Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa ha recibido 42 nombres de funcionarios que aspiran a ocupar uno de los 14 puestos disponibles en el Consejo Nacional de la Judicatura, una institución encargada de evaluar y proponer a los jueces y magistrados del sistema judicial salvadoreño.

El CNJ se conforma de representantes de distintos sectores y por cada cargo tiene un funcionario propietario y un suplente. Así, son tres representantes del sector de abogados, uno del Ministerio de Público, un abogado electo por jueces y magistrados, un abogado docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias y Sociales de la Universidad de El Salvador y un abogado docente de otras facultades de derecho de universidades privadas.

Los 42 candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura son, en su mayoría, abogados con trayectoria dentro del sistema de justicia y la administración pública. Entre los candidatos hay jueces, magistrados, colaboradores y secretarios judiciales, además de fiscales, defensores, funcionarios públicos y académicos del Derecho.

¿Quienes son los 42 candidatos al CNJ?

POR LOS ABOGADOS

Primera terna propietarios:

1. Santos Guerra Grijalba: actual consejal propietario del CNJ.

2. Sonia Aracely López Sandoval: secretaria de actuación del Juzgado segundo de tránsito de San Salvador.

3. Jaime Roberto Reyes Guzmán: secretario de actuaciones en Santa Ana desde 2018.

Primera terna de suplentes:

4. Alcides Salvador Funes Teos: actual consejal propietario del CNJ.

5. Eduardo Antonio Pérez Hernández: jefe de la Unidad de Notificaciones de la Corte de Cuentas de la República.

6. Alejandro Alberto Fuentes Lino: actual empleado de la Corte de Cuentas de la República. Antes, dijo haber laborado en la jurisdicción contra el crimen organizado, fue inspector de trabajo y técnico en la unidad ambiental de la Asamblea Legislativa.

Segunda terna de propietarios:

7. Karla Cecilia Roque de Rodríguez: colaboradora judicial de la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria, que ahora tiene competencia en menores.

8. Maritza Venancia Zapata Cañas: ha sido jueza segundo de vigilancia penitenciaria de San Miguel.

9. Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez: ha fungido como juez suplente.

Segunda terna de suplentes:

10. Alba Geraldina Paredes de Bonifacio: labora en la Corte de Cuentas, ha sido fiscal auxiliar, con experiencia en asesoría legislativa.

11. Dianna Maricela de la O Palacios: subdirectora de Planificación y Desarrollo Institucional de la Corte de Cuentas de la República, ha sido jueza de lo civil y mercantil.

12: Julia Ingrid Abigail Calderón de Hernández: secretaria de actuaciones de Tribunal contra Crimen Organizado.

Tercera terna de propietarios:

13. Alexander Efraín Ticas Navarro: fue asesor de la Corte de Cuentas de la República.

14. Edwing Armando Zeledón Hernández: fue representante legal del partido Cambio Democrático según escrito de 2015.

15. Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza: colaborador jurídico de Juzgado Segundo de Paz.

Tercera terna de suplentes:

16. Doris Deysi Castillo de Escobar: consejal propietaria del CNJ.

17. Manuel Alexander Guevara Hernández: ha sido oficial de información de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

18. Fátima Mercedes Martínez de Méndez: secretaria de sindicato de trabajadores en el Ministerio de Trabajo y fundadora de la Asociación de Abogados por el Progreso de El Salvador (APROSAL).

POR LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR (UES):

Terna de propietarios:

19. Edwin Orlando Ortega Pérez: Profesor de derecho, Universidad de El Salvador.

20. Luis Alonso Ramírez Menéndez: Director de maestrías de la Universidad de El Salvador.

21. José Humberto Morales: Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

Terna de suplentes:

22. Josué Rubén Rivas Baires: ha sido apoderado de la Caja Mutual del Abogado.

23. Elías Alexander Mejía Merlos: docente universitario, asesor de empresas privadas.

24. Wilson Francisco Flores Zelada: docente universitario.

POR LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Terna para propietarios:

25. Verónica Lisseth González Penado: Docente universitaria y capacitadora de Derecho Laboral.

26: William Rafael Rebollo Alvarado: decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia.

27. César Edgardo Castaneda Espinoza: jefe de unidad en el CNJ.

Terna para suplentes:

28. María Francesca Leiva Rodríguez: docente universitaria en la Universidad Modular Abierta.

29. Yasmin Stefani Franco Bermúdez: abogada experta en género y derechos humanos.

30. Manuel de Jesús Torres Gavidia: abogado en el libre ejercicio, exgerente de la Autoridad Marítima Portuaria.

POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Terna para propietarios:

31. Josué Nehemías Caballero Ábrego: agente auxiliar de la Fiscalía General de la República.

32. Miguel Ángel Calero Ángel: presidente del CNJ.

33. Larissa Nataly Ventura Peñate: ha sido jurídica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Terna para suplentes:

34. Jennifer Isa Mansell García de Vásquez: abogada.

35. Silvia Carolina Rodríguez de Rivas Zamora: defensora pública de la Procuraduría General de la República.

36: René Alfonso Pérez Turcios: ha sido jefe del Departamento de Derechos Políticos de la PDDH.

POR LOS JUECES Y MAGISTRADOS

Terna para propietarios:

37. José Alberto Franco Castillo: ha sido juez de sentencia de Santa Tecla.

38. Waldo Dagoberto Argueta Salazar: ha sido juez segundo de familia de Ahuachapán.

39. Omar Alexander Hernández: ha sido juez de paz de Guacolocti, Morazán.

Terna para suplentes:

40. Nelly Edith Pozas Henríquez: magistrada de la Cámara Segunda de lo Laboral, ha sido jueza de paz.

41. José Mauricio Henríquez Iraheta: juez de sentencia de San Vicente.

42. Óscar Antonio Sánchez Bernal: ha sido juez segundo de lo civil.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió este viernes 42 nombres de personas propuestas para miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para un periodo de cinco años, del 22 de septiembre de 2026 hasta el 21 de septiembre de 2031.

El CNJ es la institución de proponer a jueces y magistrados, así como de evaluarlos.

Luego de la lectura de los nombres de cada propuesta por sector, el diputado Ernesto Castro propuso una programación de entrevistas que fue avalada por el resto de los diputados. Siete integrantes quienes deben reunir los mismos requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Lo sometió a votación y todos votaron, incluida Raquel Serrano, diputada suplente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Así mismo, la Comisión aprobó que se solicite informes a las distintas instituciones sobre los requisitos de los candidatos. La Comisión quedó abierta.

Candidatos de abogados (elección de la Federación de Asociaciones de Abogados, Fedaes)

Lunes 31 de agosto:

Primera terna propietarios: Santos Guerra Grijalba, Sonia Aracely López Sandoval, Jaime Roberto Reyes Guzmán.

Primera terna de suplentes: Alcides Salvador Funes Teos, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Alejandro Alberto Fuentes Lino.

Martes 1 de septiembre:

Segunda terna de propietarios: Karla Cecilia Roque de Rodríguez, Maritza Venancia Zapata Añas, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez.

Segunda terna de suplentes: Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, Dianna Maricela de la O Palacios, Julia Ingrid Abigail Calderón de Hernández.

Jueves 17 de septiembre: 

Tercera terna de propietarios: Alexander Efraín Ticas Navarro, Edwing Armando Zeledón Hernández, . Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza.

Tercera terna de suplentes: Doris Deysi Castillo de Escobar, Manuel Alexander Guevara Hernández, Fátima Mercedes Martínez de Méndez.

 

Lunes 7 de septiembre:

Universidad de El Salvador (UES):

Terna de propietarios: Edwin Orlando Ortega Pérez, Luis Alonso Ramírez Menéndez, José Humberto Morales.

Terna de suplentes: José Rubén Rivas Baires, Elías Alexander Mejía Merlos, Wilson Francisco Flores Zelada.

 

Martes 8 de septiembre:

Universidades privadas

Terna para propietarios: Verónica Lisseth González Penado, William Rafael Rebollo Alvarado y César Edgardo Castaneda Espinoza.

Terna para suplentes: María Francisca Leiva Rodríguez, Jazmín Estephani Franco Bermúdez y Manuel de Jesús Torres Gavidia.

 

Jueves 10 de septiembre:

Ministerio Público

Terna para propietarios: Josué Nehemías Caballero Ábrego, Miguel Ángel Calero Ángel, Larissa Nataly Ventura Peñate.

Terna para suplentes: Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, Silvia Carolina Rodríguez de Rivas Zamora, René Alfonso Pérez Turcios.

 

Lunes 14 de septiembre:

Jueces (elección de Corte Suprema de Justicia)

Terna para propietarios: José Alberto Franco Castillo, Waldo Dagoberto Argueta Salazar, Omar Alexander Hernández.

Terna para suplentes: Nelly Edith Pozas Henríquez, José Mauricio Henríquez Iraheta, Óscar Antonio Sánchez Bernal.

El plazo para modificar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) y que el cambio sea tomado en cuenta en el Registro Electoral para las elecciones de 2027 finalizó la medianoche del jueves 27 de agosto para los salvadoreños con domicilio en el país.

Sin embargo, los salvadoreños que residen en el exterior aún pueden cambiar la dirección de su DUI hasta noviembre si su objetivo es quedar dentro del Registro Electoral 2027, siempre que la nueva dirección también corresponda a un domicilio en el extranjero.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió a los salvadoreños en el exterior, mediante un video publicado en sus redes sociales, que quienes cambien después del 27 de agosto de 2026 su dirección del extranjero por una dirección en El Salvador “no podrán votar en las elecciones de 2027”.

El TSE explicó que esto ocurre porque, al registrar una dirección nacional, el ciudadano dejaría de formar parte del Registro Electoral del Extranjero, cuyo plazo de actualización aún está vigente, hasta el 29 de noviembre de 2026. Al intentar incorporarse al Registro Electoral nacional, este ya habría cerrado.

Por el contrario, los salvadoreños en el exterior que no tengan previsto votar en las elecciones de 2027 pueden modificar la dirección de su DUI en cualquier momento.

Cierre del padrón electoral

El plazo para los salvadoreños con domicilio en el territorio nacional venció a la medianoche del jueves. La modificación de domicilio permitía actualizar los datos de quienes se habían mudado de municipio o departamento dentro del país.

El cambio debía realizarse antes del cierre del padrón electoral para que la nueva dirección fuera tomada en cuenta en la asignación del lugar de votación para las elecciones de 2027.

La actualización busca que los electores puedan votar en un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.

 

El concejo municipal de San Salvador Este aprobó una nueva ordenanza transitoria de exención de intereses y multas provenientes de deudas por tributos de los contribuyentes a favor del municipio.

El argumento para aprobar la ordenanza fue la necesidad de dar incentivos para resolver la mora tributaria y permitir “realizar convenios de pago y la extinción de la obligación tributaria generada”.

Citan que la sentencia de la Sala de lo Constitucional 812-99 resolvió que los municipios tiene la facultad de crear tasas y contribuciones municipales, “pueden condonar el pago de los intereses y multas al igual que lo hace la Asamblea Legislativa” con impuestos fiscales y municipales, tasas y contribuciones especiales.

La exención beneficiará a contribuyentes de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque, distritos del municipio de San Salvador Este.

Los beneficios finalizarán el 2 de octubre de 2026, fecha límite para realizar la solicitud de plan de pago. La ordenanza está vigente desde el 22 de agosto de 2026.

Aplica a contribuyentes que estén en mora en el pago de tributos municipales, posean multas por presentación extemporánea de solicitudes, estén en proceso de revisión, apelación o juicio contencioso administrativo o si no hay presentado escrituras a inscripción en el Registro Tributario y Catrastro Municipal después de 30 días a partir de la fecha de escrituración.

También pueden aplicar arrendatarios del sistema de mercados, contribuyentes de la administración de cementerios y comerciantes de los espacios públicos.

El director de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), Eduardo Rodríguez, emitió recientemente los “Lineamientos para el delegado de protección de datos personales” en los cuales se establece que los delegados de protección de datos personales de entidades públicas o privadas deberán estar certificados por dicha oficina estatal.

Los lineamientos están vigentes desde el 19 de agosto, luego de que fueran publicados en el Diario Oficial del 11 de agosto.

De acuerdo con el artículo 5, los delegados de datos personales deberán someterse al programa de certificación de la ACE, que emitirá una credencial de inscripción. Además, deberán recibir capacitación de datos personales al menos una vez al año y elaborar un plan anual de capacitación para el personal de la institución.

El delegado de datos personales será el responsable de gestionar y tramitar las solicitudes relacionadas con el ejercicio de los derechos ARCO-POL, es decir, derechos de «Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad, Olvido y Limitación». derechos a saber qué datos personales tiene una entidad sobre la persona, a que corrijan los datos incorrectos o incompletos, a cancelarlos, a oponerse a determinados usos o tratamientos, o derecho al olvido o limitación del tratamiento.

Los delegados de protección de datos personales deben tener un grado universitario de preferencia en ciencias jurídicas, ser mayores de 21 años con experiencia profesional o laboral en protección de datos personales o procedimientos administrativos, no haber sido condenados por delitos dolosos ni tampoco sancionados por la Ley de compras públicas si es persona jurídica; y deben haberse sometido a un programa de certificación de la ACE. El delegado no podrá ser el gerente, subgerente, jefes o coordinadores o cualquier puesto ejecutivo o de máxima autoridad pero pueden ser personas externas, jurídicas o extranjeras, así como podrán ejercer su función para un mismo grupo de sociedades.

Los lineamientos indican que, en el caso de las instituciones públicas, el delegado podrá ser el oficial de información y, si es el sujeto obligado pertenece al sector privado, el nombramiento deberá constar en un acta o acuerdo emitida por el administrador o junta directiva.

Esta nueva figura, según el documento, es el enlace institucional oficial entre la entidad, organización o persona natural y la Dirección de Protección de Datos Personales de la Agencia. Su nombramiento del delegado deberá ser comunicado por el responsable de la entidad obligada a la Dirección de Protección de Datos Personales de la ACE, a través de una plataforma informática del «Registro de Delegados». Una lista de delegados será accesible al público.

La ACE es una institución del Estado, clasificada como institución descentralizada empresarial, fue creada en noviembre de 2024 con la aprobación de la Ley de ciberseguridad y seguridad de la información, una normativa que contempla multas entre 1 y 100 salarios mínimos, hasta la destitución e inhabilitación por 10 años.

La ley considera como infracción dar un tratamiento a los datos personales de forma inexacta o falsa, acceder a un banco de datos sin autorización del responsable, tratar datos personales sin el consentimiento previo (artículo 26), comercializar datos personales sin el consentimiento del titular, procesar datos personales con una finalidad diferente a la otorgada en el consentimiento.

La regulación aplica a toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que lleve a cabo actividades relativas al tratamiento de datos personales, excluyendo los burós de crédito o agencias que manejan historial de crédito, tratamiento de datos en el marco de la vida familiar o doméstica, seguridad pública o investigación delictiva con debido proceso y respeto de derechos humanos, registros de estado familiar y de identidad. La normativa no excluye a las instituciones del sistema financiero y entes supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), insistió en la sesión plenaria del miércoles, en que la Corte de Cuentas de la República (CCR) no ha explicado por qué los resultados de las auditorías o exámenes especiales realizados por la institución no han sido publicado desde hace dos años.

«Hubo una situación en la cual se preguntó que por qué en los últimos dos años no estaban publicadas las auditorías de la Corte de Cuentas y no hubo respuesta real», afirmó.

La Corte de Cuentas ha publicado las auditorías en su área de fiscalización desde el año 2009 hasta el año 2023, en el área de «Resultado del proceso de fiscalización» de su Portal de Transparencia, sin embargo, no ha publicado aún las auditorías de los años 2024, 2025 y lo que va del 2026.

El presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa, reelecto en el cargo, aseguró durante su entrevista como candidato a la reelección que estaban armonizando los informes de auditoría con la Ley de protección de datos personales, la Ley de acceso a la información pública y la Ley de la Corte de Cuentas. «Lo que nos impide es no publicar información sensible”, dijo.

Según Villatoro, algo que le llamó la atención de la jornada de entrevistas a los candidatos a magistrados fue la afinidad que mostraron «todos» los candidatos de la Corte de Cuentas al gobierno actual.

«Todos los candidatos, sin excepción alguna, manifestaron un tipo de… Yo no sabría cómo llamarlo si elogio o llamarlo una forma de enzalsar o no sé de qué forma decirlo, hablar únicamente de si eran electos gracias a este Gobierno y hablaban todos maravillas de las instituciones de gobierno», criticó.

La legisladora interpreta la afinidad que mostraron los candidatos a la Corte de Cuentas como la posibilidad de que las decisiones de los funcionarios «no van a ser decisiones que sean únicamente para beneficio de los salvadoreños».

«La Corte de Cuentas es la institución que debe contarle las costillas al Gobierno, dónde va cada centavo de los salvadoreños y por eso no tienen que tener ningún tipo de vinculación, ningún tipo de amor por un partido político o por un gobierno, y eso nos dejó un gran mal sabor de boca a nosotros como partido político», afirmó.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró el jueves que el Plan Trifinio es un símbolo de la “viabilidad de los proyectos integracionistas” y que es posible “una gobernanza al más alto nivel” en el tema, durante la presentación de los resultados del programa de desarrollo regional.

“Para irle dando contenido, para ir demostrando la viabilidad de los procesos integracionistas, el modelo del Trifinio es un ícono”, expresó Ulloa.

El vicemandatario agregó que se ha demostrado “en una región de 7,541 kilómetros cuadrados que es posible una gobernanza al más alto nivel, a nivel de jefes de Estado, de los vicepresidentes de los tres países, pero también una gobernanza local”.

Advirtió que los tres países del norte de Centroamérica representan casi el 60 % de la economía centroamericana.

Durante la presentación, el secretario ejecutivo del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó entre los principales resultdos el diseño de la plataforma Trifinio Market y capacitación de 128 personas en su uso, la inversión de $1.02 millón en cadenas de valor y la capacitación a 101 familias.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, señaló que este es un territorio naturalmente privilegiado del que dependen más de 4.5 millones de personas gracias a la cuenca del río Lempa donde la agricultura es el medio de vida de más del 80 % de las familias.

Por su parte, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ezequiel Cambiasso, anunció que el organismo financiero invertirá $995,000 en la región.

El Salvador anunció su separación del Parlamento Centroamericano (Parlacen) mediante una reforma constitucional en julio de 2025 aunque la fracción parlamentaria salvadoreña compuesta por 20 diputados aún sigue en funciones.

También, el 20 de mayo de 2025, El Salvador notificó su denuncia contra el Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), órgano jurisdiccional del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), después de los retiros de Nicaragua y Honduras, lo cual dejó al organismo regional sin personalidad jurídica internacional.