Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa para incorporar $9.9 millones al presupuesto general del Estado de 2026 que prometen servir para financiar 14,000 becas de jóvenes en situación de escasos recursos que cursan estudios en universidades, institutos especializados o escuelas técnicas.

Las becas, según el proyecto, incluyen gastos de matrícula o inscripción, mensualidad o cuota académica y materiales específicos de la carrera, pero también $30,000 para la contratación de consultores y un equipo coordinador para ejecutar el programa, además de equipo informático.

La solicitud, firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, por instrucciones presidenciales a través del secretario jurídico, Adolfo Muñoz, no detalla si los fondos financiarán a los 14,000 registrados como becados o incluiría a nuevos beneficiarios.

Los criterios para otorgar las becas son «determinados por la Dirección de Integración», adscrita al Ministerio de Gobernación.

Los fondos provienen de un préstamo de $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca evitar que los estudiantes abandonen sus estudios de educación media y postsecundaria, entendiendo esta como una carrera técnica o universitaria.

De acuerdo con el proyecto de reforma presupuestaria, se programarían $9,877,110 para el programa de becas y apoyo económico para estudiantes de postecundaria y $30,000 para administración del programa y Unidad Ejecutora, ambos para ser concluidos en diciembre de 2026. La iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes.

Según cifras manejadas por la diputada Suecy Callejas en agosto pasado, 14,000 jóvenes tienen becas vigentes durante el año 2026 pero en enero de 2027 se integrarán otros 20,000 jóvenes.

El proyecto del BID se llama «Integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador» y prevé una ejecución en un plazo de 5 años, con una población beneficiaria de 60,000 jóvenes, 12,000 anuales, y con transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes, además de atención a 1,000 personas retornadas con potencial de reintegración.

El proyecto incluye un sistema de alerta temprana encargado de detectar riesgos de deserción de estudiantes, así como refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional.

El préstamo del BID se debará pagar en un plazo de 23 años, con 7.5 años de gracia.

Líderes del movimiento “Unidos por el agua” de las urbanizaciones Valle Verde I y II, de Apopa, acudieron este miércoles a la Asamblea Legislativa en busca de información o la gestión de un estudio de factibilidad en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

“No tenemos ni siquiera para el uso diario, para tomar, los niños están viviendo una situación de la misma, nos han comentado que no se bañan o que tienen que reciclar el agua”, afirmó Abigail Hernández, representante del movimiento, a un grupo de periodistas, según un video compartido por la fracción legislativa de Vamos.

De acuerdo a la representante, son 2,556 familias afectadas.

El movimiento realizó una marcha el 22 de junio y han acudido a varias entidades gubernamentales sin haber recibido alguna respuesta, de acuerdo con Hernández, quien esta vez dijo que entregó a los diputados una carta que hace un llamado al presidente Nayib Bukele y al presidente de la la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo.

Detalló que actualmente se abastecen por medio de pipas de agua que venden a $1.50 el barril de agua.

La empresa proveedora era Administradora de Pozos, S.A. de C.V., AMPO, S.A. de C.V., que según Hernández el 25 de julio de 2026 informó que dio de baja el servicio. “Desconocemos cómo está la situación”, dijo.

«Le están diciendo no a más de 2,000 familias»: Ortiz

En el pleno, la diputada Claudia Ortiz pidió agendar dos piezas de correspondencia sobre el problema de los habitantes de Valle Verde.

Una buscaba solicitar un informe a la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA) para tener información sobre el cambio de proveedor de agua en la zona, cuál es la situación jurídica de la junta de agua juramentada que estaría brindando el servicio y qué acciones ejecutan incluida la facultad de decretar emergencias zonales por falta de agua.

La diputada advirtió que este problema “ya lleva más de 20 años”. “No han conocido en toda su vida un servicio potable como Dios manda. Yo les invito a votar para que puedan pedir básicamente información a las instituciones”, indicó.

La segunda pieza de correspondencia buscaba emitir un dictamen recomendable a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que esta realice un estudio técnico de factibilidad para proveerles el servicio a estas colonias.

Nuevas Ideas no apoyo la introducción de las piezas a la Asamblea Legislativa, algo que Ortiz dijo fue “falta de humanidad y madurez política”.

“Una vez el presidente de esta Asamblea Legislativa me dijo que no iba a estar de acuerdo con nada de lo que yo proponga. Hoy estamos muchos aquí muy cómodamente tomando agua embotellada, imagínense no tener acceso a eso, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo por estas familias”, les dijo.

La diputada opositora afirmó que en el lugar se ven “las pipas con el nombre del alcalde, ahí están las pipas de la ASA” pero que no se puede pasar con “pipas toda la vida”.

Les preguntó a los diputados si saben qué es agarrar agua lluvia para lavar los trastes o darles todos los días agua en bolsa plástica con la contaminación en el organismo que ello implica. “Le están diciendo que no a más de dos mil familias”, indicó.

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, continuó con la agenda de la sesión plenaria y dio paso a la prórroga 56 del régimen de excepción.

En julio de 2026, la diputada Marcela Villatoro (Arena) presentó una iniciativa para buscar la intervención del Estado ante la falta de agua en Valle Verde. «Ellos necesitan ayuda, ellos nos decían que lo que nos está pasando a nosotros es una situación desesperante. Ellos querían que se les diera una solución inmediata por parte de la ASA y de la ANDA», indicó en ese momento.

Villato, en esa ocasión, pidió recomendar que la ANDA y la ASA «les regresen el agua» a las familias de la urbanización Valle Verde. «Ustedes tienen la Presidencia, el gobierno municipal, tienen diputados, tienen al ANDA y también cuentan con la ASA, ¿cómo es posible que no le ayuden a esta gente?», cuestionó Villatoro. En esa ocasión, la petición concluyó con una discusión con el diputado Reynaldo López Cardoza, quien les llevó barriles con agua a la urbanización junto al candidato a alcalde del Partido de Concertación Nacional (PCN).

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una nueva ley de amnistía fiscal que permitirá a los contribuyentes del fisco salvadoreño pagar tributos o multas institucionales o de tránsito adeudadas con la exoneración de recargos e intereses relacionados, bajo ciertas condiciones.

La ley recibió la aprobación unánime por todos los partidos oficialistas y opositores.

El beneficio estará dirigido a contribuyentes y deudores con obligaciones pendientes hasta el 30 de septiembre de 2026. Quienes deseen acogerse a las facilidades tendrán como fecha límite el 11 de diciembre de 2026 para completar el procedimiento correspondiente.

La medida comprende deudas administradas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), ambas dependencias del Ministerio de Hacienda. También incluye multas de tránsito pendientes y sanciones impuestas por instituciones de la Administración Pública, con excepción de las municipalidades.

Pueden aplicar contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes, así como a personas que adeudan multas por infracciones a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y quienes tengan multas impuestas por instituciones de la administración pública, excepto las municipalidades.

El beneficio aplica también para casos procesados en instancias administrativas, ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), en la jurisdicción contencioso-administrativa, en procedimientos de amparo ante la Sala de lo Constitucional, en la Fiscalía General de la República (FGR) o en cobro judicial.

La amnistía comprende el impuesto sobre la renta, el impuesto a la transferencia de bienes raíces y el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), retenciones, percepciones y anticipos a cuenta que no hayan sido enterados al fisco o que se hayan calculado incorrectamente, derechos arancelarios a la importación (DAI), impuestos aplicables a la importación y nacionalización de mercancías, declaraciones de mercancías cuyo plazo para presentar o liquidar haya vencido, deudas líquidas, firmes y exigibles, incluso en proceso de cobro judicial o remitidas a la FGR.

Los interesados deberán presentar ante la DGII o la DGA las declaraciones originales o modificatorias, las declaraciones de mercancías o informes pendientes y que correspondan a obligaciones comprendidas hasta el 30 de septiembre de 2026, luego, deberán pagar los tributos adeudados ante la Dirección General de Tesorería (DGT) o mediante los bancos autorizados. También, podrán solicitar ante la DGT una resolución que les permita cancelar la deuda mediante un plan de pagos de una prima del 10 % y ocho cuotas mensuales subsiguientes.

La normativa establece que los contribuyentes que incumplan los pagos asignados perderán los beneficios concedidos por la amnistía. En esos casos, se reactivarán las multas y los intereses sobre el saldo pendiente de pago.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la nacionalización salvadoreña por naturalización de los futbolistas colombianos Miguel Ángel Murillo Valencia, quien actualmente juega en el club deportivo FAS, y Wilber Yojair Arizala Dajomes, jugador actual del Firpo.

Ambos dictámenes fueron aprobados con 59 votos de Nuevas Ideas, sus aliados Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Claudia Ortiz, de Vamos, no votó.

En la Comisión, el martes, la diputada Lorena Fuentes, de Nuevas Ideas, destacó que ambos tienen hijos y familias salvadoreñas y quieren tener la nacionalidad salvadoreña.

Miguel Ángel Murillo Valencia, quien nació el 3 de diciembre de 1997 en Pereira, Colombia, ha sido campeón nacional con el 11 Deportivo en el Torneo Apertura de la Temporada 2024-2025 y con FAS en el Torneo Clausura de la Temporada 2025-2026. Jugó en el Inter San Salvador de la segunda división en 2021, pasó al 11 Deportivo hoy Hércules para luego pasar al FAS en primera división.

“Hoy es pieza importante del actual campeón de fútbol salvadoreño Club Deportivo FAS, donde consiguió junto a su equipo clasificar a competencias internacionales y ser campeón del último torneo, y aportó con el primer gol de la final de manera acrobática abriendo el camino de la victoria y emocionando a todos los hinchas fasistas en la final”, dice el dictamen aprobado.

Wilber Yojair Arizala Dajomes, quien nació el 20 de diciembre de 1995 en Magüí, Colombia, llegó en 2015 a El Salvador para jugar con el Topilltzin en la segunda división, pasó al Platense y actualmente juega en el C.D. Luis Ángel Firpo, de la primera división. El decreto lo califica como uno de los mejores defensores en los torneos donde ha participado.

Cinco organizaciones no gubernamentales que trabajan con beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus familias hicieron un llamado público a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para que den claridad legal a los salvadoreños con TPS y publiquen de inmediato los avisos correspondientes en el Registro Federal.

Sin publicarlo en el Registro Federal el DHS avisó el 9 de septiembre que realizaría en el futuro un anuncio sobre el TPS de El Salvador «en el momento apropiado» y que mientras tanto «mantienen su protección”.

El llamado se refirió también a los beneficiarios del TPS de Ucrania y Sudán, que viven una situación similar a los originarios de El Salvador. Así mismo, reiteraron al Congreso la petición para establecer una vía hacia la residencia permanente de los beneficiarios de TPS.

“La inacción del Gobierno no es protección. La incertidumbre no es estabilidad. Las declaraciones a los medios de comunicación que prometen un anuncio formal en una fecha futura, sin especificarla, no sustituyen el proceso legalmente requerido. Exigimos al DHS que publique de inmediato los avisos correspondientes en el Registro Federal para reconocer las extensiones automáticas aplicables y aclarar la autorización de empleo y otras protecciones”, dice el comunicado firmado por las organizaciones Alianza Americas, African Communities Together, CASA, CUSP y SEIU.

De acuerdo con las organizaciones la falta de una información jurídica clara y oportuna ya tiene consecuencias “devastadoras” que no son “hipotéticas”. Sostienen que “muchas personas salvadoreñas beneficiarias del TPS ya han perdido sus empleos, no han podido renovar sus licencias de conducir y han enfrentado obstáculos para acceder a programas y beneficios públicos para los que cumplen los requisitos legales”.

Así mismo, advierte que muchos beneficiarios de Ucrania y Sudán viven la situación.

Advirtieron que la promesa de un anuncio es poco y no puede demostrar un estatus legal que satisfaga a empleadores, agencias estatales o proveedores de servicios.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, se desmarcó de alianzas que puedan realizar movimientos internos del partido poco después de que la diputada Claudia Ortiz se refiriera al movimiento “Avancemos”, el nombre que adoptó la planilla que la respaldó para disputarle a Rivas la secretaría general.

“Somos un partido político, pueden haber movimientos ciudadanos que lo integren, pero no nos hacemos responsables como partido político de aquellos compromisos, de aquellas alianzas que sí son políticas, que sí requieren de un acuerdo de la máxima autoridad del partido”, expresó.

Rivas desconoce si la intención de la diputada Ortiz sea crear un nuevo partido político pero detalló que el movimiento Avancemos de Claudia Ortiz les fue presentado en abril pasado luego un viaje de la diputada a España y negó que dentro del partido no haya existido apertura para aceptar candidaturas en las elecciones 2027.

“Para crear un nuevo partido político, además de todo el financiamiento, se requieren más de 50,000 firmas y es un gran trabajo el que se hace”, respondió a una pregunta sobre la posibilidad de que Ortiz pueda crear un nuevo partido político.

Una de las diferencias entre Ortiz y Rivas fue la depuración de los precandidatos que participaron en las elecciones internas de candidatos a diputados y alcaldes para las elecciones de 2027. Ayer, Rivas detalló que fueron 30 personas las que no cumplieron requisitos o tuvieron una mala evaluación.

“Abrimos el partido, pasamos de 5 a 14 departamentos, hemos pasado a tener 15 concejos municipales, estamos hablando de 120 candidatos solo en Asamblea Legislativa y a nivel de 15 concejos municipales el concejo, estamos hablando de más de 200 personas”, destacó el aumento de la participación electoral de Vamos hacia las elecciones próximas respecto a 2024.

“Claro que el partido se ha abierto, claro que el partido usó criterios, pero de los criterios, las personas que fueron rechazadas es porque tuvieron una mala evaluación…, fueron alrededor de 30 personas versus más de 250”, detalló.

El partido Vamos aún no ha inscrito candidaturas hacia las elecciones del 28 de febrero de 2027 pero está previendo participar en la elección de 15 concejos municipales, de los 44 del país, y en todas las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa, que son 60.

La Asamblea Legislativa aprobará en su sesión plenaria del miércoles una reforma que endurece las penas a propietarios y conductores de buses y transporte pesado involucrados en accidentes de tránsito que provoquen víctimas.

La reforma, además, impide que la conciliación extinga la acción penal por las lesiones u homicidios culposos que pueda provocar cualquier conductor peligroso.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, justificó ayer la prohibición de la conciliación o mediación en los delitos de conducción peligrosa. Aseguró que negociadores de aseguradoras «ofrecían x o y cantidad de dinero cuando se daban este tipo de tragedias» y que en los pasillos se decía que «$1,500 costaba un muerto por accidente de tránsito».

La reforma prohíbe la conciliación, la mediación o la reparación integral del año como forma para extinguir la acción penal, tanto para las lesiones y homicidios culposos provocados con el delito de conducción peligrosa, en todas sus variantes.

La reforma introduce el nuevo delito de «facilitación de vehículo de motor destinado al transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a conductor no habilitado» y también indica que «no procede» la conciliación en este caso.

Según la Fiscalía, esto no significa que se cierre la posibilidad de que las víctimas tengan una reparación, sino que la Fiscalía tendrá que determinar cuál fue el daño real que provocó con la muerte o la lesión de una víctima.

«La Fiscalía así como tiene que investigar la conducta criminal, tiene que investigar cuál fue el daño emergente. Es decir cuál fue el lucro cesante, cuánto era la expectativa de esta persona, cuáles eran sus ingresos, quiénes dependían económicamente de él, el daño moral», detalló.

Este martes, la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa aprobó los dictámenes favorables para reformar la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Las reformas aumentan penas de prisión, crean el nuevo delito de facilitación y prohíben la conciliación de las víctimas o sus familiares con los conductores peligrosos que les han provocado muertes o lesiones.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió ayer la integración de las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED) y las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM), organismos con facultades de resolver incidentes en centros de votación y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) entre otras funciones.

Las 14 JED, que verifican el cumplimiento de las obligaciones de las JEM y JRV, resuelven incidentes en centros de votación e informan al TSE de desórdenes en elecciones, serán integradas por ciudadanos propuestos por el oficialista Nuevas Ideas, los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y el Partido de Concertación Nacional (PCN), aliado del oficialismo.

Las quintas posiciones de cada una de las 14 JED fueron repartidas el martes entre los partidos Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria (FS), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Vamos. Miembros de FS, Gana y PDC han sido afines o aliados del oficialismo; mientras Vamos es opositor.

Los partidos PAIS y Democracia Salvadoreña no presentaron propuestas.

Así, Nuevas Ideas presidirá las JED de San Salvador, Sonsonate y Ahuachapán; Arena presidirá las JED de Santa Ana, La Unión y Morazán, el FMLN presidirá las JED de San Miguel, La Paz y San Vicente; y el PCN presidirá las JED de La Libertad, Chalatenango y Cabañas.

Por su parte, el partido FPS presidirá la JED de Usulután y Vamos presidirá la JED de Cuscatlán.

De las 44 Juntas Electorales Municipales, que tienen poder de vigilar el funcionamiento de las JRV y su integración en las elecciones, serán presididas por ciudadanos propuestos por Nuevas Ideas en los municipios de San Salvador Norte, Santa Ana Norte, San Miguel Centro, La Libertad Este, Usulután Oeste, La Unión Norte, Chalatenango Norte, Ahuachapán Norte y San Vicente Norte.

Mientras, Arena presidirá las JEM en San Salvador Oeste, Santa Ana Centro, San Miguel Oeste, La Libertad Costa, Sonsonate Norte, La Unión Sur, Chalatenango Centro, Ahuachapán Centro y San Vicente Sur.

Así mismo, el FMLN estará presidiendo las JEM de San Salvador Este, Santa Ana Este, La Libertad Norte, La Libertad Sur, Sonsonate Centro, La Paz Oeste, Chalatenango Sur, Ahuachapán Sur y Cabañas Este.

El PCN, por su parte, estará en San Salvador Centro, Santa Ana Oeste, La Libertad Centro, Usulután Norte, Sonsonate Este, La Paz Centro, Cuscatlán Norte, Morazán Norte y Cabañas Oeste.

El resto de las JEM serán presididas por PDC en San Salvador Sur, FPS en San Miguel Norte, Gana en La Libertad Oeste, Fuerza Solidaria en Usulután Este, Vamos en Sonsonate Oeste, PDC en La Paz Este, FPS en Cuscatlán Sur y Gana en Morazán Sur.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, calificó de carroñeras a las organizaciones no gubernamentales (ONG) críticas del régimen de excepción y volvió a enfilar sus críticas hacia la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue disuelta por el gobierno de Donald Trump en julio de 2025.

“Ellos, como cualquier ave carroñera vivían de la muerte, pues, obviamente ellos se quedan sin recursos. Yo no conozco ninguna ave carroñera que no viva de animales muertos. No conozco una ONG que viva disque de ayudar a los que están sin casa y que por otro lado promueva que nadie tenga casa, no entiendo una ONG que viva a rehabilitar drogadictos cuando vive de los drogadictos”, aseguró a los diputados, en la presentación del proyecto de presupuesto para el Ramo de Seguridad en el año de 2027.

Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han denunciado al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción en septiembre de 2022 y más recientemente en marzo de 2026 un grupo de expertos aseguró ante la CIDH que el Estado posiblemente ha cometido delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción.

El ministro de Seguridad, en defensa del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, señaló a las organizaciones de promover los problemas que decían combatir. «Si viene una para ayudar a la pobreza, ¿de qué vive?, de la pobreza, ¿y entonces cuándo íbamos a superarlo?, nunca», sostuvo.

«¿Y USAID qué hacía?, promover la pobreza para que nunca fuéramos prósperos, punto. Lo que pasa es que hoy se sabe porque estamos viendo 360 lo que ocurre en el mundo y sabemos que esa radicalización, ese progresismo, esa agenda 2030 al final era financiada por USAID y con todo este montón de ONG carroñeras», indicó.

El funcionario, además, instó a los funcionarios a no dar cuentas a ninguna de estas organizaciones.

«No les demos ninguna cuenta a ninguna de ellas y pueden decir lo que quiera, a nosotros nos sale sobrando. Lo que sí es que este ya no es terreno fértil para aves carroñeras”, fueron sus palabras.