Autor: Yolanda Magaña

El Ejército de EE.UU. anunció la destrucción de otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que dejó cinco personas muertas y que supone el segundo de este tipo en apenas dos días en el marco de su campaña para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela y presionar a su vez al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El ataque se llevó a cabo el miércoles 31 de diciembre, según informó el Comando Sur estadounidense en un mensaje en X en el que no se especifica la zona geográfica en la que se produjo el bombardeo.

El mensaje se limita a decir que el ataque se llevó a cabo «contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas» y que la inteligencia estadounidense «confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico».

«Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda», concluye el texto, que va acompañado, como es habitual, de imágenes en video de los bombardeos.

El metraje, de apenas 21 segundos de duración, muestra el bombardeo sobre ambas lanchas.

El anuncio llega apenas horas después de que el Comando Sur, que encabeza la llamada operación Lanza del Sur, divulgara que había destruido el 30 de diciembre otras tres lanchas y matado al menos a dos de sus ocupantes.

Al igual que en la operación acometida el 31 de diciembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses no explicaron si el ataque se produjo en el sur del Caribe o en el Pacífico oriental, los dos escenarios donde Washington ha destruido ya de manera sumaria casi 40 supuestas narcolanchas y matado a cerca de 110 personas desde el pasado septiembre.

Desde el verano el Pentágono mantiene un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur mientras Washington viene advirtiendo que su objetivo es que Maduro y sus lugartenientes, a los que acusa de liderar un narcoestado, abandonen el poder.

Al tiempo, el Gobierno de Donald Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela y anunciado que confiscará petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.

A todo esto se une el ataque, anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supondría el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte de Washington.

Zohran Mamdani ha tomado posesión este jueves, 1 de enero, como alcalde de Nueva York en una ceremonia en la que ha jurado su cargo sobre el ‘Corán’, el libro sagrado musulmán, y ante la fiscal general neoyorquina, Letitia James.

«Es el mayor honor y un privilegio de toda una vida», ha proclamado Mandani tras asumir el cargo en una ceremonia que se ha desarrollado poco después de medianoche en la estación de metro abandonada bajo el Parque del Ayuntamiento de la ciudad.

El lugar ha sido expresamente elegido para recordar la ambición de la ciudad. «Cuando se inauguró la estación del antiguo Ayuntamiento, en 1904, una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York, era un monumento a una ciudad que se atrevía a cosas bellas y grandiosas para transformar la vida de la gente trabajadora», ha explicado Mamdani.

«Esta ambición no debe quedar relegada a un mero recuerdo de nuestro pasado ni debe quedar aislada en los túneles que están bajo el Ayuntamiento: será el horizonte de la administración que servirá a los neoyorquinos desde el edificio que está encima», ha destacado.

Mamdani es el 112º alcalde de la ciudad y el segundo más joven. En el acto ha estado acompañado por su esposa, la artista Rama Duwaji, y también por su madre, la cineasta Mira Nair. No ha habido espacio para muchos asistentes ni prensa. Está prevista para la tarde del jueves otra ceremonia más multitudinaria en la que Mamdani volverá a jurar su cargo ante el senador Bernie Sanders.

Mamdani ha sido elegido con un amplio margen en las elecciones tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata con un programa claramente de izquierda, alejado de las posturas tradicionales demócratas. Entre sus principales promesas electorales está la de proporcionar transporte gratuito en autobús, congelar los alquileres y atención en escuelas infantiles gratuita hasta los cinco años.

Al menos 6 personas, entre ellas un menor de 11 años a quien se le amputó su mano derecha, resultaron heridos con pirotecnia durante la celebración de Nochevieja en diferentes municipios de Puerto Rico, informó este jueves la Policía.

El menor, según explican las autoridades en un informe, quedó herido en una urbanización en Trujillo Alto, municipio vecino a San Juan.

El niño fue transportado por sus padres hacia la sala de emergencias del Centro Médico de San Juan para recibir asistencia médica, donde la médico de turno indicó que el menor tuvo una amputación de su mano derecha.

La Policía dio conocimiento al Departamento de la Familia para que lleve a cabo su respectiva investigación y posible negligencia de los padres del menor.

Mientras, en el municipio de Río Grande (noroeste), un hombre de 35 años resultó con laceraciones en su rostro y ojos al explotarle una «batería» de pirotecnia.

El infortunado, identificado como José Ortiz Adorno, fue llegado al Centro Médico de San Juan para ser tratado, y su condición fue descrita como estable.

Asimismo, en el municipio de Yabucoa (suroeste), una menor también quedó herida cuando, luego de que su padre de 34 años detonara alguna pirotecnia, ella se prestó a recoger los restos, pero tocó una pieza que aún estaba encendida.

La menor fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó quemaduras en la mano izquierda.

El caso fue referido al Departamento de la Familia para la investigación pertinente.

A su vez, en el municipio de Las Piedras (este), un hombre de 27 años resultó con una laceración en el dedo anular de mano derecha al encender un cuarto de dinamita en un suceso reportado en la madrugada de este jueves.

El perjudicado acudió a un hospital del área metropolitana para recibir asistencia médica, donde le diagnosticaron la lesión.

El caso fue referido al agente César Rodríguez, de la Oficina de Explosivos de Caguas.

Igualmente, en el barrio Marías, en el municipio de Aguada (noroeste), otro hombre quedó herido en su mano derecha al estallarle una pirotecnia.

El sujeto resultó con una herida abierta en su extremidad, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde le tomaron cuatro puntos de sutura.

Finalmente, en el Barrio Negro, en el municipio de Corozal, en el norte-central de la isla, un joven de 18 años resultó con una herida en su mano derecha al detonar un cuarto de dinamita.

Este fue transportado al Centro Médico de San Juan en condición estable.

La Corte Suprema de Brasil rechazó este jueves la nueva petición de prisión domiciliar por motivos humanitarios presentada por los abogados del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo en una instalación policial en Brasilia.

Ante la nueva decisión del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro tendrá que regresar a su celda este mismo jueves, cuando reciba la alta médica en el hospital en que está ingresado desde el 24 de diciembre.

El capitán de la reserva del Ejército fue sometido a cuatro operaciones en los últimos días y sus abogados pidieron que, por razones humanitarias y de salud, se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

En una rueda de prensa el miércoles, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que, pese a que no solucionaron totalmente las crisis de hipo que lo afectan, la salud del expresidente está estable y pude abandonar el hospital este jueves.

La previsión es que, una vez reciba el alta médica, Bolsonaro sea trasladado con escolta hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, en donde cumple su condena desde noviembre.

En la sentencia en la que negó el nuevo recurso, Moraes aseguró que la defensa no presentó «hechos justificantes que pudiesen modificar la negativa a un pedido de prisión domiciliar humanitaria proferida el 19 de diciembre» pasado.

Según el magistrado, en el caso del exmandatario, no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones del condenado a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

Moraes recordó que Bolsonaro destruyó la tobillera electrónica con la que se le controlaban sus movimientos en un aparente intento de fuga.

«También se resalta que, diferentemente de lo alegado por la defensa, la situación de salud de Bolsonaro no se agravó y que, por el contrario, su estado clínico muestra mejoría de los problemas de los que se venía quejando tras la realización de nuevas cirugías electivas, como señala el informe de sus propios médicos», afirma la sentencia.

Moraes agregó que atendió a todas las peticiones de atención médica solicitadas por la defensa, como la de que pueda recibir en su celda a los médicos en cualquier momento sin previa autorización judicial y la instalación de un servicio de emergencias 24 horas en la edificación policial.

Según sus médicos, tanto la cirugía para la corrección de dos hernias inguinales a la que fue sometido el 25 de diciembre, como las tres diferentes operaciones para el bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales del diafragma con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, fueron realizadas como estaba previsto en los ocho días de hospitalización.

El expresidente sufrió algunos picos de hipertensión en los últimos días que fueron tratados con el suministro de medicinas y, a petición suya, se le están suministrando antidepresivos.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por «liderar» un complot para intentar «perpetuarse en el poder» después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter humanitario ante su delicado estado de salud, pero, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.

El año 2025 en Honduras concluyó envuelto en una crisis electoral marcada por semanas de retrasos para conocer los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, en las que se declaró como nuevo presidente a Nasry ‘Tito’ Asfura, cuya candidatura contó con el respaldo del mandatario estadounidense, Donald Trump, entre denuncias de injerencias.

El país, de diez millones de habitantes, más del 60 % pobres, vivió un año que estuvo atravesado por dos momentos críticos: las elecciones primarias del 9 de marzo, organizadas por los partidos Libre (Libertad y Refundación, izquierda) en el poder, Nacional y Liberal (conservadores), y los comicios generales de noviembre.

En los dos procesos, que para los hondureños tuvieron un costo de 4,000 millones de lempiras (150 millones de dólares), se cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas, particularmente el del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, acusado de «injerencia» por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.

Antes de las elecciones generales de noviembre, el general Hernández le pidió al pleno del Consejo Nacional Electoral que le entregaran una copia de los resultados del nivel presidencial.

Las elecciones de marzo estuvieron en peligro porque el día de las votaciones en ciudades como Tegucigalpa, la capital, microbuses contratados a última hora anduvieron circulando y se aparcaron en varios puntos, repletos de maletas electorales aún cuando, por ley, las Fuerzas Armadas, que además son ‘apolíticas, obedientes y no deliberantes’, son responsables del traslado, custodia y vigilancia del material electoral.

Las irregularidades y debilidades estructurales en la organización electoral también se evidenciaron en los comicios generales de noviembre, que fueron más dominados por acusaciones de fraude y discursos de confrontación que por propuestas, en un clima de alta incertidumbre política.

Aún con todos los problemas, más de 3,5 millones de ciudadanos acudieron de forma pacífica a las urnas, de un padrón de 6.5 millones.

Trump sorprendió apoyando a Asfura e indultando a Hernández

La voluntad de los hondureños en las urnas el 30 de noviembre fue defraudada por la lentitud del escrutinio y las fallas técnicas, alimentando más las sospechas, mientras los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Rixi Moncada, del gobernante Libre, exigían un conteo voto por voto.

La situación empeoró, a tres días de las elecciones, cuando Donald Trump expresó su respaldo público a Asfura y anunció posteriormente el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas. Sectores de Libre denunciaron estas acciones como injerencia directa en el proceso electoral.

A las tensiones políticas se sumaron divisiones internas en el CNE, amenazas contra dos de sus tres consejeros, conflictos entre escrutadores y presiones institucionales.

El lento escrutinio especial de casi 2,800 actas con inconsistencias, iniciado con retraso el 18 de diciembre e interrumpido casi a diario, incrementó la incertidumbre y erosionó aún más la credibilidad del proceso, en un país que sigue teniendo una democracia muy frágil desde que la recuperó en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.

Entre las múltiples dificultades, el 24 de diciembre el CNE proclamó a Asfura como presidente electo, decisión que no contó con el respaldo del consejero de Libre, Marlon Ochoa.

El conteo de resultados municipales y legislativos se extendió hasta el 30 de diciembre, fecha límite legal que tenía el CNE.

Analistas coinciden en que la crisis electoral de 2025 dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad del sistema democrático hondureño, advirtiendo además que mientras los órganos electorales sigan controlados por los principales partidos políticos y las instituciones carezcan de autonomía efectiva, los comicios continuarán siendo foco de conflictividad y desconfianza social.

Con la elección de Asfura, el centenario Partido Nacional regresará el 27 de enero de 2026 al poder, del que fue expulsado en 2022 tras las elecciones de noviembre de 2021, que ganó la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien es su principal asesor y coordinador general de Libre.

El Partido Nacional regresa después de haber gobernando tres períodos consecutivos entre 2010 y 2022, que fueron salpicados por múltiples denuncias de narcotráfico y corrupción, mientras Libre, que fue fundado en 2011, dos años después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, pasa a ser oposición después de cuatro años de mandato, que también fueron salpicados por denuncias de presuntos actos de corrupción y muchas promesas incumplidas.