Autor: Yolanda Magaña

Los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos criticaron el plan revelado por el Gobierno para valorar la posible liberación condicional anticipada a algunos de los detenidos bajo régimen de excepción que son acusados de ser colaboradores de pandillas pero sin estar vinculados a delitos graves.

El partido Vamos, cuya diputada Claudia Ortiz ha sido criticada por pedir liberar a inocentes capturados bajo régimen de excepción, reaccionó con una crítica dirigida al Gobierno: “¿Quiénes están hablando de liberar pandilleros?” con un video publicitario: “Jodieron y jodieron con el libérenlos ya, el oficialismo y sus troles dijeron que los votos de Vamos fueron votos de sangre, ahora ellos dicen que van a liberar personas que han tenido que ver con pandillas”.

En el video, este partido explicó que siempre han pedido “debido proceso”, que se juzguen a los culpables y se liberen los “miles de salvadoreños que injustamente están presos”. “No queremos mareros libres, esos que se pudran en la cárcel, queremos a los salvadoreños inocentes con sus familias, queremos a los inocentes rehaciendo sus vidas”, señala.

 

¿QUIÉNES ESTÁN HABLANDO DE LIBERAR PANDILLEROS? #SalvadoreñoDateCuenta https://t.co/XndGP9a8Hp

— VAMOS (@vamoselsalvador) October 14, 2026

Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Arena, también recriminó en un video que señala al Gobierno de querer liberar a quienes hacían función de “postes” y pregunta por liberación de inocentes.

“¿Y ahora, quién es el que quiere liberar a los delincuentes?, ¿o no son delincuentes?”, preguntó el diputado de Arena que recordó que Nuevas Ideas aprobó penas más duras para los colaboradores de pandillas.

“¿Y los que tienen carta de libertad, para cuándo? Ahí se llenaron las bocas en spots televisivos diciendo que nosotros queríamos liberar a pandilleros, ahora ustedes han dicho que quieren liberar a los postes. Ustedes son los que quieren liberar a los delincuentes”, afirmó Lira.

Se les acabó el cuento! ¿Quiénes son los que ahora proponen devolver a las calles a personas vinculadas con pandillas? ¿Son delincuentes o son inocentes? ¿Por qué se pretende dar prioridad a personas señaladas de colaborar con pandillas, mientras se sigue ignorando a salvadoreños que ya cuentan con una orden judicial de libertad y continúan encarcelados? ¿Por qué no comienzan por liberar a quienes ya tienen una orden de libertad? Son unos sinvergüenzas con doble moral. #FranciscoLira #QueNoTeMientan #LegislandoConResponsabilidad #CartaDeLibertadparaInocentes nocentes

— 🇸🇻 Francisco Lira (@franciscolirasv) October 15, 2026

El martes, el presidente Nayib Bukele que están evaluando la posible libertad condicional anticipada para personas acusadas de colaboradores de pandillas pero que no han tenido un vínculo para la comisión de delitos graves.

«Nosotros hemos establecido un criterio, de qué nivel de colaboración fue. Si colaboró para enterrar un cadáver, casi que merece cadena perpetua. Está mal lo que voy a decir pero, si colaboró en avisar que ahí venía la Policía, muchacho que lo ponían a la orilla del pasaje, es culpable, ¿pero qué tan culpable es?», explicó, ante la pregunta de una periodista sobre qué pasó con la comisión creada para evaluar casos de algunos capturados bajo régimen de excepción. El plan es beneficiar a «más o menos el 50 por ciento de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada» con monitoreo y condiciones.

El Gobierno produjo un video en el cual asevera que la oposición busca liberar a las pandillas.

Una nueva ley transitoria para que los contribuyentes paguen impuestos y multas que adeuden al Ministerio de Hacienda será recibida el lunes en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

La “Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas” otorgaría como plazo hasta el 11 de diciembre de 2026 para pagar tributos o multas adeudadas al fisco.

De acuerdo con el proyecto, los contribuyentes podrán acceder a una resolución de pago a plazos con una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales y sucesivas. Estos planes de pago también aplicarán a las multas impuestos a obligaciones formales.

La nueva normativa permitirá que los pagos se realicen incluso después de la vigencia del decreto, que concluye el 11 de diciembre de 2026, de acuerdo con la resolución de pago a plazo de la Dirección General de Tesorería, que incluso podrá renovarlo “cuando concurran circunstancias que lo justifiquen”.

Podrán ampararse en la amnistía fiscal contribuyentes con deudas pendientes en la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, con procesos pendiente en la jurisdicción contenciosa administrativa o constitucional, en la Fiscalía General de la República, bajo cobro judicial, y los infractores con multas de tránsito pendientes o recargos sobre multas por cualquier institución de la administración pública, excepto las municipalidades.

El decreto aplicará también a los contribuyentes que no efectuaron en su momento el pago del Impuesto sobre la Renta teniendo el Número de Pago Electrónico (NPE) vencido o también en casos en donde “se hayan declarado saldos a favor o declaraciones de mercancías registradas cuya fecha o plazo para liquidar o presentar la declaración hayan vencido”, incluyendo las correspondientes al periodo de septiembre de 2026 o multas que fueron impuestas hasta el 30 de septiembre de 2026.

El proyecto fue recibido el miércoles por el pleno legislativo y será recibido por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que está convocada para reunirse el lunes 19 de octubre.

El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas al Código Penal para castigar con prisión al propietario de vehículos de transporte público o de carga que permitan la conducción sin permiso o licencia; y también a estos conductores que carezcan de licencia o autorización.

Además, según la propuesta, cualquiera de estos delitos no serán conciliables.

Una primera reforma propuesta para el artículo 147-E castigaría con prisión de 2 a 5 años, como delito de conducción peligrosa, a los conductores de vehículos de transporte público de pasajeros y transporte de carga que no tengan autorización o licencia para hacerlo, aunque no hayan provocado un peligro para una persona determinada.

La reforma incrementaría la pena por conducción peligrosa cuando provoque homicidio o lesiones, a un máximo de 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores, y hasta 15 años de prisión para conductores de vehículos de transporte público o de carga.

La propuesta también consiste en prohibir la conciliación, la mediación o la reparación integral del año como forma para extinguir la acción penal o terminar el proceso anticipadamente «en estos supuestos«, de acuerdo al último inciso propuesto en el artículo que trata sobre el delito de la conducción peligrosa en general.

Una segunda reforma castigaría, con una pena de 5 a 10 años de prisión, al propietario, poseedor o encargado de un vehículo de transporte colectivo de pasajeros o de carga de ocho toneladas o más que permita a otra persona conducir la unidad sin poseer la licencia correspondiente.

La pena se incrementaría en una tercera parte en caso de homicidio culposo o lesiones.

La propuesta también es prohibir la conciliación y la mediación para los propietarios de estos vehículos pesados, pero obligaría tanto a propietarios como conductores a responder civilmente por daños, lesiones o muertes que provoquen.

El proyecto de reforma ingresó al pleno este miércoles y pasó a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el martes por la tarde.

El gobierno también presentó una propuesta de reformas al Código Procesal Penal que prohíbe la conciliación en el delito de lesiones culposas cometidas mediante la conducción de un vehículo de motor, homicidios y lesiones culposas cometidas con conducción peligrosa, y facilitación de transporte público o de carga a un conductor no autorizado.

El reporte de salvadoreños que han tramitado su Documento Único de Identidad (DUI) en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) incrementó más de 100,000 nuevos registros durante un año.

Una comparación del registro de salvadoreños en el RNPN deja ver un incremento de 106,461 personas que tramitaron documentos únicos de identidad al 30 de septiembre de 2026, respecto al 30 de septiembre de 2025.

De esa cantidad, un 44 % del incremento reportado proviene de los salvadoreños en Estados Unidos, es decir, 47,417 personas que tramitaron su DUI. El aumento se da en menor cantidad en el resto de países: 3,875 en España, 1,975 en Italia y 1,299 en Canadá.

Así mismo, los registros de salvadoreños que tramitaron su DUI dentro del país, en el mismo año, incrementaron en 48,235, de los cuales 20,360 son mujeres y 27,875 son hombres.

Los mayores aumentos se reportan en los distritos de San Miguel, Colón, Santa Ana, San Juan Opico, Ahuachapán y Tonacatepeque.

El municipio de San Salvador no es el que muestra la mayor diferencia. Mientras en el municipio de San Salvador, los salvadoreños que tramitaron su DUI reportados aumentaron 516 en un año, en San Miguel el aumento fue 3,605. En La Libertad, se reportó un crecimiento anual de 2,904 registros de salvadoreños; en Santa Ana, 1,927; en Ahuachapán, 2,009.

En general, el RNPN reportó 6,583,612 salvadoreños que tramitaron su DUI hasta el 30 de septiembre de 2025 y, un año después, la cifra llegó a 6,477,396, una diferencia de 106,216. De estos 106,216 de aumento en el registro de salvadoreños, 52,883 son mujeres y 53,333 son hombres.

El grupos de edad con mayor crecimiento es el que oscila entre los 61 y 80 años, con una diferencia de 48,840 registros.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles dos reformas a la Ley de Presupuesto General del Estado de 2026 para incorporar $209 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial y de excedentes en la recaudación tributaria. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos, de oposición, no votaron a favor de las modificaciones.

Una de las reformas incorporó $131 millones provenientes de un préstamo de $501.25 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Grupo Banco Mundial. Los recursos del préstamo se desembolsan por logros educativos pero pueden destinarse a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y a transferencias diversas, según el decreto del préstamo.

El crédito fue aprobado el 21 de abril de 2026 para financiar el programa «Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital», bajo la modalidad de financiamiento basado en resultados educativos.

Entre los indicadores para aprobar los desembolsos están incrementar el porcentaje de estudiantes con niveles de suficiencia en matemática y lectura, el desarrollo de plataformas digitales, el fortalecimiento de los sistemas de evaluación educativa y la dotación de computadoras y tabletas para estudiantes y docentes.

La segunda reforma incorpora $78 millones provenientes de excedentes en la recaudación tributaria, principalmente de los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta. El dinero servirá para cubrir obligaciones prioritarias de ocho instituciones públicas durante el último trimestre de 2026.

Con ambas modificaciones, el presupuesto estatal incorpora $209 millones adicionales: $131 millones procedentes de financiamiento externo y $78 millones de ingresos tributarios superiores a los proyectados.

La distribución de los $78 millones contempla las siguientes asignaciones:

Ministerio de Salud: $18.8 millones para bienes, servicios, medicamentos, insumos y equipos.

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte: $15 millones para construcción, mantenimiento y reparación de la red vial.

Ministerio de la Defensa Nacional: $14 millones para el Plan Control Territorial.

Presidencia de la República: $14 millones para gastos de funcionamiento de sus secretarías y adquisición de equipos.

Ministerio de Relaciones Exteriores: $6 millones para la operatividad de embajadas y consulados.

Fiscalía General de la República: $6 millones para fortalecer sus capacidades operativas y tecnológicas.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $1.5 millones para implementar un observatorio electoral.

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia: $2.7 millones para programas de acogimiento e integración social.

Diputados de oposición pidieron que los fondos de la sociedad anónima Constructora El Salvador, S.A. de C.V. sean auditados por la Corte de Cuentas de la República, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la transferencia de bienes de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, propuso recomendar a la Corte de Cuentas auditar las transferencias de la DOM a la constructora y que «revise la eficiencia, la eficacia y la transparencia» de la sociedad anónima.

La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, señaló que la DOM es la accionista mayoritaria de la empresa Constructora El Salvador.

«Debemos recordar que también la DOM está bajo la supervisión de la Corte de Cuentas como la institución garante del uso de los fondos de todas las instituciones», expresó Rosales, quien mencionó algunas obras de la sociedad constructora en escuelas.

La diputada Ortiz preguntó cuál es el problema, entonces, de recomendar que la Corte de Cuentas audite las transferencias que le son trasladados por la DOM a la Constructora El Salvador. Ortiz consideró que esta es prácticamente una entidad privada que es financiada con fondos públicos.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), también se refirió a la afirmación de que la DOM es auditada por la Corte de Cuentas y advirtió que «la Corte de Cuentas no audita a la Constructora El Salvador porque es privada». «Que se le están dando bienes públicos a una institución privada que no está siendo auditada por la Corte de Cuentas», señaló.

«¿Por qué no puede auditar la Corte de Cuentas bienes que están siendo trasladados a una institución privada?, bueno, aunque yo a la Corte de Cuentas no le tengo fe», cuestionó.

Ambas diputadas de oposición consideraron que se trata de una empresa privada «financiada con fondos públicos» y cuestionaron la falta de eficiencia en el trabajo de la DOM.

«La queja que escuchamos en todas partes, en Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Chalatenango, casi todos los lugares, la gente se queja de lo mismo, alcaldías ausentes de las comunidades y ausencia de obras cercanas a la realidad de la gente», dijo Ortiz.

El diputado Francisco Lira, de Arena, preguntó quiénes son los accionistas de la Constructora El Salvador. Sostuvo que crean «empresas mixtas» con la «vieja confiable» de que la DOM es la accionista mayoritaria.

La Ley de la Corte de Cuentas establece en su artículo 106 que las personas naturales o jurídicas privadas con relaciones contractuales con el Estado están obligadas a proporcionar a los auditores gubernamentales confirmaciones sobre operaciones y transacciones.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma para exonerar hasta por 10 años del precio base y la tasa anual el servicio de internet por satélite directo a teléfonos móviles, una tecnología que no estaba contemplada en la ley de exoneración aprobada en 2022.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, explicó que el espectro radioeléctrico pertenece al Estado y por ello otorga concesiones a privados para que lo utilicen a cambio de un pago base y una tasa anual.

La diputada de Vamos criticó que la reforma «no introduce la obligación de ampliar la cobertura» a las empresas beneficiadas con la exoneración de los costos de la concesión. Por ello solicitó que el dictamen regrese a la Comisión de Tecnología «para poderle poner dientes a esta ley».

Ortiz criticó que no respondieron cuántos concesionarios y cuánto ha dejado de percibir el Estado por este tipo de exoneraciones que actualmente únicamente benefician a proveedores de internet satelital de modalidad fija.

Según la diputada, la empresa que sería beneficiada con la reforma es Starlink, por lo que consideró que se reviva la propuesta gubernamental del satélite Cuscatlán.

«Si vamos a poner en manos de privados un recurso estratégico, sería bueno retomar esa promesa de tener un satélite Cuscatlán», dijo, en el pleno.

De acuerdo con Ortiz, los Estados «deben tener mucho cuidado» de poner el espacio radioeléctrico en manos de empresas «que podrían tener más poder que el propio Estado».

«Hoy por hoy, el único proveedor que tiene la capacidad de brindar el servicio de internet satelital en la modalidad directo a los dispositivos es Starlink». Claudia Ortiz (Vamos).

Por su parte, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que según el censo poblacional de 2024, el 79.8 % de la población utiliza internet y el 75.5 % tiene un teléfono inteligente, y cuatro de 10 hogares cuentan con internet residencial.

Señaló que la reforma elimina «cualquier barrera económica para facilitar esa conectividad» en las zonas de difícil o sin cobertura.

«Esta reforma nos va permitir impulsar el servicio de internet satelital en todo nuestro país, especialmente en esas zonas rurales y comunidades donde las redes tradicionales no tienen esa cobertura. Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

«Realmente lamento que los argumentos sean bien superficiales», respondió Ortiz. Preguntó por qué la reforma no establece exigencias o metas de cobertura a las empresas beneficiadas «a cambio de regalarles la concesión sin ningún pago».

«Lamento informarles que uno de los artículos de esta ley no habla de ningún tipo de meta, de condición, de desempeño, que permita al Estado decir: te regalé el espectro radioeléctrico por 10 años y a cambio me dice tú me diste este y este beneficio, y si no lográs esas metas, te reduzco o te quito la concesión», señaló la legisladora de oposición.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, felicitó a la Comisión, y aseguró que Starlink podría invertir en el país, así como la inversión que prometió el español Grupo Cox que anunció una inversión de $2,900 millones en una planta de gas natural de $1,800 millones, construcción de plantas solares, almacenamiento de electricidad y un proyecto de saneamiento de agua potable por $600 millones.

Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato de préstamo por $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad «Nacer con Cariño, El Nido» y la construcción con equipamiento de áreas de maternidad en los hospitales de Santa Ana y de San Miguel.

La ratificación fue aprobada en el pleno del miércoles 14 de octubre con votos de 56 diputados presentes, de Nuevas Ideas y de partidos aliados. Diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos no votaron.

El préstamo deberá ser pagado en 18 años pero goza de 4.5 años de gracia, el plazo para pagar la primera cuota.

Parte de los fondos servirán para equipar el centro de maternidad El Nido en San Salvador, y otra parte para construir un área de 1,461 metros cuadrados en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana y un área de 1,960 metros cuadrados en el hospital San Juan de Dios de San Miguel.

Cada una de estas áreas de maternidad regional tendrán: 6 unidades de trabajo de parto, 3 o 4 islas neonatales, 2 quirófanos obstétricos y 5 salas de alojamiento conjunto con capacidad de 20 plazas.

El equipo del centro de maternidad El Nido en San Salvador será destinado al control prenatal, salas de parto y recuperación, quirófanos obstétricos, manejos de emergencias, incubadoras, cunas térmicas, neonatología y unidades cuidados intensivos neonatales.

La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) a que transfiera 50 camiones marca Sany año 2025 valorados en $5.7 millones a la sociedad anónima industrial Constructora El Salvador de la cual la DOM es la accionista mayoritaria. Cada camión tiene un valor de $115,081.02.

El gobierno dice que el objetivo es desarrollar obras de gran magnitud a nivel privado y estatal, que la empresa logre utilidades y que la DOM tenga mayor capacidad de hacer obras municipales.

La sociedad Constructora El Salvador fue constituida el 28 de abril de 2023 también recibió una transferencia de equipo y plantas asfálticas por $14.1 millones también provenientes de la DOM, que se financia de ingresos corrientes del Estado, asignaciones del Fondo General de la Nación y de préstamos.

Esta vez, la oposición cuestionó que fondos públicos terminen en una empresa privada o mixta, y volvió a preguntar quiénes son los miembros de la junta directiva de la Constructora El Salvador.

«Levanta alertas», «fondos públicos»

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió auditar las transferencias de la DOM a la Constructora El Salvador. La iniciativa solo tuvo tres votos.

«Levanta grandes alertas a la población saber que bienes públicos están siendo transferidos a una sociedad anónima», expresó la diputada de Vamos.

Agregó que pueden haber ocurrido otras transferencias que por su monto inferior no hayan pasado por la Asamblea Legislativa. Ortiz dijo que «la DOM está ausente» y las «calles están en mal estado», por lo que pidió distinguir las obras públicas financiadas con ganancias de la sociedad Constructora El Salvador o con otras fuentes.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó que se financie con fondos públicos la empresa Constructora El Salvador, que tiene accionistas privados y que, por ser privada, indicó que «no es auditada» por la Corte de Cuentas.

«¿Cómo vamos a financiar empresas privadas con dinero de los salvadoreños y que esta Asamblea Legislativa esté legalizando esas chabacanadas?, lo peor es esa competencia totalmente desleal… Va a trabajar y hacer estas obras a favor del Gobierno con los recursos del Gobierno, así qué chivo tener una empresa». Marcela Villatoro (Arena).

El diputado Francisco Lira, del mismo partido, señaló al gobierno de usar los fondos públicos para enriquecerse. «En los mismos municipios están las calles malas», expresó.

Defienden obras de la DOM

Por su parte, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, dijo que «se vienen dar baños de pureza cuando tuvieron la oportunidad por 20 años de dejar todas las calles de este país debidamente reconstruidas». Soriano se refirió a diputados de oposición como «macetas» y aseguró que los gobiernos anteriores dispusieron de fondos para hacer obras «pero se lo robaron».

Soriano dijo que la DOM ha realizado «más de 65 proyectos» en La Unión.

«Esto está fácil, colegas, el día de hoy tienen la oportunidad de votar para transferir 50 vehículos a la Constructora El Salvador, propiedad del Estado, para que siga reconstruyendo escuelas, hospitales, calles, puentes, unidades de salud, cascos urbanos, agua potable», expresó Soriano, quien es diputado por el departamento de La Unión.

«Corrupción»

El diputado Francisco Lira preguntó al oficialismo por qué han recortado el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para el año 2027 y por qué no aprobaron la ley para aumentar las penas a 60 años de prisión por los delitos de corrupción.

Respaldando las preguntas de Lira, la diputada Villatoro señaló a diputados de Nuevas Ideas de tener un «pecado original» por sus vínculos con partidos como el FMLN

«Camaleones, cínicos, desvergonzados… Esta Asamblea Legislativa va a ser juzgada, cuando el día de mañana el poder se vaya, me voy a morir de la risa cuando los vea presos a ustedes por todas esas decisiones que han hecho en contra de los salvadoreños pasándose la ley por todos lados… El que obra mal le va mal», expresó.

Por su parte, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, preguntó cuántos diputados tiene Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). «Al que obra mal le va mal», expresó. Recriminó a Arena el no haber votado por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o el desafuero de los exdiputados Norman Quijano y Alberto Romero.

«Porque nos dicen garrapatas pero ellos son larvas, ameobas, moscas, eso es lo que son», exclamó. En referencia a la oposición, señaló que los empresarios «les cuelgan el teléfono» porque «no son nada».

«Ese que está ahí es un misógino que ha despotricado contra dos mujeres, es un patán, que se le olvida que trabajó para Arena», reaccionó por su parte la diputada Villatoro, quien recordó que sí votó por el desafuero del diputado Alberto Romero.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, diputado Caleb Navarro, pidió respeto sin usar «el escudo» de la violencia de género y enumeró a miembros de Arena procesadas penalmente y que han sido condenadas por enriquecimiento ilícito.

La diputada Villatoro respondió leyendo un listado de las compras cuestionadas durante la pandemia covid-19. «Cerraron la Cicies (Comisión Internacional de Investigación contra la Corrupción) y estos casos se quedaron chiflando en la loma», indicó. La legisladora, quien recordó que al inicio de la discusión les dijeron a los diputados de oposición «macetas», le dijo a Navarro que podía regalarle más DoloCream.

El diputado Ernesto Castro aseguró que la oposición viene de «un proceso de extinción» del cual aún no es consciente. Castro, al final, sometió a aprobación la transferencia de la DOM a la Constructora El Salvador: 57 votos a favor y 3 en contra. Luego decretó un receso hasta las 4:30 p.m. de este miércoles.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), solicitó este miércoles la conformación de una comisión especial de alto nivel para garantizar el respeto de los derechos humanos de personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción en el país.

“Hablaron sobre la liberación de personas con vínculos con pandilleros, la pregunta es ¿dónde quedan los verdaderos inocentes que tienen carta de libertad desde hace meses y que al final el sistema no reacciona para su liberación?”, cuestionó, al referirse a declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la evaluación de procesos contra personas acusadas de colaborar con las pandillas para una libertad condicional anticipada.

Lira cuestionó en qué lugar quedan las personas inocentes frente a personas vinculadas con la colaboración de las pandillas y que serán liberadas de manera anticipada según declaraciones presidenciales.

“¿A quién le vamos a dar prioridad?, ¿a esos colaboradores de pandilleros o realmente a las personas que están pagando un delito que no han cometido?”, preguntó.

El arenero volvió a solicitar la creación de una comisión de alto nivel que fue pedida por él el 5 de marzo de 2025.

Explicó que la comisión tendría representación del Ministerio de Seguridad y Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), academia y sociedad civil.

“Ayer dejó entrever que se iba a crear esa comisión”, indicó, sobre las afirmaciones de Bukele. “Espero ahora que también ustedes de Nuevas Ideas puedan respaldar esta iniciativa”, añadió.

La iniciativa de Arena únicamente tuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró que están evaluando la posible liberación condicional anticipada para personas procesadas o acusadas de «colaboradores» de pandillas, pero que no han tenido un vínculo para la comisión de delitos graves. «Nosotros hemos establecido un criterio, de qué nivel de colaboración fue. Si colaboró para enterrar un cadáver, casi que merece cadena perpetua. Está mal lo que voy a decir pero, si colaboró en avisar que ahí venía la Policía, muchacho que lo ponían a la orilla del pasaje, es culpable, ¿pero qué tan culpable es?», dijo el mandatario el martes.