Autor: Yolanda Magaña

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con la ministra de Justicia, de Portugal, Rita Alarcão Júdice, abordando “temas relacionados con la evolución de los procesos judiciales en El Salvador” y las acciones para enfrentar la delincuencia y fortalecer la administración de justicia.

Según un comunicado de prensa, Ulloa “destacó la separación entre las instancias judiciales que identifican delitos comunes y aquellas especializadas en casos de terrorismo a fin de fortalecer la eficacia del sistema judicial salvadoreño”.

Mientras, la ministra paraguaya compartió avances en innovación y tecnología de la justicia paraguaya. En el encuentro participó la embajadora de El Salvador en Portugal, Rhina Bardi.

En Paraguay, Ulloa también participó en la inauguración del 25º Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, en Cascais, Portugal, que reunió a representantes de gobiernos de 29 países miembros, en donde remarcó que El Salvador busca “mantenerse a la vanguardia mediante una visión orientada a la adaptación digital y la innovación financiera” y destacó la adopción del Bitcoin. Y señaló que debe haber visión sobre “riesgos emergentes” en ciberseguridad y prevención del delito..

Ulloa también se reunió con la Comisión de Asuntos Exteriores y Comunidades Portugesas del Parlamento de Portugal, donde habló de una “estrategia enfocada en alcanzar el milagro del crecimiento económico a través del impulso de obras de infraestructura, el fortalecimiento de la inversión pública, la atracción de capital extranjero y la gestión de financiamiento con organismos multilaterales”.

El vicemandatario también mencionó “proyectos estratégicos” como el viaducto Francisco Morazán, en construcción, aeropuertos y una promesa de inversión de $1,615 millones de la empresa turca Yilport Holding Inc que realizará durante los próximos 50 años de operación del Puerto Acajutla y del Puerto La Unión Centroamericana.

El vicepresidente también participó en una mesa redonda organizada por el Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe, en alianza con la Embajada de El Salvador en Portugal.

La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles que el Ministerio de Hacienda suscrita un contrato de préstamo por $150 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para remodelar 13 escenarios deportivos en nueve departamentos del país.

La autorización se aprobó con 57 votos: 54 de Nuevas Ideas, 2 del PCN y 1 del PDC. La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

La entidad ejecutora será el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Los diputados oficialistas celebraron la aprobación. Óscar Robles, diputado suplente de Nuevas Ideas, aseguró que «nadie se había involucrado en esto» y que gracias al presidente Nayib Bukele se está «aprobando este préstamo».

Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), lo consideró una «noticia muy importante para el desarrollo del deporte a nivel nacional». «Se van a recuperar porque todos están en mal estado, la gran mayoría», dijo.

López Cardoza aseguró que el Estadio «José Gregorio Martínez», de Chalatenango, ocurrió un derrumbe en el costado trasero.

«No solo teniendo un equipo en primera división se puede tener un escenario deportivo bonito. El Estadio José Gregorio Martínez es un estadio que se utiliza todos los días. Esto va a ser un gran alivio para el departamento de Chalate», indicó.

Saúl Mancía, diputado de Nuevas Ideas, aseguró que «la alcaldía no le está invirtiendo» y está «en abandono» al estadio en Chalatenango.

Por su parte, la diputada Claudia Toledo, también del partido de Gobierno, aseguró que se le acercó un grupo de jóvenes pidiéndole las mejoras que estaban aprobando. «La Cancha 2030 representa alegría para los jóvenes» en Chalchuapa, Santa Ana, dijo.

Un primer préstamo del BCIE por $115.2 millones fue otorgado en septiembre de 2020 para la modernización de 25 escenarios deportivos en El Salvador.

«Gracias por tomar en cuenta el departamento de San Vicente», dijo por su parte, Edgar Fuentes, de Nuevas Ideas. Walter Coto, también diputado de Nuevas Ideas, aseguró que con esta autorización siguen «transformando el país». «Cada vez que damos nuestros votos, construimos escuelas, calles, mercados», dijo.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, consideró que algunos escenarios deportivos que se remodelarían con el crédito autorizado ya debían haber sido intervenidos con el primer préstamo.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma a la “Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café” que, entre otros objetivos, busca que los semilleristas y viveristas se inscriban en el Instituto Salvadoreño del Café (ISC).

El ISC podrá revisar la información reportada por los semilleristas y viveristas, así como cualquier otro que participe en la cadena productiva del café y la comercialización interna y externa. La reforma también obliga a los intermediarios a llevar un registro de todos los actos de comercialización del café.

La reforma agregó en el artículo 38 que “el resultado del análisis de calidad no será vinculante para la autorización del permiso de exportación”, en referencia al análisis que realiza la Unidad de Control de Calidad del ISC a las muestras de café a exportar.

También, se permitirá que, en un contrato de venta externa, se pueda “omitir” el dato de mes de embarque “de manera provisional y sugiere que debe proporcionarlos al ISC “tan pronto le sea posible obtenerlo”.

La reforma señala que, si el exportador no cuenta en el momento de la inscripción con la información de mes de embarque, puerto de embarque y país de destino, “deberá presentarla al momento o previo a solicitar el permiso de exportación”.

Informes al ISC sobre gastos, ajustes de precios y rendimientos

En el artículo 14, se reduce el periodo de 30 a 20 días hábiles después del cierre del año cafetalero para que los beneficiadores, medianos pergamineros, grandes pergamineros y torrefactores informen al ISC sobre las deducciones, costos de transformación, y se agrega: gastos administrativos, ajustes de precios y rendimientos.

También, se agrega a los intermediarios entre los obligados a informar en los primeros 10 días hábiles de cada mes sus operaciones del mes anterior: cantidades de café recibidas de los productores según tipo y calidad, cantidades de compra y venta interna entre obligados excepto. Productores, ingresos de café de terceros para su procesamiento como contratación de servicios, transferencias de café entre pergamineros, beneficiadores y exportadores, compras y ventas de café según tipo y calidad y existencias de café, cantidades, ya sea en pergamino, oro y cereza seca.

La modificación agregó como infracción grave “realizar actividades de procesamiento de café en sus diferentes estados sin estar acreditado” en el ISC y, como «infracción muy grave, operaciones de compra o venta con registros vencidos.

A los beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores se agregó la obligación de informar sobre los ingresos de café de terceros. También, se establecería un plazo máximo de dos días hábiles para que la autoridad policial envíe al beneficio más cercano el café decomisado por falta de documentos del origen y destino.

La diputada Marcela Villatoro solicitó este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa incorporar y aprobar con dispensa de trámites una iniciativa para eliminar por tres meses el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) sobre los combustibles.

“También queremos ayudarles todos los 60 diputados de esta Asamblea, pues, les traigo esta propuesta para que se suspenda el impuesto a todos los salvadoreños durante el plazo de tres meses. Vamos a ver si así como les gusta hablar, cantan”, dijo en el pleno.

La iniciativa solo tuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos.

Según la solicitud, se aprobaron dos decretos transitorios en marzo de 2022 para “disminuir de forma responsable el impacto del aumento de los combustibles y evitar crisis en la economía de las familias salvadoreñas”, pero que considera necesario suspender el cobro del IVA por tres meses para “mantener estables los precios de los combustibles” y frenar las alzas “en especial de los productos de la canasta básica”.

En El Salvador, los combustibles han tenido un incremento de $0.84 en casi un mes y medio desde que inició el conflicto en Medio Oriente cuyos primeros ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026, bajo el argumento de que Teherán tenía un programa nuclear que amenazaba Medio Oriente y la seguridad de EE. UU. Por el estrecho de Ormuz pasa el 20 % del petróleo y el gas licuado a nivel mundial.

El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aclaró este miércoles que es falso un comunicado que circula sobre el supuesto fallecimiento del expresidente Salvador Sánchez Cerén en Managua, Nicaragua.

“Hacemos la aclaración, a nuestra militancia y a la nación, que esta noticia en falsa”, afirmó, sobre un pretendido comunicado en el que falsamente se informaba sobre el fallecimiento, y horas y lugares de la velación y el sepelio del exgobernante salvadoreño.

Sánchez Cerén, de 81 años, gobernó El Salvador de 2014 a 2019, reside en Managua, Nicaragua, en donde fue nacionalizado nicaragüense desde el 30 de julio de 2021 luego de que el fiscal Rodolfo Delgado ordenara su detención por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por $530,000 proveniente de sobresueldos por su gestión de vicepresidente de 2009 a 2014.

La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este miércoles, con dispensa de trámites, a tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, uno de los cuales ocupará una magistratura suplente en la Sala de lo Constitucional.

Claus Arthur Flores Acosta fue elegido como magistrado suplente de la Sala de lo constitucional hasta el 15 de noviembre de 2027; y Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García, como magistrados suplantes para el periodo que concluye el 23 de septiembre de 2033.

La dispensa de trámites fue aprobada con 55 votos y las elecciones de los magistrados, llevada a cabo en la misma plenaria, fueron aprobadas con 56 votos. En la votación nominal y pública, Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra, y 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor de las tres elecciones.

Los nombres fueron dados a conocer por el subjefe de fracción de Nuevas Ideas (NI), Caleb Navarro, en la sesión plenaria de este miércoles, retomados de la lista 2024-2033 enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El diputado Caleb Navarro dijo que es necesario que la “Sala de lo Constitucional de la CSJ cuente con magistrados suplentes dispuestos a servir al Órgano Judicial y al país” y en atención a que diferentes circunstancias los magistrados propietarios no puedan concurrir, es vuelve necesario se elijan.

“En tal sentido, propongo se elija como magistrado suplente de la CSJ designado a la Sala de lo Constitucional para el periodo que concluye el 15 de noviembre del año 2027 al abogado Claus Arthur Flores Acosta”, anunció. Navarro también propuso a los abogados para el periodo que concluye el 23 de septiembre de 2033 Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García. “Pudimos tener las entrevistas de toda la lista completa de los postulantes”, dijo. “Esta sería la propuesta del grupo parlamentario Nuevas Ideas”, agregó.

Los magistrados suplentes electos:

Claus Arthur Flores Acosta: segundo magistrado en funciones de la Cámara de Familia de la sección de occidente en Santa Ana desde enero de 2023, juez dos del juzgado civil de Mejicanos, juez propietario y suplente del juzgado quinto de lo civil y mercantil desde 2014. Se graduó de la Universidad Politécnica. “Es una persona que nosotros consideramos que puede cumplir fielmente este cargo”, dijo el subjefe de fracción de NI, Caleb Navarro.

Joaquín Osmar Vallejos Díaz: abogado y notario, tiene estudios de maestrías en Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, juez 4º de paz de San Salvador. “También ha tenido otros cargos que creemos que le van a servir de mucho en este nuevo reto”, afirmó Navarro.

Jesús Ulises García: juez presidente del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Es magistrado suplente de la Cámara Primera Sección del Centro de Cojutepeque. Fue juez de paz de Sensutepeque y juez de sentencia en Chalatenango. El subjefe de NI aseguró que ha sido formador en la CSJ desde 1981.

En la solicitud presentada por diputados de Nuevas Ideas, se sostiene que en 2024 recibió 30 candidaturas presentadas por el CNJ a quienes entrevistó y que, de este listado, fueron elegidos cinco magistrados propietarios que finalizan en 2033 y dos que finalizan en 2030, además de dos suplentes, el 23 de julio de 2025. Citaron que la ley del CNJ da una vigencia de tres años a las postulaciones remitidas por el CNJ.

Los gobiernos de El Salvador y Paraguay aprobaron el Programa de Cooperación 2026-2028 con seis proyectos de construcción conjunta, informó la vicecanciller salvadoreña Adriana Mira.

Mira aseveró que El Salvador es “principal oferente de cooperación” con cinco iniciativas de infraestructura vial, turismo y desarrollo local.

Mencionó, sin dar mayores detalles, que una iniciativa será desarrollada “por la contraparte”, es decir, Paraguay. No detalló cuál iniciativa.

Ambos países celebraron la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, también se realizó la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y de Coordinación Bilateral, en donde participó el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún.

El gobierno paraguayo informó, en su sitio oficial de Cancillería, que “los viceministros acordaron identificar mecanismos para promover la competitividad, el crecimiento económico y el acceso a mercados” y se comprometieron a firmar instrumentos en materia de “transporte aéreo”.

Uruguay mencionó iniciativas de cooperación “en salud, seguridad, educación, agricultura, fortalecimiento institucional, cultura, entre otros”.

Ambos países también firmaron un memorando de entendimiento de cooperación académica para profesionalización diplomática y consular.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) realiza ferias de identidad en países del extranjero en las cuales fomenta que los salvadoreños que residen en el exterior tramiten su Documento Único de Identidad (DUI).

En las próximas elecciones de Asamblea Legislativa, los votos de los salvadoreños con DUI domiciliado en el exterior se asignarán automáticamente a los diputados del departamento de San Salvador, independiente de su origen departamental. Así lo ordena la Ley especial para el sufragio en el extranjero, aprobada el 18 de octubre de 2022.

En Canadá, el RNPN anunció que del 16 al 18 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se instalarán ferias de identidad de enrolamiento de DUI en Vancouver, en 1111 Melville Street, Unit 602 Vancouver, British Columbia V6E 3V6.

También estarán en Montreal, el 17 y el 18 de abril, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., en la dirección 2055 Rue Peel. Oficina 840, H3A 1V4 Montreal; y en Calgary, los días 20 y 21 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la dirección 815 8th Avenue SW Suite 710 Calgary AB T2P 3P2.

Siempre en Canadá, estarán también en Ottawa, el 23 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; y en Winnipeg, el 25 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, en Irlanda, montarán una feria de identidad en Dublin, el 17 y 18 de abril, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en St Mary’s Priory Tallaght.

En Países Bajos, los días 20 y 21 de abril, estarán en La Haya, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en Riouwstraat 137, 2585 HP.

En Francia, estarán os días 23 y 24 de abril, desde 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en París, 12 Rue Galiee 75116 París.

En México se desarrollarán en Playa El Carmen, el 25 de abril y en Cancún, el 26 de abril, en ambos lugares, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Un día después de aprobadas, el presidente de la República, Nayib Bukele, sancionó, el 27 de marzo, las reformas a seis leyes que regulan la aplicación de la pena perpetua para delitos de extrema gravedad con una revisión obligatoria para evaluar la libertad controlada de los condenados a la misma.

Por ello, 30 días después de haber firmado los seis decretos, el domingo 26 de abril próximo iniciará la vigencia de los juzgados de lo criminal creados de la conversión de juzgados de menores y de las reformas que penalizan con la cárcel perpetua los delitos de extrema gravedad.

Los decretos sancionados son: reformas al Código Penal, a la Ley integral por una vida libre de violencia contra las mujeres (LEIV), a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley Penal Juvenil, al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica Judicial.

La reforma permite distintas posibilidades para las personas condenadas a cadena perpetua.

Los delitos de extrema gravedad a los cuales se les aplicaría pena perpetua, en una virtual condena, serán: homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación agravada, violación en menor o incapaz, violación en menor incapaz agravada y pertenencia a organización criminal o terrorista, el nuevo delito creado por la reforma.

Antes de la reforma, los pandilleros eran acusados por «agrupaciones ilícitas», delito que después de la reforma será aplicado a grupos delictivos no pandilleriles con penas entre 10 y 20 años, y ya no en la cuantía que estaba establecida para pandilleros: entre 20 y 30 años, y 40 y 45 años para cabecillas.

La reforma ordena la cadena perpetua como única pena en caso de condena por la comisión de estos delitos, sean estos autores o cómplices necesarios, sean jóvenes de 12 a 18 años o adultos, miembros de pandillas o no.

Los nuevos jueces de lo criminal, anteriores jueces de menores, deberán hacer una revisión obligatoria de la pena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas.

Esta revisión de las penas perpetuas se haría obligatoriamente a todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes.

Luego de la aplicación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, los homicidios han continuado su tendencia a la baja pero sin erradicarse totalmente.

El gobierno ha insistido en que los pandilleros no saldrán «nunca» de las cárceles. El 1 de junio de 2025, Bukele lo dijo así: «Sigan gritando libérenlos ya. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca».

«Por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado porque debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más», aseguró Bukele también en esa ocasión.

En febrero de 2025, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, mientras promovía una reforma anterior para enviar a los menores a centros penales comunes, aseguró que no creen «en la rehabilitación de terroristas independientemente de la edad».

La reforma extendió esta pretendida perpetuidad de la prisión a los condenados por homicidio, feminicidio y violación; pero la misma reforma abre la posibilidad a la libertad para todos a partir de los 25 años.

Incluso la pena perpetua podría bajar a los 10 años de prisión si tiene autorización fiscal en un procedimiento abreviado, es decir, en el que confiese.

De 2024 a 2025, en El Salvador han ocurrido al menos 96 homicidios, 25 feminicidios y 2,739 violaciones según la memoria de labores de la Fiscalía; y 644 violaciones según el balance de gabinete de seguridad de 2025. Un año antes, hubo 117 homicidios, 25 feminicidios y 3,018 violaciones según la respectiva memoria de labores.

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, propuso a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dejar expresamente excluidos los servicios de salud, educación y recursos hídricos en la nueva Ley de alianzas público-privadas propuesta por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa.

«Si estamos de acuerdo en que estos servicios deben estar excluidos, yo invito a la Comisión que, en el momento que discutamos el articulado, se incorpore en la propuesta de que quede expresamente en la ley excluidos estos servicios», expresó, luego de escuchar al diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, que efectivamente serán excluidos los servicios de salud, educación y recursos hídricos estarían excluidos de la nueva normativa.

El proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía elimina las exclusiones de los servicios de salud, educación, recursos hídricos, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Universidad de El Salvador (UES), que actualmente están vigentes en la Ley de asocios público-privados. El proyecto únicamente mantiene exclusiones para los servicios de seguridad pública y justicia, y seguridad nacional.

«Estos servicios deben ser prestados por el Estado (salud, educación y agua). ¿Qué pasa si no se incluye?, estaríamos habilitando que se establezca un APP donde un privado llegue a invertir para brindar servicios de salud pública, el privado tiene que cobrar. Aquí se abren preguntas. Se estaría dejando habilitada la posibilidad de que haya cobro por salud pública o servicio de educación pública», advirtió Ortiz.

«La forma más práctica es dejarlo expresamente excluido de la ley», sugirió a los legisladores de Nuevas Ideas.

«Se toma nota de sus recomendaciones. De hecho para eso es este espacio», le respondió la diputada Dania González, presidenta de la Comisión, quien aseguró que invitarán a diferentes titulares de instituciones en el estudio del proyecto.

El diputado Soriano enfatizó que cada vez que han «tomado decisiones han sido decisiones pensadas» y puso como ejemplo DoctorSV. Soriano subrayó que buscan «hacer realidad las palabras de presidente: que lo público debe ser mejor que lo privado».

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión acordó citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que dé su explicación sobre el nuevo proyecto de ley. Mientras, la diputada Ortiz ha solicitado que la lista de invitados se abra a propuestas.