Autor: Yolanda Magaña

De manera unánime, la Comisión de Hacienda aprobó este lunes el dictamen favorable para apoyar una nueva ley de amnistía que perdonará multas, intereses o recargos sobre tributos no pagados, multas de instituciones no canceladas o multas de tránsito, abriendo un periodo de hasta el 11 de diciembre de 2026 para aplicar y otorgando plazos de hasta nueve meses en planes de pago.

La nueva amnistía fiscal no perdonará el pago de capital de los diferentes tipos de tributos y tampoco los montos adeudados en multas de tránsito, sino únicamente los recargos sobre estos, explicó el director de Impuestos Internos, Marvin Sorto, a los diputados, en una visita realizada este lunes.

Así podrá aplicar a los impuestos que son administrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como IVA e Impuesto sobre la Renta y la Dirección General de Aduanas (DGA), así como procesos que estén en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), casos con aviso de defraudación al fisco ante la Fiscalía General de la República siempre y cuando no exista una sentencia judicial y en las instancias contencioso administrativo y en la Sala de lo Constitucional.

El director de Impuestos Internos aclaró que no aplica cuando las multas estén en resolución en firme.

El decreto aplicará en declaraciones no realizadas, declaraciones inexactas, falta de pago, omisiones, saldos declarados a favor, pago menor a lo que correspondía, modificaciones en declaraciones, disminuciones o ajustes en saldos correspondientes en las declaraciones, entre otros.

Sorto sostuvo que también pueden aplicar los deudos de los contribuyentes.

Los planes de pago requieren un primer abono del 10 % más 8 cuotas posteriores mensuales. Y las formas de pago pueden ser cheque de caja, cheque de gerencia, compensación de notas de crédito del tesoro público, tarjetas de crédito y de débito.

Las deudas tributarias o de multas de tránsito aplicables son las que daten hasta el 30 de septiembre de 2026.

Pueden aplicar, por ejemplo, un emprendedor que no presentó declaraciones y tiene que pagar una multa e intereses; o un empleado joven que no presentó declaración de Impuesto sobre la Renta en su primer empleo y que ahora necesita hacerlo para gestionar un préstamo ante el Fondo Social para la Vivienda (FSV).

El decreto sería aprobado en la sesión plenaria de este miércoles 21 de octubre.

El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, exhortó este lunes a retornar a los militares salvadoreños de Haití, luego de un ataque a un vehículo blindado en el que viajaban cuatro técnicos de aviación salvadoreños según confirmó la Fuerza Armada de El Salvador.

La emboscada ocurrió el domingo 18 de octubre en la zona de Santo, de Croix-des-Bouquets, dentro de la región metropolitana de Puerto Príncipe, capital haitiana. En el ataque, los salvadoreños habrían logrado salir del vehículo blindado que se incendió, según el comunicado de la Fuerza Armada.

“¡Saquen ya a los militares de Haití! Expreso mi profunda preocupación por la desaparición de nuestros soldados salvadoreños en Haití. Sus vidas deberían ser la máxima prioridad. Debemos exigir al gobierno información transparente, acciones urgentes de búsqueda y acompañamiento”, expresó el contendiente presidencial opositor. No detalló si se refería únicamente a los salvadoreños víctimas del ataque o a todo el contingente salvadoreño que actualmente colabora con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Aguirre es uno de los candidatos presidenciales contendientes del actual presidente Nayib Bukele que participarán en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Fue precisamente en el gobierno del FMLN, durante la administración de Mauricio Funes en 2012, que El Salvador envió el primer contingente militar como parte de la Misión de Paz de la ONU. El contingente continuó bajo la administración de Salvador Sánchez Cerén.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, prometió apoyar el retorno de los cuatro militares y aseguró que creen que sobrevivieron pero que siguen desaparecidos. “Los llevaremos de vuelta a casa”, prometió.

De acuerdo con el diario Le Nouvelliste, que cita una fuente del gobierno haitiano, los soldados fueron a una tienda usando Google Maps, terminaron en Santo 17 y “serían rehenes”. Los salvadoreños habrían terminado en una zona roja según este medio. También el diario Haitian Times informó que los salvadoreños están desaparecidos desde la emboscada.

En El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora de El Salvador ante la ONU, Egriselda López, condenó el ataque y aseguró que la «prioridad inmediata es garantizar la recuperación pronta y segura» de los efectivos salvadoreños.

El director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marvin Sorto, defendió este lunes la eventual aprobación de la Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas, argumentando que no perdonarán el pago de capital de los tributos y tampoco las multas de tránsito, sino solo de los recargos o intereses.

“No vemos a pedir que se le den beneficios a los evasores, venimos a pedir que se le den oportunidades a aquellas personas cumplidoras que por uno u otro motivo no han podido cumplir sus compromisos al fisco de la República. En ningún momento venimos a pedir que se exonere el capital adeudado”, aclaró esta mañana en la Comisión de Hacienda.

Aclaró que están pidiendo que se exoneren las multas e intereses en los tributos dejados de pagar y los recargos sobre las multas de tránsito dejadas de pagar.

Sorto detalló que el 71 % de la recaudación tributaria en la amnistía fiscal de 2025 “corresponde a pequeños contribuyentes”, “al panadero, mecánico, emprendedor” o al que tuvo su primer empleo y no sabía que tenía que presentar su declaración de renta.

Un total de 56,195 contribuyentes se ampararon a la amnistía fiscal 2025, 15 % de la recaudación provino de medianos contribuyentes, 14 % de grandes contribuyentes y 71 % de los pequeños contribuyentes.

Reitero que la fecha límite de aplicación a los planes de pago será el 11 de diciembre de 2026.

“Lo que está ganando (la Hacienda Pública) es que hoy va a recuperar dinero que solo tiene en papeles”, destacó.

De acuerdo con el proyecto, los contribuyentes podrán acceder a una resolución de pago a plazos con una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales y sucesivas. Estos planes de pago también aplicarán a las multas impuestos a obligaciones formales.

Podrán ampararse en la amnistía fiscal contribuyentes con deudas pendientes en la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, con procesos pendiente en la jurisdicción contenciosa administrativa o constitucional, en la Fiscalía General de la República, bajo cobro judicial, y los infractores con multas de tránsito pendientes o recargos sobre multas por cualquier institución de la administración pública, excepto las municipalidades.

El decreto aplicará también a los contribuyentes que no efectuaron en su momento el pago del Impuesto sobre la Renta teniendo el Número de Pago Electrónico (NPE) vencido o también en casos en donde “se hayan declarado saldos a favor o declaraciones de mercancías registradas cuya fecha o plazo para liquidar o presentar la declaración hayan vencido”, incluyendo las correspondientes al periodo de septiembre de 2026 o multas que fueron impuestas hasta el 30 de septiembre de 2026.

La diputada Claudia Ortiz, diputada propietaria de Vamos, aseguró hoy que no existe una resolución legal y válida que le impida participar en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa que se celebrarán el 28 de febrero de 2027.

“Quiero ser bien enfática es que hoy por hoy no existe una resolución legalmente válida que inhabilite mis derechos como afiliada del partido, Claudia Ortiz va a participar como candidata a diputada. No hay una resolución con la cual puedan bloquear mi candidatura. Se dio una lucha legal, política, mucha gente alzó la voz”, dijo esta mañana en el programa Encuentro TVX.

La legisladora reiteró que por el momento no hay una fecha para reanudar el proceso electoral en el partido Vamos, con el fin de que los militantes puedan elegir a su nuevo Consejo Ejecutivo Nacional (CEN). Las elecciones programadas para el domingo 20 de septiembre fueron suspendidas debido a que renunciaron dos miembros de la Comisión Electoral Permanente (CEP).

Ortiz aseguró que tras las diferencias en Vamos ve que en el partido está surgiendo un movimiento político denominado “Avancemos”, como había denominado su planilla que disputaba la dirigencia de Vamos encabezada por su diputada suplente Cesia Rivas.

“Esto es un inicio de un movimiento político y con expresiones, comunicaciones y relación hacia fuera de Vamos. Va agarrando forma”, afirmó.

Ortiz y Rivas son las caras visibles de las diferencias internas del partido Vamos que iniciaron a raíz de los criterios de selección de los candidatos a diputados y concejos municipales que fueron inscritos para las elecciones internas en donde Ortiz pedía más apertura y Rivas promulgaba más por el respeto a los estatutos.

El Registro Electoral posee 7,338,333 salvadoreños inscritos hasta el 9 de octubre de 2026, de los cuales el 86.5 % reportan su domicilio dentro del territorio nacional y un 13.5 % en el extranjero, de acuerdo a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE).

Es un total de 6,348,342 salvadoreños en el territorio nacional y 989,991 en el extranjero, lo que implicó un aumento de 14,678 en 42 días.

Del total, un 53.3 % de la población incluida en el registro son mujeres y un 46.7 % son hombres.

De acuerdo con el cálculo de la JVE, el Registro Electoral salvadoreño ha incrementado a un ritmo de 349 electores nuevos por día; en el extranjero creció cuatro veces más rápido que dentro del territorio nacional. Es decir, mientras en el periodo analizado, el Registro Electoral creció 8,933 registros, un 0.14 %; fuera del territorio nacional aumentó 5,745, un 0.58 %.

Dentro del país, casi la mitad parte de electores (48.6 %) se concentran en tres departamentos: San Salvador, con un 26.7 %, La Libertad, con un 12.5 %, y Santa Ana, con un 9.4 %, todos suman 2,697,657 salvadoreños. El grupo de edad más numeroso es el que oscila entre 30 y 39 años, un 33.2 %, equivalentes a 1,845,833 personas. Le sigue el grupo que está entre 40 y 59 años, que conforman el 22.4 % de los electores que residen dentro del país.

Hasta el 9 de octubre, el último DUI emitido fue el número 8,521,535.

El Registro Electoral se cerrará hasta el domingo 29 de noviembre de 2026, fecha última en la cual podrán inscribirse salvadoreños sacando sus Documentos Únicos de Identidad (DUI) por primera vez. A partir de esa fecha, únicamente corregirá errores, y el cierre definitivo será el 29 de diciembre de 2027.

Una propuesta de reforma a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en manos de la Asamblea Legislativa busca que las unidades de transporte público colectivo o vehículos de carga de 8 toneladas o más que tengan neumáticos desgastados o fallas en el sistema de luces sean remitidos obligatoriamente.

Se tomarían en cuenta fallas en el sistema de luces delanteras, traseras, direccionales y de emergencia.

Los vehículos remitidos son puestos a disposición de la Dirección General de Tránsito y pueden ser retirados al día siguiente del decomiso.

«La remisión de vehículo procederá por: 10) Circular con vehículos destinados al transporte público colectivo de pasajeros o al transporte de carga con capacidad a partir de ocho toneladas, que presenten neumáticos en condiciones de desgaste, luces delanteras y traseras, direccionales y de emergencia, que comprometan la seguridad vial», reza la propuesta de reforma al artículo 118.

La reforma también implicaría la remisión obligatoria de unidades que presenten alteraciones estructurales como en su chasis, el número de ejes o la carrocería y de unidades de transporte alternativo local cuando operen sin autorización.

También, se establecería obligatoriamente la remisión de vehículos por el transporte de mercancías o residuos peligrosos sin el permiso especial de la Dirección de Transporte de Carga.

La reforma busca que los gestores de tránsito, no solo los agentes policiales, puedan legalmente realizar la remisión de un vehículo.

La remisión es la retención administrativa de un vehículo y su traslado a un predio del VMT. Otra de las novedades de la reforma es el cobro por servicio de parqueo y custodia a los infractores cuando soliciten el retiro del vehículo retenido. Actualmente únicamente debe cancelar la multa y el servicio de grúa.

Las revisiones de los vehículos de carga aumentaron luego de una racha de accidentes en las que se vieron involucradas volquetas, el primero cuando una volqueta avanzó a una velocidad de 100 kilómetros por hora y embistió a 15 vehículos, sobre el bulevar Constitución, por el redondel Integración; otros accidentes ocurrieron también en carretera a Sonsonate y el tramo de Los Chorros de la Carretera Panamericana.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se han registrado 1,170 accidentes de tránsito de unidades de transporte de carga, y la muerte de 67 personas en los mismos.

La Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo martes una propuesta de reforma a la ley de tránsito que propone que el Viceministerio de Transporte (VMT) habilite sus instalaciones como puntos oficiales de Revisiones Técnicas Vehiculares (RTV) sujetas al pago por el servicio a los usuarios.

Actualmente la «Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial» permite revisiones técnicas vehiculares, para todos los vehículos automotores, en sitios y talleres privados debidamente autorizados por el VMT.

En el artículo 14, se establece que todos los vehículos automotores deberán someterse periódicamente a las revisiones mecánicas correspondientes y que estas se llevarán a cabo en «sitios y talleres autorizados y especificados previamente» por el VMT.

La propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) entregada esta semana a la Asamblea Legislativa consiste en agregar un inciso segundo a dicho artículo 14, que faculta expresamente al VMT a habilitar dichos puntos oficiales para las RTV de los vehículos automotores en general.

El servicio estaría sujeto al pago por parte de los usuarios.

De acuerdo al proyecto de reforma, el uso de dichas instalaciones estaría sujeto a condiciones de infraestructura, capacidad operativa y disponibilidad de recursos.

La reforma permite que el Estado opere directamente los centros oficiales de las Revisiones Técnicas Vehiculares (RTV) y no únicamente los talleres autorizados.

El paquete de reforma, según el Gobierno, busca incorporar mecanismos de control y supervisión del transporte priorizando la seguridad vial y la movilidad de las personas.

Desde el 5 de octubre de 2026, el VMT inició una revisión técnica vehicular a los vehículos de volteo y transporte de carga para renovar la tarjeta de circulación, aproximadamente unas 158,000 unidades.

En las RTV se revisa sistema de frenos, sistema de luces, sistema eléctrico, llantas y estado de la dirección, visibilidad en el parabrisas, alarma de retroceso, según el VMT.

Por ahora entre los talleres certificados por el VMT están Cars Master, Citea, Check Point y Taller Alberto.

La RTV obligatoria para el transporte de carga fue establecida en una resolución emitida por el director general de transporte de carga.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reformó un decreto ejecutivo que prohibió en abril de 2026 la práctica de quema agrícola en cultivos ante la amenaza de incendios forestales a nivel nacional.

El objetivo, según el MARN, es exceptuar la prohibición por el plazo perentorio de dos años para la “quema controlada de vegetación, rastrojos o residuos de origen agrícola” con la condición de que esta se realice “bajo estricta planificación técnica” y tenga medidas de prevención, control y supervisión.

En el decreto, el MARN se autoriza a emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones e instrumentos necesarios para la correcta aplicación de la excepción, así como para establecer las condiciones técnicas y las medidas de seguridad durante las quemas autorizadas.

El decreto inició su vigencia el 1 de octubre de 2026, día en que fue publicado por el Diario Oficial, y fue emitido el mismo día por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga.

El MARN argumentó que el decreto 2, del 15 de abril de 2026, busca prohibir la práctica de la quema para evitar la propagación de incendios que pudieran afectar ecosistemas forestales, ecosistemas acuáticos, vegetación cercana, otros cultivos aledaños o asentamientos humanos, incluso en las áreas naturales protegidas. También buscaba sensibilizar a la población en la prevención de quemas agrícolas.

Sin embargo, señaló que es necesario establecer un “periodo de adecuación” para permitir a sujetos que realizan quemas controladas que se puedan adaptar “de manera gradual y ordenada” a las disposiciones del decreto original, con el fin de adoptar progresivamente las “buenas prácticas” para combatir los incendios forestales.

En enero de 2026, Protección Civil declaró alerta amarilla por incendios forestales luego de que el Cuerpo de Bomberos determinara que los incendios habían incrementado significativamente en El Salvador en lo que va del año.