Autor: Yolanda Magaña

El Gobierno entregó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la «Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial» que, entre otros cambios, facultaría a los inspectores y gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) a que puedan ordenar la retención administrativa de vehículos y de los documentos de tránsito como licencias, tarjetas de circulación y placas, así como trasladarlos a predios del VMT, para prevenir perjuicios al interés público.

Se trata de un artículo nuevo, el 118-A, que se introduciría en la normativa y que indica que, «si no es posible subsanar la situación que origina la inmovilización en el momento, el vehículo será trasladado a los predios designados del VMT».

Sin embargo, cuando el hecho de tránsito pueda «derivar» en un delito «serán los agentes de la Policía Nacional Civil quienes instruirán el procedimiento», por lo que en estos casos los vehículos quedarán a disposición de la Policía, la Fiscalía o el juez competente.

La remisión de vehículos aplica en casos regulados en el artículo 118 ya existente de la normativa, como: circulación con placas distintas a la del vehículo, circulación sin placas legalmente autorizadas, circulación con placas falsificadas, obstaculización intencional de la vía pública, competencias automovilísticas en vías de circulación, conducción del vehículo habiendo consumido bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes, prestar el servicio de transporte sin autorización o circular como transporte alternativo sin autorización.

Actualmente el artículo 118 únicamente señala que será «el agente de la Policía Nacional Civil» quien ordenará «como medida urgente a fin de evitar perjuicio al interés público la remisión del vehículo, decomiso de licencia de conducir automotor, tarjeta de circulación de vehículos y placas».

La propuesta de reforma fue enviada a la Asamblea Legislativa por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Edgar Romeo Rodríguez Herrera, y será estudiada por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea, que se reunirá el próximo martes 20 de octubre.

La propuesta, además, habilitaría al VMT a tener sus propios puntos de revisiones técnicas vehiculares, plantea sanciones por las modificaciones estructurales sin permisos en transporte de carga, agrega la remisión de vehículos por la movilización de mercancías o residuos peligrosos sin permisos o fallas mecánicas.

Más de la tercera parte de los salvadoreños, un 36 %, mencionan el alto costo de la vida como principal problema del país, según la encuesta de opinión pública realizada por CID Gallup y publicada esta semana.

Una similar proporción, de un 29 % de los entrevistados, mencionaron el desempleo como el principal problema.

A una distancia considerable aparece el transporte público como principal problema de la población, mencionado por un 15 % de los entrevistados. Le siguen la corrupción por un 7 %, la falta de recreación por un 3 %, y la inseguridad por un 1 %.

La respuesta no fue espontánea, ya que se presentó una lista preelaborada a la población entrevistada. La pregunta realizada fue: “De la lista que le voy a leer, ¿cuál considera usted que es el principal problema de nuestro país?”.

Sin embargo, el mismo estudio de opinión pública revela que el 73 % de los salvadoreños aprobó el desempeño del gobierno de Nayib Bukele ante el costo de la vida.

Por otra parte, la seguridad sigue siendo el área mejor evaluada. Según la encuesta, el 98 % de la población evalúa bien la seguridad del país, el 94 % evaluó bien la educación y el 87 % indica que El Salvador va por el camino correcto. Un 87 % dice que el régimen de excepción debe continuar, y un 89 % tienen una imagen favorable de Bukele. El estudio publicó que la gestión de Bukele fue aprobada por el 92 % de las personas entrevistadas y el 91 % opinó que el presidente hace lo mejor para su pueblo “siempre o casi siempre”.

La encuesta fue realizada del 9 al 28 de septiembre de 2026 a 1,208 personas mayores de 18 años, con un margen de error de 2.8 % y un nivel de confianza del 95 %, entrevistas cara a cara en los hogares.

La directora de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Paola Bardi, explicó que la excepción a la prohibición de cambiar el uso de suelo en zonas arbóreas de vegetación permanente no aplicará en bosques o reservas naturales “salvo dictamen técnico”, y prometió que habrá “rigor técnico” en la DOT para aplicar dicha excepción.

El viernes, la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen de reforma a la Ley Forestal para exceptuar la prohibición del cambio de uso de suelos adecuados para vegetación permanente y cubiertos de árboles en tres casos: cambios en el entorno, que las condiciones no existan en el inmueble del proyecto o que el proyecto sea de interés público.

La directora de la DOT explicó que la institución pedirá a los solicitantes de cambio de uso de suelo una serie de estudios sobre riesgos naturales, hidrología, áreas de protección y recarga hídrica, actividades económicas, red vial, servicios básicos y otros para poder tramitar estos cambios de uso de suelo.

Detalló que pedirán estos estudios «para comprobar que el suelo ya no corresponde con esa clasificación», como estudios de riesgos naturales, hidrología, áreas de protección y recarga hídrica, actividades económicas predominantes, red vial y accesos principales, servicios básicos, estudios de usos actuales del suelo, entre otros.

Bardi detalló que ha habido «casos de proyectos en donde están urbanizaciones justo al lado de este tipo de clasificación de uso de suelo», lo que «significa que el entorno ya no corresponde a la clasificación de uso de suelo que se dio hace 24 años».

La reforma permitirá una excepción a la prohibición regulada en el artículo 12 de la Ley Forestal. Este artículo prohíbe el cambio de uso de los suelos clase VI, VII y VIII que estén cubiertos de árboles y solo permite aprovechamiento sostenible.

La excepción se dará cuando haya cambios de entorno, proyectos de interés público o condiciones distintas a las mencionadas en esos tipos de suelo en el inmueble.

La reforma excluye de la excepción los bosques salados, los sitios RAMSAR, las áreas naturales protegidas y las zonas de protección acuífera o de recarga hídrica, pero con una salvedad: «salvo dictamen técnico de la entidad rectora que determine lo contrario».

Los suelos clase IV son, según la ley forestal, los adecuados para vegetación permanente, pastoreo, bosques, frutales, con restricciones moderadas para cultivo por su grado de pendiente o excesiva piedra; los VII son suelos con bosques salados, adecuados para vegetación permanente incluyendo pastos de corte, la mayoría ubicados en terrenos montañosos de poca profundidad efectiva, con abundantes rocas; y los VIII son áreas accidentadas, excesivamente pedregosas y arenosas, no aptas para agricultura y que pueden ser apropiadas para la vida silvestre, protección, recreación o ecoturismo.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aclaró este viernes que «ningún pandillero saldrá libre» y explicó que revisarán los casos de quienes consideran fueron colaboradores no habituales de pandillas, calculando que aproximadamente la mitad de los mismos podrían ser integrados al programa Cero Ocio.

El martes 13 de octubre, Bukele reveló que están evaluando la posible liberación condicional anticipada para personas detenidas por ser «colaboradores» de pandillas pero que no han tenido un vínculo para la comisión de delitos graves; en esa ocasión, Bukele sostuvo que aproximadamente el 50 %» de personas que están detenidas por colaboración con las pandillas podrían beneficiarse de una liberación anticipada.

Este viernes, Bukele detalló que los casos que revisarán son de 10,626 colaboradores no habituales de pandillas y que “ningún pandillero” saldrá libre.

“Que quede claro. Ningún pandillero va a salir libre, nunca. Ningún poste, chequeo, ningún gatillero que no son oficialmente pandilleros pero ellos sabían que pertenecían a la estructura. Los paros, depende de qué era, tal vez salgan libres en 20, 30 años. Pero los colaboradores, vamos a revisar los casos, vamos a ver qué nivel”. Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Según las cifras proporcionadas por el presidente, en todo el país hay 120,956 privados de libertad, de los cuales 96,457 están «presos por pertenencia o temas ligados a pandillas».

De estos 96,457 detenidos por vínculos con pandillas, detalló que 42,125 son «homeboys» o miembros de pandillas o con tatuajes; 25,910 miembros «no brincados» como chequeos, postes, gatilleros y otros. «Dijeron van a liberar a los postes, no», señaló.

De acuerdo al presidente también había «paros» que hacían favores habituales a las pandillas; y finalmente, señaló, había 10,626 «colaboradores» de los cuales explicó que “no son los colaboradores habituales” sino que colaboraron con la pandilla en “alguna circunstancia”.

«Luego, estaban lo que nosotros hemos calificado en el sistema penitenciario como colaboradores, que son 10,626. Esos no son los colaboradores habituales, esos son los paros, ni mucho menos los miembros. sino que son personas que se vieron en alguna circunstancia y colaboraron con la pandilla». Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Bukele explicó que, «de esos 10,000 vamos a revisar los casos» y que de dicha cantidad creen «que aproximadamente un 50 por ciento pudiera entrar al programa Cero Ocio».

El mandatario rechazó la afirmación de que se fuera a liberar «la mitad de los presos» en general y aseveró en un inicio que «eso de las liberaciones fue más bien una tergiversación de los medios». Dije que «íbamos a revisar el 50 por ciento de los casos que estaban presos por ser colaboradores de pandillas, no de los pandilleros”, aclaró.

Las explicaciones fueron brindadas en medio de una conferencia conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, San Vicente Sur, y elogió el modelo de seguridad de Bukele.

Durante la conferencia, Bukele dijo que Costa Rica no llegó a vivir la situación salvadoreña en seguridad y que está más avanzado que El Salvador en temas de desarrollo, economía y medio ambiente.

Por su parte, Fernández aseveró que el CECOT es un «monumento a la justicia y a las víctimas» y que El Salvador es un referente mundial de seguridad. “Quedé sorprendida del orden, de la disciplina, del aseo” del CECOT, afirmó. Instó a seguir unidos contra el «narcoterrorismo». «No encontrarán gobiernos dispuestos a rendirse», expresó.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, visitó este viernes la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha antipandillas en El Salvador, como parte de una vista oficial de tres días al país en la que conocerá el modelo penitenciario del Gobierno de Nayib Bukele.

Fernández llegó al Cecot cerca del mediodía y fue recibida por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa, René Merino.

Tras una reunión de varios minutos, Fernández recorrió la armería de está prisión, además del pabellón 3, donde observó parte de la rutina de los presidiarios, quienes pasaban revisión médica, realizaban actividad física o se encontraban en las celdas.

Se esperaba que Fernández concediera unas palabras a la prensa, pero finalmente no lo hizo.

Esta visita se produce dos días después de que la Administración de Fernández inaugurara en suelo costarricense el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), un penal de máxima seguridad inspirado en el Cecot.

Este mismo viernes, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibirá en la Casa Presidencial a su homóloga para “abordar temas estratégicos de seguridad regional, cooperación técnica e intercambio de información entre ambas naciones”, según informó el Gobierno.

Fernández considera a Bukele un referente en materia de seguridad y destacó recientemente que «es en momentos difíciles cuando se mide el apoyo de un aliado» como él.

Esta megacárcel salvadoreña tiene capacidad para albergar a 40,000 pandilleros condenados o detenidos en el contexto de la polémica medida del régimen de excepción, implementado por el Gobierno de Bukele para combatir a estas bandas.

Por su parte, el Cacco de Costa Rica inaugurado esta semana tiene capacidad para unos 5,100 presos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

El Gobierno costarricense invirtió cerca de 35 millones de dólares en él y consta de cinco módulos con capacidad para poco más de 1.000 presos cada uno, de los cuales esta semana fueron inaugurados los dos primeros que recibirán reclusos desde finales de octubre.

Las instalaciones del Cacco fueron inauguradas este semana por Fernández, pero su construcción comenzó en enero pasado cuando el entonces gobernante Rodrigo Chaves (2022-2026), y el mandatario Bukele, participaron en un acto oficial del inicio de esta obra ubicada a unos 25 kilómetros de San José.

En diciembre pasado, el entonces presidente Chaves también realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el Cecot, mientras que Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, cuando visitó la principal cárcel de ese país, alertando de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, presentó este viernes en Argentina su ensayo «La revolución pasiva: más allá de izquierda y derecha en El Salvador», en un encuentro con representantes del ámbito político, académico y diplomático.

Ulloa expone las transformaciones políticas e institucionales impulsadas durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, las cuales, según su ensayo, no pueden explicarse únicamente a partir de las categorías tradicionales de izquierda y derecha.

El funcionario sostiene que los cambios en el país responden a una nueva configuración política y a las demandas de la población salvadoreña, en un contexto marcado por las decisiones gubernamentales en materia de seguridad y por las iniciativas orientadas al desarrollo económico.

En su ensayo, Ulloa recurre al concepto de «revolución pasiva», desarrollado por el filósofo y político italiano Antonio Gramsci para analizar un proceso de transformación dirigido desde el Estado, sin que este corresponda necesariamente a una revolución social impulsada desde las bases.

El texto plantea que el fenómeno político encabezado por Bukele constituye una corriente que combina elementos de distintas tradiciones ideológicas y que ha modificado el escenario político nacional, tradicionalmente dominado por la confrontación entre Arena y el FMLN.

«La consecuencia es la formación de una nueva identidad política que no puede ser reducida a las categorías clásicas, esto no significa que el bukelismo carezca de ideología, por el contrario, significa que su ideología funciona de manera diferente: combina elementos heterogéneos y los articula alrededor de una narrativa nacional de transformación», dice en su libro.

«La consecuencia es la formación de una nueva identidad política que no puede ser reducida a las categorías clásicas, esto no significa que el bukelismo carezca de ideología, por el contrario, significa que su ideología funciona de manera diferente: combina elementos heterogéneos y los articula alrededor de una narrativa nacional de transformaciones», señala en sus conclusiones.

De acuerdo con la Vicepresidencia, la senadora argentina Patricia Bullrich reconoció los avances de El Salvador en materia de seguridad y destacó el papel del Estado en la recuperación de la tranquilidad de las familias y el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, señaló que la transformación salvadoreña trasciende las categorías tradicionales de izquierda y derecha.

La embajadora de El Salvador en Argentina, Miriam Mena, también asistió a la presentación, que abrió un espacio de intercambio sobre democracia, institucionalidad y las transformaciones políticas contemporáneas.

En Argentina, Ulloa también participó en la XV Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en donde se abordó la cooperación regional en educación, ciencia y cultura. Según el comunicado de prensa, Ulloa reafirmó que la educación constituye un pilar estratégico para el desarrollo, la libertad y el progreso, reconoció el papel de la OEI como socio estratégico de El Salvador, y trasladó el respaldo del gobierno de Nayib Bukele a la elección de Andrés Delich como secretario general de la Organización para el período 2027-2030.

Delich enfatizó los principales desafíos que enfrentan los sistemas educativos de Iberoamérica, entre ellos la desigualdad, las brechas de aprendizaje y la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza, según el comunicado.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes un dictamen favorable para reformar la Ley Forestal con el fin de crear una excepción en la prohibición del cambio de uso de suelos adecuados para vegetación permanente y cubiertos de árboles cuando haya habido cambios en el entorno o estas condiciones no existan en el inmueble o, también, haya un proyecto de interés público.

«Se han presentado situaciones o casos de proyectos en donde están urbanizaciones justo al lado de este tipo de clasificación de uso de suelo, eso significa que el entorno ya no corresponde a la clasificación de uso de suelo que se dio hace 24 años», explicó este viernes la directora de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), Paola Bardi, en la Comisión.

El artículo 12 de la Ley Forestal prohíbe el cambio de uso de los suelos clase VI, VII Y VIII que estén cubiertos de árboles y señala que podrán ser aprovechados sosteniblemente manteniendo el mismo uso.

La reforma introduce una excepción en el artículo 12 cuando hay estos «cambios de entorno» o que haya proyectos de interés público como la infraestructura vial.

La directora de la DOT aclaró que se excluyen de la aplicación de la reforma los bosques salados, los sitios RAMSAR, las áreas naturales protegidas y las zonas de protección acuífera o de recarga hídrica.

Señaló que no todos los trámites serán aceptados, sino que habrá «un rigor técnico» ya que se pedirán una serie de estudios «para comprobar que el suelo ya no corresponde con esa clasificación» como estudios de riesgos naturales, hidrología, áreas de protección y recarga hídrica, actividades económicas predominantes, red vial y accesos principales, servicios básicos, estudios de usos actuales del suelo, entre otros.

“No obstante se podrá autorizar el cambio de uso de suelo mediante el trámite respectivo ante autoridad competente (DOT), siempre que se demuestre que las condiciones del entorno han cambiado o en su defecto se compruebe que las limitaciones técnicas definidas para suelos clase VI, VII y VIII no pertenecen al inmueble en que se desea ejecutar un proyecto, o cuando se trate de proyectos de interés público. En cualquier caso, deberá procurarse la implementación de medidas de conservación de suelos y la compensación establecida en el artículo 38-A de la Ley de la DOT. Se excluyen expresamente de esta excepción los bosques salados, sitios RAMSAR y áreas naturales protegidas, zonas de protección acuífera o recarga hídrica independientemente a su declaración, salvo dictamen técnico de la entidad rectora que determine lo contrario”.

El dictamen fue aprobado inmediatamente por los diputados, luego de la visita de la directora de la DOT sin alguna pregunta.

Con el cambio solicitado por Bardi, la excepción en la reforma se establecerá así: «Por unanimidad queda aprobado poder dictaminar sobre la propuesta de ley antes mencionada», dijo el diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas. «Muchísimas gracias», respondió la directora de la DOT.

Los suelos clase IV son, según la ley forestal, los adecuados para vegetación permanente, pastoreo, bosques, frutales, con restricciones moderadas para cultivo por su grado de pendiente o excesiva piedra; los VII son suelos con bosques salados, adecuados para vegetación permanente incluyendo pastos de corte, la mayoría ubicados en terrenos montañosos de poca profundidad efectiva, con abundantes rocas; y los VIII son áreas accidentadas, excesivamente pedregosas y arenosas, no aptas para agricultura y que pueden ser apropiadas para la vida silvestre, protección, recreación o ecoturismo.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inició este viernes su visita oficial a El Salvador del 16 al 18 de octubre, en la cual se reunirá con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y conocerá el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), ubicado en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.

Fernández fue recibida esta mañana por la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”.

De acuerdo con la presidenta de Costa Rica, Fernández atendió la invitación del presidente Bukele “para conocer de primera mano el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT porque ya tenemos la infraestructura pero quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal”, dijo la mandataria costarricense el miércoles.

Durante la inauguración del Centro de Alta Contencion contra el Crimen Organizado (CACCO), inaugurado el miércoles en donde se ubica el complejo La Reforma, dijo que quieren estudiar “los modelos operativos” y “cómo es el día a día en un país que ha sido reconocido mundialmente como exitoso para erradicar la pandemia de pandillas”, en referencia a El Salvador.

Fernández asumió la presidencia de Costa Rica el 8 de mayo de 2026 y cinco meses después inauguró el Centro de Alta Contencion contra el Crimen Organizado (CACCO), una “megacárcel” para 5,100 reos inspirada en el CECOT de El Salvador.

Fernández hizo su primera visita oficial a un país en Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella. Y, después de la visita oficial a El Salvador, realizará su siguiente visita oficial el 27 de octubre al Vaticano, en donde tiene programada una reunión con el Papa León XIV, el 29 de octubre.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó que con esta visita “se reafirman los lazos de amistad y las buenas relaciones bilaterales entre ambos países” y “el interés de los líderes de la región para implementar el exitoso modelo de seguridad” en El Salvador.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), resultaron con opiniones favorables del 43 %, 34 % y 29 % de la población, respectivamente, según la encuesta más reciente de CID Gallup.

Estas tres figuras públicas son las que le siguen a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que obtuvo un 89 % de opiniones favorables de la población salvadoreña según el mismo estudio.

La pregunta realizada a los entrevistados fue «si su opinión es muy favorable, algo favorable, ni favorable ni desfavorable, algo desfavorable o muy desfavorable”.

La presentación del estudio incluye 7 figuras públicas, aunque se desconoce si el listado publicado es el listado íntegro efectivamente presentado a las personas entrevistadas.

Después de Marcela Villatoro, que tiene un 29 % de opinión favorable, aparece de cerca la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, con un 28 %. Ambas son diputadas de oposición.

Posteriormente, aparece Rafael Aguirre, candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con un 26 %; y Mayteé Iraheta, candidata presidencial de Arena, con un 21 % de opiniones favorables.

En el estudio no aparece el candidato presidencial del Partido de Concertación Nacional (PCN) que aún no ha sido ratificado en Asamblea General del partido, el general Alirio García Flamenco, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada.

La encuesta fue realizada a 1,208 personas, del 9 al 28 de septiembre de 2026, con un error muestral de 2.8 % y un nivel de confianza del 95 % a mayores de 18 años.