Autor: Yolanda Magaña

Un tercer grupo de inmuebles, también conformado por 101 propiedades, será transferido por el Fondo Social de Vivienda (FSV) al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para que sean entregados a familias con necesidad de vivienda o sean utilizados por instituciones de utilidad pública.

El decreto da prioridad a familias o personas que habitan actualmente dichos inmuebles.

La Asamblea Legislativa ha autorizado la transferencia de un total de 303 inmuebles en grupos de 101; los tres grupos fueron aprobados por el Consejo de Ministros en su sesión del 24 de marzo de 2026, y los tres grupos fueron solicitados por la ministra de Vivienda el 21 de abril de 2026.

La autorización aprobada ayer fue solicitada a la Asamblea Legislativa por la ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro, el 21 de abril de 2026, a las 8:53 a.m.; fue introducida en la sesión plenaria del 3 de junio de 2026, es decir, 43 días después.

Esta nueva solicitud fue aprobada con dispensa de trámites con los votos de todos los partidos: 53 de Nuevas Ideas, 2 de Arena, 2 del PCN, 1 del PDC y 1 de Vamos. No votó Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas, según el sistema de votación del Salón Azul.

Esta es la tercera solicitud recibida en el pleno.

La primera fue presentada ante la Asamblea Legislativa por la ministra Sol el mismo 21 de abril de 2026 a las 8:50 p.m., fue introducida al pleno legislativo el 20 de mayo y aprobada con dispensa de trámites con 59 votos. Los inmuebles oscilaron entre 34.31 y 21,000 metros cuadrados con precios desde $3,000 hasta los $129,000.

Un segundo decreto autorizó la transferencia de una segunda tanda de 101 inmuebles ubicados en La Campanera, Majucla, Las Margaritas,  Vista al Lago, 10 d octubre de San Marcos, entre otras. En esta ocasión el precio máximo fue el de una propiedad en la Lotificación Comunidad 10 de octubre de 141.55 metros cuadrados valorada en $48,100. El mínimo precio lo tuvo una vivienda de 45 metros cuadrados en el Reparto La Campanera de Soyapango valorada en $2,897.55. La segunda petición fue presentada por la ministra Sol a la 8:51 p.m. del mismo día en que presentó las otras dos, el 21 de abril de 2026.

Con este grupo de inmuebles, son 303 propiedades que el FSV ya puede transferir al Fonavipo por autorización legislativa. Se desconoce si la Asamblea Legislativa presentará más peticiones similares.

Los inmuebles se deben adjudicar por Fonavipo «a través de contratos de arrendamiento simple o con promesa de venta» o «en calidad de donación o cualquier otro título» a «personas que requieran de una solución habitacional» según el decreto.

Este tercer grupo de inmuebles se ubican en Montes de San Bartolo, Soyapango; Altavista fase II, Tonacatepeque; urbanización Brisas del Norte; Tonacatepeque; urbanización Cumbres de San Bartolo, Tonacatepeque; urbanización La Campanera, Soyapango; urbanización Santa Isabel El Pedregal, en La Paz; Campos Verdes de Lourdes II, Nuevo Lourdes y Villa Lourdes, en La Libertad; y Nuevo Edén, en Chalatenango. Se trata de propiedades con valores entre $2,400 y $18,100.

Este es el tercer listado de 101 inmuebles que transferirán a Fonavipo para venderlos o donarlos a familias

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, pidió este miércoles que se inicie un proceso de interpelación a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala Guerrero, para que rinda cuentas sobre la situación financiera de la institución y las causas de los retrasos en las citas médicas y en los pagos de las incapacidades.

La solicitud no ingresó a la agenda de la sesión plenaria, ya que únicamente tuvo tres votos, uno de la diputada Rivas y dos votos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Rivas cuestionó el cobro que el ISSS hace a los trabajadores todos los meses y la deficiencia del servicio que prestan los centros de salud del ISSS.

“Esa cuota obligatoria que mes a mes se descuenta a todo empleado, a todo trabajador de El Salvador, ahí está, mes a mes. Pero, a pesar de esa puntualidad, a los salvadoreños que hacen uso del Seguro Social vaya que los hacen esperar”, dijo.

La diputada agregó que las citas para el Departamento de Ortopedia del ISSS están programadas para febrero de 2027. “El que va a Ortopedia es porque ha sufrido una fractura que debería ser urgente, citas a meses, cirugías en espera. No hay medicamentos, no hay especialistas. Y, además de eso, no se les está pagando las incapacidades”, señaló.

Citó el caso de una trabajadora de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, a quien luego de dos meses no le han pagado su incapacidad. “Escuchar a un trabajador en el sector financiero, llevaba ya cuatro meses donde no se le había pagado su incapacidad”, indicó.

La diputada citó una investigación periodística para indicar que el ISSS tuvo un gasto de $152 millones en servicios externos y $24 en infraestructura. “El gasto en contratación de terceros es seis veces mayor que lo que la institución invierte en sus propias instalaciones”, criticó.

Según la diputada, la funcionaria debería responder estas preguntas:

1. ¿Cuántas incapacidades se encuentran actualmente pendientes de pago y cuál es el monto adeudado?
2. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera para el pago de incapacidades y cuántos casos superan los 30, 60 y 90 días de retraso?
3. ¿Cuáles son las causas que ha provocado los retrasos en el pago de incapacidades y qué medidas se están implementando para solucionarlos?
4. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera para obtener una consulta de medicina general y una consulta especializada?
5. ¿Cuántos pacientes se encuentran actualmente en listas de espera para atención especializada?
6. ¿Cuáles son las especialidades médicas con mayor retraso en la asignación de citas?
7. ¿Cuántas cirugías se encuentran actualmente pendientes de realización en la red hospitalaria del ISSS?
8. ¿Cuántos pacientes tienen más de seis meses esperando una intervención quirúrgica?
9. ¿Qué plan institucional existe para reducir la mora quirúrgica y los tiempos de espera?
10. ¿Cuántos médicos especialistas han dejado de laborar en el ISSS desde 2019 a la fecha?
11. ¿Cuántas plazas de especialistas se encuentran vacantes actualmente y cuáles son las áreas más afectadas?
12. ¿Qué estrategias se están implementando para contratar y retener médicos especialistas?
13. ¿Cuál es la situación financiera actual del ISSS y cuál es el monto de sus reservas institucionales?
14. ¿Cuánto dinero ha recibido el ISSS en concepto de cotizaciones durante los últimos cinco años?
15. ¿Cuál ha sido el gasto anual en contratación de servicios externos durante los últimos cinco años y cuál es la justificación de dicho gasto?
16. ¿Cuál es el monto actual de la mora patronal y qué acciones se realizan para recuperar esos recursos?
17. ¿Cuál ha sido la inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento médico y ampliación de servicios durante los últimos cinco años?
18. ¿Cuál es el estado actual del equipamiento médico en hospitales y clínicas del ISSS?
19. ¿Qué auditorías financieras y administrativas se han practicado en los últimos cinco años y cuáles han sido principales hallazgos?
20. ¿Considera que los trabajadores salvadoreños están recibiendo servicios acordes con los recursos que aportan mensualmente al sistema?

El más reciente balance financiero publicado por el ISSS mostró un déficit financiero de -$64 millones (negativo) al cierre de 2024 que disminuyó a -$6 millones (negativo) en 2025, luego de que los ingresos del ISSS aumentaran de $827 a $866 millones, la mayor parte del aumento ocurrió en «ingresos de Seguridad Social», de $799 a $841 millones.

La reducción del déficit también ocurrió luego de un recorte en los gastos de $891 a $872 millones, en su mayoría en gastos de personal, de $436 a $417 millones.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma presupuestaria que incorporará $2,500,000 de excedentes en la recaudación de Impuesto sobre la Renta a la Dirección Nacional de Mercados (DNM) para contratar servicios básicos y profesionales.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

Al explicar el proyecto, el viernes pasado, la subdirectora general de presupuesto de Hacienda, Laura Michelle Arce, declaró que $2,123,000 servirán para servicios básicos, servicios generales y la contratación de servicios profesionales.

Los restantes $377,000 irán a la Unidad de Tecnología, Redes e Infraestructura de la nueva Dirección Nacional de Mercados, y servirán para la compra de «pantallas de video institucionales» y sistema de audios para el Mercado San Miguelito, entre otros, de acuerdo a las explicaciones que dio Arce a los diputados.

La DNM, creada el 5 de junio de 2025,  administrará los mercados que hayan sido construidos o remodelados por la Dirección Nacional de Obras Públicas (DOM) u otra institución del Órgano Ejecutivo, e inició este año con un presupuesto de $3.2 millones con el Mercado San Miguelito bajo su administración, un mercado construido con $34 millones con 1,040 puestos de venta.

La Asamblea Legislativa aprobó un decreto que exonera a la Cámara de Comercio de Corea del Sur El Salvador del pago de impuestos, aranceles y bodegaje por la introducción de $2.8 millones en medicamentos que recibió de la organización no gubernamental Korea Love Sharing Community (KOLOS), y que será entregada al Ministerio de Salud del país.

El decreto de exoneración fue aprobado con 60 votos de todos los partidos políticos.

La donación, que asciende a $2,804,234.40 según el decreto aprobado, requerirá que la Cámara de Comercio de Corea del Sur presente en un plazo de tres meses un informe con atestados a la Dirección General de Aduanas que acredite la entrega de los productos.

La fundación KOLOS es una organización no gubernamental sin fines de lucro de Corea del Sur dedicada a la ayuda humanitaria y la diplomacia médica global que colabora con compañías farmacéuticas y gobiernos para donar medicamentos.

En la Comisión de Hacienda, el subdirector del Hospital Bloom, Werner Heriberto Rosales, explicó que son medicamentos para problemas respiratorios, gastrointestinales, metabólicos y diabetes, para adultos y niños. Sin embargo, en el decreto no se detallan los medicamentos.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un reconocimiento al club deportivo FAS por haberse coronado campeón en el Torneo Clausura 2026.

En su dictamen, los diputados manifiestan que el FAS “se ha consolidado como la institución más laureada y un pilar fundamental en la historia del fútbol salvadoreño”.

“Conocido como el rey de copas, el cuadro santaneco ha forjado un legado de excelencia, constancia y mística ganadora que trasciende las fronteras de la zona occidental para convertirse en un referente de identidad nacional”, indica el dictamen emitido por la Comisión de la Niñez e Integración Social.

Los legisladores sostienen que el reconocimiento no solo se trata de la conquista de un título deportivo sino que es respuesta a que el FAS es un “agente motor de cohesión social, resiliencia y pertenencia cultural para la zona occidental y el país en general”.

Los diputados votaron de manera unánime, sin diputados ausentes, incluyendo los legisladores de oposición, de los partidos Vamos y Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no actualiza información pública que debe divulgar oficiosamente según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), solo tiene completos 3 de 33 ítems, informó este miércoles la organización Acción Ciudadana.

De las 33 obligaciones de publicación de información oficiosa, 26 informaciones están desactualizadas, 3 están vacíos y 1 ítem está incompleto. La AC revisó la información el 17 de abril de 2026 y documentó si la información estaba o no actualizada hasta marzo de 2026.

La organización advirtió que la divulgación de información actualizada del órgano electoral salvadoreño no es solo una “obligación legal sino una garantía democrática que fortalece la confianza pública y la integridad del proceso electoral”.

“El Tribunal Supremo Electoral mantiene cumplimientos reiterados en materia de transparencia activa, la persistencia de información desactualizada, la ausencia de algunos apartados y la falta de avances respecto al monitoreo anterior reflejan una baja prioridad institucional hacia la publicación de información oficiosa, esto limita las posibilidades de vigilancia ciudadana y afecta la rendición de cuentas”, indicó la organización.

La mayoría de información se actualizó desde 2024, algunos apartados desaparecieron completamente y persiste la información con enlaces rotos como en los resultados de escrutinios en donde enlace da error.

Señaló que continúan desactualizados: presupuesto, remuneraciones, viajes, adquisiciones y contrataciones, listado de ofertantes, listado de bienes y recursos públicos asignados a particulares.

Además, las actas de las reuniones de los magistrados del TSE que deben ser públicas según la LAIP están actualizadas hasta 2017, las agendas no están actualizadas y las resoluciones llegan hasta abril de 2024.

Y el portal de transparencia del TSE eliminó los apartados del directorio y currículo de funcionarios, además del apartado de asesores.

En cuanto a la información de cara a las elecciones 2027, la AC consideró que un ítem completo es el calendario electoral pero no está ubicado dentro del Portal de Transparencia; pero determinó que la publicación del Plan General de Elecciones (Plagel) fue publicado parcialmente.

La AC advirtió que el TSE está publicando los avances del proceso electoral “en redes sociales” o en comunicados de prensa, y no en mecanismos formales de transparencia activa.

Las elecciones en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027 para 44 alcaldes y sus concejos, además de 60 diputados propietarios y sus suplentes.

Además de ello, por reforma constitucional, se celebrarán también las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, debido a que la Asamblea Legislativa extendió el periodo presidencial de cinco a seis años, habilitó la reelección presidencial indefinida y dejó el siguiente periodo presidencial para 2027-2033.

Al cierre de 2025, el Sistema Público de Pensiones (SPP) tenía 83,002 pensionados con apenas 1,059 cotizantes, según el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), una cifra que ahora dista más de los 137,000 jubilados y los 2.1 millones de afiliados que tiene el Sistema Privado de Pensiones.

Este es un dato más actualizado que el contenido en el estudio actuarial emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda. Este informe citó datos de hasta diciembre de 2024 y reportó 1,400 cotizantes o afiliados activos y 86,500 jubilados en el SPP.

En otras palabras, el SPP se habría reducido en un año en 341 cotizantes y 3,498 jubilados, al comparar la memoria de labores del ISP sobre el año 2025 y el estudio actuarial de diciembre de 2025 que se basa en datos de 2024.

El SSP fue un sistema de reparto que dejó de inscribir a nuevos cotizantes desde que en 1998 las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) asumieron el manejo de los ahorros para las pensiones de los trabajadores salvadoreños.

La baja cotización del SSP provoca un déficit que es financiado con los ahorros previsionales de los cotizantes del sistema privado: el ISP paga pensiones de jubilados del SSP con fondos de los cotizantes del sistema privado de pensiones que se toman a través de la emisión de Certificados de Obligación Previsional (COP) y la adquisición de estos instrumentos financieros por las AFP.

El ISP, sin embargo, reporta un incremento del 75 % en la cantidad total de las pensiones administradas, aunque sin detallar la cantidad registrada un año antes.

La reforma previsional aprobada en diciembre prolongó el mecanismo de financiamiento de las obligaciones previsionales del Estado aunque le aumentó la rentabilidad a un 7 % anual. Sumando la deuda heredada en los Certificados de Inversión Previsional (CIP), la deuda del Estado con el ahorro de los trabajadores que cotizan en las AFP asciende a $11,520.42 millones hasta abril de 2026. La obligación de cotizar finaliza cuando el afiliado recibe algún beneficio por vejez o cuando es declarado con invalidez total.

Seis de cada diez con pensión por vejez

De los 83,002 pensionados del sistema público, un 57 % trabajó en el Estado y el resto en entidades privadas, por lo que las pensiones son proveídas respectivamente por el ISP –antes INPEP– y la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS).

No todos los 83,002 pensionados son jubilados. Lo son un 62.74 % (52,078) que tienen pensiones por vejez, un 37.16 % (30,843) tienen pensiones por sobrevivencia y un 0.10 % (81) tienen pensiones por invalidez.

Los datos, de la Gerencia de Fiscalización, son citados en la más reciente memoria de labores del ISP, publicada en abril pasado.

La memoria de labores tiene varios capítulos que han sido censurados; por ejemplo, omite la mayor parte del capítulo sobre fiscalización del sistema de pensiones, que incluiría gestiones para “promover la regularización de la mora previsional por parte de los empleadores”.

Según el ISP, estas acciones buscan que se cumpla con las obligaciones de cotización y salvaguardar los derechos previsionales de los trabajadores afiliados al sistema. Se señala que esta información fue “suprimida por contener información reservada” según los artículos 19 literales e, g y h, y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El informe también censura la información sobre la gestión financiera, que incluye datos sobre la deuda previsional.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “el Chino” Flores, cree que el gobierno y Nuevas Ideas podría estar buscando la reducción aún mayor de los municipios ante cálculos desfavorables a Nuevas Ideas según el dirigente.

“De que puedan incluso, sabedores de que van a perder municipios en El Salvador, reducirlos entre 25 y 30. Esa va a ser una de las propuestas que van a presentar, ¿qué significa?, por ejemplo, que puedan unir San Salvador Sur con Salvador Centro, que puedan unir La Libertad Norte con La Libertad Centro, que pueden unir San Salvador Norte con Salvador Oeste”, afirmó.

Flores aseguró que también podrían “eliminar los concejos plurales”.

Según el dirigente de izquierda, el FMLN está subiendo a sus preferencias. “En 2020 teníamos 1 %, en 2021 se mantenía el 1 %, en el 2022 subimos al 2 %, en el 2023 bajamos al 1, en el 2024 a 0.8, en el 2025 otra vez al 1 y ahora estamos en el 4 %”, dijo.

La encuesta CID Gallup publicada el 27 de mayo de 2026 indicó que Nuevas Ideas tenía un 33 % de las preferencias partidarias entre la población, el FMLN tenía un 4 % y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), un 4 %.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma electoral que redujo de 262 a 44 municipios desde el 1 de mayo, ante la petición realizada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su discurso del 1 de junio de 2023.

“Aquí en mis manos la propuesta para reorganizar la división político administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44”, dijo Bukele en esa ocasión.

El 28 de febrero de 2027, los partidos políticos participarán en las elecciones de 44 alcaldes y 60 diputados de la Asamblea Legislativa. También será la elección presidencial, que fue adelantada de 2029 a 2027 luego de prolongar el periodo presidencial de cinco a seis años y habilitar la reelección presidencial anticipada.