Autor: Yolanda Magaña

Con una segunda modificación al proyecto original, la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes el dictamen favorable de reforma a la Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café.

La reforma exigirá a los semilleristas y viveristas a “inscribirse en los registros respectivos del Instituto Salvadoreño del Café” (ISC) y estarán sujetos a las revisiones y validaciones de la información que reporten al ISC.

Antes de la aprobación del dictamen, el diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, sugirió modificar el artículo 16 de la reforma, el cual modifica el artículo 41.

“Si las personas que transportan el café no presentan los documentos a que se refiere el artículo anterior o presentasen inconsistencias a las autoridades policiales, informará inmediatamente al ISC con quien coordinará enviar el café a beneficio más cercano, en un plazo máximo de dos días hábiles, cuales se contará, se documentará inmediatamente en el acta correspondiente. El beneficio comercializará el valor neto de la venta del café será documentada por el ISC mientras dure la tramitación de procedimiento y determine las responsabilidades administrativas correspondientes de las personas”, leyó.

Rivas sometió a votación la modificación que leyó. “Los que estén de acuerdo con esta modificación del artículo 16, por favor votar”, dijo. Los diputados presentes votaron a favor. Luego, Rivas pidió agregar esta modificación al artículo 16.

Posteriormente, el equipo técnico leyó el dictamen favorable. El proyecto de decreto modificado no fue leído. “Con 13 votos, se aprueba el dictamen y su proyecto de decretos”, dijo el legislador, que posteriormente cerró la comisión.

El miércoles 8 de abril, la Comisión aprobó una primera modificación a la reforma para delimitar el momento en el cual los exportadores de café deberán presentar la información sobre mes de embarque, puerto de embarque y puerto de destino, si no pueden proporcionarla en la inscripción del contrato de exportación, ya que el proyecto original permitía no presentar la información sin obligar un plazo de entrega.

Así, en el último inciso del artículo 31 del proyecto, se permitiría a los exportadores “omitir provisionalmente” datos sobre mes de embarque, puerto de embarque y puerto de destino y detallaba que, si no tenía esa información en el momento de la inscripción del contrato, los debía proporcionar «al Instituto tan pronto como le sea posible obtenerlos”; en la modificación, se estableció que, “cuando el exportador no cuente» con dicha información «al momento de la inscripción”, debe presentarla “al momento o previo” a la solicitud de permiso de exportación.

Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminaron este lunes la autorización al Gobierno para que suscriba el contrato de préstamo por $150 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con el fin de remodelar 13 escenarios deportivos en nueve departamentos del país.

La entidad ejecutora será el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

El director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó a los diputados que el proyecto permitirá que se puedan desarrollar actividades como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y torneos internacionales avalados por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El préstamo se pagará en un plazo de 20 años con cuatro periodos de gracia.

Esto permitiría que por ejemplo algunas ciudades y en general puedan desarrollarse actividades relacionadas con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También, a lo que se remodeló con Prodeporte I, la dotación de instalaciones que cumplen con estándares técnicos y certificados por las diferentes federaciones internacionales, el reforzamiento del sistema federativo. Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público.

El crédito incluiría la intervención en estadios de fútbol, en donde se instalará grama natural y artificial con certificación de la FIFA, se construirían pistas de atletismo clase B para escenarios que disponen de ella, se rehabilitarían las piscinas semiolímpicas con certificación de la Federación Internacional de Natación; y se construirían o instalarían butacas, techado para graderíos, torres de iluminación, sistemas de riego y drenaje pluviales modernos, rampas, clínicas deportivas y áreas de control antidopaje.

Parte de los fondos también se destinarían al equipamiento deportivo en pesas, artes marciales, baloncesto y natación, y mobiliario para áreas administrativas en cada una de las federaciones.

Como segundo componente del proyecto relacionado al préstamo, según el funcionario, incluye la habilitación de sedes regionales «para que los atletas federados no necesiten trasladarse a San Salvador», el equipamiento del complejo de San Vicente, la remodelación de canchas multiusos y gimnasios, y la creación de espacios para aumentar la participación de mujeres y niños.

¿Cuáles son las remodelaciones que se esperan con el préstamo Prodeporte II?

Santa Ana:

1. Remodelación del estadio Óscar Quiteño

2. Cancha de baloncesto 2030

3. Gimnasio Ernesto David Vega Mojica

Morazán:

4. Estadio Luis Amílcar Moreno.

La Paz:

5. Estadio Antonio Toledo Valle.

Usulután:

6. Complejo Deportivo de Usulután.

San Vicente

7. Complejo Deportivo de San Vicente.

San Miguel

8. Complejo Deportivo de San Miguel.

9. Polideportivo Chapeltique.

10. Estadio Juan Francisco Barraza.

Cabañas

11. Estadio Moidán, en Cabañas.

Chalatenango

12. Estadio José Gregorio Martínez, Chalatenango.

La Unión

13. Estadio Ramón Flores Berríos, Santa Rosa de Lima.

 

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes la autorización al Ministerio de Hacienda para que suscriba un convenio de préstamo en especie con la empresa AGM El Salvador, S.A. de C.V., por $23,785,985.87 para instalar luminarias LED en cuatro tramos de la red vial en el país.

“He sido usuaria de estas carreteras, sobre todo Carretera de Oro… Va a ser fundamental sobre todo en estas épocas de lluvias”, afirmó la diputada Dania González, de Nuevas Ideas.

El préstamo se pagará a una tasa de interés fija del 5 % anual sobre el monto pendiente de amortización a un plazo de dos años, en pagos semestrales, el primero seis meses después de que el MOPT emita una certificación de entrega de avances previstos en el contrato.

El objetivo del proyecto, explicó el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, es mejorar la visibilidad nocturna, iluminar tramos de carretera seleccionados y contribuir a la disminución de accidentes por la falta de iluminación, mejorar la eficiencia del transporte y tiempos de viaje, impulso al turismo

El contrato C-06/2025 “Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial, a nivel nacional, código 8499, tramos: Sacacoyo-Acajutla, periférico Claudia Lars, carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y Carretera de Oro (Apopa-San Martín)” tendrá un monto de $26,428,873.19, del cual el gobierno aportaría 10 %.

¿Dónde se instalarán las luminarias?

1. Sacacoyo-Acajutla: Carretera CA-08W y CA-12S, que inicia principalmente en el redondel de Sacacoyo, municipio de La Libertad Oeste, La Libertad, y finalizando en Acajutla, Sonsonate Oeste.

2. Periférico Claudia Lars: Carretera RN 23-S.

3. Carretera Troncal del Norte: desde el distrito de San Salvador hasta el distrito de Apopa.

4. Carretera de Oro: desde el distrito de Apopa hasta el distrito de San Martín.

El proyecto asciende a $26,428,873.19, de los cuales la empresa financiará en préstamo en especie $23.7 millones y el gobierno aportará $2,642,887.32, el 10 % del monto. La contratación se realizó según la Ley especial para la contratación de obra pública y servicios esenciales con financiamiento incluido aprobada el 30 de noviembre de 2022 por la Asamblea Legislativa y reformada en 2023, aprobaciones criticas por la oposición porque consideró que genera riesgos de corrupción y de privatización de servicios públicos.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), Manuel Flores, conocido “El chino” Flores, rechazó este lunes el proyecto de nueva Ley de alianzas público privadas que el Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa ya que considera que implicará la “privatización de la salud” en el país.

“Lo que nosotros nos desayunamos en las noticias es que lo que se pretende es la creación de asocios público privados, lo que en otras palabras se llama privatización de la salud… La salud se ha vuelto un negocio, se los dijimos: van a privatizar la salud, por eso no inauguran los hospitales porque están buscando los mecanismos de quién los va a manejar”, afirmó, en referencia al Hospital Nacional Rosales, cuya construcción aparentemente ya finalizó pero aún no inicia funciones.

“Son mecanismos para darle al privado la oportunidad y la posibilidad de generar dinero, está bien, ¿pero por qué no lo hacen con la agricultura, por ejemplo?, crear asocios público privados para la producción de alimentos. No, con la salud, con el agua. ¿Por qué no se meten en asocios público privados, por ejemplo, para reparar todos los caminos que están completamente deteriorados en los cantones y caseríos de El Salvador?, porque no les importa, porque eso no les va a generar dinero”. Manuel Flores, secretario general del FMLN.

Señaló a los políticos están pensando “únicamente en los que tienen dinero”.

El proyecto de nueva «Ley de alianzas público privadas», enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, los contratos del Estado con empresas privadas podrían durar hasta 50 años y ya no 40. El proyecto de ley será recibido el martes por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

La oposición tiene 3 de los 60 votos en la Asamblea Legislativa, dos de Arena y uno de Vamos. El FMLN no tiene escaños legislativos.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), anunció que pedirá que se mantenga la prohibición que impone la actual Ley de asocios público privados de crear estas alianzas para prestar servicios de salud, educación o de agua a la población.

Flores también criticó la política del gobierno ante el sarampión en el país, ya que la vacuna fue puesta a disposición desde el 10 de abril y no antes. “Les propongo que hagan campañas de sensibilización, donde la gente aprenda a prevenir, hagan panfletitos para que la gente sepa cuáles son las medidas. Les propongo que contratan epidemiólogos”, afirmó. Sugirió que los generadores de contenido se unan a campañas de prevención de enfermedades.

Según el dirigente, debería haber promotores de salud pero señaló al gobierno de haber obstaculizado ese mecanismo, porque eso “permite la organización de la comunidad”.

El FMLN también anunció su participación en la marcha del 1 de mayo. “El caso de la participación de los sindicatos, maestros, enfermeros, abogados, exigiendo sus derechos, marcha el 1º de mayo. Hemos tomado la decisión de marchar como todos los años, es un derecho, es un deber. La dirección nacional ha tomado la decisión de acompañar a todo el pueblo”, dijo. Detalló que se movilizarán personas desde Ahuachapán, Morazán, Sonsosonate, La Unión, Chalatenango, San Vicente, La Libertad y San Salvador, entre otros departamentos.

Luego de un alza en las importaciones de armas, municiones, sus partes y accesorios ocurrida durante los años 2022 y 2023 en El Salvador, estas cayeron hasta un 86 % en los dos años más recientes, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Desde el año 1994, las importaciones de armas tuvieron sus mayores alzas en 2022, cuando el país importó un total de $15.8 millones y en 2023 cuando alcanzaron los $10 millones. A lo largo de las tres décadas, la siguiente cantidad mayor en compra de armas ocurrió en 2017 cuando se importaron $9.4 millones.

Sin embargo, el valor de las importaciones de armas y municiciones cayó a niveles de $3.2 millones en 2024 y bajó más $2.1 millones en 2025.

La disminución desde los $15.8 millones en el año 2022 hasta los $2.1 millones en el año 2025 resulta del 86 %.

En los primeros dos meses de 2026, van $274,483 en importaciones de armas.

Durante las últimas tres décadas, los países mayores proveedores de armas de El Salvador han sido Estados Unidos, que suma $61.4 millones de importaciones desde 1994; e Israel, con $19.2 millones durante el mismo periodo.

Luego, también están Brasil, República Checa, Italia, China, México, España, Argentina, Bélgica, Turquía, Rusia, Austria, Alemania, Taiwán y otros.

Primeros 15 países de origen con mayores importaciones de armas y municiones en El Salvador de 1994 a febrero de 2026 [país y monto en dólares]

1. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: 61,464,661.75

2. ISRAEL: 19,252,379.95

3. BRASIL: 7,542,328.37

4. REPUBLICA CHECA: 6,026,694.02

5. ITALIA: 5,387,380.04

6. REPUBLICA POPULAR CHINA: 3,923,521.25

7. MEXICO: 2,867,629.54

8. ESPANA: 2,276,708.38

9. ARGENTINA: 2,129,971.20

10. BELGICA: 2,112,290.95

11. TURKIYE: 1,960,030.60

12. FEDERACION DE RUSIA: 1,600,510.09

13. AUSTRIA: 1,357,638.94

14. ALEMANIA: 980,088.33

15. TAIWAN: 927,110.53

El Ministerio de Hacienda reportó un total de $82,375,176.56 desembolsados durante enero y febrero de 2026 en concepto de préstamos externos a El Salvador. Durante enero, se reportó un desembolso de $40,515,078 y, en febrero, un desembolso de $41,860,098.18.

La mayor parte proviene de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que desembolsó un total de $65,208,644 en ambos meses.

La CAF ha desembolsado $15 millones para el programa de desarrollo al sector aeronáutico, cuyo préstamo de $320 millones fue aprobado el 3 de octubre de 2024.

A ello se sumaron $7.15 millones para el programa para la transformación del clima de negocios, cuyo préstamo de $75 millones fue aprobado en junio de 2023; y $27.87 millones para el proyecto de modernización del sistema educativo, de un préstamo de $100 millones aprobado el 13 de agosto de 2025.

Luego de los desembolsos de la CAF, le siguen los $13.4 millones recibidos para el programa Surf City fase I, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), proveniente de un préstamo que asciende a un total de $113.9 millones y que fue aprobado el 25 de marzo de 2025 por la Asamblea Legislativa.

En menor cantidad, el Estado ha recibido también dos desembolsos correspondientes a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $2.3 millones del programa de modernización del sistema estadístico, de un crédito de $44 millones aprobado el 29 de marzo de 2022; y $1.2 millón para la protección social responsiva a choques en El Salvador, cuyo préstamo por $100 millones fue aprobado el 12 de abril de 2024.

A la vez, en el mismo periodo, el Ministerio de Hacienda registra un total de $74,077,950.89 a diferentes préstamos.

Así, en enero se amortizaron $8.3 millones al crédito del BID 5046/OC-ES para fortalecimiento de la política pública y fiscal. También, se amortizaron $6.6 millones al préstamo BID 4807/OC-ES para el programa «Programa de Fortalecimiento Fiscal Para El Crecimiento Inclusivo II», entre otros.

Durante el año 2025, la Asamblea Legislativa aprobó $2,506 millones en 18 contratos de préstamos y títulos valores, y $1,480 millones en garantías crediticias a diferentes instituciones autónomas.

El lunes 27 de abril de 2026 es el último día para que los salvadoreños que residen en el territorio nacional actualicen su dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) y puedan ser incluidos en el Registro Electoral que será la base para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

Esto quiere decir que únicamente faltan dos semanas para realizar el cambio de dirección.

Los salvadoreños en el extranjero tienen hasta el 29 de noviembre de 2026, ya que la Asamblea Legislativa les otorgó más tiempo mediante un decreto, tanto para cambios de domicilio como para nuevas inscripciones. Esto quiere decir que el registro electoral 2027 del exterior cerrará después que el nacional.

Los ciudadanos tienen la obligación de mantener actualizada la dirección de su domicilio en su DUI. Asimismo, trasladar el domicilio con el fin de votar en una circunscripción distinta a la que corresponde constituye un delito electoral, según lo establecido en el artículo 295 del Código Penal.

Los plazos para modificar la dirección en el DUI dependen del proceso de actualización del Registro Electoral. Aquellos salvadoreños que realicen el cambio dentro del tiempo establecido serán incorporados tanto en el Registro Electoral como en el padrón que se utilizará en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

En cambio, quienes efectúen la actualización fuera de ese período podrán modificar su dirección en el DUI, pero dicho cambio no se verá reflejado en el Registro Electoral.

• Los salvadoreños que residen en el extranjero disponen hasta el 29 de noviembre de 2026 para inscribirse en el Registro Electoral mediante el trámite de su DUI. En contraste, quienes viven en el país tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para realizar nuevas inscripciones en el Registro Electoral 2027 al tramitar su DUI por primera vez.

Hasta el 6 de marzo, el Registro Electoral salvadoreño contabilizaba un total de 6,477,745 personas inscritas, de las cuales 5,533,061 residen en el territorio nacional y 944,684 en el exterior.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pedirá que se mantenga la prohibición de que asocios o alianzas entre públicos y privados puedan prestar servicios de salud, educación o de agua a la población, posibilidad que se abre con el nuevo proyecto de Ley de alianzas público-privadas presentado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, a la Asamblea Legislativa.

«El riesgo no es solo económico, es institucional y político: ¿quién define tarifas o condiciones?, ¿quién controla la calidad?, ¿qué pasa si el privado incumple en un servicio esencial? El Estado que dejaría de ser proveedor directo de derechos y pasa a ser regulador de servicios prestados por privados. Ese es el verdadero debate de fondo. No me opongo a la inversión privada, me opongo a privatizar derechos», resumió su posición.

Villatoro aseguró que las alianzas público privadas «no son malas» pero consideró que es “un riesgo” cuando son creadas para dar servicios públicos de derechos fundamentales como de salud, educación y agua.

La Ley especial de asocios públicos privados (APP) actual excluye de la posibilidad de crear una APP para dar servicios de salud, incluido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en la educación, incluida la Universidad de El Salvadr (UES) y en recursos hídricos. Esas exclusiones son eliminadas según el nuevo proyecto de Ley de alianzas público privadas en manos de la Asamblea Legislativa.

“Cuando se mete la lógica privada, inevitablemente aparece cobro directo o indirecto, segmentación del acceso, incentivos a reducir costos”, sostuvo, en un mensaje, cuando se le preguntó su opinión sobre la posible eliminación de las prohibiciones actuales de las APP para prestar los servicios de salud, educación y recursos hídricos. “No son bienes de mercado son derechos, el Estado tiene una obligación constitucional directa, no subsidiaria”, razonó.

“Las APP no son malas per se. Bien diseñadas, sirven para infraestructura (carreteras, puertos, energía), proyectos donde hay retorno económico claro, y transferencia de riesgo al privado El problema se da cuando se trasladan a derechos fundamentales, salud, educación y agua”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Según la legisladora, cuando hay participación privada en un servicio “inevitablemente aparece” un «cobro» directo o indirecto y se busca «reducir los costos del servicio» o la rentabilidad, por lo que se arriesga la calidad. “Incluso críticas históricas en El Salvador han advertido que esto puede llevar a trasladar el costo al usuario y favorecer intereses privados”, argumentó.

Además, agregó que las APP genera una deuda «disfrazada o diferida», porque el Estado deberá pagar si el proyecto falla o deberá garantizar ingresos mínimos.

Diario El Mundo consultó la opinión de la diputada Cesia Rivas, de Vamos, pero al cierre de esta nota aún no había respondido.

El proyecto de ley será analizado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que se reunirá el martes 14 de abril.

La nueva «Ley de alianzas público privadas» derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, los contratos del Estado con empresas privadas podrían durar hasta 50 años y ya no 40, y se inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación.

El proyecto crearía la nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda, que podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la admisibilidad de las iniciativas. Actualmente, el Consejo Directivo del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa, hoy Invest) tiene la competencia de aprobar los proyectos de asocio público privado, sus bases de licitación y sus proyectos de contrato.

Un total de 1,145 salvadoreños con estatus migratorio irregular han sido retenidos en los primeros tres meses de 2026 en Estados Unidos, de los cuales 501 fueron encontrados en la frontera sur con México, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

Los datos incluyen aprehensiones en las fronteras bajo el Título 8 que realiza la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) y personas inadmisibles siempre bajo el Título 8 que son detectadas por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) en fronteras terrestre norte, terrestre suroeste y, a nivel nacional, por vía aérea, terrestre y marítima.

El promedio mensual de encuentros, sin embargo, 380 salvadoreños al mes, es 11 veces menor que los 4,143 mensuales reportados durante el primer trimestre de 2024.

En general, las cifras de las detenciones de migrantes reportadas por fuerzas fronterizas estadounidenses han sufrido una baja drástica desde febrero de 2025.

Las autoridades fronterizas detectaron durante 2024 entre 3,600 y 5,000 migrantes cada mes; pero desde febrero del año siguiente las cifras oscilaron entre 211 a 379 cada mes.

Solo en la frontera sur de los Estados Unidos se han reportado 135 encuentros de salvadoreños en enero, 169 en febrero y 197 en marzo de 2026, los dos últimos meses, un aumento del 25 y 16 %.

En marzo se reportó un incremento mensual de 22 % en los encuentros de migrantes de todas las nacionalidades, un total de 11,732 retenciones.

Los datos no incluyen detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que opera dentro del territorio de Estados Unidos y no en las fronteras.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, copresidida por el congresista demócrata James McGovern, realizará una audiencia el 16 de abril de 2026 en la cual escucharán a testigos sobre el régimen de excepción en El Salvador cuya vigencia inició el quinto año.

A la audiencia están convocados: Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y periodista de El Faro; Isabel Carlota Roby, abogada principal de América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy; Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal; Juan Pappier, subdirector de las Américas de Human Rights Watch (HRW); Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de Washington College of Law de la Universidad Americana; y Andrés Martínez-Fernández, analista senior de políticas para América Latina de la Fundación del Patrimonio.

De acuerdo al anuncio de la Comisión, los testigos discutirán la situación en El Salvador y ofrecerán recomendaciones a Estados Unidos.

La audiencia promete ser abierta a los miembros del Congreso, público interesado y medios de comunicación; y se transmitirá en vivo a través del sitio web de la Comisión.

El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 después de una matanza de más de 80 salvadoreños realizada en tres días por las pandillas, 62 de los cuales fueron cometidos en un solo día.

La medida de seguridad facilitar que las autoridades capturen y mantengan detenidas a las personas por más de 72 horas sin ser llevadas ante un juez, ya que extiende el plazo de detención administrativa a 15 días; así mismo suspende derechos constitucionales relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones y al derecho de defensa.

«Los funcionarios del gobierno afirman que afecta la duración de la detención administrativa de personas vinculadas a estructuras criminales y la interceptación de sus comunicaciones, pero que muchas organizaciones de derechos humanos reclaman que suspende los derechos fundamentales», resume la Comisión.

La Comisión señala que organizaciones de derechos humanos afirman haber documentado la detención arbitraria masiva, la tortura, las desapariciones forzadas y las violaciones del debido proceso, incluida la imposibilidad de acceder a un abogado y juicios masivos, menciona también el exilio de periodistas y las detenciones o amenazas contra abogados y defensores de derechos humanos.

Así mismo, indica que, en septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya, ambos capturados, y exhortó al gobierno a garantizar acceso a su familia y a sus abogados, y revisar la legalidad de sus arrestos.

El Gobierno registra más de 91,000 personas arrestadas señaladas de ser pandilleros o terroristas y niega que se cometan violaciones a derechos humanos como torturas o muertes violentas dentro de las cárceles, aunque admite un margen de error en las capturas.