Autor: Yolanda Magaña

Si su Documento Único de Identidad (DUI) está próximo a vencer o ya está vencido, puede solicitar la renovación de distintas formas pero el pago en línea y la reserva de tu cita de seguro agilizará el trámite y le ahorrará tiempo de espera.

Si no aplica a DUI gratuito debe pagar los $10.31, cobro que aplica para trámites en territorio nacional.

Para pagar en línea solo debe ingresar al link https://pago.dui.gob.sv/RNPN/index.xhtml, colocar su número de DUI, fecha de nacimiento y correo electrónico, más una prueba de que no es un robot.

El sistema le generará una boleta de pago del cual podrá descargar una factura o “mandamiento de pago” con un NPE que podrá pagar con banca en línea. El pago también puede ser realizado por otra persona que tenga banca en línea.

Después de pagar en línea, puede hacer una cita, solo antes debe registrarse con su correo y una contraseña. Las citas pueden realizarse aquí: https://ci.citas-dui-sv.com/site/login. También puede realizar la cita presionando el botón “Haz tu cita” dentro de este enlace https://dui.sv/inicio/ con ayuda de un asistente virtual.

Puedes seleccionar la fecha y la hora de su conveniencia. Tener la cita agilizará la atención que le darán en el duicentro y no deberá hacer la fila de espera de los usuarios sin cita.

El DUI gratuito solo aplica si la fecha de vencimiento del DUI cae entre el 29 de noviembre de 2027 hasta el 28 de febrero de 2027. Si aplicas a DUI gratuito, puedes hacer tu cita sin necesidad de pagar el trámite.

Un punto importante es que el DUI se puede renovar con un mes de anticipación a la fecha de vencimiento o cuando ya esté vencido. Si desea modificar profesión o tipo de sangre debes llevar título y fotocopia, o comprobante del examen de laboratorio con sello de Junta de Vigilancia o licencia de conducir vigente. Si deseas modificar estado civil, no es necesario porque el RNPN ya tiene esa información en su registro si su estado civil fue registrado en la municipalidad respectiva.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) ha anunciado que próximamente se podrá tramitar el DUI en línea, pero el programa aún no ha sido lanzado.

También anunció que abrirá centros de trámites temporales en la plaza Salvador del Mundo, desde este 31 de mayo de 2026, y próximamente en San Miguel.

Con ello, el RNPN busca satisfacer la demanda de 1.6 millones de documentos que se están venciendo en diferentes fechas del año 2026.

La vicecanciller salvadoreña, Adriana Mira, se reunió con el director general de la Oficina para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, embajador Motoyuki Ishize, en una segunda reunión de consultas políticas con Japón.

Mira destacó que Japón ha respaldado proyectos de alto impacto de infraestructura, educación, salud, desarrollo local y mitigación de desastres naturales.

Según expresó en X la funcionaria, abordaron oportunidades para “profundizar las relaciones comerciales” y destacaron el interés para seguir posicionando el café salvadoreño, el cacao y el ron premium en el mercado japonés.

En la reunión participaron Diego Alejandro Dalton, embajador de El Salvador en Japón, y Taketoshi Sano, embajador de Japón en El Salvador, y otros funcionarios.

Un comunicado de prensa publicado en el sitio web de Cancillería detalló que el funcionario japonés reconoció los “avances en materia de seguridad y las transformaciones que ya son ejemplo a escala internacional”.

“Estamos marcando una senda de oportunidades que permitirán identificar acciones conjuntas en el corto, mediano y largo plazo, las cuales seguirán generando iniciativas que contribuyan al crecimiento económico y social de nuestros pueblos”, dijo la viceministra.

El Salvador exporta entre $10 y $15 millones anuales de diferentes productos a Japón. En 2022, exportó $15.7 millones; en 2023, las exportaciones a este país bajaron a $11.5 millones; en 2024 bajaron más a $9.9 millones y en 2025 aumentaron levemente a $10.7 millones.

Mientras, El Salvador importó $347.2 millones en 2025, más que los $284 millones en 2024, un aumento del 22.2 %.

Los diputados propietarios electos para el periodo 2024-2027 debieron presentar sus declaraciones de activos y pasivos al Ministerio de Hacienda, que recientemente los publicó en su sitio web, de acuerdo con la nueva Ley Anticorrupción y según uno de los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la información publicada, 58 diputados han reportado activos que suman entre todos $17.2 millones y también pasivos o deudas que entre todas suman $5 millones, resultando un patrimonio conjunto de $11.3 millones entre los 58 legisladores propietarios.

Cuatro diputados reportan un patrimonio mayor al millón de dólares. En el orden de mayor a menor patrimonio los primeros cuatro son: Claudia Toledo, Óscar Robles y Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, y Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN). Le siguen Serafín Orantes, del PCN; Claudia Ortiz, de Vamos; Walter Coto y Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.

Por otra parte, 17 diputados propietarios reportan que tienen un patrimonio negativo, es decir, el valor de sus deudas es mayor al valor de los bienes o activos que poseen, según la información divulgada por Hacienda, que se habría basado en las declaraciones de los mismos legisladores. En esta condición están Francisco Lira, de Arena, y los diputados de Nuevas Ideas Juan Rodríguez, José Francisco Menjívar, Samuel Martínez, Herbert Rodas, Lorena Fuentes, Janneth Molina, Edgar Fuentes, Diana González Fuentes, Alexia Rivas, Edgardo Meléndez Mulato, Helen Jovel, Francisco Amaya, Raúl Chamagua, Maricela de Guardado y Ana Figueroa.

En su herramienta, el Ministerio de Hacienda aún no publica los datos de los diputados propietarios Reinaldo Alcides Carballo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ni de Francisco José García Villatoro, de Nuevas Ideas.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes un dictamen favorable de reforma al presupuesto nacional de 2026 para incorporar $2,151,615 a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República para el proyecto 7358 “Programa de conectividad digital social”.

Según la solicitud del Ministerio de Hacienda, los fondos servirán “para financiar el servicio de conectividad de banda ancha de 440 sitios públicos durante el periodo comprendido entre julio y octubre del presente año” y para implementar programas de formación digital virtual “dirigidos a funcionarios y servidores públicos así como a la población beneficiaria”.

Los fondos provienen de donación a raíz del Convenio de financiamiento no reembolsable para inversión GRT/ER-20154-ES para el programa de conectividad digital social hasta por $10,165,000 en concepto de donación otorgada por la Unión Europea (UE); en el convenio el administración de la contribución es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la solicitud enviada a la Asamblea Legislativa, no se detalla si los 440 sitios públicos serán centros escolares, unidades de salud u otras instalaciones.

El programa de “Conectividad digital social” tiene diferentes componentes que incluyen conexión a la red de acceso de aproximadamente 290 sitios públicos adicionales a la intervención EEO#3 enfocado en escuelas y unidades de salud, equipamiento y cableado de sitios públicos conectados, incremento de competencias digitales de docentes, estudiantes, personal médico, ciudadanos con un 28 % de participación femenina mínima.

El programa tiene una duración de cinco años, con desembolsos de $1.7 millones en el primer año, $2.6 millones en el segundo, $2.9 millones en el tercero, $2.5 millones en el cuarto y $238,823 en el quinto año.

La propuesta de modificación del programa realizada en 2023 planteaba que en El Salvador menos del 10 % de hogares rurales no tenían conexión a internet, el 65 % de escuelas no tenían conectividad y solo el 40 % de los centros de salud la tenían.

El informe de monitoreo del proyecto emitido el 13 de enero de 2026 indica que el porcentaje de población en El Salvador con acceso a banda ancha fija es del 7.67 % a 2020 y se espera que aumente al 8.5 %.

Este informe también plantea un objetivo de aumento del puntaje promedio de nivel “intermedio” de los centros educativos intervenidos de las pruebas estandarizadas para el fin de bachillerato (Avanzo) de 57.9 en 2019 a 60 en 2029. El informe recuerda que en 2021 los resultados de la prueba fueron del 14.8 % en nivel básico, 57.9 % en nivel intermedio y 27.3 % en nivel superior.

También, el programa busca conectar 2,033 centros escolares de un total de 5,139, pasando del 34 % al 76 % los centros escolares colectados a largo plazo.

Así mismo, el programa se ha planteado conectar a 372 de las 812 unidades de salud existentes en el país, pasando del 25 % al 50 % unidades conectadas.

Así mismo, buscan aumentar del 35 % en 2020 al 58 % en 2029 el porcentaje de población que puede acceder a banda ancha en áreas de cobertura definidas en el largo plazo.

“Es importante que nosotros podamos tener esta conectividad, que hoy en día no es un privilegio, es una necesidad”, dijo la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, en la Comisión.

Según González, este proyecto permite fortalecer la infraestructura digital nacional e impulsar la transformación digital del Estado.

El patrimonio neto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es superior a los 4 millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda compartidos en un portal web habilitado este lunes, siendo la primera vez que se hace pública este tipo información del mandatario desde que asumió la Presidencia en 2019.

Las cifras reportadas por Bukele dan cuenta de activos por 4.561.160,23 dólares y pasivos por 94.681,99, con lo que el patrimonio neto sería de 4.466.478,24 dólares.

Los datos, puestos a disposición para la consulta ciudadana, se encuentran en la sección de «Consulta Activos y Pasivos» del portal oficial de Hacienda y su habilitación y publicación de la información se dio tras la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero pasado.

Esta es la primera vez que se conoce el patrimonio del mandatario salvadoreño desde que llegó al Ejecutivo en junio de 2019, dado que las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron puestas en reserva.

Ley anticorrupción exige una doble declaración

También se habría originado, según dieron a conocer este lunes medios locales, por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el Gobierno de Bukele alcanzó en 2024 un acuerdo por 1.400 millones de dólares.

La ley anticorrupción, aprobada por la Asamblea Legislativa liderada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), establece que los funcionarios y empleados estatales obligados a declarar su patrimonio ante la CSJ también deben hacerlo junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta, incorporando detalles de su patrimonio y de su cónyuge.

La referida normativa prescribe que esta información debe contener «los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles, realizados en el periodo de la declaración del impuesto sobre la renta que efectúa».

Las investigaciones de la Sección de Probidad de la CSJ sobre el patrimonio de funcionarios han derivado en condenas civiles y penales de algunos funcionarios, como en el caso de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) -en prisión por corrupción y Mauricio Funes (2009-2014) -fallecido en 2025 y procesado por malversación de fondos públicos, entre otros delitos-.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 222 con el fin de reformar la ley del presupuesto del año 2026 para incorporar $30.2 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $195 millones con el fin de financiar la ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez» y la unidad ejecutora y administradora del proyecto.

Un total de $29,662,050 serán destinados a la ampliación del estacionamiento del aeropuerto y obras como terracería, instalación de agua. potable, aguas negras y aguas lluvias, canalizaciones eléctricas; y $635,714 para el apoyo técnico y administrativo de la unidad ejecutora del programa, tanto para personal como para equipo.

Los fondos se incorporarán al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para ser transferidos a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) con el fin de construir un edificio de cuatro niveles con parqueos para 2,050 vehículos en el Aeropuerto Internacional El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, explicó el director de inversión y crédito público, Marlon Herrera.

Herrera sostuvo que es necesario que la CEPA pueda disponer de fondos para “iniciar las diferentes contrataciones que se requieren” relacionadas a la ampliación del estacionamiento en el Aeropuerto. Detalló que la mayor parte de fondos está destinada a la ampliación del estacionamiento, concretamente, a la “construcción de un edificio de cuatro niveles con un capacidad cercana a 2,050 plazas vehiculares” además de áreas de soporte técnico, conectividad mediante elevadores, sistema de videovigilancia, sistema de emergencias y abastecimiento de agua potable, entre otros.

Estos serán los primeros fondos incorporados al presupuesto 2026 provenientes de un préstamo de $195 millones ratificado el 29 de enero de 2026 y que debe pagarse en 23 años, incluidos siete años y medio de gracia.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable que prorroga por un año la ley de estabilización de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que otorga un subsidio estatal en el precio del gas propano mediante la entrega de fondos a los envasadores que comercializan el GLP en cilindros portátiles.

Juan Francisco Grande, director general de Subsidios del Ministerio de Hacienda, subrayó que el decreto permite un mecanismo transitorio para atenuar las variaciones de los precios del GLP que sufren por fluctuaciones en los mercados internacionales.

Grande explicó que el subsidio se activa cuando los precios de mercado superan los precios máximos de referencia.

Advirtió que los eventos exógenos son la volatilidad del mercado energético agravada por los conflictos geopolíticos, las fluctuaciones de los precios del crudo de petróleo en los mercados internacionales y de todos sus derivados, y las alternaciones debido a restricciones logísticas e incrementos de costos de transporte y aranceles.

Los precios máximos de venta, con ahorro, son:

• Cilindro de 10 libras: $4.61
• Cilindro de 20 libras: $8.98
• Cilindro de 25 libras: $11.13
• Cilindro de 35 libras: $15.50

“Cuando los precios del mercado superan estos precios que están definidos es cuando se activo este mecanismo y hace que se mantenga fijo este precio, compensando y beneficiando a la población”. Juan Francisco Grande, director general de Subsidios.

La ley se vence el 31 de mayo de 2026 y la nueva prórroga estaría vigente hasta 31 de mayo de 2027.

El diputado Giovanny Zaldaña preguntó qué pasa si no se aprueba y cuánto podría ser el incremento de precio del producto. “Eso va a aumentando los precios en general”, dijo.

El director de Subsidios le respondió que “la mayor parte de la población hace uso del GLP para la preparación y la cocción de los alimentos” y que “el no aprobar esto afectaría en el costo de los alimentos que consumen en su hogar y a personas que adquieren sus alimentos en comedores y en todos estos pequeños negocios, emprendimientos de subsistencia”.

El funcionario advirtió que “justo en el cambio de precio del mes de marzo al mes de abril ya habido un incremento del 10 %” y lleva una tendencia a la alza. “Ese 10 % es el que la ley que está vigente ha protegido para que no llegue directamente a ellos, sino que sigan accediendo a los precios de referencia”, explicó.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas señaló que el aumento de los precios en mayo se debió al estancamiento en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, así como el riesgo de navegación por el estrecho de Ormuz, y el aumento de las importaciones de propano de Estados Unidos en los países asiáticos.

En mayo, el monto del subsidio focalizado fue de $8.04, por lo que los beneficiarios de dicho subsidio solo aportarían $3.09 para un cilindro de 25 libras.