Autor: Yolanda Magaña

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la autorización de un préstamo de $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se usarán en 400 quioscos dispensadores de medicamentos y el fortalecimiento de la plataforma de consultas médicas por videollamadas “DoctorSV”.

Según la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, “todos los lugares de asistencia médica” se descongestionarán con este proyecto. “Es un gran paso de cómo la tecnología puede mejorar los servicios públicos”, dijo.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que no se pueden negar las necesidades en insumos y medicinas en los centros de salud, por lo que pidió votar para que $20 millones de estos $75 millones se reorienten al Ministerio de Salud Pública. No tuvo apoyo.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró esperan ratificar lo más pronto posible el préstamo “para que continúe DoctorSV” y que, si no tuvieran 57 votos, el DoctorSV “estuviera en una discusión en esta Asamblea Legislativa como hicieron “todos los gobiernos anteriores antes de 2021”. “Eso se acabó, señores”, expresó.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra de la autorización, cuestionó la falta de transparencia en la ejecución de DoctorSV. Preguntó quién administra los contratos, dónde están esos proveedores, quién audita la compra de medicinas, quién audita la prestación de servicios de salud que se han tercerizado y por qué se usan préstamos para un proyecto que debería ser financiado con el presupuesto.

“No estamos atacando los avances, estamos haciendo preguntas. No vemos con buenos ojos aprobar préstamos donde no hay transparencia, ¿cuál es la garantía?, puras palabras bonitas”, dijo.

El préstamo incluye 400 quioscos dispensadores de medicamentos en puntos considerados estratégicos y el fortalecimiento de la plataforma para realizar 30,000 consultas diarias y beneficiaría a “4.5 millones de salvadoreños”, fortalecer la plataforma de telemedicina y para capacitar al personal en la digitalización de salud.

El primer préstamo para DoctorSV, también otorgado por el CAF, ascendió a $77 millones y fue aprobado en 2023 bajo el título “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”.

Ambos préstamos, tanto el de $77 millones aprobado en 2023, como el de $75 millones autorizado este miércoles, tienen como plazo de pago 18 años.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, defendió este miércoles la habilitación de la reelección continua e indefinida en El Salvador, calificándola de un pacto democrático con la población y, además, manifestó que si el presidente Nayib Bukele no se postula «defraudaría al pueblo».

“Ese es un pacto que, si no lo entendemos dentro de la dinámica de las sociedades democráticas, donde los pueblos toman las decisiones de manera libre, directa, democráticamente, de manera segura, como han sido todas estas elecciones”, aseveró durante una tribuna organizada por Efe en Casa América, en Madrid, España.

Ulloa aseguró que, primero, Bukele y él “optaron para competir en un segundo mandato”, pero que no podía ser electo para un tercer mandato pero que posteriormente el artículo 152 “fue reformado para permitir que haya reelección continua”.

“Porque Bukele ya no podía ser electo para un tercer período porque ese artículo solo permitía primero y segundo mandato. Entonces, si él quería continuar a un tercer mandato, tenía que reformar ese artículo, de hecho, lo reformó la Asamblea y ahora él puede presentarse para un tercer o un cuarto”, indicó en la rueda de prensa.

“¿Y se va a presentar?”, preguntó una periodista.

“Eso ya no sé. Me imagino que sí, si no, defraudaría al pueblo”, respondió el vicegobernante, quien aún no ha confirmado si buscará la reelección en las elecciones de medio periodo que fueron establecidas para el 28 de febrero de 2027 como parte de una reforma que pasó el periodo presidencial a seis años.

Ulloa señaló que, cuando el presidente Bukele “decidió que se iba a meter para el segundo mandato, salió electo con el 85% de la población de los votos en El Salvador y con el 98% de los votos en el exterior” y que, “sabiendo que él no podía ir a un tercer mandato, se hizo la consulta, los diputados dijeron ‘tenemos que quitar este candado constitucional’ para que el poder lo pueda seguir”.

Luego, calificó esto como un “do ut des”, una máxima latina que quiere decir «Te doy para que me des». “El pueblo le dio a Bukele en 2019 la oportunidad de gobernar. Ganó en primera vuelta con 54% de los votos. Derrotó los dos partidos que habían gobernado Arena 20 años, el FMLN 10 años con todos los recursos. Bukele, solo con la voluntad del pueblo, pero se le dio, él ofreció que iba a hacer cosas para el pueblo. En el 2021, le dio la mayoría absoluta para poder tomar decisiones. La tercera, que es esta, es porque el pueblo dice ‘tú nos estás dando lo que yo quiero, entonces, te voy a dar otra oportunidad”, fue su explicación sobre ese pacto.

“Entonces, decidimos hacer estas modificaciones constitucionales para abrir las puertas de que se pudiera hacer, primero, un segundo periodo y ahora, toda vez que el pueblo lo reelija”, expresó.

En su propuesta de reformas constitucionales coordinada por el vicepresidente Ulloa en una comisión ad hoc, no se planteó la reelección presidencial indefinida. El proyecto señaló que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la Presidencia deberá dejar de transcurrir por lo menos un período de tiempo equivalente a su mandato presidencial”. El documento con las propuestas de reforma fue entregado al presidente Bukele el 15 de septiembre de 2021.

La Asamblea Legislativa habilitó la reelección presidencial indefinida el 31 de julio luego de una reforma constitucional.

El acuerdo entre la República de El Salvador y los Estados Unidos sobre comercio recíproco fue publicado en el Diario Oficial de El Salvador del sábado 8 de febrero de 2026, como un acuerdo del Ministerio de Economía.

El acuerdo, que aún no ha sido aprobado como decreto legislativo sino como acuerdo ejecutivo, establece que Estados Unidos aplicará una tasa arancelaria recíproca revisada a los bienes originarios de El Salvador, eliminando el arancel del 10 % que había establecido la administración Trump desde abril de 2025 a importaciones de diversos países.

A través del convenio, que según Estados Unidos formaría parte del tratado comercial de Estados Unidos con la región, CAFTA-DR, que inició su vigencia el 1 de marzo de 2006, da acceso no discriminatorio a productos agrícolas de Estados Unidos.

El Salvador se comprometió a no imponer impuestos a servicios digitales estadounidenses, a facilitar el comercio digital con Estados Unidos y a cooperar con los Estados Unidos en la regulación del comercio de tecnologías y bienes sensibles para la seguridad nacional.

También, obliga a El Salvador a proporcionar una legislación sólida de propiedad intelectual, sistemas de observancia civil, penal y en frontera para los derechos de propiedad intelectual, incluido del entorno digital, y referidos a los derechos de autor y marcas comerciales.

Además, el acuerdo también facilita la inversión estadounidense para explorar, realizar actividades mineras, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos, así como a la generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura. Establece condiciones “no menos favorables” que las otorgadas a los propios inversionistas de El Salvador y regula dichas inversiones de conformidad con el CAFTA-DR.

En cuanto a la energía nuclear, contempla el compromiso de adquirir cualquier reactor nuclear, barras de combustible o uranio solo de países que no representen un riesgo para la seguridad nacional.

Durante el año 2024 la Asamblea Legislativa aprobó legislación que abre las puertas a la generación de energía nuclear y a la minería metálica en El Salvador.

La empresa Radio Comunicaciones (Radiocomp), S.A. de C.V. sería una de las que proveerá el suministro y la instalación de cámaras de videovigilancia para las unidades de transporte colectivo en El Salvador.

El contrato “Suministro de instalación de sistema integral de videovigilancia para el sistema de transporte colectivo de El Salvador” fue adjudicado el 13 de febrero por $19.2 millones.

Según el sitio de compras públicas Comprasal, Unidad del Programa BCIE-2244 adjudicó el contrato con un monto planificado y certificado de $19,964,786 y una duración prevista del contrato por 547 días, un año y medio o 18 meses. El beneficiario final de la adjudicación es Víctor Adán Quijada Martínez.

En el proceso de adquisición, hubo 32 oferentes, entre estos BTECH, Grupo Fod (Fares Co), Construcciones Aldesem, S.A. de C.V.; Aldesa Consstrucciones, ACISA; Globalcom El Salvador, S.A. de C.V.; DPG, S.A. de C.V.; Telemovil, GTA Telecom México, Suzhou Hengrun, Movistar, Air Technology, entre otros.

De acuerdo con el aviso de adjudicación de la Dirección Nacional de Compras (Dinac), publicado el 27 de enero de 2026, la adjudicación se otorgó al consorcio (APCA) “Dispositivos electrónicos de transporte público 2025 – Radio Comunicaciones, S.A. de C.V -Bolide”. Radiocomp, matriculada el 24 de enero de 2008 según el Centro Nacional de Registros, anteriormente ha distribuido equipos de radiocomunicación de marca china Hytera.

Según este aviso, la APCA Busmatick Kalan Colosal DC El Salvador ofrecía el contrato por $18.6 millones; sin embargo, en el aviso se detalló que no cumplió con criterios de experiencia y especificaciones técnicas y servicios conexos.

La adquisición consiste, según la publicación de la Dinac, en cámaras de videovigilancia, unidades MDVR, sistemas GPS, botones de pánico y componentes del centro de monitoreo, condiciones del servicio de la instalación en los vehículos de transporte público colectivo y adecuaciones necesarias en el centro de monitoreo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

El Viceministerio de Transporte (VMT) del MOPT anunció, hace una semana, la instalación de cámaras y GPS en más de 9,000 unidades de transporte público. Según las bases de licitación, cada unidad de transporte tendría cuatro cámaras y se requerirían cámaras para 5,000 paradas de buses con capacidad de visión nocturna, tres botones de pánico por unidad de transporte, un botón de pánico por cada poste en las paradas de buses, según las bases de licitación publicadas con el primer aviso, el 31 de julio de 2025.

El sistema integral de videovigilancia se financía con el convenio de préstamo 2240 denominado “Programa de modernización y desarrollo institucional para la protección ciudadana”, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Se trata del préstamo 2240 por $109 millones que originalmente era destinado al “Programa de modernización de las instituciones de seguridad ciudadana en el marco del financiamiento del Plan Control Territorial en su fase III” y cuya falta de aprobación el 9 de febrero de 2020 provocó la incursión de militares en la Asamblea Legislativa cuando el presidente Nayib Bukele ingresó al Salón Azul. Este préstamo fue modificado el 20 de agosto de 2024.

El préstamo fue aprobado el 6 de julio de 2021 y sirvió también para financiar equipo e infraestructura para la atención sanitaria a personal de la Policía Nacional Civil y Ministerio de Defensa y sus beneficiarios.

La vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira, declaró en redes sociales que El Salvador está comprometido con “una agenda de desarrollo fortalecida” por el “trabajo conjunto” con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La funcionaria reaccionó así a la información que posteó el PNUD sobre la intervención de la embajadora ante las Naciones Unidas, Egriselda López, en la reunión de las Juntas Ejecutivas del PNUD y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), en Nueva York, en diálogo con el administrador del PNUD, Alexander de Croo.

La representante de El Salvador «valoró la cooperación» que proporciona esta entidad de las Naciones Unidas y destacó «la importancia del pilar digital como herramienta para impulsar la modernización, la inclusión y la resiliencia».

Gutiérrez, según el PNUD, subrayó «la necesidad de fortalecer alianzas y diversificar fuentes de financiamiento para promover un desarrollo sostenible más sólido y equitativo».

El PNUD aseveró, el 13 de febrer pasado, que la participación de El Salvador «refuerza su compromiso con la cooperación multilateral y con la agenda de desarrollo sostenible» y consolida al PNUD como «un aliado estratégico y eslabón clave» de El Salvador hacia un futuro más «inclusivo».

Recientemente, el administrador del PNUD, Alexander de Croo, dijo en la primera sesión anual de la Junta Ejecutiva del PNUD que esta entidad de las Naciones Unidas «mantuvo la ejecución de proyectos a pesar de un entorno de financiación excepcionalmente limitado y en deterioro en todo el sector del desarrollo».

Aseveró que el PNUD «prevé nuevos recortes drásticos, del 11 %, en su financiación básica «ya escasa» pero advirtió que el PNUD «se adaptará pero no retrocederá».

«La primera prioridad es volver a situar el desarrollo en el centro de la toma de decisiones a nivel mundial. La agenda geopolítica actual se caracteriza por los conflictos y el extremismo», indicó. La Junta Ejecutiva del PNUD es el órgano rector que supervisa las actividades del PNUD, UNFPA y la UNOPS.

Según el documento Programa País 2022-2026, tomado en acuerdo con el gobierno de El Salvador, en 2022, el PNUD centraría sus prioridades en contribuir a la inclusión mediante la reducción de la pobreza multidimensional y las desigualdades, la resiliencia mediante la adaptación al cambio climático y su mitigación; la productividad, sobre la base de «una gobernanza eficaz», el «fortalecimiento del Estado de Derecho», la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, se reunió con el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, durante su visita oficial en Madrid, para dialogar sobre las expectativas y preparativos de la XXX Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 2026.

La Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026 bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo” y buscar aprobar el IV Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa reafirmó la importancia que el Gobierno de El Salvador otorga a la Cumbre Iberoamericana y a la participación activa del país en sus distintos espacios. Señaló que la transformación que vive la nación no solo se limita al ámbito de la seguridad, sino que también ha sido la base de este proceso; además, se refleja en sectores como el turismo, la infancia, la juventud, el desarrollo urbano y otras áreas clave para el desarrollo integral del país.

Según el comunicado de la Vicepresidencia, el secretario general habló del liderazgo de El Salvador “en la región iberoamericana” en los temas de seguridad ciudadana y crecimiento económico.

“Destacó que el país se ha convertido en un referente regional y subrayó la importancia de que su experiencia en materia de seguridad pueda ser compartida con otras naciones iberoamericanas, alentando al país a asumir un mayor protagonismo en este tema a nivel regional”, señala el comunicado.

Allamand habría destacado la oportunidad de que El Salvador fortalezca su posicionamiento en el Foro Empresarial, el Foro Parlamentario y el Foro de Gobiernos Locales en el marco de la Cumbre.

El IV Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (IV PACCI) es un documento estratégico que guiará acciones de cooperación de los 22 países iberoamericanos durante cuatro años a partir de 2026.

Los ejes estratégicos del plan 2023-2026 son: sistema de cooperación, cohesión social, conocimiento, género, cultura y diversidad cultural, medio ambiente, justicia, innovación pública y ciudadana, desarrollo sostenible y transformación productiva.

La Cooperación Iberoamericana busca contribuir al desarrollo sostenible de la región con acciones que promuevan el “cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos”.

Una delegación de la Dirección de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se encuentra de visita en El Salvador para analizar los proyectos de cooperación en ejecución.

La embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal se reunió con la delegación de la Cooperación española, informó la oficina diplomática.

Los datos de la Embajada detallan que en 2023 donó $47.7 millones en cooperación, siendo la cifra más alta desde 2020, año en que alcanzó los $47.8 millones. En 2022, la Embajada, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) reporta una cooperación de $42.3 millones en 2023.

En octubre de 2025, Cancillería informó en su “Plan Operativo 2025” de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), que proyecta concretar una cooperación de $178 millones en el año. La concreción de la cooperación es la cooperación acordada con los cooperantes, ya que los desembolsos usualmente se realizan años después de la concreción oficial de la cooperación.

El Salvador y la Unión Europea realizaron en febrero su segundo diáloogo político como una renovación de las relaciones con El Salvador; la UE y Centroamérica tienen un Acuerdo de diálogo político y cooperación desde 2012 que los comprometió a un diálogo periódico de temas como integración, pobreza, derechos humanos, democracia, buena gobernanza y lucha contra la corrupción.