Autor: Yolanda Magaña

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, presentó este jueves, ante la ventanilla de Correspondencia de la Asamblea Legislativa, su propuesta de reducción del Impuesto sobre la Renta para los trabajadores salvadoreños, iniciativa que el pleno rechazó agendar el pasado martes.

La propuesta de “Disposición especial transitoria para la reducción del 50 % del Impuesto sobre la Renta aplicable a las rentas obtenidas del trabajo, correspondiente al ejercicio fiscal 2026” fue recibida hoy por la Gerencia de Operaciones Legislativas de Sección de Correspondencia Oficial a las 10:42 a.m. de este 26 de febrero, según el sello institucional.

Ortiz opinó que el Legislativo está “legislando para intereses particulares” al referirse a la reducción del impuesto por concentración de alcohol al whisky, ginebra y otros licores.

“Presentamos esa propuesta en sesión plenaria, lamentablemente la bancada mayoritaria decidió no permitir que esta propuesta vaya a comisión, por eso este día vamos a hacer la presentación para que quede en cancha de ellos”. Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz relató que “fue una sorpresa muy grande” que, después de que Vamos intentara introducir la iniciativa para reducir el Impuesto sobre la Renta, redujeran los impuestos a varios licores fuertes.

¿En qué consiste?

La propuesta de Ortiz contiene tres artículos, el primero establece la reducción del Impuesto, el segundo regularía las retenciones y el tercero la vigencia, que solo se aplicaría al pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio de 2026.

“Se reduce en un 50 % el Impuesto sobre la Renta causado por las personas naturales respecto de las rentas obtenidas del trabajo, en los térmnos definidos en el artículo 2, literal “a” de la referida ley”, señala la propuesta, que se refiere a la renta obtenida “del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneraciones o compensaciones por servicios personales”.

La reducción se aplicaría sobre el monto del impuesto después de aplicar las deducciones y las exenciones.

Según el artículo 2 de la propuesta, los agentes de retención aplicarían la reducción del 50 % en las retenciones de las rentas obtenidas del trabajo durante 2026. Las retenciones realizadas antes se mantendrían pero la reducción se aplicararía en la liquidación anual del impuesto.

La diputada asegura que el esquema de cobro de impuestos sobre los salarios de los salvadoreños no ha tenido “ajustes estructurales acordes a la realidad económica actual” y que es “una de las principales afectaciones al ingreso disponible de los trabajadores formales”, por lo que cree necesario “compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo del salario”.

El reglamento interior de la Asamblea indica que “las solicitudes, mociones y en general toda correspondencia relacionada con el trabajo de la Asamblea, serán estudiadas y dictaminadas por la comisión que la Presidencia oportunamente determine” y para ello “se abrirá el expediente respectivo.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, se reunió con el subsecretario de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Riley M. Barnes, y le expresó que “los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad” en El Salvador.

“Sostuve un encuentro con Riley M. Barnes, a quien expresé que, para nosotros, los derechos humanos de los ciudadanos honestos son prioridad en la agenda de seguridad; además le expliqué de nuestro trabajo para combatir la trata de personas, entre otros temas”, informó en X la funcionaria.

En un giro respecto a los informes anteriores, el Departamento de Estado de EE.UU. aseveró, en su Informe anual sobre Derechos Humanos 2024, que no ve “informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” en El Salvador y destacó que el Gobierno salvadoreño tomó “medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

Sin embargo, el informe habla de “desafíos” en el cumplimiento de las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales en El Salvador, de muertes de personas en prisión antes de ser condenadas y denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

Este informe, publicado en agosto de 2025, indica que hubo 2 denuncias de tortura, 47 denuncias de violaciones a la integridad física, 53 de malos tratos, 34 de abuso físico y 3 de agresión y discriinación. A la vez, señala medidas disciplinarias para 14 policías y destitución de 12.

Los funcionarios que se reunieron no detallaron si conversaron sobre los desafíos en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la población salvadoreña.

El respeto a los derechos humanos en El Salvador es cuestionado por organizaciones no gubernamentales que cuestionan que en El Salvador hay violaciones a garantías judiciales o debido proceso de personas que hayan sido detenidas y violaciones a sus derechos humanos, como arbitrariedad en las capturas, malos tratos y muerte de 480 detenidos desde el inicio del régimen de excepción.

Barnes también fue nombrado en febrero de 2026 por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como coordinador especial de Estados Unidos para Asuntos Tibetanos. Antes, fue asesor principal del subsecretario de Asuntos Políticos, subsecretario para asuntos de organizaciones internacionales, asesor principal del embajador en misión especial para la libertad religiosa internacional.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, pidió a la Asamblea Legislativa derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos que establece un mínimo accionario del 51 % en las entidades bancarias por personas salvadoreñas o centroamericanas, empresas con una mayoría local o regional o extranjeros calificados.

Según la propuesta, la reforma busca “dar acceso a los nuevos capitales e inversiones en el país, a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera, posibilitando la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito a los ciudadanos”.

Esto, según el Gobierno, eliminará restricciones legales que impiden o dificultan la “entrada de nuevos competidores en el mercado”.

El artículo 10 de la Ley de Bancos exige que la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador se mantenga en un 51 % entre personas salvadoreñas o centroamericanas o en empresas con mayoría de accionistas salvadoreños o centroamericanos, o bien en manos de bancos centroamericanos con regulación “prudencial” y supervisión calificada por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente; o bien en propiedad de bancos extranjeros de países con regulación prudencial y calificados «como de primera línea» por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

La propuesta fue recibida a las 8:45 a.m. de este martes 24 de febrero y fue publicada por el sitio de la Asamblea Legislativa la noche del martes, al finalizar la sesión plenaria.

Según la misiva enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, a la ministra, la propuesta busca «atender las necesidades de inversión, consumo y desarrollo de los distintos sectores de la economía nacional».

Esta será recibida por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, convocada para este viernes.

Según un estudio del Banco de España, publicado en marzo de 2025, la banca de capital colombiano conforma el 54.1 % del mercado y los bancos de origen salvadoreño solo conforman el 14 %. Son 13 bancos en El Salvador: cinco de capital salvadoreño –Fomento Agropecuario, Hipotecario, Abank, Azul e Integral– y el resto, privados, Bancoagrícola, parte de Bancolombia; Davivienda, del grupo colombiano Bolívar; Cuscatlán, de Inversiones Cuscatlán Centroamérica; Atlántida (Honduras); Banco de América Central (BAC Credomatic) y Promerica, de origen nicaragüense; e Industrial, de capital guatemalteco y Citibank, estadounidense.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes dos decretos transitorios para extender el plazo que tienen los salvadoreños para modificar su domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) y que este sea incorporado en el Registro Electoral de las elecciones generales del 28 de febrero 2027.

Para los salvadoreños en general, las modificaciones podrán realizarse «hasta 10 meses» antes de las elecciones, por lo que el plazo vencería el 27 de abril de 2026 y ya no este 27 de febrero. Eso implica que los salvadoreños residentes en el país tendrían dos meses más para realizar este tipo de trámites y que el Registro Electoral lo incorpore.

Para los salvadoreños en el extranjero, el plazo se extiende más, ya que permite realizar las modificaciones «hasta 90 días antes» de las elecciones de 2027, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2026.

Ambos decretos transitorios dejarían dejarán sin efecto temporalmente el artículo 20 del Código Electoral cuando establece que el Registro Electoral debe suspender la modificación de residencia un año antes de las elecciones.

Sin embargo, para el registro electoral de los salvadoreños en el extranjero, quedaría sin efecto el primer inciso del artículo 20 en general, es decir, cuando exige que el Registro Electoral debe suspender la inscripción de ciudadanos 180 días antes de las elecciones y también la modificación de residencia un año antes.

La dispensa de trámites del primer decreto fue aprobada por 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El fondo de lo solicitado de ambos decretos fue aprobado por 59 votos, los 54 de Nuevas Ideas, los 2 del PCN, 1 del PDC y 2 de Arena. Ningún diputado opinó sobre los decretos aprobados.

Ambas iniciativas fueron presentadas el 24 de febrero de 2026 a la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas Ernesto Castro, Suecy Callejas, Raúl Chamagua, Ana Figueroa, Elisa Rosales, Walter Alemán, Caleb Navarro y Giovanny Zaldaña.

«Se espera una gran participación de electores y surge la necesidad que el votante pueda realizar actualizaciones de residencia o domicilio en un plazo mayor al establecido en el artículo 20», argumentan en el decreto «Disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de residencia o domicilio en el Documento Único de Identidad».

En el decreto «Disposición transitoria para extensión de plazos para cambio de domicilio en el Documento de Identidad para personas en el extranjero» los diputados de Nuevas Ideas argumentan que hay una «previsible participación masiva de electores en el exterior» y que el Estado tiene la obligación de «remover obstáculos que limiten el ejercicio del sufragio».

Según los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), hasta el 31 de diciembre de 2025, sin contar personas fallecidas, 5,562,462 salvadoreños con domicilio en El Salvador.

También, hasta diciembre de 2025, había un total de 938,848 salvadoreños con domicilio en el extranjero, pese a que se considera que hay unos tres millones de salvadoreños en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos.

El presidente de Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Gabriel Mato, manifestó al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, interés de participar como observadores en las elecciones de El Salvador.

Ambos funcionarios sostuvieron una reunión de trabajo en Bruselas, Bélgica, informó la Vicepresidencia de la República en X. También participó el coordinador del Grupo Popular Español en el Partido Popular Europeo (EPP), Juan Salafranca.

El eurodiputado Mato mostró interés sobre la posibilidad de participar como observadores con una delegación de la Unión Europea en las próximas elecciones de El Salvador, indicó la Vicepresidencia. “En este marco, reiteraron su disposición de promover iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo de los pueblos y al fortalecimiento de las relaciones entre El Salvador y la Unión Europea”, indicó.

El Salvador realizará elecciones generales, presidenciales, legislativas y municipales, el 28 de febrero de 2027. Las presidenciales, aunque estaban programadas para 2029, fueron adelantadas a 2027 luego de que la Asamblea Legislativa alargara el periodo presidencial de cinco a seis años.

Según la Vicepresidencia, las delegaciones coincidieron en la importancia de “un diálogo político permanente” para ampliar la agenda birregional y en establecer metas comunes sobre progreso económico y social.

En las elecciones generales de 2024, se acreditaron un total de 3,054 observadores nacionales e internacionales, 2,396 observadores nacionales y 658 observadores internacionales. La Unión Europea (UE) acreditó cuatro observadores extranjeros.

La delegación más grande es la enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con 95 observadores.

En las elecciones presidenciales de 2019, hubo 4,294 observadores, 3,220 nacionales y 1,074 internacionales.

La Asamblea Legislativa reformó hoy, con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, el presupuesto 2026 para incorporar $6.2 millones del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la simplificación de trámites en instituciones del Estado.

Con los $6.2 millones, se contrataría los servicios para el desarrollo de sistemas informáticos de digitalización de trámites en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Los fondos provienen de un préstamo CFA-12061 del CAF, aprobado el 4 de julio de 2023, para financiar el “Programa para la transformación del clima de negocios de El Salvador a través de la facilitación del comercio e inversiones”, que busca mejorar la infraestructura física y servicios informáticos, para atención a usuarios en las diferentes aduanas del país, la simplificación y digitalización de trámites, con intervención en 18 instituciones públicas y la creación de una plataforma digital para la implementación de la firma electrónica.

La Asamblea Legislativa reformó la autorización del préstamo de $195 millones del BID para la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador con el fin de que el Ministerio Hacienda, que suscribirá el crédito, done los fondos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y no exija el reembolso de los mismos como se había determinado en el decreto original.

Hubo 57 votos a favor y 1 en contra, de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

Se reformó el artículo 2 del decreto aprobado el 18 de diciembre de 2025 que facultaba a Hacienda a suscribir con la CEPA un convenio para transferir «en carácter reembolsable bajo las mismas condiciones financieras del contrato de Préstamo». La reforma indica el convenio será de transferencia “no reembolsable” a CEPA.

El contrato de préstamo 6073/OC-ES fue suscrito por el Ministerio de Hacienda el 13 de enero de 2026 con el BID.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley de Procedimientos Administrativos para no exigir la apostilla en trámites comerciales aduaneros, con el fin de crear “un clima de negocios atractivo” para inversores nacionales y extranjeros.

La reforma también quita el requisito de presentar copias autenticadas impresas o firmas manuscritas.

En la reforma se incorporó un nuevo artículo 4-A para que, «cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero», no se exigirá su legalización o apostilla ni copias autenticadas, impresas o firmas manuscritas, «cuando dichos documentos se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos».

También establece: «Tampoco se exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero cuando cuente con mecanismos de verificación electrónica» o en base a convenios con las entidades extranjeras.

Actualmente el artículo 4 elimina requisitos considerados innecesarios entre estos documentos emitidos por la institución que los solicita o documentos ya proporcionados con anterioridad salvo se hayan vencido, o incluso elimina la exigencia de presentar documentos que obren en registros públicos.

En el pleno, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, aseguró: «No estamos eliminando el control de la apostilla por ejemplo, sino que se racionaliza el momento en que se exige. Pasamos de un control rígido y previo, que puede y retrasa y frena la actividad económica a un control que es inteligente y que es verificable».

La diputada dijo que esto impacta en inversionistas que están «interesados de hacer negocios» en El Salvador. «Busca reducir las barreras formales y mejorar la competitividad del país frente a otras naciones y fortalecer la atracción de inversión», opinó.

Señaló que la base de esta reforma es el principio de «antiformalismo». «No estamos haciendo una reforma menor, dado que estamos ajustando la forma en cómo interactúa la administración pública con la sociedad y la ciudadanía», indicó. Aseveró que la reforma «no contradice el derecho internacional».

Para la diputada Marcela Villatoro, de Arena, se podrían violar los principios de transparencia y rendición de cuentas en el tema de las compras públicas. «Debería de haberse estudiado un poquito más», observó. Señaló que cuando la facilidad se le da a una empresa que «falsifica sus documentos», la culpa no sería de la empresa sino del Gobierno. «Al final, es un daño a la transparencia», dijo en declaraciones a periodistas.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una autorización a Hacienda para que suscriba el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones para financiar el proyecto denominado “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador”.

El decreto legislativo 520 fue aprobado con 57 votos a favor y 1 en contra.

Con los fondos se financiará la rehabilitación de los sistemas de drenaje de las colonias Médica y Santa Lucía, construcción de lagunas de laminación en la quebrada de Buenos Aires, Santa Tecla, y la quebrada Merliot, en La Libertad; rehabilitación de bóvedas en la quebrada El Piro y bulevar Constitución; actualización del plan maestro de drenaje del área metropolitana de San Salvador (AMSS) y estudios de preinversión para proyectos de drenajes.

También se financiarán cursos de capacitación técnica en materia de gestión de riesgos de inundaciones, campañas de sensibilización para la disposición adecuada de residuos sólidos, el fortalecimiento de alerta temprana, la incorporación de sensores para la medición y transmisión de datos, el equipamiento para el sistema de monitoreo, y las auditorías respectivas del proyecto.

El Ministerio de reconoció el lunes en Comisión de hacienda que “los sistemas de drenaje urbano compuestos en gran medida por bóvedas y colectores antiguos” están obsoletos, así como el “acelerado proceso de urbanización que reduce áreas permeables” y reiteró que hay una «inadecuada disposición de desechos sólidos que ocasionan inundaciones recurrentes».

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la “Ley reguladora de la producción y comercialización de alcohol y de bebidas alcohólicas” para disminuir las alicuotas del impuesto específico por contenido de alcohol para bebidas destiladas, concretamente el whisky con grado alcohólico volumétrico superior al 60 % y otros, el ginebra y la partida arancelaria de «licores».

Actualmente los cuatro grupos de licores afectados por la reforma pagan 16 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro de bebida.

El impuesto baja a 9 centavos para whisky con grado mayor al 60 % y otros; para el ginebra y la partida de “licores”; y disminuye a 5 centavos para la partida arancelaria de “licores”.

En la reforma, no se afectan los vinos, el vermut, la cerveza, bebidas como sidra, el ron y tampoco el vodka o aguardientes obtenidos por fermentación con grado superior al 60 %. Estos licores mantienen su alicuota de 9 centavos.

La solicitud enviada por el Ministerio de Hacienda y aprobada con dispensa de trámites señaló que esto se deriva “de la evolución del comercio y de la aplicación del principio de trato de nación más favorecida”.

Los cambios en detalle fueron:

Al whisky con con grado alcohólico volumétrico superior a 60 % vol, se reduce de $0.1600 a $0.0900 la alicuota sobre cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida. Se trata de la partida arancelaria 22.08.30.10. El whisky es la partida 22.08.30.

A “otros” siempre en la categoría de whisky, se baja de $0.1600 a $0.0500 sobre cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida. Se trata de la partida arancelaria 22.08.30.90.

A la partida de “Gin y ginebra”, que paga actualmente $0.1600 por cada uno por ciento en volumen de alcohol por litro de bebida, el impuesto se baja a $0.0900. Es la partida 22.08.50.00.

A los “Licores”, se baja de $0.1600 a $0.0900. Es la partida 22.08.70.00.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó que en el momento de la votación acababan de recibir el documento. “Yo no sé si mis colegas diputados ya tienen el diputado, si les interesa tenerlo o van a pushar el botón, este no es un buen procedimiento para aprobar leyes”, cuestionó a Nuevas Ideas.

La diputada Suecy Callejas le respondió que la diputada Elisa Rosales lo leyó y que por eso es “un acto notorio y público”. Ortiz le respondió que la “simple lectura” no equivale “a tener acceso para poder analizar, leer y tomar una decisión responsable”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también pidió el documento. “Me resulta contradictorio que ningún diputado pudiera explicar a qué se debe, cuál es la finalidad, me atrevería a decir que si yo pregunto al azar, tampoco tienen conocimiento de lo que se busca o la finalidad de este documento”, cuestionó.

Castro lo sometió a votación. Ortiz votó en contra. Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor de la reforma.