Autor: Yolanda Magaña

El embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, aseveró que no hay un proyecto de defensa entre ambos países aunque hay un agregado militar en la Embajada de la nación asiática en el país.

En el programa La Tribu, ante la pregunta sobre su declaración acerca de un agregado militar en la Embajada, respondió: «Ahora tenemos, tenemos».

¿Cuál es el apoyo o cooperación si es que la hay?, fue cuestionado en el programa. «No, no hay proyecto en ese sector, se limita a proyectos de amistad, eso, no hay más proyectos en eso. Se limita a un intercambio amistoso, conversaciones, sí», respondió el diplomático.

¿Cuáles son sus funciones, entonces?, fue repreguntado. «Eso, impulsar la amistad, cooperación, no, en eso, todavía no hay, no hay, no hay, un proyecto concreto en el sector de defensa», contestó el embajador.

En mayo de 2025, el embajador informó que un agregado militar trabajaba en la Embajada desde agosto de 2024; en esa ocasión, indicó que la función del agregado militar era fomentar o establecer «canales de contacto», «impulsar el conocimiento mutuo» y la amistad.

En mayo de 2024, dijo que «por el momento no hay cooperación militar, pero dentro de poco va a comenzar algo de eso, pues está por arribar nuestro agregado militar».

Los gobiernos de China Popular y de El Salvador, durante la gestión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) restablecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2018 tras romper relaciones con Taiwán.

En febrero pasado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió con el presidente Nayib Bukele, el funcionario estadounidense le «planteó estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio para salvaguardar la soberanía y los intereses de ambas naciones y la región».

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó el viernes los resultados favorables que instituciones públicas de El Salvador obtuvieron en distintos indicadores del informe Latinobarómetro 2026, relacionados con seguridad, confianza institucional, percepción de eficiencia estatal y satisfacción con los servicios públicos.

En una publicación, el mandatario sostuvo que el país ocupó el primer lugar de América Latina en 19 de 20 indicadores, y que en el restante la Presidencia de la República fue la institución que generó mayor confianza entre los salvadoreños.

Bukele republicó los datos de Latinobarómetro, excepto los referidos a la disposición de los salvadoreños de aceptar un gobierno no democrático para que les resuelvan sus problemas.

Cuestionó la línea editorial de Latinobarómetro, al señalar que históricamente ha sido hostil hacia su gobierno pero afirmó que las mediciones de la organización mantienen prestigio y que sus resultados constituyen datos, en lugar de relatos sujetos a sesgos ideológicos.

Entre los indicadores destacados por el presidente están la percepción de menor presencia de pandillas y crimen organizado en las comunidades, la satisfacción con la Policía, la confianza en el Gobierno y las Fuerzas Armadas, así como la evaluación de los hospitales públicos, la educación y el sistema judicial.

Según Latinobarómetro, el 79 % de los salvadoreños considera que el país va en la dirección correcta. Asimismo, el 76 % expresa satisfacción con la educación pública, el 75 % con la Policía y el 51 % con los hospitales públicos. La percepción de eficiencia del Estado alcanza un promedio de 6.8 en una escala de 1 al 10, el más alto entre los países evaluados. El 44 % de los salvadoreños desconfía de que el Estado utilice adecuadamente esos recursos, la proporción más baja de América Latina según los datos reseñados por el medio.

El 78 % de los encuestados manifestó tener mucha o alguna confianza en el presidente de la República, la Iglesia registra un 76 %, seguida de las Fuerzas Armadas, con el 75 %; la Policía, con el 71 %; y el Gobierno, con el 70 %. El Poder Judicial alcanza el 57 % y la Asamblea Legislativa, el 47 %.

El 61 % de los salvadoreños manifestó no sentirse representado por la Asamblea Legislativa. Aunque el país ocupa la primera posición regional en este indicador, casi seis de cada diez ciudadanos mantienen una percepción de distancia respecto de sus representantes.

Los partidos políticos obtienen un 25 % de confianza, mientras que los sindicatos llegan al 31 %.

El 48 % de los salvadoreños considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y el 25 % manifestó indiferencia ante el tipo de régimen y el 16 % dijo preferir un gobierno autoritario en determinadas circunstancias.

Además, el 63 % expresó que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resolviera los problemas del país; y el 83 % estuvo de acuerdo con que la democracia puede tener problemas, pero sigue siendo el mejor sistema de gobierno.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador anunció este viernes que se está ejecutando una cooperación de $25 millones a través de Naciones Unidas y que enviarán una ayuda adicional de $30 millones para implementar acciones contra las familias salvadoreñas afectadas por la sequía.

“Ante los desafíos del fenómeno de El Niño, Estados Unidos reafirma su compromiso con El Salvador. Actualmente, estamos apoyando a los salvadoreños canalizando $25 millones a través de Naciones Unidas. Están siendo utilizados en diversos mecanismos de alivio para las zonas más afectadas por la sequía”, detalló la oficina diplomática.

Además, detalló que los $30 millones adicionales “están en camino para continuar trabajando junto al Gobierno de El Salvador y Naciones Unidas en implementar acciones anticipadas para proteger a las familias más vulnerables”.

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles estado de emergencia nacional en todo el territorio del país, lo que activa un sistema de protección civil integrado por los diferentes ministerios y el director de Protección Civil.

El decreto contempla la recepción de cooperación nacional e internacional, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la distribución de ayuda en la cual deben participar todos los empleados públicos, acciones que deben ser informadas diariamente al presidente de la República.

Consultado al respecto un concejal de la alcaldía de San Salvador Este, este concejo no había abordado las implicaciones de la emergencia nacional ni había recibido instrucciones.

La emergencia, que durará seis meses, también permite traslados de fondos y también compras directas.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fenómeno de El Niño, que alcanzará su mayor intensidad a finales de 2026, provocará un alza de precios de alimentos y generación de electricidad que podría durar hasta 2027.

El embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, informó ayer que en octubre entregarán a El Salvador el proyecto de la planta potabilizadora de agua en Ilopango, que ya inició la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) y que agilizarán la construcción del Estadio Nacional de El Salvador para poderlo entregar antes de julio de 2027.

«Queremos un desarrollo conjunto, compartido, el desarrollo es la llave para resolver los problemas a la gente, El Salvador tiene también esta misma visión. Queremos acompañar a ese proceso de desarrollo de El Salvador.», dijo el miércoles el embajador en el programa La Tribu.

El diplomático mencionó otros proyectos de cooperación de China a El Salvador como 35 becas anuales otorgadas a jóvenes salvadoreños para estudiar en China, actualmente hay 200 salvadoreños que estudian en 14 ciudades chinas.

Mencionó también que China ha donado más de 344,000 unidades de tablets y computadoras para el sistema educativo con una inversión de $100 millones.

Aceleran trabajos para entregar el Estadio

El embajador anunció que acelerarán los trabajos para terminar el Estadio que estará ubicado sobre la Avenida Jerusalén.

Este mes de octubre, llegarán 300 o 400 trabajadores chinos adicionales a los 300 que se encuentran en el país para acelerar la última etapa de montaje; agregó también aumentará en las próximas semanas la cantidad de trabajadores salvadoreños, que dijo eran 600.

La fecha establecida de entrega del Estadio era julio de 2027 pero el diplomático anunció que «ambas partes están trabajando a ritmo acelerado para terminar cuanto antes». Aseguró que podría ser mayo y respondió que en febrero ya estaría «usable». Detalló que la cubierta del Estadio será color blanco.

El embajador chino adelantó un cambio de diseño: habrá «un mejor aprovechamiento del campo», en el parqueo. «Eso va a ser una sorpresa del gobierno salvadoreño, ha mejorado la idea, un secreto temporal», dijo.

Este fin de semana llegarán las 50,000 butacas al Puerto de Acajutla que se instalarán en las próximas semanas. Según el embajador, serán butacas del mejor nivel del mundo, «selección del gobierno salvadoreño».

El CIFCO con forma redonda

El embajador aseguró que «ya empezó la construcción», con los procesos preparativos del terreno. «Posiblemente a finales de este mes» será el acto de primera piedra, indicó.

Según el diplomático, el diseño es similar al Estadio. «También tiene una forma redonda, como una concha, como una perla, va a ser dos joyas», afirmó.

Por ahora, el diseño del CIFCO no prevé un anfiteatro, «según el diseño, no hay tal función», indicó. «Va a ser otro símbolo, monumento de la amistad de la cooperación entre los dos países», expresó.

Planta potabilizadora: entrega será este mes

El embajador anunció que este mes entregarán el proyecto de la planta potabilizadora de agua en Ilopango. «Ahora en prueba, si no tiene problema, vamos a entregar, va a entrar en función este mes. Ese proyecto va a beneficiar a siete distritos, 250,000 personas», detalló.

Cuestionado sobre la posibilidad de replicar este proyecto en otras ciudades, respondió que depende de los planes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) sobre «cuál es su paso futuro».

Por otra parte, el diplomático chino manifestó que hay en El Salvador «un ambiente de inversión muy bueno, seguridad pública, estabilidad política, incentivos para la inversión, creo que está atrayendo más inversionistas de otros países».

El Ministerio de Hacienda programó en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado de 2027 un total de $42,145,645 como parte de los presupuestos especiales extraordinarios para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

En diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó $172.1 millones en dos presupuestos para las elecciones de 2027, un presupuesto por $125.3 millones, de los cuales $802,200 fueron asignados a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y un segundo presupuesto por $46.7 millones para el sufragio en el extranjero.

El plan de gastos asignado al Ramo de Hacienda incluye $39,993,260 de fondos para la «provisión para transferir recursos al presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2027» además de $2,152,385 para la «provisión para transferir recursos al presupuesto especial extraordinario para el sufragio en el extranjero evento electoral 2027».

La fuente de financiamiento proviene del Fondo General, sin embargo, en este rubro puede haber emisión de títulos valores. Ambas partidas se clasifican como gastos corrientes.

Sumados a las cantidades que se programaron en la Ley de presupuesto general del Estado 2026, resulta un total de $132,149,600 destinados al proceso electoral 2027.

Para este año Hacienda programó $85,399,905 para transferir recursos al presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 2027 y $4,604,050 para el presupuesto extraordinario para el sufragio en el extranjero, un total de $90,003,955 programados para 2026.

Del monto global, el TSE ha dicho que utilizará $56.1 millones del presupuesto para soporte de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales, $23.5 millones para organización y logística, suministro de equipos y materiales a organismos electorales temporales, $15.7 millones para administración financiera, $6.9 millones para soporte de escrutinio final, $5.2 millones para comunicación electoral, $18.4 millones para cambio de equipo tecnológico. En las elecciones de 2027 el TSE ha proyectado la instalación de 8,933 JRV.

El Salvador está entre los países cuyos gobiernos no cumplen estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas pero está haciendo importantes esfuerzos para hacerlo, de acuerdo con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado el jueves, que cubre desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

El Salvador permaneció en el nivel 2 de países, que no cumplen pero realizan esfuerzos significativos, ya que si bien investigaron más casos de trata e identificaron a más víctimas, iniciaron menos procesos penales y condenaron a menos traficantes de personas.

El informe detalla que el gobierno no prestó servicios a la mayoría de las víctimas identificadas y dio pocos servicios a víctimas masculinas adultas y víctimas extranjeras; además, no tenía procedimientos para identificar a las víctimas, en particular mujeres y niños.

La situación salvadoreña presentada por el gobierno estadounidense es similar a la descrita un año antes, en el reporte 2025 con la diferencia de que en este se afirmaba que el Gobierno había aumentado las condenas a los tratantes y se habían reducido las investigaciones. Ese informe también señaló la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas.

El Departamento de Estado mencionó que el gobierno salvadoreño actualizó un plan nacional contra la trata para 2025-2029, promulgó una ley que amplió el financiamiento para la repatriación de víctimas y fortaleció requisitos de regulación para reclutadores laborales.

Para 2025, El Salvador reportó la investigación de 58 casos sospechosos de tráfico humano, de los cuales 37 eran de posible tráfico sexual, 10 de trata de personas y 11 formas no especificadas. La cifra significó un aumento de 18 en los casos investigados, respecto al año 2024.

En el año reportado, se enjuiciaron 515 sospechosos, de los cuales 494 eran cabecillas de pandillas de alto rango MS-13, procesados bajo régimen de excepción por «formas no especificadas de trata» y se condenaron a 5 traficantes, uno condenado por delitos cibernéticos. El informe registró esa disminución de condenas respecto a las 11 que se lograron en 2024.

También, en el mismo año evaluado, se identificaron 152 víctimas de trata sexual, respecto a las 27 identificadas en 2024. Entre las víctimas se incluyen 53 de trata sexual, 86 víctimas de trabajo forzado y 13 de formas no especificadas de trata.

Procedimientos para identificar a víctimas en régimen

El informe advirtió que durante el periodo analizado el gobierno no tenía procedimientos para identificar víctimas de trata en niños y mujeres detenidos por actividades relacionadas a las pandillas.

«Bajo el régimen de excepción, los funcionarios detuvieron, arrestaron y enjuiciaron a niños sin tener en cuenta si eran víctimas de la trata que habían sido obligadas a realizar actividades delictivas forzadas», indica el reporte sobre El Salvador.

Por otra parte, se señalan esfuerzos en capacitación y prevención, actividades de concienciación pública en escuelas y oficinas migratorias, divulgación a empresas y empleados de turismo, y un a ley con requisitos de registro y supervisión a agencias de contratación laboral.

El informe se refiere a una estimación de entre 140,000 a 200,000 niños en El Salvador con «al menos un padre que ha emigrado al extranjero o está detenido bajo el estado de excepción» y que por tanto son vulnerables al tráfico sexual y laboral en el país. También menciona que el control territorial de pandillas terminó efectivamente en el país y que hay un aumento en la libertad de movimiento que se mantuvo en 2025.

El estado de emergencia nacional por la sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio salvadoreño prevé la coordinación con las municipalidades en la ejecución de las acciones y distribución de ayuda que sería recibida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto establece que el director de Protección Civil debe informarle diariamente al presidente de la República de acciones ejecutadas y de distribución de ayuda nacional e internacional, así como de “actividades de coordinación que se han llevado a cabo con las municipalidades”, en torno a la sequía.

Un estado de emergencia nacional activa el Sistema Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional de Protección Civil, así como comisiones departamentales y municipales.

La Comisión Nacional, que según la Ley de protección civil vigente es presidida por el ministro de Gobernación e integrada por diferentes titulares de ministerios, dicta las “medidas apropiadas en situaciones desastrosas y de emergencia nacional”.

La Comisión Nacional coordina el trabajo de las comisiones departamentales, municipales y comunales de protección civil. Las comisiones departamentales son presididas por los gobernadores departamentales e integradas por el presidente del Consejo de Alcaldes del departamento, representantes departamentales de las instituciones y de organismos no gubernamentales que se ocupen del tema en el departamento.

Las comisiones municipales son presididas por los alcaldes municipales y conformadas por un líder comunitario, un representante de organismos no gubernamentales sobre el tema en el municipio y representantes municipales de las instituciones. Estas comisiones deben evaluar daños y necesidades, elaborar un plan de trabajo, coordinar acciones y fiscalizar su cumplimiento.

De acuerdo con el manual para la gestión de emergencias en El Salvador, acordado el 21 de agosto de 2023, los gobernadores departamentales y los alcaldes municipales deben nombrar a una persona que tendrá la función de coordinador de Protección Civil y disponer de personal suficiente que se hagan cargo del manejo de la información y la gestión del evento.

El manual establece que estas personas nombradas por los gobernadores y alcaldes deben asumir la coordinación de equipos técnicos sectoriales, que ejecutarán las instrucciones de cada comisión del Sistema de Protección Civil, que debe disponer de todos los planes necesarios para responder a cada escenario y que deben estar actualizados.

Esta herramienta sugiere una secuencia para enfrentar un evento que incluye identificar y monitorear el evento, establecer lugares de impacto, posibles necesidades humanitarias e identificación de capacidades, coordinación insterinstitucional, entre otros. El reporte debe incluir, según el manual, debe delimitar áreas geográficas afectadas para orientar esfuerzos y fijar prioridades de los planes.

En la municipalidad de San Salvador Este, según el concejal Cayetano Cruz, aún no han recibido una directriz. Cruz manifestó que no tocaron el tema de la emergencia nacional en la sesión de concejo municipal de este jueves.

«No hay ninguna planificación, ni presupuesto de cara a activar a los comités de protección civil, al igual que la Unidad de Protección Civil que está en la municipalidad. No se ha dispuesto de ningún recurso, ni tampoco de un plan de emergencia. Hasta el momento, en las municipalidades no ha bajado nada aunque la ley establece que una vez decretada la emergencia deben activarse los comités de protección civil», indicó.