Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa analizará el próximo lunes una solicitud de reforma presupuestaria para incorporar $554,615 de un préstamo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de $31.3 millones para financiar un programa de desarrollo inclusivo y nutricional en las zonas rurales de El Salvador.

Estos serían los primeros fondos desembolsados del préstamo y servirán para la contratación de personal, la realización de consultorías y la compra de equipo informático, vehículos y mobiliario.

Un total de $63,800 serán destinados a la línea de trabajo de “Inversiones para desarrollo de sistemas productivos” para financiar inversiones físicas para la gestión de recursos naturales; $161,910 se asignan a la “Transformación productiva y comercial” y $328,905 a la “Gestión del programa y seguimiento”.

La mayor parte de los primeros fondos se destinarán a la compra de bienes y servicios, $275,465, y activos fijos, $179,565. Un total de $87,500 será para remuneraciones de personal.

El programa se denomina “Programa de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional de las zonas rurales – Progresar Rural”, cuyo préstamo fue aprobado o ratificado el 9 de diciembre de 2025; promete un alcance nacional e incluye cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, ambos de La Libertad, Atiocoyo Norte en Chalatenango, y Lempa Caguaca en Usulután y San Vicente.

Con el préstamo, el gobierno promete beneficiar a 74,000 familias de productores del sector agrícola, mejorar el acceso de las familias rurales a infraestructura hídrica, tecnología y servicios ecosistémicos, y capacitar para mejorar los ingresos de las familias.

En diciembre de 2025, cuando se aprobó en préstamo, el jefe del Departamento de Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, Julio Darío Alemán, explicó en la Comisión de Hacienda que el objetivo del programa es incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria de las familias en áreas rurales en zonas priorizadas y mejorar el acceso a mercados, entre otros.

La ejecución promete un componente de inversiones para el desarrollo de sistemas productivos y agroalimentarios sostenibles –infraestructura hídrica, distritos de riego, conservación de recursos naturales, viveros comunales y laboratorios gastronómicos, un segundo componente de transformación productiva y un tercer componente de gestión de evaluación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó esta semana el “Tratado de Riad sobre el derecho de los diseños” y un acuerdo entre El Salvador y Guatemala que permitirá a familiares dependientes de personal diplomático y consular ejercer actividades remuneradas en ambos países.

El Tratado de Riad pretende proteger los diseños industriales de los productos beneficiando a diseñadores, emprendedores, creadores independientes, micro, pequeñas y medianas empresas, startups y empresas de sectores creativos e industriales de diseño y oficinas nacionales de propiedad intelectual.

El tratado promete ser un marco simplificado para los diseñadores con un sistema electrónico, ya que el trámite para obtener la patente de diseño suele ser engorroso. Sin embargo, la vigencia del tratado iniciará tres meses después de que al menos 15 partes hayan depositado el tratado ratificado.

Por su parte, el convenio entre El Salvador y Guatemala establece un mecanismo para que los familiares acreditados en ambos países puedan incorporarse legalmente al mercado laboral del país receptor, para dar oportunidad a su desarrollo profesional y a la estabilidad económica de las familias del personal diplomático.

La autorización no será automática; deben solicitarse por medio de la misión diplomática ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor; si el familiar cambia de empleo debe solicitar una nueva autorización.

Serían considerados familiares dependientes de diplomáticos el cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años dependientes económicamente de sus padres, hijos menores de 25 años que cursen estudios superiores e hijos con discapacidad física o mental dependientes.

El convenio se denomina “Acuerdo entre la República de El Salvador y la República de Guatemala sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares”.

El convenio no reconoce automáticamente los títulos académicos, no exime de pago de impuestos y descuentos de seguridad social y cotización al sistema de pensiones, ni inmunidad civil o administrativa. Según el dictamen el instrumento fortalece las relaciones diplomáticas bilaterales entre Guatemala y El Salvador, al promover la estabilidad económica para los núcleos familiares del personal acreditado en los respectivos países.

La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) reajustará una demanda de refuerzo presupuestario de más de $630,000 luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le ofreciera donarle equipo tecnológico que ya ha utilizado la institución, a nueve meses de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

El organismo integrado por representantes de los distintos partidos políticos y encargado de la fiscalización de los procesos electorales en El Salvador se reunió el 8 de junio con la presidenta del TSE, Roxana Soriano, a quien le reiteraron la petición de un refuerzo presupuestario de $633,172.69, originalmente presentada en marzo pasado.

El TSE manifestó en redes sociales que fue un diálogo sobre “temas de interés institucional relacionados con las funciones que la ley confiere a la JVE” y que se está “fortaleciendo la comunicación y el trabajo articulado entre ambas instancias”.

De acuerdo con Carlos Martínez, representante de Vamos en la Junta, en el ítem de «modernización integral del área informática», que requiere un refuerzo por $185,000, la titular del TSE informó que en el órgano electoral había computadoras que no estaban utilizando y que se podían transferir a la Junta.

De acuerdo con Martínez, los servidores que actualmente tiene la Junta “son del 2003”, es “equipo súper lento y desfasado”, comentó.

El representante de Vamos aseguró que la JVE haría “una reducción” a la demanda presupuestaria original pero aún no tienen el listado del equipo que el TSE les podría transferir, información que debieran recibir esta semana.

«En la Junta no sirven los servidores que se tienen, computadoras, impresoras. Se va a hacer una reducción, es como el requisito que puso cuando lo pase a Hacienda. Esta semana iban a enviar el listado de las cosas que nos van a regalar. Estamos esperando esa parte todavía», indicó.

Consultado al respecto, Irvin Tóchez, representante del FMLN en la JVE, explicó que, si del 100 % de equipo tecnológico requerido, el TSE les informa que tienen un 25 o 30 %, se deberá restar del monto de los $185,000, para adquirir el resto.

¿Qué equipo tecnológico pide la JVE?

• Servidor institucional, NAS y equipos informáticos.
• Firewall, UPS y renovación de redes para protección de información institucional.
• Software especializado, licencias y herramientas para personal técnico y administrativo.

La JVE además pide un refuerzo de $195,220.81 para cobertura de dietas, $159,683.08 para fortalecimiento de condiciones laborales, $78,914.80 para bienes y servicios complementarios y $14,354 para regularización de la quincena 25.

En la JVE, existen 11 partidos políticos representados, de los cuales solo 8 tienen cobertura presupuestaria completa con una dieta de $788.65 para el director propietario y $552 para el director suplente. Con el refuerzo, las dietas aumentarían a $1,200 y $900 respectivamente.

Además, la JVE tiene 32 empleados y solicitan un refuerzo de 9 plazas para técnicos en computación, delegados territoriales y asistentes administrativos.

Dentro del presupuesto, la JVE también solicitó prestaciones laborales como tarjetas electrónicas para compras de mercadería para el personal, además un bono semestral o salario adicional en junio y en diciembre. Según el representante del FMLN en la JVE, esta solicitud se está realizando «por igualdad», ya que el personal de la Junta está suscrito al TSE, en donde los empleados gozan de estos bonos.

El TSE aún no ha dado a conocer alguna petición de refuerzo presupuestario al Ministerio de Hacienda. Prevé un presupuesto de $172.1 millones para las elecciones de 2027, $125.3 millones para elecciones en territorio nacional y $46.7 millones para elecciones de los salvadoreños en el extranjero.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha solicitado ante la Asamblea Legislativa una ley especial que ampliará por cinco años el plazo de constitución del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafé).

El MAG indicó que el plazo de 25 años vence en julio de 2026.

El Ficafé es un fideicomiso creado en 2001, manejado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), que permite colocar certificados fiduciarios para obtener recursos financieros y así otorgar créditos cafetaleros y de exportación de café.

El objetivo es apoyar a los productores en medio de una crisis de bajos precios internacionales.

La solicitud, firmada por el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, sostiene que el sector cafetalero ha sido afectado por los precios internacionales, los efectos negativos de la roya, el impacto ambiental provocado por las sequías, el cambio climático, variaciones en las temperaturas y los patrones de lluvias que afectan los ciclos de cultivo y la calidad del café.

La ley especial indica que el plazo sería adicional al plazo establecido en los artículos 883 y 1236 del Código de Comercio, que establece un máximo de 25 años para los títulos en la rama fiduciaria. Sin embargo, el Ficafé no se extinguiría mientras haya saldos pendientes.

Los embargos por créditos otorgados al sector productivo del café están suspendidos por decreto hasta el 1 de enero de 2027, relacionados a las deudas contraídas con el Fondo de Emergencia para el Café (FEC) y el Ficafé.

El concejo de San Salvador Este reformó las ordenanzas reguladoras de tasas por servicios de los distritos de San Martín, Tonacatepeque, Ilopango y Soyapango, para regular el cobro de las tasas cuando se realicen obras o proyectos de interés social en propiedad privada.

Las cuatro reformas fueron aprobadas el 16 de abril de 2026, publicadas el 1 de junio del presente año y firmadas por el alcalde municipal interino y en funciones, Wilmer Alexis Rodríguez Hernández.

Según el concejo, existen obras en las que el inmueble en donde se ejecutan «es en propiedad privada» pero el proyecto tiene «una finalidad social y respaldada por la comunidad y la municipalidad».

Para ser declarado de interés social, sería necesario que la construcción, la obra, mejora o construcción «tenga una repercusión favorable en alguna comunidad, colonia o algún inmueble municipal».

Esta declaratoria, según la reforma, exige un informe del beneficio social del proyecto que deberá ser entregado a la unidad de desarrollo urbano de la municipalidad.

La reforma establece que se pagará una tasa especial de $0.10 por cada millar al valor de la inversión.

La reforma está vigente desde el pasado martes 9 de junio y «deroga todas aquellas disposiciones normativas anteriores contenidas entre otras ordenanzas y sus reformas que la contravengan», según su artículo 2.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, aseguró este jueves que “son temas internos” del Tribunal de Ética del partido político de izquierda en torno a la admisión de una denuncia contra el concejal Cayetano Cruz por realizar acusaciones contra la dirección del partido y no pagar cuotas partidarias.

“No, son temas internos y, como temas internos no voy a opinar. Son temas del Tribunal de Ética, que tiene autonomía en estos procesos y son temas muy propios nuestros”, respondió, en la entrevista de “Las cosas como son”.

Flores insistió en que se le está dando el tratamiento “interno”. “Son temas muy internos… No, no tengo opinión, son temas internos, eso se discute en el seno del partido”, insistió, ante la pregunta del entrevistador sobre la apertura de un proceso a un miembro del FMLN y la cercanía de las elecciones internas, el 12 de julio.

Luego, en la misma entrevista, agregó que sacar en redes temas internos “no contribuyen nada para el desarrollo del partido”. “Yo no ando sacando cosas internas, eso es indisciplina”, comentó.

En enero pasado, una militante del FMLN denunció a Cruz ante el Tribunal de Ética por dar declaraciones a medios de con acusaciones a la dirección de ser “afín a adversarios políticos” y no pagar su cuota de militante. El Tribunal de Ética admitió la demanda en mayo.

Cruz ha solicitado a la Comisión Especial Electoral (CEN) la inscripción como precandidato a alcalde de San Salvador Este pero ha recibido una observación de presentar una solvencia de los pagos de las cuotas partidarias, un requisito que establece el reglamento de las elecciones internas 2027 del FMLN.

En redes sociales, el concejal de San Salvador Centro Simón Paz expresó su respaldo a Cayetano Cruz. “Es un digno representante del FMLN con un amplio reconocimiento a nivel nacional”, señaló. Paz sostuvo que él siempre ha denunciado abusos y arbitrariedades hacia la población “como militante y funcionario público”.

“Toda nuestra solidaridad con el camarada Cayetano Cruz, quien enfrenta una acusación maliciosa ante el Tribunal de Ética. Condenamos este intento de apartarlo de la contienda interna electoral mediante calumnia y los señalamientos infundados, ante la incapacidad de derrotarlo en el terreno del debate político y la voluntad de la militancia”, expresó Carlos Salas, también concejal del FMLN por San Salvador Centro.

Un grupo de ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil presentaron este jueves una demanda de inconstitucionalidad contra al decreto 361 que trasladó una porción de la finca El Espino para la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).

Argumentaron que el decreto “vulnera principios constitucionales de protección ambiental y derechos fundamentales”, concretamente el artículo 117 de la Constitución, ya que la finca es una zona de recarga hídrica, la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental del área metropolitana de San Salvador y del país.

Consideran que se violan el artículo 2 en referencia al derecho a la vida.

Los demandantes consideran que se violó el legal proceso de formación de ley porque fue una decisión inconsulta.

El vocero de los demandantes aseguró que exigieron un análisis “independiente, objetivo, riguroso” de la Sala de lo Constitucional.

“Llegamos un punto que tengamos o no dinero para financiarnos que nuestras viviendas no se inunden en cada invierno, es un punto de no retorno, es un llamado a la responsabilidad de los gobernantes”, indicó una representante del movimiento.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) rechazó que el terreno transferido al Cifco pertenezca a la finca El Espino. “No se construirá CIFCO en El Espino”, señaló el MOPT. Por su parte, la Embajada de China afirmó que el “área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona”.

El MOPT inició en la zona una campaña de siembra de árboles en el parque Bicentenario, también ubicado en la zona conocida como finca El Espino. La campaña de reforestación aún no concluye.

La zona en donde se construirá el CIFCO está ubicado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto 361 fue aprobado el 16 de julio de 2025 y transfirió del Ministerio de Hacienda un terreno de 55,711.13 metros cuadrados al CIFCO, de un terreno general propiedad del Ministerio de Hacienda de 475,806.7160 metros cuadrados.

Dicho decreto establece que este terreno “forma parte de la Finca El Espino”, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán y en su artículo 1 detalla que el Estado es propietario de un inmueble “identificado como resto de la Finca El Espino”.

Un movimiento está recolectando firmas para evitar la construcción en dicho lugar porque consideran que es hábitat de especies en extinción y parte de recarga hídrica de San Salvador.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pidió el miércoles ante la Asamblea Legislativa una reforma al artículo 21 de la “Ley de fomento de la producción hiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio” para eliminar la prohibición actual de “comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo”.

El viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, sostiene en su carta a la Asamblea Legislativa que el objetivo de la reforma es «eliminar obstáculos a la comercialización de leche y productos lácteos», así como «armonizar la normativa secundaria con regulaciones contenidas en los instrumentos normativos de la integración centroamericana».

El primer inciso del artículo 21 de la ley, aprobada el 3 de octubre de 1960 bajo decreto 3144, reza: «Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo. Asimismo se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes».

El segundo inciso ordena al MAG a dictar las medidas zoosanitarias para la importación de leche, lácteos y sus derivados.

La propuesta reforma únicamente el inciso primero del artículo 21 y lo deja de la siguiente manera: «Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes».

Los adulterantes son sustancias que se agregan de forma indebida al producto para alterar su composición.

La reconstitución de leche en polvo consiste en volver a convertir la leche en polvo en leche líquida y su recombinación es la fabricación de la leche con la mezcla de diferentes ingredientes que la constituyen como leche en polvo, grasa o agua.

En 2022, el MAG explicó que la normativa prohíbe la reconstitución y la combinación de la leche en polvo para elaborar productos como «queso duro blando, morolique, quesillo, leche pasteurizada, entre otros», mientras exigía el cumplimiento de la ley.

“Las empresas utilizan este tipo de procesos para elaborar alimentos como quesos, leches y yogurt; y afectan la calidad porque es un producto que ya se sometió a altas temperaturas para secarse y pierde sus propiedades nutritivas (proteínas, vitaminas y minerales)”, indicaba, en ese entonces, la jefa de la División de Inocuidad de Productos de Origen Animal de la Dirección General de Ganadería, el 10 de enero de 2022, según una nota oficial que anunciaba el cierre de las plantas que reconstituyan la leche.