Autor: Yolanda Magaña

El partido Nuevas Ideas abrirá un plazo que inicia este sábado 4 de julio y finalizará el jueves 9 de julio para que sus afiliados en el extranjero o con DUI domiciliado en el extranjero se empadronen y puedan así votar en las elecciones internas del 12 de julio para seleccionar a los candidatos de las elecciones de 2027.

En este proceso de empadronamiento los afiliados del partido cian recibirán un código que usarán para acceder al sistema de votación.

“Para los que se afiliaron en el extranjero y los que se afiliaron en el territorio nacional (en el año 2019) pero que su DUI en ese momento consignaba domicilio en el extranjero, deberán realizar proceso de empadronamiento en línea, en un periodo del 4 al 9 de julio de 2026”, indica el instructivo de votación de las elecciones internas publicado el viernes.

En el extranjero solo podrán votar quienes hayan realizado el proceso de empadronamiento “de forma correcta”. 

El horario para empadronarse será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de El Salvador. Deberá ingresar al sitio web del partido https://www.nuevasideas.com/ y darle clic al botón “empadrónate”, ingresar su número de Documento Único de Identidad (DUI), fecha de nacimiento, adjuntar la fotografía frontal y reverso de su DUI, e ingresar su número de celular de su país de residencia. Luego, recibirá un código de confirmación que deberá ingresar y deberá recibir un mensaje de empadronamiento exitoso.

Ese será el código que quedará vinculado con el número de DUI y que deberá utilizar “para acceder al sistema de votación los días 11 y 12 de julio de 2026”, indica el instructivo.

Según el partido, con ello garantiza que no haya “ningún tipo de fraude o suplantación de identidad”.

La Comisión Nacional Electoral del partido habilitará el call center 2125-2125 para que sus afiliados resuelvan dudas, el call center estará habilitado del 4 al 12 de julio de 8 a.m. a 8 p.m.

La votación digital por internet en el extranjero se llevará a cabo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. los días sábado 11 y domingo 12 de julio, mediante un enlace publicado en medios oficiales de Nuevas Ideas. El código vinculado al DUI dejará de funcionar después de emitido el voto, según el instructivo.

Para el proceso de votación en territorio nacional, la CNE habilitará centros de votación en las 14 sedes departamentales que funcionarán el 12 de julio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; podrá realizar votación digital presencial.

De acuerdo con el instructivo, afiliados también podrán verificar si se encuentran en la base del Registro Nacional de Afiliados en el sitio web del partido del 4 al 12 de julio.

Luego de una polémica sostenida con la diputada Marcela Villatoro, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), visitó este viernes la urbanización Valle Verde, Apopa, en donde también llegaron siete pipas de agua para abastecer a los habitantes de agua potable.

Un día antes, López Cardoza sostuvo una prolongada discusión en la sesión plenaria originada de la solicitud de la diputada Marcela Villatoro, de Arena, para recomendar a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y a la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA) que intervengan para proveerles de agua potable a los habitantes de la urbanización. Solo logró tres votos.

Este viernes, llegó el concejal y candidato a Alcalde de San Salvador Oeste, Lalo Rodríguez, a conversar con los afectados y «buscar las alternativas para resolver el problema», indicó el PCN en un comunicado.

En un video publicado por el PCN, el secretario general del partido, Manuel Rodríguez, aseguró que este es «un esfuerzo personal de estos hombres», señalando al candidato a alcalde y al candidato a diputado Edwin López.

“Yo no he colaborado”, dijo el diputado López Cardoza.

“Hoy los pleitos no se arreglan de la manera que quiso hacer al diputada. Ella es una diputada de San Salvador, ¿cómo es posible que no conoce la problemática de ustedes, ahí anda hablando, atacando ANDA cuando no es ANDA aquí el problema, al contrario, hay que ver cómo fortalecer a ANDA”, expresó, por su parte el dirigente del PCN.

«Llegamos al territorio para dar la cara y brindar apoyo a las familias que están sufriendo una grave escasez de agua potable. Es injusto que la empresa privada AMPO (Administradora de Mantos de Pozo), encargada del suministro, solo se haga presente para enviar recibos con costos altísimos, mientras los chorros siguen secos», expresó López Cardoza según un comunicado de prensa, según el cual fueron siete pipas de agua las trasladadas este día.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con una delegación de México encabezada por el senador Juan Antonio Martín del Campo para “intercambiar experiencias sobre las buenas prácticas del gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, transformación institucional y reconstrucción del tejido social”.

La Vicepresidencia informó que el senador visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como parte del interés de la delegación “por comprender de manera integral el modelo salvadoreño”.

Martín del Campo es senador desde 2018 en representación del estado de Aguascalientes del Partido de Acción Nacional (PAN), partido conservador de derecha. En un video publicado el 7 de junio, lamentó que el gobierno de México tenga una “cerrazón” con Estados Unidos.

En un video oficial, Martín del Campo agradeció que Ulloa les haya compartido parte de las políticas de seguridad. “Sabemos y estamos conscientes que es el país más seguro en todo lo que es el planeta, esas políticas el objetivo es poderlas implementar en lo que es nuestro país, para nosotros es un gran ejemplo”, dijo.

Según el comunicado, el senador mexicano se mostró interesado en “conocer de primera mano las políticas públicas implementadas por El Salvador para alcanzar los actuales niveles de seguridad, con el objetivo de analizar la forma en que el país ha respondido a los desafíos vinculados a la institucionalidad y la atención a las comunidades”.

Ulloa le explicó que la estrategia respondió a la violencia, la extorsión y el control territorial de las pandillas; y que esto se abordó con el “Plan Control Territorial” y la “Guerra contra las pandillas”, además de detallar una fase de “Integración” y los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) para promover el acceso a la educación, tecnología, cultura y convivencia.

La legalización del uso de leche en polvo reconstituida o recombinada en los lácteos comercializados en El Salvador está vigente fue publicada en el Diario Oficial desde hace una semana.

La reforma eliminó la siguiente prohibición que estaba incluida en el artículo 21: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo”.

La modificación fue realizada a la “Ley de fomento de producción higiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio” fue publicada en el Diario Oficial del 19 de junio, por lo que inició su vigencia el 26 de julio.

La reforma fue respaldada por Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (Asileche), Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Mesa Agropecuaria.

Algunos ganaderos manifestaron que perjudicará al sector porque habrá competencia a más bajos precios, aunque aseguran que, en la práctica, la leche en polvo siempre ha sido utilizada en la elaboración de lácteos, comercializados en el país.

Mientras, la asociación Proleche pidió diálogo y preguntó en un primer comunicado cómo se garantizará que los consumidores distingan claramente entre leche fresca y leche reconstituida y los productos lácteos con ambos procesos, y exhortó a la “igualdad de condiciones para toda la cadena”. Posteriormente, Proleche tuvo un encuentro con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), aclaró que no quieren confrontación pero insistió en buscar proteger al sector ganadero.

El acuerdo comercial bilateral entre Estados Unidos y El Salvador divulgado en enero de 2026 compromete a El Salvador a facilitar la importación de productos lácteos estadounidenses y prohíbe medidas discriminatorias o no científicas para estos, siempre que tengan certificado sanitario estándar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

En busca de esta facilitación del comercio de productos de origen animal, la Asamblea ha aprobado antes otros decretos como la «Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal» que en abril de 2025 amplió las facultades del MAG en ingreso de animales, alimentos no procesados de origen vegetal o animal, entre otras; y la reforma a la Ley de protección a la sanidad vegetal y animal en mayo de 2026 para otorgarle el control de la importación y exportación de los productos lácteos al MAG, dándole la potestad de otorgarles las certificaciones.

La Unidad de Defensa Pública Penal de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó representaciones en procesos penales a un total de 27,178 personas adultas durante el año 2025, de acuerdo con la información recopilada por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

La cantidad de adultos representados, cuyos delitos no fueron detallados por la PGR, la institución que tiene a cargo la defensa pública en El Salvador, tuvo una disminución del 20% respecto a las 33,979 personas representadas por la defensa pública en 2024.

Los representados el último año fueron 22,940 hombres, equivalentes a un 84.4 por ciento, y 4,238 mujeres.

Casi la mitad de la población representada por la PGR son jóvenes entre 18 y 35 años (12,954 o 47.7%) y la otra mitad, 12,549 (46.2%), tenían edades entre 35 y 60 años. Más de 1,600 personas representadas eran mayores de 60 años.

Sin embargo, según el Observatorio, la PGR no detalló información sobre los delitos imputados a los adultos representados ya que se mantienen bajo reserva.

De acuerdo a los números recogidos por el OUDH, la UDPP tenía 165 defensores públicos hasta el final del año luego de recortes, por lo que calcula que «cada uno de los defensores de la Unidad habría representado a un aproximado de 76 personas durante 2025″.

El informe sobre el estado de derechos humanos del OUDH también indagó sobre la asistencia que recibieron los adolescentes durante 2025.

Por otra parte, la Unidad de Penal Juvenil de la Procuraduría Especializada Niñez y Adolescencia de la PGR asistió a 1,216 adolescentes, un 25% menos respecto a los 1,625 de 2024.

Un total de 1,052, el 87 por ciento, fueron hombres y el 70 por ciento tenían entre 16 y 18 años, la mayoría en San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate.

En el caso de los jóvenes, el Observatorio sí pudo indagar que los tres delitos por los cuales los jóvenes habrían recibido asistencia de la PGR fueron agrupaciones ilícitas (14%), violación en
menor o incapaz (11%) y lesiones (9%) asistencias.

La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows, se refirió anoche al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a aproximadamente a 200,000 salvadoreños y que se vence el próximo 9 de septiembre.

A la pregunta sobre cuáles son las expectativas que tiene y si ve un escenario posible de no renovación y retorno de salvadoreños, respondió:

Una de las realidades es que la palabra TPS comienza con la palabra temporal, ¿no? Pero mucha de la gente que ha estado bajo el programa ha sido desde los terremotos devastadores del 2001. Pero este tipo de programa es un programa que es decidido, las decisiones sobre esto son del Departamento de Seguridad Interna (DHS). Entonces, ellos son los que van a tomar la decisión. Naomi Fellows, encargada de negocios de EE.UU. en El Salvador.

Luego de 25 años de su creación, el TPS continúa siendo preocupación de miles de salvadoreños en los Estados Unidos, incluidos sus hijos y familias.

Este programa fue otorgado por Estados Unidos en 2001, luego de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero, y permitió que miles de salvadoreños pudieran permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente mientras el país enfrentaba a la reconstrucción. El programa fue renovado continuamente por gobiernos diferentes.

En enero de 2018, la administración del presidente Donald Trump anunció el fin del TPS; DHS argumentó que la situación generada por los terremotos de 2001 ya había sido superada y dio un plazo de 18 meses para que los salvadoreños salieran o buscaran otro programa migratorio. Este plazo vencía en septiembre de 2019.

Posteriormente, fue renovado por distintos gobiernos estadounidenses y los salvadoreños conservaron su autorización de trabajo aunque el programa mantuvo un carácter temporal. En enero de 2025, fue prorrogado durante la administración Biden, pero la gestión actual no ha realizado algún anuncio.

En enero de 2025, antes del inicio del segundo gobierno de Trump, el DHS extendió por 18 meses el TPS, hasta el 9 de deptiembre de 2026.

La administración Trump ha cancelado el TPS para Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Afganistán y Camerún, pero no para El Salvador.

Algunos jueces han declarado ilegales las cancelaciones del programa.

En junio de 2025, el presidente Donald Trump dijo en junio de 2025 que echarían «un vistazo» ante la pregunta sobre por qué aún no cancelan el TPS a El Salvador si lo consideran uno de los países más seguros del hemisferio occidental y si fue parte del trato para recluir extranjeros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En marzo de 2025, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos respondió que no habrá un trato preferencial para los salvadoreños indocumentados y que el acuerdo entre ambos países “no fue una negociación, no se trató de un intercambio de favores”.