Autor: Yolanda Magaña

La Cancillería de El Salvador está informando los próximos vencimientos de los plazos para que salvadoreños puedan aplicar a becas para estudiar en el extranjero.

El 31 de julio vence el plazo para aplicar a una beca para un curso corto presencial en Belice para estudiar inglés como segundo idioma.

El periodo de estudio se daría entre enero de 2027 y octubre de 2027 en la Universidad de Belice (UB) en colaboración con el gobierno de Belice a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el Centro Regional de Idiomas (RLC). La beca cubre la totalidad de la matrícula, los costos del programa, materiales didácticos y un estipendio mensual de $600 para gastos de manutención.

Los requisitos son: ser salvadoreño, comprometerse a residir 10 meses en Belice, poseer como mínimo un certificado de educación secundaria, como bachillerato o equivalente, comprometerse a estudiar a tiempo completo sin posibilidad de empleo u otro estudio a tiempo parcial.

Para aplicar requiere enviar currículum vitae, certificados de estudios, prueba de solvencia económica como estados de cuenta bancaria, entre otros.

También, este viernes 22 de mayo, vence el plazo para aplicar a un posgrado en la Universidad de Sungkyunkwan de Corea del Sur. Cancillería avisó del vencimiento el 20 de mayo en redes sociales.

El 31 de julio, también vence el plazo para aplicar a opciones de estudio en los Estados Unidos.

Los salvadoreños interesados pueden consultar más detalles en https://rree.gob.sv/becas.

Las oportunidades de estudio son gestionadas por la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO). Según el sitio, hay 26 convocatorias de 10 socios cooperantes en 10 países.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó que las entidades contratantes de un proyecto de Alianzas Público Privadas (APP) serán las que supervisen los proyectos ante la pregunta sobre por qué se suprimirá el Organismo Fiscalizador de Asocios Público Privados (OFAPP) incluida en la ley de APP que será derogada.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseguró que el OFAPP es eliminado en la propuesta de ley y “por qué consideran conveniente eliminar este contrapeso en un contexto donde los APP van a generar compromisos fiscales de largo plazo”. Señaló que las funciones de fiscalización se las adjudica a la DAPP.

El ministro de Hacienda respondió que básicamente el control siempre le va a corresponder al Estado. “Lo que estamos haciendo es que “ahora habrá una Dirección específica que se encargará de todos los aspectos, aprobación y vigilancia de estos proyectos APP. Buscamos hacer mucho más eficiente el proceso”, dijo el ministro.

Aclaró que la DAPP no estará adscrita al Ministerio de Hacienda ya que “tendrá autonomía en sus actuaciones” como la Dirección de Impuestos Internos.

“¿Cómo va a evitar que la misma institución que promueve el APP, que lo estructura, va a terminar fiscalizando su propio trabajo?”, cuestionó Ortiz.

El ministro respondió que será la entidad contratante del APP la que realizará los estudios de prefactibilidad y de factibilidad, y la DAPP “será el filtro para que estos proyectos cumplan o no la ley”, realizando los análisis fiscales para determinar “que no haya un costo que vaya a perjudicar las finanzas públicas en el mediano plazo”.

“Los encargados de estructurar y toda la parte técnica es la entidad contratante, no es la Dirección de APP, son las entidades contratantes las que van a estructurar el proyecto, son los encargados de realizar los estudios de prefactibilidad y de factibilidad. La Dirección va a ser los análisis fiscales de conveniencia o no de aprobar estos proyectos, la Dirección básicamente va a ser el filtro para que estos proyectos cumplan o no con lo que establece la ley”, aclaró.

El funcionario detalló que el artículo 59 establece que «la entidad contratante será la responsable de administración del contrato APP, así como de la supervisión y de su cumplimiento».

El artículo 59, que habla sobre la supervisión y se titula «Administración del contrato», establece que la entidad pública contratante «podrá» pedir información al privado para verificar el servicio y las tarifas que se aplicarían a los usuarios por el servicio de APP.

Según este artículo, «la entidad contratante podrá requerir la información necesaria al agente privado para ejercer sus facultades de supervisión y seguimiento, además, aquellas relacionadas a los niveles de servicio y las normas técnicas vinculadas con dichos niveles, el régimen tarifario y los derechos de los usuarios, en caso de ser procedente».

Si incumple, la normativa facultaría a penalidades.

Una prórroga de un año solicitó el Gobierno a la Asamblea Legislativa a la ley de estabilización de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), la cual permite al Estado subsidiar a los consumidores para que no sufran las alzas de precio de los cilindros del gas propano.

El subsidio, según el proyecto de decreto, siempre se realizará a través del pago a las empresas envasadoras de GLP que comercializan el producto en cilindros portátiles.

La solicitud del decreto fue recibida a las 9:13 a.m. del 20 de mayo de 2026 por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa; y está firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada. No fue aprobada con dispensa de trámites, sino que pasó a estudio de la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes 25 de mayo.

El Gobierno argumentó que los motivos que originaron el subsidio se mantienen pero que además hay otras condiciones; sin mencionarlas expresamente únicamente aseveró que son «de carácter exógeno» y que «inciden en nuestro país, afectan e impactan negativamente a la economía de las familias salvadoreñas y agentes económicos en todo el territorio nacional».

Así mismo, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Adolfo Muñoz, en su carta enviada al ministro de Hacienda señaló que la prórroga busca «contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, que incide en el precio del Gas Licuado de Petróleo consumido por la población» para mantener la «razonable estabilidad de la economía de las familias salvadoreñas». La carta del ministro repite los argumentos.

La guerra en Irán ha provocado alzas en el precio del petróleo y ello ha afectado el precio de los combustibles en El Salvador, que en mayo llegaron a su rango más alto desde octubre de 2023. Por ejemplo, el precio de las gasolinas aumentó 11 centavos.

En julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una ley transitoria para sancionar con multas de $500 a $100,000 a distribuidores que no permitan inspecciones o incumplen el precio máximo de venta de GLP, o de hasta $100,000 si incumplen la ley o impiden una inspección o no envasan el contenido exacto de gas en los cilindros, una versión de otra ley aprobada en 2022 por la guerra entre Ucrania y Rusia que venció el 30 de junio de 2025. La nueva ley vence el 30 de junio de 2026.

Durante algunos meses de 2022, El Salvador fijó precios de combustibles temporalmente a $4.31 por gasolina especial, $4.15 regular y $4.14 por diésel mediante una «Ley especial transitoria para fijar precios máximos de los combustibles» cuya prórroga venció en diciembre de ese año.

Para el ministro de Hacienda, Jerson Posada, la creación de Alianzas Público Privadas (APP) en El Salvador, luego de la aprobación de una nueva normativa, tendrá al menos cinco beneficios, entre los cuales destacó que el Estado puede aprovechar la experiencia y la innovación del sector privado, así como compartir riesgos económicos.

Un beneficio, dijo, “es la eficiencia en la gestión y el aprovechamiento de la experiencia del sector privado”.

“Básicamente, al aprovechar la experiencia del sector privado, los proyectos suelen completarse en menos tiempo y con una gestión más ágil que bajo los métodos tradicionales de obra pública”, indicó esta semana, ayudándose de una presentación ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

En segundo lugar, mencionó la responsabilidad fiscal como beneficio de las APP para hacer una obra o dar un servicio público. En este punto mencionó una evaluación que utilizarán para aprobar toda APP que se denomina “valor por dinero”, que es un análisis matemático y estadístico que hace las valoraciones financieras para determinar que es más conveniente realizar una obra pública mediante un APP o con obra pública tradicional.

“Se impulsan altos estándares en fases previas (al APP), al exigir evaluaciones de rentabilidad social, financiera y la metodología de valor por dinero como requisito para la aprobación de cada proyecto, esta asegura que los costos de un proyecto APP a largo plazo permitan optimizar la asignación y uso de los recursos del Estado, así como el costo de dicho proyecto sea menor si este es ejecutado bajo una modalidad tradicional”, explicó.

El tercer beneficio de las APP mencionado por el funcionario es el aprovechamiento de la innovación tecnológica del sector privado. “El sector público se puede beneficiar del “know-how” y las tecnologías de vanguardia que las empresas privadas introducen para optimizar el servicio”, indicó.

Consideró, también, como beneficio el impacto social del proyecto. “Todo proyecto bajo la modalidad APP debe garantizar un suministro más eficiente y eficaz para atender necesidades de la población”, evaluó.

Y, en quinto lugar, la transferencia de riesgos fue vista como un beneficio por el ministro de Hacienda. Se trata de que tanto el sector público como el privado asume los riesgos financieros de todo proyecto APP.

“La colaboración público-privada en la ejecución de todo proyecto ayuda a compartir los riesgos, hay riesgos compartidos entre el privado y el Estado, y cada parte en lo que mejor puede absorber y responder, permitiendo desarrollar de una mejor manera los proyectos estratégicos en beneficio del país”, argumentó.

Con esta nueva ley, el gobierno dice buscar agilizar procesos de APP para dar servicios públicos o hacer obras públicas. Sindicalistas y organizaciones han cuestionado la posible privatización de los servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, pero el gobierno lo ha negado. El proyecto aún no es aprobado y los diputados de Nuevas Ideas han citado al Centro Nacional de Registros (CNR) para continuar el estudio público.

El Gobierno ya pidió incorporar $30.2 millones de un préstamo de $195 millones ratificado en enero pasado para destinarlos al proyecto de “Ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador”.

Se trata de los primeros fondos de un préstamo de $195 millones ratificado el 29 de enero de 2026 que fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Hacienda y que debe pagarse en un plazo de 23 años, incluidos siete años y medio de gracia.

De acuerdo al proyecto de decreto, que reformaría el presupuesto general del Estado 2026, los primeros fondos a desembolsar, exactamente $30,297,764, servirán para adquirir materiales, equipo, instalaciones provisionales a las obras de infraestructura, desalojo de materiales, terracería, instalación de agua potable y lluvias, canalizaciones eléctricas y contrato de supervisión, así como administración del programa.

La reforma incrementa en el presupuesto 2026 la fuente de «31 Endeudamiento pública cuenta 314 Contratación de empréstitos externos» y los destina al Ramo de Obras Públicas y Transporte, a la unidad presupuestaria de «Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades, línea de trabajo 04 Comisión Aeroportuaria CEPA, rubro 62 transferencias de capital».

El préstamo para el Aeropuerto fue suscrito por Hacienda, por lo que los fondos serán transferidos a la Comisión Ejecutiva Aeroportuaria Autónoma (CEPA), institución a la cual el Ministerio de Hacienda le entregará los fondos del préstamo en concepto de donación o fondos no reembolsables.

Antes, CEPA ha suscrito otros préstamos, como el de $17.18 millones del Instituto de Crédito Oficial, entidad público empresarial (ICO) cuya garantía soberana fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2025; y en marzo de 2025, también dio por recibido un plan de colocación de títulos valores por $30 millones a una tasa de 8.25 % y un plazo de 7 años incluidos 2 años de gracia.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que en noviembre de 2023 el partido de derecha pidió la legalización de la comunidad 2 de noviembre, ubicada en el distrito Italia de Tonacatepeque, San Salvador, pero que en esa ocasión Nuevas Ideas no dio sus votos para estudiar la solicitud.

“Hacemos un llamado a la junta directiva de la Asamblea Legislativa a que coloque en agenda esta solicitud de beneficio para 1,500 personas residentes en la comunidad 2 de noviembre”, indicó el partido en X, en ese entonces.

Señalaban que eran 200 familias que carecían de escrituras y pedían la extensión del beneficio los habitantes de esa comunidad. “Pero el oficialismo es selectivo sobre a quiénes beneficiar”, señalaba en ese entonces la fracción del partido Arena.

“Ahí se pidió en el pleno y no apoyaron, para que quede constancia de lo doble cara que son. En ese año, en 2023 que se pidió ante el pleno legislativo que se le legalizaran sus hogares a estas personas, la Asamblea Legislativa negó su apoyo. Nosotros no los abandonamos, siempre luchamos por ellos, solo que nos aplicaron la aritmética. Ojalá le hubieran ayudado entonces a esa gente, ya fueran dueños de esas tierras desde hace dos años”, expresó ayer la diputada, jefa de fracción de Arena.

Con votos de todos los partidos y bajo iniciativa del diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, la comunidad 2 de noviembre fue incluida el 19 de mayo en el decreto de legalización de tierras en desuso que aprobó la Asamblea Legislativa el 10 de junio de 2009. Antes del gobierno de Nayib Bukele, el decreto tenía 59 comunidades incluidas. Durante el gobierno actual, se han incluido otras 14 comunidades en esta normativa.

El diputado Castro aseguró que “nadie les resolvía” a la comunidad 2 de noviembre, que “pasaron muchas personas, políticos, aspirantes a alcaldes, aspirantes a diputados, diputados, de muchas denominaciones” y que ellos se dieron cuenta por la comunicación que tienen con los “líderes comunales”. “Nos contactaron de esa comunidad”, indicó.

Ayer, la diputada Janet Molina, de Nuevas Ideas, pidió incorporar a la comunidad Michapa sector 1 y 2, de Cuscatlán Sur, en la ley de legalización de vías, tramos o calles en desuso. Esta iniciativa será analizada en la Comisión de Infraestructura el próximo martes. Si la iniciativa es aprobada, serían 15 comunidades las incluidas durante el presente gobierno.

Las inclusiones de las comunidades se realizan mediante reformas a la “Ley especial para la legalización de calles, tramos de calle, carreteras, de derechos de vía y antiguos derechos de vía declarados en desuso y desafectados de uso público”.

Hacemos un llamado a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a que coloque en agenda esta solicitud de beneficio para 1, 500 personas residentes en la comunidad 2 de Noviembre, Tonacatepeque. pic.twitter.com/fXxYTNe8sW

— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) November 29, 2023

El Ministerio de Hacienda ha solicitado una reforma presupuestaria para incorporar fondos de préstamos, $5 millones para ampliar y rehabilitar seis centros escolares y $3 millones para los diseños finales de mercados de Santa Tecla y La Libertad.

Los fondos serían incorporados a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) que se encargaría de las obras.

Ambos fondos provienen de distintos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): uno de $150 millones para el «Programa de trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático», aprobado el 21 de octubre de 2025; y el otro por $170 millones para el «Programa integral de regeneración urbana y revitalización sostenible de los mercados municipales en Santa Tecla y La Libertad», aprobado el 18 de diciembre de 2025.

El Estado deberá pagar el primer crédito en un plazo de 25 años con 5.5 años de gracia, el préstamo para los mercados también tiene un plazo de 25 años, con 5.5 años de gracia.

Según el proyecto de decreto, los $5 millones se usarían en obras de «demolición y desmontaje de infraestructura existente, terracería, reforzamiento estructural, sustitución de techos, adecuación de áreas exteriores, entre otros», así como gastos administrativos, para la «ampliación y rehabilitación» en seis escuelas de «diversas zonas del país».

Así mismo, se destinarían $3 millones para los diseños finales de los mercados de Santa Tecla y La Libertad y su respectiva supervisión, la contratación de consultorías para apoyo integral de micro y pequeños comerciantes, el fortalecimiento de capacidades institucionales y financieras municipales, y gastos administrativos para conformar la unidad ejecutora del proyecto y su funcionamiento.

Ambos fondos, provenientes de distintos préstamos del BID, serían depositados al presupuesto de la DOM.

Según la propuesta del préstamo que se destinará a la construcción de los mercados de Santa Tecla y La Libertad, el programa se ejecutaría en cinco años, con desembolsos del 2 %, 25 %, 31 %, 29 % y 13 % cada año.

La Asamblea Legislativa reformó la Ley especial de estadísticas y censos, que rige la actividad estadística y censal de El Salvador, para introducir los conceptos de «ronda censal» e incluir las encuestas encargadas por el presidente de la República dentro de la categoría de «encuestas especiales».

En la «ronda censal» siempre fueron incluidos los censos nacionales, de población y vivienda, económico, agropecuario; en esta categoría fueron agregados el de pesca y Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Antes, la categoría solo era definida como «censos nacionales».

El artículo 2 de la ley define los rubros estadísticos de la función estadística y censal que funge el Banco Central de Reserva (BCR) en El Salvador.

La categoría de «estadísticas continuas» no fue modificada y siempre se incluyeron las sociodemográficas, género, salud, educación, culturales, empleo, previsión social, distribución del ingreso y costo de la vida, entre otras, así como las reguladas en la ley del BCR.

También, de las encuestas continuas fueron suprimidas las «encuestas especiales», las cuales no eran definidas y siempre quedaron como encuestas continuas las «sociales, demográficas, económicas, de precios, entre otras».

Dentro de las categorías, se introdujo el literal «e» de «encuestas especiales» que se definirán así: «en esta categoría se incluyen las encuestas solicitadas por el presidente de la República, así como otras que sean identificadas por el BCR y las requeridas por otras instituciones, por su relevancia para la formulación o evaluación de políticas públicas, que no estén comprendidas en los rubros anteriores. Estas últilas requerirán la declaración de interés previa por el Consejo Directivo del BCR».

Argumentó, primero, que la «ronda censal» es un término técnico estadístico internacional.

Según el BCR, “las encuestas especiales se han venido ejecutando» pero ahora necesitan que quede «específicamente detalladas en la ley».

Del artículo 14 de la ley actual, aprobada en 2023, ya se consideraba que el BCR podía realizar “encuestas nacionales que sean de interés general solicitados por el presidente de la República”, dicha disposición fue suprimida.

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto estatal de 2026 para trasladar $25,758,332 de dos instituciones disueltas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes (INABVE). Un total de $24.9 millones sería para el pago de pensiones que otorga el Estado a un grupo de personas adultas mayores y personas con discapacidad.

El Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam) fueron disueltos en noviembre de 2025.

Los fondos se destinan al pago de las pensiones a personas con discapacidad amparadas bajo la Ley especial de inclusión de las personas con discapacidad y el pago de la pensión no contributiva para los adultos mayores según la Ley especial para la protección de los derechos de la persona adulta mayor.

De los fondos se destinarán $346,537 a la supervisión y vigilancia del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, $517,880 para protección y promoción de derechos a adultos mayores.

Un total de $24,983,915 serían destinados a pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad.

La ley de inclusión de personas con discapacidad se aplica a “todas las personas con discapacidad que se encuentren en el territorio salvadoreño”. Esta normativa, en su artículo 75 establece que “el Estado asignará una pensión universal diferenciada a dichas personas a fin de asegurarles una vida plena y digna”, por medio de una “evaluación de su discapacidad realizada por el Ministerio de Salud”.

La normativa indica que en ningún caso el acceso a un puesto de trabajo de la persona con discapacidad beneficiaria de esta pensión implicará su reducción o restricción al goce de la misma. Esta ley fue aprobada el 22 de junio de 2020, la cual derogó la Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad de mayo de 2000.

Mientras, la ley para la protección de los adultos mayores, aprobada en enero de 2021, ampara a personas de 70 años o más, para quienes establece el derecho a gozar de una pensión, contributiva o no contributiva.

Con 59 votos, incluidos dos votos de Vamos y Arena, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un decreto que autoriza la transferencia de 101 inmuebles del Fondo Social para la Vivienda al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para entregarlos a “familias con necesidad de vivienda o para establecer instituciones de utilidad pública”.

Los inmuebles están ubicados en Sonsonate, Santa Ana, San Vicente y San Salvador, tienen diferentes áreas y están ubicados en colonias como Valle del Sol de Apopa, Ciudad Futura de Cuscatancingo, Lotificación El Tránsito de Ciudad Delgado, San Luis Mariona de Cuscatancingo, en San Salvador; colonias como residencial La Fortuna y Santa Eugenia Altos 1 de Sonsonate, en Urbanización Las Américas de Metapán, en Santa Ana; y colonia Las Pampas, de Tecoluca, San Vicente, entre otras.

El decreto permitirá que Fonavipo entregue los inmuebles, ya sea en “compraventa, donación, constituir sobre ellos comodato, arrendamiento simple, con o sin promesa de venta o derecho de habitación a título gratuito”.

Fonavipo deberá priorizar “a las familias que en la actualidad ocupan los inmuebles según aplique” pero podrá beneficiar “a familias que cumplan con los criterios de los programas habitacionales que desarrollen para tales efectos”.

El valor de los inmuebles oscila entre los $3,000 hasta los $129,000 según el decreto.

Los beneficiarios que reciban inmuebles donados o subsidios no podrán transferirlo en un plazo de 20 años, excepto a Fonavipo para asignarlo a una nueva familia.

Si la familia es conformada por cónyuges, la escritura deberá estar a favor de ambos en proindivisión o del cónyuge que viva con los hijos.

Estos son los 101 inmuebles que serán transferidos a Fonavipo para familias necesitadas de vivienda o entidades de utilidad pública

Sonsonate:
-Lote de 67.31 metros cuadrados valorado en $8,600 en residencial La Fortuna, San Antonio del Monte.
-Lote 40 de residencial Santa Eugenia Altos 1, 50 metros valorado en $17,600.
-Residencial Santa Eugenia Altos 1, lote 23, 50 metros cuadrados valorado en $15,841.83.
-Tres lotes en lotificación San Emilio II, cada uno de 240 metros cuadrados, valorados en $129,000.

Santa Ana:
-Urbanización Las Américas, lote 3, Metapán, 50 metros cuadrados, valorado en $20,700.
-Cantón Loma Alta, lotificación Panamá, área 386.28 metros cuadrados, $16,700.
-Apartamento 37, block B, condominio residencial San Lorenzo, 34.31 metros cuadrados, $13,100.
-Residencial Bella Vista 1, Santa Ana, $10,500.
-San Juan III, San Sebastián Salitrillo, 235 metros cuadrados, $12,800.
-Urbanización Las Américas II, 42.50 metros cuadrados, $8,500.

San Vicente
-Cantón San Isidro, Tecoluca, 21,000 metros cuadrados. $21,500.
-Colonia Las Pampas, cantón el Carau, Tecoluca, 930.07 metros cuadrados, $13,307.40.
-Colonia Las Pampas, 984.47 metros cuadrados, $14,085.80
-Cantón El Carao, 586.49 metros cuadrados, $10,069.90.
-Lote 9, cantón El Carao, 1,041.08 metros cuadrados, $14,895.80.
-Lote 8, colonia Las Pampas, 1,079.05 metros cuadrados, $15,396.10.
-Colonia Las Pampas, 1,145.78 metros cuadrados, $16,393.80.
-Colonia Las Pampas, 985.51 metros cuadrados, $14,100,70.
-Colonia Las Pampas, 1,267.72 metros cuadrados, $18,138.50.
-Colonia Las Pampas, 1,340.51 metros cuadrados, $23,016.
-Colonia Las Pampas, 656.77 metros cuadrados, $11,276.52.
-Colonia Las Pampas, 579.21 metros cuadrados, $9,944.76.

San Salvador
-Lotificación Tikal Norte, Apopa, 61.70 metros cuadrados, $18,900.
-Lotificación Tikal Norte, Apopa, 72.73 metros cuadrados, $9,000.
-Residencial Miramundo, Apopa, 55 metros cuadrados, $16,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.87 metros cuadrados, $4,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.14 metros cuadrados, $11,700.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 74.90 metros cuadrados, $23,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 59.87 metros cuadrados, $13,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 69.81 metros cuadrados, $15,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.33 metros cuadrados, $13,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 59.95 metros cuadrados, $12,000.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 144.96 metros cuadrados, $18,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.14 metros cuadrados, $11,700.

-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.49 metros cuadrados, $16,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 56.08 metros cuadrados, $3,000.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 72.78 metros cuadrados, $12,800.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 57.50 metros cuadrados, $16,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 53.39 metros cuadrados, $14,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 75.54 metros cuadrados, $24,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 58.21 metros cuadrados, $21,900.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 57.21 metros cuadrados, $11,200.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 66.60 metros cuadrados, $4,500.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 86.73 metros cuadrados, $31,400.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.85 metros cuadrados, $13,800.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.45 metros cuadrados, $21,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.86 metros cuadrados, $19,400.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.58 metros cuadrados, $8,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 78 metros cuadrados, $24,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 59.81 metros cuadrados, $16,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 58.99 metros cuadrados, $15,700.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 72.80 metros cuadrados, $23,000.
-Urbanización Santa Teresa, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,500.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,200.
-Proyecto habitacional Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,300.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $12,900.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,600.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $5,100.

-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,800.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $12,600.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,700.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $5,100.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,100.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,600.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $14,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,400.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,300.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,900.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $10,800.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $10,200.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,200.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,700.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,700.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,200.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,900.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,100.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,200.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 52.50 metros cuadrados, $16,700.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 52.50 metros cuadrados, $8,000.

-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,200.
-Urbanización Brisas del Norte, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,200.
-Urbanización Los Ángeles, Apopa, 26.88 y 5.16 metros cuadrados, $9,700.
-Urbanización Los Ángeles, Apopa, 26.88 y 5.16 metros cuadrados, $18,400.
-Condominio Las Terrazas, Ayutuxtepeque, 30.45, $27,800.
-Condominio Las Terrazas, Ayutuxtepeque, $21,900, 30.45 metros cuadrados.
-Comunidad Finca Argentina II, 60 metros cuadrados, $7,000.
-Condominio Reparto Nuevo Cayala, 38.61 metros cuadrados, $15,500.
-Cantón El Pino, Ciudad Delgado, 236.50 metros cuadrados, $8,200.
-Lotitificación El Tránsito, 105 metros cuadrados, $12,100.
-Cantón San Luis Mariona, 107.88 metros cuadrados, $5,100.
-Lotificación La Paz, 156.14 metros cuadrados, $6,400.
-Urbanización Ciudad Futura, 60 metros cuadrados, $9,100.
-Urbanización Ciudad Futura, 60 metros cuadrados, $10,700.
-Urbanización Ciudad Futura, 60 metros cuadrados, $10,700.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $10,700.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $20,800.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $11,500.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $10,500.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $10,800.