Autor: Yolanda Magaña

De acuerdo a la diputada Alexia Rivas, del partido Nuevas Ideas, en El Salvador se tratará lo que llamó “cultura progresista” como se trata el terrorismo.

“Seamos claros. El Salvador trata la cultura progresista con la misma severidad que el terrorismo. No permitiremos la destrucción de la familia salvadoreña con este cáncer globalista”, expuso la legisladora en X.

Rivas también respondió al comentario de un usuario en X que expresó que quería mudarse a El Salvador ya que está “atrayendo inversionistas” como CoreNest Capital y desarrollando blockchains como Coreum y defendiendo “valores familiares fundamentales y sólidos”.

La diputada de Nuevas Ideas le respondió que “una economía próspera combinada con sólidos valores familiares”.

La directora de la Oficina Nacional del Bitcoin del gobierno salvadoreño, Stacy Herbert, respaldó las nuevas reglas para prohibir el “lenguaje inclusivo” en las escuelas de El Salvador. Aseguró que “si las palabras no tienen un significado común, compartido, el diálogo se vuelve imposible”.

“Cuando palabras como hombre o mujer carecen de un significado fijo, conceptos como hecho, evidencia o verdad pierden su estándar común. Todo se vuelve radicalmente subjetivo, imposibilitando el consenso sobre la realidad objetiva”.

Stacy Herbert, directora de Oficina Nacional de Bitcoin.

“Una sociedad sin una definición compartida de sus palabras es una sociedad que ha perdido su capacidad de razonar en conjunto, de gobernarse a sí misma o incluso de compartir un mundo”, expresó.

La noche del 2 de octubre, la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, envió el memorándum 22-2025 la prohibición de “lenguaje inclusivo” en todos los centros educativos públicos y dependencias del Ministerio de Educación.

“Palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotroxs o cualquier deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia. De esta manera se garantiza el buen uso del idioma”, anunció en el memorándum la funcionaria.

Los diputados acordaron este viernes citar a ministra de Economía y superintendenta del Sistema Financiero para aprobar “Ley de fondos de inversión privados alternativos”, que permitirá a personas la inversión de al menos $250,000 bajo una regulación propia mediante normas emitidas por el Banco Central de Reserva.

La diputada Dania González, presidenta de la Comisión de Tecnología, propuso citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y a la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias. “Por unanimidad queda aprobado”, indicó, después de la votación.

La diputada no informó a qué hora o qué día se realizará dicha próxima reunión de la Comisión de Tecnología.

El diputado William Soriano le preguntó “para cuándo queda la siguiente comisión”.

“La siguiente semana aproximadamente, probablemente”, le respondió la diputada González.

Soriano le indicó que algunos tienen “doble comisión”. “Solo para que podamos ajustar un poco el horario”.

Los fondos privados serán administrados por sociedades privadas y serían regulados por normas del BCR y no por la Ley de supervisión y regulación del sistema financiero.

Los inversionistas serán exentos del Impuesto sobre la Renta de todas sus ganancias o utilidades por este tipo de inversiones.

El refuerzo de $250 millones del Banco Mundial que serán incorporados en la unidad de obligaciones estatales dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda 2025 inició su vigencia el pasado miércoles 24 de septiembre.

El préstamo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) fue ratificado el 3 de septiembre de 2025 por la Asamblea Legislativa bajo el nombre “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y resiliencia de El Salvador”.

Según el decreto, estos recursos podrán usarse para atender “prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”, según el considerando III del decreto.

Este préstamo es parte de los refuerzos que recibirá el Estado para sostenibilidad fiscal en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el Ministerio de Hacienda prometió que no utilizará deuda para gasto corriente a lo largo del año 2025. Repitió su promesa para el año 2026.

Hacienda aún no informó el destino de estos fondos del Banco Mundial. Únicamente ha reiterado que el presupuesto 2026 será «el segundo» que no financiará gastos corrientes con deuda.

El 1 de octubre de 2025, el ministro Posada Molina solicitó a los diputados que incorporen $113 millones provenientes de Hacienda a 13 instituciones del Estado; dijo en su solicitud y en la propuesta de decreto que los fondos provienen de «Fondo General» sin más detalles.

En el decreto propuesto no se reforman los Ingresos. Únicamente se reforma el apartado III de “Gastos” del presupuesto general. Aunque se detalla, en un artículo 2, que «los recursos serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del ramo de Hacienda con cargo al Fondo General”.

Hasta este 1 de octubre, la Asamblea Legislativa ha recibido un total de $1,992 millones de 17 préstamos externos para su autorización o aprobación, de los cuales autorizó $1,895 millones y aprobó $1,585 millones. La autorización permite a Hacienda suscribir los contratos de préstamo; mientras que la aprobación permite continuar con los desembolsos respectivos, para lo cual deben reformar el presupuesto estatal.

Los diputados también han recibido solicitudes de garantías soberanas del Estado para respaldar préstamos de autónomas por $1,481 millones, $900 millones de nueva deuda y el resto adquiridas en años anteriores.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que “nunca más” Occidente les dará “sermones sobre democracia, derechos humanos o libertad de expresión”.

El comentario del presidente puesto en X retomó un post de agosto de 2024 del gobierno del Reino Unido en el cual afirmaba: “Piensa antes de publicar”, en reacción a un post de la Fiscalía del Reino Unido que comentó: “El contenido que incita a la violencia o al odio no solo es dañino: también puede ser ilegal”.

En el post se agregó que el servicio fiscal del Reino Unido “se toma muy en serio la violencia en línea y procesará a los responsables cuando se cumpla con los requisitos legales”. “Recuerde a sus seres queridos que compartan información responsablemente o se enfrentarán a las consecuencias”, advertía en ese entonces el servicio fiscal británico.

Bukele retomó el comentario divulgado el 7 de agosto y expuso en inglés que no atenderá los “sermones” occidentales de democracia, derechos y libertad de expresión.

Guillermo Gallegos, exdiputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional, le respondió: “Jamás, salimos adelante gracias a dios y a las decisiones que usted tomó, hoy somos libres y pacíficos, y con orden”.

Bukele, quien asumió su segundo periodo presidencial el 1 de junio de 2025, acusó ese día a «fuerzas externas» de ejercer un «poder encubierto» y defendió la Ley de Agentes Extranjeros. En esa ocasión, señaló que los consejos de estas fuerzas externas dejaron “más pobres, más inseguros y más saqueados” a los salvadoreños. “A eso no vamos a volver”, dijo, de la misma manera.

En esa ocasión, el presidente aseguró: «Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. ¿Cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene la impunidad garantizada? Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad, ser periodista del club, porque tiene que ser de APES (Asociación de Periodistas de El Salvador), les permite infringir la ley sin consecuencias”. La APES publicó el 1 de octubre un informe sobre el exilio de periodismo salvadoreño.

En mayo de 2025, Bukele cuestionó las calificaciones a las democracias del mundo que realizan diferentes entidades de investigación como la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU). Dijo que no tenía “nada en contra de las monarquías” pero preguntó por qué “las puntuaciones más altas las obtienen las monarquías hereditarias y los regímenes que prohíben a sus oponentes”.

La EIU mantiene a El Salvador como un régimen híbrido con un puntaje de 4.61 en el Índice de Democracia 2024; el régimen híbrido es el anterior al autoritario. Antes están la democracia débil y la democracia plena.

En agosto de 2025, el presidente defendió la reelección presidencial indefinida habilitada por la legislatura dominada por el partido oficial, Nuevas Ideas. Aseguró que el 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida “y nadie se inmuta”.

Bukele aseveró en agosto de 2024 que “El Salvador no solo es el país más seguro del hemisferio occidental, sino que también garantizamos que usted no será arrestado, censurado ni le confiscarán sus bienes por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

 

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, encargado del Despacho del Ministerio de Economía, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva «Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos» que no estarían sujetos a la regulación del sistema financiero sino a normas aprobadas por el Banco Central de Reserva.

Los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), compuestos por activos de «inversionistas sofisticados», serían administrados por sociedades creadas «todo en nombre y por cuenta y riesgo de sus inversionistas» o también por Sociedades de Inversión de Capital Fijo (Sicaf), que administrarían «PAIF autónomos».

Los PAIF estarán exentos del Impuesto sobre la Renta respecto a utilidades, dividendos, regalías, rentas, ingresos, ganancias de capital y todo tipo de beneficios económicos.

Un inversionista sofisticado es considerado como aquel que tiene conocimientos para asumir riesgos de inversión y que pueda invertir al menos $250,000. El proyecto les permitiría invertir en activos digitales.

Los PAIF y sus sociedades administradoras no estarían regulados bajo la Ley de supervisión y regulación del sistema financiero de El Salvador, ni serían considerados integrantes del sistema financiero, ya que el Banco Central de Reserva emitiría unas normas en un plazo de 60 días, dejando la supervisión a cargo del Banco junto a la Superintendencia del Sistema Financiero.

Según el proyecto, la supervisión a estos Fondos y sus sociedades sería ejercida por la Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR, aunque bajo las normas emitidas por el BCR.

Sociedades aprobadas por la SSF

El proyecto establece que las sociedades administradoras de Fondos de Inversión Privados Alternativos se constituirán como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada; y que, si sus accionistas son extranjeros, podrán usar «nombres comerciales utilizados en el país de origen de estos» que «podrán estar en el idioma respectivo».

Será el Consejo de la Superintendencia, según la propuesta, la entidad que aprobaría la constitución de una sociedad, «en un plazo no mayor a 30 días», luego de recibir información sobre la identidad de los accionistas, estrategia de inversión y estatutos.

Estas sociedades se constituirían con un capital social mínimo de $10 millones.

La ley obligaría a las sociedades a tener «una garantía» al menos de $500,000 o del 1 % de la suma de los activos de cada uno de los Fondos administrados, sin que exceda $1 millón por cada Fondo.

La propuesta señala que las sociedades deben cumplir con la Ley contra el lavado de dinero y de activos, «implementará procedimientos para verificar la procedencia de los recursos» y que «deberán poner a disposición de los inversionistas a solicitud de estos» los estados financieros. También establece un artículo sobre la inembargabilidad de los activos.

Este 1 de octubre, la Asamblea Legislativa recibió cuatro solicitudes de autorización para suscribir contratos de préstamos por un total de $196.3 millones, de los cuales autorizaron dos por $100 millones para programas que prometen infraestructura vial y saneamiento de aguas residuales en el oriente del país, así como apoyo a agricultores.

Por la autorización para suscribir estos créditos por $100 millones, votaron 57 votos. No hubo votos en contra.

Un total de $61.3 millones –$30 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y $31.3 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, se destinarían a «apoyar a los agricultores» en «diferentes zonas del país» y para «incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en áreas rurales». La petición de financiamiento explica que buscan «mejores prácticas sostenibles y acceso a los mercados».

El gobierno también solicitó préstamos por $135 millones para el programa Surf City Fase II –$70 millones de OPEP y $65 millones del BCIE– para «infraestructura pública» en «zonas focalizadas con potencial económico y turístico», garantizar la conectividad vial en la red de carreteras según las solicitudes del ministro. Además, explican que buscan «disponer de una infraestructura de saneamiento adecuada y suficiente para el tratamiento de aguas residuales».

Así, el 1 de octubre, poco después de las 10 de la mañana, la sección de correspondencia de la Gerencia de Operaciones Legislativas recibió del Ministerio de Hacienda solicitudes de autorización para firmar cuatro préstamos. Los diputados aprobaron dos autorizaciones por $100 millones y pasaron las otras dos, por $96.3 millones, a estudio, así:

1. Contrato de préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por hasta $30 millones para el «Programa de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional de las zonas rurales (Progresar Rural)». La solicitud fue aprobada con dispensa de trámites. Dispensa de trámites: 56 votos. Autorización: 57 votos.

2. Convenio de financiación con el FIDA por $31.3 millones para el «Programa de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional de las zonas rurales (Progresar Rural)». La solicitud pasó a estudio de la Comisión de Hacienda.

3. Convenio de préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por hasta $70 millones para financiar el «Programa Surf City Fase II. La solicitud fue aprobada con dispensa de trámites. Dispensa de trámites: 56 votos. Autorización: 57 votos.

4. Contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por hasta $65 millones para el «Programa Surf City Fase II». La solicitud pasó a estudio de la Comisión de Hacienda.

Surf City II es el nombre con el cual el gobierno inauguró en abril de 2025 el proyecto de construcción de una carretera de 13 kilómetros y siete puentes para conectar 11 playas de San Miguel y Usulután.

La Asamblea Legislativa ha autorizado o aprobado durante el año 2025 más de $1,700 millones en préstamos, tres de los cuales son para sostenibilidad macroeconómica y fiscal.

Uno de los que se ha incorporado al presupuesto 2025 es financiado por el Banco Mundial por $250 millones y que se destinará a sostenibilidad fiscal. Fue incorporado a «obligaciones generales del Estado». El gobierno prometió que tanto en 2025 como en 2026 no usará deuda para gasto corriente.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma que permite la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití por un año adicional.

“Las disposiciones previstas en esta ley para la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la misión regulada en este decreto permanecerán vigentes un año posterior a la fecha establecida en el inciso segundo del presente artículo”, indica el nuevo inciso tercero del artículo 1.

La ley, aprobada el 19 de diciembre de 2024, autorizó la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en una misión de aeronaves de ala rotativa “para evacuaciones médicas”. La autorización estaba vigente hasta el 2 de octubre de 2025. La misión de la FAES incluye tanto personal civil como militar.

El Salvador mantiene a 78 efectivos, entre militares y policías, que llegaron el 3 de enero (ocho) y el 4 de febrero (70) a Haití.

La reforma no modificó el nombre de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en la cual participa El Salvador.

La MSS, activa desde junio de 2024, será sustituida por una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) según una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que implica el abandono de la MSS en los próximos días.

Según un reporte de Efe, la fuerza MSS no logró ayudar a recuperar los territorios controlados por las bandas armadas, que controlan el 90 % de la capital haitiana, y no tenía apoyo logístico.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles dos reformas que suprimen el informe favorable de la junta de vigilancia de la profesión médica correspondiente como requisito necesario para que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) autorice un establecimiento privado de salud pública.

La reforma al Código de Salud fue aprobada con 48 votos a favor y la reforma a la Ley del CSSP y sus juntas de vigilancia fue aprobada con 57 votos a favor y tres votos en contra, de Alianza Republicana Nacionalista y de Vamos.

La diputada Marcela Villatoro pidió que su voto fuera registrado en contra, ya que afirmó que ya se encontraba presente en el momento de la votación; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, le respondió que «no estaba incorporada, no formaba parte del pleno».

Las reformas quitan el «informe favorable» que debe tener el CSSP cuando autorice un establecimiento como hospitales, clínicas, laboratorios u otros centros de salud privados.

También eliminan la facultad de las juntas de vigilancia de las diferentes profesiones médicas de realizar inspecciones a estos centros privados.

En su lugar, será el CSSP que deba exigir «requisitos técnico-administrativos». El presidente del CSSP, Daniel Quinteros, aseguró que siempre se realizarán inspecciones en los centros privados antes de autorizarlos y prometió transparencia.

Las reformas reincorporaron la Licenciatura de Trabajo Social como una de las profesiones bajo la vigilancia del CSSP si estos profesionales laboran en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye centros de salud tanto privados como públicos.

En tercer lugar, la reforma declara de utilidad pública a los centros privados de salud, lo que permite según la CSSP poderlos cerrar únicamente por acuerdo del Consejo.

Y, en cuarto lugar, las reformas facultarían al CSSP a vigilar otros servicios de salud, algo que según el presidente del CSSP se refiere a servicios a domicilio como enfermería, servicios médicos, ambulancia o incluso cuido de adultos mayores.

En medio de una larga discusión, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la 43ª prórroga del régimen de excepción para mantener suspendidos los derechos constitucionales de defensa, al plazo máximo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia.

La prórroga anterior vence mañana sábado 2 de octubre y la nueva prórroga estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2025.

El régimen de excepción suspende los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución.

En su solicitud, el gobierno reportó 89,500 capturados señalados de ser pandilleros o terroristas, 700 más respecto a la prórroga aprobada el 27 de agosto. En las solicitudes de los cinco meses anteriores, el gobierno ha reportado entre 500 y 900 capturas mensuales.

Tanto la dispensa de trámite como el decreto de prórroga recibieron 57 votos de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Vamos votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no estaban presentes.

«No podemos estar defendiendo a pandilleros»

El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado de Nuevas Ideas, aseguró que ellos no pueden estar “defendiendo a una persona que descuartiza niñas” o a gente “que le metió fuego a los microbuses con gente adentro”. “Quien mal anda, mal acaba”, dijo.

Declaró que los diputados del PCN están listos “ahora, mañana y siempre” para seguir aprobando las prórrogas del régimen de excepción.

Poco antes, el diputado Ángel Lobos, de Nuevas Ideas, citó que van «1,025 días sin homicidios» desde el inicio de la primera administración de Nayib Bukele en el Ejecutivo.

“Nuestra economía está creciendo, 4.1 % ha crecido en este segundo trimestre… Lo que le daban al pandillero ahora lo reinvierten. Mucho más inversionistas están viniendo… Nuestro presidente está haciendo lo que está llamado a hacer a costa de muchos, hay personas que quieren ver al país que quieren ver al país como estaba en el pasado y atacan al presidente, atacan a los diputados», pronunció en su defensa del régimen de excepción.

«Aquí nadie defiende pandilleros»

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, respondió al diputado pecenista y se refirió a la liberación del pandillero Élmer Canales Rivera, alias «Crook».

«Aquí nadie defiende pandilleros, les gusta decirlo, les gusta mentir. ¿Saben quiénes sí los defienden? Ustedes ya saben, verdad, esos que trasladaron al Crook, esos que dan privilegios, están señalados por hacer pactos con ellos, esos que se llenan la boca diciendo que sin cuerpo no hay delito, esos sí defienden pandilleros, ojalá que de verdad todo el que anda mal acabe mal porque aquí hay muchos”, expresó.

Rivas aseguró que tampoco “nadie quiere volver al pasado de las pandillas” pero tampoco “nadie quiere estar preso injustamente” y “nadie quiere que sus padres que ya tienen carta de libertad están encarcelados, ningún niño quiere eso”. Señaló que el 37 % de los niños vive sin uno o ambos padres según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

La legisladora también pidió “tomar acciones urgentes” para atender a “esos más de 100,000 niños” hijos de personas presas. “¿Quién está atendiéndolos?, ellos no son culpables de nada. Son más de 100,000 niños que no merecen lo que les está pasando”, subrayó.

«¿O son fantasmas?», «seis propiedades»

Por su parte, el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que podían “hablar y hablar y hablar” y pidió a las cámaras hacer un “paneo” para ver cuántos diputados había dispuestos a aprobar el régimen de excepción.

“Ni uno, ¡ni un diputado!, ¿o son fantasmas o qué son?, ¡qué mentirosos son!, qué falsos son. Ellos dicen que apoyan la seguridad, ni han venido los sinvergüenzas”, exclamó en tono de burla. Agregó que, como se reformó el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, para que pudieran votar únicamente “sí” o “no”, “lo que hacen es no venir”.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, le respondió al diputado Navarro que las «personas falsas, mentirosas e hipócritas» son las que «obtienen seis propiedades en menos de nueve meses». «Que nos digan cómo hacen, ahí no explican», dijo.

Por su parte, Alexia Rivas, legisladora de Nuevas Ideas, aseguró que quienes hablan de respeto «son los que no respetan al pueblo salvadoreño» y destacó que están en la búsqueda del «milagro económico». Subrayó que la economía ha crecido 4.1 % en el segundo trimestre del año 2025 según las cifras del Banco Centra de Reserva. «Ahora ya estamos hablando de resultados», indicó.

Mientras el gobierno señala que el régimen de excepción, vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido el encarcelamiento de los pandilleros y una disminución drástica de homicidios, organizaciones no gubernamentales han registrado 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría sobre capturas arbitrarias.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el pronunciamiento sobre la conmemoración del “Mes de la primera infancia, niñez y adolescencia salvadoreña” junto al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

La diputada Lorena Fuentes destacó que la Asamblea Legislativa ha aprobado la Ley nacer con cariño, la Ley crecer juntos, la Ley amor convertido en alimento, y que han apoyado con becas legislativas “bajo el liderazgo del presidente Castro” para beneficiar a 150 jóvenes con estudios de educación superior.

“Las leyes tan importantes que han cambiado desde la forma en cómo los salvadoreños venían al mundo hasta cómo se le da un acompañamiento pleno durante su niñez hasta que el joven se convierte en un ciudadano de bien”, indicó.

“Niñas, niños y jóvenes que nos pueden ver hoy, sueñen en grande porque en unos años ustedes podrían ser los que se sienten en estos curules o los que estén al mando de las direcciones del Estado, pueden ser presidentes, pueden ser presidentas y en sus manos va a estar nuestro país. Prepárense”.

Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que están comprometidos para su desarrollo integral “en todas las etapas de su vida”. “Los cambios empiezan en casa”, indicó, dirigiéndose a un grupo de 45 jóvenes miembros del Consejo Consultivo para la primera infancia, niñez y adolescencia coordinado por Conapina y que estaban presentes en la sesión plenaria.

Callejas aseguró que los pilares sobre los cuales buscan construir el país son la “educación, la seguridad, la salud y la primera infancia”. “Ustedes van a ser el fruto de esa siembra”, indicó a los jóvenes y niños.

En el pronunciamiento, los diputados exhortan a “unirse” a un “esfuerzo nacional” y a “proteger la inocencia, la felicidad y la esperanza” de los niños y adolescentes.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, destacó la importancia de que los niños “conozcan sus derechos”. “La educación es poder, en ustedes está el provocar que esos derechos sean vida y no solo estén en una ley”, indicó. Pidió no olvidar el “principio de interés superior” regulado en el artículo 12 de la Ley crecer juntos.

“La Ley crecer juntos va a ser vida hasta cuando cada uno de los niños de El Salvador goce y tenga acceso a esa educación de calidad”. Cesia Rivas, diputada de Vamos.

Por su parte, el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, preguntó a los jóvenes cuál era la tendencia en estos momentos y dijo: “El sombrero loco”. En su mensaje mencionó también a Gokú y BTS. “No hace mucho lo que se oía era ‘ver, oír y callar», mencionó, al referirse a la seguridad del país. Exhortó a los jóvenes a que «puedan ser el sombrero loco todos los días» y mencionó los logros que alcanzó como joven como becas en México e Irlanda.