El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) se pronunció este jueves por el derecho de la población identificada como LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers) y pidió restablecer sistemas de protección de salud y seguridad social.
Señaló que la población LGBTIQ+ enfrenta “graves barreras de discriminación” y “violencia institucional” en la atención médica, además de “rechazo constante y odio generalizado” en esta atención.
De acuerdo a la entidad, las instituciones públicas no desagregan las cifras de homicidios o feminicidios por ocupación o identidad de género de las víctimas y los casos conocidos públicamente se deben a denuncias puntuales de organizaciones sociales “pero no una cifra nacional total”.
“La preconcepción negativa, influenciada por el fundamentalismo religioso impide ver a estos grupos o personas como sujetas de derechos y se justifica su juzgamiento como el rechazo social negando su protección y participación”, indica el comunicado.
El movimiento pidió investigar los crímenes de odio y abusos policiales o estatales a la población LGBTIQ+, restablecer las clínicas de atención especializada y derecho a la seguridad social a trabajadoras sexuales.
Señala que, en 2024, el Ministerio de Educación retiró de los centros escolares públicos toda información relacionada con la diversidad de género; y en 2025 el gobierno prohibió el uso de lenguaje o de la “ideología de género”.
El movimiento cita que cuatro de cada 10 personas LGBTIQ+ no tienen empleo y seis de cada 10 tiene trabajo informal.
El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, expresó a un medio chino que están trabajando por una relación larga y estable con la República Popular China, ante una pregunta sobre cómo vislumbraba las relaciones diplomáticas entre ambos países.
«Nosotros estamos trabajando en una relación larga, estable, con la República Popular China, esa es nuestra intención, como lo hemos platicado ampliamente… Son apenas ocho años los que llevamos», expresó en el canal de noticias chino CGTN.
El presidente legislativo salvadoreño fue cuestionado también sobre la gobernanza democrática de China Popular, a lo que respondió que están «impresionados» luego de que durante su visita tuvieran la oportunidad de «conocer la gobernanza» china y visitar empresas de robótica y aviación chinas.
“Creo que cualquier persona del mundo cuando visita China se da cuenta de que quizás todos esos tabúes que han existido durante los años no existen, nada de eso está más lejos de la realidad que la tranquilidad con la que está viviendo el pueblo chino”. Ernesto Castro, presidente de Asamblea Legislativa.
El funcionario salvadoreño manifestó que están impresionados por la transición de China de un «país pobre a ser ahora una potencia mundial». «Nosotros en El Salvador lo admiramos», manifestó.
Según Castro, la relación entre El Salvador y China se consolidó con la llegada y la visita de Nayib Bukele a China Popular luego de que las relaciones se establecieran en 2018.
China ha donado a El Salvador la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y el Estadio Nacional que está en construcción. La Embajada también reveló que mantiene un agregado militar en El Salvador.
Los partidos políticos tuvieron una transparencia nula o parcial en las elecciones internas de los candidatos a diputados, alcaldes y presidente que participarán en los comicios generales salvadoreños el 28 de febrero de 2027, de acuerdo con un informe de Acción Ciudadana publicado este jueves.
El informe detalla que ningún partido de los 10 monitoreados publicó la cantidad de personas en su padrón electoral, ni cuántos ejercieron el voto, ni los votos obtenidos por cada candidatura electa. Tampoco encontró actas de escrutinio.
Solo los partidos Fuerza Solidaria, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) publicaron la identidad de algunas precandidaturas.
Solo los partidos Nuevas Ideas, Vamos y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) publicaron los nombres de los candidatos electos y fórmulas ganadoras de las internas; el resto solo hizo publicaciones parciales. Además, solo Nuevas Ideas y Vamos publicó porcentajes de cada candidato ganador; el resto se limitó a publicar el nombre de los candidatos electos o de algunos de estos.
La AC realizó el monitoreo hasta el 14 de agosto de 2026.
¿Cuál fue la transparencia en elecciones internas de los 10 partidos políticos?
Nuevas Ideas: No publicó el padrón electoral ni votos de los candidatos electos, publicó listado de candidatos electos, solo publicó porcentaje obtenido de cada uno.
Arena: No publicó el padrón electoral ni votos ni porcentajes de candidaturas electas. Solo publicó nombres de candidatos electos.
Democracia Salvadoreña: No publicó nombres ni datos de elecciones internas aunque convocó a elecciones internas.
FMLN: No publicó el padrón electoral ni votos ni porcentajes de candidaturas electas. No publicó listado de candidatos electos, solo publicó algunos nombres.
Vamos: No publicó el padrón electoral ni votos de los candidatos electos, publicó listado de candidatos electos, solo publicó porcentaje obtenido de cada uno.
Partido de Concertación Nacional (PCN): No publicó el padrón electoral ni votos ni porcentajes de candidaturas electas. Solo publicó algunos nombres de candidatos electos.
Partido Demócrata Cristiano (PDC): No publicó el padrón electoral ni votos ni porcentajes de candidaturas electas. Solo publicó algunos nombres de candidatos electos.
Fraternidad Patriótica Salvadoreña (FPS): No publicó el padrón electoral ni votos ni porcentajes de candidaturas electas. No publicó listado de candidatos electos, publicó una candidatura electa en Facebook. Otra candidatura la dio a conocer en una conferencia de prensa.
Fuerza Solidaria (FS): No publicó el padrón electoral ni votos ni porcentajes de candidaturas electas. No publicó listado de candidatos electos, solo publicó algunos nombres.
Gana: No publicó el padrón electoral ni votos ni porcentajes de candidaturas electas. No publicó listado de candidatos electos.
El Ministerio de Hacienda solicitó ayer a la Asamblea Legislativa una reforma al presupuesto general del Estado 2026 para incorporar $137,000 de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para becas dirigidas a jóvenes salvadoreños de tercer ciclo. La solicitud será estudiada por la Comisión de Hacienda, que se reúne el próximo lunes.
Se incorporarán $137,000 al presupuesto del Ministerio de Educación para el programa de Becas Bicentenario para estudiantes de tercer ciclo y educación media en los departamentos de Ahuachapán, La Libertad y La Unión.
Los fondos provienen de un convenio de $625,000 para 125 o 250 becas como máximo, entre 25 y 50 becas por año, con una duración máxima de cinco años de estudios.
El plazo para ejecutar los desembolsos del BCIE se modificó de nueve a cinco años, periodo que finaliza en 2027, por lo que el desembolso de 2026 actualmente de $100,000 se incrementa a $237,000 para ampliar la cuarta promoción con 137 becas adicionales.
Del programa, ya se ejecutaron $150,000 con los cuales se financiaron tres promociones; y los $100,000 inicialmente programados para 2026 financiarían una cuarta promoción de 25 becas.
Con la modificación realizada, el desembolso de 2026 se incrementa a $237,000, para ampliar la cuarta promoción con 137 becas adicionales.
La cantidad acumulada de becas son 137 becas: incluyen gastos de alimentación, transporte, conectividad y materiales educativos.
Los jóvenes deben cumplir las condiciones del Programa de Becas Bicentenario. Los estudiantes deben tener alto rendimiento académico, estar en condiciones de vulnerabilidad social y con escasos recursos económicos; deben pertenecer a cinco centros educativos seleccionados: Sor Clara Quiroz, Walter A. Soundy, Dr. Arturo Romero, General Fabio Morán y José Pantoja Hijo.
La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador (UES) y las universidades privadas entregaron a la Asamblea Legislativa ternas de candidatos a miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) del periodo 2026-2031. El pleno legislativo recibió los listados en la sesión del miércoles.
El CNJ es la institución encargada de llevar un registro de abogados, proponer a los jueces y magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, así como evaluar a los jueces y magistrados y enviar los resutlados a la Corte.
El pleno del CNJ está conformado por siete consejeros: tres abogados del país propuesto por el gremio de abogados, un abogado docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, un abogado docente universitario de las otras facultades, escuelas o departamentos de derecho de las universidades privadas del país, un abogado propuesto por el Ministerio Público y un miembro electo por los magistrados de cámaras de segunda intancia, jueces de primera instancia y jueces de paz.
Su periodo de funciones son cinco años.
Por las universidades, las ternas de la UES fue enviada por el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; y las de universidades privadas, por el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales “Dr. José Matías Delgado”. Por la Corte, las propuestas fueron remitidas por el presidente del Comité Electoral Judicial.
El miércoles a las 7:45 p.m., la Asamblea Legislativa aún no había publicado las propuestas enviadas en su sitio web. Las piezas de correspondencia recibidas son información oficiosa del Órgano Legislativo, según el artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los abogados, que tienen tres puestos del CNJ según la ley, proponen una terna de propietarios y una terna de suplentes por cada cargo, es decir, 18 nombres: Santos Guerra Grijalba, Karla Cecilia Roque de Rodríguez, Alexander Efraín Ticas Navarro, Sonia Aracely López Sandoval, Maritza Venancia Zapata Cañas, Edwing Armando Zeledón Hernández, Jaime Roberto Reyes Guzmán, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza, Alcides Salvador Funes Teos, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, Doris Deysi Castillo de Escobar, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Dianna Maricela de la O Palacios, Manuel Alexander Guevara Hernández, Alejandro Alberto Fuentes Lino, Julia Ingrid Abigail Calderón de Hernández y Fátima Mercedes Martínez de Méndez.
Por las universidades privadas, fueron propuestos: Verónica Lisseth González Penado, César Edgardo Castaneda y William Rafael Rebollo como candidatos a miembros propietarios del CNJ; y Óscar Antonio Canales Cisco, como candidato a suplente.
El Consejo Nacional de la Judicatura es la institución responsable de proponer candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz. Sus integrantes son elegidos y pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados electos.
La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, intentó introducir la propuesta de “Ley de búsqueda de personas desaparecidas”, en la agenda de la Asamblea Legislativa, presentada por el “Bloque de búsqueda de personas desaparecidas” pero solo tuvo su propio voto, uno de 60.
“Las familias decidieron transformar ese dolor, ese calvario, ese luto, porque no se logra cerrar el ciclo luego de perder una persona y no saber si está viva o no, todas esas experiencias en una propuesta de ley”, dijo en la sesión plenaria del miércoles.
En su intervención en el pleno, Ortiz señaló a las instituciones del Estado de revictimización y de negligencia al negarles información a los familiares.
Votación para incorporar el proyecto de ley de desaparecidos a la agenda de la plenaria del miércoles. / Asamblea Legislativa.
“Este día tenemos a bien solicitar una modificación de agenda para que esta propuesta de ley pueda iniciar el proceso de ley y solicitamos que se introduzca por medio de la sesión plenaria y pueda pasar a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia”, solicitó.
“Quiero ser muy enfática en esto. No es un favor el que les estoy pidiendo. En nombre de las víctimas, de sus familiares, de las madres que han venido este día y todas las miles de familias que tienen un familiar desaparecido que no han encontrado justicia, esto no es un favor, es una obligación del Estado salvadoreño”, dijo, después de mostrar la fotografía del Josué Siliézar Miranda y otros jóvenes desaparecidos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la propuesta. Solo logró un voto, el de Claudia Ortiz. Luego, sometió a votación la incorporación de la pieza 1-A para aprobar la prórroga 54 del régimen de excepción, 57 votos.
De acuerdo con los solicitantes, la normativa plantea la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el cual instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal trabajarían de “manera coordinada, articulada y con una respuesta unificada, rápida e integral para las familias”; se crearía un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas “para que la búsqueda no dependa de acciones aisladas ni de la voluntad una institución o funcionario”; y se crearía un banco nacional de ADN para la comparación de perfiles genéticos de personas desaparecidas, familiares y restos humanos no identificados.
Votación para incorporar el proyecto de ley de desaparecidos a la agenda de la plenaria del miércoles. / Asamblea Legislativa.
Uno de los argumentos que expuso el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, ante el Consejo de Ministros, para solicitar la 54ª prórroga del régimen de excepción, ha sido la captura de miembros de pandillas que buscan delinquir y “recuperar presencia territorial”, pero también reportan el arresto de jóvenes con conductas afines.
Concretamente habla de “detención de jóvenes en la comisión de ilícitos realizados con patrones conductuales afines a pandillas, uso similar de jerga, creación de rituales y participación en tráfico de drogas” que buscaban “reproducir prácticas” de las pandillas.
Seguridad se refirió también a las capturas integrantes de pandillas o personas vinculadas a estas que buscaban cometer delitos, establecer nexos delictivos, pandilleros con tatuajes alusivos a dichos grupos criminales, y decomisos de droga y teléfonos. El gobierno argumentó que estas pandillas buscan la “preservación de su influencia”.
En este reporte, el gobierno habla de “la captura de más de 92,959 terroristas”. No detalla si en esta cifra global incluye a todos.
La representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, no cree que haya capturas a ese nivel.
Cada mes, el gobierno reporta una cifra de personas capturadas bajo el régimen de excepción a quienes identifica como “terroristas”. Según esos reportes, se han capturado de 180 hasta 350 supuestos pandilleros mensuales.
Los datos oficiales reportados cada mes dan cuenta de que en febrero los capturados por el régimen aumentaron en 300 respecto al reporte de enero.
Así, el gobierno reportó 350 capturados en marzo, 340 capturados en abril, 310 en mayo, 180 en junio, 260 en julio y 219 en agosto, todos los capturados son identificados como “terroristas”.
“No creo que sea real. Sí hay detenciones de pandilleros, identificados con tatuajes que está claro que han pertenecido a las estructuras. Si hay detenciones, tienen que ser personas que son colaboradores”, indicó la representante del SJH.
Escobar sostiene que la demanda de las personas en la búsqueda de asesoría en la organización que dirige ha disminuido sensiblemente. “La gente no busca ayuda como antes, masivamente”, indicó.
No cree tampoco que todos los capturados reportados sean pandilleros. “Si ellos les ponen textualmente pandilleros (terroristas), es una mentira más grande, porque en la estructura de la criminalidad el pandillero es el que está más alto, están los de chequeo, colaboradores voluntarios, luego los obligados”, afirmó.
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la 54 prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas al tiempo máximo de detención administrativa, privación de las telecomunicaciones y al derecho de la defensa.
Mientras diputados de Nuevas Ideas destacaron que son 35 homicidios en lo que va del año 2026, la organización SJH señala que durante el régimen de excepción han muerto 564 personas detenidas bajo custodia estatal.
Dos hombres y una mujer fueron capturados por estar vinculadas a una red de narcomenudeo que operaba en bares de San Salvador, informó la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía informó que ejecutó el operativo junto a la Policía Nacional Civil luego de recibir una alerta por disparos en una colonia de la zona.
Los capturados son: José Manuel Vieytez Sánchez, quien será acusado de los delitos de conducción peligrosa, disparo de arma de fuego y tráfico ilícito; Andrea Michelle Martínez Quiroz y José Manuel Ayala Bonilla, quienes serán procesados por tráfico de drogas.
Según el relato fiscal, en X, el sospechoso huyó en un vehículo; pero fue capturado momentos después cerca del redondel Utila.
Además, informó que inspeccionaron la vivienda en donde se originaron los hechos y detuvieron a otras dos personas y decomisaron varias porciones de droga; así como en el vehículo fueron decomisadas varias porciones de cocaína, crack y ketamina, dos celulares y dinero en efectivo.
La Asamblea Legislativa reeligió y juramentó este miércoles a Walter Salvador Sosa Funes, Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos como presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República minutos después de que el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, los propusiera en el pleno y que los diputados Serafín Orantes y Reinaldo Carballo, del PCN y PDC, respaldaran inmediatamente la misma propuesta.
Los magistrados estarán en sus cargos del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.
La diputada Alexia Rivas leyó el dictamen favorable de la Comisión Política, que indicó que el pleno debía «deliberar públicamente» y elegir a los tres funcionarios de un total de 17 personas evaluadas.
Luego de la lectura del dictamen, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, hizo la propuesta. «Esta elección era un simple trámite de pasillos. Estos cambios se entregaban a través de un nefasto reparto de cuentas», indicó.
A las 5:30 p.m., Chamagua anunció que, basándose en las entrevistas realizadas, «como miembros de la fracción de Nuevas Ideas nosotros proponemos» a Walter Salvador Sosa Funes en el cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República; a Julio Guillermo Bendek Panameño como primer magistrado y José Rodrigo Flores Ramos como segundo magistrado. El magistrado presidente fue cuestionado por Nuevas Ideas por la mora en la Cámara de Segunda Instancia.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió la palabra y anunció que no votarían por la elección, debido a la afinidad de todos los candidatos con el Gobierno, algo que calificó como lamentable porque son funcionarios que deben «contarle las costillas al Gobierno».
«Lastimosamente, todos los candidatos sin excepción alguna manifestaron un tipo de elogio o ensalzar, hablar únicamente que si eran electos, gracias a este gobierno, y hablaban todos maravillas de las instituciones de Gobierno, creo que eso es lamentable, al final porque esto quiere decir que sus decisiones no van a ser decisiones únicamente para beneficio de los salvadoreños. La Corte de Cuentas debe contarle las costillas al Gobierno, dónde va cada centavo de los salvadoreños y por eso no tienen que tener ningún tipo de amor con ningún partido político o de gobierno», afirmó.
Después, los partidos aliados de Nuevas Ideas respaldaron la propuesta de Nuevas Ideas.
«Estamos completamente de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Chamagua. Ratificamos esta propuesta y públicamente aquí daremos nuestros votos junto con mi colega Rebeca Rodríguez que nos acompaña en este pleno, así nuestra propuesta», dijo el diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), sin explicar por qué estaban de acuerdo con la elección de dichos funcionarios.
El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pidió la palabra para respaldar la propuesta del diputado Chamagua: «Ratifico la propuesta que ha sido formulada y daré mi voto».
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que «después de analizar los 17 entrevistados» se llegó a la propuesta «tomando en cuenta que la Corte de Cuentas necesita esa continuidad para seguir manejando tal como lo han hecho durante estos últimos periodos y sobre todo en el caso del licenciado Walter Sosa, que de alguna manera lleva la mitad de un periodo». «Nosotros creemos que vale la pena que se continúe», agregó, luego de señalar que «todos eran profesionales que contaban con la experiencia y la capacidad para estar al frente de esa institución».
Castro advirtió a los magistrados que estarán «muy atentos» desde la Asamblea Legislativa: «Auditar y pedir cuentas a todos los funcionarios públicos, así tiene que ser; también tienen que dar el ejemplo, desde este órgano de Estado vamos a estar atentos, muy atentos, al trabajo que se esté realizando, vamos a darle un voto de confianza», expresó.
El dictamen 22 de la Comisión Política fue sometido a votación a las 5:54 p.m. y fue aprobado con 57 votos.
En las votaciones nominales y públicas por cada uno de los tres magistrados, todos recibieron 57 votos. Por la elección de los tres, votaron en contra las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos; Marcela Villatoro y Silva Regalado, de Arena.
La juramentación de los tres funcionarios finalizó a las 6:19 de la tarde.
El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, juramenta a los magistrados Walter Sosa, Julio Bendek y Rodrigo Flores. / Transmisión legislativa.
La tecnológica OpenAI tardó ocho días en detectar que varios de sus agentes de inteligencia artificial (IA) habían accedido a los sistemas de la plataforma de aprendizaje Hugging Face durante una prueba de ciberseguridad, según un informe publicado este miércoles que revela nuevos detalles del incidente.
En un informe técnico de 37 páginas, la empresa reconstruye el comportamiento de dos de sus modelos, GPT-5.6 Sol y otro aún no presentado en público, durante una prueba de ciberseguridad, y explica que los agentes consiguieron «escapar de un entorno de pruebas con acceso muy limitado a internet».
El pasado 21 de julio, la creadora de ChatGPT ya reconoció que los modelos lograron salir del entorno de pruebas, acceder a internet y jaquear la plataforma en un intento de hacer trampa en una evaluación de ciberseguridad llamada ExploitGym.
Según explicó entonces la compañía, los dos modelos estaban siendo sometidos a una evaluación diseñada para determinar el alcance máximo de sus capacidades.
El informe publicado este miércoles reconstruye paso a paso cómo los agentes fueron «encadenando vulnerabilidades» hasta «superar las barreras del entorno de pruebas y acceder a sistemas externos».
Según OpenAI, el objetivo inicial de los modelos no era atacar Hugging Face, sino hacer ‘reward hacking’, es decir, encontrar vías alternativas para obtener una recompensa sin completar correctamente la tarea.
Además, reconoce que sus sistemas tardaron varios días en detectar la actividad: el incidente comenzó el 11 de julio y no fue identificado internamente hasta el 19 de ese mes.
Medios como Axios y CNBC destacan que los agentes no solo accedieron a Hugging Face, sino que llegaron a obtener privilegios de administrador en al menos uno de sus servidores.
Según el informe, los agentes «colaboraron entre sí y usaron herramientas para intercambiar información y coordinar acciones».
A este incidente se suman otros similares, como el de la empresa Anthropic, que reveló recientemente que tres modelos de su asistente Claude lograron acceder a internet y jaquear los sistemas de tres organizaciones durante unas pruebas de ciberseguridad.
También Meta, propietaria de Facebook y Whatsapp, reconoció que uno de sus modelos de IA jaqueó los sistemas de otra empresa durante unas pruebas realizaba con un socio externo.
La proliferación de estos casos, en los que modelos avanzados de IA logran escapar de entornos de prueba y jaquean a otras entidades, ha disparado la preocupación tanto de gobiernos como de empresas, que ven comprometida su seguridad.
