Autor: Yolanda Magaña

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó al vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, a que reciba una condecoración llamada “Gran medalla de los Andes” que le entregará el Parlamento Andino. Ulloa viajará a Perú del 28 de septiembre al 6 de octubre.

La solicitud, de cinco páginas, fue realizada el mismo 23 de septiembre a las 9:15 de la mañana, por los diputados Christian Guevara, Rubén Flores, Edgar Fuentes y Samuel Martínez, todos de Nuevas Ideas.

La autorización fue votada con dispensa de trámites.

La entrega del reconocimiento les fue informada por el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Andino, Gustavo Pacheco Villar, en una carta dirigida a Ulloa, desde Lima, Perú, quien le agradece la “hospitalidad” durante el Eurolat celebrado en febrero en San Salvador y le solicita realizar un conversatorio con 30 políticos, diplomáticos y académicos para escuchar la “política interior y exterior” de El Salvador. Pacheco Villar es también vicepresidente de Eurolat.

En la misiva, atribuye el reconocimiento a la “trayectoria” y a su contribución a la “integración y al desarrollo de nuestra región andina”.

El reconocimiento será entregado el martes 30 de septiembre a las 3:00 de la tarde en el Congreso de la República de Perú.

El Parlamento Andino está compuesto por 25 parlamentarios representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este martes dos decretos que exoneran de impuestos a los contratados para un proyecto de acceso a la energía eléctrica a los hogares que no disponen del servicio, y para contratistas que comercialicen datos de exploración de hidrocarburos en El Salvador.

Los partidos de oposición, Arena y Vamos, no votaron. Las empresas serían contratadas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), empresa del Estado.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cuestionó quiénes son los contratistas que van a implementar el proyecto pero consideró “difícil conocer quiénes son las personas y los intereses que están detrás” de estos contratistas que tendrán los proyectos.

Según la legisladora, quitarle impuestos a los contratistas de inversión pública “está bien” pero aseveró que ellos “tienen que acceder a ser contratistas de la manera más transparente y competitiva posible”.

“Hay muchas experiencias en esta administración donde se crean empresas privadas con fondos públicos que tienen una parte de accionistas las instituciones del Estado pero otra parte son privados que no sabemos quiénes son. Es complejo poder dar un apoyo a esta iniciativa cuando este trasfondo está detrás y pone en riesgo los objetivos de un proyecto que podría ser de mucho beneficio”.

Claudia Ortiz (Vamos).

Sin embargo, Ortiz aseguró que aun hoy existen muchas familias en El Salvador que no tienen acceso a energía eléctrica.

“Esto es así porque hay áreas en nuestro país donde las empresas privadas que distribuyen energía eléctrica no encuentran un mercado atractivo y es ahí donde el Estado debe suplir necesidades como esta”, explicó.

Por su parte, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, consideró que el decreto permitirá que más de 8,756 hogares tengan acceso a energía eléctrica, y calificó el programa de un “catalizador” del crecimiento económico en el país.

“Esta información fue totalmente actualizada por parte del último censo. La semana pasada estuvimos discutiendo esta propuesta con el director ejecutivo de la CEL y que esta iniciativa tenga un impacto estratégico para nuestro país. Esto no es únicamente simples medidas fiscales, estos son instrumentos modernos de desarrollo”.

Dania González (Nuevas Ideas).

Según González, las exenciones tributarias al IVA, aranceles y otros tributos reducirán los costos de los proyectos y agilizarán la ejecución del proyecto.

Los diputados aprobaron un segundo decreto para eximir del cobro de todo tipo de impuestos a contratos de inversión bajo la modalidad de multicliente y licencias de datos geocientíficos para la exploración de petróleo y gas natural en El Salvador.

Se eximirán toda clase de tributos, aranceles, IVA, Impuesto sobre la Renta e impuestos o tasas muncipales.

La Asamblea Legislativa incluyó al caserío La Concordia ubicada en Usulután en el decreto que desde el año 2009 se aprobó para legalizar algunas calles o tramos de calle en desuso con el fin de que las familias que los han habitado por años puedan recibir dichas porciones como su propiedad a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).

La diputada Marisela de Guardado, de Nuevas Ideas, dijo que llegaron al lugar en enero de 2025 y que los cuatro diputados de Usulután de su partido gestionaron la legalización de estos terrenos.

Esa visita fue una inspección técnica que realizaron junto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Vivienda, el Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) y la alcaldía de Usulután Oeste, explicó el diputado Omar Villanueva, del mismo partido.

Johana Hernández, también diputada de Nuevas Ideas, aseguró que les darán “un respaldo jurídico” a las familias y que ya lo tenían “planeado”. “Este es un legado que nosotros como diputados vamos a dejar”, afirmó.

Con la inclusión de dicha comunidad, son 71 comunidades beneficiadas por el decreto que legaliza estas porciones de carreteras para que familias salvadoreñas tengan ahí sus viviendas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que este tipo de decretos que incluyen más comunidades al decreto de legalización de tierras “llenan de satisfacción y alegría” porque «el tema del acceso a la propiedad de la tierra y de la vivienda es fundamental, y un problema grave.

“Voy a dar mi voto a favor. Hay una campaña por ahí diciendo que esta servidora que en todo vota que ‘no’, pues, es mentira, ustedes mismos saben que en muchas ocasiones doy mi voto a favor y tenemos muy claro en cuáles damos nuestro voto a favor, cuando se aumentan los derechos de la gente”, dijo Ortiz.

El diputado Ángel Lobos, de Nuevas Ideas, culpó a anteriores gobiernos la falta de esta comunidad en el decreto. “La gente estaba mal acostumbrada que los funcionarios públicos llegaban a servirse del pueblo”, dijo.

Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, quien preside la Asamblea Legislativa, acusó a la oposición de “chantajear” a las comunidades con la legalización de tierras.

“Ocupaban estos temas para chantajear a la gente sobre todo a los más necesitados, y decirles: si ustedes votan por nosotros, entonces, nosotros en la próxima nosotros les vamos a legalizar sus tierras. Por eso es que a ellos les interesaba tenerlos en ese limbo legal en donde ustedes no sabían qué día podían, por orden de un juez o un político, llegar a desalojarlos”, señaló Castro.

El decreto recibió 59 votos de los diputados que estaban presentes en ese momento, tres de la oposición –2 de Arena y 1 de Vamos–, más 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

La diputada Marcela Villatoro pidió este martes a la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto para retribuir con un descuento en la factura de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a los usuarios afectados por el reciente corte de agua.

“A todas las familias salvadoreñas que fueron afectadas por esta lamentable situación puedan tener un descuento del 5 % de su factura del mes”, propuso la diputada del partido opositor Arena.

Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado del partido de gobierno Nuevas Ideas, felicitó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por la “movilización de pipas increíble” desde Guatemala a El Salvador, así como al Ministerio de Obras Públicas por su plan de contingencia.

La sola incorporación de la solicitud en la agenda de la sesión plenaria tuvo cuatro votos a favor: dos de Arena, uno de Vamos y uno de Nuevas Ideas.

“Con cuatro votos a favor no hay resolución”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

La legisladora entregó un proyecto de “Ley transitoria para la condonación de tarifas cobradas entre los días 17 y 22 del presente mes y año, del servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la ANDA”.

“El presente decreto tiene por objeto condonar el 5 % del pago de los recibos del agua potable durante los días que no se recibió el vital líquido en los hogares de las zonas que fueron afectadas por el desabastecimiento sin distinción a los usuarios que estén en mora en el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado que presta la ANDA de conformidad al acuerdo ejecutivo en el Ramo de Economía que contiene las tarifas por tales servicios”, indica la propuesta.

Al final de la primera parte de la sesión plenaria, el diputado de Nuevas Ideas que votó a favor del decreto aún no había pedido corregir su voto.

La nueva Ley de Estabilidad Financiera, con las observaciones presidenciales aprobadas el 11 de septiembre por la Asamblea Legislativa, habría modificado la conformación actual del Consejo Directivo del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), al eliminar nombramientos por los presidentes de los bancos e incluir propuestas del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Sin embargo, hay que aclarar que la Ley de Estabilidad Financiera, con sus observaciones presidenciales aprobadas, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.

Con las observaciones presidenciales, leídas así por la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, el IGD quedará conformado así:

-2 directores nombrados por el Consejo Directivo del BCR, presidente y vicepresidente.

-2 directores nombrados de una terna propuesta por el ministro de Hacienda.

-2 directores nombrados de una terna propuesta por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Actualmente, según la Ley de Bancos, el IGD está conformado por el presidente y el vicepresidente, “más dos directores nombrados por los presidentes de los bancos miembros”. Los miembros del Instituto son todos los bancos regulados por la Ley de Bancos.

El IGD, en su sitio web, explica que el Consejo Directivo del IGD está integrado por dos directores nombrados por el BCR y dos directores nombrados por los presidentes de los bancos miembros y sus suplentes.

Consultado al respecto, el economista Carlos Acevedo, expresidente del BCR, dijo que no le extrañaría la modificación, ya que bancos grandes que ya no están en el país eran “poco colaborativos con mecanismos para fortalecer el sistema financiero”, ya que eso aumentaba sus costos. Consideró que la conformación con las observaciones presidenciales es atinada porque “es política del Estado”.

Los bancos grandes eran poco colaborativos con mecanismos para fortalecer el sistema financiero, decían que eso aumentaba sus costos, que eso era para mantener a los chiquitos, no querían establecer un mecanismo de liquidez. Carlos Acevedo, economista, expresidente del BCR.

Las observaciones presidenciales fueron aprobadas el 11 de septiembre con 57 votos; hubo 1 voto en contra.

Todos los miembros del IGD serían nombrados por el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva con la prohibición de que sean asesores, directores, administradores o empleados de las entidades miembro del IGD.

La propuesta inicial era otra

La conformación del IGD en las observaciones del presidente Nayib Bukele aprobadas también cambió respecto a la versión de la Ley de estabilidad financiera aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2024.

La versión aprobada por los diputados el año pasado incluía nombramientos de directores de propuestas del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas (Colproce), universidades privadas y Ministerio de Economía.

Proponían que se nombraran dos directores por el BCR, además de uno nombrado de una terna propuesta por el Ministerio de Hacienda, otro de una terna propuesta por el ministro de Economía, otro de una terna propuesta por Colproce y otro nombrado de una terna propuesta de las universidades privadas.

El IGD, que se financia con las primas de los bancos que lo conforman, es una institución que busca respaldar los depósitos de los ahorrantes de las instituciones financieras.

Naciones Unidas ayudó a movilizar ayuda humanitaria a El Salvador por $25 millones, de un total de $25,000 millones movilizados a 77 países y territorios durante 2024, según la memoria de la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas 2025 y que fue compartida en redes el pasado 18 de septiembre.

Según el informe, se logró financiar el 29 % de las necesidades en El Salvador, es decir, tenían una meta de movilizar un total de $86.2 millones de ayuda humanitaria para El Salvador según la memoria.

La meta oficial de las Naciones Unidas era movilizar $50,000 millones de asistencia humanitaria en el mundo. Las Naciones Unidas calcularon que más de 323 millones de personas en 77 países tenían necesidades humanitarias durante 2024. Pero solo 116 millones de personas recibieron asistencia humanitaria.

“Pese a carecer de fondos suficientes, estar sobrecargados y ser banco de ataques, trabajamos incansablemente con nuestros asociados humanitarios para recibir asistencia y protección vitales”, indica la memoria.

El funcionamiento efectivo de la ONU costó $1,700 millones en 2023; según dicha memoria es el cuarto gasto o prioridad mayor durante el año. En 2024 registraban más de 35,000 personas que trabajan para la secretaría de la ONU en todo el mundo, un 43 % mujeres.

Los tres montos más grandes que destinó la organización internacional durante ese año fueron $7,100 millones destinados al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, $2,400 millones para la promoción del crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible; y $2,200 millones para la coordinación efectiva de la asistencia humanitaria, incluidos fondos mancomunados, según la información oficial de la entidad.

En la región, la ONU reporta más fondos humanitarios movilizados para Honduras, con $63 millones, con un 31 % de la meta; Guatemala, con $65 millones, con un 52 % de la meta lograda.

En América Latina, el país que recibió la mayor cantidad en ayuda humanitaria movilizada fue Venezuela, con $660 millones, pero solo lograron cubrir el 30 % de las necesidades detectadas. Hacia Haití, en donde dicen que coordinan a más de 160 organizaciones humanitarias, aseguran que movilizaron ayuda humanitaria por $296 millones.

La ayuda humanitaria se concentra en países en donde hay conflictos y risegos de hambruna como Sudán, Ucrania, Yemen, Afganistán y Siria.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen para incluir al “Caserío La Concordia”, del cantón La Concordia, en Usulután, de los tramos de calle desafectados para transferirlos a familias de escasos recursos económicas que habitan el lugar.

Esta sería la comunidad número 71 beneficiada con el decreto aprobado el 10 de junio de 2009.

En el caserío La Concordia, ubicado en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste, habitan más de 60 familias. Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) otorgó un informe de factibilidad.

Las familias habitan un terreno en desuso de longitud de 1.16 kilómetros que intercepta con la carretera CA02E tramo Jiquilisco – Santiago de María, con un ancho de derecho de vía de 30 metros.

Según la solicitud, los habitantes “no cuentan con escritura a pesar de haber llegado a poblar esa franja de terreno hace más de 40 años”.

La reforma se realizará a la “Ley especial para la legalización de las calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso público para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”.

Actuamente son 70 comunidades las beneficiadas en la ley de legalización de calles, de las cuales 11 comunidades han sido incluidas durante el actual gobierno y las restantes durante los gobiernos del FMLN.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó hoy la programación de las entrevistas que realizarán a cinco candidatos a procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para el día lunes 6 de octubre.

Las entrevistas serán realizadas antes de que los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados de PCN y PDC elijan a uno de los cinco candidatos como procurador.

Sin embargo, la Comisión Política no suele emitir recomendaciones; el nombre del elegido se conoce hasta que un representante de Nuevas Ideas realiza la propuesta e inmediatamente las propuestas de PCN y PDC coinciden con la persona nombrada.

Los diputados acordaron que entrevistarán a los candidatos el lunes 6 de octubre en el siguiente orden a partir de las 2:00 de la tarde:

1. Raquel Caballero de Guevara

2. Carolina María Hernández

3. Walter Fuentes Rodríguez

4. Roswal Solórzano

5. David Escobar Menéndez

Raquel Caballero de Guevara es la actual procuradora, criticada por organizaciones no gubernamentales por su pasividad ante las denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.

Roswal Solórzano fue el dirigente sindical que acuerpó el ingreso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegidos por Nuevas Ideas tras destituir a la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021. También, fue uno de los sindicalistas recibidos por Nayib Bukele en octubre de 2021 para escuchar sus propuestas antes de reformar el sistema de pensiones en 2022.

“Baremos basura” y “toma y daca”

El diputado Serafín Orantes, del PCN, aseguró que en el pasado en un hotel sobre la Calle Padres Aguilar se hacía el “toma y daca” luego de una “reunión previa sin los medios de comunicación”. “Soy testigo”, dijo. Agregó que posteriormente los cargos “se elegían en Casa Presidencial”.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, por su parte consideró importante el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos y admitió que el funcionario debe velar por el cumplimiento de derechos humanos y está obligado a “investigar de oficio las violaciones a los derechos humanos”.

“Considero que la forma y el mecanismo que se ha realizado en esta Comisión Política es la más adecuada de la que usted está proponiendo y la más atinada”, dijo, después de destacar las funciones del procurador.

Luego, Navarro calificó de “basura” los baremos que en el pasado fueron propuestos por organizaciones no gubernamentales y aseveró que tenían “intereses mezquinos” y “no de país” al realizar estos instrumentos para entrevistar a los candidatos a funcionarios de segundo grado.

“Vamos a poder hacer las preguntas con toda libertad, aunque ya fue público el listado de las personas que están participando para ostentar el cargo de procurador de derechos humanos”, afirmó, por su parte, el diputado Ernesto Castro, quien preside la Comisión Política.

Castro pidió a la Gerencia de Operaciones Legislativas que notifiquen a los candidatos y que, a más tardar este martes, les envíen a cada uno de los diputados «la ficha técnica de los cinco candidatos» para que en la entrevista lleven «conocimiento» de los perfiles de «cada uno de ellos».