Autor: Yolanda Magaña

  • Gobierno central fija 126,820 plazas para 2026 y recupera su tamaño de hace una década

    Gobierno central fija 126,820 plazas para 2026 y recupera su tamaño de hace una década

    El Gobierno Central ha programado 126,820 plazas para el año 2026, retornando al tamaño que tenía en 2016, cuando poseía 126,830 plazas; sin embargo, el gasto en salarios será $1,520 millones, más que los $1,227 millones de hace una década.

    La cantidad de plazas prevista para el presente año representa un recorte de 11,689 plazas o de $151.1 millones en los dos últimos años.

    Estos recortes, de 9,860 plazas en 2025 y de 1,829 plazas en 2026, ocurrieron luego de 21 años consecutivos de aumentos en plazas y gasto de planilla desde el año 2003.

    En 2003, el Gobierno Central se redujo en 6,668 plazas, equivalentes a $40.4 millones menos de gasto salarial. Desde entonces, aumentó de 84,985 a su pico más alto, 138,509 plazas en 2024: en 21 años el Gobierno Central creció en 53,524 plazas y su gasto salarial se incrementó en $1,144 millones o 217 %.

    El mayor aumento en cantidad de plazas ocurrió en 2011, cuando hubo un incremento de 12,674 y el gasto de planilla salarial subió de $848.5 millones a $949.3 millones.

    Gasto salarial

    Este año, el gasto salarial del Gobierno Central de $1,520 millones para 2026 promete ser menor que el aprobado para los últimos cuatro años, pero mayor a los registrados en 2021 y dos décadas atrás.

    La planilla del Gobierno Central, que incluye ministerios e instituciones de control, ha oscilado entre $567.3 millones desde 2022 hasta $1,671.7 millones en 2024.

    En dos años, la disminución de las plazas fue del 8.4 % y en el gasto de planilla fue $151,182,230, un 9 %.

    El recorte de 1,829 plazas de 2025 a 2026 ha implicado una disminución de $6.6 millones, de $1,527 millones a $1,520 millones, un 0.4 %.

    Los mayores recortes en plazas en 2026 ocurrieron en el Órgano Judicial, que pasó de tener 11,761 a 10,716 plazas; y Seguridad y Justicia, que pasó de 35,417 a 34,191. Mientras, Salud aumentó de 15,042 a 15,677 plazas.

  • Sindicato del Órgano Judicial dice autoridades les prometieron estabilidad laboral en 2026

    Sindicato del Órgano Judicial dice autoridades les prometieron estabilidad laboral en 2026

    El secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador 30 de Junio (SEJES), Stanley Quinteros, atribuyó la reducción de plazas en el Órgano Judicial a un conjunto de plazas congeladas y aseveró que las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia les seguirán garantizando la estabilidad laboral a «los más de 10,000 trabajadores judiciales».

    El Órgano Judicial pasó de tener 11,761 plazas asignadas en 2025 a un total de 10,716 plazas en la Ley de presupuesto general del Estado 2026, 1,045 plazas menos.

    La reducción es atribuida por el secretario del Sindicato a una cantidad de plazas que estaban «congeladas».

    «Lo que ha pasado es que la Corte Suprema de Justicia, año con año, siempre contempla una buena cantidad de plazas que están congeladas y, para este año, debido al recorte presupuestario (…) ya no contemplará esa plazas», indicó Quinteros.

    Según el líder sindical, en conversaciones con autoridades de la CSJ les han prometido estabilidad laboral.

    «En las pláticas sostenidas con máximas autoridades de la CSJ, se nos expresó que, a pesar del duro golpe financiero que ha tenido el presupuesto de la CSJ, se seguirá garantizando la estabilidad laboral de los mas de 10,000 trabajadores Judiciales y las prestaciones sociales y económicos que hemos gozado por décadas los empleados del Órgano Judicial, Corte Suprema de Justicia e Instituto de Medicina Legal», indicó.

    Recordó que la mayor afectación en el recorte presupuestario del Órgano Judicial se dará en el rubro de inversiones o construcción, además de la compra de bienes y servicios.

    El sindicalista sostuvo que lo que ocurre es que «simplemente ya no se presupuestaron esas plazas congeladas», originadas de la supresión de plazas luego de las «renuncias voluntarias que trabajadores judiciales» que «decidieron acogerse al retiro voluntario institucional».

    Las plazas congeladas, según Quinteros, «siempre se presupuestaban año con año», pero «por la reducción del presupuesto ya no fueron presupuestadas aunque estaban en calidad de congeladas».

  • El Salvador se pronuncia sobre Venezuela y pide a la OEA “no limitarse a comunicados simbólicos”

    El Salvador se pronuncia sobre Venezuela y pide a la OEA “no limitarse a comunicados simbólicos”

    En la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) este martes, en Washington, la representante permanente de El Salvador, Wendy Acevedo, instó a “no limitarse a comunicados simbólicos” y prometió apoyar acciones para restaurar “el orden constitucional” en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por la administración Trump de Estados Unidos.

    “Ninguna persona, por poderosa que sea, está por encima de la ley. El pueblo venezolano merece paz, desarrollo social y económico, justicia y seguridad. La OEA no puede limitarse a comunicados simbólicos, esta crisis exige liderazgo real, decisiones firmes y compromisos con los principios democráticos que consagra nuestra Carta Democrática”, expresó.

    Acevedo calificó el régimen de Venezuela como dictadura consolidada y advirtió que la captura de Maduro fue la “consecuencia esperada tras más de una década de un régimen autoritario que destruyó la democracia, violó los derechos humanos y convirtió al Estado en un instrumento de corrupción”.

    “En Venezuela no se está ante un debate ideológico, más bien ha existido un dictadura consolidada, que ha destruido las instituciones, ha expulsado a más de siete millones de sus ciudadanos y ha convertido al Estado en una plataforma para el crimen organizado transnacional”. Wendy Acevedo, representante de El Salvador en la OEA.

    En un discurso en el cual defendió principios democráticos, la representante de El Salvador también prometió que abogarán y apoyarán “cualquier acción orientada a garantizar la restauración por el pueblo venezolano de un orden constitucional legítimo, transparente y pacífico”.

    El Consejo Permanente de la OEA realizó este martes su primera sesión extraordinaria de 2026 a solicitud de Colombia, y Chile, Brasil, Guatemala, Uruguay y México como copatrocinadores.

    El representante de Colombia en la OEA, viceministro Mauricio Jaramillo, consideró que las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos en Venezuela violaron el derecho internacional y contraviene la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados, salvo en circunstancias delimitadas en la Carta de las Naciones Unidas.

    “La democracia no puede concebirse como resultado de la coerción ni de la imposición externa”. Mauricio Jaramillo, representante de Colombia en la OEA.

    La representante en Guatemala reiteró su rechazo al régimen autoritario de Nicolás Maduro y a la violencia contra la oposición pacífica durante las elecciones del 28 de julio de 2024 en donde no se respetó la voluntad popular, y consideró que el crimen transnacional y el narcotráfico es una amenaza para la región, pero también aseguró que los mecanismos multilaterales y el diálogo deben ser el camino.

    “La paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar”. Representante de Guatemala ante la OEA.

    El representante de Estados Unidos en la OEA dijo que “los Estados Unidos no invadió Venezuela” sino una fuerza pública que resultó en el arresto de una persona acusada para que enfrente la justicia estadounidense. “Les hago un llamado que lean las acusaciones de marzo de 2020”, expresó.

    “El presidente Trump le ofreció a Maduro diferentes vías de escape y él se rehusó a tomar estas salidas”, expresaba mientras fue interrumpido por una mujer del público de la sesión.

    “Esto no fue una interferencia a la democracia venezolana”, indicó el representante estadounidense, al reanudar su participación. Pidió la liberación de 1,000 presos políticos y a la OEA le instó a poner a disposición sus recursos y experiencia en procesos electorales.

    Por su parte, la representante de Costa Rica, hizo un llamado a la transición democrática y la restauración de la institucionalidad y el Estado de derecho; se pronunció por una “solución sostenible, pacífica, basada en el derecho internacional, basada en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta democrática interamericana”.

    La OEA se declaró lista para brindar asistencia y «debemos encontrar la forma de continuar con esta participación colectiva y una coordinación prudente», dijo al final de la sesión el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien subrayó: «con enfoques democráticos y pacíficos».

    La observadora de España aseguró que lo ocurrido en Venezuela “tiene implicaciones para la región y para el mundo” y advirtió “la necesidad de garantizar el respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular a la soberanía, integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso de la fuerza”. «La fuerza jamás trae más democracia», indicó. La observadora dejó claro que España no respaldó el resultado oficial del proceso electoral de 2024.

    Francia también se pronunció contra el régimen de Nicolás Maduro y su perpetuidad en el poder tras el proceso electoral de 2024, pero su representante aseguró que la operación militar que llevó a la captura de Maduro «va contra el acuerdo pacífico de diferencias» entre los Estados. «Son una erosión a la base del orden internacional… y fragiliza la paz y la seguridad internacional», indicó. También instó a una transición pacífica.

    Al final, el representante de la República Popular China pidió a Estados Unidos de “parar de interferir en la soberanía y seguridad de otros países” e instó a Estados Unidos “reflexionar en relación a su propia acción arbitraria y hegemónica”. “Viola seriamente el derecho internacional, va contra la soberanía del país y amenazan las paz y la seguridad de la región”, indicó.

    La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA cerró después de las opiniones de cada representante u observador.

  • Órgano Judicial recortó $100 millones de inversión y $32 millones en remuneraciones

    Órgano Judicial recortó $100 millones de inversión y $32 millones en remuneraciones

    El Órgano Judicial hizo sus mayores recortes presupuestarios en inversiones en activos fijos, remuneraciones y gastos en bienes y servicios, según la Ley general de presupuesto del Estado 2026 publicada el lunes por el Portal de Transparencia Fiscal.

    Para 2026, el Órgano Judicial proyectó un gasto de $533.4 millones pero la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para poderle recortar $164 millones. El presupuesto 2026 quedó de $369.2 millones.

    El mayor recorte ocurrió en las inversiones: tenían prevista una inversión de $126.7 millones y ahora la inversión programada para 2026 será solo de $18 millones. El Órgano Judicial presentó una baja ejecución de los proyectos de construcción de centros judiciales y otras inversiones que tenía programadas para 2025.

    La proyección era invertir $24.2 millones en bienes inmuebles, $29 millones en bienes muebles –como vehículos–, y $72.4 millones en infraestructura. Con el recorte, el gasto en infraestructura se reducirá a $4.6 millones y el gasto de bienes muebles a $12.9 millones; y el de bienes inmuebles, a cero.

    En segundo lugar, el mayor recorte ocurrirá en remuneraciones, con el recorte de más de 1,000 plazas. Las remuneraciones pasaron de $298.8 millones a $266.1 millones, un recorte de $32.7 millones.

    El Órgano Judicial recortó 1,045 plazas de 11,761 plazas incluidas en el proyecto de presupuesto 2026 a un total de 10,716 plazas. De las plazas recortadas, 655 plazas era personal técnico y administrativo y 291, personal de servicio.

    Los mayores recortes en remuneraciones ocurrieron en las líneas de trabajo: Administración y Finanzas, que tuvo un recorte de $10.8 millones; Administración de Asuntos Jurídicos, que tuvo un recorte de $6.9 millones; y en Administración de Justicia en Tribunales y Centros Judiciales Integrados, con un recorte de $7.6 millones. En la línea de trabajo de infraestructura física, el recorte fue de $4.4 millones.

    Hubo también un recorte de $2.9 millones en la línea de trabajo de peritaje en Medicina Legal; y en la Administración de Justicia en Salas hubo un recorte menor, de $1.3 millones.

    En tercer lugar, el mayor recorte ocurrió en adquisiciones de bienes y servicios, un gasto que pasará de ser $91.2 millones a $68.8 millones, lo que implicó un recorte de $22.3 millones. Dentro de bienes y servicios, el mayor recorte ocurrió en el área de Administracióin de Justicia.

  • Un total de $3,986 millones de préstamos, títulos y garantías de nuevas deudas pasaron por Asamblea en 2025

    Un total de $3,986 millones de préstamos, títulos y garantías de nuevas deudas pasaron por Asamblea en 2025

    Un total de $2,506 millones en contratos de préstamos y títulos valores, sumados a $1,480 millones en garantías de créditos de varias instituciones de nuevas deudas pasaron por la Asamblea Legislativa durante el año 2025.

    La Asamblea Legislativa autorizó la firma de 18 contratos de préstamos que suman $2,162 millones para diferentes proyectos, que sumada a la autorización de emisión de títulos valores por $344 millones, resulta una deuda aprobada por $2,506 millones.

    A ello se suman 12 garantías crediticias soberanas a diferentes instituciones autónomas por $2,061 millones. Sin embargo, de estas garantías cuatro corresponden a contratos de deudas firmados entre 2008 y 2025; y ocho corresponden a deudas nuevas por $1,480.1 millones. De igual forma, todas estas garantías fueron autorizadas y ratificadas por la Asamblea durante este año.

    Préstamos ratificados

    Los 18 préstamos fueron autorizados y 16 ratificados. A los diputados les faltó ratificar los destinados a los mercados de Santa Tecla y La Libertad por $170 millones y el de movilidad urbana del área metropolitana de San Salvador por $60 millones, ambos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Un total de 13 préstamos por $1,162 millones estaban destinados a proyectos concretos según los decretos aprobados: $60 millones para infraestructura de datos, $113.9 millones para Surf City fase I, $120 millones para mejora de la atención de salud, $100 millones para modernización del sistema educativo, $71.8 millones para tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en La Libertad, $120 millones para transporte e infraestructura resiliente, $150 millones para trayectorias educativas completas y resiliencia al cambio climático, $60 millones para movilidad urbana en el área metropolitana de San Salvador, $30 y $31.3 millones para desarrollo económico sostenible y nutricional de las zonas rurales, $70 y $65 millones para Surf City fase II, y $170 millones para los mercados de Santa Tecla y La Libertad.

    El resto, según sus decretos, eran préstamos de refuerzo presupuestario, ya que buscaban la sostenibilidad fiscal o dejaban a decisión del Gobierno optar su destino entre sus prioridades o sus obligaciones. Estos sumaron $1,000 millones, así:

    El primero, de $500 millones para sostenibilidad macroeconómica y fiscal, financiado por el Banco Mundial, fue autorizado el 25 de marzo y ratificado el 1 de abril de 2025.

    Un segundo préstamo de sostenibilidad fiscal por $250 millones; y un tercero que se activaría en catástrofes, por $100 millones, fueron autorizados el 13 de agosto y aprobados el 3 de septiembre de 2025.

    Los dos contratos de préstamos restantes correspondían a proyectos de fortalecimiento integral de la educación y salud de calidad, cada uno por $75 millones, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), pero pueden ser utilizados para obligaciones generales del Estado, transferencias varias o prioridades del gobierno.

  • ¿Qué se dijo en El Salvador sobre la captura de Nicolás Maduro?

    ¿Qué se dijo en El Salvador sobre la captura de Nicolás Maduro?

    Mientras algunos celebraron de manera absoluta la captura de Nicolás Maduro en El Salvador, otros condenaron los hechos y otros, si bien condenaron la caída de un dictador, condenaron el uso de la fuerza y rechazaron autoritarismos de todo tipo.

    El presidente Nayib Bukele compartió un video en el cual comparte la imagen de Nicolás Maduro capturado y esposado, junto con un video en el cual Maduro le decía “te secarás, Bukele”, calificándolo de “mequetrefe” y “pelele del imperialismo”.

    El diputado del Parlamento Centroamericano, Carlos Hernández, de Nuevas Ideas, señaló que “gracias a las excelentes negociaciones lideradas por el gobierno del presidente @nayibbukele, el régimen entregó a los presos políticos del país más poderoso del mundo. Hoy, Maduro está capturado. Hay esperanza para el pueblo venezolano”.

    El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, reaccionó: “Venezuela libre” y criticó la opinión sobre el tema de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, acusándola de “defender” a Maduro.

    La diputada opositora, Claudia Ortiz, reposteó mensajes de los líderes opositores venezolanos María Corina Machado, premio nobel de la paz, y Edmundo González, candidato presidencial opositor que según las actas de votación compartidas en un sitio web ganó las elecciones presidenciales venezolanas en 2024.

    Pero Ortiz deslizó críticas contra el operativo estadounidense: “Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que, cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir”.

    El diputado Castro le pidió definir una opinión sin matices: “¿Está o no de acuerdo con las acciones que tomó el gobierno del presidente @realDonaldTrump, esta madrugada, para sacar del poder a Maduro?”.

    Por su parte, Cesia Rivas, del mismo partido opositor Vamos, celebró que “al fin se vaya un dictador que abusó de su poder y realizó violaciones a los derechos humanos de todo aquel que disentía con él” pero señaló una “violación a todo tipo de derecho internacional”. Rivas aseguró que esto marca un “precedente”. “Que se respete al pueblo venezolano en la construcción de un país sin dictadura ni autoritarismos de ningún tipo”, indicó.

    La embajadora de El Salvador en EE.UU., Milena Mayorga, únicamente reposteó el video compartido por el presidente Bukele. Los diputados también replicaron el video del gobernante salvadoreño.

    Por su parte, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, calificó la captura de “agresión imperialista a Venezuela”. “Repudiamos la agresión imperial”, dijo, señalando que hubo “personal cubano asesinado”. Cuestionó “¿por qué no lo hacen con potencias nucleares como China, Pakistán, Corea del Norte o Rusia?, porque el imperio solo agrede al pequeño”.

    De Arena, Marcela Villatoro, advirtió que “a todo dictador, violador de derechos humanos, usurpador de los órganos de Estado, a los que obligan a su propio pueblo a tener que irse al exilio, a los que meten presos a ciudadanos por pensar distinto… a toditos les llega su hora”. Villatoro dijo que a algunos podrá no gustarles la forma pero que “los venezolanos merecen poder recuperar su país”.

    En El Salvador, también la venezolana Sara Hanna Georges, asesora del presidente Bukele, celebró la captura de Maduro y elogió a Trump como “el único líder capaz” de impulsar algo que calificó de inalcanzable por los luchadores, entre quienes se incluyó, contra el “régimen opresivo”.

    Bukele también tuvo una discusión con el senador demócrata Chris Van Hollen, quien lo calificó de “guerra ilegal para reemplazar a Maduro y apoderarse del petróleo de Venezuela para sus amigos multimillonarios”, a lo que Bukele respondió: “así que lo único que quieres es defender a los matones”; mientras el senador le contestó “no me ves aquí defendiéndote” y que “el estado de derecho es un concepto difícil para alguien que se autodenomina el dictador más genial del mundo”.

    “No más margaritas para usted”, fue la respuesta de Bukele, en referencia a una reunión entre el senador y el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego, en la cual Bukele dijo había unas margaritas y el senador aseguró que fue una puesta en escena de personal de Presidencia para engañar.

    La captura de Maduro y sus causas

    El operativo fue anunciado el 3 de enero de 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump “como un espectacular asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial” y como una “operación letal” que también muestra “el poderío militar” de los Estados Unidos.

    “Nadie tiene arsenales como los nuestros. Hemos neutralizado el 97 % de las drogas que viajan por mar. Esas drogas mayormente habían salido de Venezuela”, expresó Trump.

    Trump dio a entender que el motivo de la captura de Maduro fueron los cargos relacionados al narcotráfico en donde identifica al gobernante venezolano como el líder del cartel de Los Soles.

    Sin embargo, también mencionó otros motivos y anunció que Estados Unidos manejará Venezuela hacia una transición.

    Primero, calificó a Maduro de “dictador ilegítimo” y dijo que lo ocurrido a Maduro “debe servir de advertencia” a todo aquel que trate de “amenazar la seguridad nacional” de los EE.UU. y “si no actúan con justicia hasta con su propia gente”.

    Y, segundo, mencionó el petróleo. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”, afirmó Trump. Venezuela tiene casi siete veces lo que tiene Estados Unidos de reservas de petróleo según la OPEP.

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que este “mensaje” es “para el mundo” y pidió “no jugar” con el presidente Trump. Detalló que Maduro tuvo muchas oportunidades. Rubio también ha asegurado que no permitirán que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios y rivales de Estados Unidos.

    El presidente estadounidense se mostró a favor de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirija el gobierno de Venezuela y no María Corina Machado. “Creo que será muy difícil para ella ser el líder, no tiene el apoyo o respeto dentro del país”, dijo sobre Machado. Aseguró que Rodríguez “está cooperando”.

  • Bukele asegura que el 90 % de homicidios se deben a violencia doméstica

    Bukele asegura que el 90 % de homicidios se deben a violencia doméstica

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que el 90 % de homicidios que ocurren en El Salvador son de “violencia doméstica o peleas entre amigos relacionadas con el alcohol” y que por ello “ya no existen zonas inseguras en ningún lugar del país”.

    “Estamos en camino de convertirnos en el país más seguro del mundo”, indicó, ya que consideró que El Salvador pasó de ser la capital mundial del asesinato al país más seguro del hemisferio occidental.

    Bukele dedicó un post en X para explicar que la disminución de homicidios inició antes del régimen de excepción y se pronunció a partir de 2022 cuando se aprobó.

    El análisis de Bukele fue una respuesta a un comentario de Geoff Shullenberger, quien sostuvo que la mayor parte de la disminución de homicidios se logró antes de que Bukele asumiera la presidencia en 2019 y casi la totalidad antes de que se declarara el estado de excepción. Puede consultar los datos y la tendencia año con año de homicidios de 1999 a 2025 más abajo.

    El mandatario detalló que hubo picos extremos entre 2015 y 2016 pero que, cuando el 20 de junio de 2019 lanzó el Plan Control Territorial, “a partir de julio se hace una disminución marcada y sostenida», que continuó disminuyendo y que, a partir del régimen de excepción ,“se redujo a niveles comparables a los de un país seguro”.

    El gobernante destacó que en 2023 El Salvador se volvió más seguro que Estados Unidos, en 2024, que Canadá; y en 2025, se redujo un 30 % adicional.

    Según el presidente, los delitos como la extorsión “casi han desaparecido” y que “los pocos casos que quedan se limitan en gran medida a estafas o posesión de información o imágenes íntimas”.

    En El Salvador, según las cifras oficiales, los homicidios en El Salvador han disminuido en diferentes porcentajes anuales: en 2015 aumentaron un 70 %; en 2016 bajaron en 20 %, en 2017 bajaron en 25 %; en 2018, disminuyeron 15 % y en 2019, la disminución fue de 28 %.

    Posteriormente en 2020 los homicidios cayeron en un 49 %, en 2021, un 0.9 %, en 2022, un 49 %. En 2023, se registró la mayor disminución, del 68 %; en 2024, la caída fue 41 % y en 2025, la disminución fue de 28 %. Aquí pueden verse los datos desde que existe el registro de homicidios en El Salvador, en 1999, que antes estaba a cargo del Instituto de Medicina Legal.

  • Alcaldía de Santa Ana obtiene permisos para venta de agua envasada

    Alcaldía de Santa Ana obtiene permisos para venta de agua envasada

    El alcalde municipal de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, posteó este lunes en X que están “listos con todos permisos” para producción y comercialización del agua envasada marca “SAO” que estará a cargo de la comuna.

    El funcionario compartió la viñeta del nuevo producto en la cual se detalla que es un producto centroamericano de la “Empresa Municipal de Agua SAO”, ubicada en la calle a San Juan Chiquito, Chalchuapa, Santa Ana Oeste.

    “Agua que nutre, agua extraída de fuente natural, tratada y desinfectada por filtros, luz ultravioleta y ozonizada”, detalla la viñeta.

    En la viñeta aún no se provee el número de registro sanitario. Contiene la tabla de la información nutricional del producto. También, incluye el número 7202-7195 de atención al cliente y el correo empresao101124@alcaldiasao.gob.sv.

    La decisión aún no ha sido publicada a través de algún acta de concejo, ya que estas no son han sido divulgadas en el Portal de Transparencia del municipio.

    La “Empresa Municipal de agua embotellada” fue creada mediante estatutos publicados en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2025, vigente desde ese día, con una junta directiva conformada por empleados de la alcaldía de Santa Ana Oeste, así:

    La Junta Directiva nombrada por el concejo es:
    • Rodolfo Rodríguez Martínez (presidente).
    • José Arturo Batarse Orante (vicepresidente).
    • Elías Cabrera Velásquez (secretario).
    • Néstor Edilberto Castro Salas (Tesorero).
    • Carlos José Méndez Henríquez (primer vocal).
    • Mirna Alcira Peña de Linares (segunda vocal).

    El precio del agua fue definido desde finales de 2024 en la «Ordenanza para la creación de la empresa municipal de agua embotellada» publicada en el Diario Oficial del 10 de diciembre de 2024: $1.75 por garrafón de cinco litros y $0.35, la botella de 500 mililitros.

  • Estudio actuarial habla de “financiamiento adicional” para pensiones: ¿qué quiere decir?

    Estudio actuarial habla de “financiamiento adicional” para pensiones: ¿qué quiere decir?

    Una de las novedades planteadas por el estudio actuarial de pensiones, publicado en diciembre de 2025, es la sugerencia de “buscar” “fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”, además de reformar nuevamente los sistemas previsionales.

    Uno de los especialistas en el tema consultados por El Mundo plantea que el Estado debe buscar formas alternativas para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones, el Sistema Público de Pensiones (SSP), el cual a pesar de tener más de 80,000 jubilados y pensionados, no tiene ingresos porque prácticamente no tiene cotizantes.

    El estudio actuarial 2025 explica así cómo se están financiando las pensiones de los jubilados del sistema antiguo: “Desde 2023, las pensiones del Sistema Público de Pensiones (SSP) se han financiado a través de la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COPs) que las AFPs están obligadas a adquirir”.

    Esto quiere decir que el SPP tiene aproximadamente 88,000 jubilados y pensionados, a quienes el Estado debe pagarles pensiones, a través de Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que está facultado para emitir deuda para hacerlo. Esta deuda es adquirida por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) con los fondos de los trabajadores cotizantes de las AFP.

    Según el estudio actuarial, hasta diciembre de 2024, de un total de $15,836.8 millones de ahorros de todos los cotizantes de las AFP están invertidos, un 73.02 % ($11,563 millones) están invertidos o prestados en el Estado. Estos fondos son utilizados por el Estado para pagar pensiones del SSP, algo que advierte el estudio actuarial.

    En el sistema público, que existía antes de 1998, las pensiones dependían solo de los años trabajados y el salario promedio; el sistema privado, instaurado a partir de 1998, dejó las pensiones dependiendo de los ahorros que tiene cada trabajador en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP).

    Otro de los financiamientos de los que habla el estudio actuarial es la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), ya que detalla las fuentes de financiamiento de la misma.

    La CGS es la cuenta colectiva de donde los afiliados a las AFP tienen derecho a una pensión mínima vitalicia. Esta inicialmente recibió fondos del Estado pero el aporte estatal fue derogado en la reforma de 2022, por lo que solo recibe las contribuciones patronales.

    Uno de los cambios que sugiere un especialista consultado por El Mundo es “redistribuir las cargas que hoy tiene la CGS”.

    El estudio actuarial proyecta que la CGS se agotará en 2029; “ya en 2029 el Estado debería hacerse cargo del pago de las obligaciones que se cubren con dicho fondo”, sugiere.

    La CGS se financia solo del 6 % del salario de trabajador y el aporte estatal fue derogado en la reforma de 2022.

  • Las deportaciones de salvadoreños son hoy entre tres y cuatro veces menores que hace una década

    Las deportaciones de salvadoreños son hoy entre tres y cuatro veces menores que hace una década

    Un recorrido de los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador muestra que las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, México y otros países no han aumentado a niveles alcanzados durante los años 2014 a 2016.

    Hace una década, El Salvador recibió más de 50,000 deportados cada año, en 2014, 2015 y 2016, tanto vía aérea como terrestre. Aunque la cifra incluye todos los países, en su mayoría fueron deportados por Estados Unidos.

    Sin embargo, en los últimos tres años, la cifra oscilaría entre 13,000 y 15,000. En 2023, El Salvador recibió 13,358 deportados, en 2024 recibió 14,986 y en 2025 está por recibir una cifra similar, dado que de enero a septiembre lleva 10,162.

    El Salvador ha recibido un total de 334,557 deportados desde enero de 2013 hasta septiembre de 2025 según las cifras oficiales de Migración salvadoreña. La DGME publica sus datos en su sitio web cada trimestre y cada año, en formato PDF.

    La gran caída de las deportaciones ocurrió desde 2017 según las cifras publicadas.

    Si en 2016 hubo 52,938 deportados, en 2017 cayeron a 15,809, en un 70 %, y solo aumentaron en 2019, a 37,348, en 131 %. Luego, volvieron a caer en 71 %, a 10,716.

    Desde 2013 a 2025, fueron 136,298 deportados vía terrestre y fueron 209,454 vía aérea. Las deportaciones vía terrestre cayeron desde 2020 de 16,938 en 2019 a 1,750 a 2020.