Dos economistas consultados por Diario El Mundo consideran que las propuestas que se derivan del estudio actuarial de pensiones 2025 podrían ser cambios a los parámetros de edad o tasa de cotización, al financiamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), a la comisión de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) o incluso podrían considerarse nuevas alternativas para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones.
Según uno de los especialistas, el estudio confirma lo que se sabía desde antes de la reforma de 2022: no es sostenible la CGS –la cuenta colectiva que garantiza pensiones vitalicias mínimas a los afiliados a los dos sistemas– y que el sistema de pensiones privado es insostenible a largo plazo.
“Como resultado lógico, se deriva la necesidad de hacer nuevas reformas, las que pasan por modificar parámetros: edad de retiro, distribución de la tasa de cotización, entre otros, además de redistribuir las cargas que hoy sostiene la CGS”, sostuvo el economista.
Actualmente, la CGS se financia del 6 % del ingreso base de cotización del trabajador que es aportado por el empleador y la cotización especial sobre el monto de la pensión mensual de los afiliados pensionados por vejez, según la Ley integral de pensiones.
La CGS dejó de recibir fondos del Estado desde la reforma de 2022, ya que derogó la obligación del Estado de aportar hasta un 2.5 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal.
“Fuentes de financiamiento” y medidas fiscales
El economista cree que “el Estado debe buscar formas alternativas para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones” y definitivamente no tomar del fondo de pensiones para otros fines, como ha sucedido desde 2023”.
El estudio actuarial concluye que hay un déficit previsional total del 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país de 2024 a 2070. En el mismo periodo, el déficit de la CGS alcanza el 32.6 % del PIB; el del sistema privado de pensiones llega al 45.4 % del PIB y el del sistema público, el 13.6 % del PIB. Este déficit es el dinero que, en porcentaje de la producción del país, hace falta para pagar las pensiones de los salvadoreños que trabajaron en los próximos 46 años.
El especialista ve necesaria una “reforma profunda” al sistema pero también advierte que son necesarias “medidas fiscales para darle autonomía y competitividad” al sistema de pensiones.
El mismo estudio actuarial sugiere buscar “fuentes de financiamiento”: “Estas estimaciones sugieren que será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”.
«Del mismo cuero salen las correas»
Para Rommel Rodríguez, economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la reforma podría decantarse al tema de la comisión de las AFP y las reformas paramétricas e incluso al endeudamiento y al gasto. Respondió que no cree que la reforma aumente la tasa de cotización destinada a la CGS, aunque el incremento de los recursos para la CGS favorezca a personas que acumulan menos ahorros en sus cuentas individuales (CIAP) y a personas con invalidez o discapacidad.
“En la práctica, del mismo cuero salen las correas. Los ciudadanos cotizan, los ciudadanos pagan impuestos. Ahora bien, son más los que pagan impuestos”, observó.
El economista de la Funde explicó que, cuando se priva a los trabajadores de sus ingresos presentes de salarios, se les “obliga a ahorrar para tener ingresos futuros” con una CGS que les da derecho “a tener un ingreso permanente”. Pero, advirtió que, si el Estado recurre a deuda para pagar obligaciones previsionales, “tarde o temprano va a repercutir en la necesidad de impuestos futuros”. “Ese es el dilema en el largo plazo, ahí tenemos esa problemática”, planteó.
El nuevo déficit del 59 % que calcula el estudio actuarial de diciembre de 2025 equivaldría a $20,865.3 millones, de aquí a 2070, es decir, en 46 años; a diferencia del estudio actuarial de 2020, que concluía un déficit de $17,824.20 millones para el pago de pensiones de los próximos cien años y un saldo en rojo de la CGS de -$154.97 millones a partir 2028.
