Autor: Yolanda Magaña

El partido Nuevas Ideas tendrá dos mecanismos de votación en las elecciones internas de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes: una votación digital presencial en territorio nacional y la votación digital por internet en el extranjero.

De acuerdo con el instructivo de votación del partido de gobierno, las personas afiliadas en 2019 desde el extranjero o con Documento Único de Identidad (DUI) en el extranjero, y que se hayan empadronado de manera correcta, del 4 al 9 de julio, podrán realizar “votación digital por internet”.

Por otra parte, los afiliados en territorio nacional y que su DUI en 2019 tuviera domicilio en territorio nacional podrán realizar “votación digital presencial”.

La votación presencial, sin embargo, se realizará en un dispositivo electrónico.

Este domingo 12 de julio, los afiliados de Nuevas Ideas domiciliados en El Salvador desde 2019 están convocados a participar en las elecciones internas en las 14 sedes departamentales en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 .m. Los afiliados que tengan su domicilio en el extranjero votarán los días sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de El Salvador.

En el territorio nacional, en las 14 sedes, el jefe de centro se encargará de velar por el orden del centro de votación, los miembros de mesa serán los encargados de recibir al afiliado y validar su inclusión en el Registro de personas aptas para votar y el personal de apoyo técnico y logístico auxiliarán los casos remitidos por el jefe de centro.

En la jornada, según las reglas incluidas en el instructivo de votación, no permitirán que los afiliados del partido cian voten con un documento distinto al Documento Único de Identidad (DUI) y tampoco permitirán votar a los salvadoreños en el extranjero que no realizaron su proceso de empadronamiento del 4 al 9 de julio.

En un diálogo de las Naciones Unidas sobre la gobernanza de la Inteligencia Artificial, en Suiza, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, exhortó este lunes a una regulación inteligente de la IA y aseguró que en El Salvador buscan que la IA “no avance de manera dispersa”.

También destacó el ingreso de El Salvador en la red llamada Pax Silica, iniciativa que impulsó Estados Unidos para asegurar y controlar las cadenas de suministro de inteligencia artificial (IA) y semiconductores, mantener la competitividad frente a China y reducir las dependencias geopolíticas.

«En el ámbito internacional, nuestro país ha reafirmado su compromiso con una gobernanza abierta, responsable y orientada a la innovación, mediante su reciente incorporación a la iniciativa Pax Silica», dijo, adhesión que aseguró expresa los tres principios de El Salvador «innovación, confianza y cooperación internacional».

“Una regulación inteligente, instituciones sólidas, una visión estratégica generan confianza, atraen inversión y favorecen desarrollo económico y social”, instó.

El funcionario indicó el gobierno cree en que la IA puede mejorar los servicios públicos pero no sustituir el criterio y la supervisión humana “en las decisiones que afectan derechos y garantías fundamentales”.

Aunque el vicepresidente aseguró que deben poner la IA al servicio del bien común y del desarrollo de los pueblos, instó a tener una “gobernanza responsable”. Luego matizó: “Nuestro desafío no consiste en ralentizar el proceso tecnológico, sino en construir marcos de confianza que permitan que la IA se desarrolle con transparencia, seguridad y respeto por los derechos humanos en un profundo sentido ético”.

“La capacidad de la IA para transformar la salud, educación, la agricultura, la industria, la seguridad, la justicia y la administración pública abre oportunidades inéditas para fortalecer los servicios públicos, impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Nuestra experiencia demuestra que la gobernanza y la innovación no son objetivos contrapuestos”, indicó en su intervención.

Según el vicegobernante, la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) busca que la “IA no avance de manera dispersa, sino con dirección estratégica”.

Ulloa participó en el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, copresidida por la embajadora salvadoreña ante la ONU, Egriselda López y que reúne a todos los Estados Miembros, y representantes del sector privado, la academia, la sociedad civil y la comunidad técnica, “para debatir el futuro de una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo”.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) está considerando llevar como candidato a la presidencia de la República al médico sindicalista Rafael Aguirre, quien reconoció que recibió una propuesta de un movimiento ciudadano.

De acuerdo a una fuente del partido que pidió su anonimato, el partido también está considerando y busca pláticas con el pastor Mario Vega, de la iglesia Elim, crítico del gobierno actual; la maestra y dirigente sindical Idalia Zúniga, del Frente Magisterial Salvadoreño despedida en octubre de 2024.

Consultado al respecto, el secretario del Simetrisss, Rafael Aguirre, respondió que lo está considerando “en conjunto con miembros de Conadesa y movimiento de apoyo”.

“Lo que sí tengo, una propuesta del movimiento ciudadano”, afirmó Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Sindicalistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss).

¿La propuesta del movimiento ciudadano es respaldar una candidatura en el FMLN? “Sí, así es, como el instrumento para optar al poder sin ser de cúpulas, sino desde la ciudadanía”, respondió el sindicalista al frente del Simetrisss.

Aguirre es parte de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa), un movimiento confirmado en octubre de 2025 conformado por Simetrisss, Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), el Sindicato de enfermería del ISSS (Sidetisss), el Foro Nacional para la Salud, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MDCT), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, Alames El Salvador, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) y la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), entre otras.

Al cierre de esta nota, Vega y Zúniga no habían respondido ante preguntas enviadas a través de mensajería.

Se prevé que la fórmula presidencial del FMLN se inscribirá el domingo 12 de julio y se someterá a elección interna el domingo 26 de julio, junto con el resto de precandidatos a alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa. Los candidatos que resulten electos participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del demandante un equivalente menor al 1 % de las 1,310 resoluciones emitidas durante el año 2025, de acuerdo al informe de derechos humanos 2025 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La Sala de lo Constitucional tuvo un nivel considerable de resoluciones, ya que emitió 1,310 en el último año registrado, un equivalente del 112 % de los procesos o demandas recibidas durante el mismo periodo.

Sin embargo, aunque en años anteriores el porcentaje de resoluciones favorables al demandante no superaban el 23 %, este año las resoluciones favorables al demandantes han disminuido a una cifra menor al 1 %.

Las resoluciones que favorecieron al demandante fueron únicamente 6 hábeas corpus, 4 amparos y 0 inconstitucionalidades; mientras, los procesos resueltos durante ese año fueron 930 hábeas corpus, 229 procesos de amparos y 151 inconstitucionalidades.

“Esta tendencia (baja admisión de casos) aparece también en el porcentaje de hábeas corpus estimados ‒es decir, resueltos a favor de los intereses de las partes demandantes‒ entre 2015 y 2025”, indica el informe.

Año tras año, al calcular los porcentajes, los hábeas corpus favorables a los demandantes llegaron a ser el 21.38 % de las resoluciones en 2015, pero desde entonces bajaron al 12.12 % en 2016, 11.7 % en 2017, 7.75 % en 2018, 71.4 % en 2019, 12.24 % en 2020, 7.93 % en 2021, 2.84 % en 2022, 0.14 % en 2023, 0.2 % en 2024 y 0.64 % en 2025.

“Si bien este osciló entre 21% y 7% en los años previos al régimen de excepción, en 2022, cayó al 3%, mientras que, en 2023 y 2024, se situó por debajo del 1%. En 2025, representó el 1% de los hábeas corpus resueltos”, reflexiona el Observatorio.

Las demandas de amparo también presentan una baja tasa de resolución favorable al demandante. En 2015 y 2016, 14 % y 15 % de las resoluciones favorecían al demandante; a partir de 2019 este porcentaje descendió a 4 %, 3 % en 2022, 0.33 % en 2023, 2.9 % en 2024 y 1.74 % en 2025.

Las demandas de inconstitucionalidad tenían un alto nivel de resolución a favor del demandante en 2015 y 2016, del 22 % y 18 %, respectivamente. En 2025, ninguna resolución de las 151 favorecieron al demandante.

Un 7 % de admisión

De la misma manera, la Sala admitió un equivalente del 7.3 % de los procesos que ingresaron durante el año 2025.

Esta instancia de la Corte Suprema de Justicia recibió un total de 1,165 demandas durante el año pasado: 782 de hábeas corpus, 259 demandas de amparos y 124 demandas de inconstitucionalidades.

Durante el mismo periodo sumó 85 procesos admitidos, un 7.3 %: 59 hábeas corpus, 10 amparos y 16 inconstitucionalidades. Fueron admitidas un 8 % de las demandas de hábeas corpus.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió un total de 1,310 procesos constitucionales durante el año 2025, una reducción del 69 % respecto al año anterior, que reportó 4,226 procesos resueltos,

La Sala recibe tres tipos de demandas: hábeas corpus, demandas de amparo Y solicitudes de inconstitucionalidades. Los hábeas corpus son recursos para exigir la garantía de que no se vulneren los derechos a la libertad física, integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas. Las demandas de amparo son presentadas por ciudadanos que denuncian violaciones a sus derechos constitucionales por actos u omisiones por el Estado. Y las demandas de inconstitucionalidad solicitan que se declaren inconstitucionales normas o disposiciones legales existentes.

El concejo de San Salvador Centro prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la “Ordenanza transitoria de exención de multas e intereses producto de aplicación de tasas y contribuciones especiales municipales” de San Miguel Centro.

El concejo argumentó que “las condiciones socio económicas, la capacidad de pago de la mayoría de los habitantes y, particularmente, la de aquellos que tienen obligacoines tributarias a favor del municipio de San Miguel Centro, se mantiene debilitada, situación que los ha convertido en sujetos morosos, de las tasas y contribuciones especiales municipales”.

La prórroga inició su vigencia el pasado 30 de junio de 2026.

La ordenanza fue aprobada el 16 de mayo de 2024 y busca reducir la mora en deudas tributarias y no tributarias que tienen los contribuyentes de San Miguel Centro.

El beneficio otorgó un plazo de seis meses para solicitar planes de pago con la exención de intereses y multas generados por mora o atraso.
Pueden aplicar los contribuyentes en situación de mora en el pago de las tasas o contribuyentes especiales, quienes hayan acordado un plan de pago, quienes estén en proceso de cobro administrativo o judicial, quienes hayan incumplido un plan de pago o quienes hayan interpuesto un recurso de revisión o apelación o hayan iniciado un proceso contencioso administrativo.

Los beneficios serán anulados si el contribuyente incumple dos cuotas del nuevo plan de pago. Los plazos de los planes de pago no pueden ser mayores a los seis meses.

La ordenanza aplica para los distritos de San Miguel, Comacarán, Uluazapa, Moncagua, Quelepa y Chirilagua.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordó enviar a la Dirección Financiera de la institución una solicitud de refuerzo presupuestario de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) por $531,805 luego de ajustes posteriores a una donación de equipo del TSE.

El TSE trasladó a la Dirección Financiera la petición de refuerzo y la documentación en donde se detallan las requisiciones presupuestarias de la JVE con la indicación: “Debiéndose realizar las gestiones correspondientes para la tramitación del citado requerimiento presupuestario ante el Ministerio de Hacienda”.

La Junta de Vigilancia Electoral redujo en $101,367.69 la solicitud original de refuerzo presupuestario, ya que el TSE acordó que le proporcionaría 51 computadoras y servidores adquiridos aproximadamente hace cinco años con lo cual el monto requerido para equipo y licencias se redujo de $185,000 a $85,000.

El refuerzo de la JVE se realizará en mantenimiento de vehículos, equipos informáticos y aire acondicionado, entre otros bienes y servicios, combustible, telecomunicaciones, pasajes y viáticos del voto en el exterior, actualización de dietas de directores, pago de dietas de directores de tres de los 11 partidos políticos que integran la Junta, bonos, tarjetas electrónicas para personal y Quincena 25.

La Corte de Cuentas de la República anunció el inicio de una «auditoría externa de calidad» que realizará el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec).

El Icontec es una organización sin fines de lucro de Colombia fundada por empresarios y directivos gremiales que busca supervisar si se cumplen normas nacionales e internacionales.

El Instituto Colombiano Icontec informó en su sitio web que presta servicios de certificación de producto, procesos y servicios, certificación de sistemas de gestión, inspección, validación y verificación, acreditación en salud, cooperación y proyectos especiales, así como consulta y venta de normas y publicaciones.

Según la Corte de Cuentas, el proceso busca «evaluar» el sistema de gestión de calidad de la entidad encargada de vigilar el buen uso de los fondos públicos. El proceso, dice la CCR, en redes sociales, busca «evaluar la eficacia del sistema» y el cumplimiento de leyes y reglamentos.

«Esta auditoría representa una valiosa oportunidad para demostrar nuestro compromiso permanente con la excelencia, la transparencia y la mejora continua», dijo el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Salvador Sosa.

La auditoría permitiría a la Corte de Cuentas mantener la certificación» que ha tenido «por más de una década» de la Norma ISO 9001:2015.

Según la misma institución, esa norma certifica «la capacidad de la CCR para desarrollar sus procesos de auditoría, juicio de cuentas y administrativos, ofreciendo servicios que satisfagan las expectativas de los usuarios».

«Este paso hacia la excelencia es el resultado de la implementación de proyectos de modernización y digitalización, los cuales han permitido aumentar la productividad y la transparencia en la gestión pública», indicó en 2023 la institución cuando renovó la certificación. La CCR destacó en ese momento la actualización de la mora en la auditoría a los 262 distritos.

La Corte de Cuentas aún no ha publicado los informes de auditoría emitidos en 2024 y 2025 en el proceso de fiscalización de su Portal de Transparencia.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a todo el personal actual o que haya laborado en la institución sujeto a fiscalización por la Corte de Cuentas que actualice sus datos en un módulo de notificación electrónica.

A finales de junio, el director ejecutivo del TSE envió a todo el personal del órgano electoral un memorándum en el cual pidió a todo el personal “sujeto a fiscalización que desempeñe cargos con poder de decisión, manejo de fondos públicos, administradores de contratos, auditores internos y externos, que mantengan o hayan tenido relación de dependencia con el Tribunal Supremo Electoral durante los últimos cinco años” que se inscriban personalmente en el módulo de notificación electrónica de la Corte de Cuentas.

La inscripción podrá realizarse a través de un enlace o el QR que incluyó la Corte de Cuentas en la circular externa 1/2026.

La Corte de Cuentas está pidiendo en redes sociales que, si durante los últimos cinco años, una persona manejó fondos públicos o desempeñó cargos sujetos a fiscalización, debe actualizar los datos en el Módulo de Notificación Electrónica.

“¿Trabajas actualmente en una institución pública?, ¿trabajaste en una institución pública en los últimos cinco años? Si respondiste sí a alguna de las preguntas, debes actualizar tus datos en el Módulo de Notificación Electrónica”, indica la campaña de la Corte de Cuentas.

La fracción de Nuevas Ideas pidió a la Asamblea Legislativa aprobar un reconocimiento especial a las personas que integran la misión internacional humanitaria conformada por el Grupo USAR El Salvador y la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador por su trabajo tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

El reconocimiento constaría de un diploma que menciona la “valiosa y humanitaria labor”, su “valentía y solidaridad” al colaborar con los conocimientos y destrezas de cada rescatista en Venezuela.

La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de la Niñez e Integración Social, que se reunirá el próximo martes 7 de julio.

Tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, El Salvador envió una misión conformada más de 300 rescatistas y paramédicos del Grupo USAR El Salvador, creado en 2010.

El equipo USAR de El Salvador es conformado por personal de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Policía Nacional Civil, Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento, la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador.

USAR son las siglas utilizadas para expresar Urban Search and Rescue, un equipo multidisciplinario certificado bajo estándares del Grupo Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de Naciones Unidas para rescatar personas atrapadas de escombros y que nació en 1991, tras iniciativa de equipos internacionales que intervinieron en el terremoto de Armenia en 1988.

El grupo USAR ha realizado labores en Haití, México, Ecuador, Turquía y Venezuela.