La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 144 para aprobar que el Estado sea el garante de un préstamo que adquirirá la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para fabricar, suministrar y realizar el montaje de una “estructura envolvente” en la Terminal Beta de pasajeros en el Aeropuerto Internacional del Pacífico en el departamento de La Unión.
El convenio de crédito para el “Proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador” por $17,188,106 será otorgado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, que para suscribir el contrato requiere la garantía del Estado y gobierno de El Salvador.
El financiamiento, según su presentación, incluiría la fabricación, el suministro, el montaje y la supervisión de la estructura envolvente.
Esta cúpula será “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”, en palabras de la subdirectora de inversión del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes.
La “fase beta”, explicó la funcionaria, incluiría obras de terracería, construcción de edificios auxiliares, construcción del edificio terminal de pasajeros beta, pista de vuelo y calles de rodaje.
“A fin de avanzar en esta fase beta CEPA ha gestionado este financiamiento con el ICO para la cual requiere la garantía del Estado”, sostuvo este lunes a los diputados de la Comisión de Hacienda, que aprobaron cinco dictámenes: dos reformas presupuestarias, dos autorizaciones de préstamo y la garantía soberana.
En marzo de 2025, la Asamblea Legislativa incorporó $157,745,589 de financiamiento para ejecutar obras en el Aeropuerto Internacional del Pacífico, fondos con los cuales se tendría un avance de entre el 60 y 70 % en las obras de terracería según CEPA.
Presentación sobre la cúpula del Aeropuerto del Pacífico, que será financiada por el ICO de España.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen 142 para autorizar al Ministerio de Hacienda a que suscriba un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que financiará el programa «Surf City fase II» en el departamento de La Libertad por $65 millones.
El plazo del financiamiento de este préstamo es 20 años y tendría 4 años de gracia. El ejecutor del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP).
La subdirectora de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, dijo que los fondos servirán “para mejorar la infraestructura vial y el tratamiento de aguas residuales en la zona turística y costera de La Libertad”.
Se espera mejorar las condiciones de infraestructura para la movilidad de personas y mercancías como un eje de atracción para oportunidades de negocio, para fines turísticos y también para efectos residenciales, constituyéndose en un ancla para atraer visitantes. También mejorar las condiciones de salubridad en las playas.
Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público.
Reyes sostuvo que los objetivos específicos del proyecto son: “mejorar las condiciones de la infraestructura vial para el transporte de carga y de personas a fin de estimular la inversión privada y la competitividad favoreciendo el acceso a zonas de producción y el turismo” y también “disminuir los niveles de contaminación en ríos, bocanas, playas a través de implementación de redes de saneamiento y aguas residuales”.
¿Qué incluye el programa Surf City fase II financiado por el BCIE con $65 millones?
Estudios de diseño de obras
El préstamo financiará estudios de diseño final de las siguientes obras:
-Red de alcantarillado
-Planta de tratamiento de aguas residuales
-Diseño actualizado de un puente sobre el río Huiza.
-Estudios topográficos
-Metodología hidrológica e hidráulica
-Planes de reingeniería
Mejoras en infraestructura
Mejoramiento de infraestructura pública en el Litoral del departamento de La Libertad mediante obras viales y sistemas de saneamiento:
-Ampliación de la carretera CA-2 de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la residencial Xanadú hasta El Zonte, sobre la vía costera Surf City de La Libertad.
-Construcción de aceras.
-Bahía para autobuses.
-Miradores.
-Zonas de estacionamiento.
-Retornos en U.
-Ciclovías.
-Construcción de puentes sobre el río Huiza, en el cantón Melara, así como en El Palmar y en El Zonte.
Mejoramiento de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
-Mejoramiento de sistema de alcantarillado y sanitario, y tratamiento de aguas residuales en las playas El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera.
-Construcción de sistema de alcantarillado y sanitario, y tratamiento de aguas residuales en San Diego, Cangrejera, y caseríos Melara, Santacruz y San Alfredo.
Monitoreo de tráfico
-Gestión de movilidad inteligente para mejorar el flujo de tráfico y seguridad, antenas para monitoreo y evaluación del tráfico.
-Medidas de adaptación climática: integración de medidas en la infraestructura vial y el sistema de tratamiento de aguas residuales, que incluye instalación de sistemas de drenaje, barreras naturales, sistemas de tratamiento de aguas residuales e incorporación de carriles para bicicletas y aceras accesibles.
-Supervisión de las obras, auditoría externa y administración del programa.
La subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, llegó este lunes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a explicar un refuerzo presupuestario que tendrán 13 instituciones entre las cuales están Presidencia, Seguridad Pública y el Ministerio de Agricultura (MAG) para el año 2025.
Los diputados aprobaron el dictamen 141 para aprobar la reforma.
“Actualmente varias instituciones del sector público tienen diversos compromisos que son prioritarios e impostergables, totalizan un monto de 13 millones doscientos mil dólares”.
Laura Michelle Arce, subdirectora de presupuesto de Hacienda.
La subdirectora Arce No detalló si los fondos provienen de fondos propios o deuda e insinuó que algunos de los recursos se usarán para funcionamiento institucional, así:
Aseguró que en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se necesita el refuerzo para “fortalecimiento institucional” y que la Procuraduría General de la República (PGR) requiere $2 millones “para dar cumplimiento al mandato constitucional de facilitar el servicio de defensa pública en diferentes áreas”, principalmente en sectores vulnerables.
Agregó que la FGR requiere $8 millones más para combatir la criminalidad y para instalar el Centro Nacional Anticorrupción.
Para Medio Ambiente y Recursos Naturales se asignarán $500,000 para adaptación a cambio climático en sectores vulnerables.
El Ministerio de Educación ocupará su refuerzo de $2.5 millones para “servicios de atención integral” para la primera infancia en cumplimiento de la Ley Crecer Juntos.
Arce, sin profundizar en los detalles del gasto, dijo que el Ministerio de Turismo ocupará los $2,650,000 para actividades de Surf City El Salvador y “promoción del turismo en eventos internacionales”.
También, Obras Públicas y Transporte ocupará un refuerzo de $2 millones para proyectos de “infraestructura vial, social y productiva”.
El Ministerio de Cultura, según la subdirectora, usará $3.86 millones para “fortalecimiento institucional” y “revitalizar espacios culturales”.
También, indicó que Economía también recibirá $6.5 millones para promover la inversión internacional.
Relaciones Exteriores recibirá $10 millones adicionales “para fortalecer el óptimo funcionamiento de las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior”, sin detallar para qué específicamente se utilizarán los fondos.
En Seguridad Pública, la funcionaria dijo que los $17 millones serán para apoyar “todas las acciones encaminadas a incrementar la seguridad pública, consolidar el Plan Control Territorial y el Plan Cero Ocio, entre otros”.
Un total de $26 millones se destinarán “para reactivar el sector agropecuario a nivel nacional y fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos para la población”. No mencionó si se incorporarán a los agromercados, que buscan ofrecer productos de primera necesidad a menor precio.
Aseveró que los $32 millones de la Presidencia de la República que se destinarán se ocuparán “para continuar ejecutando los planes y políticas que permitan el desarrollo económico y social del país”. Tampoco especificó para qué específicamente se usarán dichos fondos.
¿De dónde provienen los fondos?
La subdirectora, sin detallar el origen de los fondos, dijo que “se han identificado asignaciones disponibles hasta por un monto de $113.2 millones que pueden reorientarse para reforzar las instituciones antes relacionadas”.
El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, intentó indagar el origen de los fondos y lanzó la pregunta a la subdirectora Arce de dónde provenían los fondos, así:
“Nos gustaría que quedara claro si este es un excedente por la recaudación o si es una asignación que se está haciendo entre las instituciones para poder reforzarlas y que algunas necesitan, esto quiere decir que los fondos ya estaban asignados en el presupuesto 2024 (sic)”.
Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).
Recientemente, el presupuesto de 2025 recibió un refuerzo presupuestario de préstamo de $250 millones del Banco Mundial que se incorporó a la partida de “Obligaciones generales del Estado” y que Hacienda no detalló para qué lo utilizaría. El refuerzo del préstamo, al parecer para funcionamiento estatal, está vigente desde septiembre. El Banco Mundial tampoco ha publicado el destino de este préstamo.
La subdirectora le respondió al diputado Zaldaña que es una «reasignación» aunque no detalló si la asignación disponible en Hacienda proviene de excedentes de impuestos o de deuda.
“Se trata de una reasignación de recursos, estos recursos se encuentran programados en el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda, así que es una reasignación de recursos”, contestó la subdirectora Arce.
Posteriormente, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen 141 que decreta la reforma al presupuesto general del Estado 2025 con el fin de reforzar estas 13 instituciones.
Presentación realizada por la subdirectora de presupuesto de Hacienda de El Salvador, el 6 de octubre, en la Comisión de Hacienda.
El Gobierno Central presenta 775 plazas menos, un aumento el planilla salarial de $11.8 millones y de $85.8 millones en remuneraciones, en el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026.
El proyecto de presupuesto presenta 775 plazas menos –572 plazas por Ley de Salarios y 203 por contrato– aunque el monto de gasto en dichos salarios es $11.8 millones mayor que 2025. La diferencia exacta es $11,876,890.
El Gobierno Central ha incluido un total de 127,874 plazas en el presupuesto general del Estado de 2026, de las cuales 107,733 están reguladas por Ley de Salarios y 20,141 por contrato.
El gasto en planilla anual, según el sumario de plazas a tiempo completo contenido en el proyecto de ley, suma aproximadamente $1,539 millones ($1,539,046,025), un poco más el monto contenido en la ley de 2025.
En la Ley de presupuesto de 2025, siempre en el Gobierno Central, se registran 128,649 plazas, 108,305 por Ley de Salarios y 20,344 por contrato, equivalente a un gasto anual en salarios de $1,527 millones ($1,527,169,135).
Gasto en remuneraciones
En el proyecto presupuesto 2026, se prevé un gasto en remuneraciones de $2,457 millones ($2,457,679,397) en todo el año; mientras que en la Ley de presupuesto de 2025 se aprobaron $2,371 millones para remuneraciones ($2,371,810,728).
Así, el gasto en remuneraciones considerado para 2026 es $85.8 millones mayor a la ley de presupuesto 2025, una diferencia de $85,868,669, un aumento del 3.6 %.
Plazas aumentan en Salud, Hacienda, TSE
Solo en el Gobierno Central, las instituciones que aumentan plazas son el TSE (324 a 413), Instituto de Acceso a la Información Pública (una), Ministerio de Hacienda (3,006 a 3,164), Cancillería o Relaciones Exteriores (1,152 a 1,186), Ministerio de Salud (de 15,042 a 15,677) y Ministerio de Desarrollo Local (de 128 a 158).
Siempre en el Gobierno Central, disminuyen plazas: Presidencia (de 1,222 a 1,154), Consejo Nacional de la Judicatura o CNJ (2), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o PDDH (442 a 360), ministerios de Gobernación (1,320 a 1,237), Seguridad Pública (35,417 a 34,191), Educación (46,515 a 46,400), Cultura (953 a 947), Vivienda (275 a 271), Economía (249 a 234), Agricultura (572 a 514) y de Obras Públicas (916 a 852).
En monto de planilla correspondiente a los salarios del personal contratado por Ley de Salarios y también por contrato, aumentan las siguientes instituciones: el TSE aumenta de $5.2 a $6.5 millones; el IAIP aumenta su costo de planilla de $922,045 a $991,200; Hacienda aumenta de $45.1 a $47.9 millones; Relaciones Exteriores, de $38.6 a $39.6 millones; Educación, de $519.5 a $519.9 millones; Salud, de $226.1 a $245 millones; y Desarrollo Local, de $2 a $3.7 millones.
El nuevo proyecto de ley contra el lavado de activos dictaminado el viernes por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa incluye entre los sujetos obligados a los proveedores de activos digitales y bitcoin, a los bancos de inversión, así como a los partidos políticos.
El nuevo proyecto de «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva» establece 10 sujetos obligados, entre los cuales agrega a «proveedores de servicios de activos y proveedores de activos de bitcoin» en el noveno lugar y partidos políticos en el décimo lugar.
Uno de los compromisos asumidos por el gobierno en el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue presentar antes de agosto de 2025 una nueva ley contra el lavado de dinero que cumpla con la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sugiere identificar lavado en nuevos productos y uso de nuevas tecnologías, incluidos activos virtuales.
El acuerdo con el FMI también incluye la aprobación de una ley para regular y supervisar las criptomonedas a mediados de diciembre de 2025.
Según el proyecto de ley, leído el viernes en la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa, los sujetos obligados deben registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y reportarles las operaciones sospechosas, así como desarrollar planes antilavado y tener un sistema de gestión de riesgos.
Retoman proyecto de 2023
El dictamen favorable de nueva ley antilavado, que ajusta los sujetos obligados de la normativa fue retomada del dictamen favorable aprobado el 21 de diciembre de 2023, cuando la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó en donde se eliminaban de los sujetos obligados a inversionistas de instituciones privadas, sociedades mercantiles y de economía mixta, y a importadores o exportadores agropecuarios, y agregan a proveedores de servicios de activos virtuales y digitales, y personas dedicadas a transporte de mercaderías.
En ese entonces, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad argumentaron que buscaban la inclusión financiera. En esa ocasión, la normativa fue recibida por el pleno el 20 de diciembre y su dictamen favorable fue aprobado un día después.
El viernes 3 de octubre, los diputados retomaron el proyecto, reuniéndose públicamente con el fiscal pero también con la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias.
El pasado 9 de enero de 2024, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseveró que incluirían a constructoras, droguerías, farmacéuticas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y gremiales como sujetos obligados en ley antilavado.
Excluidos: sociedades, inversionistas
En comparación con la normativa actual, quedan excluidas de los sujetos obligados las sociedades o empresas de cualquier tipo, los importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios, importadores de vehículos nuevos o usados, casas de empeño, empresas constructoras, empresas privadas de seguridad, importadores de armas de fuego, empresas hoteleras, agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, proveedores de servicios societarios, organizaciones no gubernamentales, inversionistas nacionales e internacionales, droguerías, laboratorios y farmacias, asociaciones, consorcios y gremios, instituciones privadas o de economía mixta y sociedades mercantiles.
También, fue redefinida la inclusión de los abogados, contadores y auditores, con lo cual se excluyen aquellos que no realicen actividades para sus clientes relacionados a compra y venta de inmuebles, administración de dinero o valores o de cuentas bancarias, creación de empresa o compra y venta de entidades comerciales.
Las instituciones del Gobierno Central llevan una ejecución presupuestaria del 64 % del presupuesto general del Estado 2025 hasta agosto, según el informe de la ejecución presupuestaria de gastos del Ministerio de Hacienda publicado el 1 octubre.
De estos fondos, llevan una ejecución más avanzada los provenientes del Fondo General, de los cuales se han ejecutado un 73.4 % de los $8,440.2 millones programados para el año 2025. El Fondo General conforma el 97.03 % de la ejecución presupuestaria.
En contraste, los fondos provenientes de préstamos externos programados en el presupuesto 2025, un total de $1,517.6 millones, han sido ejecutados en un 12.3 % hasta agosto, es decir, $187.4 millones.
Hacienda muestra en su informe que los préstamos externos apenas ocupan el 2.94 % de los fondos devengados de enero a agosto de 2025, y las donaciones apenas ocupan el 0.3 %.
Las instituciones que reportaron una mayor ejecución de su programado son, en ese orden: el Ministerio de Relaciones Exteriores, que reportó que ya ejecutó o gastó el 87.7 % de su presupuesto programado; además de tres instituciones que muestran una ejecución del 66 %: Defensa, Trabajo y Procuraduría General de la República.
Reportan menor ejecución, pero siempre sobre el 50 %. Presidencia de la República, Gobernación, Seguridad, Educación, Salud, Cultura, Agricultura, Medio Ambiente, Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Servicio Civil, Instituto Acceso a la Información Pública y Consejo Nacional de la Judicatura.
Las instituciones con menor ejecución presupuestaria son el Ministerio de Economía, Desarrollo Local, Ministerio de Turismo, Vivienda y Obras Públicas.
El informe indica que el rubro de menor ejecución es la inversión en activos fijos, con una ejecución del 16 % y la inversión en capital humano, con un 22.5 %.
El monto total del presupuesto estatal 2025 ha aumentado de $9,663 a $9,982.6 millones, luego de que haya sido modificado en $319.6 millones hasta agosto. Hasta julio, las modificaciones sumaban $317.4 millones.
De $1,517.6 millones de fondos provenientes de préstamos incluidos en el presupuesto 2025, se han comprometido $376.7 millones y hay disponibles $1,140.9 millones. El Fondo General, en su mayoría utilizado para el funcionamiento del Estado, dispone de $1,671 millones y se han comprometido ya $6,769.2 millones.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reiteró esta tarde su defensa en X la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional realizada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021.
“Cuando destituimos a los jueces corruptos de nuestro país, enfrentamos una fuerte reacción de la llamada ‘comunicación internacional’, incluida la administración Biden. Lo hicimos de todos modos, porque era la única manera de salvar nuestro país”, escribió en X, en inglés.
Bukele sugirió que Estados Unidos no debe darle explicaciones a nadie, en respaldo a la sugerencia del empresario Elon Musk de destituir a los jueces para “restaurar el poder en Estados Unidos”.
“Estados Unidos, sin embargo, no tiene por qué rendir cuentas a nadie”, comentó Bukele, este domingo, retomando un comentario propio sobre el consejo de Elon Musk al gobierno estadounidense para destituir a los jueces de ese país.
“La única manera de restaurar el poder en Estados Unidos es destituir a los jueces. Eso fue lo que se necesitó para arreglar El Salvador. Lo mismo aplica a Estados Unidos”, decía Elon Musk, el 25 de febrero, a lo que en ese entonces, Bukele advirtió que, si no los destituyen, “formarán un cártel y bloquearán todas las reformas”.
La legislatura salvadoreña, en su primer día de gestión luego de que el partido de Bukele ganara la mayoría, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por frenar órdenes ejecutivas emitidas durante la pandemia covid-19, entre otras razones. La destitución está siendo analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de una demanda por la violación a derechos humanos de dos de los magistrados destituidos.
When we impeached our country’s corrupt judges, we faced strong backlash from the so called “international community”, including the Biden administration.
We did it anyway, because it was the only way to save our country.
Quinientas familias recibieron préstamos en un programa anunciado por la Dirección de Integración (DI). En la actividad participaron tres instituciones financieras: Banco Agrícola, Banco Davivienda y Banco de América Central.
El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, informó el domingo que “se cumple el segundo paso de este proyecto piloto” y que “los primeros 500 fueron adjudicados”. No detalló la tasa de interés de los créditos ni mencionó qué instituciones otorgan los créditos.
El junio pasado, la Dirección de Integración informó en su sitio web que la “Dirección de Integración entrega primeros desembolsos del Proyecto Florecimiento de la Vivienda y Acceso al Crédito”; sin embargo, en el mismo comunicado, se expresaba que el proyecto “ha sido gracias a la disposición de instituciones financieras que se suman para brindar oportunidades de desarrollo a los salvadoreños”.
La Dirección informó en julio que el proyecto “está abierto a los residentes de todas las colonias de Soyapango que sean propietarios de sus viviendas”.
Ayer, la DI explica en el comunicado que el programa busca reconstruir el sentido de pertenencia y orgullo en comunidades estigmatizadas por la violencia y la pobreza.
Integración tomó declaraciones de beneficiarios del proyecto: Karla Menjívar, de la colonia Zacamil: “Me siento feliz y orgullosa porque nunca se había dado un proyecto así. Como ama de casa, tener la oportunidad de remodelar mi hogar significa mucho”. Atribuyó al gobierno el otorgamiento del crédito.
Los beneficiarios que hagan un uso responsable de los créditos y realicen los pagos a tiempo podrán acceder a la cartera de créditos del sistema bancario del país, abriendo la posibilidad de nuevas oportunidades para vivienda, educación y emprendimiento o inversión.
En la jornada de hoy la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) entregó filtros purificadores a las familias beneficiadas, según la Dirección de Integración.
Un ciudadano hondureño fue encontrado muerto en el distrito de Citalá, municipio de Chalatenango Norte, informó el medio de comunicación de Honduras HCH Televisión Digital.
La persona que habría sido encontrada en Citalá es Omar González, quien es originario Brisas del Pedregal, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras. Según el medio de comunicación, González habría muerto ahogado.
«Se habría desaparecido desde hace varios días», informó el medio de comunicación en redes sociales.
La Policía Nacional Civil salvadoreña y las autoridades de emergencia no han informado del hallazgo del cadáver en Citalá.
El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que un estado palestino independiente «no es algo realista ahora mismo».
«Ni siquiera es posible. No es algo realista ahora mismo porque quién gobernaría ese estado palestino, ¿Hamás?», ha afirmado en una entrevista en la cadena CBS.
Rubio destacó que será un grupo de «tecnócratas» palestinos los que gestionarán la Franja de Gaza, pero solo después de que los rehenes israelíes sean devueltos –20 vivos y 28 fallecidos–, indicó Rubio.
Esta nueva autoridad se instaurará con ayuda de países de la región y europeos, resaltó el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de recordar que el conflicto continúa activo. «Estamos muy lejos aún de todo eso», recalcó.
«Va a tardar un tiempo y será necesario mucho trabajo y mucho apoyo internacional y ese es el objetivo final de esta misión, después de que salgan los rehenes», ha argumentado.
Más tarde, en la NBC, Rubio ha explicado que la máxima prioridad ahora mismo es la liberación de los rehenes, aunque también ha mencionado el desarme de Hamás. «Puedes tener a los rehenes de vuelta. Puedes conseguir un cese de las hostilidades, pero a largo plazo volvería a ocurrir otra vez», ha señalado.
El plan de paz presentado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, incluye un horizonte para la creación de un estado palestino gobernado por la Autoridad Palestina tras la introducción de reformas. Sin embargo, Hamás controla aún Gaza. Hasta 157 de los 193 países han reconocido ya el estado palestino.
