Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa ratificó, en una segunda sesión plenaria de este mismo martes, dos reformas a la Constitución de la República para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otra para eliminar el mínimo de presupuesto que debe recibir el Órgano Judicial.

Los diputados completaron las dos reformas constitucionales en menos de siete horas, en un proceso que inició poco después de las 12 del mediodía y concluyó a las 6:55 p.m. de este martes.

Casi a las 6:00 de la tarde, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que tenía en su poder las constancias de publicaciones del Diario Oficial de los acuerdos de reforma constitucional número 4 y 5, sobre las reformas a los artículos 208 y 172 de la Constitución, respectivamente. Por ello, solicitó introducir la ratificación de ambas reformas constitucionales aprobadas al inicio de la tarde de este mismo martes.

La dispensa de trámites y la ratificación de la reforma constitucional al artículo 208, sobre el TSE, fue aprobada con 57 votos y 3 en contra, de Arena y Vamos.

La primera reforma indica que los cinco magistrados del TSE “durarán seis años en sus funciones” y ya no cinco años. Transitoriamente el periodo de los actuales magistrados del TSE iniciado el 26 de septiembre de 2024 y que concluía el 1 de julio de 2029 “finalizará anticipadamente el 1 de julio de 2027, con el propósito de lograr una sincronía temporal con el periodo para el que resulte elegido el presidente y vicepresidente de la república”.

La segunda reforma constitucional ratificada elimina la disposición que ordenaba que el Órgano Judicial debía recibir al menos el 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. Esa disposición, del artículo 172, fue sustituida por: “El Órgano Judicial dispondrá anualmente, según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.

Las reformas fueron calificadas de inconstitucionales e ilegítimas, además de que señalaron que no queda garantía para la independencia judicial.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que las reformas no están publicadas materialmente en el sitio web del Diario Oficial ya que el último Diario Oficial publicado es del 10 de diciembre.

«No es válido hacer una ratificación de los acuerdos aprobados en este mismo día. Eso solo es en tema de procedimiento. ¿Cuál es la prisa?, ¿cuál es el miedo?», exclamó Ortiz. Consideró que este cambio es «inconstitucional, ilegítimo e ilegal».

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el mecanismo de ratificación de las reformas constitucionales permitido con el nuevo artículo 248 reformado por Nuevas Ideas que habilitó la reforma constitucional en una sola legislatura.

«Nosotros como Asamblea Legislativa, según la Constitución y porque fuimos electos por el pueblo salvadoreño de manera directa, tenemos facultades para proponer un acuerdo de reforma constitucional como para ratificarlo en este mismo periodo siempre y cuando se cumplan con los requisitos del artículo 248», indicó Callejas.

Callejas también defendió la reforma que extiende el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para homologarlo al periodo presidencial.

La diputada Ortiz indicó que Callejas «no ha respondido» a su observación sobre la falta de publicación en el Diario Oficial. «La publicación y no solo el mero acto formal, sino la publicación efectiva, es un requisito indispensable para que este proceso de reforma constitucional sea legítimo y sea legal», indicó.

En respuesta, Callejas enfatizó en que se «ha y se está cumpliendo» con la Constitución ya que han visto la certificación del Diario Oficial y por la legitimidad que la población les ha dado.

En la votación de la ratificación del segundo acuerdo constitucional, la diputada Ortiz insistió en que el proceso de reforma constitucional aprobado este 16 de diciembre «es inconstitucional» y que «no es algo inocente».

«Alteran el diseño básico de un Estado de derecho, alteran definitivamente  un sistema donde existen pesos y contrapesos al poder político, y hace que El Salvador avance hacia una peligrosa concentración de poder», indicó Ortiz.

Según la diputada de Vamos, los inversionistas en El Salvador que entren en una disputa con el Estado «estarán sometido a un juez que puede tener el temor de no fallar con base al derecho porque a la vuelta del año siguiente su plaza puede ser suprimida por recortes presupuestarios».

Una segunda reforma constitucional impulsada este martes por la Asamblea Legislativa eliminará de la Carta Magna la asignación mínima del 6 % de los ingresos corrientes del presupuesto estatal a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Órgano Judicial.

“El Órgano Judicial dispondrá anualmente según las necesidades razonables que dicha institución presente de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”, será el nuevo inciso cuarto del artículo 172 de la Constitución.

El acuerdo de reforma fue presentado este martes por la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas; fue introducido en agenda de la plenaria con 56 votos, su dispensa de trámite fue aprobada con 57 votos y, a las 3:31 de la tarde, fue aprobado con 57 votos. Los tres diputados de oposición votaron en contra.

La reforma requiere una ratificación en la misma legislatura con 45 votos, una votación que se prevé realizarán este mismo día, ya que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cerró la sesión plenaria y convocó a una nueva a las 4:30 p.m.

“Un Estado pequeño necesita ser eficiente, ser moderno y necesita responder a las diferentes necesidades que los salvadoreños tienen”, argumentó Rivas, al presentar la iniciativa.

“Han existido diferentes reordenamientos en otras instituciones del Estado. Hay algunas instituciones que por su naturaleza necesitan más recursos que otras instituciones”. Alexia Rivas (Nuevas Ideas).

El proyecto, leído por la diputada Elisa Rosales, asevera que las Constituciones «no son leyes eternas» y que los Estados «procuran alcanzar el ideal aristotélico de dar a quien lo que le corresponda», así como que «existen otras áreas que tienen una importancia aún mayor» como salud, seguridad pública y educación.

Condicionarán la justicia: Vamos

Para la diputada Cesia Rivas, de Vamos, la reforma «solo confirma que no existe la independencia de poderes».

Esto es grave, por esa separación de poderes y por la independencia judicial porque hoy con el presupuesto van a venir a condicionar procesos y justicia. Cesia Rivas (Vamos).

Rivas agregó que los tribunales de familia y de lo laboral “no dan abasto”. “Solo ustedes saben su verdadera intención. Porque con discurso de ahorrar le quitaron el Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social) a las alcaldías pero a las horas de las horas los que tienen más terrenos allá en el CNR (Centro Nacional de Registros) ya sabemos quiénes son, el ahorro forzoso es el del pueblo… Porque vaya que están haciendo magia”, criticó.

«Un equilibrio»: NI

Los diputados de Nuevas Ideas afirmaron que no están subiendo ni bajando el presupuesto del Órgano Judicial.

Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que la reforma «responde a un enfoque moderno de gestión pública» sin montos fijos, sino «basadas en resultados, en necesidades reales». «Buscamos garantizar el mejor uso del dinero del pueblo salvadoreño», indicó. Y el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, aseguró que la plenaria de este 16 de diciembre «está transformando el país».

«Estamos generando un equilibrio, una planificación estatal y una asignación no automatizada. Aquí no estamos ni disminuyendo ni bajando, simplemente de acuerdo a esos principios y de razonabilidad se les va a permitir para que la Corte Suprema de Justicia siga trabajando». Walter Coto (Nuevas Ideas).

Coto aseguró que, de esta manera, están poco a poco cambiando las cláusulas pétreas de la Constitución.

«¿Solo ustedes van a quedar con ese privilegio?»

La diputada Cesia Rivas respondió que «no es cierto» que solo el Órgano Judicial tenga beneficios en su presupuesto, ya que la Asamblea Legislativa puede definir su propio presupuesto sin que el Ministerio de Hacienda intervenga.

«¿Van a hacer eso de homologar, armonizar, con los demás órganos de Estado o solo ustedes van a quedar con ese privilegio?», cuestionó a Nuevas Ideas.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, añadió que ese 6 % asignado al Órgano Judicial no viene de la creación constitucional sino que tras los Acuerdos de Paz de 1992 se buscaba «una real independencia de la Corte Suprema de Justicia» con respecto a los diputados y la Presidencia de la República.

La modificación se hace al artículo 172 de la Constitución, que actualmente establece: «El Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado». El Órgano Judicial tuvo un presupuesto de $492.3 millones para el año 2025 y proyectó un presupuesto de $533.4 millones para 2026.

La Asamblea Legislativa inició la tarde este martes el proceso de reforma a la Constitución de la República para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a raíz de una reforma constitucional aprobada en julio que extendió los periodos presidenciales de cinco a seis años.

La iniciativa, propuesta después del mediodía por la diputada Dania González, fue firmada en el pleno legislativo por el resto de diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, y su acuerdo constitucional fue votado casi a las 1:53 de la tarde.

La reforma se realiza en el inciso primero del artículo 208 de la Constitución de la República e incluye una modificación transitoria que acorta también el periodo actual de los magistrados del TSE de cinco a tres años.

Para Nuevas Ideas, esta reforma busca «homologar» los tiempos de las elecciones presidenciales con los periodos de los magistrados del TSE. Para los diputados Arena y Vamos, es un «abuso» para la «perpetuación del poder» del gobierno actual.

La Constitución señala actualmente que los magistrados del TSE se eligen con tres ternas de los partidos “que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial” y otras dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que su periodo dura cinco años.

La reforma obedece a la reforma constitucional aprobada el 31 de julio, día en el que la Asamblea habilitó la reelección presidencial indefinida, alargó el periodo presidencial a seis años para hacer coincidir las elecciones presidenciales con las municipales y legislativas. Esta reforma también adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2027.

La reforma rápida constitucional es posible en El Salvador luego de que la Asamblea reformara el artículo 248 de la Constitución, que exigía las reformas constitucionales en dos legislaturas diferentes. Ahora, puede ser ratificada por la misma legislatura si tienen 45 votos (tres cuartas partes) y por la siguiente con dos tercios. La dispensa de trámites de la iniciativa fue aprobada a las 13:12 p.m. con 57 votos.

Es para «sincronizar» dice Nuevas Ideas

La iniciativa, con fecha 15 de diciembre de 2025, defiende la modificación de las Constituciones para “armonizar la realidad política con la realidad normativa” y que la realidad política es “esencialmente mutable”.

La diputada Dania González aseguró que “en palabras sencillas” los diputados están aprobando una reforma para “unificar” las elecciones de presidente junto con las elecciones de diputados y concejos municipales, y con los tiempos de los magistrados del TSE.

“En este preciso caso estamos homologando los tiempos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los tiempos que actualmente tienen no coinciden con este calendario electoral”. Dania González (Nuevas Ideas).

El diputado Raúl Chamagua, del mismo partido, aseguró que la reforma busca «homologar» o «sincronizar» los periodos del TSE con los presidenciales.

«Con la reforma estamos homologando los plazos del periodo. Simple y sencillamente eso, no se cambia ningún proceso. Lo único que se hace es acoplar el periodo de los magistrados del TSE al tiempo que ejecuta el presidente de la República que sea electo en el momento», dijo. Agregó que cuando las instituciones están sincronizadas todos ganan.

«Como papel higiénico»

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó el uso de los periodos vacacionales para cambiar la Constitución y recordó que en el periodo navideño de 2024 se aprobó la Ley de Minería. Aseguró que la Constitución está siendo “pisoteada» y usada como papel higiénico. “Tienen un problema bien grave, se creen constituyentes”, aseveró.

“Aquí la verdad es que ocupan las vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuese un trozo de papel higiénico”. Marcela Villatoro (Arena).

Villatoro también puso en duda la credibilidad de los magistrados del TSE: “Aquí parecería que ustedes ya tienen los resultados… Aquí parecería que todos están bajo una misma guía y bajo una misma señal (…) De árbitros no tienen nada. Si el partido ya lo tienen pitado”, expresó.

Agregó que con esta reforma “se les está olvidando el principio de la irretroactividad de la ley” al acortar el periodo del TSE.

Según Villatoro, el argumento de “congruencia cronológica” no tiene que ver con la Constitución: “Sincérense y díganle a la gente que lo que quieren es que continúen sus cheros como magistrados”.

“No vamos a apoyar ninguno de esos engendros que vengan después de esa primera reforma constitucional que ustedes han hecho, que al final de cuentas todo radica en un mismo sentido y es la concentración del poder”, criticó.

La diputada también criticó a Nuevas Ideas por hacer un “show” con una “colita bayunquita” de los legisladores para firmar la propuesta supuestamente de la diputada Dania González.

“No se dejen engañar y póngale coco a las próximas sesiones plenarias. Quien quita que hasta nos quiten los alcaldes, porque solo eso les falta”, dijo, también advirtió que posiblemente habrá “otra reforma constitucional”.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, de Vamos, lo calificó de “vergonzoso y vulgar”. “¿Consultaron a los ciudadanos acerca de esta reforma?”, preguntó a Nuevas Ideas. Atribuyó la reforma al deseo del gobierno actual de «perpetuarse en el poder».

Aquí ustedes hacen lo que quieren, con la excusa de que son los más populares. Lo que están haciendo es abuso de poder. Cesia Rivas (Vamos).

César Ríos, experto en migración, aseveró este martes que las deportaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos “son selectivas y políticas”, ya que “tienen un listado de órdenes de deportación” clasificadas por países.

Ejemplificó que hubo mucha deportación de ciudadanos mexicanos a su país cuando el gobierno estadounidense estaba negociando aranceles con dicho país.

Entrevistado en el programa La Tribu, el experto explicó que las deportaciones son publicitarias, “el ICE lleva hasta cámaras para generar temor y políticas porque tienen que ver con una relación política con los países”, indicó.

Con ello, consideró que “ha sido menos el impacto” de las deportaciones de salvadoreños.

“Aunque ha habido, si lo comparamos con Honduras, Guatemala, México, hay una diferencia grande”, agregó.

Sin embargo, Ríos sugirió esto podría ser resultado “de las buenas relaciones políticas” pero sugirió “poner otros temas en agenda” como la residencia permanente de los amparados bajo el programa de protección de estatus temporal (TPS) que merecen muchos salvadoreños que se han portado bien y han contribuido a la economía estadounidense.

“Esto lo tiene que hacer el presidente en un acuerdo presidente-presidente y después le pasan la pelota a la embajadora y a las otras áreas”, señaló.

Salvadoreños que quieren regresar

César Ríos aseguró que cree que los migrantes salvadoreños que quieren regresar a su país son personas indocumentadas que viven en áreas de mayor persecución en los Estados Unidos y también quienes están en una situación de retiro laboral.

El experto reaccionó a la publicación de la encuesta publicada por el Banco Central de Reserva (BCR), que reveló que el 65 % de los salvadoreños que residen en Estados Unidos tiene intención de regresar a vivir a El Salvador, un incremento respecto al 60.2 % de la encuesta de 2022.

“Habría que hacer un esfuerzo de segmentación de quienes más se quieren regresar. Hay un sector perseguido que vive en una de las áreas de mayor persecución que quieren venirse porque son indocumentados y ya no encuentran oportunidades”. César Ríos, experto en migración.

Por otra parte, agregó que “hay un sector de retiro de nuestra migración que se fue en los años 70, también mayoritariamente quieren regresar”, además de que advierte “algunas inversiones de la diáspora con capacidad de invertir”.

Según la encuesta del BCR, la mayoría de salvadoreños quiere retornar a su país pero no de manera inmediata, ya que el 36 % quiere hacer después de 10 años, 24 % en los próximos 10 años y 21 %, en los próximos cinco años.

El Observatorio y Control Legal Ciudadano prevé que El Salvador se podría alejar poco a poco de los tratados internacionales, a partir del estudio “Leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y su impacto en la sociedad salvadoreña” presentado este martes.

El estudio sostiene que la mayoría de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa tienen carácter económico, fiscal y administrativo.

La organización informó que, durante el año 2025, la Asamblea Legislativa ha aprobado 285 leyes, de las cuales 114 son de derecho administrativo, 68 de derecho tributario fiscal, 26 de derecho constitucional, 11 de derecho económico, entre otras. 

La mayoría de normativas fueron presentadas por el Ministerio de Hacienda (119), Seguridad Pública (27), Asamblea Legislativa (24), presidente de la República (23), Ministerio de Economía (14), entre otras entidades. La organización, además, registró 35 iniciativas presentadas por Vamos y 39 por Arena.

“Como que hubiera un retraso, hay una parte que sataniza los derechos humanos… Eso lo estamos viendo en todos los considerandos, no hay ninguna que no lleve un tratado internacional”, aseguró la abogada Roxana Cardona.

El estudio propone elaborar leyes en otras áreas, respetar tratados internacionales y dar eficacia a los artículos 133, 134 y 135 de la Constitución, así como derogar el régimen de excepción.

Según la jurista, El Salvador se está apartando de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Lo que yo sospecho es que posteriormente se dé la derogación de los tratados internacionales. Poco a poco nos vamos a ir alejando de esos tratados”, indicó.

Cardona aseguró que hay una “hiperproducción de leyes”, que es la mucha producción de leyes de derecho administrativo, lo cual “hace más fuerte la burocracia pero hace más débil la justicia”.

En febrero de 2025, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió una reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada el 12 de febrero y sostuvo que no se estaban violando tratados internacionales. «Hemos sido muy respetuosos de nuestra Constitución, de los convenios internacionales, que velan por los menores de edad y también de nuestras leyes secundarias», dijo.

En esa ocasión, Villatoro citó que las «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores» indican que «los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el que también estén encarcelados adultos» y que el artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño, literal c, indica que «todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece, la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, en particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño y tendrán derecho a tener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visita, salvo en circunstancias excepcionales».

Ese mes, el ministro aseguró que no creen en la «rehabilitación de terroristas independientemente de la edad».

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que empezarán a implementar el sistema de protocolo digital y el uso de la firma electrónica en los libros de protocolo notarial desde el lunes 1 de diciembre.

“Entrará en vigencia este 1 de diciembre, hemos creado la plataforma para que los notarios empiecen a utilizar la tecnología para su presentación de libros de protocolo”, anunció el director de tecnología e información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Heber Mauricio Lara, en una reunión que tuvo con los diputados de la Comisión de Hacienda sobre el presupuesto 2026.

Por su parte, el presidente de la CSJ, Henry Mejía, explicó que los notarios pueden hacer su índice en la plataforma digital una vez tengan escaneado el protocolo y aclaró que el protocolo digital no será un simple escaneo, ya que incluirá la firma electrónica.

Sin embargo, el presidente de la Corte sostuvo que serán «flexibles» porque darán asesoría digital, pero exigirán el cumplimiento.

Los protocolos que se entreguen a partir de este 1 de diciembre podrían volver posible el acceso a un testimonio un periodo de tres a cinco días. «El periodo de respuesta va a ser más rápido», indicó.

«La idea no es sancionar por sancionar, sino que vamos a hacer flexibles, que quede aquí que la comunidad jurídica puede estar tranquila pero esto no implica que nosotros no les vamos a exigir el cumplimiento. Hay canales de asesoría digital». Henry Mejía, presidente de la CSJ.

«Vamos a acompañar a los abogados y notarios, hemos tenido una dura labor, quizás lo más difícil es el incumplimiento de solemnidades, de obligaciones notariales o infracciones graves», subrayó el magistrado Mejía.

La Asamblea Legislativa prorrogó la obligatoriedad de llevar un protocolo digital para los notarios y del uso de la firma electrónica hasta el 1 de diciembre de 2025, ya que el plazo original era el 31 de mayo de 2025.

La reforma obliga a los notarios a presentar libros de protocolo digitales. La CSJ fundamentó la más reciente prórroga en que se exige que los notarios estén capacitados y que usen plataformas electrónicas, y no en la falta de insumos informáticos o logísticos por parte de la CSJ.

La reforma a la Ley de Notariado, aprobada el 8 de noviembre de 2022, daba un plazo de seis meses para aplicar el sistema de protocolo digital y el uso de la firma electrónica.

La CSJ aprobó en abril de 2025 los «Lineamientos técnicos para la presentación y resguardo de los libros de protocolo e instrumentos notariales y aranceles por los servicios por la Sección del Notariado», que regula la presentación de libros de protocolo, testimonios de testamento y actas notariales en formato digital, y el certificado de firma electrónica que será exigida a los abogados.

Según estos lineamientos, los notarios que posean libros de protocolo vigentes, agotados o vencidos y que no hayan sido presentados a la Sección del Notariado o sus regionales tienen la obligación de adquirir un certificado que les permita firmar electrónicamente para su función notarial.

También, deben entregar electrónicamente los libros de protocolo dentro de los 15 días posteriores a su agotamiento. Deben escanear el documento electrónico en formato PDF con una resolución de 200 dpi con la razón de apertura del libro, escrituras autorizadas y suspendidas, la razón de cierre del libre y hojas no utilizadas. El notario deberá insertar su firma electrónica certificada inmediatamente después de la firma autógrafa.

La Corte informó que ya tienen la infraestructura tecnológica lista para soportar el protocolo digital.

La nueva deuda de pensiones emitida después de la reforma de diciembre de 2022 ya forma el 24.5 % del total de deuda previsional acumulada, que llegó a $11,115.92 millones hasta octubre, según datos publicados por el Banco Central de Reserva.

Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) reportados en octubre por el BCR sumaron $45.3 millones, una cifra similar a los $46.72 reportados en octubre de 2024.

Sin embargo, la cifra es cinco veces menor a la emisión registrada por el BCR en octubre de 2023, de $249.67 millones.

En 2025, la suma de emisiones de los nuevos intrumentos de deuda estatal de pensiones ha sido menor que en los años 2023 y 2023 con una diferencia de más de $270 millones.

Los COP fueron los instrumentos instaurados en la reforma de pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2022, con el fin de financiar las pensiones del sistema público y otros beneficios con los ahorros de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) que invierten sus fondos en dichos COP a cambio de una rentabilidad del 7 % anual por ley.

En los primeros diez meses de 2023, el BCR reportó un total de $862.6 de COP emitidos y en los primeros diez meses de 2024, se registraron $871.49 millones. En los primeros diez meses de 2025, se han registrado $591.5 millones, 32.1 % menos.