Autor: Yolanda Magaña

Con 59 votos, incluidos los opositores, la Asamblea Legislativa reformó este jueves el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) para mover $208,445 de su presupuesto asignado a «Asistencia alimentaria, humanitaria y técnica para el desarrollo de competencias» a la reconstrucción de la bodega de San Miguel destinada a la División de Asistencia Alimentaria (DAA) de dicha cartera de Estado.

Según la reforma, $153,538.14 se usarían para la construcción del área administrativa, la bodega y el laboratorio seco; $44,418.65 para obras exteriores como construcción de pasillos de acceso a oficinas administrativas, servicios sanitarios, bodega de materiales de oficina y módulo para trámites; $1,093.04 para demolición y desmontaje de infraestructura inservible; y $9,395.17 para fosa séptica y zanjas de infiltración.

El proyecto se denomina “Construcción de área administrativa y laboratorio en bodega de la División de Asistencia Alimentaria del Mindel, distrito y departamento de San Miguel”.

Por la reforma presupuestaria, votaron 59 diputados: los 54 de Nuevas Ideas, los diputados Serafín Orantes y Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), la diputada Claudia Ortiz (Vamos), y las diputadas suplentes de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Raquel Serrano y Silvia Regalado. 

El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, no se había incorporado a la plenaria en ese momento, se incorporó después de la votación.

El inmueble que sería demolido en una parte, reconstruido y remodelado, sirve para almacenar alimentos e insumos no alimentarios para atender a la población más vulnerable en situación de emergencia y apoyar con programas «en coordinación con diferentes instancias», tiene un área administrativa y un laboratorio de análisis de productos; pero presenta agrietamiento de paredes y asentamiento de fundaciones, por lo que consideran que se está arriesgando la seguridad del personal.

También, según Hacienda, sirve para el resguardo y distribución de ayuda de alimentos e insumos para centros escolares y a los institutos, al programa Crecer Juntos y a la población vulnerable.

 

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados –Partido de Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano–, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la incorporación de $1,140,514 de un préstamo de $150 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el cual se pretende remodelar 13 escenarios deportivos.

Bajo el nombre Prodeporte II, los primeros $1.4 millones que serán incluidos en el presupuesto estatal de 2026 se destinarán a la “Administración y Unidad Ejecutora Prodeporte II” para contratar personal, comprar mobiliario y también un vehículo tipo pick up para el monitoreo de la ejecución del proyecto.

Durante la sesión plenaria, solo opinó el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, quien señaló la “falta de compromiso de los gobiernos anteriores” con la infraestructura deportiva. “Vamos a reconstruir varios de los principales escenarios deportivos en todo el país”, prometió.

“Departamento de La Unión está recibiendo inversiones a todo nivel, muellas, calles, un aeropuerto internacional completamente nuevo y ahora también la reconstrucción total de un escenario deportivo como el estadio de Santa Rosa de Lima”. William Soriano, diputado de La Unión, Nuevas Ideas.

Será el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) el ejecutor del proyecto.

Este programa promete la remodelación de 13 centros deportivos: estadio Óscar Quiteño, cancha de baloncesto 2030 y Gimnasio Ernesto David Vega Mojica, en Santa Ana; el Estadio Luis Amílcar Moreno, en Morazán; el Estadio Antonio Toledo Valle, en La Paz; el Complejo Deportivo de Usulután, el Complejo Deportivo de San Vicente, el Complejo Deportivo de San Miguel, el Polideportivo Chapeltique en San Miguel, el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel, el Estadio Moidán, en Cabañas, el Estadio José Gregorio Martínez, Chalatenango; y el Estadio Ramón Flores Berríos, Santa Rosa de Lima, La Unión.

En los estadios, el gobierno ha prometido colocar grama natural y artificial con certificación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), construir pistas de atletismo clase B, rehabilitar piscinas semiolímpicas con certificación de la Federación Internacional de Natación; instalar butacas, techado de graderíos, torres con iluminación, sistemas de riego y drenaje pluviales modernos, rampas, clínicas deportivas y áreas de control antidopaje.

La Asamblea Legislativa lleva aproximadamente $1,400 millones de deuda aprobada durante el presente año.

La organización internacional Amnistía Internacional publicó un nuevo informe que sostiene que hay patrones documentados de actos que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad y exhortó al Estado salvadoreño a adoptar un plan que finalice el régimen de excepción.

Así mismo, le pide restablecer las garantías del debido proceso, investigar las violaciones documentadas y procesar a los responsables.

El nuevo informe, divulgado este 15 de julio bajo el título «Seguridad: sin derechos», aclaró que no busca “impedir que las autoridades investiguen a personas sospechosas de cometer delitos o a estructuras criminales”, sino que busca asegurar que “se haga en el marco de un debido proceso”.

La investigación considera que en El Salvador hay patrones documentados de “detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal que podrían ser crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma”. Su argumento es que estos actos podrían ser “parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en un contexto institucional que ha facilitado su comisión”.

“En muchos casos, ya no importa si existe evidencia o no. Basta con que la policía diga que alguien ‘parece pandillero’ para que el sistema lo procese. Estamos viendo procesos donde no se individualizan conductas, no se describen hechos concretos y la detención se vuelve prácticamente automática”, dijo un abogado a la organización.

El informe considera que en El Salvador la detención provisional se ha convertido “en una medida prácticamente automática y no excepcional” en donde los argumentos de arraigo son descartados frecuentemente.

También, sostiene que en las audiencias judiciales “los argumentos de arraigo” presentados por los abogados defensores, como “empleo formal, vínculos familiares, estudios, residencia fija o participación comunitaria”, “frecuentemente son descartados” sin valoración individualizada suficiente.

Amnistía Internacional explica que, para realizar la investigación hicieron seis visitas de documentación entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas a víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, abogados defensores particulares, y agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC), análisis de requerimientos fiscales, resoluciones judiciales, decretos legislativos y examen a más de 80 casos individuales. En 70 casos, “ninguno de los detenidos tenía orden de arresto previa ni se constató una investigación individual que justificara su detención”.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que “la seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso”, según el comunicado de prensa.

La organización sostiene que incluso los nombramientos de los funcionarios de segundo grado desde mayo de 2021 ha sido parte o facilitado los abusos. Señala que hay un “uso sistemático de la tortura y otros malos tratos en centros de detención sin mecanismos de control que obliguen al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales”.

En marzo de 2026, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador haya una persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas; y el procurador general de la República, René Escobar Álvarez, aseguró que «el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias«.

En la misma audiencia, un grupo de expertos sostuvo que hay «base razonable» que indican la posible perpetración de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción. Este informe fue rechazado y criticado por el gobierno salvadoreño.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en ese entonces a «todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada» e insistió en que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes».

 

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, informó que se reunirá con la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco, al reaccionar el estado de las relaciones con El Salvador y la situación de la isla Conejo, territorio que sigue siendo motivo de disputa entre ambos países.

Ante la pregunta cómo estaba la situación con El Salvador y la isla Conejo, la ministra de relaciones exteriores de Honduras respondió: “Totalmente normal, en relaciones constructivas y cercanas. Me voy a reunir muy pronto con la canciller”, de acuerdo con una publicación de Radio Cadena Voces de Honduras.

De acuerdo con este medio de comunicación, el gobierno salvadoreño pidió recientemente a Honduras «no realizar ejercicios y cualquier otro acto de soberanía» en la isla Conejo. La nota diplomática, citó el medio, fue “subida de tono”.

El 14 de julio, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en un acto público con la canciller, al ministro de la Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez Bouchard, y el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio Ardón. El acto público, desarrollado en la isla Conejo, pretendía conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador.

Ese día, el presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso hondureño, diputado Kilvett Zabdiel Bertrand, informó que acompañó a Asfura en la isla “hondureña Conejo”. En el video aseguró que el territorio es 100 por ciento hondureño y que el acto busca reafirmar la soberanía.

En ese acto, el presidente hondureño expresó: “Donde ondea nuestra bandera ahí está nuestra patria, honor y lealtad. Debemos de honrar y amar a nuestra querida Honduras… Es un honor después de 13 años estar aquí izando la bandera”.

La Isla Conejo, un área menor a un kilómetro cuadrado en el Golfo de Fonseca, ha sido motivo de una disputa histórica y tensiones diplomáticas entre El Salvador y Honduras. El Salvador la ha reclamado como territorio propio, mientras Honduras mantiene presencia militar permanente en la isla.

El fallo internacional de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de 1992 resolvió disputas sobre varias islas del Golfo como El Tigre, Meanguera y Meanguerita, pero no sobre la isla Conejo.

Un total de 19 alcaldes de Nuevas Ideas fueron electos en internas como candidatos a la reelección para el periodo 2027-2030, mientras los restantes nueve fueron sustituidos por otros aspirantes.

El partido oficial, que tiene 28 de las 44 alcaldías de El Salvador, definió sus 44 candidatos a alcaldes el pasado domingo 12 de julio en elecciones internas.

El partido de gobierno quitó a nueve alcaldes del camino a la reelección: José Chicas, de San Salvador Este; Carolina Escobar, de Santa Ana Este; Jorge Escamilla, de La Libertad Norte; Hugo Zavaleta, Sonsonate Norte; Chris Alemán, Sonsonate Oeste; Noemí Alfaro, Usulután Oeste; Josué Palacios, San Vicente Sur; Justino Vigil, de Morazán Norte; Martín Leiva, de Chalatenango Centro.

Tres de los cuatro alcaldes que el partido de gobierno ganó en el departamento de San Salvador, Mario Durán, José Urbina y Mario Vásquez, van a la reelección por los municipios de San Salvador Centro, San Salvador Oeste y San Salvador Sur, respectivamente. Los tres participaron como precandidatos únicos en las elecciones internas de NI y recibieron el 79.32 %, 78.79 % y 80.03 % de los votos de los afiliados de su circunscripción, respectivamente.

El otro alcalde en el departamento de San Salvador era José Chicas, expulsado por Nuevas Ideas y destituido como alcalde de San Salvador Este, municipio en el cual se postuló Balmore Menjívar, quien ha gerenciado empresas de telecomunicaciones y a quien muchos afiliados apoyaron con camisetas el día de la elección interna.

También buscarán la reelección Noé Rivera en La Libertad Centro y Henry Flores en La Libertad Sur. Sin embargo, el alcalde de La Libertad Norte, Jorge Escamilla, no se postuló a la reelección; en su lugar, quedó Cecilia Flores Loucel.

También buscarán la reelección los alcaldes de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo; Santa Ana Norte, Carlos Landaverde, quien había anunciado que desistiría de su candidatura; y Santa Ana Oeste, Jorge Castro.

En Santa Ana Este, sin embargo, fue sustituida la alcaldesa actual, Carolina Escobar, por Leonel González Castro, que le ganó la candidatra a alcalde cono un 51.96 % sobre Vitelio Cornejo que logró un cercano 46.26 % de los votos de los afiliados.

Otros alcaldes a la reelección son Elías Villatoro en San Miguel Oeste; en La Unión, también serán candidatos los actuales alcaldes Edwin Serpas en La Unión Norte y Victoria Gutiérrez en La Unión Sur, ambos fueron precandidatos únicos en las elecciones internas.

Los alcaldes Darwin Regalado en Ahuachapán Norte y Hugo Torrento en Ahuachapán Sur también buscarán su reelección; en Sonsonate Este, el alcalde Gabriel Serrano fue electo como candidato.

 

El concejo de San Salvador Centro aprobó una ordenanza que establece formalmente el «Régimen Especial» para la incorporación de comerciantes por cuenta propia o vendedores al sistema de mercados.

La ordenanza, publicada en el Diario Oficial el 1 de julio de 2026, indica que para el pago por el uso de los espacios de venta asignados bajo este régimen se aplicarán las tasas ya establecidas en la «Ordenanza Reguladora del Funcionamiento, Administración y de las Tasas del Sistema Municipal de Mercados de la ciudad de San Salvador» y cualquier otra normativa aplicable vigente.

El concejo ya aprobó una primera ordenanza transitoria para que los vendedores y comerciantes desalojados en mayo de calles y aceras del centro histórico de San Salvador puedan acceder al Sistema Municipal de Mercados de la municipalidad. El 18 de mayo, la comuna confirmó el desalojo 250 puestos de venta en 10 cuadras y remarcó que fue voluntario después de dialogar con los comerciantes.

El régimen especial ofrece un procedimiento abreviado para incluir en el sistema de mercados a los vendedores que fueron desalojados, mediante un proceso voluntario según el concejo, lo que eliminaría el periodo de prueba de tres meses que requiere la ordenanza reguladora general de mercados.

Para los comerciantes del giro de alimentos, especifica que deben presentar una constancia médica municipal basada en exámenes de orina, heces, serología y prueba de esputo, realizados en un periodo no mayor a 5 días.

Así mismo, aclara explícitamente que los comerciantes extranjeros que deseen aplicar al régimen deben poseer residencia permanente.

Una prohibición será que los beneficios otorgados por la ordenanza no pueden ser transferidos ni cedidos bajo ningún título.

También, el mecanismo de asignación de puestos, ya que el jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público remitirá el listado validado a la Administración de Mercados para que, según la disponibilidad, el Director de Mercados extienda la autorización correspondiente.

La nueva ordenanza fija una vigencia de 24 meses que, al finalizar, los comerciantes tendrían la opción de optar por un ingreso permanente al sistema o someterse a procesos para nuevos proyectos de mercados en el municipio.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que este jueves presentarán una iniciativa para entregarle un reconocimiento al árbitro salvadoreño Iván Barton, quien este martes dirigió la semifinal en la cual España se convirtió con un 2-0 a Francia en el primer finalista del Mundial 2026.

“Iván Barton ha hecho historia. Ha puesto en alto el nombre de nuestro país. Ningún salvadoreño ha llegado más lejos que él en la historia del fútbol mundial. Este jueves llevaremos a la Asamblea Legislativa una iniciativa para entregarle un reconocimiento por dejar en alto el nombre de El Salvador”, anunció el presidente legislativo.

Barton ha pitado cuatro partidos durante el Mundial. Durante este partido, Barton supo pitar un penal difícil, en una semifinal y con el marcador cero a cero.

Aún falta definir quién arbitrará la final y el partido por el tercer puesto.

Iván Barton se destacó al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.

La sesión plenaria está convocada para las 9:30 de la mañana aunque suele iniciar al mediodía.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) audita o realiza exámenes especiales a instituciones públicas y a municipalidades del país verificando las acciones realizadas en el ejercicio 2025, informó este martes.

De las auditorías y exámenes realizados a ejercicios 2025, la Corte informó que han finalizado han finalizado tres en alcaldías, de los cuales aún no se conocen resultados; y 26 en instituciones públicas.

En las municipalidades se realizarán 58 exámenes especiales para la fiscalización del ejercicio 2025 en las alcaldías del país: 30 exámenes están en ejecución, 25 están programados y 3 finalizados.

La institución contralora tiene previsto realizar 185 auditorías financieras y exámenes especiales en entidades públicas y organismos sujetos a fiscalización ejercicio 2025. De estas, 26 han sido finalizadas, 62 están en ejecución y 97 aún están programadas.

Años anteriores

Sin embargo, la CCR también está auditando años anteriores. Pero también durante el presente año la Corte informó que desarrolla 65 auditorías a municipalidades a ejercicios anteriores a 2025; de estas, indicó que 28 auditorías están finalizadas, 35 están en ejecución y 2 están programadas.

También, desarrolla 247 acciones de control correspondientes a ejercicios anteriores a 2025: 78 auditorías financieras y 169 exámenes especiales.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la institución, el presidente de la CCR, Walter Sosa, aseveró que están trabajando “intensamente para cerrar” la brecha y “lograr que las auditorías se realicen de una manera oportuna”.

Un total de 2,560 abogados asistieron a votar el pasado sábado 11 de julio a las elecciones de tres ternas de candidatos del sector de abogados para que la Asamblea Legislativa elija a tres miembros propietarios y sus suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

En las elecciones del 11 de julio, hubo una disminución de la participación electoral, de 1,072 electores participantes. Esto quiere decir que participaron apenas un 3.15 % de los 34,000 abogados convocados a la elección.

En las elecciones que la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) organizó en junio de 2024 para elegir a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asistieron un total de 3,632 abogados.

El CNJ, entidad encargada de proponer jueces y magistrados del país, está conformado por siete consejales: tres del sector de abogados, uno de la Corte Suprema de Justicia, uno del Ministerio Público, uno de la Universidad de El Salvador (UES) y uno de las universidades privadas.

La Asamblea Legislativa elegirá a los consejeros para el periodo 2026-2031.

No fueron electos Jacqueline Nohemy Gutiérrez Mena, que tuvo 191 votos; José René Prudencio Flores, que tuvo 176 votos; y Yuri Vladimir Argueta Velásquez, que tuvo 173 votos.

Entre los seleccionados hay 10 abogados propuestos por la Asociación de Abogados Empleados Judiciales del Órgano Judicial (Abojes), tres de Asociación de Abogados por el Progreso de El Salvador (Aprosal), cinco de Asociación Salvadoreña de Abogados Empleados Judiciales, de otras Instituciones del Estado y en el Ejercicio Libre de la Profesión (Asajelp) y una de la Sociedad de Abogados de Occidente (SAO).

El abogado más votado fue Santos Guerra Grijalba, recibió 1,395 votos, es actual miembro propietario del CNJ y fundador de la Asociación de Abogados Empleados Judiciales del Órgano Judicial (Abojes).

Los seleccionados fueron en ese orden:

1. Santos Guerra Grijalba (Abojes): 1,395 votos.

2. Karla Cecilia Roque de Rodríguez (Abojes), 1,130 votos.

3. Alexander Efraín Ticas Navarro (Abojes), 1,104 votos.

4. Sonia Aracely López Sandoval (Abojes), 1,082 votos.

5. Maritza Venancia Zapata Cañas (Abojes), 1,078 votos.

6. Edwing Armando Zeledón Hernández (Abojes), 1,065 votos.

7. Jaime Roberto Reyes Guzmán (Abojes), 1,051 votos.

8. Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez (Abojes), 1,045 votos.

9. Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza (Abojes), 1,040 votos.

10. Alcides Salvador Funes Teos (Aprosal): 693 votos.

11. Alba Geraldina Paredes de Bonifacio (Asajelp), 526 votos.

12. Doris Deysi Castillo de Escobar (SAO), 524 votos.

13. Eduardo Antonio Pérez Hernández (Asajelp), 500 votos.

14. Dianna Maricela de la O Palacios (Asajelp), 462 votos.

15. Manuel Alexander Guevara Hernández (Asajelp), 420 votos.

16. Alejandro Alberto Fuentes Lino (Asajelp), 420 votos.

17. Julia Ingrid Abigail Calderón de Hernández (Aprosal), 309 votos.

18. Fátima Mercedes Martínez de Méndez (Aprosal), 235 votos.

Un total de 11 diputados propietarios de Nuevas Ideas quedaron fuera de la contienda por un nuevo período legislativo (2027-2030), luego de que el partido oficializara a sus candidatos tras el proceso de elecciones internas.

En total, 50 legisladores actuales lograron asegurar una candidatura como diputados propietarios, de los cuales 47 son diputados propietarios y siete suplentes de la actual Asamblea Legislativa.

Las exclusiones obedecen a distintas razones.

Cinco diputados propietarios no participaron en las elecciones internas ni para buscar la reelección legislativa o una candidatura municipal: Dania González y Ana Magdalena Figueroa (San Salvador), Maricela de Guardado (Usulután), Saúl Mancía (Chalatenango) y Walter Coto (La Paz).

Otros dos diputados dejaron de aspirar a un escaño legislativo porque buscaron cargos municipales: Edgardo Mulato, diputado por San Salvador, fue electo como candidato a la alcaldía de San Salvador Norte, mientras que Johana Hernández, legisladora por Usulután, competirá por la alcaldía de Usulután Este. También, Nancy Alfaro, diputada por Cabañas que se convirtió en la candidata de NI para la alcaldía de Cabañas Oeste.

A ellos se suma Herbert Azael Rodas Díaz, diputado por La Paz, el único diputado que participó en las internas y a la vez no obtuvo los votos suficientes para ser incluido entre los candidatos. Según los resultados, recibió el 17.24 % de las marcas emitidas por la militancia en ese departamento.

Los otros dos diputados que quedaron fuera de la planilla legislativa fueron Raúl Castillo y Rodrigo Ayala, quienes fueron incorporados al Gobierno tras ser nombrados ministro de Cultura y presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones (Invest).

En total, Nuevas Ideas inscribió a 60 candidatos a diputados propietarios. De ellos, 10 no forman parte de la actual Asamblea Legislativa.

Además de los 11 diputados actuales que quedaron fuera, fueron 22 precandidatos que no lograron ganar una candidatura a diputación: cuatro en Santa Ana, tres en San Vicente, cuatro en San Salvador, dos en San Miguel, uno en La Unión, tres en La Paz, dos en La Libertad, uno en el exterior y dos en Cuscatlán.

Esto quiere decir que en esas nueve circunscripciones el afiliado tenía diferentes alternativas de votación; sin embargo, la mayor parte de precandidatos que no lograron suficientes votos no hicieron una campaña agresiva y tampoco son personas conocidas.

En las seis circunscripciones restantes, hubo precandidaturas únicas, es decir, por más que votaran distinto los afiliados, siempre clasificarían los precandidatos como candidatos. Esto ocurrió en los departamentos: Ahuachapán, Sonsonate, Chalatenango, Cabañas, Usulután y Morazán.