Autor: Yolanda Magaña

Este viernes 29 de mayo terminó el plazo definido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para contratar a la empresa que implementará el sistema de votación remota por internet y electrónica presencial en las elecciones presidenciales y legislativas febrero de 2027.

El TSE definió un periodo que inició el 23 de marzo de 2026 para realizar la contratación de la empresa y también para la contratación de una firma auditora al sistema de votación remota por internet y electrónica presencial.

En el mismo plan, definió el lunes 1 junio de 2026 como fecha de arranque del periodo para desarrollar las pruebas de la implementación del sistema para ambos tipos de votación, remota por internet y electrónica presencial, así como crear mecanismos de «auditoría informática» al sistema, al registro de votantes y al escrutinio final. El último día para hacer las pruebas y crear los mecanismos de auditoría es el 26 de junio.

La formulación de solicitud de ofertas para la contratación se debió realizar entre el 12 de enero y el 20 de marzo de 2026.

En todo caso, la última fecha establecida legalmente para definir el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial es el 27 de junio de 2026.

El TSE tiene un presupuesto de $172.1 millones aprobados para las elecciones de 2027, un total de $46.7 millones se destinarán al voto electrónico; en las elecciones de 2024 el TSE destinó $57.4 millones de los $70.2 millones asignados para el mismo fin.

EL órgano electoral aún no ha informado sobre los ajustes de fecha a los calendarios electorales luego de la aprobación y vigencia de las reformas electorales aprobadas el 14 de mayo de 2026. En los comicios la implementación se adjudicó a la empresa española Indra.

El artículo 14 de la Ley especial para el sufragio en el extranjero exige que «el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial deberán estar definidos por el Tribunal al menos ocho meses antes de las elecciones», es decir, el 28 de junio de 2026.

El mismo artículo exige contar con todos los mecanismos de auditoría informática para garantizar la confiabilidad en los resultados.

La secretaria general de Vamos, Cesia Rivas, cree que el 1 de junio debería ser un día de rendición de cuentas por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, que el lunes 1 de junio cumple el segundo año de su segundo mandato presidencial.

«El 1 de junio debería cumplirse con lo que señala la Constitución y hacer una rendición de cuentas hacia la ciudadanía. y no un discurso meramente político, con una Asamblea sumisa que se ha olvidado de sus funciones respecto a los demás órganos de Estado», expresó, cuando se le preguntó sobre la evaluación del séptimo año de gobierno del mandatario.

Según Rivas, este 1 de junio de 2026 inicia un ciclo de la rendición de cuentas de otro año de gestión del poder Ejecutivo. Sin embargo, la también diputada suplente opinó que no se cumple el artículo 131 ordinal 18 de la Constitución de la República.

Dicho artículo establece que a la Asamblea Legislativa le corresponde «recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros, y aprobarlo o desaprobarlo».

«Toda la ciudadanía debería escuchar cómo se ejecutó el presupuesto asignado y lo que debería pasar es que los informes que se presenten por los ministros deberían someterse a un análisis en las comisiones respectivas», sugirió.

La legisladora de oposición criticó que, desde su llegada al poder, el presidente Bukele y su gabinete se limita a ir a dejar los informes a la Asamblea Legislativa sin realizar «una rendición de cuentas como debería ser».

Este lunes a las 7:00 de la noche, se espera que el presidente Nayib Bukele llegue a la Asamblea Legislativa, que ha convocado a una sesión solemne para recibir su informe del periodo 2025-2026. El reglamento de la Asamblea establece que el 1 de junio de cada año habrá una sesión solemne para recibir dicho informe por parte del presidente de la República.

Bukele que gobierna desde el periodo 2019-2024, cumple su séptimo año de gobierno correspondiente al quinquenio para el que fue electo, 2024-2029, periodo que al final resultará modificado por una reforma constitucional que adelantó las presidenciales para 2027, por lo que el próximo periodo presidencial será 2027-2033.

En su informe de junio de 2025, Bukele subrayó que no liberarán «ni ya ni nunca» a capturados en el régimen de excepción, destacó la inversión en educación de $1,411 millones por año y remarcó sus críticas a “gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con la élite globalista antes que evitar que sus ciudadanos puedan”, periodistas y a críticos del régimen de excepción.

A solicitud del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Hacienda autorizó nuevos precios a productos elaborados en los talleres y granjas del sistema penitenciario luego de un “análisis del mercado nacional” y concluir que es necesario “actualizar los precios” para “mantener su competitividad”.

La administración de la comercialización de estos productos lo hace el “Fondo de actividades especiales para la comercialización de bienes y prestación de servicios producidos en los talleres y granjas del sistema penitenciario”.

La tabla, que contiene 98 diferentes productos, establece un precio mínimo y un precio máximo.

Así, establece de $0.40 a $1.50 el vaso de bebidas calientes como café, leche, chocolate o atol; de $2 a $3.25, las cenas; de $2.50 a $17.10 los combos de pollo, gallina, hamburguesa, costilla o parrillada; los almuerzos, de $1.80 a $4.75; comida gourmet, de $2.75 a $6.50.

En los productos de panadería, pueden comercializar magdalena decorada, budín, flan, napolitano o semita, a precios desde $5 hasta $25.

La lista incluye verduras, hortalizas, granos, frutas, embutidos, cárnicos, bovinos, porcinos, lechones, entre otros. Así, el precio de los bovinos grandes puede oscilar entre $900 y $1,500. El cartón de huevos puede tener un precio desde los $2.75 hasta los $5.50.

El listado también incluye camisas, pantalones, uniformes y estampados, productos de bambú, de madera, juguetes, esculturas de hierro, carretas de carga, pinturas, hamacas, ropa y zapatos, piñatas, servicios de barbería y cosmetología, calzado, productos químicos, artesanías y figuras de papel.

Según el acuerdo los precios se aplican al público y se da mediante un control ejercido por las “Unidades de Diversificación de Trabajo Penitenciario” (UDTP) y del Fondo de Actividades Especiales mencionado.

Este mismo acuerdo dicta que los precios se determinan con base en sondeos de mercado de bienes y servicios para garantizar la recuperación de costos y un margen de utilidad de entre el 20 % y el 100 %.

Da la posibilidad de descuentos “de manera excepcional y debidamente justificada” por ventas al mayoría o descuentos a empleados de la Dirección General de Centros Penales.

Los ingresos percibidos por los productos elaborados por los internos en los centros penitenciarios se ingresan en la cuenta “Director General de Tesorería, Fondo de Actividades Especiales, subcuenta Fondo MH/DGT/FAE Centros Penales”.

Las reformas electorales aprobadas para reestructurar los 60 escaños de la Asamblea Legislativa de El Salvador y otorgar seis diputados a la diáspora salvadoreña, quitando cinco a San Salvador y uno a La Libertad, están vigentes desde el pasado sábado 23 de mayo.

La reforma al Código Electoral estableció cuatro tipos de circunscripciones electorales: nacional, departamental, municipal y en el extranjero.

De los 14 departamentos del país, 10 quedaron con igual cantidad de diputados; pero San Salvador pasó de tener 16 a 11 diputados o escaños legislativos, y La Libertad pasó de tener 7 a 6 diputados. Fue así como se asignaron 6 escaños a la circunscripción en el extranjero.

La oposición criticó la redistribución y pidió a los diputados de Nuevas Ideas que explicaran bajo qué cálculos se hizo, ya que consideraron le quitaron representación a unos 500,000 habitantes de San Salvador. El artículo 79 de la Constitución, inciso segundo, ordena un sistema de “representación proporcional”, disposición que no fue reformada.

A la Ley de partidos políticos, que también inició su vigencia el 23 de mayo, también agregó que los afiliados a los partidos políticos en el extranjero deben participar en las elecciones internas de sus candidatos a diputados y a presidente y vicepresidente de la República.

El nuevo artículo 37-C estableció que los miembros o afiliados en el extranjero elegirán a la candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como las candidaturas a diputaciones a la Asamblea Legislativa y a sus respectivos suplentes.

También inició la vigencia de una reforma a la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero que asignó los votos de la diáspora salvadoreña a su respectiva circunscripción electoral con representación en la Asamblea Legislativa, y no en San Salvador como era antes.

Las reformas también permitieron que los salvadoreños en el extranjero puedan votar con documentación vencida, eliminaron toda referencia al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y al financiamiento público que recibían los partidos políticos, y suprimieron la prohibición que tenían los partidos políticos de promover la reelección presidencial, ya que Nuevas Ideas reformó la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida.

El total de la deuda del Estado con los ahorros para las pensiones subió a $11,520.42 millones al cierre de abril de 2026 publicó el viernes el Banco Central de Reserva (BCR).

La cantidad suma $8,393.56 millones de la deuda del Estado heredada hasta la reforma aprobada por Nuevas Ideas en diciembre de 2022 y $3,126.86 millones de nueva deuda aprobada a partir de dicha reforma.

Mientras la deuda heredada equivale a un 73 % del total de la deuda con el Fondo de Pensiones administrado por las AFP; la nueva deuda ya es un 27 %.

Las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) invierten los fondos de los cotizantes en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), una figura aprobada en la reforma de 2022. La anterior deuda estatal quedó adquirida a través de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).

De abril de 2025 a abril de 2026, la deuda estatal de pensiones aumentó en $778.59 millones, un 7.25 %.

Este aumento interanual es superior al incremento de $639.03 millones que la deuda previsional tuvo en 2025 pero menor a los $919.41 millones registrados en 2024 y a los $1,009.74 millones emitidos en 2023.

Las emisiones de instrumentos de deuda previsional que deben ser comprados por las AFP varían mes a mes. La emisión mensual bajó de $96.1 millones en marzo a $44.1 millones en abril, un 54 %.

El Estado emite COP a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), antes INPEP, y esos certificados de inversión son comprados por las AFP con los fondos de pensiones para que el ISP pueda utilizarlos en el pago de pensiones de los jubilados del Sistema Público de Pensiones (SPP).

La excandidata a diputada Ondina Ramos pidió el viernes inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro en las elecciones internas de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

“Estamos haciendo un llamado directamente a nuestra militancia para que puedan sumarse a este proyecto de apoyo permanente por las comunidades y porque creamos en un nuevo San Salvador Centro”, expresó.

Aseguró que ofrece mejorar lo que está bien. “Que una mujer pueda resolver, como hemos hecho en diferentes proyectos, que lo que está bien se tiene que mejorar”, indicó.

La aspirante arenera afirmó que su planilla fusiona “experiencia y juventud” además de mujeres que han trabajado con las comunidades. “Quiero ser la mujer que ponga de pie a San Salvador”, indicó.

En San Salvador Centro, por Nuevas Ideas, el partido de Gobierno, Mario Durán no ha anunciado si buscará la reelección como alcalde.

San Salvador Centro es conformado por Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador capital.

Hacia las elecciones de 2024, Ramos se lanzó como candidata a diputada por el departamento de San Salvador y ocupó la casilla 1 en la papeleta de las elecciones legislativas, sobre la diputada Marcela Villatoro, que fue reelecta y que ocupaba la casilla 2 en la papeleta electoral. En esa campaña, Villatoro habló de “favoritismos” en las elecciones internas.

El Partido de Concertación Nacional (PCN) informó este viernes que designó a Carlos Humberto Martínez como secretario general departamental interino en Sonsonate, en una actividad presidida por el secretario general del PCN, Manuel Alfonso Rodríguez.

Según el partido político, con el nombramiento buscan «fortalecer la organización partidaria en el departamento, consolidar el trabajo territorial y coordinar los esfuerzos» necesarios ante las próximas elecciones internas del partido «en estricto apego a la normativa interna y a los principios democráticos que rigen nuestra institución».

«Confiamos en la capacidad, el liderazgo y el compromiso del sargento Carlos Humberto Martínez para impulsar el fortalecimiento de las estructuras partidarias, promover la unidad de nuestra militancia y contribuir al crecimiento del Partido de Concertación Nacional en el departamento de Sonsonate», indicó el partido político.

Martínez fue concejal propietario por el PCN en el municipio de San Antonio del Monte en el periodo 2021-2024.