Carlota Roby, abogada senior de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, en representación de un conjunto de organizaciones, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ofrezca asistencia técnica al Estado sobre el plan de liberación de personas anunciado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, entre declaraciones los días 15 y 17 de octubre pasados.
La petición fue realizada el lunes 26 de octubre en una de las audiencias públicas realizadas por la CIDH en el 197° período de sesiones celebradas en Ciudad de Panamá, del 26 al 30 de octubre.
La abogada detalló en la solicitud que buscan que dicho proceso de posible liberación se haga con imparcialidad y experticia como «mecanismo independiente de revisión de sentencias”.
«Y ofrezca asistencia técnica al Estado respecto al plan de liberación de personas anunciado por el presidente Bukele entre el 15 y 17 de octubre, y verifique que este proceso, de hacerse, se haga desde la imparcialidad y experticia de un mecanismo independiente de revisión de sentencias», indicó la representante, quien expuso junto con David Morales, de Cristosal; Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Pedro López Castellón, familiar de una persona detenida y fallecida en el régimen de excepción.
Las organizaciones. también buscan que la CIDH pida al Estado salvadoreño información adicional de este plan en el cual, según el mandatario salvadoreño, se evaluará la posible inclusión al Plan Cero Ocio de las personas acusadas de ser colaboradores de pandillas. Bukele aclaró que dicha evaluación se hará sobre las personas acusadas de colaborar circunstancialmente con alguna pandilla y no sobre las personas que colaboraban de manera permanente.
Según la petición de las organizaciones, la información sería solicitada por la CIDH al Gobierno salvadoreño aplicando el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que la CIDH tiene la función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, solicitando informes a los Estados miembros sobre medidas adoptadas en derechos humanos y prestar asesoramiento dentro de sus posibilidades.
También solicitaron que la CIDH solicite al Estado salvadoreño la entrega «inmediata y pública de listados completos de todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción, sus centros detención y su estado procesal, registros de muerte en centros penales desde marzo de 2022 con causas de muerte, autopsias, expedientes médicos, informes de investigación y ubicación de inhumaciones sin invocar reservas”.
De la misma manera, pidieron que solicite iniciar investigaciones penales imparciales de las muertes bajo custodia estatal aplicando el protocolo de Minnesota, que establece normas para investigar muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desaparición forzada en las que pueda estar involucrado el Estado.
Luego de dar un informe sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos y asegurar que «reconocer el derecho a la seguridad no puede significar abandonar las protecciones fundamentales de los derechos humanos”, la representante de las organizaciones pidieron «urgentemente al Estado de El Salvador detener, investigar y castigar toda práctica de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y garantizar la integridad física y la vida de todas las personas privadas de libertad».
La asociación Cristosal documentó 454 muertes de personas detenidas, de las cuales 33 eran mujeres, tres niñas y un niño, de los cuales encontraron, dijo David Morales, 87 casos «con evidencia de violencia».
Según las organizaciones, de las muertes documentadas, las entidades del Estado identificaron edema pulmonar a cerebral como causa de la muerte en 201 casos documentados, lo que les indica «un patrón de posible encubrimiento por el Instituto de Medicina Legal (IML)» ya que el edema pulmonar «es la alteración fisiológica provocada por la causa real, ya sea una enfermedad, lesión o un trauma», explicó Morales.
También, pidieron asegurar atención médica inmediata y adecuada para todas las personas privadas de libertad, acceso a medicación y traslado oportuno, atención hospitalaria cuando corresponda, garantizar acceso regular y efectivo de familiares y defensa de las personas detenidas y la notificación inmediata en caso de hospitalización o fallecimiento”.
El gobierno salvadoreño ha negado públicamente la comisión de hechos de tortura y muertes violentas de personas detenidas.
En marzo pasado, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó que haya persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas y aseveró que en El Salvador “impera el principio de igualdad ante la ley»; mientras, el procurador general, René Escobar Álvarez, aseguró que «El Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias» y que la actuación del Estado «ha estado dirigida a enfrentar una amenaza criminal extraordinaria» para proteger a la población contra las pandillas.
