Autor: Yolanda Magaña

La cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840,000 personas, el 91 % procedentes del continente americano, especialmente de Colombia, Perú y Honduras, según el centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros).

Un 17.2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios viven en España en situación irregular, según la estimación realizada a partir de la diferencia entre la población que reside efectivamente en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las personas extranjeras que sí tienen permiso de residencia, son beneficiarios de protección internacional o están en trámites de conseguirlo.

Estos datos, relativos al 1 de enero de 2025, apuntan a un crecimiento notable y sostenido del número de extranjeros en situación irregular desde 2017, cuando la cifra estimada ascendía a unos 107,000, el 4.2 % de la población extracomunitaria residente en España.

Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760,000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290,000), la peruana (casi 110,000) y la hondureña (90,000), mientras que las nacionalidades africanas (50,000), asiáticas (15,000) y europeas (14,000) se encuentran a bastante distancia.

Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo del 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo, por lo que «tendería, en principio, a reducir la cifra de irregulares».

Sin embargo, Funcas precisa que, si mantienen las dinámicas actuales, aunque se cumplieran las estimaciones del Gobierno español-que la nueva normativa permita regularizar a 900.000 personas en tres años- el número de residentes en situación irregular no disminuiría, sino que se estabilizaría.

La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, reconoce que el nuevo reglamento «contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes», pero denuncia la «escasa planificación de la política migratoria española».

Para reducir de verdad las cifras, el informe apunta a la necesidad de medidas que mejoren el manejo de los flujos migratorios y que se enmarquen en una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra y con requerimientos de cualificación.

Los candidatos de las elecciones del próximo 1 de febrero en Costa Rica cerraron este domingo la campaña electoral más larga de la historia reciente del país, con la oposición apostando por una poco probable segunda vuelta, a tenor de las últimas encuestas que sitúan a la aspirante del oficialismo Laura Fernández como ganadora en primera ronda con el 40% de los votos.

Hasta veinte candidatos se presentan este domingo para suceder al presidente Rodrigo Chaves, a quien Fernández ya ha prometido un cargo en su próximo gobierno. Ella es una de las cinco mujeres que aparecen en unas papeletas, en las que destacan conocidas figuras de ciclos anteriores, como la ex primera dama Claudia Dobles, o viejos aspirantes como el conservador Fabricio Alvarado Muñoz.

Además del presidente y los dos vicepresidentes, los más de 3,7 millones de costarricenses están llamados a votar para renovar los 57 escaños que conforman el Parlamento. Una hipotética segunda vuelta se celebraría el 5 de abril, en caso de que ninguno de los aspirantes alcance el 40% necesario.

No parece el caso en estas elecciones. Fernández, ministra a las órdenes de Chaves hasta hace un año, vencería este domingo con dicho porcentaje, según las últimas encuestas. «A ganar en primera ronda con 40 diputados», dijo la candidata de Pueblo Soberano este fin de semana durante un acto de campaña.

Fernández, de 39 años, ha apostado por un proyecto continuista, aprovechado la popularidad de un Chaves, que cerrará su etapa con un 60% de aprobación, a pesar de las críticas de un sector del país que advierte de una posible deriva autoritaria, con el Poder Judicial y la Constitución en el punto de mira.

El segundo en los sondeos es Álvaro Ramos, con el 8% de los votos. Candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), una de las fuerzas políticas históricas del país, ha pedido a los costarricenses que vayan a votar en libertad. «La gente ya no quiere más de lo mismo», ha dicho en un vídeo difundido este domingo.

Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) apenas alcanza un 5% de los apoyos. Aún con todo, confía en que el próximo 5 de abril se celebren de nuevo elecciones. «Vamos a segunda ronda entre dos mujeres», ha manifestado en un último mitin celebrado este domingo en la capital, San José.

«Somos el movimiento que puede derrotar al continuismo, Costa Rica está lista para un debate entre dos mujeres, dos mujeres muy diferentes que creemos en la política de manera muy distinta, doña Laura quiere quemar puentes yo quiero construirlos, doña Laura quiere excusarse yo quiero trabajar», ha señalado.

Dobles también ha aprovechado el último acto de campaña para recordar las antiguas acusaciones de acoso sexual contra Chaves, las cuales no le impidieron ganar las elecciones de 2022 con un 53% de los votos en segunda vuelta. «Costa Rica se merece más que tener un pachuco acosador sexual», ha dicho, recoge ‘La Nación’.

TSE pide evitar injerencias extranjeras

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se dirigió este domingo a los costarricenses a través de un discurso televisado en el que ha incidido en la importancia de acudir a las urnas este próximo domingo «sin miedo» en un momento en el que la democracia está retrocediendo en varias partes del mundo.

«Nadie nos regaló nuestra democracia. Fue construida con esfuerzo, con generosidad y confianza mutua», expresó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría. «Elegir en libertad, en paz y en secreto a sus nuevas autoridades no es un simple trámite», ha subrayado, en medio de una tasa de indecisos del 32%.

Por su parte, Héctor Fernández Masís, uno de los magistrados del TSE, remarcó que la elección de sus gobernantes es una «es una decisión exclusivamente costarricense» y advirtió de las tentaciones de permitir que «actores externos» intervengan en la voluntad soberana del pueblo de Costa Rica.

«Nuestra democracia no necesita tutelas ni presiones del extranjero», enfatizó Fernández Masís, en un mensaje que apunta hacia las últimas intervenciones estadounidenses en América Latina, siendo el caso hondureño el más paradigmático de todos ellos.

Las fuerzas españolas de seguridad han arrestado a 105 personas en las dos fases de una operación de desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico en el océano Atlántico, que llegó a mover 57 toneladas de cocaína.

En este golpe policial contra el mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar (sur español), los agentes constataron el uso de comunicaciones encriptadas y de tecnología puntera que permitía trabajar durante la noche a los narcos, que actuaban entre Sudamérica y Europa.

La red contaba con coordinadores en Marruecos y Cádiz y Canarias (España), encargados de recibir y distribuir estupefaciente procedente de Colombia y Brasil; las autoridades portuguesas intervinieron 6.600 kilos de cocaína en un semisumergible.

La operación se desarrolló en dos etapas: la primera terminó en junio en el archipiélago atlántico de Canarias con 48 detenidos y 29 registros en varias islas; y la segunda finalizó en la región de Andalucía (sur) en noviembre con 57 arrestados más y 20 registros en localidades del Campo de Gibraltar.

La investigación, que duró más de un año, contó con la colaboración de varios países, con la intervención final de 10.400 kilogramos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos hexacópteros o megadrones, más de 800.000 euros en efectivo y más de 150 teléfonos celulares.

También fue decomisado abundante material de última generación de comunicaciones y útiles para el tráfico marítimo por un valor de 2.500.000 euros, explicaron en rueda de prensa mandos policiales y autoridades civiles.

La red criminal está acusada de introducir grandes cantidades de cocaína en España embarcada en narcolanchas, que se adentraban en el mar hasta encontrarse con buques nodrizas que les trasvasaban la droga.

Las lanchas rápidas, con velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora, y las comunicaciones encriptadas, con terminales por satélite, celulares de rastreo difícil o lenguaje codificado, dificultaban su localización y les permitían operar por la noche.

Los narcos contaban también con plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar para llevar a cabo operaciones sucesivas, y tenían sus propios centros de almacenaje de combustible

Según los investigadores, la banda fue responsable de introducir en Europa de 57.000 kilos de cocaína el año pasado, una cantidad que podría superar en el mercado negro el valor de 1.500 millones de euros, indicaron a EFE fuentes policiales.

Guatemala cumplió este domingo una semana desde la implantación de un estado de sitio ordenado por el Gobierno de Bernardo Arévalo de León, después de que el fin de semana pasado fueran asesinados diez policías a manos de presuntos pandilleros.

Las fuerzas de seguridad han aumentado en los últimos siete días sus patrullajes en zonas rojas o focos habituales de la delincuencia, especialmente en el barrio denominado El Gallito, a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, y también en la zona 18, una de los 25 sectores en los que se divide la urbe, donde se considera que permanecen gran parte de los miembros de la pandilla denominada Barrio 18.

«Estamos incursionando en tres lugares importantes de este sector», explicó el subdirector general de la prevención del delito de la Policía Nacional Civil, Pablo Rodríguez, en referencia a los operativos en la zona 18, específicamente en los barrios El Limón, Juana de Arco y Nueva Jerusalem.

Rodríguez aseveró que dichos sectores son utilizados por las estructuras criminales para asociarse y coordinar actos delictivos.

El último reporte de las autoridades de la Policía Nacional Civil señala que en los últimos siete días se han detenido a exactamente 896 personas por diversos delitos, una cifra bastante similar a las registradas por las autoridades en semanas anteriores cuando no existía el estado de sitio.

Por su parte, el Ejército de Guatemala también detalló este domingo que acompaña a la Policía Nacional Civil en operativos en el municipio de Villa Nueva, donde hay varias zonas rojas identificadas por las autoridades.

«Estos patrullajes son tanto a pie como a motor (en vehículos)», recalcó la portavoz del Ejército guatemalteco, Pamela Figueroa.

Entre los últimos hallazgos de las autoridades se confirmó un decomiso de municiones y un chaleco antibalas en El Gallito y la captura de un pandillero identificado como Miguel Ángel Ruiz, detenido en el departamento (provincia) de Jutiapa, miembro de la pandilla Mara Salvatrucha.

Los atentados contra los policías tuvieron lugar en la mañana del domingo 18 de enero, de manera coordinada, después de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles donde se habían registrado motines.

Los ataques fueron realizados presuntamente por miembros de la pandilla denominada Barrio 18, una de las dos principales estructuras criminales que operan en el país.

Ese mismo domingo por la noche Arévalo de León decretó el estado de sitio por 30 días, una medida que habilita la detención de cualquier persona señalada por terrorismo o sedición sin necesidad de una orden judicial.

El Ministerio de Gobernación (Interior) detalló el sábado que durante los patrullajes fue desmantelada una red de cámaras presuntamente instaladas por pandilleros en una zona ubicada en el norte de la Ciudad de Guatemala. Las mismas tenían como intención vigilar a la población.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios de Administraciones anteriores.

Los motines en las cárceles de la semana pasada tuvieron como origen la solicitud por parte de los cabecillas de las pandillas del mantenimiento de sus privilegios, como por ejemplo el ingreso de comida a domicilio, camas más grandes y aire acondicionado.

El presidente guatemalteco ha declarado que no cederán ante las peticiones de los líderes de las pandillas.