Autor: Yolanda Magaña

Los salvadoreños están divididos entre quienes están de acuerdo en prorrogar el régimen de excepción y quienes creen que es necesario buscar otras medidas para sustituir este decreto, que desde el 27 de marzo de 2022 tiene suspendidos en el país tres derechos constitucionales para facilitar las capturas.

Mientras el 59.7 % de los salvadoreños creen que el régimen de excepción debe continuar en el país, el 37.4 % de los salvadoreños responde que “es hora de buscar otras medidas”, según la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, realizada del 14 al 24 de mayo de 2025, y presentada el 19 de junio.

Si bien la mayoría dijo no tener ningún temor ante el régimen de excepción (65.2 %), un 34.8 % de los salvadoreños respondió que tenía algún nivel de temor, ya sea poco, algún o mucho temor.

La nota promedio que le otorgó la población al régimen de excepción fue 7.78, en una escala de 0 al 10.

Sin embargo, de las personas que aseguran que es necesario buscar otras medidas para sustituir al régimen de excepción, un 66.8 % aprueban dicha medida una nota promedio de 6.13 al régimen.

Según el mismo estudio, cuando se les preguntó cuál es el principal logro del gobierno de Nayib Bukele, la mayoría (66.6 %) respondió “el combate a la delincuencia y la seguridad” y solo un 1.7 % contestó que es la continuidad del régimen de excepción. Y, de quienes señalan fracasos, el 4.6 % respondió que es el “régimen de excepción” y el arresto de personas inocentes.

El gobierno anunció el sábado 21 de junio un nuevo cerco militar en San Bartolo, Ilopango, con el despliegue de 2,000 elementos entre policías y soldados; y capturó a 40 estudiantes de tres institutos nacionales señalados de estar formando una nueva pandilla.

Lectura > Los cercos militares desde 2022

Recientemente, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, rechazó la idea de eliminar el régimen de excepción.

“A los que dicen: ‘quiten el régimen’, ‘ya no hay mareros’, ¿esto es lo que quieren que regrese? Pues no vamos a permitir que se vuelvan a reagrupar, pandilleros asesinos”.
Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, el 24 de junio.

Esa fue la reacción de la diputada al operativo de la Fiscalía General de la República para “desmantelar una nueva pandilla en formación” en el Instituto General Francisco Menéndez (Infraamen), en el Instituto Nacional Albert Camus y el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI).

Para René Valiente, director de Investigaciones de Cristosal, la mayoría de los detenidos durante el régimen de excepción han sido arrestados “sin acceso a real a una defensa”, ya que “la mayoría no ha tenido audiencia con un juez ni cuenta con una sentencia formal”.

“Los familiares de personas detenidas peregrinan entre instituciones y centros penales buscando información, enfrentan cobros por alimentación, transporte y otros gastos. El régimen ha normalizado el aislamiento, los malos tratos, la tortura y la negligencia médica”.
René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en X.

Según Valiente, el CECOT es “una herramienta de propaganda” ya que “oculta el rostro de un sistema penal violento, desigual y arbitrario” y no refleja cómo funciona el sistema carcelario en El Salvador.

Expertos independientes o «procedimientos especiales» del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno de los Estados Unidos, además de comunicación relacionada a los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Cuba, para manifestar preocupación sobre la posible violación al derecho internacional de los derechos humanos en las deportaciones de ciudadanos venezolanos y salvadoreños a El Salvador.

La carta fue enviada el 23 de abril de 2025 y publicada 60 días después en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OHCHR).

Los «procedimientos especiales» son expertos independientes en derechos humanos que informan y pueden intervenir «mediante cartas» a los Estados, pueden hacer llamados urgentes, exponer hechos o denuncias, estándares internacionales y exponerles preocupaciones, según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

En este caso, el país en cuestión es Estados Unidos relacionado a El Salvador sobre las deportaciones de venezolanos y salvadoreños de Estados Unidos a El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Entre las preocupaciones mencionadas por los expertos de la ONU están: «la prohibición de la expulsión ilegal o arbitraria, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho al debido proceso en la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo, el derecho a la vida familiar y los derechos de los niños, la obligación de no devolución, la prohibición de la desaparición forzada y el requisito de condiciones humanas de detención».

En la misiva, se mencionan 108 presuntas víctimas e instan «al Gobierno de Su Excelencia a revisar estas leyes, políticas y prácticas para garantizar que toda medida adoptada cumpla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos».

«Migrantes en una prisión de justicia penal»

Los expertos de la ONU señalaron que desconocen el procedimiento legal aplicado y el estatus legal de los detenidos para probar sus presuntas asociaciones con pandillas o cualquier actividad criminal, y advierten que es posible que «se haya identificado individuos con Tren de Aragua basado en sus tatuajes, ropa, actividad social y estatus migratorio».

«No parecen estar bajo investigación criminal en El Salvador, no tienen estatus migratorio legal allí y están sujetos a una detención renovable de un año aparentemente como migrantes en una prisión de justicia penal. La detención arbitraria prolongada también podría constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante», dicen en su comunicación los procedimientos de la ONU.

Señalan falta de información sobre los detenidos a pesar de solicitudes y que el gobierno de El Salvador ha negado la asistencia consular a Venezuela. Señalan que los detenidos no tienen comunicación con sus abogados, «duermen en camas de metal sin colchones y están confinados en sus celdas durante 23 horas al día, privados de tiempo al aire libre», con escaso acceso a alimentos, agua, medicamentos esenciales para enfermos crónicos, entre otros.

También, piden que explique «qué salvaguardas de derechos humanos están incluidas en el acuerdo de deportación y detención entre los Estados Unidos y El Salvador, incluida cualquier disposición para una deportación efectiva».

La carta se refiere a las deportaciones realizadas el 15 de marzo desde Texas, Estados Unidos, de 238 venezolanos y 23 salvadoreños, de los cuales 137 aparentemente fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y otros 101 bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos; entre el 30 y 31 de marzo, de otras 17 personas, 7 venezolanos y 10 salvadoreños, presuntos pandilleros; y el 12 de abril, otros 10 presuntos pandilleros. Muchos de los deportados se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.

La solicitud firmada por 12 relatores o expertos advierte que, mientras esperan una respuesta, exhortan a adoptar medidas para «evitar cualquier daño irreparable a la vida y la integridad personal de los afectados».

¿Quiénes firman la carta?

1. Ben Saúl, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
2. Gabriella Citroni. Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
3. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
4. Balakrishnan Rajagopal. Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto.
5. María Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
6. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
7. Jorge Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
8. Cecilia M. Bailliet, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.
9. Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
10. Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
11. Siobhán Mullally, Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
12. Laura Nyirinkindi, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

El Índice Global de Tortura 2025 lanzado este miércoles por la

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) clasificó a

El Salvador “como de muy alto riesgo de tortura y malos tratos” y sugirió “la urgente necesidad de supervisión internacional” en el país.

El estudio se realizó con datos recopilados en 2023 y 2024 en 26 países con casi 80 organizaciones diferentes.

Asevera que en

El Salvador “los métodos de tortura empleados con frecuencia por las autoridades incluyen palizas brutales, humillación sexual, desnudez forzada, privación del sueño”, “especialmente durante interrogatorios para obtener información o confesiones”.

Según el informe de país, dichas conductas son sistemáticas.

A ello, suma la imposición de duras medidas disciplinarias por personal penitenciario “como castigos corporales y colectivos, restricciones a las visitas familiares y privación deliberada de alimentos y agua”, aislamiento rutinario de detenidos, falta de acceso oportuno a abogados y de comunicación confidencial con familiares, falta de asistencia o reportes médicos oportunos de posibles torturas, con el consiguiente incumplimiento del Protocolo de Estambul.

“En un caso, una reclusa de 26 años en la prisión de Apanteos fue obligada a realizar 1,200 sentadillas y luego colgada de las muñecas durante casi dos horas en represalia por defender a una compañera de prisión”, indica el informe de país.

Según el

mapa interactivo, de un grupo de 26 países evaluados, El Salvador es uno de los seis países con riesgo muy alto junto a Libia, Etiopía, Rusia, Bielorrusia y Baréin; 13 países se encuentran en “alto riesgo”, entre ellos Colombia, Honduras y México; cuatro en considerable riesgo, entre estos Argentina; tres países en riesgo moderado, entre estos Italia y España; y ninguno en bajo riesgo.

La situación de El Salvador se agrava, según el

informe de país, por el hacinamiento en las cárceles que supera el 160 % y ha alcanzado hasta un 300 %, un régimen de incomunicación carcelario, capturas arbitrarias, pésimas condiciones carcelarias, muertes bajo custodia, especialmente entre jóvenes detenidos y falta de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura.

“Una vez que las personas son enviadas a estas cárceles, es difícil saber qué les sucede. El acceso a las personas encarceladas es casi inexistente, y los informes de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, son generalizados”.

Informe de país del Índice de Tortura 2025.

“Política e institucionalmente, El Salvador muestra un compromiso mínimo con la prevención de la tortura y la protección de los derechos humanos”, indica el estudio de país, al señalar que no ha ratificado el

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ni aceptado la competencia del Comité contra la Tortura para examinar denuncias individuales. Agrega que “el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios han justificado públicamente el trato cruel a los detenidos, socavando la prohibición absoluta de la tortura”.

Se señala que el informe del gobierno salvadoreño al

Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas “lleva más de tres años de retraso” y “no existe un diálogo efectivo entre las autoridades estatales y la sociedad civil sobre la implementación de las Observaciones Finales del Comité”.

El lanzamiento del Índice se dio de manera virtual este miércoles en desde Ginebra, Suiza. El índice asigna puntuaciones de 0 a 100 a los países y los clasifica en cinco niveles de riesgo distintos: muy alto, alto, considerable, moderado y bajo.

El

riesgo alto presenta “graves deficiencias en la defensa de los derechos humanos y la implementación de las garantías contra la tortura, lo que sugiere desafíos significativos”. El riesgo “

muy alto”, en donde se encuentra El Salvador con otros cinco países, que “se caracteriza por violaciones sistemáticas de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, con garantías muy débiles para prevenir y proteger de casos de tortura y malos tratos”.

Diputadas de oposición creen que el proyecto gubernamental de nueva Ley de desarrollo social, que busca reemplazar una ley de 2014 pero sin la mención expresa de 14 programas sociales, podría ser “letra muerta” o dejar sin una obligación legal al Estado.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, mostró su preocupación por que el nuevo proyecto propuesto por la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, haya excluido la mención de 14 programas sociales y expresó su interés por conocer cuáles serán incluidos.

Mientras, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que la ley “crea una entidad sin propósito” porque no establece “con claridad los programas sociales” y “se deja al arbitrio de unos pocos la decisión”. “Probablemente será una ley muerta”, afirmó este martes, cuando fue consultada al respecto.

La propuesta de ley no ha sido aprobada. Para recibir una explicación del proyecto, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno citó al presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve), Juan Alberto Ortiz.

Ortiz: “Quita la obligación”

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseguró que el Estado salvadoreño debe hacer una estrategia de protección social “muy contundente”, en educación, madres solteras y pensiones de adultos mayores.

Ortiz aseguró que en la propuesta “se quita la obligación” del Estado para realizar más cobertura social y “quita los programas sociales”.

“Nos preocupa que esta propuesta de ley quita la obligación, quiero ver cuáles son los programas que se van a agregar. Al no estar como ley, quiere decir que ya no es obligación del Órgano Ejecutivo de brindarlos a la población”.
Claudia Ortiz (Vamos).

La normativa suprime 14 nombres programas que habían sido creados por gobiernos anteriores, como vaso de leche, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (Pati), Ciudad Mujer, Pensión Básica Universal, pero no los sustituye por nombres de nuevos programas.

La legisladora aseguró que los derechos económicos, sociales y culturales deben cumplir con el principio de progresividad, es decir, los derechos ganados ya no pueden retroceder. Exhortó a no usar la recaudación tributaria únicamente para pago de deuda o publicidad son también “para proteger a la población vulnerable con estos programas sociales”.

“Será una ley muerta”

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, señaló que la ley probablemente será una “ley muerte” porque no establece “con claridad los programas sociales a ejecutar se deja al arbitrio de unos pocos la decisión de hacer o no hacer”.

La diputada criticó que “en ningún artículo de la nueva normativa propuesta aparecen citados con nombre los programas sociales del actual gobierno” y que deroga el artículo 30 en donde se detallan 14 programas sociales.

“Es un grave retroceso para los ciudadanos que se veían beneficiados con programas como alimentación escolar, uniformes, pensión básica, paquetes agrícolas, los programas de Ciudad Mujer, entre otros, que poco a poco se han venido deteriorando y al parecer hoy los desaparecerán”.
Marcela Villatoro (Arena).

La legisladora duda de la ejecución de los programas por las “enormes deudas con los proveedores” y la falta de un plazo para su ejecución.

Rechaza eliminación de consultas

La diputada Villatoro rechazó también que se elimine de la nueva normativa los mecanismos de consulta que establecía la ley de 2014 para formular un “Plan de desarrollo” que contendría los problemas y las alternativas de solución.

“Se eliminan todos los artículos sobre la participación ciudadana, que establecía que debían realizarse consultas en municipios y departamentos como parte de la planificación y evaluación de la ejecución de los programas”, señaló.

También, advirtió que la nueva ley ordena evaluaciones pero sin definir plazos cuando en la normativa de 2014 se establecía que serían anuales.

La nueva normativa crea la nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS), crea un “Registro Social” para recoger datos sobre las condiciones de vida y los ingresos de las familias beneficiarias de programas sociales y se elimina el carácter público y transparente de la medición multidimensional de la pobreza que establecía en la ley de 2014.

El «presidente del Tribunal de Servicio Civil, Franklin Josué Nolasco Morales», tomó juramento de cumplir la Constitución de la República, este martes, luego de ser juramentado y electo en el cargo para los próximos tres años en el periodo 2025-2028, con 59 votos, incluidos los dos votos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

«La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, votó en contra de la elección de Nolasco Morales, pero las diputadas de Arena votaron a favor, por lo que Nolasco Morales fue electo con 59 votos.»

La Comisión Política había entrevistado a cuatro candidatos.

«El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso hasta en la sesión plenaria de este martes que proponían a Nolasco Morales. De manera inmediata, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), coincidió en la propuesta; y posteriormente el diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN).»

«Después de la entrevista de cuatro candidatos a los que quiero felicitar, creo que cuando uno ve los perfiles de los cuatro que llegaron y las respuesta que dieron, me parecía gente muy preparada técnicamente, gente idónea para el cargo, pero nosotros como bancada cian hemos tomado la decisión de escoger a la persona que creemos que puede cumplir de forma más idónea la función de presidente de Tribunal de Servicio Civil, y en nombre de la bancada cian queremos proponer al licenciado Franklin Josué Nolasco Morales para la continuidad en el cargo», dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas en el pleno.

Carballo pidió la palabra. «Hemos analizado y revisado el perfil del licenciado Franklin Josué Nolasco Morales, del cual coincidimos y estamos de acuerdo que sea él que ocupe el cargo de presidente de TSC», afirmó en el pleno.

Después de Carballo, tomó la palabra el diputado Orantes, quien dijo: «Me quiero sumar a la propuesta hecha por mis colegas anteriores en respaldar con nuestros votos la propuesta del próximo presidente del TSC al licenciado Franklin Josué Nolasco Morales», por «su amplia formación jurídica, trayectoria política».

Ningún otro diputado emitió opiniones sobre alguno de los candidatos, ni hicieron otra propuesta. A la hora de la votación, 59 diputados levantaron la mano a favor de Nolasco Morales, quien también se desempeña desde el 1 de mayo de 2021 como «gerente de Operaciones Legislativas del Legislativo», día de la destitución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República.

Nolasco Morales fue nombrado presidente del TSC el 29 de junio de 2022 y concluye su periodo el próximo 27 de junio y fue reelecto en el cargo para el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

Los otros candidatos eran William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Darwin Peña Rivera.

El TSC está compuesto por tres miembros: uno nombrado por la Asamblea Legislativa, quien lo preside, otro por el Órgano Ejecutivo en el Consejo de Ministros y otro por la Corte Suprema de Justicia.

El TSC es la institución encargada de resolver los recursos contra resoluciones emitidas por las comisiones de servicio civil que en las instituciones del Estado forman el escalafón de funcionarios, seleccionan candidatos a la carrera administrativa y conocen las amonestaciones a funcionarios y empleados públicos.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó la tarde de este martes la «Ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños» aprobada en 2022.

La prórroga, aprobada en una reforma a la ley, recibió los votos de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados, y diputadas de Arena y Vamos. Fue el primer dictamen aprobado de la sesión plenaria 61, celebrada, todavía, en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a una remodelación del Salón Azul de la Asamblea Legislativa.

La reforma prorroga el decreto legislativo 434, aprobado el 28 de junio de 2022 y que tenía una vigencia de tres años; este decreto 434 fue aprobado para sustituir una normativa similar aprobada el 14 de febrero de 2019.

La prórroga permitirá asentar nacimientos, estados familiares o muertes a las víctimas y a los sobrevivientes de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, ocurridas entre los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, lo cual les permite completar el registro único de víctimas.

El coordinador del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la masacre El Mozote y lugares aledaños (RUV), Andrés Alejandro Amador, aseguró que «en el paquete» que se les entregó «de la administración anterior» tenían 317 casos, pero que debido a la genealogía de los sobrevivientes los casos se han duplicado. «si ese patrón se continúa dando, estamos hablando de 955 casos específicos más», explicó.

El funcionario se refirió a que, para probar su parentesco con las víctimas de El Mozote, los sobrevivientes requieren de documentación múltiple sobre nacimientos, defunciones y también sobre sus estados familiares.

La Asamblea Legislativa prorrogará este martes por tres años la «Ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres de El Mozote y lugares aledaños» aprobada en 2022.

La normativa permite documentar y asentar nacimientos, estados familiares o muertes a los sobrevivientes de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, ocurridas entre los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, lo cual les permite ir completando el registro único de víctimas, algo que les permite reclamar las medidas de reparación.

“Tenemos que terminar lo que empezamos”, dijo Andrés Alejandro Amador, coordinador del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la masacre El Mozote y lugares aledaños (RUV), en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

Advirtió que los casos «prácticamente se han duplicado». Puso como ejemplo una pareja que tenía 10 hijos; sobrevivieron la madre y dos hijos. Para su registro requieren 9 «subsidiarios (partidas) de nacimiento», 9 «subsidiarios de defunción», una declaración de unión matrimonial y dos reconocimientos de paternidad, un total de 21 procesos.

Sin el decreto, los sobrevivientes requerirían la contratación de abogados para seguir el procedimiento ordinario. Con el decreto, “casi todo se basa en declaraciones juradas de referentes históricos» que «conocen bien la situación doméstica de ese lugar”.

«Esas sí eran violaciones a derechos»: Chamagua

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aprovechó para cuestionar las críticas que realizan organizaciones locales e internacionales sobre el respeto a los derechos humanos en El Salvador durante la actual gestión gubernamental.

«Es necesario hacer énfasis y resaltar que esta problemáticas aborda el tema de los derechos humanos que en el conflicto civil fue muy delicado y que desde mi punto de vista esas sí eran violaciones graves a los derechos humanos, no como las historietas que ahora los medios de oposición intentan vender, de camuflajear, a personas con severos daños de corrupción que los venden como que fueran perseguidos políticos o violaciones a derechos humanos, no tiene nada que ver», dijo Chamagua, diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Sonsonate.

«Yo no quiero ni imaginar lo que se vivió en esa época, tantas situaciones de torturas y familias que quizás desaparecieron completas», agregó Chamagua. Añadió que la guerra «no tuvo sentido» ya que «la razón del porqué se originó el conflicto civil nunca se solucionó», que según el legislador fue «la desigualdad social y económica».

Organizaciones han criticado en El Salvador capturas arbitrarias, torturas y muertes de personas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción, y las capturas de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, como de Enrique Anaya, el abogado que pidió la nulidad de la candidatura de Nayib Bukele para su reelección presidencial.

«Al contrario, eso se maximizó (la desigualdad) una vez se terminó el conflicto civil, pero, bueno, nos toca ahora a nosotros, somos una nueva generación de políticos, funcionarios».
Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.

Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), calificó la guerra de hipócrita. «Conmueve este tipo de cosas que pasaron y últimadamente como partidos políticos los hemos visto abrazándose y dándose besos», dijo, respecto a los exgobernantes Arena y FMLN.

«Es un tema de una guerra hipócrita que hubo donde personas que ahora andan huyendo decidieron mandar a matar a familias, una comunidad entera, solo se imagina matar ocho niños, ¿qué tenía que ver un niño?». Reynaldo López Cardoza (PCN).

Nos ha quedado bastante claro la necesidad de estos tres años. Felicitarle por su gestión al frente de este tema dado que nuestros salvadoreños necesitamos pronta y cumplida justicia.
Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.

¿Cuántas víctimas tiene el Registro?

Ayer, el coordinador del Registro de las víctimas de El Mozote no reveló cuántas personas han registrado hasta la fecha; ante la pregunta expresa del diputado López Cardoza, respondió que la cifra es «confidencial» por el «resguardo de las personas».

Hasta septiembre de 2017, según una publicación de El Faro, el Registro único tenía 978 personas ejecutadas, de las cuales 553 eran menores de edad, 604 familiares, 47 sobrevivientes y 29 desplazados, totalizando 1,658 personas.

El 18 de noviembre de 2021, Gobernación aseguró en un comunicado que «ya hay más de mil víctimas reconocidas plenamente y 600 casos que ya se cuenta con una base para que sean incluidos».

Según una publicación de la asociación Cristosal, de octubre de 2024, en El Salvador persistían incumplimientos de las medidas de reparación a las víctimas de la masacre ordenadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del 25 de octubre de 2012. Mencionaba como incumplimientos: falta de justicia, falta de un plan integral de desarrollo para comunidades afectadas pese a algunas obras en el caserío que responden más a un desarrollo turístico. En esa ocasión, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote pidió la prórroga de la ley para establecer el estado familiar.

Teníamos en el paquete que se nos entregó de la administración anterior 317 casos. Suponiendo de los que se han resuelto o iniciado se duplicaron… si ese patrón se continúa dando, estamos hablando de 955 casos específicos más.
Andrés Alejandro Amador, coordinador del Registro de Víctimas de El Mozote.

Aunque se mantiene la caída sostenida desde febrero de 2025 en los arrestos de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, la cantidad de salvadoreños atrapados aumentó levemente de 154 a 208 de abril a mayo pasados, un 35 % según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La cantidad de migrantes salvadoreños arrestados en todo enero aún es el doble de los arrestados durante los siguientes cuatro meses, de febrero a mayo.

La migración detectada en la frontera sur norteamericana ha caído en un 95 % respecto al año pasado.

De febrero a mayo de 2024 se atraparon 17,288 salvadoreños; en el mismo periodo de 2025, fueron 846.

La tendencia ocurre con migrantes de todas las nacionalidades, ya que durante los últimos cuatro meses retuvieron 47,209; mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 729,725 migrantes de todas las nacionalidades, comparación que marca una baja de 93.5 % este año.

Más de 300 niños centroamericanos, 43 salvadoreños

De los 208 salvadoreños detectados en la frontera sur de los Estados Unidos, 43 eran menores de edad. En abril, fueron 28 niños salvadoreños detectados en la frontera sur. Esto implica una variación mensual del 53.5 %.

La cantidad de niños centroamericanos atrapados en la frontera sur registra un aumento de 209 en abril a 334 en mayo, de 59.8 %.

Pese al aumento ocurrido en mayo, se mantiene la disminución de las retenciones en la frontera que marcó el inicio de la administración Trump. Durante los últimos cuatro meses, EE.UU. ha detectado 1,076 niños centroamericanos, pero durante los cuatro meses anteriores fueron 13,203.

Estos datos a la baja se contraponen con los vuelos de deportados de Estados Unidos que se dispararon en mayo de 2025. Desde el 21 de enero hasta el 31 de mayo se registran 59 vuelos de deportados hacia El Salvador.

Diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron el lunes un dictamen favorable una reforma presupuestaria que inyectaru00e1 $2.18 millones para el u003cstrongu003eCentro de Desarrollo Profesional (CDP) del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF)u003c/strongu003e, de San Bartolo, distrito de Ilopango, San Salvador Este.nnLos fondos provienen de “recursos propios generados por el Incaf” y se destinaru00e1n a la compra de equipo y maquinaria como robots, centros de torneado y estaciones de aprendizaje de electricidad. La cantidad exacta es $2,177,000.n

¿Para qué serviru00e1n los fondos?n-2 robots industrialesn-2 robots de fresadon-2 centros de torneadon-2 simuladores de sistemas para neumu00e1tica, hidru00e1ulica y PLCn-2 estaciones de aprendizaje de electricidadn-2 celdas de mantenimiento electromecu00e1niconnu003cstrongu003eSegún el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, los beneficiarios seru00e1n 8,400 personas, trabajadores cesantes y jóvenes que buscan un primer empleo; recibirían un proceso de formación durante seis meses.u003c/strongu003ennLa inscripción al CDP-INCAF en San Bartolo seru00e1 gratuita mediante web, redes o vía directa, con prioridad a empresas cotizantes, jóvenes y personas cesantes con oferta alineada al mercado con tiempo disponible, mayor de 18 años, así como trabajadores activos de empresas inscritas en el sistema informu00e1tico del INCAF.nnLuego de la explicación del director de Hacienda, el u003cstrongu003ediputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideasu003c/strongu003e, preguntó cuu00e1l es la solicitud en específico y si tienen identificadas u00e1reas en la zona de San Salvador Oeste.nnEl funcionario reiteró que la solicitud es la incorporación de fondos propios en el presupuesto para adquirir estos equipos para potenciar la demanda de formación en robótica industrial, simulación industrial y de montacargas, agregó que se mejoraru00e1n las condiciones del CDP y que el alcance del CDP es nacional.nn“Las acciones del INCAF estu00e1n previstas para cobertura a nivel nacional”, dijo el u003cstrongu003edirector general de Inversión y Crédito de Hacienda, Marlon Herrerau003c/strongu003e. Luego, el diputado Mulato agregó que el 65 % la industria de El Salvador estu00e1 en Soyapango e Ilopango.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes un dictamen favorable que incorpora $725,000 de una donación del «Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)» para el proyecto 8866 «Apoyo a la cadena de suministros de productos agropecuarios para la comercialización a nivel nacional» mediante los agromercados.

Los fondos serán destinados a una red logística para el abastecimiento de productos agropecuarios «desde las fincas o parcelas de los pequeños y medianos productores agropecuarios hacia la Central de Abastos y Agromercados» que administra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

¿Qué comprará el MAG con la donación del BCIE según el Ministerio de Hacienda?

-12 vagones/tráileres de carga con una capacidad de 10 quintales
-8 camiones con capacidad de 3.5 toneladas
-4 camiones con capacidad para 10.5 toneladas
-2 camiones con capacidad de 2.5 toneladas
-2 pick ups
-Servicios de auditoría del proyecto

Con esa compra, esperan un transporte «más ágil, eficiente y directa» de los productos a los agromercados y la Central de Abastos.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, agradeció al BCIE por la donación y aseveró que «esto va a ser muy favorable para la reducción de costos logísticos». «Según información que publicó el Banco en sus redes, esto para poder fortalecer la cadena de suministros de productos», indicó.

«El presidente Nayib Bukele siempre ha puesto a la población para que ellos puedan tener los diferentes agromercados y ha sido una gran estrategia que está funcionando», insistió la legisladora.

La diputada González preguntó cuánto es el tiempo de ejecución de la compra del equipo en el MAG. El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, respondió seis meses para la liquidación ante el Banco pero que para la adquisición de equipo el periodo de ejecución es comúnmente dos meses.