Autor: Yolanda Magaña

La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) envió el miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una carta en la que expresa preocupación por «la situación generada a partir de la incorporación del señor Romeo Auerbach como empleado a la estructura del Tribunal». Auerbach fue diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).

En la carta, la JVE calificó de «jurídicamente procedente» la solicitud al organismo colegiado para «evaluar la compatibilidad de la contratación de Auerbach en el TSE y el «cumplimiento de los deberes de neutralidad institucional derivados del ordenamiento constitucional y electoral».

La carta, firmada por el director general de la JVE, Ronald Alemán, fue aprobada por representantes de Vamos, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Democracia Salvadoreña (DS) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

Por la misiva de la JVE, no votaron los representantes de Nuevas Ideas, Partido Demócrata Cristiano, Fuerza Solidaria, ni Gana.

«Consideramos indispensable que se preserve una clara separación entre las opiniones o posiciones personales que cualquier funcionario pueda expresar fuera del ejercicio de sus funciones y las responsabilidades que adquiere al formar parte de una institución cuya naturaleza exige imparcialidad, objetividad y respeto hacia todos los actores del sistema electoral», argumentó la Junta.

Señala que los funcionarios y empleados no pueden prevalecerse de sus cargos para realizar política partidista.

En la solicitud, se explica que la Junta es un organismo de fiscalización electoral cuya estructura «exige necesariamente una relación de respeto, coordinación y confianza» y que cualquier actuación de un funcionario del TSE en la cual se perciba «una posición política» puede terminar «afectando la confianza».

La JVE también sugirió verificar jurídicamente la compatibilidad de la contratación de Auerbach con el artículo 10 del decreto legislativo 258 de la Ley transitoria de compensación económica por servicios prestados por empleados y empleadas del TSE, del 22 de diciembre de 2021, ya que establece la imposibilidad de ingresar a laborar en la administración pública durante un periodo de cinco años luego de iniciar la cesantía.

En la solicitud, se sostiene que Auerbach se habría amparado al régimen del decreto y posteriormente «habría sido contratado en mayo de 2026 para desempeñar funciones como coordinador en la Dirección de Organización Electoral» del TSE, sin embargo, asegura que «de comprobarse documentalmente» correspondería al Tribunal determinar si la contratación es compatible jurídicamente.

La exdiputada Rina Araujo, quien en las elecciones de 2024 fue electa como diputada para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el periodo 2026-2031, devolvió la credencial al Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de que el órgano electoral le solicitara devolverla y ahora evalúa la interposición de una demanda ante una de las salas de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.

Araujo, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es una de los 20 legisladores propietarios que fueron electos el 3 de marzo de 2024 para el periodo que iniciaba el 28 de octubre de 2026 y finalizaba el 28 de octubre de 2031, y a quienes la gestión anterior del TSE entregó credenciales y los juramentó como diputados del Parlacen el 25 de abril de 2026.

«La devolví básicamente por temor, yo sabía que estaba en mi pleno derecho de retenerla, porque fue entregada a tiempo y fue una votación pública, pero bajo el régimen de excepción me dio miedo, por eso la entregué», dijo a Diario El Mundo.

La legisladora aseguró que sacó algunas copias de su credencial y que evalúa recurrir ante la Corte Suprema y, si no le resuelven, cree que puede recurrir a una instancia internacional.

«Saqué algunas copias, me las autenticaron algunos abogados para tener la potestad de decir que esa es en base a la original… Vamos a apelar a través de la Corte Suprema de Justicia y luego a las instancias internacionales correspondientes para que esto no le vaya a ocurrir a otras personas», expresó.

El pasado 25 de septiembre, el TSE declaró sin eficacia jurídica las credenciales entregadas a los diputados propietarios y suplentes electos para el Parlacen del periodo 2026-2031 y les dio cinco días hábiles para poder devolverlas, argumentando que actualmente ya no tienen fundamento constitucional debido a la reforma a los artículos 80 y 133 de la Constitución.

La reforma constitucional aprobada el 31 de julio eliminó toda referencia al Parlacen. Además, otra reforma, artículo 34 del Código Electoral, aprobada el 14 de mayo de 2026, derogó todas las disposiciones relativas al Parlamento Centroamericano contenidas en las leyes generales o especiales.

El Parlacen, un organismo cuyas resoluciones no son vinculantes, está compuesto por 20 diputados de El Salvador, 22 diputados de Guatemala, 20 diputados de Honduras, 20 diputados de Nicaragua, 20 diputados de Panamá y 22 diputados de República Dominicana. La bancada actual de El Salvador concluye sus funciones el próximo 28 de octubre de 2026. El 3 de octubre pasado, Nicaragua denunció su tratado constitutivo y anunció su salida del organismo regional.

El Observatorio Regional de Derechos (ORD), a través de su Centro de Monitoreo de violaciones a derechos humanos de personas defensoras ambientales y comunicadoras en El Salvador, documentó seis casos de supuestas agresiones a personas y comunidades defensoras ambientales del 1 de julio al 31 de agosto de 2026.

Los seis casos de supuesta agresión se originaron de movimientos que se generaron frente a la minería metálica y proyectos energéticos, así como por la defensa del agua, el territorio y ecosistemas.

El observatorio indica que la documentación de los casos permite identificar posibles patrones de vigilancia, intimidación, criminalización y restricción de la participación de las comunidades.

Tres incidentes fueron identificados por el observatorio como hostigamiento y vigilancia, dos como amenazas u órdenes de desalojo; y uno como detención arbitraria.

Según el observatorio, las consecuencias de las agresiones fueron en su mayoría afectaciones psicológicas, seguidas de afectaciones en la comunidad, físicas, económicas, familiares y limitaciones a la actividad de defensa, por lo que recomendaron al Estado adoptar medidas para garantizar que personas, organizaciones o comunidades puedan defender derechos ambientales, garantizar “el derecho a la vivienda adecuada” y evaluar impactos ambientales y sociales de los desalojos.

Los seis casos son los siguientes:

22 de julio: vigilancia policial en conferencia por el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, en el triángulo del desvío entre Ilobasco y Sensuntepeque, departamento de Cabañas.

23 de julio: amenaza de desalojo a comunidad defensora del territorio en zona de manglar, en la comunidad Cuatro Vientos, cantón El Zapote, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz. La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura para el 31 de julio contra más de 150 familias. Según el observatorio, la comunidad se encuentra en el entorno de la Costa del Sol y del estero de Jaltepeque, y es una zona de alto interés turístico.

27 de julio: comunidades del distrito de San Isidro, Cabañas Este, denuncian supuestas amenazas por desarrollo de actividades mineras, intentos de desalojo, posible tala de 15,000 árboles para ampliar una vía de acceso hacia terrenos de interés minero.

28 de julio: habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente Sur, protestan contra la construcción de un relleno sanitario, ante presencia policial.

19 de agosto: habitantes de la comunidad Santa Marta protestan contra la captura de Miguel Ángel Callejas Hernández, detenido el 7 de octubre de 2025 por agrupaciones ilícitas y que según la organización había sido sobreseído definitivamente el agosto de 2022. Señalan que es criminalización y lo vinculan con los procesos penales contra líderes comunitarios y ambientales del lugar.

29 de agosto: comunidades indígenas y el Movimiento Indígena para la Articulación de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunciaron hostigamiento y vigilancia durante una actividad pacífica para declarar una zona de la Finca Santa Adelaida, Izalco, Sonsonate, como zona de interés ancestral ecológico y cultural indígena. En el lugar, hay oposición de la comunidad contra el proyecto del parque fotovoltaico de Volcano Energy. En el lugar tres agentes de civil se acercaron a la actividad y manifestaron que actuaban bajo órdenes superiores para prevenir hechos de violencia, algo que las organizaciones consideran parte de un patrón de vigilancia e intimidación.

La Asamblea Legislativa reformó el miércoles la Ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres para agregar a la titular o a un representante del Ministerio de Vivienda entre los integrantes de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Esta reforma se debe a que en la ley actual aún se incluía el «Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano», cuando el Ministerio de Vivienda, antes Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, fue creado en 2019 en la primera gestión gubernamental de Nayib Bukele. La subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano fue creada en 1979 bajo el Ministerio de Obras Públicas. La misma solicitud argumenta que es necesario “actualizar la conformación de la Comisión Nacional de Protección Civil”.

La ley de protección civil es la que regula el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que se activa en un estado de emergencia nacional, como el aprobado desde el 7 de octubre debido a la sequía meteorológica y agrícola en El Salvador.

Además de Vivienda, la Comisión Nacional ya estaba integrada por el ministro de Gobernación, que la preside, el director de Protección Civil, y los titulares o representantes de Cancillería, Salud, Agricultura, Medioambiente, Obras Públicas, Defensa, Educación, Policía, dos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y tres de asociaciones relacionadas al tema de las zonas occidental, central y oriental.

La Comisión Nacional tiene como funciones diseñar la política nacional de protección civil, supervisar la ejecución de los planes de protección civil, dictar las medidas en emergencia nacional, recomendar construcciones o demoliciones, y coordinar el trabajo de las comisiones departamentales, municipales y comunales de protección civil.

Una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo del 2 de junio de 2019 reagrupó a diferentes dependencias del Estado. Esta reforma facultó al Ministerio de Vivienda a planificar el desarrollo integral de los asentamientos humanos en todo el territorio nacional y evaluar las competencias de las municipalidades en gestión territorial y planes de desarrollo urbano.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa reformó las «Disposiciones especiales y transitorias para combatir la inflación en los precios de los insumos agropecuarios» aprobadas en junio de 2022 para, entre otras nuevas facultades, permitir que el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa) haga todas sus adquisiciones y contrataciones mediante compra directa, una facultad que solo estaba permitida para las adquisiciones emergentes y excepcionales.

El objetivo de la reforma, según el decreto, es incrementar la producción agropecuaria y de sus exportaciones y agroindustria local.

“El Centa realizará las adquisiciones y contrataciones comprendidas en esta ley mediante un procedimiento especial que será autorizado por su junta directiva, el cual para tales efectos se denominará compra directa a proveedores nacionales o extranjeros, sean estos personas naturales o jurídicas”, reza la nueva disposición introducida en el artículo 1 del decreto.

Las disposiciones ya permitían la inaplicación de la Ley de Compras Públicas, lo cual se reitera en la reforma; esta normativa permitía también el mecanismo de contratación directa en casos de emergencia. Sin embargo, la reforma abre la compra directa en general.

Además, el Centa fue facultado también a almacenar semillas, granos básicos y demás productos agropecuarios, maquinaria, equipos de trabajo, así como tener reservas estratégicas.

La reforma también permite al Centa coordinar con el MAG u otras entidades el uso de sus instalaciones para garantizar la distribución y comercialización de los productos.

Así mismo, permite al Centa que suscriba financiamientos con bancos nacionales por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) o que obtenga créditos nacionales o internacionales para dichas facultades.

Estas disposiciones, que buscan combatir la inflación de los alimentos agrícolas, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2031.

El Gobierno ha pedido una reforma presupuestaria para reforzar a diversas instituciones con $78 millones, según la solicitud oficial, estos fondos servirán para «dar cobertura a las obligaciones prioritarias e ineludibles durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal de 2026».

De acuerdo con la petición, enviada por el ministro de Hacienda por instrucción presidencial, se destinarán $18.8 millones al Ramo de Salud para «pago de bienes y servicios, y complementar la compra de medicamentos, insumos y equipos para los diferentes establecimientos de salud».

Se darán también $15 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para «continuar financiando la ejecución de proyectos estratégicos de nación en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como derechos de vía a nivel nacional». No detalla a qué proyectos.

A ello se suman $14 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional, fondos que servirían, según el proyecto de decreto para «continuar apoyando el Plan Control Territorial, principalmente en tareas de seguridad pública para la recuperación y rehabilitación de territorios a nivel nacional». El proyecto no detalla si los fondos se destinarán a pago de remuneraciones o compra de equipo.

El cuarto monto mayor lo constituyen los $14 millones destinados a la Presidencia de la República, que los utilizará, indica el proyecto, para «la operatividad y continuidad de las diferentes secretarías y dependencias de la entidad» y también «fortalecer su infraestructura institucional mediante la adquisición de maquinaria, equipos informáticos y tecnológicos, derechos de propiedad intelectual, entre otros».

La mayor parte de los fondos proviene del pago de IVA. La solicitud detalla que $16.5 millones de los fondos que reforzarán estas instituciones provienen del pago del Impuesto sobre la Renta y $52.9 millones del pago de IVA. Así mismo, $2.4 millones provienen del impuesto a productos específicos, $4.4 millones de impuestos diversos y 1.8 millones de impuesto sobre comercio exterior.

También se destinarán $6 millones para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para «financiar los gastos de operatividad de las representaciones diplomáticas y consulares, así como la adquisición de bienes y servicios esenciales para el funcionamiento de la Secretaría de Estado».

Otros $6 millones se dirigirán al «fortalecimiento institucional orientado a consolidar las capacidades operativas y tecnológicas de sus diferentes unidades operativas» de la Fiscalía General de la República.

Se incluye también un refuerzo de $1.5 millón para el observatorio electoral en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); y $2.7 millones para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para transferirlos al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

La petición ingresó el miércoles al pleno legislativo y será analizada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Diputados de oposición coincidieron el miércoles en que la declaratoria de emergencia nacional en todo el territorio salvadoreño fue tardía, aunque los dos diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) votaron a favor y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El diputado de Arena, Francisco Lira, recordó que él hizo en agosto una propuesta similar a la presentada por Nuevas Ideas el 7 de octubre en la cual solicitaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) un plan de mitigación ante la sequía prolongada en el país.

Su propuesta era que el MAG realizara un diagnóstico del impacto el déficit hídrico en los cultivos de granos básicos y en la ganadería, presentara un plan de abastecimiento y reserva estratégica, con créditos, seguros y reestructuración de deuda a los agricultores. Él solicitaba un dictamen recomendable, pero solo tuvo dos votos, los de su partido.

Lira preguntó ayer cuántos agricultores «la pasaron mal este mes» y criticó, de la propuesta oficial, que se siga «apostando a una política de importación y no de fortalecimiento al agro nacional» y que se pretenda inaplicar la Ley de Compras Públicas.

En su lugar, el arenero pidió aumentar el bono agrícola de $75 a $200, pero su  iniciativa solo tuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos, para incorporarla a la agenda legislativa.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, argumentó que las condiciones de sequía para El Salvador ya se conocían y señaló al MAG de no tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.

«Ya sabíamos desde abril de este año que íbamos a ser impactados por el fenómeno del Súper Niño. ¿Es que no ven las noticias, ustedes? Ya sabíamos, la comunidad científica, las instituciones que monitorean el clima a nivel internacional ya habían alertado que íbamos a tener graves sequías en El Salvador», reclamó

Tampoco Ortiz descartó que esta declaratoria pueda deberse al intento de abusar de recursos públicos o a «pasar de largo reglas que garantizan compras competitivas y transparentes». Detalló que el artículo 6 de la Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), establece que «no se aplicará la ley de contrataciones y adquisiciones», hoy Ley de Compras Públicas» en los eventos atendidos por el Fopromid. «Es como darle al Gobierno un cheque en blanco para hacer compras públicas sin mayor control», opinó.

Esto fue rechazado por el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, quien aseveró que el decreto de emergencias no mencionaba la inaplicación de la Ley de Compras Públicas, ya que este establece «responsabilidades concretas de diferentes instituciones».

«Esto no está eliminando ningún tipo de control al Estado. A veces la oposición dice ‘No vamos a votar porque quizás lo quieren para otras cosas, como se ha escuchado acá, pero el decreto si usted lo lee no establece ningún tipo de exoneración de impuestos para nadie, no hace exento de la Ley de Compras Públicas para nadie», afirmó el diputado de Nuevas Ideas.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, les llamó mentirosos a la vez que anunció que apoyarían la declaratoria de emergencia nacional.

«Ustedes están respondiendo demasiado tarde mientras esas cosechas se han perdido y algunas están a punto de perderse. La gente quiere solución y por eso vamos a dar nuestro voto pero eso no quiere decir que nuestros ojos no van a estar encima de ustedes para saber adónde se va cada centavo porque tienen la maña de mandarlo para otro lado», señaló la diputada Villatoro.

Citó que la Ley de Compras Públicas, en el artículo 41, avala la contratación directa en emergencia nacional. «No sean mentirosos, la misma Ley de Compras Públicas lo activa ese mecanismo, nosotros tenemos todito el derecho de preguntar qué hacen con el pisto. Ya que ustedes se lo acaban, nosotros queremos saber hacia dónde va y, si eso los van a enojar, pues, enójense», expresó.

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), atribuyó la crisis de la agricultura a la guerra entre países y sus efectos en el precio del petróleo, más los efectos de El Niño. Según el legislador, no se ve en el decreto  que se vaya a aplicar la compra directa en emergencias.

El Salvador ha tenido cuatro periodos de sequía meteorológica desde el 23 junio de 2026 que han sumado 89 días secos en el país. La zona oriental ha sido la más afectada, La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután, pero también están afectadas áreas de San Vicente, sur de La Paz, norte de Santa Ana y parte de Chalatenango.