Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma a la Ley general de presupuesto del Estado de 2026 para incorporar $78 millones que provienen en su mayoría de la recaudación del impuesto IVA, con el fin de financiar “obligaciones prioritarias e ineludibles” de instituciones del Estado para su funcionamiento en el último trimestre de 2026.

“Actualmente existen algunas instituciones del sector público dentro ellas tenemos obligaciones prioritarias ineludibles que deben ser atendidas durante este último trimestre del año y que requieren de cobertura presupuestaria por un total de $78 millones”, justificó Laura Michelle Arce, subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Un total de $52.9 millones provendrán del pago de IVA, $16.5 millones provienen del Impuesto sobre la Renta; $2.4 millones del impuesto a productos específicos, $4.4 millones de impuestos diversos y 1.8 millones de impuesto sobre comercio exterior.

¿Cuál es el destino de los $78 millones según el mismo Gobierno?

1. Ramo de Salud: $18.8 millones para «pago de bienes y servicios, y complementar la compra de medicamentos, insumos y equipos para los diferentes establecimientos de salud».
2. Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT): $15 millones para proyectos estratégicos de nación en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como derechos de vía a nivel nacional».
3. Ministerio de la Defensa Nacional: $14 millones para Plan Control Territorial, recuperación y rehabilitación de territorios a nivel nacional.
4. Presidencia de la República: $14 millones. Para secretarías y adquisición de maquinaria, equipos informáticos y tecnológicos, derechos de propiedad intelectual. La subdirectora de presupuesto detalló que los fondos garantizarán “la continuidad y operatividad de las secretarias” de la Presidencia.
5. Ministerio de Relaciones Exteriores: $6 millones para gastos de operatividad de las representaciones diplomáticas y consulares, compra de “bienes y servicios esenciales” para el “funcionamiento de la Secretaría de Estado”.
6. Fiscalía: $6 millones para capacidades operativas y tecnológicas de “sus diferentes unidades operativas”.
7. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): $1.5 millones para la organización e implementación de un observatorio electoral, incluye cámaras y computadoras.
8. Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina): $2.7 millones para financiar programas de acogida privados de su medio familiar para el funcionamiento de programas y lograr así la integración social.

Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminaron el lunes una reforma al presupuesto general del Estado 2026 para incorporar $131 millones provenientes del préstamo de $501 millones del Banco Mundial cuyos fondos se destinarán “a obligaciones generales del Estado” que requieran fuente de liquidez y transferencias varias.

El préstamo $501,253,133 se aprobó el 21 de abril de 2026 para la operación “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”.

Delia Reyes, subdirectores de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, recordó que el crédito fue otorgado “bajo la modalidad de financiamiento basado en resultados y se focaliza en el reconocimiento por parte del BIRF de los esfuerzos y logros en materia de educación”.

Se sustenta indicadores vinculados a áreas de apoyo al aprendizaje, desarrollo de capacidades e información para el sistema educativo y la infraestructura para el aprendizaje.

Algunos de estos indicadores o resultados esperados son:

• Incrementar el porcentaje de estudiantes desde 2º grado hasta 2º año de bachillerato con niveles de suficiencia en matemática y lectura.
• Implementación de una plataforma digital de aprendizaje, mejoras en el aprendizaje de matemáticas y lectura.
• Implementación de un sistema de evaluación del aprendizaje y mejoras en el sistema de gestión de datos educativos para sustentar la toma de decisiones.
• Dotación de computadoras portátiles y tabletas para estudiantes y docentes para el uso de tecnología en el aula: integración del uso de la tecnología en el aula.

Al final de su intervención, sobre la solicitud de reforma presupuestaria, la subdirectora general de Inversión y Crédito Público dijo que el crédito “da cobertura presupuestaria de forma oportuna a diversas operaciones estratégicas del gobierno”.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes la ratificación del contrato de préstamo por hasta $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad «Nacer con Cariño, El Nido».

El dictamen 270 fue aprobado de manera unánime. La ratificación se daría en la sesión plenaria de este miércoles 14 de octubre.

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, informó hoy a los diputados que el contrato de préstamo fue suscrito con el representante de la CAF el 30 de septiembre de 2026.

El plazo del préstamo es 18 años y tiene 4.5 años de periodo de gracia.

Uno de los objetivos específicos del proyecto financiado por el CAF será descentralizar el modelo de salud materno infantil del centro de maternidad El Nido en las zonas occidental y oriental del país, con intervenciones en áreas de los hospitales San Juan de Dios de Santa Ana y San Miguel.

De acuerdo con Reyes, incluirá el equipamiento del centro de maternidad El Nido en San Salvador: equipamiento médico, clínico, tecnológico y de soporte, e incluye equipo para control prenatal, equipamiento para salas de parto y recuperación, equipos para quirófanos obstétricos y manejos de emergencias, incubadoras, cunas térmicas, y equipamiento para neonatología y equipos para unidades cuidados intensivos neonatales.

En el hospital nacional “San Juan de Dios” de Santa Ana, se construirá un área de 1,461 metros cuadrados y se adquirirá equipo médico para 6 unidades de trabajo de parto, 4 islas neonatales, 2 quirófanos obstétricos, 5 salas de alojamiento conjunto con capacidad de 20 plazas.

En el hospital nacional “San Juan de Dios” de San Miguel, se construirá un área de 1,960 metros cuadrados y se adquirirá equipo médico para 6 unidades de trabajo de parto, 3 islas neonatales, 2 quirófanos obstétricos, 5 salas de alojamiento conjunto con capacidad para 20 plazas, sistema de soporte para la operación del equipo médico de la red y mobiliario clínico y no clínico.

El resultado esperado del préstamo es, según Reyes, es “brindar servicios de salud integral a nivel de todo el país para la atención de la mujer desde el embarazo y desde el niño de su gestación conforme a la Ley nacer con cariño”.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró este lunes que no pretenden “imponer ni exportar” lo que se llama modelo Bukele como es calificado la administración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que logró consolidar la disminución de homicidios cometidos por pandillas y el dominio territorial de las pandillas.

“Para nosotros simplemente es nuestra política de seguridad, que fue exitosa y que ojalá le sirva a otros países. Estamos abiertos para compartirlo pero no es algo que queremos ni imponer ni exportar ni calificar”, aseguró en el programa de entrevistas de Uruguay «Esta boca es mía» transmitido en Teledoce.

Ulloa volvió a reiterar que solo dos garantías constitucionales están suspendidas en El Salvador, mencionó la detención administrativa de un máximo de 72 horas, que se extiende a 15 días; y la inviolabilidad de la correspondencia.

El régimen de excepción suspende los incisos segundos del artículo 12 (derecho a ser informado de sus derechos, razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar; derecho a defensor), 13 (72 horas) y el artículo 24 de la Constitución (inviolabilidad de la correspondencia).

Al inicio, Ulloa definió el modelo como la “refundación” de El Salvador, señaló que se suman 1,300 días “sin homicidios cometidos por pandillas”. «Nos referimos a homicidios relacionados con pandilleros, es cero homicidios originados por la violencia de las pandillas», aclaró.

Ocho mil detenidos liberados: “Hay errores”

El vicepresidente aseguró que son “un poquito más” de 8,000 detenidos que han sido liberados durante el régimen de excepción aplicado en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, y aseveró que lograron capturar a los pandilleros porque el Gobierno “tenía la lista” de todos debido a que tenía planificado hacer un partido con ellos y sus familiares.

“Fueron detenidos en esa operación, imagínate el calado de capturar más de 100,000 personas… Quedan 91,000 detenidos, ¿qué te quiere decir?, que la efectividad humana es de más del 90 % y dime que tú qué actividad humana es perfecta, obviamente hubieron errores, hay errores, lo importante es reconocer, corregirlos”, indicó.

El funcionario aseguró que sobre esas personas “son los jueces” quienes deciden.

Ante la pregunta si los pandilleros saldrán algún día, respondió que hay personas condenadas a 200, 300, 500 años, porque son considerados terroristas tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional. No detalló si algunos de los pandilleros podrían salir de la prisión. En junio de 2025, Bukele aseguró muchas personas se quejan de que han encarcelado al 1.5 % de la población salvadoreña y que la mitad ya está en rehabilitación y serán liberados «dentro de un par de año».

Ulloa se refirió a la corrupción de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y negó que fuera persecución política. «Cada uno se fueron a devolver lo robado», dijo, en referencia al algunos funcionarios del FMLN que han sido procesados penalmente. 

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, se comprometió ante los diputados de la Comisión de Hacienda a no aprobar nuevas plazas por ley de salarios ni por contrato si estas no son estrictamente necesarias. Puso como ejemplo plazas de policías, médicos y enfermeras.

«El Ministerio de Hacienda no va a autorizar ninguna contratación de nuevo personal que no sea estrictamente necesario en las instituciones”, expresó.

El artículo 3 del proyecto de presupuesto general del Estado prohíbe la creación de plazas nuevas en todas las entidades de los tres órganos de Estado, instituciones autónomas, descentralizadas y municipalidades.

«Únicamente cuando existan casos excepcionales, generados por motivos de fuerza mayor, o por la incorporación de nuevas instituciones públicas creadas por una ley específica, se podrá solicitar al Ministerio de Hacienda que realice el análisis correspondiente» para que emita «una resolución razonada», establece el mismo artículo. Hacienda no informó cuántas resoluciones razonadas emitió en 2026.

Casos excepcionales, según el ministro, «es decir policías, médicos, enfermeras, personal que necesite la Red Nacional de Hospitales».

El presupuesto de 2027 tiene un aumento de 953 plazas respecto al de 2026, solo en el Gobierno Central porque pasará de tener 126,820 a 127,773 plazas, lo que implicará un gasto anual adicional de $14 millones, de $1,520 millones a $1,534 millones.

Las plazas vacantes tampoco podrán ser utilizadas. Según el ministro, «solo se podrán utilizar plazas vacantes por cualquier sistema de pago cuando se cuente con la autorización previa del Ministerio de Hacienda».

«Cuando una persona renuncia, esa plaza queda vacante, esas plazas no serán autorizadas, a menos que sean estrictamente necesarias”. Jerson Posada, ministro de Hacienda, a diputados.

El presupuesto 2027 también prohibirá «incrementos y nivelaciones salariales en el Estado» a todos los funcionarios o empleados públicos que presten sus servicios bajo ley de salarios, contratos o por cualquier otra fuente de financiamiento, o cualquier otro beneficio económico, incluso los establecidos en contratos colectivos.

Este presupuesto mantendrá beneficios de contratos colectivos vigentes en 2025 en «todas las instituciones» del Estado, incluidas autónomas, descentralizadas, bonificaciones o remuneraciones adicionales.

También mantendrá escalafones de salud y educación a funcionarios y empleados cuyos salarios sean menores a $1,500.

El encargado del fisco manifestó que el presupuesto está alineado al cumplimiento de metas fiscales según la Ley de sostenibilidad fiscal aprobada por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirá este lunes con los directores de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), para abordar preocupaciones presupuestarias de la instancia encargada de fiscalizar los procesos electorales.

Los miembros de la JVE tienen preocupaciones financieras tanto para concluir el año como para desempeñar su gestión del próximo año, de cara al proceso electoral de 2027.

La agenda incluye el alojamiento para directores en el escrutinio final de las elecciones 2027, la gestión de recursos para el cierre del ejercicio fiscal 2026, el mantenimiento de la flota vehicular de la JVE, la facilidad de vehículos que podría proporcionar el TSE, el mecanismo de financiamiento y pago de los técnicos de los partidos políticos y la asignación de un inmueble del TSE para el funcionamiento del TSE.

Los directores de la JVE han mostrado preocupación luego de que el Ministerio de Hacienda no les aprobara el refuerzo presupuestario para alcanzar un presupuesto de $1.6 millones en 2027 y fijaran su techo presupuestario en $814,720, la cifra fijada para 2026.

Uno de los efectos de la falta de presupuesto ha sido la falta de dietas para los directores de la JVE los representantes de los partidos Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS).

La Junta de Vigilancia Electoral está conformado por representantes de todos los partidos legalmente inscritos y es el encargado de fiscalizar todas las etapas del proceso electoral, la actualización, depuración y publicación del Registro Electoral, y la emisión y entrega de documentación de identidad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió el proceso para recibir solicitudes, desde el viernes 9 hasta este domingo 11 de octubre, de interesados en ser contratados como supervisor de cierre del Registro Electoral 2027.

Entre las plazas disponibles, para cuyos aspirantes también se dispuso del mismo plazo, están plazas de delegado departamental, colaborador temporal de la Dirección de Organización Electoral (DOE), jefe de Imprenta, supervisor de la DOE, agente de soporte y técnico remoto.

Los interesados deben ingresar a postulaciones.tse.gob.sv.

Al ingresar en el link, el viernes, no salió disponible el cargo de supervisor de cierre del Registro Electoral sino solo «supervisor de la DOE» y «supervisor».

Para el cargo de supervisor, se especifica que requieren dos años de experiencia en puestos similares, manejo y mantenimiento de equipo informático y generación de reportes automatizados. Su función, según el perfil, sería supervisar el personal para garantizar la gestión y resolución de problemas en consulta ciudadana, actualización de consultas, órdenes de cambio, control de rutas, personal, equipos y vehículos.

El supervisor de la DOE debe supervisar el área de trabajo asignada y las actividades operativas para la preparación de materiales electorales. Concluirá el llenado del paquete electoral, su recepción y desmontaje, según el perfil publicado.

El TSE inició en febrero un proceso de contratación temporal para las elecciones generales de 2027 entre estas estaban digitador, motorista, técnico de compras, técnico jurídico, colaborador administrativo, gestor de recurso humano, líder de selección, técnico informático, ordenanza a nivel nacional, colaborador técnico, colaborador jurídico, colaborador técnico administrativo de combustible y mecánico.

El proyecto de Ley de presupuesto general del Estado para el año 2027 incluye montos considerables para proyectos de infraestructura que serán financiados con préstamos como el bypass de Apopa y la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte.

Serán $30.89 millones para el bypass de Apopa y $22.5 millones para ampliar carretera en el Puerto de La Libertad, según el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina.

«Mejorará la conectividad vial en la zona norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), optimizando la circulación vehicular y reduciendo los tiempos de traslado”, indicó en la presentación realizada en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el viernes.

La construcción del bypass de Apopa, entre las carreteras SAL38E y CA04N, distritos de Ciudad Delgado, Tonacatepeque y Apopa, departamento de San Salvador, forma parte del componente 1 del préstamo del Banco Mundial 9602-SV, por $250 millones.

«Esta obra va a venir a destrabar todo el flujo vehicular que viene de la zona norte”, indicó.

El presupuesto también incluirá $22.5 millones para el programa Surf City fase II que incluye una ampliación vial zona costera de La Libertad, en la carretera CA02W, la construcción del puente sobre el río Huiza, así como obras de saneamiento en playas.

Para la construcción de Parque Metropolitano en barrio San Jacinto, distrito y departamento de San Salvador, se han presupuestado $37.7 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Para San Jacinto también está prevista una construcción del «Parque Arbórea» por $100 millones por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Este parque, según el presupuesto del Ministerio de Educación, busca «ampliar la oferta de espacios físicos y recreativos aptos para el desarrollo integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, mediante ambientes de estimulación temprana, juego libre y aprendizaje sensorial diseñados bajo el modelo de cuidado cariñoso, sensible y respetuoso que establecen la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y la Ley Nacer con Cariño».

Este parque, según el plan de gastos de. Educación, se construiría en el marco de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano «Crecer Juntos», la Estrategia Nacional del Juego «Juguemos Juntos» y la iniciativa El Salvador Family Friendly.

Por otra parte, el viaducto y la ampliación del tramo Los Chorros de la Carretera Panamericana también tendrá un presupuesto ejecutable por $69 millones.

A ello se suman $31.38 millones para la planta de aguas residuales del río Chilama, $22.8 millones para el Programa de infraestructura y movilidad urbana, $15.7 millones para el mercado de Santa Ana, $9.95 millones para mercado de San Miguel, $103.9 millones para el programa de modernización del Aeropuerto Internacional El Salvador, $58.9 millones para continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional El Pacífico, $34 millones para el cable submarino, así como otros montos para escenarios deportivos y la planta de generación eléctrica con biogás.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, reafirmó el viernes a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que no está entre los planes del Gobierno la creación de un nuevo impuesto y que los ingresos adicionales que se proyectan para 2027 son fruto de las políticas fiscales para aumentar la recaudación tributaria.

El funcionario encargado de las finanzas públicas de El Salvador informó que para 2027 estiman que el Estado tendrá ingresos tributarios por $10,419 millones, un incremento de $1,266 millones, 13.8 % más respecto a 2026; de los cuales $9,569 millones serán ingresos tributarios, con un incremento de $1,220 millones.

“Es importante también hacerle saber a la población que este incremento en los ingresos tributarios responde a medidas administrativas que se están llevando a cabo en el Ministerio de Hacienda como la factura electrónica, el Plan Antievasión, el Plan Anticontrabando, el buen desempeño que está teniendo la economía, principalmente el sector construcción, turismo”, expresó en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

“No se está considerando ningún incremento de impuestos, no se está considerando ninguna creación de impuesto nuevo, como algunos comentaristas han dicho. El Gobierno no tiene planes de incrementar impuestos y no hay planes de crear un nuevo impuesto”, remarcó el funcionario.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a El Salvador aumentar ciertos impuestos si no recauda suficiente, de acuerdo con el informe final de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF) publicado el 15 de julio.

“Si los ingresos no son suficientes, acordaron (las autoridades salvadoreñas) adoptar medidas de contingencia para optimizar aún más el gasto no salarial no prioritario”, señaló el FMI en dicho informe.

Entre las propuestas se mencionaron una tarifa de entrada turística para no residentes de $20, aumento al impuesto al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas, aumento de tasas de registro de vehículos, un impuesto verde de $5 por tonelada de gases contaminantes, IVA a los servicios digitales y un 30 % a la ganancia de capital.

Pero en el informe también se mencionaba como posibilidad la ampliación de la base tributaria para el cobro de los impuestos sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA).