dos incisos del artículo suprimido establecían un mínimo del 51 % de las acciones de un banco en El Salvador a personas salvadoreñas o centroamericanas, o entidades salvadoreñas con accionistas mayoritarios de El Salvador o centroamericanos.

Los siguientes dos incisos del artículo establecían ese mínimo del 51 % de acciones bancarias para que estas estuvieran en manos de bancos centroamericanos o extranjeros con «regulación prudencial» y «calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente».

El último inciso del artículo 10 establecía que, en el caso de bancos centroamericanos y extranjeros, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) deberá suscribir memorándos con la sede de la entidad bancaria inversionista del país para «coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada”.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que esta derogatoria permitirá que la “economía” salvadoreña “pueda florecer” e incrementará “las competencias del sector bancario, generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.

“No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. Aseguró que se mantienen los requisitos para las instituciones bancarias en el artículo 11.

González dijo que “al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.

Vamos pide reforma: dos votos

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, criticó que la supresión del artículo también elimina la «supervisión consolidada» y advirtió que no quieren que se repitan fraudes como el ocurrido en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI de R.L.).

«Derogar este artículo es estar a las puertas de muchos Cosavis. Es por ello que solicito que se pueda modificar este decreto y no sea derogado este artículo. Y la reforma dice así: la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo. Cuando se trate de accionistas controladores provenientes del extranjero estos deberán cumplir los siguientes requisitos: a) estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria, b) estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales, la Superintendencia deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada», expresó y leyó su propuesta la diputada de Vamos.

La diputada de oposición les pidió a los diputados de Nuevas Ideas poner atención y preguntarse a quién se está beneficiando. «Es para garantizar los ahorros de la gente», defendió su propuesta. Al final, su propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.

En medio de una polémica sobre los derechos humanos de las mujeres, la Asamblea Legislativa aprobó este martes el pronunciamiento por el “Día de las Naciones Unidas para los derechos de la mujer y la paz internacional” y el “Día nacional de los derechos humanos de las mujeres”.

La polémica se generó cuando la diputada Cesia Rivas, de Vamos, señaló que ha habido 2,739 violaciones sexuales de 2024 a 2025 según el informe de la Fiscalía General de la República. “Siete violaciones al día, ¿cómo es posible que las mujeres sigan inseguras en su casa, en los buses, en la comunidad, incluso en las instituciones”, cuestionó.

Advirtió que “no se puede decir solo se conmemora ese día si no hay acciones, si no hay justicia para todas estas mujeres”.

La legisladora también reclamó la falta de estudio de propuestas de Vamos. “Aquí no están aprobando nada que beneficia al salvadoreño de forma económica, ya lo sabemos quedó clarito cuando decidieron quitarle impuesto a los que les gusta, verdad”, haciendo un ademán de beber alcohol, en referencia a la reducción del impuesto aprobada la semana pasada para el whisky, ginebra y otros licores. “Pero a la gente que necesita qué comer, a esa no le han dado nada, sigan con sus pronunciamientos”, cuestionó.

Después, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, opinó que los pronunciamientos ayudan pero sugirió estudiar su propuesta de elaborar un registro público de los feminicidios en El Salvador para poder tener una política real de apoyo y la creación de casas de acogida.

Criticó que la Asamblea Legislativa no ha incorporado propuestas a favor de las mujeres que han quedado “en el aire” como el acceso a créditos para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

“Hay propuestas claras que están durmiendo el sueño de los justos porque no quieren dar apoyo a las mujeres víctimas de violencia”, reclamó Villatoro, quien pidió estudiar las propuestas relacionadas a las mujeres en las comisiones de la Asamblea Legislativa.

“Ningún gobierno de los anteriores, ninguna Asamblea, nadie, ninguna ONG, nadie se había preocupado por salvar la vida de las mujeres, de las jóvenes salvadoreñas y eso es lo que nosotros hemos hecho le duela y le moleste a quien le duela y le moleste”, respondió la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas.

“Había pandilleros que las estaban acosando, que las estaban vigilando porque, si tenías la mala suerte de gustarle a un pandillero, tu futuro era ser violada, descuartizada y aventada en cualquier barranco o en una de esas miles de esas fosas clandestinas que todavía hay bajo la tierra de este país”, expresó.

Callejas aseguró que están trabajando para construir un país en donde las mujeres pueden vivir “libres, seguras y sin miedo”.

“Podemos tomar las redes sociales y hasta pelearnos con quién nos dé la gana sin que nadie nos diga nada”, expresó la diputada por San Salvador.

Según Callejas, la corrupción también estaba en la Fiscalía, Policía y en la Corte Suprema de Justicia, y por eso “ha sido importante la limpieza en esas instituciones”.

“Todos sabemos que es delito golpear a una mujer o a un hombre, todos sabemos que la agresión es un delito, la violencia física, patrimonial, económica, psicológica, todos lo sabemos… Si aquí el tema está en que todavía hay gente que culturalmente piensa que es su derecho agredir a otro y eso todo lo tenemos que cambiar”. Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

La diputada Villatoro le respondió a Callejas que el sistema de datos de violencia contra la mujer no está actualizado desde 2021 porque está bajo reserva y que ello no permite tener adecuadas políticas públicas.

“Es risible creer que los agresores son únicamente los pandilleros. Los agresores en la mayoría de los casos están en sus propias casas, son sus propios esposos, abuelos, tíos, primos”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La diputada de Arena ejemplificó que a una víctima de 13 años le ofrecieron “la pastilla del día después” y al final recibió apoyo de la Fundación Sí a la Vida. Criticó que cada vez que los diputados de oposición presentan propuestas, los diputados de Nuevas Ideas sacan el “régimen de excepción”.

Posteriormente, la diputada Suecy Callejas reiteró que ningún gobierno y nadie había hecho nada por cuidar la vida de las mujeres “a pesar del dolor que le pueda causar a ciertas personas”.

“¿Sabe qué causa dolor?, asesinatos en el Centro Histórico de Jessica Solís, por ejemplo, que a la fecha no se le ha solventado nada a su familia, a la luz del día, y muchas mujeres que también en el régimen de excepción fueron violadas por policías, hay casos, eso da tristeza”, le respondió la diputada Villatoro.

La legisladora aseguró que lo importante es agendar las propuestas en la Asamblea Legislativa no porque les caiga “bien o mal un legislador”. “La omisión también es un pecado”, dijo.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, hizo un llamado a las diputadas que fueron elegidas por la población. “¿Cuándo fue la última vez que presentaron una propuesta en favor y en materia exclusiva de temas de mujeres, esta Asamblea tiene tres años propuestas en temas de mujeres”, les preguntó.

“Porque aquí en El Salvador, aunque suene bonita la canción, aquí hay miles de mujeres que lloran y aquí hay miles de mujeres que no pueden facturar porque no tienen la solvencia económica para hacer lo que quieren”. Cesia Rivas, diputada de Vamos.

La diputada Rivas pidió a los diputado no comportarse como troles y agresores de violencia digital. “Es una vergüenza para sus hijas, sus esposas, sus hermanas y sus mamás que se comporten como troles”, dijo.

Ningún otro diputado pidió la palabra. El pronunciamiento fue aprobado con votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados PCN y PDC.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este martes ingresar dos pieza de correspondencia una para eliminar por un año el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los productos de la canasta básica y otra para priorizar la contratación de profesionales salvadoreños sobre personas extranjeras.

Ninguna de las piezas fue incorporada a la agenda de la sesión plenaria de este martes y, por tanto, no pudieron ser ingresadas para su estudio en cualquier comisión legislativa.

“Así como le alivió el bolsillo a ciertas personas la semana pasada cuando le quitó el impuesto al whisky y al gin entre otros licores, es el momento de quitarle el impuesto para algo que no es para los bolitos sino para toda la población en general”, argumentó.

La diputada también pidió introducir una solicitud para aprobar una “Ley especial para la protección de profesionales de la República de El Salvador” que ordenaría a las empresas darle prioridad a los salvadoreños sobre los extranjeros, en la contratación de profesionales.

Villatoro explicó que, en el caso de que los salvadoreños no puedan desempeñar una función, entonces, se le daría “una autorización del Ministerio de Trabajo para permitirles realizar esa profesión por el plazo de seis meses” y, después de estos seis meses, la ley establece que se deberán “capacitar a profesionales salvadoreños para que sean ellos los que desempeñen esta función”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la introducción de ambas propuestas. Solo tuvieron los dos votos de Arena.

El pasado 24 de febrero, la Asamblea redujo el impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas, concretamente el whisky con grado alcohólico volumétrico superior al 60 % y otros, el ginebra y la partida arancelaria de «licores».

Los cuatro grupos de licores afectados por la reforma pagaban 16 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro de bebida. El impuesto bajó a 9 centavos para whisky con grado mayor al 60 % y otros; para el ginebra y la partida de “licores”; y disminuyó a 5 centavos para la partida arancelaria de “licores”. Los vinos, el vermut, la cerveza, bebidas como sidra, el ron y tampoco el vodka o aguardientes obtenidos por fermentación con grado superior al 60 % mantienen su alicuota de 9 centavos según la reforma.

El partido Arena lleva un acumulado de 42 iniciativas presentadas ante la Asamblea Legislativa, de las cuales solo dos han sido introducidas y aprobadas, pronunciamientos por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó en línea ante la Oficina del Fiscal (OTP) de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe que reúne denuncias de violaciones a derechos humanos durante los primeros cuatro años del régimen de excepción en El Salvador y a la vez solicitó abrir un examen preliminar de las muertes de detenidos en custodia estatal.

La presentación del informe se realizó el 2 de marzo de 2026 y está titulado “Crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de El Salvador contra población civil inocente”, de acuerdo a la imagen del envío de la denuncia compartida en X.

“Nos notifica de recibido el informe sobre graves violaciones a DDHH durante estos 4 años de la medida régimen de excepción contra personas inocentes en El Salvador”, publicó el movimiento.

El SHJ solicitó a la Oficina del Fiscal de la CPI investigar la responsabilidad estatal, incluyendo el rol de las autoridades penitenciarias, policiales, militares y oficiales de gobierno que autorizaron o toleraron dichos actos; así como asegurar la rendición de cuentas de crímenes cometidos bajo el régimen de excepción y proveer garantías de no repetición para víctimas y sus familias.

Hasta el 1 de marzo, el SHJ posee un registro de 491 muertes de adultos detenidos bajo el régimen de excepción, algunos por negligencia por falta de atención médica, muerte violenta, causa desconocida u otras causas. El movimiento asegura que también han muerto cuatro menores de edad.

“No tuvieron derecho de audiencia y murieron por negación del derecho a la salud, tratos crueles, homicidios agravados debido a masivas detenciones arbitrarias”, indicó la organización.

“Es nuestro derecho comunicar estas violaciones a los mecanismos internacionales de los distintos instrumentos legales internacionales como el Estatuto de Roma y la CPI”, indicó.

Para presentar el escrito, la organización citó los artículos 6, 7, 8 y 15 del Estatuto de Roma, sobre crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y sobre el derecho que tienen víctimas y organizaciones para entregar al fiscal de la Corte Penal Internacional con el fin de que inicien un examen preliminar de sus denuncias.

La organización ha asegurado en redes sociales que 2026 podría convertirse en el año más mortífero en las cárceles salvadoreñas, ya que registró ocho personas fallecidas en enero, 11 en febrero y una en lo que va de marzo, la mayoría «del Centro Penal de Izalco, el mismo lugar donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no realiza supervisiones, según sus propios informes», argumenta la organización, que dice que el 94 % de las víctimas no tenían perfil de miembro de pandillas.

El régimen de excepción es defendido por el Gobierno salvadoreño como el mecanismo principal que ha disminuido los homicidios y ha convertido a El Salvador en el país más seguro del Hemisferio Occidental. El Gobierno reconoce que hay un margen de error y ha dicho que por ello se han liberado 8,000 personas que fueron capturadas bajo régimen de excepción. Hasta febrero, el Gobierno reportaba 91,300 personas capturadas a quienes acusan de pandilleros o terroristas.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, ha dicho que «es una leyenda» que los muertos de reos salvadoreños se deban al régimen de excepción.

En febrero pasado, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se mostró preocupado por el «elevado» número de muertes bajo custodia en El Salvador.

La Oficina de la Fiscalía (OTP) de la Corte Penal Internacional se encarga de examinar situaciones bajo jurisdicción de la Corte en las que aparentemente se ha cometido genocidio o crímenes de lesa humanidad, y de llevar a cabo investigaciones contra los presuntos máximos responsables de los crímenes. Esta realiza exámenes preliminares para decidir si existe una base razonable para iniciar una investigación. El Estatuto de Roma inició su vigencia el 1 de julio de 2002.

La vicecanciller salvadoreña, Adriana Mira, se reunió con un grupo de representantes empresariales de México interesados en conocer el entorno económico y oportunidades de inversión.

Según la vicecanciller, El Salvador presenta condiciones favorables para la inversión en sectores como manufactura, autopartes, construcción y energía.

“Más alianzas estratégicas impulsan el crecimiento y la proyección internacional de El Salvador mediante la diplomacia económica”, indicó la funcionaria.

La inversión extranjera de El Salvador registró un saldo negativo de $172.34 millones en el tercer trimestre de 2025, ya que tuvo una mayor salida de inversión extranjera directa (IED) neta que ingresos, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR). La mayor salida se registró en electricidad seguido de información y comunicaciones, y transporte.

De acuerdo con el Plan Operativo 2025 de Cancillería, uno de los objetivos era aumentar la participación de país en 110 eventos internacionales en materia económica, así como dar seguimiento a la implementación de la estrategia de la diplomacia económica y coordinar la atención a misiones empresariales. Cancillería no ha publicado aún su Plan Operativo 2026.

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, sostiene que la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos no debilita el sistema bancario, pero tampoco percibe que generará efectos sensibles en la competencia bancaria ni una mayor disponibilidad de créditos en el país.

Según Acevedo, la razón de este artículo 10, que exigía que al menos el 51 % de las acciones bancarias estuvieran en manos salvadoreñas o centroamericanas, o de bancos centroamericanos o extranjeros calificados, era “proteccionista”.

La disposición legal derogada buscaba cuidar que la propiedad accionaria de la banca no estuviera totalmente en manos de extranjeros, porque había un «prejuicio» de que no iban a tener la misma preocupación por el sistema financiero nacional, algo que, según el economista, no fue probado.

“Era una disposición que yo diría que ahora está desactualizada. Creo que los considerandos del decreto lo dejan muy claro: dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país para generar una mayor competencia en la intermediación financiera; en teoría, eso posibilitaría crear nuevas fuentes de acceso al crédito”, indicó.

El economista sostuvo que la derogación “no debilita el sistema bancario” y la ve positiva.

“Yo pensaría que sí (es positiva), no creo que los efectos prácticos sean muy sensibles; no creo que por la derogación de este artículo vaya a haber un incremento del crédito. Si va a haber un efecto, yo pensaría que va a ser muy marginal, pero positivo”. Carlos Acevedo, economista.

“Lo importante en eso no es tanto si la propiedad accionaria está en manos de extranjeros o en un determinado porcentaje, sino más bien las regulaciones macroprudenciales y microprudenciales que se establecen. O sea, si hay una buena supervisión dentro de las instituciones, dentro del perímetro regulatorio, y hay una Superintendencia profesional”, con una normativa bajo estándares internacionales como Basilea III, conjunto de normas internacionales de regulación bancaria desarrolladas tras la crisis financiera de 2008.

La derogación del artículo 10 también incluyó que al menos el 51 % de las acciones esté en manos de bancos extranjeros de “primer nivel”, según clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

Acevedo subrayó que los principales candados para los bancos se centran en la normativa de Basilea III y que en El Salvador siempre han venido inversionistas de la “esfera occidental”, que a veces tienen regulaciones incluso más estrictas. “Entonces, no es que vayan a venir inversionistas de Irán o de algún país de esos; no hay mucho problema”, indicó.

Basilea III es un conjunto de medidas internacionales acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos; establecen requerimientos de capital, estándares de liquidez y promueven la supervisión y divulgación de información de las entidades reguladas para reducir las vulnerabilidades.

Algunas de las plazas disponibles que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sometió a concurso esta semana serán para digitadores que se encargarían de hacer las actualizaciones de inscripción, modificación y exclusiones del Registro Electoral hacia las elecciones 2027.

El TSE ha dejado de publicar actualizaciones, modificaciones y exclusiones como se lo manda el Código Electoral. El artículo 24 obliga al TSE a “llevar una lista de inscripciones y cancelaciones al registro electoral, las cuales hará publicar sin expresión de causa cada tres meses por medios electrónicos” y remitir copia “a los partidos políticos inscritos”.

El más reciente estadístico publicado por el TSE del padrón electoral fue emitido el 10 de noviembre de 2023 con 6,214,399 salvadoreños, de los cuales 741,094 residían en el extranjero. En el sitio web, se detalla que fueron 3,256,205 mujeres y 2,958,194 hombres.

Estas cifras públicas corresponden al Registro Electoral utilizado para las elecciones generales de 2024 que fue cerrado el 7 de agosto de 2023 y cuyas modificaciones por errores evidentes se hicieron hasta el 3 de febrero de 2024.

Los digitadores, según el TSE, deberán “efectuar las actualizaciones de la inscripción, modificación y exclusiones de los ciudadanos en el Registro Electoral para un efectivo cierre del Registro Electoral”.

Entre los requisitos que se establecieron para los digitadores, el TSE pide manejo de equipo informático para “escanear, transcribir, digitar y controlar la calidad de los datos” de las diferentes instituciones responsables de proporcionar la información “para la actualización del Registro Electoral”.

Los requisitos fueron publicados esta semana por el TSE que publicó las plazas temporales disponibles para el proceso electoral 2027. El 28 de febrero de 2027, El Salvador celebrará elecciones de presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales.

El estudio actuarial de pensiones de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado en diciembre de 2025 contabilizó hasta diciembre del año 2024, un total de 223,500 personas jubiladas en El Salvador.

Son 137,000 personas jubiladas que cotizaron en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), es decir, del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), el sistema privado.

El estudio actuarial detalla que el 57 % de estos jubilados reciben una pensión de $400 al mes, lo que equivale a 78,090 jubilados que cotizaron en el sistema privado (a las AFP) y que reciben la pensión mínima de $400 mensuales.

«Aproximadamente un 57 por ciento de los beneficiarios del SAP (incluidos aquellos por invalidez discapacidad y sobrevivencia) recibe una pensión mínima de $400 mensuales». Estudio actuarial de la Superintendencia del Sistema Financiero, diciembre 2025.

Por otra parte, son 86,500 personas jubiladas que cotizaron al sistema de reparto público, sin embargo, en este caso el estudio actuarial no detalla el monto de las pensiones o cuántos de ellos reciben la pensión mínima.

Para quienes cotizaron al sistema privado, la fuente del pago de sus pensiones son, en primera lugar, sus propios ahorros individuales administrados por las AFP, que tienen 2.1 millones de afiliados activos, y cuando estos se terminan, la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) le garantiza pensión mínima vitalicia.

Para quienes cotizaron al sistema público, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) adquiere deuda previsional –con el Fondo de Pensiones administrado por las AFP– para pagarlas.

Para tener derecho a una pensión de vejez, las mujeres deben tener al menos 55 años y los hombres, 60 años; y ambos deben tener un historial laboral y de cotización de al menos 25 años en cualquiera de los sistemas.

El monto de las pensiones para los trabajadores que cotizaron a las AFP se calcula con base a su saldo en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) para que financie 240 pensiones mensuales y 20 pensiones de Navidad, es decir, su ahorro repartido en 20 posibles años de vida de la persona. Si resulta menor a la pensión mínima, se le entrega la pensión mínima.

El estudio previsional, que será la base de la próxima reforma de pensiones, detalla que, hasta 2024, las AFP tienen 2,100,000 (2.1 millones) de afiliados activos y el sistema público tiene apenas 1,400 afiliados.

Los jubilados de ambos sistemas gozan del beneficio de una pensión vitalicia, que a los privados se otorgó a partir de la creación de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) con sus propios fondos individuales y una inyección inicial por parte del Estado.

En medio de las distorsiones entre los beneficios, según el estudio, el déficit previsional será del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2070, la CGS se agotará en 2029 y las cuentas individuales de la mayoría de jubilados en 2024 se agotarán en dos años.

El informe advierte una fuerte reducción de la tasa de fertilidad combinada con el progresivo incremento de la expectativa de vida: si en 2024 había 8.2 personas en edad de trabajar por cada adulto de 65 años o más, para el año 2070 apenas habrá 2.3 adultos en edad laboral por cada persona de 65 años o más.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a los salvadoreños que residen en El Salvador y en el extranjero a que actualicen su dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) para que puedan votar cerca de su residencia o hagan voto electrónico remoto.

«Buenas noticias, tienes más tiempo para actualizar tu dirección en el DUI. Recuerda, votar es más fácil si actualizas tu dirección en el DUI», advirtió el TSE en redes sociales.

El TSE señaló que si el elector vive en El Salvador podrá votar «más cerca de casa» y si vive en el extranjero «podrá votar remoto por internet».

La entidad electoral enfatizó en que si alguien se mudó «a otra ciudad para estudiar» «es momento de actualizar tu domicilio en el DUI, es importante que lo hagas antes del 27 de febrero de 2026».

En las elecciones de la Asamblea Legislativa, los salvadoreños que votan remotamente por internet ejercen su voto bajo la jurisdicción del departamento de San Salvador, aunque ellos sean originarios de un departamento distinto.

El TSE recordó que el trámite de cambio de residencia puede realizarse en cualquier duicentro o en las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) en el extranjero.

Este martes, la Asamblea aprobó dos decretos transitorios para extender el plazo que tienen los salvadoreños para modificar su domicilio en el DUI y que este sea incorporado en el Registro Electoral de las elecciones generales del 28 de febrero 2027.

Para los salvadoreños en general, las modificaciones podrán realizarse «hasta 10 meses» antes de las elecciones, por lo que el plazo vencería el 27 de abril de 2026.

Eso implica que los salvadoreños residentes en el país tendrían dos meses más para realizar este tipo de trámites y que el Registro Electoral lo incorpore.

Para los salvadoreños en el extranjero, el plazo se extiende más, ya que permite realizar las modificaciones «hasta 90 días antes» de las elecciones de 2027, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2026. Esto implica que los salvadoreños en el extranjero tendrían siete meses más.

El Código Electoral mandata a que cualquier modificación puede realizarse un año antes de las elecciones y también obliga a que «todo ciudadano o ciudadana inscrito en el registro electoral, al cambiar su residencia está en la obligación de presentarse el RNPN a informar sobre dicho cambio mediante declaración jurada, lo que implicará la emisión de un nuevo DUI, debiendo el RNPN dar aviso al Tribunal de manera inmediata sobre dicha modificación, a efecto de que se cambie el lugar de votación del ciudadano o ciudadana».

El artículo 75 del Código Electoral responsabiliza penalmente a los ciudadanos si el trámite es realizado con «datos fraudulentos o falsos y con la finalidad de ejercer el sufragio en un municipio distinto al de su lugar de residencia».