El conductor de un vehículo identificado como Humberto Eliseo Arriaga Mejía, de 29 años, falleció, luego de chocar contra un autobús de la ruta 170, en el Puente El Tule, cantón Potrero Grande, distrito de El Paisnal, departamento de San Salvador, sobre el kilómetro 45 de la Carretera Troncal del Norte.
Según el reporte de Comandos de Salvamento, el accidente ocurrió en sentido de norte a sur de la Troncal del Norte y una persona resultó lesionada.
La víctima era residente de San Fernando, Chalatenango, y conducía el vehículo placas 783-571. El autobús tenía placas AB75-687, informó Comandos de Salvamento. El vehículo, rojo, quedó totalmente destrozado, sobre todo en su parte frontal.
Una persona resultó fallecida y otra lesionada según Comandos de Salvamento. / Comandos de Salvamento.
Posteriormente, Comandos informó que el accidente ocurrió «cuando el autobús de la ruta 170 que viajaba de Chalatenango a San Salvador colisionó de forma frontal contra un automóvil que circulaba en sentido opuesto con dos ocupantes«.
Nacionales | Fallece conductor de un vehículo que chocó contra un autobús de la ruta 170 en la carretera Troncal del Norte.
Soyapango Noticias publicó anteriormente que el vehículo era conducido a excesiva velocidad y que, según información preliminar, chocó contra la parte trasera del autobús y que este se encontraba realizando una parada.
Desde el 1 de enero al 15 de marzo de 2026, han muerto 308 personas en accidentes de tránsito. La velocidad excesiva ha sido la causa de 335 accidentes, de un total de 5,067.
El accidente ocurrió en el Puente El Tule, kilómetro 45 de la Troncal del Norte. / Comandos de Salvamento.
La Comisión Electoral Nacional del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) convocó para el 29 de marzo de 2026 a sus militantes a las elecciones internas de la dirigencia para los próximos tres años.
«Convocar a elecciones internas para elegir al Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) del partido ARENA, que ejercerá funciones para el periodo 2026-2029. Dichas elecciones se llevarán a cabo el 29 de marzo de 2026 en las sedes que oportunamente se habiliten para tal efecto», anunció este lunes Arena en redes sociales.
Según el calendario publicado por Arena, el registro de afiliados o padrón se cerrará el 20 de marzo, luego de un periodo de revisión del registro de miembros activos que se realizaría los días 18 y 19 de marzo.
Los aspirantes a miembros de Coena deben retirar la información sobre el proyecto y requisitos del 17 al 18 de marzo, y deben presentar los documentos de las planillas, el 18 o el 19 de marzo.
El periodo para la revisión del Consejo Nacional de Arena (Coena) de las planillas de candidatos será del 20 al 22 de marzo. El resultado de evaluación se notificará el 22 de marzo según el calendario, fecha en que se notificaría a los aspirantes si son admitidos.
Luego, la CEN de Arena sorteará la posición en la papeleta el 23 de marzo y permitirá un periodo de promoción interna del 24 al 27 de marzo, para realizar la elección el 29 de marzo.
El actual Coena es dirigido por el exdiputado Carlos García Saade, quien fue reelecto en febrero de 2024 como presidente del Coena con 2,392 votos, con un 2 % del del padrón que en ese momento tenía 116,000 afiliados.
En ese entonces, la dirigencia electa participó como planilla única; y también estaba conformada por: Ricardo Ernesto Godoy Peñate, vicepresidente de Ideología; Mario Enrique Calderón Menéndez, vicepresidente de Organización; Norma Carolina Ramírez, vicepresidente de Campaña; César Enrique Reyes Guevara, director de Asuntos Electorales y Defensa del Voto; Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado, directora de Asuntos Políticos; Carlos Antonio Borja Letona, director de Asuntos Económicos y Financieros; Ondina Marily Ramos González, directora de Proyección Social; Tirza Verónica Henríquez, directora de Asuntos Jurídicos; Ricardo Arquímedes Aparicio Batres, director de Información y Comunicaciones; Eduardo Salomón Lacayo Cáceres, director de Afiliación y Estadística; Jacinto Eleuterio Tobar, director de Actas y Acuerdos; y Elsa Roxana Mendoza Loarca, directora de Relaciones Internacionales.
Los diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente acordaron este lunes citar al presidente del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), Mauricio Sansivirini, para consultarle sobre una reforma a la “Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café”.
Luego de leer el proyecto de reforma enviado por el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, acordaron citar al titular del ISC.
“Sé que es un tema que los viveristas están bien interesados en este tema”, dijo el presidente de la Comisión, diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas.
La propuesta de reforma del Gobierno busca agrega infracciones contra las actividades de procesamiento de café sin acreditación del ISC, contra las compras o ventas de café con registros vencidos y obliga a informar a los beneficiadores, pergamineros, intermediarios y exportadores a informar sobre los registros de café de terceros para su procesamiento como “contratación de servicios”.
El proyecto también agrega a los semilleristas en la cadena productiva del café que debe inscribirse en los registros del ISC y establece un plazo máximo de dos días hábiles para que la Policía Nacional Civil (PCN) traslade al beneficio más cercano, con la coordinación respectiva, el café que es decomisado. Los cafés se decomisan según la ley por falta de documentos del origen y destino.
La reforma también permitiría que “el resultado del análisis de calidad no será vinculante para la autorización del permiso de exportación” y los exportadores tendrían un plazo de tres días hábiles para enviar la muestra de café al ISC.
También, se permitirá a los exportadores omitir provisionalmente datos sobre el mes de embarque, puerto de embarque y puerto de destino, si no tiene la información, y ya no deberá incluir la fecha de caducidad del permiso porque estos tendrían una vigencia de 60 días hábiles renovables.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes una reforma a la Ley general de migración y extranjería, para bajar de nueve meses a 90 días la permanencia mínima a los extranjeros con residencia temporal, facilitar la nacionalización de hijos de extranjeros naturalizados y definir que la pérdida definitiva de la nacionalización será por condenas de delitos dolosos graves.
La reforma exigirá que permanezcan en territorio nacional por un mínimo de 90 días dentro de cada año, ya sea consecutivos o acumulados. La gerente de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, Eleonora Eizabeth de Marroquín, explicó que actualmente deben permanecer nueve meses.
“La exigencia que tenemos hoy es nueve meses dentro del territorio y no pueden estar afuera 90 días, la propuesta es que permanezcan 90 días dentro del territorio ya sea consecutivos o acumulados dentro de un año, para que no tengan que perder su calidad como residente”, explicó a los diputados.
La gerente de Extranjería argumentó que han visto que la migración ha ido cambiando y por ello deben ajustar nuevos procedimientos, en este caso, señaló que algunos tienen “vacíos”. Señaló que los objetivos son fortalecer la jurídica y armonizar la legislación con principios constitucionales.
“El perfil de los extranjeros que hace 20 años venían al país ya no son los mismos que vienen ahora, ahora la mayoría son personas de negocios, inversionistas. Sus mismos tipos de trabajo necesitan moverse más seguido”, indicó.
Un segundo cambio a la ley será facilitar la nacionalización salvadoreña de los hijos de las personas extranjeras que hayan sido nacionalizadas salvadoreñas.
Un tercer cambio será que quienes pierdan la nacionalidad salvadoreña no podrán recuperarla si han sido condenados por “delitos dolosos graves”. Migración, como modificación al proyecto original, pidió que se agregara “graves”.
La Constitución de la República establece en el artículo 94 que la calidad de salvadoreño naturalizado se pierde por «sentencia ejecutoriada en los casos que determine la ley» –no especifica cuáles delitos– y que «quien pierda así la nacionalidad no podrá recuperarla».
El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que “no es que los requisitos o las exigencias de lo que la ley vigentes es que se vayan a poner a menos, entiendo yo que es prácticamente lo mismo salvo ciertas flexibilizaciones” que consideró totalmente válidas. “Muchas personas que estaban en este proceso de tener la nacionalidad o la naturalización se quejaban de ese punto, que no podían sostener los 90 días consecutivos de permanencia en el territorio por muchas razones”, indicó.
Chamagua agregó que los requisitos de la ley vigente son los mismos “con la diferencia que ahora lo especifica dentro de 90 días calendario ya sea consecutivos o acumulados”. “No es que se estén eliminando estos requisitos, hay que dejarlo muy claro”, subrayó.
El alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), anunció este lunes que no buscará la reelección en su cargo.
«Para mí es un momento doloroso y duro. Tengo 74 años de edad y no he gozado a mi familia, no la he disfrutado porque soy un hombre de trabajo. Quisiera seguir ayudando, sirviéndole a la población, pero ya hablé con mi familia y con Dios, y no voy a buscar la reelección para este nuevo periodo, me retiro para estar con mi familia», anunció a través de su cuenta en X @AlcaldeMenendez y también en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.
Aclaró que, que no busque la reelección, «no significa que yo no voy a cumplir mi trabajo hasta el último día de mi mandato municipal».
«Voy a trabajar duro todavía porque quiero dejar, además de los legados que ya están y todo lo que he hecho antes por San Luis Talpa como municipio y hoy como distrito, y con todos los demás distritos de La Paz Oeste, quiero dejar más legados», expresó el funcionario.
El jefe edilicio citó las amenazas que denunció en julio de 2020 y que dijo haber recibido a través de teléfono celular. Aseguró que en tres ocasiones lo han intentado asesinar. «¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo algo de malo? Nada, lo que yo estaba haciendo era tratando de ayudarle a la gente a que ya no muriese de la enfermedad de insuficiencia renal. Le dispararon a mi vehículo, una vez me dispararon casi a quemarropa. Trataron de hacerme la vida imposible, pero no me rendí, luchamos muy fuerte», dijo, en referencia a su oposición al uso de agroquímicos en la zona.
Recientemente, el alcalde metapaneco de Santa Ana Norte, Carlos Landaverde, anunció también que no participará en las elecciones porque «muchas cosas» le quitaron su tranquilidad. Landaverde ganó la comuna con una coalición de Nuevas Ideas y Cambio Democrático (CD).
La cantidad de salvadoreños inadmisibles se ha triplicado en los últimos meses, de 48 en febrero de 2025 a 142 en enero de 2026 y el número de salvadoreños con libertad condicional también se ha multiplicado de 13 casos registrados en febrero de 2025 a 110 en enero de 2026, según datos publicados por el Tracreports.org.
Los datos del sitio público de análisis migratorio tracereports.org muestran un aumento general durante los últimos meses de migrantes inadmisibles pero también de casos otorgados de libertad condicional en los puertos de entrada de Estados Unidos.
Así, en enero de 2026, la cantidad de personas de todos los países a las que se les otorgó libertad condicional aumentó de 3,304 en febrero de 2025 a 12,639 en enero de 2026, un lapso aproximado de un año. También, los migrantes inadmisibles han aumentado de 11,973 a 20,539 en el mismo lapso.
La gráfica de tracereports.org muestra un aumento de las decisiones de libertad condicional (paroled) en los últimos cuatro meses. Esta gráfica incluye a migrantes de todas las nacionalidades. / tracereports.org.
El Salvador no está entre los primeros países con mayor número de migrantes con libertad condicional en Estados Unidos. Estos son: India, México, China, Canadá, Brasil, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Reino Unido y Jamaica.
Los primeros 10 países con mayor número de libertad condicional (paroled) solo en enero de 2026. Tomado de: tracereports.org.
Estos son los registros de las personas que llegan a los puertos de entrada de los Estados Unidos y son inadmisibles por diferentes razones. El uso de la «expulsión acelerada» por las autoridades portuarias bajó un 12 % en los últimos 12 meses, según tracereports.org, que también advierte que ha crecido la libertad condicional, que permite a los migrantes «ingresar temporalmente y residir en los Estados Unidos» sin tener una admisión formal por «razonas humanitarias. urgentes o beneficio público significativo».
Durante 2025, la cantidad de salvadoreños inadmisibles por las autoridades portuarias (Oficina de Operaciones de Campo, OFO) osciló entre 27 y 86 mensuales; sin embargo, en enero de 2026 subió a 142. El dato, así como los sistematizados por traceports.org, excluye al personal de tripulación «que llegan sin buscar entrada y son confinados al puerto».
Los salvadoreños que recibieron una decisión de la OFO de «paroled» o libertad condicional oscilaban entre 3 a 17 entre febrero y septiembre de 2025; pero aumentaron a 56 en octubre, 64 en noviembre, 54 en diciembre y 110 en enero de 2026.
Sin embargo, la tendencia general indica que las decisiones de libertad condicional en los puertos han sido altas en los años fiscales estadounidenses 2023 y 2024, con una sensible disminución a partir de 2025.
En lo que va del año fiscal 2026, se registra 35,659 casos de todas las nacionalidades; en años anteriores han sido 44,175 en 2025, 431,786 en 2024, 381,541 en 2023, 130,016 en 2022, 29,732 en 2021, 28,076 en 2020, 35,314 en 2019, 41,856 en 2018, 74,481 en 2017, 111,675 en 2016, 91,715 en 2015, 71,340 en 2014, 53,869 en 2013 y 27,800 en 2012.
De la misma manera, las inadmisibilidades de migrantes extranjeros en los puntos de entrada también cayeron a partir de 2025. Estas han variado desde 216,529 en 2012, aumentó a más de 1 millón en 2023 y 2024, y bajaron a 438,826 en 2025 y a 91,234 en 2026, años fiscales estadounidenses.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) adquirió la licencia para una plataforma de verificación biométrica y autenticación documental para login.gob.sv, el portal de identificación digital que ofrece a los salvadoreños y que ofrece agilizar trámites en línea.
El RNPN dispone de la plataforma login.gob.sv con la finalidad de que los salvadoreños creen su identificación en línea, y ofrece agilidad en los trámites, solicitud de solvencias y obtención de otra documentación en las instituciones del Estado.
«Se requiere mecanismos de validación a distancia para gestionar procesos donde se requiere contar con la identidad digital para brindar una identificación inequívoca y unificada en el entorno digital, para habilitar procesos en línea dotado de seguridad a las personas y entidades que consumen y ofrecen servicios digitales», detalla el anexo del contrato 32213, correspondiente a la oferta de compra 350 del 12 de diciembre de 2025 llevada a través de la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros).
El contrato incluye dos ítems: una licencia de plataforma de Onboarding con prueba de vida, autenticación documental, más OTP (contraseña de un solo uso) para 4,200,000 clics»; y en segundo lugar, el servicio de implementación e integración técnica con plataforma institucional, acompañamiento especializado y seguimiento operativo.
El primer ítem permitiría un «proceso completo de verificación de identidad» (onboarding) con la captura del Documento Único de Identidad (DUI), el pasaporte, la tarjeta de residente o DUI digital, además de la prueba de vida mediante selfi o video, y la verificación del código OTP al celular. El proceso no requerirá descargar una APP e incluiría «mecanismos contra deepfakes».
La plataforma promete realizar una identificación segura, eficiencia y modernización de los servicios de Gobierno y simplificación de los trámites en línea. Hasta diciembre de 2024, el RNPN informó que poseía un millón de usuarios.
El contrato para la adquisición del «Licenciamiento de verificación biométrica y autenticación documental para el portal login.gob.sv más servicios de implementación e integración» tendrá vigencia hasta el 9 de agosto de 2027, de acuerdo al contrato de compra venta publicado en el Portal de Transparencia de la institución. El valor del contrato es $1,420,014.50.
La institución también adquirió, con vigencia hasta el 31 de enero de 2027, un «Licenciamiento de sistema de monitoreo de disponibilidad y ciberseguridad» contratado el 28 de noviembre de 2025 por $118,500.
Según la descripción de la licencia, esta incluye detección de amenazas complejas, gestión continua de vulnerabilidades con escaneos periódicos, gestión de de superficie de ataque «para monitoreo continuo de activos digitales expuestos», entre otros. «La arquitectura incluirá agentes ligeros distribuidos, oficinas centrales, centros de datos, oficinas de enrolamiento, emisión y entrega de DUI (consulados) y duicentros», indica.
Los servicios críticos que serán monitoreados incluye el servicio de identidad digital, el sistema REVFA con los 262 distritos, el servicio «Todos», utilizado por 40 instituciones públicas y privadas que proporciona datos de identidad basados en el DUI, entre otros.
Las reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE), aprobadas esta semana, incorporan cambios que buscan facilitar el acceso al financiamiento del sector y también elimina la responsabilidad personal de los titulares de instituciones públicas por atrasos en pagos a proveedores.
Uno de los cambios más relevantes se introduce en el artículo 45, donde se establece que el sector financiero deberá ofrecer servicios financieros, no financieros y de desarrollo de mercados de capitales que respondan a las necesidades de las MYPE.
La reforma indica que estos servicios deberán contar con un “enfoque de riesgo diferenciado”, que incluya la flexibilización de requisitos como el historial crediticio y el tiempo de operación en el mercado, con el objetivo de facilitar el acceso a fondos y la formalización de estas empresas.
Otro de los cambios es la derogación de los artículos 33 y 33-A de la ley. Este último establecía que los titulares de las distintas instituciones del Estado serían responsables de pagar oportunamente las obligaciones asumidas a través de contratos de proveeduría, particularmente con las MYPE. Con la reforma, esta responsabilidad personal queda eliminada.
Sin embargo, la reforma incorporó en el artículo 32 que el Ministerio de Hacienda deberá establecer mecanismos para priorizar la cancelación de las cuentas por pagar a las MYPE presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quienes desempeñen esas funciones.
El artículo 33, que regulaba la compensación a las MYPE por incumplimientos en pagos, es trasladado prácticamente al artículo 32. Esta compensación equivale al interés legal mercantil vigente sobre las sumas adeudadas.
La reforma mantiene el plazo máximo de 30 días para que el Estado cancele pagos a sus proveedores MYPE y establece que el trámite para solicitar la compensación deberá realizarse mediante el procedimiento definido en la Ley de Compras Públicas.
Las modificaciones también ajustan levemente los montos de ingresos utilizados para definir la clasificación de las MYPE. En el artículo 3 se añade que esta clasificación servirá de base para políticas de simplificación de trámites, agilización del proceso de formalización, costos de servicios de trámites y tarifas preferenciales, con el propósito de favorecer a estas empresas y promover su inclusión financiera. Asimismo, el artículo 21 establece que los costos de los servicios de trámites en las instituciones de Gobierno deberán ser proporcionales a la clasificación de la empresa.
Las reformas incluyeron al Ministerio de Hacienda como miembro de la junta directiva y eliminan a los representantes de las universidades. También se retira a las universidades de los consejos de administración de los fondos Fecamype y Programype en el artículo 52-C. Sin embargo, se mantienen en el artículo 62, que establece que el Ministerio de Economía y Conamype, en coordinación con otras instituciones públicas, privadas y universidades, promoverán la calidad, innovación y el desarrollo tecnológico de las MYPE.
Además, se crearían las “mesas técnicas representativas locales” que deberán conformar los gobiernos municipales o alcaldías junto con sectores productivos y empresariales MYPE, gremiales y otros actores, con el fin de formular planes de acción y gestionar proyectos y programas para el sector. Con esta medida se eliminarían los comités municipales y departamentales que tenía la normativa.
La reforma también incorpora el artículo 20-A, que establece que las personas naturales deberán presentar obligatoriamente su declaración de impuesto sobre la renta o una declaración jurada de ingresos para inscribirse en el Registro MYPE. Asimismo, las empresas deberán actualizar los datos de su registro cada dos años para mantener su certificación.
En clara referencia a las organizaciones no gubernamentales que acusaron al Estado salvadoreño de cometer violaciones a derechos humanos en una audiencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, señaló a estas entidades de estar “furiosos” por el Escudo de las Américas.
El diputado de Nuevas Ideas por La Unión aseguró que las organizaciones “jamás le perdonarán al presidente Nayib Bukele haber expuesto la industria millonaria de las ONG” y sostuvo que estas organizaciones “se alimentaban de dinero de los contribuyentes, de donantes oscuros con agendas nefastas”.
“El Escudo de Las Américas los tiene furiosos. No le perdonarán que, a pesar de sus mil y un intentos, cada día tienen menos relevancia y necesitan activar todos sus tentáculos en un esfuerzo millonario por intentar una vez más destruir y manchar lo que ha liberado a millones de salvadoreños”, expresó en X.
Según Soriano, las organizaciones estarían molestas con el presidente Bukele por “destruir la industria del crimen que tanto rédito les daba (premios, libros, documentales)” y por “unificar a América bajo un modelo de seguridad exitoso aclamado por millones”.
Aunque las oenegés no participan en las elecciones presidenciales, el diputado de Nuevas Ideas expresó que, “al tener la más mínima posibilidad de recuperar el poder político y económico que una vez los hizo relevantes”, “destruirán la seguridad que ahora vive el país”. “Extrañan aquellos tiempos donde asesinaron a más de 41,000 salvadoreños y nadie hizo un esfuerzo similar para denunciarlo, o tan siquiera para detenerlo”, afirmó.
Soriano cita un texto en el cual se asevera que “la Corte Penal Internacional, normalmente, como parte de la política criminal de este tribunal, investiga y sanciona a los más altos funcionarios del Estado que participaron” y que en el “corto, mediano o largo plazo cuando hay un cambio de Gobierno o cuando hay algún tercer país que tenga la capacidad jurídica para iniciar investigaciones de la humanidad se pueda actuar”.
Los comentarios del legislador se dan después de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual organizaciones no gubernamentales denunciaron persecución política, desapariciones forzadas, muertes de detenidos bajo custodia policial, torturas y de posibles crímenes de lesa humanidad; mientras el Gobierno rechazó los señalamientos.
Donovan Ortega, representante de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), una entidad cuya sede central está en Ginebra, Suiz, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluir a El Salvador en el capítulo IV.B de su informe anual.
Durante su breve intervención, el representante de la OMCT pidió «que la Comisión publicite su informe de seguimiento de recomendaciones del informe del estado de excepción y derechos humanos; y evalúe la inclusión de El Salvador en el capítulo IV.B del informe anual”.
El Capítulo IV.B es una sección del informe anual que la CIDH presenta cada año ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en donde se incluye a los países del continente que considera merecen una atención especial por la situación de derechos humanos.
La inclusión se genera, por ejemplo, cuando hay violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos, debilitamiento del Estado de derecho, ataques a la independencia judicial, restricciones a libertades fundamentales.
Si un país está en el Capítulo IV.B, la CIDH podría hacer un análisis detallado de la situación en ese país, recomendar medidas y hacer más monitoreo internacional.
El Gobierno salvadoreño ha criticado los señalamientos de las organizaciones en las audiencias de la CIDH, acusando a las organizaciones de defender «únicamente» a los criminales o pandilleros, y cuestionando por qué no denuncian delitos de lesa humanidad cometidos por las pandillas.
El representante de la OMCT, quien se presentó como parte de la sociedad civil en la audiencia, también pidió que la Comisión «inste al Estado a abstenerse de cualquier represalia, hostigamiento o criminalización» contra los participantes de la audiencia, así como a «a cesar la persecución judicial y extrajudicial de personas defensoras para silenciar las voces críticas, disuadir la protesta social o desarticular procesos organizativos comunitarios».
