Autor: Yolanda Magaña

El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación informó a las organizaciones que como agentes extranjeros son excluidas del pago del impuesto del 30 % de sus donaciones que las autorizaciones de exclusión de esta obligación tributaria están próximas a vencer, ya que tienen una duración de un año.

Los excluidos o exentos «de oficio» deben hacer la solicitud 30 días antes del vencimiento de la exclusión anual vigente. Según el artículo 13 del reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros, se excluyen del pago de este impuesto, de oficio, aquellos que contribuyan al Estado con proyectos de desarrollo, salud, seguridad, educación, de interés o utilidad pública, que brinden asistencia humanitaria, tratamientos médicos, rehabilitación o creadas bajo instrumento internacional o convenios vigentes.

Así, las organizaciones no gubernamentales exentas de este impuesto deben presentar su solicitud de renovación de exclusión anual ante el RAEX mediante un formato que puede solicitar al correo raex@gobernacion.gob.sv, según un aviso público divulgado en redes sociales.

No pueden recalificar

Los obligados a pagar impuesto no pueden optar a la recalificación excepto si se trata de un proyecto nuevo.

En el aviso, el RAEX aclara que los agentes extranjeros que no gozan de esta exclusión «no están sujetos a nueva calificación por parte del RAEX», es decir, no podrían solicitar su recalificación como exenta del impuesto si ya les fue negada.

Si la exclusión fue otorgada a un proyecto específico, la oenegé considerada agente extranjera solo deberá informar «conforme a lo requerido en cada resolución».

En este aviso, Gobernación se refirió específicamente a los mandantes –los financistas extranjeros– y anunció que «no están obligados a solicitar la exclusión del impuesto» excepto si ejercen como «agentes extranjeros».

En El Salvador ha habido un total de 45 solicitudes de inscripción de agentes extranjeros por parte de personas jurídicas.

De octubre a diciembre de 2025, un total de 29 organizaciones pidieron inscribirse en el RAEX: 21 en octubre, 5 en noviembre y 3 en diciembre. En el primer trimestre de 2026, hubo 16 solicitudes: 1 en enero, 5 en febrero y 10 en marzo.

De enero a marzo de 2026, el RAEX registra 37 solicitudes de exclusión por parte de organizaciones y apenas una solicitud de inscripción de mandante extranjero.

La Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el 20 de mayo de 2025, ha provocado suspensión de operaciones de organizaciones y proyectos, y suspensión del espacio cívico según el Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica.

El director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, habló ayer de la posibilidad de que las Alianzas Público Privadas (APP) en El Salvador puedan tener un esquema de financiamiento basado en una garantía inmobiliaria que deberá inscribirse en el CNR, algo que plantea el proyecto en su artículo 55.

“Bajo un esquema de APP, mencionar que también dentro del mismo existiera la posibilidad de establecer garantías mobiliarias, a partir de la inscripción de las que se puedan llegar a generar, para un esquema de financiamiento, nos abrimos a esa posibilidad, pero también dentro la alianza recaiga probablemente sobre un bien inmueble”, planteó a los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

La Comisión de Tecnología estudia el proyecto de una nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP) que, entre otros cambios, excluye la prohibición de hacer APP para que el Estado provea servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos.

La propuesta prohíbe «hipotecar o someter a gravámenes de cualquier especie» los bienes y derechos que adquiera el agente privado «sin el consentimiento de la entidad contratante», es decir, únicamente se permitiría con el consentimiento del ministerio o entidad estatal.

Además, en el artículo 69, se establece la posibilidad de pactar garantías prendarias mediante una escritura pública que deberá «inscribirse en el registro respectivo».

El funcionario destacó que trámite que destacó que puede tardar desde las 6 horas hasta 1 día y que están abiertos a la posibilidad de que las APP establezcan garantías mobiliarias “para un esquema de financiamiento”.

Sin embargo, los bienes inmuebles no podrán tener gravámenes al finalizar el contrato de una APP. «Pasarán libres de cualquier gravamen a dominio del Estado», indica la propuesta que aún no es aprobada por la Asamblea Legislativa.

El funcionario aseguró que esta nueva normativa abre a la posibilidad de que estas APP generen marcas, patentes y softwares bajo un esquema de propiedad intelectual que deberán ser registrados en el CNR.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, preguntó al director del CNR si El Salvador está listo para implementar una ley de alianzas público privadas y qué figura jurídica podrían adoptar los inversionistas.

Trigueros se remitió a las cifras en alza del CNR en trámites que muestran aumentos en las transacciones inmobiliarias, registro de propiedad intelectual y un aumento de las empresas nuevas. “Tenemos una oportunidad en el marco de las alianzas público privadas”, argumentó.

La propuesta permite a los proyectos APP ser autosostenibles, ya sea con tarifas cobradas a los usuarios o recibiendo cofinanciamiento con pagos del Estado.

El proyecto aumenta el plazo de vigencia de un APP de 40 a 50 años prorrogables, crea una Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), entidad autónoma que estaría bajo el Ministerio de Hacienda, que registraría las APP.

Las Alianzas Público Privadas podrían establecerse para proveer infraestructura o servicios públicos, excepto en seguridad nacional o pública, justicia e inteligencia del Estado, ni en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.

El Centro Nacional de Registros (CNR) reportó los mayores aumentos en sus diferentes trámites relacionados a negocios, inmuebles y marcas, en los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, Cuscatlán y Chalatenango.

Estos cinco departamentos deportan un incremento en los trámites de entre 23 % al 29 %, de acuerdo a datos compartidos ayer por el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, a diputados.

“Todos son números verdes, son en doble dígito, en general es un crecimiento de todo el país sin menoscabo de ningún departamento”, afirmó el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros.

En su presentación, ayer, ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, detalló que en Cabañas y San Vicente hubo un 29 % de crecimiento de los trámites, seguido de Morazán, con un 28 %; de Cuscatlán con un 25 % y de Chalatenango, con 23 %.

Luego, en La Libertad los trámites aumentaron en un 20 % y en Ahuachapán, un 21 %. El funcionario ve estos datos como una oportunidad ante el proyecto de nueva Ley de Alianzas Público Privadas.

También los trámites han aumentado en un 17 % en el departamento de San Salvador; un 15 % en Usulután y Sonsonate; y en un 10 % en Santa Ana y San Miguel.

Los trámites en el CNR tienen cinco años de aumentos consecutivos desde el 2020, año de la pandemia, en donde solo hubo 710,000 hasta los 1.4 millones en 2025. Los crecimientos interanuales han oscilado entre el 5.4 % en 2023 y el 11.1 % de 2025, excluyendo el normal crecimiento pospandemia del 53.9 %.

“El Salvador de 2019 ya no se parece al de 2026. En cinco años hemos logrado duplicar el número de servicios”, remarcó Trigueros, tomando de referencia el año 2019, en el cual recibieron 975 demandas de servicios.

En lo que va de 2026, los trámites han aumentado en un 18 %, según el funcionario están “a un mes de cerrar con 900,000 trámites de lo que cerró el año 2018”.

La presentación del CNR revela que las inscripciones en el Registro de Garantías Inmobiliarias se han duplicado, con un aumento del 111 % a 6,058. En este Registro los trámites en general aumentaron en un 40 %.

En el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, la mayoría de trámites son transferencias de dominio –compraventas, donaciones, herencias o legados– que han aumentando a $1,989 millones, un aumento del 16 % en relación al año pasado, con datos hasta el 31 de mayo de 2026.

“En tiempo real puede saber la situación jurídica de un inmueble, quién es el dueño, si está hipotecado, cuánto mide, perfectamente la puede pedir y en tiempo real la puede pedir y le está llegando a su correo por medio de un sello electrónico”, destacó, sobre las certificaciones extractadas de los inmuebles.

En lo que va del año 2026, en el Registro de Comercio ha habido 53,300 trámites, un aumento del 10 %; dentro de estos, 3,939 nuevas inscripciones de comerciantes o empresas, con un aumento del 32 %, además de 15,143 renovaciones de matrículas, un incremento del 4 %.

Así mismo, aumentaron en un 16 % las marcas nuevas solicitadas (6,271) y en un 17 % las ubicaciones catastrales (47,381).

El Tribunal de Ética del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) admitió una denuncia contra el concejal Cayetano Cruz que lo señala de no pagar su cuota como militante y concejal electo y de otorgar declaraciones a medios de comunicación con acusaciones contra la dirección del partido de ser «afín a adversarios políticos».

Cruz solicitó a la Comisión Especial Electoral (CEN) del FMLN su inscripción como precandidato a alcalde de San Salvador Este, municipio de donde actualmente es concejal. En la elección de 2024, Cruz se postuló para alcalde de San Salvador Este y quedó como concejal, ya que perdió y se había inscrito en una lista para ser considerado regidor en el concejo plural.

Según fuentes políticas, la denuncia fue interpuesta por la militante Miriam Méndez el 17 de febrero de 2026.

De acuerdo con las fuentes, el Tribunal de Ética del partido de izquierda admitió la denuncia bajo el proceso disciplinario TE-001-2026, el pasado 8 de mayo.

La precandidatura de Cruz podría estar en el limbo.

La CEE del FMLN no ha anunciado si ha aprobado las solicitudes de inscripción de los aspirantes a precandidatos a alcaldes y diputados. El plazo finalizó el 31 de mayo y el domingo 7 de mayo venció el plazo para que los aspirantes completaran las planillas.

Sin embargo, para subsanar observaciones, abrió un plazo desde el 2 de junio.

El FMLN realizará sus elecciones internas el domingo 12 de julio.

Uno de los requisitos que establece el reglamento del FMLN a los candidatos a diputados, alcaldes, vicepresidente y presidente para las elecciones 2027 es estar solventes con el partido político. El reglamento de las elecciones internas del FMLN indica que «deberán demostrar que están solventes» con las aportaciones al partido.

La CEE le habría solicitado a Cruz presentar la solvencia a más tardar este 8 de junio advirtiéndole que de lo contrario no podrá procesar su solicitud de inscripción.

En enero de 2026, Cruz aseguró que la dirigencia del partido le envió mensajes de que no lo dejarían participar en las elecciones de 2027 y que no le darían la solvencia partidaria porque no da su aporte en caja central. En esa ocasión, aseguró que ayudaba a pagar los locales del partido en San Martín, Tonacatepeque e Ilopango.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), informó hoy en sus redes sociales que se inscribió para las elecciones internas como precandidato a diputado de la Asamblea Legislativa por el departamento de La Libertad.

Lira explicó en Facebook que hizo una consulta en los últimos meses entre los sectores económicos, sociales, religiosos y comunitarios de La Libertad.

“Me he inscrito como precandidato para las elecciones internas. Voy a competir y a ganar, porque la Asamblea Legislativa necesita diputados que de verdad representen al pueblo, que debatan con criterio y que no agachen la cabeza”, afirmó este lunes.

Lira aseguró que se tomó el tiempo de recorrer La Libertad, «de hablar con las comunidades, las iglesias, los emprendedores y los líderes locales».

«Hemos hecho esa consulta directa en el territorio y el día a día refleja lo mismo que dicen las encuestas: las políticas actuales se olvidaron de la gente”, afirmó.

En las elecciones legislativas de 2024, el partido Arena logró 227,357.3 votos y el diputado Francisco Lira logró 19,737 marcas en el departamento de La Libertad.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para autorizar al Gobierno a que suscriba un contrato de préstamo por $9.6 millones con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe para la instalación de la «Planta de energía solar fotovoltaica de San Matías«.

La planta estará ubicada en el distrito de San Matías, en el municipio de La Libertad Norte, departamento de La Libertad.

La subdirectora general de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, Delia Lorena Reyes, explicó a los diputados que se «espera que la planta genere alrededor de 20,000 megawatts anuales».

Con la planta solar, se busca reducir la dependencia hídrica en época seca, incrementar la oferta de energía y reducir hasta 13,000 toneladas de emisión de dióxido de carbono con la generación de energía limpia y renovable.

El proyecto incluye la instalación de los paneles fotovoltaicos terrestres, estaciones de inversores, una subestación de dos transformadores, la interconexión a la red nacional, vías de acceso y edificios necesarios para el control y la operación de la planta.

Los primeros componentes de la construcción serán las vías de acceso a la planta, la instalación de un cerco perimetral y la preparación de terreno.

Luego, se realizará la canalización subterránea para el tendido de cables eléctricos, nivelación y compactación de la zona para la instalación de los paneles solares, obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales, construcción para estructuras de montaje, inversores, transformadores y salas eléctricas.

«En ese entorno, la energía solar se consolida como una alternativa a explotar, considerando que la misma constituye un recurso limpio, constante y con un alto potencial de desarrollo en el país», indicó la funcionaria.

Aseguró que buscan incrementar la capacidad de energía eléctrica con energía limpia y sostenible, fortalecer la resiliencia ante los riesgos de cambio climático, y crear nuevas oportunidades de empleo.

El crédito deberá ser pagado a 25 años de plazo con tres años de periodo de gracia, con tasa fija del 2.5 % anual.

ENTE ejecutará el proyecto

La institución pública que ejecutará el proyecto de instalación de planta de energía solar es el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), creado en febrero de 2023 para que planifique la construcción de ampliaciones o refuerzos de la red de transmisión de energía eléctrica en El Salvador.

El ENTE es propietario de las acciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal). La junta directiva del ENTE está facultada a «autorizar las inversiones de cualquier tipo que la autónoma se proponga efectuar, dentro y fuera de El Salvador», según el artículo 6 de la Ley de creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, aprobada el 21 de febrero de 2023 y vigente desde el 2 de marzo de 2023.

La matriz energética en el país, según la funcionaria combina fuentes renovables de energía hidroeléctrica, geotérmica, solar y eólica con gas licuado; la energía renovable ya alcanza el 60 % de la energía generada. «Es la fuente de energía que está experimentando mayor crecimiento» en El Salvador, observó.

A junio de 2025, la capacidad energética de El Salvador alcanzaba los 3,137.82 megavatios, de esos, la capacidad por fuente fotovoltaica es 764.5 megavatios, un 24.3 %; y la hidroeléctrica, 639.8 megavatios.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes prorrogar, hasta el 30 de junio de 2027, la “Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la cadena de comercialización de productos derivados del petróleo”.

Fue aprobado como dictamen 228 de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto con el voto de los diputados presentes.

Una representante de la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM) explicó que la prórroga permitirá sancionar cuatro conductas: las gasolineras que no entreguen la cantidad exacta de combustible que el consumidor paga, a los establecimientos que no cumplan con los estándares de calidad de los combustibles, a empresas que venden cilindros de gas con menos contenido del correspondiente y a los comercios que no respetan los precios regulados del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

«Esta nos permite sancionar a quienes incumplen las normas en la comercialización de combustible y Gas Licuado de Petróleo. Es la herramienta para poder combatir las irregularidades que afectan directamente a la población salvadoreña», explicó Jackeline Palacios, gerente legal de la DGHM, en la Comisión.

La gerente legal de la DGHM no detalló cuál es el monto recaudado por las sanciones o cuántas sanciones se impusieron en el último año. Ante una pregunta de los diputados sobre la recepción de denuncias, respondió que la Dirección tiene un «call center», el número 2234-6100, para recibir las denuncias de manera anónima.

Reiteró que las sanciones oscilan entre los $500 y los $100,000, las más graves contra infracciones como interrumpir la salida de vehículos en una inspección o envasar el contenido exacto de gas de los cilindros de gas propano.

Según la representante de la DGHM, esta ley «no busca imponer cargas a los empresarios», ni hacer «más compendiosa» la compra y venta de los productos de petróleo, sino tipificar y combatir el incumplimiento a las normas.

La actual normativa vence el 30 de junio de 2026. Fue aprobada originalmente en 2022 por el conflicto en Ucrania y reeditada en julio de 2025 por la guerra entre Israel e Irán.