Autor: Yolanda Magaña

Diputados de Nuevas Ideas defendieron ayer el modelo de asocios o alianzas entre públicos y privados para desarrollar infraestructura pública o prestar servicios públicos, así como aclararon que los servicios de salud, educación y agua serán excluidos de este modelo.

Al iniciar el estudio del proyecto de «Ley de alianzas público-privadas» enviado por el Ministerio de Economía, en el cual se elimina la exclusión de este esquema en los servicios de salud, educación y recursos hídricos de la vigente Ley de asocios público-privados de 2013, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, destacó que estos han sido aplicados en Londres, Inglaterra, para desarrollar un sistema de metro; en el Aeropuerto El Dorado en Colombia; y en la línea 1 del Metro de Lima, Perú.

Los diputados de Nuevas Ideas argumentan que esta figura permite que los gobiernos desarrollen infraestructura o presten servicios públicos con el cofinanciamiento o financiamiento total del privado, «el cual asume todo el riesgo».

«Es una herramienta para el desarrollo de infraestructura pública en donde el privado, el inversionista, asume la construcción y operación de este tipo de infraestructura, lo que permite que el Estado no cargue con todo el costo financiero de construir este tipo de infraestructura y poder enfocar sus recursos limitados en aquellas áreas que son de máxima urgencia», indicó Soriano.

El diputado de Nuevas Ideas dijo que El Salvador está en pleno crecimiento, requiere apoyo, por lo que ve el «asocio público privado» como una «herramienta muy importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele», luego de referirse a que el gobierno del FMLN «no pudo ejecutar ningún asocio público-privado» luego de la aprobación de la normativa en 2013.

Servicios de salud, educación y agua

Soriano aclaró que se excluyen de estos asocios todos los servicios de salud, educación y agua, luego de que la diputada Claudia Ortiz pidiera mantener la exclusión de estos tres sectores en los APP.

«Como sea lo decía, diputada, tal cual como lo repetimos nosotros: se excluyen todos esos servicios y es importante dejarlo claro, es importante dejarlo claro de tal forma que no vaya a salir en los medios de comunicación diciendo que la Comisión está queriendo hacer una cosa», señaló Soriano, respecto a la exclusión de los servicios de salud, educación y agua solicitada por Ortiz.

El diputado aseveró que Nuevas Ideas sigue procesos si reforma la Constitución de la República, que establece que la salud es un bien público a cargo del Estado, y que han hecho «todo lo posible» por mejorar la educación pública. Se refirió a la necesidad de «aclararle a la población para que no existan especulaciones de ningún tipo, especulaciones que no vienen al caso, ya que la misma Constitución también esclarece».

«Nosotros cada vez que hemos hecho una propuesta de ley, una reforma a la Constitución, hemos seguido los procesos que nos brinda la misma Constitución y creo que es importante recordarle a la población que este gobierno y esta Asamblea han hecho todo posible para poder mejorar el servicio de educación pública, brindándoles computadoras, internet, reconstruyendo cientos de escuelas, mejorando la currícula, preparando mejor a los maestros, brindándoles asistencia de IA, metiendo a la cárcel a todos los mareros», señaló.

«Para infraestructura o servicios»

«En El Salvador, tenemos la visión de usarlos (los asocios público-privados) para infraestructura o servicios», dijo por su parte el diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, sin detallar en cuáles servicios públicos aplicarían este modelo de financiamiento.

Mulato afirmó que se han utilizado en «infraestructura de puertos, pero también existen carreteras, también existen sistemas de salud, en temas de agua y saneamiento, transporte público, alumbrado público, manejo de residuos» y subrayó que los grandes beneficios son que «la Asamblea Legislativa tiene que velar» por el recurso de los salvadoreños y «la empresa privada» puede «poner parte de estos proyectos». «Y nosotros como Estado, en este caso el Ejecutivo, hacer una supervisión debida y estos controles son muy importantes y tienen tiempo limitado», señaló.

La Asamblea Legislativa estudia un proyecto de Ley de alianzas público-privadas que extiende este tipo de asocios a 50 años y que también elimina las exclusiones de los servicios de salud, educación y recursos hídricos, incluidos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Universidad de El Salvador (UES). Partidos de oposición han criticado que se entregue a manos de privados la administración de servicios de salud, educación o agua, ya que el servicio respondería más a un modelo de rentabilidad y no de calidad de servicio. También se han opuesto la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), que prevé «privatización».

Los diputados han citado a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para escuchar una explicación sobre la propuesta de ley.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordó este martes, por unanimidad, citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que explique el proyecto de nueva Ley de alianzas público-privadas enviado por el Gobierno el pasado 9 de abril por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien preside la Comisión, prometió que estudiarán «los diferentes puntos de vista de las diferentes instituciones». Durante su intervención, resaltó que la Constitución de la República establece la salud, la educación y la seguridad como derechos proveídos por el Estado pero aseveró que la «participación privada» «no sustituye» la obligación estatal de proporcionar estos servicios.

Claudia Ortiz, legisladora del partido opositor Vamos, solicitó, después de aprobar el llamado a la ministra de Economía, que se le permita traer propuestas de invitados. «Ojalá venga la ministra y no un delegado técnico», comentó, sobre la cita a la ministra Hayem. «Claro, con gusto y aquí vamos a someterlo a votación», le contestó la diputada González.

El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido este 14 de abril por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Este derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos.

Durante la comisión, los diputados de Nuevas Ideas defendieron los resultados de la figura de asocios público-privados cuando se han aplicado en diferentes proyectos públicos.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, defendió este martes el proyecto de Ley de alianzas público-privadas, y aseguró que la participación de los privados en estas alianzas «no sustituye por ningún motivo» la obligación del Estado de ser el responsable directo del sistema de salud pública.

«El Estado es el responsable directo del sistema de salud pública, la participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación», expresó, luego de recibir el proyecto de este martes.

González citó los artículos 65, 66 y 67 de la Constitución de la República que aseveran que la salud es un bien público cuyo responsable directo es el Estado y que este también está obligado a prestar el servicio de manera gratuita a enfermos que carezcan de recursos.

Remarcó que el Estado tiene una «responsabilidad indelegable en salud pública preventiva». «Eso está bastante claro en materia de salud», dijo.

«Tenemos el artículo 65, que nos habla de la salud como un bien público. Hemos estado viendo análisis donde se está malinterpretando este tipo de leyes», afirmó la legisladora del partido oficial.

Elogió la inversión pública en salud realizada por el gobierno de Nayib Bukele y citó al mandatario cuando afirmó que los «servicios públicos deben superar la calidad de los servicios en el sector privados». «La salud de los habitantes constituye un bien público, eso lo precisa la Constitución, el Estado y las personas están obligadas a velar por su preservación, esto está en la Constitución», reiteró.

«La educación privada no sustituye esta obligación estatal»

Sobre la educación, la diputada de Nuevas Ideas mencionó los artículos 53, 54, 56 y 58 de la Constitución de la República, que norman el derecho a la educación.

La diputada destacó la inversión en infraestructura pública y la entrega de los paquetes escolares.

«Tenemos el artículo 58, nos habla de los fines de la educación y define que la educación es un objetivo nacional y responde a fines públicos definidos por el Estado. El Estado es el proveedor directo del servicio educativo, la educación privada, si bien existe, pero no sustituye esta obligación estatal«, remarcó.

«Puede haber participación de otros sectores, el control es totalmente público»

La diputada Dania González mencionó la seguridad social en el artículo 50 de la Constitución, en donde señaló: «Podemos interpretar que el sistema está bajo responsabilidad estatal y puede haber participación de otros actores pero el control es totalmente público».

Citó el artículo 117 de la Constitución de la protección de los recursos naturales, que el Estado tiene la obligación de protegerlos. «En este caso, creo que, lejos de lo que la Constitución nos dice, hemos visto una visión sumamente clara por parte del presidente Nayib Bukele, que incluso ha estado mejorando la calidad de estos servicios públicos y podemos ver que hasta superan la calidad de algunos servicios privados», concluyó la legisladora.

Para la legisladora, la Asamblea Legislativa tendrá un rol en el proceso de formación de ley y también «en decidir si aprobar» cada alianza público-privada.

El diputado Edgardo Mulato, del mismo partido, aseguró que hay grandes beneficios en realizar un asocio público-privado. «Considero que tenemos a las puertas una propuesta de ley que sí la habíamos esperado muchos de nosotros, esto pone una vez más a El Salvador de cómo se hacen bien las cosas», afirmó.

Citan a ministra de Economía

Al final, la Comisión acordó por unanimidad citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que explique el proyecto de ley.

La diputada González aseguró que en la Comisión estudiarán «los diferentes puntos de vista de las diferentes instituciones». «Esto nos va a ayudar cómo se van a desarrollar las AAP, las alianzas público-privados para infraestructura y servicios públicos en todas sus etapas», enfatizó. Subrayó que «la Constitución es la que prima dentro de cualquier ley secundaria».

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, entregó una propuesta excluir los servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, así como del Seguro Social y de la Universidad de El Salvador (UES), en la posibilidad de conformar alianzas público-privadas. También propuso una reforma para establecer el agua como un bien público.

La legisladora de Vamos también solicitó, al final de la comisión, que se les permita traer propuestas de invitados. «Ojalá venga la ministra y no un delegado técnico», comentó, sobre la cita a la ministra Hayem. «Claro, con gusto y aquí vamos a someterlo a votación», le respondió la diputada González. «Funde», ironizó un diputado.

El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido este 14 de abril por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Este derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. El proyecto fue enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, manifestó su rechazo a la Ley de Alianzas Público Privadas, cuyo proyecto está bajo estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, y cuestionó quiénes serán los privados que se encargarán de prestar los servicios de salud, educación o recursos hídricos en el país.

«Estamos entregando a manos de privados lo poco que le queda al Estado. ¿Acaso la ciudadanía se está beneficiando de los ejemplos que tenemos, de estos asocios público privado, como la AFP (Administradoras de Fondos para Pensiones), por ejemplo?», dijo, al ser consultada por Diario El Mundo.

«Al final, es la gente la que sigue pagando las malas decisiones de los gobernantes. Y, ante un gobierno que no rinde cuentas, que no es transparente y adecua la ley para beneficiar a familiares y amigos, nos preguntamos, ¿quiénes serán estos privados?», cuestionó.

Rivas aseguró que, además de adecuar la ley para «quitarse controles», el gobierno ha reservado información pública, lo que considera «muy grave». «En nada abona a lo que la gente merece, que es una buena administración pública», agregó.

Una iniciativa de «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» elimina la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos; y mantiene la prohibición de realizar alianzas público privados para la seguridad nacional, inteligencia del Estado, servicios de seguridad pública y justicia, en contratos regidos por leyes especiales o en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.

Concretamente, eliminaría las exclusiones en el artículo 3: «prestación pública de los servicios de salud, incluso los prestados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social» (ISSS), «la prestación de servicios de educación pública, tal como se definen en la Ley General de Educación», «la Universidad de El Salvador» –la única estatal–, «los recursos hídricos, excepto el diseño, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana».

El proyecto fue enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.

El proyecto es analizado este martes por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, presidida por la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien sostuvo que «la participación privada no sustituye esta obligación» del Gobierno de dar asistencia gratuita de salud a la población y subrayó que la Constitución, que establece la salud como un bien público, prevalece sobre las leyes secundarias.

La propuesta, que inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación de obras o servicios bajo la modalidad de alianzas público-privadas, establecería tres modalidades de contratos: para la provisión de infraestructura pública, para la provisión de servicios públicos, y para la provisión de infraestructura y servicios públicos.

El proyecto plantea la creación de una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.

La DAPP podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la «admisibilidad de las iniciativas presentadas por las entidades contratantes», y la entidad contratante elaborará las bases de licitación, una Comisión de Evaluación de Ofertas –integrada por la entidad contratante y la DAPP– evaluará las propuestas y la entidad contratante aprobará o rechazará su recomendación.

Un total de 748,808 salvadoreños identificados con sus Documentos Únicos de Identidad (DUI) se han reportado como difuntos, con documentos inhabilitados, según el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

Desde el 26 de noviembre de 2001 hasta el lunes 13 de abril de 2026, la plataforma Así Somos del RNPN registra 441,469 hombres salvadoreños y 343,339 mujeres salvadoreñas que han fallecido y por lo tanto tienen su DUI etiquetado como «no habilitado».

La mayoría de difuntos se han reportado como residentes en El Salvador, un total de 779,673, un promedio anual de un poco más de 30,000 personas.

Un total de 5,007 difuntos se reportan como domiciliados en Estados Unidos, 49 en Canadá, 35 en Italia y 12 en México.

La detección de difuntos dentro del registro de salvadoreños identificados por el RNPN es variable año con año: empezó con 4,532 en prácticamente el último mes de 2001, subió a 101,565 en todo 2002, bajó a 7,072 en todo 2009; luego, tuvo su pico más alto en 2018 con 115,041 difuntos reportados; en 2019 bajó a 54,622 difuntos y en 2020, un total de 17,260.

En 2025, se reportaron 3,776 salvadoreños difuntos; y en lo que va de 2026, se reportan 204.

Tomando el periodo exacto del reporte, 24.29 años, resulta un promedio de 30,827 difuntos reportados cada año dentro del registro oficial de personas en El Salvador.

El registro de las personas salvadoreñas es la base para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elabore e imprima el padrón electoral o listado de personas habilitadas para votar, es decir, sin personas fallecidas o personas condenadas.

La actualización es obligatoria cuando los jefes del Registro del Estado Familiar de cada uno de los 44 municipios envíen al TSE y al RNPN las certificaciones de las defunciones. El plazo para reportar las muertes a ambas instituciones es 30 días después del respectivo asiento de defunción. Un ciudadano tiene 45 días para inscribir una defunción.

En su primer año de gestión, el TSE registró 13,027 oficios de actualización, vinculados a sentencias o rehabilitaciones de personas detenidas, cambios de dirección, partidas de defunción y otros documentos relacionados.

Para las elecciones generales de 2024, el registro electoral cerró con 5,473,305 salvadoreños mayores de 18 años residentes en territorio nacional y 741,094 salvadoreños mayores de 18 años en el extranjero, haciendo un total de 6,214,399 ciudadanos.

Hasta el 6 de maro, el Registro Electoral tenía 6,477,745 de salvadoreños, 5,533,061 salvadoreños en territorio nacional –2,952,355 mujeres y 2,580,706 hombres– y 944,684 en el exterior, 434,898 mujeres y 509,786 hombres.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen favorable para reformar la Ley general de presupuesto del Estado de 2026, con el fin de incorporar $41,400 de un préstamo por $144.7 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ampliación de la carretera al puerto de la Libertad, tramos II y III, construcción del puente General Manuel José Arce sobre el río Paz; y la construcción del puente sobre el río Anguiatú.

El plan tenía un rubro de imprevistos por $8.7 millones de los cuales están disponibles $4.2 millones para financiar diferentes actividades del programa, según la solicitud.

Con un total de $41,400 se financiaría “la prórroga de enero a junio de 2026 de los contratos de servicios profesionales del personal de la Unidad Ejecutora del proyecto”, específicamente el técnico administrativo, por $13,800, el coordinador y gerente técnico, por $27,600, para cumplir “con el proceso de cierre del préstamo”.

Este financiamiento fue contratado en su oportunidad para la ampliación de la carretera al Puerto de La Libertad tramos II y III, la construcción del Puente General Manuel José Arce sobre el Río Paz en la frontera de La Hachadura entre El Salvador y Guatemala; y la construcción del puente sobre el río Anguiatú entre El Salvador y Guatemala.

Con ese préstamo se financia el proyecto de “Fortalecimiento institucional fondos Yucatán”, para la administración de los recursos del préstamo, y solo esta área tiene una ejecución acumulada al cierre del ejercicio fiscal de 2025 por $2.62 millones, destinados al pago de consultores de la Unidad Ejecutora del proyecto.

El director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó a los diputados que se requieren $41,400 “para financiar la contratación del personal necesario que lleve a cabo diligencias relacionadas a la liquidación del proyecto y cierre de los contratos de construcción, así como el cierre de préstamo”.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, anunció que participarán como partido político en la marcha convocada para el próximo viernes 1 de mayo.

“El caso de la participación de los sindicatos, maestros, enfermeros, abogados, exigiendo sus derechos, marcha el 1º de mayo. Hemos tomado la decisión de marchar como todos los años, es un derecho, es un deber. La dirección nacional ha tomado la decisión de acompañar a todo el pueblo”, anunció.

Flores aseguró que se movilizarán personas desde Ahuachapán, Morazán, Sonsosonate, La Unión, Chalatenango, San Vicente, La Libertad y San Salvador, entre otros departamentos.

El dirigente de izquierda rechazó ayer un proyecto de Ley de alianzas público privadas propuesto por el Gobierno en el cual se habilita estos asocios para prestar los servicios de salud, educación y recursos hídricos, así como también en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y en la Universidad de El Salvador (UES). Flores también criticó al Gobierno actual por su falta de medida ante el alza en el precio de los combustibles. «Lo que esperamos que el gobierno dé las propuestas. ¿Qué va a hacer el gobierno para enfrentar la situación?», cuestionó.

Así mismo, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) convocó a una marcha que saldrá del Parque Cuscatlán y concluirá en la Plaza Cívica, en el centro de San Salvador. El Movir ha anunciado que protestará contra “capturas arbitrarias e injustas, detenciones indefinidas sin juicio, inocentes condenados sin pruebas, pandilleros y personas inocentes encerrados juntos”.

Para el 1 de mayo, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) también ha convocado a una Marcha Blanca que podría concluir en la Plaza Gerardo Barrios, entre la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES) y Palacio Nacional.

«Tenemos la posibilidad de saber en qué se está invirtiendo? No, no lo sabemos, toda esa información está bajo reserva. Es nuestro llamado a la población. Este primero de mayo, tenemos que manifestarnos, tenemos que marchar, tenemos que decir basta ya, hay que dialogar, platiquemos de forma pacífica, porque va a llegar un momento en que ya no va a bastar ese diálogo», dijo la tarde del lunes, Rafael Aguirre, el secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), en una conferencia de prensa en la cual rechazaron la propuesta de Ley de alianzas público privadas.

El gobierno de Donald Trump retiró la nominación de Troy Edgar como embajador de Estados Unidos en El Salvador, según el listado de nominaciones y retiros enviados al Senado de Estados Unidos, publicado este lunes.

Troy Edgar, de California, fue nominado como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de El Salvador, una postulación enviada por la Casa Blanca al Senado, el 29 de enero de 2026.

De acuerdo a politico.com., Edgar fue nominado cuando como embajador en El Salvador luego del deterioro de su relación con Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, después de la destitución de Noem, el funcionario regresó a la DHS a su cargo como subsecretario de la DHS.

Según este medio, también se enfrenta a cuestionamientos por fallas vinculadas a contratos federales a funcionarios.

Edgar también se desempeñó como director financiero del DHS, supervisando un presupuesto de 90 mil millones de dólares y participando en la gestión de proyectos migratorios y del muro fronterizo.

Como subsecretario, ha actuado como director de operaciones del DHS, con responsabilidad sobre 260,000 empleados y un presupuesto operativo anual que asciende a 100 mil millones de dólares.

William Duncan concluyó su misión diplomática como embajador de Estados Unidos en El Salvador el 31 de julio de 2025. Por el momento, desde agosto de 2025, la Embajada está a cargo de la encargada de negocios, Naomi Fellows.

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) pidió públicamente a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de Ley de alianzas público privadas, que permitiría crear estas alianzas para proveer servicios de salud, educación y recursos hídricos.

“Tiene un objetivo claro y peligroso: abrir el camino a la privatización de servicios públicos esenciales… Si este modelo avanza, el que no pueda pagar simplemente quedará fuera del sistema… Esta normativa podría abrir la puerta a procesos de privatización en la Universidad de El Salvador”, indicó Conadesa en un comunicado divulgado la tarde del lunes y leído por el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre.

La asociación rechazó “categóricamente” la propuesta e insistió en derogar la Ley de la Red Nacional de Hospitales bajo la cual será administrado el Hospital Nacional Rosales. “Exigimos a los diputados de la Asamblea Legislativa que no la aprueben”, expresó.

El movimiento hizo un llamado a la “movilización social”.

La actual Ley de asocios públicos privados (APP) excluye de crear un APP cuando se trate de proporcionar servicios de salud, incluidos lo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), educación, la Universidad de El Salvador (UES) y recursos hídricos. El nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa suprime estas prohibiciones y mantiene las referidas a seguridad nacional, seguridad pública y justicia, hidrocarburos y minerales.

“Nos hemos quedado sin el hospital más importante de nuestro país, el Hospital Rosales nos lo han arrebatado”, dijo Silvia Navarrette del Sindicato de Trabajadores de la Salud en El Salvador (Sitrasalud). Llamó a manifestarse el 1 de mayo.

María Inés Dávila, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), cuestionó la nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), no podrá ser intervenida por ninguna independencia del Estado. Agregó que no se especifica cuál será el papel de la población en el proyecto.

Agregó que, si la UES forma parte de esta propuesta de “privatizar la educación superior”, tendrían “serios problemas” en la formación de profesionales de la salud. También exhortó a manifestar el descontento el próximo viernes 1 de mayo de 2026. Presentarán públicamente el Plan multisectorial de salud.

«No es necesario privatizarlo. ¿Cuándo toca vender algo? Cuando ya no tengo dinero para pagar. ¿Es esta señal que el Gobierno ya se quedó sin dinero?», cuestionó. Preguntó a quién le «venderán» el Hospital Nacional Rosales.

Con la nueva propuesta, los contratos del Estado con empresas privadas para prestar servicios públicos podrían durar hasta 50 años, según el artículo 11, incluyendo sus prórrogas. Actualmente, el artículo 8 establece un plazo máximo es 40 años.

En la conferencia de prensa, Peter Nataren, de la comunidad Santa Marta, aseguró que lo han “venido denunciando en los últimos años”. “Están desesperados porque no tienen dinero”, dijo. Nataren aseveró que la normativa «se presta para el lavado de dinero».