Autor: Yolanda Magaña

  • Tribunal de Vamos suspende a Claudia Ortiz, quien señala a “grupito” de tener secuestrado al partido

    Tribunal de Vamos suspende a Claudia Ortiz, quien señala a “grupito” de tener secuestrado al partido

    El Tribunal de Honor y Disciplina del partido opositor Vamos suspendió derechos de su diputada Claudia Ortiz mientras resuelve una demanda que pide su expulsión, y la legisladora señaló a un “grupito” de tener secuestrado al partido de oposición.

    “He sido notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor en el que se pide mi expulsión del partido y se me notifica la suspensión de mis derechos como afiliada, incluyendo ejercer como miembro del CEN (Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia del partido) y el derecho de participar en la elección interna”, informó Ortiz este viernes en un comunicado publicado a la 1:26 a.m.

    La diputada denunció también que el Tribunal de Honor está integrado únicamente por dos personas cercanas a su contrincante, la diputada suplente Cesia Rivas, también candidata a secretaria general. Según Ortiz, una fue candidata de la planilla de Cesia Rivas y la otra es esposo de una candidata de la planilla de Rivas.

    Ortiz, así, pidió que los dos miembros del Tribunal de Honor no resuelvan su caso. “No acepto esta suspensión y exijo que quienes tienen estos conflictos se aparten del proceso”, señaló.

    Horas después, el partido Vamos publicó un comunicado firmado por el Tribunal de Honor y Disciplina, en el cual informa que “no realizará pronunciamientos públicos sobre el contenido, las personas o el estado particular de los expedientes” mientras estén abiertos e hicieron un llamado “a todos los miembros del partido a evitar la difusión de información que pueda afectar la dignidad de las personas involucradas”.

    La diputada dijo en el comunicado que defenderá su derecho a competir por la secretaría general de Vamos.

    Ambas diputadas han tenido diferencias en torno a la administración de las elecciones internas. Mientras Ortiz ha denunciado que se impusieron requisitos que excluyeron candidatos valiosos, Rivas ha defendido los requisitos establecidos como estatutarios.

  • Gobierno pide autorización de préstamo por $75 millones para equipar el Centro de Maternidad “El Nido”

    Gobierno pide autorización de préstamo por $75 millones para equipar el Centro de Maternidad “El Nido”

    El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Hacienda, pidió a la Asamblea Legislativa que lo autorice a firmar un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad «Nacer con Cariño, El Nido».

    La solicitud fue recibida por el pleno legislativo el 2 de septiembre pasado y fue traslada a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el lunes.

    El préstamo tiene un plazo de hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de cuatro años y medio, con una tasa de referencia más 1.80 % con opción de conversión a tasa de interés fija.

    Las comisiones que se deben pagar son una comisión de compromiso de 0.35 % anual sobre saldos no desembolsados del préstamo, una comisión de financiamiento de 0.85 % sobre el monto del préstamo a partir de la vigencia del contrato y $50,000 a más tardar en el momento del desembolso, en concepto de gastos de evaluación.

    La construcción del Centro de Maternidad «El Nido» inició en marzo de 2026 con la colocación de la primera piedra por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.

    De acuerdo con la información publicada por el Gobierno, la torre 1 del hospital acompañará a las madres durante el embarazo; y en la torre 2 estarán las unidades de partido, habitaciones privadas, Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales con acceso familiar y áreas de atención médica especializada.

    La Asamblea Legislativa ha autorizado un total de 12 préstamos, una garantía crediticia y títulos valores por $1,896.4 millones en los primeros ocho meses de 2026, de los cuales ya ratificó el 94 % de los fondos. El mayor acreedor es el Banco Mundial.

  • Presupuesto de Asamblea Legislativa para 2027 se mantendrá en $46.9 millones: Castro

    Presupuesto de Asamblea Legislativa para 2027 se mantendrá en $46.9 millones: Castro

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró el Órgano Legislativo no aumentará su presupuesto para el año 2027 y que se mantendrá en la cifra aprobada para el año 2026: $46,996,257.

    Castro relató a un grupo de periodistas que la planificación presupuestaria se realiza en una mesa compuesta por jefaturas, gerencias y una representación de la junta directiva, que ejerce la diputada Elisa Rosales en su cargo de primer secretaria.

    “No van a haber cambios, no va a aumentar un solo centavo, se va a mantener en los $46,996,257 tal como hemos venido haciéndolo, concretando ese ahorro que nosotros nos comprometimos», afirmó Castro.

    Según el político, la Asamblea Legislativa lleva acumulado un ahorro de «casi $34 millones respecto al presupuesto que nosotros encontramos el 1 de mayo de 2021», algo que el legislador cian calificó de una medida de ahorro «concreta, con cifras, con hechos».

    El presupuesto aprobado para el año 2021 ascendió a $58.3 millones, una diferencia de $11,303,743 respecto al presupuesto actual de $46.9 millones. Los diputados de Nuevas Ideas iniciaron su gestión el 1 de mayo de 2021.

    En 2022 y 2023, el presupuesto ascendió a $57.6 millones, una cifra 0.7 millón menor que en 2021. En 2024, el Legislativo tuvo un presupuesto de $53.9 millones, $4.4 millones menos que en 2021; y en 2025 y 2026, la el presupuesto ha sido $11.3 millones menor al de 2021.

    Desde 1999 hasta 2010, el presupuesto de la Asamblea Legislativa osciló entre los $12.5 millones y los $45.8 millones.

    A partir de 2011 los fondos destinados a la Asamblea superaron ese umbral desde $53.5 millones subiendo año a su máximo en el año 2016, cuando fue de $59 millones.

    Los diputados actualmente son 60. De 1999 a 2024 fueron 84.

  • Oposición: persisten compromisos pendientes con el FMI sobre disciplina fiscal, pensiones, bitcoin y servicio civil

    Oposición: persisten compromisos pendientes con el FMI sobre disciplina fiscal, pensiones, bitcoin y servicio civil

    Diputados de oposición de El Salvador señalaron que el gobierno salvadoreño ha incumplido compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y advierten que este acuerdo no busca promover el gasto sino la disciplina fiscal.

    El FMI anunció el jueves que el personal técnico del FMI y las autoridades de El Salvador llegaron a un acuerdo sobre la segunda y tercera revisiones en torno al programa de Servicio Ampliado del FMI (SAF) aprobado para El Salvador.

    El acuerdo, que pospuso la reforma de pensiones a 2027 con el compromiso de incluir cambios paramétricos, implicó un desembolso de $140 millones, acuerdos sobre consolidación fiscal, anticorrupción, transparencia y gobernanza, y la verificación de las compras de Bitcoin con dinero de donaciones privadas, no del Estado.

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró el jueves que el comunicado del FMI confirma que El Salvador «todavía tiene compromisos importantes pendientes, especialmente en materia de disciplina fiscal, transparencia, pensiones y reforma del servicio civil».

    «Que exista un nuevo acuerdo con el FMI es importante para la estabilidad financiera del país, pero eso no significa que todos los compromisos estén cumplidos». Francisco Lira, diputado de Arena.

    Lira sostuvo que estarán atentos ante la propuesta de reforma paramétrica de pensiones acordada con el FMI –como aumento de la edad de jubilación y tasa de cotización– y que «cualquier reforma debe garantizar la sostenibilidad del sistema, sin que sean los trabajadores quienes terminen pagando el costo del ajuste fiscal del Gobierno».

    «Desde la oposición mantendremos una posición responsable: fiscalizar, exigir transparencia y velar porque las decisiones económicas no terminen afectando a los salvadoreños», insistió.

    Ortiz: «¿Cuál es la seriedad?»

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reiteró el miércoles en declaraciones a la prensa que El Salvador ha incumplido compromisos con el FMI por la falta de reforma de servicio civil y al sistema de pensiones, así como por la indisciplina fiscal y falta de transparencia en los datos de los proveedores publicados.

    «Es un hecho, no hay reforma de pensiones al momento y estaba contemplada con el Fondo, no hay Ley de Servicio Civil y estaba contemplada, también se sigue comprando bitcoin», señaló.

    Ortiz subrayó que el acuerdo del SAF con el Fondo no tiene como fin permitirle al Estado de El Salvador «abrir el bolsón y seguir gastando, endeudando», sino que es un mecanismo de refinanciamiento bajo condiciones de disciplina fiscal y control de gastos.

    «No se cumple. Esos desembolsos iniciales (del FMI a El Salvador), ¿han servido para qué?, ¿para solo endeudarnos y que caiga en saco roto, y que el gobierno pueda decir estamos saliendo de la deuda?». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    Cuestionó que la transparencia sobre proveedores en el portal de Compras Públicas «se cumplió al inicio»  porque «ahora solo puede ver proveedores de las alcaldías». «¿Cuál es la seriedad con la que El Salvador puede decirle a los mercados internacionales está cumpliendo con sus compromisos?», preguntó.

    El SAF proporciona asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales y respalda programas para corregir desequilibrios estructurales, con condiciones sobre reformas estructurales institucionales o económicas, y que buscan estabilidad macroeconómica. El FMI realiza exámenes periódicos a la implementación del programa, mientras los recursos son desembolsados por tramos.

    Para El Salvador fue aprobado un programa de 40 meses con un acceso de $1,400 millones. La primera revisión se concluyó el 27 de junio de 2025.

     

  • Las objeciones de la oposición a la jornada 4-3 en El Salvador; diputado de Nuevas Ideas insta a esperar propuesta

    Las objeciones de la oposición a la jornada 4-3 en El Salvador; diputado de Nuevas Ideas insta a esperar propuesta

    Mientras el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, instó a esperar la propuesta del Consejo Superior de Trabajo, diputados de Vamos y Arena criticaron la propuesta que busca ampliar la jornada laboral diaria en El Salvador y a la vez reducir la jornada semanal a 4 días de trabajo y 3 días de descanso, la jornada 4-3.

    Castro dijo que lo deben analizar y prefirió no opinar sobre la propuesta.

    “Hay que ver cuáles son los detalles que trae eso, tendrán sus pros, sus contras, tendrá personas que van a estar a favor, tendrán personas que están en contra, pero, hombre, eso es como todas las decisiones que se tomen. Al final será el tiempo el que dará los resultados y la decisión, en el caso que se tome, sea correcta o no», expuso, sin emitir una opinión personal sobre la jornada 4-3.

    «Pero hay que ir paso a paso, hay que dejar que ellos trabajen la propuesta. Nosotros la vamos a recibir para analizarla”. Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas y presidente de Asamblea.

    Por su parte, Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, sostuvo ayer que “la jornada de 8 horas es un derecho, un derecho por el que se ha luchado a lo largo de los años y está por eso en la Constitución de la República, porque es algo que debe ser muy difícil de poderlo tocar”.

    Ortiz agregó que esa propuesta podría afectar la salud de los trabajadores y su rutina familiar y auguró que la decisión se tomará sin consulta.

    “Al momento que venga a la Asamblea, ya sabemos lo que va a pasar, aquí no vemos que se le dé espacio para que la gente opine y participe, para que sindicatos independientes o entidades técnicas en materia de derechos laborales, aquí ya sabemos lo que va a pasar, van a imponer una decisión y simplemente, así como dijo el presidente de la Asamblea, aquí estamos esperando, esperando para apretar el botón, esperando para hacer lo que sus patrones les dicen”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    La diputada exhortó a tener un debate amplio y subrayó que “no se trata solo de imponer lo que una clase económica quiera o un grupo en el poder quiera” y destacó los “derechos laborales” a una jornada diaria.

    Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró que “a nivel mundial lo que se maneja es una reducción no de días laborales sino de la jornada diaria laboral”.

    Recordó la propuesta de Arena que volvió a ser presentada el 2 de septiembre en el pleno, que sugiere reducir la jornada diurna de 8 a 7 horas, 39 horas semanales; y la nocturna, de 7 a 6 horas diarias; de 36 a 34 horas semanales.

    Sobre la propuesta 4-3, Lira señaló que “hay que sopesar si esto va a generar mayor productividad o no, o simplemente va a haber un desgaste del tema laboral de los trabajadores”.

    “Me llama la atención, ¿será que esta propuesta viene del interés de los empleadores? Si lo analizamos desde el punto de vista de los trabajadores, va a ser menos productivos, van a haber más horas laborales y al final de cuenta van a tener el mismo salario”. Francisco Lira, diputado de Arena.

    También el diputado de Arena exhortó a discutir la propuesta, buscando un “consenso nacional” para en beneficio de empleadores y trabajadores; y a no aprobarla con dispensa de trámites si llega a la Asamblea Legislativa. “Hay que respetarla (la Constitución), pero realmente Nuevas Ideas está acostumbrado a cambiar todo cuando reciben la orden de Casa Presidencial”, indicó.

    “El otro tema importante es aumentar la productividad tomando en cuenta que, si hay horas excesivas de trabajo la productividad baja, por eso el tema no reducir días, sino reducir la jornada laboral diaria”. Francisco Lira, diputado de Arena.

    El economista Rafael Lemus, candidato a diputado de Arena, aeguró en X que en Costa Rica “bajo chantaje siete empresas amenazan con que podrían irse de Costa Rica sin jornadas 4-3”. Sobre la propuesta similar de El Salvador dijo “No buscan beneficiar al trabajador, buscan intereses de empresarios”.

    El Consejo Superior del Trabajo (CST) de El Salvador creó el 20 de agosto pasado una comisión técnica para analizar las propuestas de nuevas jornadas laborales. Una propuesta es aprobar las jornadas de 11 horas diarias durante cuatro días a la semana, con tres días de descanso; otra propuesta es establecer cuatro días de trabajo y cuatro días de descanso, con turnos rotativos. El artículo 161 del Código de Trabajo establece que la semana laboral diurna no excederá de 44 horas semanales, con jornadas de ocho horas diarias, y la nocturna no excederá de 39 horas semanales con jornadas de siete horas diarias.

  • Arena y Vamos critican silencio del Gobierno ante eventual fin del TPS y pide políticas claras para retornados

    Arena y Vamos critican silencio del Gobierno ante eventual fin del TPS y pide políticas claras para retornados

    Los diputados de Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Claudia Ortiz, de Vamos, aunque no pierden las esperanzas de una posible prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) sostienen que el gobierno no tiene políticas para recibir a dicha población en El Salvador.

    El miércoles, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, instó a esperar la decisión de los Estados Unidos, y que está seguro que el gobierno salvadoreño “algo ha hecho al respecto” para interceder por los salvadoreños tepesianos.

    El diputado Francisco Lira tiene “las esperanzas” de que el acuerdo sea “renovado”, sin embargo, señala que el gobierno debe tener políticas para recibir a estas personas retornadas. El diputado mostró preocupación también por la falta de remesas que tendrán los familiares de los tepesianos en El Salvador.

    Lira aseguró que, primero, espera que el gobierno de Estados Unidos “recapacite” y renueve el plazo del TPS pero que, si no, que el Gobierno salvadoreño “se ponga claro de qué políticas públicas vamos a utilizar para ellos”.

    “Espero realmente que el gobierno de Nuevas Ideas tomen este tema serio, que esos diputados que van a ser elegidos empiecen a hacer algo, no que están callados y no responden nada. Este gobierno tuvo ocho años para poder hacer una incidencia permanente con el gobierno de EE.UU. no solo para los salvadoreños con TPS sino para legalizar a tanto salvadoreño que está de forma ilegal”. Francisco Lira, diputado de Arena.

    La diputada Ortiz también criticó el silencio oficial del gobierno sobre el vencimiento del TPS y se preguntó qué ha hecho por los tepesianos la diputada que busca la reelección por el exterior en Nuevas Ideas, Alexia Rivas. “Nos parece sumamente delicado y aún más delicado que no haya ninguna palabra al respecto del gobierno de la República”, expresó.

    Ortiz también reclamó programas para los retornados y recordó que ella presentó una propuesta para fondear el apoyo con capital semilla para los salvadoreños retornados.

    “Es alarmante, es doloroso, ver los casos de personas que ya están perdiendo sus trabajos por este tema, tienen que tomar una decisión, que es una decisión imposible, entre dejar a sus hijos, que son ciudadanos, o tener que traerlos acá, o dejarlos allá y romper la familia, es una situación bastante crítica. El gobierno ha dejado solos a los tepesianos desde hace mucho tiempo”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

    El TPS para los salvadoreños tiene 9 de septiembre como fecha de vencimiento; funcionarios de Estados Unidos han cancelado ya el TPS para 13 países, entre ellos Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, y ante preguntas sobre el TPS de El Salvador han reiterado que el TPS es “temporal”. Sin embargo, no ha habido un anuncio oficial de prórroga o cancelación.

  • Ernesto Castro dice “hay que esperar la decisión” de EE.UU. sobre el TPS para salvadoreños

    Ernesto Castro dice “hay que esperar la decisión” de EE.UU. sobre el TPS para salvadoreños

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, exhortó el miércoles a esperar la decisión del gobierno de Estados Unidos, manifestando estar seguro de que el gobierno “algo ha hecho al respecto”, ante el próximo vencimiento del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a unos 170,000 salvadoreños permanecer en el país norteamericano.

    “Todos estamos preocupados… Todos tenemos fe de que sea una decisión favorable… Es una decisión únicamente del gobierno de Estados Unidos… El gobierno estoy seguro que algo también ha hecho al respecto. Quieren politizar el tema y estar especulando, creo que hay que esperar cuál va a ser la decisión que el gobierno va a tomar”, afirmó el diputado del partido oficial, Nuevas Ideas.

    El legislador, quien recientemente hizo una visita a la República Popular China, afirmó que “independientemente de la decisión” de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos El Salvador continuará su estrecha relación con Estados Unidos.

    Estados Unidos, dijo, es “nuestro aliado 1, 2, 3, 4, 5… y vamos a tener que prepararnos para cualquier decisión”.

    Castro afirmó que los diputados que viajaron a Washington enviaron un mensaje de preocupación sobre el próximo vencimiento del TPS para el Salvador a las autoridades estadounidenses.

    Durante la administración Trump, Estados Unidos ha suspendido el TPS para 13 países, lo cual ha impactado directamente a 1,044,700 migrantes de Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

    El secretario de Seguridad Nacional (DHS) informó que la decisión sería comunicada a través del Registro Federal, sin embargo, hasta este 3 de septiembre, no han informado de una cancelación, prórroga automática por 60 días o una nueva prórroga de la designación del TPS para El Salvador.

  • Gobierno pide distribuir entre 9 instituciones $97 millones que quedaron de dos emisiones de deuda en títulos

    Gobierno pide distribuir entre 9 instituciones $97 millones que quedaron de dos emisiones de deuda en títulos

    Los montos mayores serán absorbidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recibirá $37 millones para los “agromercados, logística y operatividad institucional”, $31.2 millones para el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, de los cuales $30 millones se destinarían a la rehabilitación penitenciaria.

    El tercer gran monto será para el Ministerio de Gobernación, que ocupará sin dar mayores detalles $9 millones para “fortalecimiento institucional” y los otros $10 millones, sin desglosar los montos, sostiene que servirán para “servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.

    El resto de fondos tampoco tienen un desglose detallado pero se especifica que serán utilizados para litigios y funcionamiento en el caso de la Fiscalía General de la República, para promover el país, para eventos internacionales, para operatividad del último trimestre del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), para el funcionamiento de la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y para funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

    ¿Cómo se distribuyen los $97 millones que quedaron de los títulos?

    • Ministerio de Agricultura: $37,000,000 (agromercados, logística y funcionamiento)
      Seguridad Pública: $31,189,835 (30 para rehabilitación penitenciaria y $1.1 para emisión gratuita de DUI)
    • Ministerio de Gobernación: $19,000,000 (9 para gasto institucional y 10 Dirección de Integración)
    • Ministerio de Turismo: $3,085,165 (eventos internacionales)
    • Fiscalía General: $2,700,000 (litigios y funcionamiento)
    • Corsatur: $2,000,000 (para promoción del país)
    • Ministerio de Economía: $1,500,000 (Cifco, para gastos en último trimestre de 2026)
    • ANDRES: $1,300,000 (desechos sólidos, transferencia a ANDRES del Ministerio de Obras Públicas)
    • Ministerio de Medio Ambiente: $1,225,000 (funcionamiento)

    Cronología sobre los $97 millones

    • 11 de noviembre de 2025: autorización para gestionar $344 millones en títulos valores
    • 2 de diciembre de 2025: se incorporaron $267 millones en el presupuesto 2025 y quedó un saldo disponible $77 millones
    • 15 de abril de 2026: autorización para gestionar hasta $100 millones de títulos valores
    • 21 de abril de 2026: se incorporaron $80 millones en presupuesto del Ministerio de Economía, quedando un saldo de $20 millones
  • Empresas podrían acceder a incentivos por expansión de inversiones con menor tiempo mínimo de operación

    Empresas podrían acceder a incentivos por expansión de inversiones con menor tiempo mínimo de operación

    Una reforma, solicitada a la Asamblea Legislativa por el gobierno a través de la ministra de Turismo, reduciría de 10 a 5 años el tiempo mínimo de operación exigido a las empresas beneficiadas con incentivos fiscales a cambio de que expandan sus inversiones en el país.

    La Ley de fomento de la expansión de las inversiones ofrece créditos tributarios equivalentes al 10 %, 20 % y 30 % del monto invertido en las expansiones según la magnitud de montos desde $1 millón hasta más de $20 millones, pero exige a las empresas ciertos requisitos que podrían ser flexibilizados.

    Uno de estos requisitos es presentar montos de Impuesto sobre la Renta declarados en los últimos 10 ejercicios fiscales; con la reforma, el historial exigido se reduce a cuatro años fiscales.

    La presentación de estados financieros auditados se enmarcaría en los últimos cinco años y ya no 10 años; y se eliminaría la exclusión de empresas que hayan gozado de incentivos en el pasado.

    «No constituirán causales de exclusión los siguientes supuestos: haber gozado con anterioridad de algún incentivo o beneficio fiscal otorgado por otra ley, siempre que a la fecha de la solicitud el mismo se encuentre extinguido», indica la propuesta de artículo 3 reformado.

    Otra modificación propuesta se realizaría al cálculo del crédito tributario utilizable en cada ejercicio fiscal, ya que este no es ilimitado. Actualmente, el inversionista beneficiado puede utilizar el crédito tributario «sobre el excedente que resulte de restar el mejor resultado del impuesto» declarado en los últimos 10 ejercicios fiscales ajustado con la inflación.

    Con la propuesta de reforma, la cantidad del crédito tributario que puede utilizar en el pago del Impuesto sobre la Renta será «sobre el excedente que resulte de restar el promedio de los resultados del impuesto declarado en cuatro ejercicios fiscales anteriores» al acuerdo de inversión.

    La modificación al cálculo del crédito tributario utilizable en cada ejercicio fiscal podría aplicarse a partir del ejercicio fiscal de 2026 si la empresa obtuvo su calificación de expansión antes de la vigencia de la reforma, según el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa.

    La reforma agrega que pueden aplicar a los incentivos empresas que formen parte de grupos empresariales con un mínimo de inversión consolidada de $75 millones, por lo que el crédito tributario que recibirá será del 30 %; cada sociedad que integre el grupo empresarial aplicará individualmente según el monto de inversión que haya realizado cada una.

    La propuesta pasó a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que fue convocada para este viernes a las 9:00 de la mañana.

  • Gobierno pide aprobar nueva ley de responsabilidad profesional para constructores y lotificadores

    Gobierno pide aprobar nueva ley de responsabilidad profesional para constructores y lotificadores

    El Ministerio de Gobernación envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para regular las obligaciones y las infracciones por la responsabilidad profesional y técnica de quienes prestan servicios en lotificaciones, urbanizaciones y construcciones.

    Los profesionales regulados en esta nueva normativa serán los que proveen diseño, supervisión, ejecución y mantenimiento de este tipo de proyectos.

    La normativa nace de la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y busca establecer reglas para el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción administrado por la DOT, estableciendo requisitos de inscripción y sanciones.

    Los obligados a registrarse son: profesionales y técnicos, prestadores de servicios ambientales, prestadores de servicios culturales, prestadores de servicios de diseño o construcción, tramitadores y auditores urbanos.

    Con la normativa, será obligatorio que todos los trámites nuevos de construcción, urbanización o lotificación se ingresen en el Sistema de Autorización de Permisos de Construcción por medio de un tramitadores debidamentes registrados. Esto se aplicará seis meses después de la vigencia de la normativa.

    Los auditores urbanos son personas naturales o jurídicas acreditadas por la DOT que tendrán como función verificar que los proyectos cumplan con las normas urbanísticas y las condiciones de los permisos otorgados para los proyectos.

    El proyecto de ley busca que todos los profesionales sean obligados a cumplir individualmente la inscripción aún cuando se haya inscrito la persona jurídica y establece infracciones por realizar actividades sin la respectiva inscripción u otras conductas.

    No presentar un trámite de renovación de inscripción fuera del plazo y no proporcionar correo del titular del proyecto serían infracciones leves.

    Ejercer actividades con registro vencido, con una especialidad distinta a la autorizada, dirigir la obra sin cumplir la regulación, utilizar materiales sin especificación de calidad, no identificar al titular del proyecto en los trámites y ordenar la elaboración de un sello sin aval del Registro serán infracciones graves.

    Y ejercer actividades sin estar inscrito, ejecutar obras sin cumplir la regulación, suscribir planos u otros documentos con información falsa, autorizar planos con errores que ocasionen daños patrimoniales o no informar sobre hallazgos de patrimonio cultural serán infracciones muy graves.

    La nueva ley, que aún no ha sido estudiada ni aprobada, establece multas desde un salario mínimo hasta 20 salarios mínimos.

    La solicitud enviada a la Asamblea Legislativa está firmada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín y, según el sello legislativo, fue entregada a las 9:37 a.m. del miércoles 2 de septiembre. Fue divulgada por el sitio web legislativo al finalizar la sesión plenaria del miércoles.

    La solicitud pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.