Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa aprobó dictámenes favorables para reformar la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, el Código Penal y el Código Procesal Penal para aumentar penas de prisión, crear un nuevo delito y prohibir la conciliación de las víctimas o sus familiares con los conductores peligrosos que les han provocado muertes o lesiones.

La reforma al artículo 147-E del Código Penal castiga con prisión de 2 a 5 años, como delito de conducción peligrosa, a los conductores de vehículos de transporte público de pasajeros y transporte de carga sin autorización o licencia.

Si la conducción peligrosa provoca homicidio o lesiones, las penas se incrementan a 10 años de prisión para conducción peligrosa en vehículos automotores y hasta 15 años de prisión en transporte público o de carga.

La reforma prohíbe la conciliación, la mediación o la reparación integral del año como forma para extinguir la acción penal.

Se introduce un nuevo delito con pena de 5 a 10 años de prisión al propietario, poseedor o encargado de un vehículo de transporte colectivo de pasajeros o de carga de ocho toneladas o más que permita a otra persona conducir la unidad sin poseer la licencia correspondiente.

«Solo esa conducta por sí sola constituiría delito, quien le entregó el camión como el segundo deben responder penalmente», dijo el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados.

La reforma a la Ley de transporte busca que se decomisen obligatoriamente las unidades de transporte público colectivo o vehículos de carga de 8 toneladas o más con neumáticos desgastados o fallas en el sistema de luces o hayan sido modificados estructuralmente, y que los gestores de tráfico o personal del Viceministerio de Transporte (VMT) pueda hacer estas remisiones de vehículos o decomisos de documentos.

La modificación también permite al VMT habilitar puntos de Revisión Técnica Vehicular propios.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que la reforma «no es una medida que busque afectar a un sector en específico».

La reforma se da luego de accidentes de tránsito ocurridos desde finales de septiembre pasado.

En la Comisión, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que en el accidente del 30 de septiembre, cerca del redondel Integración sobre el bulevar Constitución, la volqueta viajaba con un exceso de 8 toneladas, 24 toneladas en total, frenos en mal estado, zapatas mal ajustadas y por encima del límite de velocidad.

Señaló que en el accidente de tránsito, ocurrido el 2 de octubre en el tramo de Los Chorros de la carretera Panamericana, provocó 5 fallecidos y 27 lesionados, de los cuales únicamente 12 decidieron continuar con el proceso.

Un factor común entre ambos vehículos de estos accidentes, advirtió, es que ambas unidades fueron modificadas sin la autorización del Viceministerio de Transporte.

El fiscal relató que en accidente ocurrido en la calle Chiltuipán, en Ciudad Merliot, un automovilista que conducía con 138 grados de alcohol en su organismo contraminó a una mujer que caminaba con su mascota sobre la acera. Señaló que, entre enero al 1 de octubre, han ocurrido 16,809 accidentes y 1,083 fallecidos.

Sin embargo, la mayoría de fallecidos en accidentes de tránsito en El Salvador son motociclistas, cuyos accidentes concentran el 51 % de fallecidos en siniestros viales.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó este martes un total de $95,321,505 como presupuesto de la institución para el año 2027, de los cuales utilizaría $94,580,340, un 99.2 %, para operatividad de la institución; y $741,165 para inversión pública, además de impulsar proyectos de denuncia digital con Inteligencia Artificial y del proyecto «Integra».

Para 2027 han programado algunos fondos para iniciar proyectos de construcción y equipamiento de oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en los distritos y departamentos de San Miguel, Ahuachapán y la Unión, y la rehabilitación y equipamiento del edificio de la FGR y la construcción del edificio anexo para parqueos en el Centro de Gobierno, en San Salvador.

Así mismo, sostuvo que continuarán con el proyecto de denuncias con Inteligencia Artificial y, además, una plataforma digital que permite la comunicación de la FGR con otras instituciones, proyecto que se denomina Integra.

“Todo esto con el apoyo del Gobierno Central, quien nos brindó la asesoría correspondiente, para conocer la experiencia de Inteligencia Artificial en modelos de gestión de Fiscalías”. Rodolfo Delgado, fiscal general.

Según el funcionario, para impulsar estos proyectos tuvieron el apoyo de la Fiscalía de Río Grande del Sur. El proyecto de Inteligencia Artificial está en entrenamiento y en el próximo año iniciaría su fase “experimental”.

La recepción de denuncias con Inteligencia Artificial, que según las declaraciones del fiscal prioriza automáticamente los casos, está siendo “desarrollado por dos compañías de algún nivel de fama comercial a nivel mundial”. Según el fiscal, cada dispositivo móvil se convertirá en una recepción de denuncias al servicio de las personas para poder «interactuar con estos agentes de Inteligencia Artificial, que básicamente van a ser receptores de denuncias”.

El proyecto concluiría en la conformación de una Oficina de transformación digital de la FGR, algo que calificó como «el proyecto mayor que va eventualmente a absorber el proyecto” de recepción de denuncias con IA y que busca conformar expedientes electrónicos de investigación. “Con ese sistema sí vamos a tener una estadística confiable”, dijo. Se aplicaría totalmente “a mediados de 2028”.

De acuerdo al funcionario, la FGR ha adquirido hardware para mantener la «soberanía de la información» y «evitar la injerencia de extranjeros como de personas con oscuras intenciones quieran hacerse de ese tipo de información»

Los diputados elogiaron la gestión fiscal.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción del partido oficial Nuevas Ideas, indicó que en tiempos pasados cuando había 103 homicidios por cada 100,000 habitantes “una de las instituciones en las que no confiaba el pueblo salvadoreño era la Fiscalía General de la República” porque, cuando iba “aquel comerciante a denunciar ante la Fiscalía el pandillero o el jefe de pandilla ya se daba cuenta en el momento porque existían malos elementos que hacían muy mal su trabajo y estaban coludidos con todo este crimen organizado que tanto atemorizó a nuestro país”, le dijo Navarro a Delgado.

Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), también elogió la gestión de Delgado.

“La Fiscalía anteriormente se dedicó únicamente a apoyar a los partidos políticos, ya sabemos cuáles, y a apoyar al crimen organizado, no era una Fiscalía que estaba en contra del crimen, y yo lo viví en carne propia, señor fiscal, cuando hubieron fiscales que arremetieron en contra de mi persona”, afirmó.

En la presentación, la FGR informó que 10,561 pandilleros han sido condenados, de los cuales 1,348 son menores de edad y 9,213 adultos, mientras han obtenido 244 absoluciones y 10 sobreseimientos, durante el régimen de excepción. De los condenados, 7,765 pandilleros de la MS-13, y el resto de las pandillas 18S, 18R, Mirada Loca, Mao Mao, Máquina y otras.

También sostuvo que de cada 100 personas procesadas, 84 son condenadas. El diputado López Cardoza observó que el 16 % ha salido libre.

El ministro de Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro, aseguró en la presentación del proyecto de presupuesto del Ramo de Seguridad que pueden dar la garantía de que «ninguno» de los pandilleros saldrá de la prisión, aunque detalló que tienen diferentes condenas.

Villatoro explicó que el recorte de $20 millones que tendrá el Ramo de Seguridad en el año 2027 no desmejorará el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad.

“La garantía de que ninguno de estos pandilleros va a salir está garantizada, ninguno de estos asesinos seriales va a salir libre, ninguno va a regresar a nuestras comunidades”, expresó, ante los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que lo recibió el 20 de octubre, al estudiar el proyecto de presupuesto general del Estado de 2027.

«Creo que hemos venido de una forma responsable a pedir las reformas legales necesarias para cumplir a cabalidad lo que el presidente mencionaba, garantizarle a los salvadoreños que ninguno de los asesinos seriales, pandilleros o pandilleros no brincados, postes, chequeos, gatilleros, van a salir de la cárcel. Ustedes mismos nos apoyaron con la iniciativa de reforma de la Constitución donde establecía la cadena perpetua por pertenencia a organizaciones terroristas», afirmó el funcionario, ante una pregunta de la diputada Suecy Callejas.

De acuerdo con el funcionario el régimen de excepción es el protocolo de guerra contra las pandillas que es respaldado por la población, ya que esta prefiere un régimen de excepción sobre «un régimen terrorista», dijo; pero subrayó que la otra herramienta es toda la infraestructura legal aprobada por la Asamblea Legislativa con la cual ya se ha podido condenar a «cerca de 11,000 pandilleros que fueron capturados dentro del régimen».

Ya no hay vuelta atrás, los 45, las cadenas perpetuas, los 30, los 20 años, ya los tienen y esa es la apuesta, seguir semana a semana, condenando dentro de un Estado de Derecho que somete a un detenido a un sistema judicial que termina imponiendo la sanción. Está claro que ni en el peor de nuestros sueños ninguno de estos asesinos seriales o pandilleros o pandilleros no brincados van a salir de nuestra cárcel. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

En abril de 2026, en El Salvador está vigente el nuevo delito de «pertenencia a organización criminal o terroristas» y la cadena perpetua para el mismo –también para delitos de homicidio simple o agravado, feminicidios y violaciones– pero esta puede bajar a 10 años de prisión con una autorización fiscal y ordena una revisión obligatoria cada cinco años a partir de 25 años de cárcel para menores, 30 años para adultos, 35 años para múltiples delitos y 40 años para delitos con agravantes. Antes, a las pandillas se les aplicaba el delito de «agrupaciones ilícitas» que ahora es para delitos no pandilleriles. Un poco más de diez personas en El Salvador han sido condenadas a cadena perpetua.

En sus discursos, funcionarios del Gobierno actual ha insistido en que los pandilleros no saldrán libres nunca. El 1 de junio de 2025, al cumplir el primer año de su segundo gobierno, Bukele aseguró que no liberarán «nunca» a los pandilleros. «Por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado, porque debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más… Sigan gritando libérenlos ya. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca», fueron las palabras de Bukele, ese día.

Durante la última semana, Bukele mencionó la posibilidad de liberar de manera anticipada a la mitad de personas procesadas por colaborar con las pandillas, aclarando el 16 de octubre que se refería a los colaboradores circunstanciales, que son, dijo, 10,626. Ese día, Bukele aseguró que ningún pandillero saldrá libre pero también señaló que «no todos los delitos van a tener condena infinita, no se puede, no existe ningún país en el mundo que tenga eso».

Indicó que «ningún pandillero va a salir libre, nunca, ningún poste, chequeo, ningún gatillero que no son oficialmente pandilleros pero ellos sabían que pertenecían a la estructura» y que los llamados «paros» «tal vez salgan libres en 20, 30 años» y que revisarán los casos de los colaboradores, que informó son 10,626, para evaluar si la mitad puede ingresar al Plan Cero Ocio.

El ministro de Seguridad y de Justicia, Gustavo Villatoro, defendió este martes el presupuesto asignado para el año 2027 al Ramo de Seguridad señalando que el proyecto principal que tienen para el próximo año es el desarrollo de la Inteligencia Artificial sin apoyo internacional con apoyo de profesionales graduados en Estados Unidos.

De acuerdo con Villatoro, tienen 17 agentes virtuales o digitales de Inteligencia Artificial (IA) que proyectan aumentarlos a 50 para mediados del año 2027. «Esto es algo trabajado con jóvenes salvadoreños», afirmó, algunos de Georgia Tech, Barcelona Technology School y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Relató que han trabajado en el proyecto de IA soberana desde hace más de dos años. Detalló que el centro de datos están conectados a tres servidores Nvidia donde donde pueden hacer el modelaje de 17 agentes virtuales.

“Pretendemos para el presupuesto del otro año continuar con la transformación tecnológica, ir consolidando esos desarrollos de IA soberana, nuestra meta es tener, no 17 gemelos digitales, sino llegar a 50, es como el proyecto principal que tenemos dentro de este esfuerzo”. Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

Los policías tienen más de 21,500 dispositivos móviles con capacidad de identificación facial, un proyecto que continuaría para el año 2027; y proyectan $2.29 millones para infraestructura informática y $1.14 millones para expandir los drones a otras ciudades en 2027. Citó después que para IA habrá una asignación de $4.4 millones.

Según Seguridad, poseen 369 unidades vehiculares eléctricas con 53 puntos de carga, algo que calificó «sin precedentes» en eficiencia.

Para el próximo año, proyecta el traslado de la delegación de Santa Tecla a la sede de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que se concentrará en Comalapa, y el traslado del Sonsonate a una nueva sede sin trasladar el mobiliario.

En su presentación, el funcionario destacó que el 80 % de los 1,350 días sin homicidios durante el gobierno actual ocurrieron en el régimen de excepción. «Era importante poder activar un protocolo de guerra» contra las organizaciones criminales, «esta caída de homicidios no tiene ningún ejemplo en la historia de la humanidad», expresó.

La inversión pública programada en el Ramo de Seguridad para el año 2027 suma un total de $9.76 millones, de los cuales $8.21 millones serían ejecutados por el Ministerio, $1.8 millones por la PNC, $1.5 millones por Centros Penales y $0.25 millones por la ANSP.

Los diputados elogiaron la gestión de seguridad y criticaron a la oposición. El diputado Edgado Mulato, de Nuevas Ideas, criticó la interpelación del ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó este martes el sorteo de la quinta posición de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y de las Juntas Electorales Municipales (JEM), organismos clave para las elecciones e integrados por cinco miembros propietarios y cinco suplentes.

Los partidos con derecho propio para proponer las cuatro primeras posiciones de las Juntas son: Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido de Concertación Nacional (PCN). La quinta posición es sorteada.

Ello ocurre porque los cuatro partidos con más votos en la última elección legislativa son los que tienen derecho propio de proponer un puesto propietario y su respectivo suplente en las Juntas y la quinta posición se sortea “entre el resto de partidos, coaliciones y candidaturas no partidarias”.

En el sorteo, el partido Vamos logró una presidencia, una secretaría y una primera vocalía en tres JED; el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) logró una primera y una segunda vocalía; el Partido Demócrata Cristiano (PDC) logró dos primeras vocalías y una segunda vocalía; Fuerza Solidaria (FS), una secretaría, una primera vocalía y una segunda vocalía; y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) logró una presidencia, una secretaría y una primera vocalía en tres JED.

Luego del sorteo, la quinta posición en las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) quedaron distribuidas así:

• Vamos: primer vocal de la JED de San Salvador
• Gana: segundo vocal de la JED de Santa Ana
• PDC: primer vocal de la JED de San Miguel
• Fuerza Solidaria: secretario de la JED de La Libertad
• FPS: presidente de la JED de Usulután
• Gana: primer vocal de la JED de Sonsonate
• PDC: segundo vocal de la JED de La Unión
• FS: primer vocal de la JED de La Paz
• FPS: secretario de la JED de Chalatenango
• Vamos: presidente de la JED de Cuscatlán
• PDC: primer vocal de la JED de Ahuachapán
• FS: segundo vocal de la JED de Morazán
• FPS: primer vocal de la JED de San Vicente
• Vamos: secretario de la JED de Cabañas

 

Los miembros propuestos por los partidos no deben estar afiliados a partidos; a inicios de octubre, el TSE verificó un total de 188 propuestas que tenían afiliaciones a partidos, del total de propuestas recibidas por 10 partidos políticos.

¿Por qué son clave las JED para las elecciones? Porque las JED tienen como función verificar el cumplimiento de las obligaciones de las JEM y las Juntas Receptoras de Votos (JRV), conocer las resoluciones emitidas por las JEM, resolver incidentes en centros de votación cuando estos no sean atendidos por las JEM, informar inmediatamente al TSE sobre desórdenes públicos en las elecciones, vigilar el funcionamiento de las JEM, JRV y delegados.

Entre las funciones de las JEM, están recibir la protesta de ley de las JRV, entregar a las JRV y delegados los paquetes electorales, revisar la integración de las JRV para su integración al momento de iniciar las jornadas electorales, resolver dificultades en el normal desarrollo de las elecciones, recibir la documentación de los delegados y JRV para elaborar un acta municipal preliminar del escrutinio, informar a las JED y Junta de vigilancia Electoral (JVE) de desórdenes, vigilar el funcionamiento de las JRV e informar irregularidades a las autoridades.

El 7 de octubre pasado, el TSE identificó un total de 188 afiliados a partidos políticos fueron detectados entre las 586 propuestas realizadas por los partidos para integrar las 14 JED, las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM) y la única Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX) que administrará el voto electrónico remoto en el extranjero en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La nueva ley de amnistía que sería aprobada el miércoles perdonará multas, intereses o recargos sobre tributos no pagados, sobre multas de instituciones o sobre multas de tránsito. Los salvadoreños podrán aplicar a las facilidades de pago sobre deudas vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026 y el plazo para aplicar vencerá el 11 de diciembre de 2026.

¿Quiénes pueden aplicar a la amnistía 2026?

Contribuyentes y deudores de tributos administrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) del Ministerio de Hacienda.

Deudores de multas de tránsito pendientes por infracciones a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Personas que adeuden multas impuestas por cualquier institución de la Administración Pública. Se excluyen las municipalidades.

Contribuyentes con procesos abiertos en sede administrativa, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), jurisdicción contencioso administrativa, amparo en la Sala de lo Constitucional, Fiscalía General de la República (FGR) o cobro judicial.

¿A qué deudas tributarias aplica?

Aplica a las siguientes deudas y obligaciones:

Impuestos Internos (administrados por la DGII): impuesto sobre la Renta, impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces, Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) y demás impuestos internos cuya gestión corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos, retenciones, percepciones y anticipos a cuenta no enterados o mal calculados.

Impuestos aduaneros, como Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), impuestos aplicables a la importación y nacionalización de mercancías, tributos vinculados a regímenes temporales de aduanas cuyos plazos de permanencia autorizados hayan vencido.

Otras obligaciones y multas contempladas como multas de tránsito o impuestas por instituciones, declaraciones de mercancías cuyo plazo límite para presentar o liquidar venza o haya vencido, incluyendo las correspondientes al período de septiembre de 2026.

Deudas líquidas, firmes y exigibles, así como aquellas en trámite de cobro judicial o remitidas a la Fiscalía General de la República.

¿En qué casos los contribuyentes podrán aplicar a la amnistía?

Omisos en declarar: si no han presentado una o más declaraciones tributarias o de mercancías.

Declaraciones sin pago o con inconsistencias: si presentaron declaraciones sin pagar el impuesto liquidado, con valor cero habiendo realizado operaciones gravadas, o reflejando saldos a favor superiores a los que por ley corresponden.

Retenciones y anticipos no enterados: si no retuvieron retenido tributos o si los retuvieron y no los entregaron al fisco, o en menor cantidad.

Procesos en auditoría o impugnación: si están en proceso de fiscalización, audiencia y apertura a pruebas, o con recursos de apelación interpuestos ante el TAIIA, demandas en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Amparo o Casación.

Informes o dictámenes pendientes: si no han presentado informes o dictámenes tributarios exigidos por la ley.

Regímenes temporales de aduanas: si tienen mercancías bajo régimen de importación o circulación temporal cuyos plazos autorizados de permanencia se encuentren vencidos.

¿Cuál es el procedimiento para aplicar?

Plazo límite: toda la gestión debe realizarse a más tardar el 11 de diciembre de 2026.

Presentación de declaraciones e informes: deben presentar las declaraciones originales o modificatorias, mercancías o informes omitidos ante la DGII o la DGA, según corresponda, adeudados hasta el 30 de septiembre de 2026.

Pago o solicitud de plazo: se debe efectuar el pago de los tributos en la Dirección General de Tesorería (DGT) o bancos autorizados, o solicitar ante la DGT la resolución para pago a plazos.

Desistimiento de recursos: el contribuyente debe presentar escrito de desistimiento o renuncia del proceso para que se emita la certificación de la deuda objeto de pago, en caso haya procesos administrativos o judiciales.

¿Cuál es la opción de pago que ofrece la amnistía fiscal?

La ley otorga la exoneración total del pago de intereses, recargos y multas, y ofrece dos modalidades de pago:

Pago de contado: cancelación inmediata en moneda de curso legal, cheques de caja/gerencia a nombre de la DGT, Notas de Crédito del Tesoro Público o tarjetas de crédito/débito autorizadas.

Plan de pago a plazos: se puede otorgar un financiamiento de hasta 9 cuotas mensuales. El contribuyente debe cancelar una primera cuota equivalente al 10% de la deuda el mismo día en que se le notifique la resolución del plan de pago. El saldo restante se cancela en 8 cuotas mensuales y sucesivas.

Pérdida del beneficio: el incumplimiento de los pagos asignados provocará la pérdida de los beneficios concedidos, reactivándose las multas e intereses sobre el saldo adeudado

Las cuatro empresas públicas del Estado, Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), prevén necesidades de financiamiento por $357.1 millones de acuerdo con sus proyectos de presupuesto de 2027.

Estas cuatro empresas públicas tienen un total de $691.7 millones de ingresos de operación pero si a sus gastos de operación por $574.3 millones se suman los gastos administrativos, intereses y comisiones de deuda, resulta una cifra negativa de $160.9 millones.

En conjunto, las instituciones presentan un déficit en sus operaciones de $160,984,572 de acuerdo con el presupuesto administrativo financiero del proyecto de Ley de presupuesto general del Estado 2027. Solo la LNB presenta un superávit de operación de $200,000 pero el presenta diferencias de $92.5 millones en la CEL, $38.5 millones en la ANDA y $30 millones en la CEPA, por lo que requieren financiamiento.

Sumando otros gastos de administración de inversión, preinversión e inversión, las necesidades de financiamiento que tendrán tres entidades alcanzan los $357.1 millones: $116.6 millones en la CEL, $39.7 millones en la ANDA y $200.7 millones en la CEPA.

Así, el financiamiento previsto en la CEL está compuesto por financiamiento externo y utilidades de ejercicios anteriores ya sea en saldo inicial de caja y bancos así como cuentas por cobrar de años anteriores.

La ANDA ha programado un financiamiento compuesto en su mayoría por financiamiento interno y cuentas por cobrar.

Por último, el financiamiento revisto de la CEPA provendría de financiamiento interno y utilidades de años anteriores.

En 2026, las cuatro empresas públicas proyectaban una necesidad de financiamiento de $286.7 millones y un déficit de $154.1 millones, resultante de restar $596.6 millones de gastos de operación y $275.4 millones de gastos administrativos, intereses y comisiones de la deuda, a los $717.9 millones de ingresos de operación.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió a la cadena perpetua en sus declaraciones sobre la valoración de una libertad condicional anticipada para detenidos procesados por una colaboración ocasional con las pandillas y la aplicación al Plan Cero Ocio.

«Nosotros sabemos que no todos los delitos tienen cadena perpetua. Es más, la cadena perpetua no existía en El Salvador, nosotros la introdujimos hace seis meses, en abril. En El Salvador no había cadena perpetua por ningún delito», expresó el mandatario, que consideró que los críticos de la cadena perpetua son los mismos que los críticos de la evaluación de la libertad anticipada a colaboradores ocasionales de pandillas.

«Antes de nuestra reforma, todos iban a regresar a la sociedad. A partir de abril y a partir de nuestra reforma, nuestra reforma, que fue atacada por los que nos están atacando ahora, gracias a nuestra reforma, no van a salir jamás», indicó.

Pero el mandatario subrayó que no todos los delitos pueden tener cadena perpetua.

«Ah, pero claro, no todos los delitos pueden tener cadena perpetua, ¿o alguien piensa que en algún lugar del mundo?, ojo, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de Rusia, China, donde quieran, ¿alguien piensa que todos los delitos van a tener cadena perpetua?, ¿alguien de verdad, con honestidad, piensa que todos los delincuentes van a tener cadena perpetua? No, ¿verdad?», cuestionó.

El presidente agregó a sus cuestionamientos que, si esos delincuentes van a salir, cómo se querrá que salgan a la sociedad.

«¿Queremos que salgan de la universidad del crimen que eran nuestras prisiones ahora o queremos que salgan después de un programa de reinserción como ese? Eso no es ser blandos con los criminales. Si nosotros fuimos los que pusimos la cadena perpetua. Nosotros fuimos los que incrementamos todas las penas de todos los delitos», enfatizó.

«No todos los delitos van a tener condena infinita. No se puede, no existe ningún país en el mundo que tenga eso». Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

El presidente afirmó que en El Salvador la «mayor cantidad de presos que no van a salir» pero que siempre hay delincuentes que, por ejemplo, robaban carros, fueron condenados a 10 años de prisión y que, si hace trabajo penitenciario, saldría en cinco años.

«No, déjenlo ahí toda la vida. Es que eso no va a pasar en China, en Rusia ni en ningún lugar. No hay ningún país del mundo que todas las cadenas sean perpetuas», afirmó.

«Si sabemos que van a salir, ¿cómo queremos que salgan? ¿Queremos que salgan más criminales, queremos que salgan de la universidad del crimen como antes que eran antes las cárceles, que eran controladas por las bandas y los que entraban medio criminales, salían súper criminales, o queremos que salgan aquí», indicó.

En la conferencia conjunta del viernes 16 de octubre, con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, Bukele subrayó que «ningún pandillero va a salir libre nunca«, que los llamados «paros», que son colaboradores permanentes probablemente salgan dentro posiblemente salgan en 20 a 30 años, y que revisarán los casos de los colaboradores no ocasionales para que posiblemente la mitad se incorpore al programa Cero Ocio.

La cadena perpetua inició su vigencia el 26 de abril de 2026 luego de que fuera aprobada el 26 de marzo y sancionada por el gobernante, en un paquete de ratificación constitucional y reformas a seis leyes, para los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación agravada, violación en menor o incapaz, violación en menor incapaz agravada y el nuevo delito creado en la misma reforma de «pertenencia a organización criminal o terrorista».

Antes de la reforma de cadena perpetua a los pandilleros se les aplicó el delito de agrupaciones ilícitas con penas entre 20 y 30 años de prisión y de 40 a 45 años para cabecillas de pandillas. Desde la reforma el delito de agrupaciones ilícitas pasó a ser un delito aplicado a grupos delictivos no pandilleriles y sus penas bajaron a un rango entre 10 y 20 años.

La cadena perpetua puede bajar hasta 10 años de prisión con una autorización de la Fiscalía General de la República y ordena una revisión obligatoria cada cinco años a partir de 25 años de cárcel para menores, 30 años para adultos, 35 años para múltiples delitos y 40 años para delitos con agravantes.