Autor: Yolanda Magaña

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador informó que debido al atraso en las asignaciones presupuestarias en el gobierno de los Estados Unidos, por falta de aprobación presupuestaria, las cuentas de redes sociales de la oficina diplomática no serán actualizadas hasta que se reanuden operaciones, excepto información urgente sobre seguridad y protección.

La oficina diplomática informó que los servicios programados de “pasaportes y visas” en los Estados Unidos así como en las embajadas y consulados en el extranjero “continuarán durante la interrupción de las asignaciones presupuestarias” pero “en la medida que la situación lo permita”.

Detalló que, para obtener información sobre el estado de las operaciones, hay que visitar travel.state.gov.

Al ingresar a travel.state.gov, las autoridades estadounidenses advierten, en un mensaje general, que las operaciones consulares –que incluye el servicio consular que se presta en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador– incluyendo los servicios de pasaportes y visas, así como la asistencia a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, “continuarán durante la interrupción de la financiación gubernamental”.

Sin embargo, también anuncian que “se suspenderá cierto apoyo nacional a las operaciones consulares”, aunque no detalla a qué apoyo se refiere.

La falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar el presupuesto, que inicia su vigencia el 1 de octubre, provocó que la Casa Blanca instruyera a todas sus agencias “implementar sus planes para un cierre ordenado”.

La votación fue 55 a favor y 45 en contra de un proyecto que buscaba extender la financiación del gobierno por siete semanas más y que requería 60 votos según Infobae.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, prometió que el Gobierno usará sus fondos propios para pagar deuda, salarios, bienes y servicios, y que no requerirá deuda para el funcionamiento del Estado ni para pagar deuda, es decir, para gastos corrientes.

«El Estado no va a ir a buscar fondos externos para financiar su gasto corriente», dijo expresamente, aplicando su promesa no solo al diseño del proyecto de presupuesto presentado este 30 de septiembre, sino a las modificaciones que pueda hacer al presupuesto a lo largo del año 2026.

En el Noticiero El Salvador de Canal 10, ante una aseveración del entrevistador de que “ahora mismo no habrá déficit”, el ministro respondió que el presupuesto “no requerirá financiamiento para cubrir el gasto corriente”. El gasto corriente es el gasto en remuneraciones, salarios y bienes y servicios, pagos de seguros de vida y hospitalarios para los funcionarios, pago de deuda, entre otros.

“Exactamente. Por segundo año consecutivo estamos presentando un presupuesto totalmente balanceado, el cual no requerirá financiamiento para cubrir el gasto corriente. ¿Qué significa esto? Que nosotros proyectamos cubrir el gasto corriente con todos nuestros ingresos corrientes”, fueron las palabras iniciales del funcionario.

Al final de la entrevista, reiteró que no lo harán a futuro: no incorporarán deuda para gasto corriente.

«Lo relevante es que hemos presentado un presupuesto totalmente balanceado que no requerirá brecha presupuestaria, no requerirá financiamiento para el gasto corriente. Todo el gasto corriente del presupuesto va a ser financiado con nuestros propios ingresos, ingresos corrientes y eso es bastante positivo porque implica que el Estado no va a ir a buscar fondos externos para financiar su gasto corriente», fueron las palabras del titular de la hacienda pública.

Según un economista consultado, la promesa implicaría que a lo largo del año 2026 Hacienda no podría recibir préstamos de refuerzo presupuestario o los tendría que reorientar a inversión, y tendría que pagar la deuda flotante adquirida en el mismo año 2026 sin reperfilarla o extenderla.

Posada Molina no se refirió a una promesa similar realizada para el presupuesto 2025 y la reforma que inyectó $250 millones de un préstamo del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y que se incorporaron a la partida de «obligaciones generales del Estado» del Ministerio de Hacienda.

Este martes 30 de septiembre, el ministro entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, un proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2026 de $10,555.6 millones, un incremento de 9.23 % equivalentes a $892.7 millones más que el proyecto de 2025,

En la Ley de presupuesto de 2025, el Gobierno Central destinó el 81 % de presupuesto a gastos corrientes, pago de deuda o gastos en contribuciones especiales; y asignó $1,808 millones a gastos de capital de un total de $9,662.9 millones de gastos. Sin embargo, el presupuesto ejecutado es distinto todos los años.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, aseguró que los ramos de Educación, Salud, Seguridad y Defensa concentrarán el 36.8 % de los $10,555.6 millones previstos para el presupuesto general del Estado 2026 cuyos proyectos de leyes fueron entregados el martes a la Asamblea Legislativa.

Posada detalló que de los $10,555.6 millones proyectos se destinarían «$3,886.9 millones para los ramos de Educación, Salud, Seguridad y Defensa».

Según el funcionario se destinarán $1,524.7 millones para el Ramo de Educación, $1,325 millones para el Ramo de Salud; y $1,037.2 millones para los ramos de Seguridad Pública y Defensa Nacional.

Detalló que en educación continuarán con la reconstrucción de escuelas y entrega de tablets y Chromebooks a estudiantes y docentes, uniformes, zapatos, útiles y libros.

Los cálculos del funcionario son que estos presupuestos tendrán aumentos que oscilan entre 6.9 % al 14.8 % respeto al plan de gastos estatal presentado para el año 2025.

Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Educación aprobado para el año 2025 ascendió a $1,540.4 millones, $15.7 millones más que lo previsto para 2026.

Una semana después, Hacienda publicó el proyecto de presupuesto, el 5 de agosto, se verificó que la cifra compartida verbalmente por el ministro de Hacienda para el Ramo de Educación no es la incluida en el proyecto de presupuesto. En este caso, Educación sube de $1,540.4 millones en 2025 a $1,641.1 millones en 2026, y no $1,524.7 millones como dijo el ministro.

Según el Portal de Transparencia Fiscal, el presupuesto de Educación casi no ha sufrido modificaciones. Hasta julio, ascendía a $1,539.4 millones, de los cuales dicha cartera de Estado ya ejecutó $762.2 millones.

Salud tuvo un presupuesto aprobado de $1,179.4 millones para 2025, $145.6 millones menos de lo previsto para 2026. Hasta julio, su presupuesto subió a $1,191.2 millones, de los cuales ha devengado $576.7 millones.

También, Seguridad Pública tuvo un presupuesto de $589 millones en la Ley de presupuesto 2025, mientras Defensa Nacional tuvo $314.3 millones. Ambas carteras de Estado sumaron $903.39 millones, $133 millones menos de lo que ahora está previsto para 2026.

En Seguridad, el presupuesto subió a $601.8 millones con las modificaciones que ha tenido a lo largo de 2025, de los cuales ha ejecutado $312 millones.

En Defensa, el presupuesto ha subido levemente a $314.3 millones, de los cuales ha ejecutado $183.4 millones hasta julio.

Las cifras de 2026, sin embargo, son las declaradas por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, en la entrega pública del presupuesto general del Estado 2026, ya que el proyecto aún no ha sido publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.

$2,261 millones de inversión

El gobierno asignó, en esta ocasión, un total de $2,261 millones al Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2026, un incremento de $309.4 millones respecto al PAIP programado para 2025.

Sin embargo, cada año, la inversión pública programada no se ejecuta totalmente como el gasto corriente de los presupuestos.

Por ejemplo, hasta agosto el gobierno había programado una inversión pública de $1,684.09 millones, pero a este mes ha ejcutado el 54.9 % de dichos fondos en inversión pública, la cual suele ser financiada con préstamos. El ministro dijo que al menos 70 % de los proyectos previstos para 2026 serán financiados con préstamos.

Dentro de este programa de inversión, el presupuesto 2026 también incluye inversión en la construcción del viaducto de Los Chorros por $110.2 millones, bypass de Apopa por $74.12 millones, mercado Santa Ana por $38.6 millones y el aeropuerto del Pacífico por $110 millones.

Nota: esta nota fue modificada luego de advertir que la cifra proporcionada por el ministro de Hacienda sobre la asignación a Educación, en la conferencia del 30 de septiembre, no corresponde al proyecto de presupuesto general del Estado 2026 publicado el 5 de octubre por el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, entregó el martes a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto general del Estado, presupuestos de autónomas y la Ley de Salarios para el ejercicio fiscal 2026, y repitió por segundo año su promesa de que no usará deuda para gasto corriente, sino solo ingresos propios.

El presupuesto asciende a $10,555.6 millones.

“Los ingresos estimados van a financiar la totalidad del gasto corriente del gobierno, obligaciones locales e internacionales”, fue la promesa del funcionario salvadoreño encargado de manejar las finanzas del Estado, con lo cual consideró que “por segundo año consecutivo” presentan “un proyecto de presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria”.

El gasto corriente es la erogación que realiza una entidad o persona para su funcionamiento u operación como salarios, compra de bienes y servicios, intereses de deuda, y transferencias que no se recuperan; es todo aquello que no es inversión en infraestructura.

“El presupuesto está totalmente balanceado, no requerirá de brecha y todos los ingresos corrientes (impuestos, tasas, contribuciones) que percibe el Estado van a financiar todo el gasto corriente”.

Jerson Posada Molina, ministro de Hacienda.

El gobierno calcula que el próximo año tendrá $8,950 millones de ingresos corrientes, incluidos $8,349 millones de ingresos tributarios.

Hacienda dice que la mayoría de proyectos de inversión serán financiados con préstamos de multilaterales. Prevé una inversión pública de $2,261 millones para 2026; en 2025 la inversión pública lleva una ejecución de 54.9 % de lo programado hasta agosto.

Ante una pregunta que retomó su promesa de financiar “la totalidad” del gasto corriente con ingresos propios y mencionó los préstamos del Banco Mundial que ha recibido el gobierno. El ministro reiteró la promesa y sostuvo que la mayoría de proyectos de inversión pública serán financiados con préstamos.

Un economista consultado consideró positiva la promesa, ya que eso implicará que el Ministerio de Hacienda deberá reorientar los préstamos de apoyo presupuestario que incorpore al presupuesto, y que la llamada «deuda flotante», en Letras del Tesoro Público (Letes) y Certificados de Tesorería (Cetes), que es deuda adquirida a un año plazo, no se acumulará ni refinanciará sino que deberá ser pagada en el mismo año.

“Eso sería favorable para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reflejaría disciplina fiscal, que el gobierno comience a pagar sus Letes y Cetes en un plazo breve, que no pase del mismo año, y que los préstamos de apoyo presupuestario ya no se usarían para financiar gasto corriente sino para otro tipo de obligaciones más importantes”, indicó el especialista.

Hace una semana, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal 2025 para incorporar $250 millones del préstamo del Banco Mundial a la unidad presupuestaria de “Obligaciones generales del Estado”. El préstamo corresponde al programa “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad y la resiliencia”.

Aunque Hacienda ni el Banco Mundial detallaron a qué unidad presupuestaria de las obligaciones generales del Estado se destinarán dicho refuerzo millonario. Esa unidad se compone de líneas presupuestarias como devolución de Impuesto sobre la Renta, seguro de vida de empleados públicos, devolución de IVA a exportadores, entre otros gastos corrientes.

“De seguro no usarán préstamos de apoyo presupuestario y también las Letes y Cetes que se emiten el otro año no se van a acumular, si no que se van a pagar el mismo año”.

Economista salvadoreño.

Actualmente, Hacienda puede emitir deuda flotante o de corto plazo únicamente para cubrir deficiencias temporales de caja hasta por un monto que no exceda el 20 % de los ingresos corrientes del Estado.

Hasta agosto de 2025, el gobierno ha acumulado una deuda flotante, Letes y Cetes, de $1,321.9 millones, $1,134.5 millones en Letes y $187.4 millones en Cetes. El ministro de Hacienda no detalló si se pagará la deuda a corto plazo reportada en el más reciente perfil de deuda según Transparencia Fiscal.

En agosto pasado, Hacienda pasó el 73 % de la deuda de corto plazo, $1,431.3 millones, a vencimientos de 2 y 7 años, “disminuyendo las presiones de caja y mejorando la liquidez del tesoro público”.

Un déficit de $17,824.20 millones para el pago de pensiones de los próximos cien años concluyó el “Informe sobre la valuación actuarial del sistema de ahorro para pensiones con proyecciones a partir de enero de 2020” publicado en marzo de ese año por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Una valuación actuarial es un estudio que pretende calcular las “obligaciones presentas y futuras” bajo ciertos flujos proyectados de ingresos y egresos de fondos, para evaluar si hay un equilibrio entre ingresos y gastos.

El estudio detectó un déficit actuarial de $9,159.75 millones en la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) para el periodo 2020-2119, faltante del monto total que debía pagar el Estado en los próximos 100 años en pensiones: obligaciones por $17,347.01 millones versus $7,964.98 millones de ingresos.

“Sus ingresos no serán suficientes para soportar las cargas que le han sido establecidas”, indicaba el estudio.

La CGS se destina el 88 % de sus fondos al pago de pensiones de jubilados del sistema privado –el SAP, los que cotizan a las AFP, tanto optados como obligados–, 1 % para pagar los Certificados de Traspaso (CT) y 11 % para las devoluciones de saldos.

En ese momento se previó que los fondos de la CGS “solamente alcanzarán a cubrir los compromisos hasta aproximadamente al año 2027” y “a partir de 2028 se estima que la CGS será deficitaria” y “requerirá del financiamiento del Estado para poder cumplir los compromisos previsionales a su cargo”.

Así, según el cálculo actuarial de 2020, la CGS terminaba el año 2027 con apenas $3.03 millones y afrontaba un saldo en rojo de -154.97 millones en 2028 y de -170.01 millones adicionales en 2029, aún tomando en cuenta los aportes de los trabajadores salvadoreños que cotizan a las AFP.

El estudio también calculó en $8,664.45 millones el déficit actuarial de las pensiones que debe pagar el Estado a los pensionados del Sistema Público de Pensiones, es decir, es lo que le falta al Estado para pagar 82 años de compromisos previsionales de este sector, cuyos aportes de cotizantes activos apenas suman $82,000.

En total, el déficit de pensiones que en ese momento resultaba de $17,824.20 millones, más de 12 veces el financiamiento que otorgará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a El Salvador para estabilizar la situación financiera del Estado. La cifra es casi dos presupuestos anuales de El Salvador.

El informe aclara que no se consideran las cargas fiscales por el pago de intereses y capital de la deuda del Estado con los ahorros de los cotizantes de las AFP.

La valuación actuarial de 2020 se hizo con base en la existencia de 2,013,477 afiliados a los sistemas de pensiones, 1,914,079 del sistema privado y 99,398 del sistema público. También, se hizo tomando en cuenta que la edad legal de jubilación es 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres; y que la edad máxima para acceder al beneficio es 85 años para los hombres y 80 años para las mujeres.

Una valuación actuarial de 2019 proyectó saldos rojos de la CGS a partir de 2026: -42.08 millones en 2026, -108.16 millones en 2027 y $-162.59 millones en 2028, progresivamente hasta alcanzar los -859.91 millones en 2058.

Evaluación actuarial de 2025

El gobierno de El Salvador, «con el apoyo técnico del FMI» tiene «previsto publicar una evaluación actuarial que evalúe la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones para finales de septiembre de 2025».

Esta publicación la dio a conocer el FMI en el «Informe del personal para la consulta del artículo IV de 2025, primera revisión bajo el Servicio de Fondo Ampliado y solicitudes de exención por incumplimiento de los criterios de desempeño y modificación de los criterios de desempeño», dentro de un documento publicado en julio pasado.

Según ese documento, la prórroga de la publicación del estudio actuarial, prevista inicialmente para julio de 2025, «permitirá disponer de más tiempo para estimar con precisión los complejos regímenes de prestaciones aplicables» a las futuras cantidades de jubilados.

Hasta este martes, el Ministerio de Hacienda ni la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) aún no había publicado esta evaluación actuarial.

En un plan por estabilizar las finanzas estatales salvadoreñas, con un apoyo financiero de $1,400 millones, el FMI ha acordado con el gobierno salvadoreño «que a principios de 2026 se implemente una reforma integral del sistema de pensiones para fortalecer su situación financiera, a la vez que se contengan los costos fiscales y los pasivos contingentes». La publicación de la propuesta de reforma de pensiones está prevista para el 10 de febrero de 2026 y se aprobaría ese mismo año.

La deuda estatal de pensiones creció en $47.44 millones en agosto de 2025 según datos publicados este martes por el Banco Central de Reserva (BCR), llegando a $10,970.01 millones.

En el periodo de enero a agosto de 2025, el monto total de nueva deuda estatal de pensiones emitida, un total de $445.01 millones, ha disminuido en un 39.6 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando en el mismo periodo se habían emitido $737.89 millones.

Estos datos preliminares del BCR difieren con los publicados por el Ministerio de Hacienda en el documento “Perfil de la deuda del Sector Público No Financiero” con datos hasta agosto de 2025, que reportó una deuda de pensiones de $11,070.6 millones: $8,394.8 millones de los ahorros están en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y $2,675.8 millones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

Tanto los CFT como los COP son certificados emitidos por el Estado, a cambio de una tasa de interés, en los cuales fueron invertidos los ahorros de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).

Los CFT es el nuevo nombre que, en la reforma de diciembre de 2022, adoptaron los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos antes de la reforma; y COP es el nuevo nombre que en la reforma de 2022 adoptaron los instrumentos emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), antes INPEP, para que las AFP invirtieran los ahorros en los mismos.

Hacienda registra que, hasta el 31 de agosto, la deuda estatal de pensiones es el 30.2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Con los datos publicados este martes por el BCR, la deuda estatal de pensiones aún es el 29.97 % del PIB. Ambas instituciones públicas citan datos del ISP.

El concejo de La Libertad Este reformó las ordenanzas reguladoras de tasas por servicios de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y San José Villanueva para establecer que el plazo en el que un contribuyente cae en mora sea mayor a los tres días hábiles del mes siguiente sin efectuar el pago correspondiente.

La reforma se realiza una reforma a la ordenanza de Nuevo Cuscatlán en plazos para la configuración de la mora.

“El sujeto pasivo cae en mora cuando no realiza el pago de las tasas y deja de transcurrir un plazo mayor a los tres días hábiles del mes siguiente sin efectuar dicho pago. Los tributos pagados en las condiciones que se señalan en este artículo causarán interés moratorio hasta la fecha de su cancelación”, indica el artículo 16 inciso primero reformado en la ordenanza de Nuevo Cuscatlán.

Las reformas a las tres ordenanzas fueron aprobadas el 10 de abril de 2025 y son publicadas en la edición del Diario Oficial del 22 de septiembre de 2025.

En la ordenanza de Nuevo Cuscatlán se establecía anteriormente que el sujeto pasivo caía en mora cuando no realizaba el pago de las tasas y dejaba transcurrir un plazo mayor de los 60 días sin efectuar dicho pago.

En la ordenanza de tasas de Zaragoza, el artículo 12 inciso 1 establecía un plazo de 90 días.

El concejo de La Libertad Este dejó sin efecto la homologación de tasas municipales que había aprobado para todos sus distritos.

La reestructuración municipal determinó que Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza pasarían a formar parte del municipio de La Libertad Este.

Luego de la reestructuración municipal, el concejo aprobó la homologación de las tasas en julio y octubre de 2024, sin embargo, consideró que la aplicación de la ordenanza no había dado los resultados esperados debido a las diferencias en la información catastral y la base tributaria de los distritos de Antiguo Cuscatlán y el resto.

Una de las reformas al Código de Salud que los diputados podrían aprobar en el pleno, este miércoles, reincorpora a los licenciados de trabajo social que trabajan en salud entre las actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica. Estos profesionales habían sido sacados de la profesión médica en una reforma de 2017.

Con la reforma dictaminada el lunes se reincorpora al artículo 24 del Código de Salud el literal “ñ”, así: Artículo 24: Se consideran actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica las siguientes: ñ) Licenciatura en Trabajo Social, siempre y cuando se ejerza la profesión en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

El presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros, explicó que los que no laboran en el sistema de salud en el sistema de salud hay trabajadores sociales

Explicó que desde 2017 que se derogó el literal “ñ” los trabajadores sociales del sistema de salud “quedaron en el abandono porque todas sus gestiones que hacían ellos llevaban un respaldo con su firma y su sello”.

“Hoy por hoy no tienen una validez legal, porque no tienen ese acompañamiento como lo tiene una enfermera, como lo tiene un médico o un odontólogo. Ellos cuando hacen sus gestiones, sus solicitudes, en las alcaldías, parroquias, a buscar ayuda para algunos pacientes, necesitan hacer documentaciones”.

Daniel Quinteros, presidente del CSSP.

Según la presentación del Consejo, es necesario que la Junta de Vigilancia de la Profesión respectiva realice vigilancia profesional en el contexto sanitario, ya que realizan labores como ubicación de familiares, transporte, gestión de centros de atención al adulto mayor, de exámenes de laboratorio, de sillas de ruedas, muletas y prótesis.

Aclaró que el resto de trabajadores sociales, que no laboran en el sistema de salud, “tienen la libertad de no formar parte de esta regulación”.

Con la reforma, como profesionales regulados bajo el Código de Salud, los trabajadores sociales del sistema de salud se someterán a la vigilancia que ejerce el CSSP.

Además, tendrá los trabajadores sociales tendrán una Junta de Vigilancia, que tienen como funciones llevar un registro de los profesionales, imponer sanciones, así como vigilar el ejercicio de la profesión y de sus actividades auxiliares.