Autor: Yolanda Magaña

  • CIDH pide a Estados políticas para proteger a defensores de derechos humanos

    CIDH pide a Estados políticas para proteger a defensores de derechos humanos

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su “Tercer informa sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas” exhortó a los Estados que aseguren un espacio cívico abierto, plural, seguro y participativo, y a que emitan políticas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil.

    “La CIDH insta a los Estados de la región a promover un entorno libre de hostilidades y a garantizar el respeto a las libertades fundamentales de quienes defienden los derechos humanos”, indicó en el informe publicado el 16 de octubre.

    Ofreció a los Estados su asistencia técnica para garantizar los derechos a las personas defensoras de derechos humanos y sugiere aplicar “enfoques de género y étnico racionales”.

    Según la CIDH, los Estados deben revisar leyes y fortalecer protocolos en prevención de violaciones a derechos humanos y sobre el “derecho a defender los derechos humanos”.

    Así mismo, la Comisión exhortó a cumplir las medidas cautelares que dicta, respondiendo a las comunicaciones emitidas por la CIDH y comunicar las medidas adoptadas.

    La entidad de la Organización de Estados Americanos también instó a los Estados a avanzar en las investigaciones de los delitos, incluyendo los cometidos en la esfera digital, contra defensores de derechos humanos, y adoptar planes para combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos.

    Entre sus recomendaciones, les pide a los Estados “abstenerse de incurrir en cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio o sedes de organizaciones de derechos humanos, así como en la correspondencia y las comunicaciones telefónicas y electrónicas”.

    El informe cita que en El Salvador la sociedad civil ha indicado que “utilizar identificaciones oficiales sobre su organización supondría riesgo frente a militares, policías y personas particulares que han adoptado el discurso estatal que aseguraría que estas organizaciones son financiadas por opositores al gobierno o que trabajan defendiendo pandillas”.

    De El Salvador, se menciona el uso de un software para monitorear personas a través de sus teléfonos celulares, como el uso de Pegasus, así como la captura de Óscar René Martínez Iglesias, líder comunal y fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, el 9 de junio de 2023, a quien “se le determinó un año de prisión preventiva” y el asesinato de Rosa Elvira Flores Martínez, lideresa del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM). Además, menciona agresiones digitales contra mujeres defensoras de derechos, la mayoría a través de redes sociales.

    El informe busca evaluar los avances y desafíos en torno a los derechos de los defensores de derechos humanos, respecto a informes similares regionales emitidos en 2011 y 2006.

  • MOP reporta 118 escuelas finalizadas: “Incluso el mobiliario, todo es hecho 100 % por los reos”

    MOP reporta 118 escuelas finalizadas: “Incluso el mobiliario, todo es hecho 100 % por los reos”

    El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó este viernes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que han finalizado obras en 118 centros escolares y que están en ejecución obras en otros 26 centros escolares, como parte del programa gubernamentales “Dos escuelas por un día”.

    “Nosotros estamos trabajando desde el MOP con Centros Penales. Centros Penales pone la mano de obra y nosotros garantizamos toda la logística, materiales, insumos, supervisión de obras, etcétera, para el desarrollo de cada uno de los centros educativos. Y, bueno, incluso el mobiliario y todo es hecho 100 % por los reos”, dijo a los diputados el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.

    Según la presentación proyectada en la Comisión, el programa de construcción y mejoramiento de centros educativos tiene un presupuesto de $50 millones para la construcción de escuelas. “A la fecha 118 escuelas finalizadas y 26 en ejecución”, según la presentación.

    “Todos los días se están construyendo dos escuelas, hoy se iniciaron dos escuelas, mañana se van a empezar otras dos escuelas, ayer se iniciaron dos escuelas”, expresó.

    El sitio gubernamental dosescuelasxdia.com reporta 312 escuelas cuyas obras de construcción o reconstrucción han iniciado. En junio pasado, cuatro centros escolares aparecían como finalizadas, de un total de 34.

    El ministro de Obras Públicas explicó que lleva un presupuesto de $934.8 millones, «el más alto de la historia del MOPT», indicó.

    El funcionario también anunció que licitarán la supervisión y la construcción del bypass de Apopa, que conectará la Carretera de Oros con la Troncal del Norte, y que están por iniciar la construcción «desde cero» de los mercados de San Miguel y Santa Ana, cuyo financiamiento proviene de un préstamo del Banco Mundial.

    También, anunció la construcción de un parque metropolitano en San Jacinto que cree que sería «el más grande que va a tener el país».

  • "A punto de iniciar" mercados de Santa Ana y San Miguel dice ministro de Obras Públicas

    «A punto de iniciar» mercados de Santa Ana y San Miguel dice ministro de Obras Públicas

    La construcción de los mercados de Santa Ana y San Miguel comenzará en noviembre de 2025 y sus presupuestos están programados para 2026, informó este viernes el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, quien este viernes explicó el presupuesto a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

    El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) tiene proyectado ejecutar una inversión de $465 millones el próximo año, sin contar las inversiones que realizarían las instituciones adscritas a la institución.

    En el mercado de Santa Ana, se programaron $24.4 millones para el presupuesto 2026.

    “Se ha estado con el traslado de los vendedores hacia un punto temporal, luego de ese traslado, le vamos a mandar un informe al Banco Mundial y ellos nos permiten darle la orden de inicio. La obra se empieza desde el mes de noviembre pero tenemos que incorporar en el presupuesto del próximo año para hacer los pagos respectivos”. Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas.

    “Prácticamente se va a hacer de cero”, indicó.

    Informó también que han programado $14.1 millones para la construcción del mercado de San Miguel.

    “Este proyecto también ya está contratado, ya está adjudicado, hemos estado en coordinaciones, la próxima semana se van a estar haciendo los puestos temporales para los vendedores y esperaríamos que después de eso se trasladen y en el mes de noviembre empecemos la construcción del mercado de San Miguel. Lo llevamos en el presupuesto para hacer los pagos respectivos”, indicó. La construcción también será financiada con fondos del Banco Mundial.

    En octubre de 2024, el ministro afirmó que los mercados se concluirían en 2026, sin embargo, en junio de 2025 el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, de Nuevas ideas, afirmó que el mercado de Santa Ana estaría completo a finales de 2026 o inicios de 2027.

    La licitación para el proyecto «Reconstrucción del mercado municipal de Santa Ana y municipios aledaños, edificios 1 y 2» se publicó el 11 de octubre de 2024 con fondos del del préstamo de $200 millones del BIRF 8948-SV «Proyecto de desarrollo económico resiliente» aprobado el 25 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa.

    El mercado de Santa Ana tendría tres niveles de áreas húmedas, semihúmedas y área seca, además de área de comida.

    La reconstrucción del mercado de San Miguel, incendiado el 6 de abril de 2021, fue publicada el 31 de agosto de 2023, con fondos del mismo préstamo. El mercado de San Miguel también tendría tres niveles y una terraza en un área de 19,464.88 metros cuadrados.

  • 85 personas del Movir presentan denuncias ante la PDDH y piden verificaciones médicas a detenidos

    85 personas del Movir presentan denuncias ante la PDDH y piden verificaciones médicas a detenidos

    Ochenta y cinco personas del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) presentaron esta semana diferentes denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), informó su representante, Samuel Ramírez.

    El Movir calculó que las 85 personas presentaron denuncias relacionadas con más de 100 o hasta 150 casos de capturas arbitrarias y otras agresiones, y otras pidieron que la PDDH haga revisiones médicas a los detenidos porque consideran que no tienen una buena condición de salud.

    “Fueron 85 personas que entregaron documentos, unas personas presentaron dos o hasta tres, presentaron una denuncia de captura arbitraria, otra presentó una petición de revisión médica, más que todo eso es lo que más encontramos. Son 85 personas que reportaron documentos”, informó el jueves el representante de la organización no gubernamental.

    Explicó que las peticiones médicas son realizadas por las familias cuando las personas han sido capturadas enfermas y “buscan que la PDDH vaya a las cárceles y verifique el estado de salud de esa persona”. “Tenemos casos que la PDDH, un año después de haberse solicitado esa revisión, han entregado respuesta y les han dicho que su familiar está muy grave, con insuficiencia renal, en una fase terminal”, señaló.

    Las denuncias fueron presentadas el martes pasado en la oficina central de la PDDH. “Fueron más de 100 denuncias, en su mayoría son denuncias de capturas arbitrarias, otras son peticiones de verificación médica, hay una que la mamá asegura que su hijo fue golpeado, maltratado, mientras lo capturaban”, afirmó.

    Ramírez consideró que este último es un caso de tortura, pero asegura que conoce otros casos de “torturas” de “personas que murieron” y cuyos familiares han desistido de seguir denunciando. “Me dicen ‘mire, ¿qué saco con andar moviendo el tema?, más es lo que me pongo mal’, entonces ya la gente ha desistido”, indicó.

    También consideró que el sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, José Leonidas Bonilla, capturado desde abril de 2022, fue torturado, pero aseveró que esa denuncia ya está en la PDDH.

    A su llegada, el Movir pidió una audiencia con la procuradora, Raquel de Guevara. “La señora no quiso recibirnos”, indicó su representante.

    El 6 de octubre pasado, la procuradora afirmó que no ha recibido ninguna denuncia de tortura en la PDDH.

    El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) reportó que entre el 1 de enero y diciembre de 2024, la PDDH recibió los casos de 95 personas que denunciaron haber sido víctimas de «malos tratos, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, tortura, entre otros» relacionados con «166 hechos que vulneraron este derecho», según información que les fue entregada por la PDDH ante una solicitud de información pública.

    La memoria de labores de la PDDH registra también que del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025 recibieron 54 denuncias de malos tratos, 11 denuncias de «tratos crueles, inhumanos o degradantes», y 10 denuncias de «uso desproporcionado de la fuerza», 26 denuncias de «maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas».

    Datos de la PDDH publicados por el OUDH de la UCA, en su informe anual 2024 del estado de derechos humanos.
  • Propietarios podrán solicitar regularización a la DOT por construcciones antes del 12 de mayo según nueva disposición

    Propietarios podrán solicitar regularización a la DOT por construcciones antes del 12 de mayo según nueva disposición

    Las personas, empresas o sociedades propietarias de inmuebles construidos o intervenidos antes de la instalación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), el 12 de mayo de 2025, podrán solicitar la «regularización» de su situación según el nuevo artículo 92-A que fue incorporado a la ley a solicitud de la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas.

    La nueva disposición fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa como parte de las reformas aprobadas a la Ley de la Creación de la DOT, y que incorporó nuevas facultades a esta instancia como la autorización de obras de terracería, tala de árboles y cambio de uso de suelo en las diferentes construcciones que se realizan en El Salvador.

    Este procedimiento no aplicará cuando la propiedad construida o intervenida con obras esté en procesos hereditarios o la construcción haya sido realizada con permisos denegados.

    La ley de la DOT inició su vigencia el 5 de noviembre de 2024 y establecía el inicio de operaciones de la DOT para 120 días después, es decir, para el 9 de marzo de 2025.

    Sin embargo, la DOT oficializó su instalación a partir del 12 de mayo de 2025, fecha desde la cual las personas podían solicitar sus trámites relacionados a la construcción de diferentes obras ante dicha oficina, ubicada en el Centro Nacional de Registros (CNR).

    Le recomendamos: Estas son las tarifas de la DOT después de la reforma del 21 de octubre

    Un reglamento establecerá los requisitos para la regularización. La reforma fue un cambio a última hora solicitado verbalmente en el pleno por la diputada de Nuevas Ideas.

    El nuevo artículo 92-A de la Ley de la DOT aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, sin embargo, fue leído por la diputada Rosales así: “Las personas naturales o jurídicas propietarias de inmuebles en los que se hayan efectuado obras, actividades y proyectos de urbanización, construcción y actividades relacionadas con estas antes del 12 de mayo de 2025 y que a la fecha no cuenten con las autorizaciones o permisos correspondientes podrán solicitar a la DOT su regularización. Lo anterior no será aplicable a inmuebles que se encuentren en proceso de aceptación de herencia o cuando las obras, actividades o proyectos de construcción y actividades relacionadas con estas hayan sido realizadas con permisos denegados o en violación de la normativa correspondiente. Los requisitos para la regularización serán determinados en el reglamento y se aplicará un procedimiento especial autorizado para tal efecto”.

    La DOT fue creada por el gobierno con el fin de simplificar o integrar los trámites de construcción, reduciendo los tiempos de los permisos y tramitando incluso permisos ambientales, de agua potable o de acueductos.

    Esta oficina también será la encargada de autorizar el registro de ingenieros civiles, de electricidad, técnicos y personas vinculadas a los trámites de construcción solicitados a la DOT. El periodo de estas inscripciones vencía en noviembre de 2025 pero la reforma lo pospuso hasta marzo.

    La reforma creó 38 nuevas tarifas y amplió las facultades de la DOT.

  • ¿Cuánto en préstamos ha aprobado la Asamblea Legislativa y cuánto incorporó al presupuesto 2025?

    ¿Cuánto en préstamos ha aprobado la Asamblea Legislativa y cuánto incorporó al presupuesto 2025?

    Desde enero hasta la fecha de 2025, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes de préstamos por $1,992 millones, de los cuales ya ratificó los contratos de créditos por un total de $1,735.7 millones y tiene pendiente de ratificar cinco préstamos que suman $256.3 millones, cuya firma ya autorizó.

    Pero no todos los préstamos aprobados durante el presente año han ingresado al presupuesto general del Estado 2025.

    Durante el presente año, la Asamblea Legislativa ha aprobado un total de reformas presupuestarias por una suma de $1,044.1 millones desde el 12 de febrero de 2025 hasta la más reciente aprobada el 7 de octubre de 2025.

    Más de la mitad de los fondos incorporados al presupuesto actual, $571.5 millones, provienen de préstamos según los mismos decretos aprobados.

    Sin embargo, un total de $348.8 millones fueron incorporados de “asignaciones disponibles” que tenía el Ramo de Hacienda y “con cargo” al Fondo General, según los mismos decretos aprobados.

    El resto de fondos provienen de recursos propios de instituciones descentralizadas, títulos valores, contribuciones patronales, donaciones y asignaciones del Ramo de Justicia y Seguridad.

    La mayoría de los préstamos incorporados en el presupuesto de 2025 fueron aprobados en 2024 o en años anteriores.

    De enero a mayo se incorporaron fondos de préstamos para financiar lo siguiente: $84.6 millones para proyecto de cable submarino, $13.5 millones para el programa de salud inteligente, $157.7 millones para el Aeropuerto Internacional del Pacífico, $852,967 para infraestructura deportiva, $993,347 para emergencias por desastres naturales, $4.7 millones para desarrollo económico local (aprobado en 2021), $8.7 millones para transporte e infraestructura resiliente, $105,981 para auditar un préstamo para emergencias por desastres naturales, $5.4 millones para el sistema penitenciario.

    Desde julio, también se han incorporado: $5.8 millones para el sector agua y saneamiento, $9 millones para infraestructura de datos (Secretaría de Innovación de la Presidencia), $500,000 para mejora en la atención de salud, $22.7 millones para Surf City fase I (préstamo aprobado en 2025), $6 millones para siembra de maíz y frijol y $785,600 para jóvenes en situación vulnerable.

    También fue incorporado un préstamo de refuerzo presupuestario, de $250 millones para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador, cuyo destino aún no se ha explicado. Este préstamo también fue aprobado durante el año 2025.

     

  • Diputados se pronuncian por el día del profesional en relaciones internacionales, el 24 de octubre

    Diputados se pronuncian por el día del profesional en relaciones internacionales, el 24 de octubre

    La Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento por el “Día nacional del profesional en relaciones internacionales” que se celebra cada 24 de octubre y destacaron el papel de estos profesionales como constructores del diálogo y de la defensa de los “intereses nacionales en foros multilaterales”.

    El pronunciamiento fue una solicitud de los diputados Ana Figueroa y Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

    En el pronunciamiento, los legisladores felicitaron a todas las personas que se desempeñan en relaciones internacionales y destacaron su papel como “constructores de puentes entre los pueblos y su participación en los procesos de integración, comercio, diplomacia y cooperación”.

    Según los legisladores, el papel de los profesionales en relaciones internacionales ayuda a “las buenas relaciones con otras naciones y organismos internacionales” y a “la defensa de los intereses nacionales en foros multilaterales”.

    Aseveran que fomentan “el desarrollo de una diplomacia inclusiva, eficiente y orientada al bien común” y que tienen un compromiso de “los poderes legislativo en la promoción del diálogo, la cooperación y la integración de los pueblos”.

  • Reforma extendió periodo para la inscripción de ingenieros, técnicos y constructores en la DOT

    Reforma extendió periodo para la inscripción de ingenieros, técnicos y constructores en la DOT

    Ante la cercanía del vencimiento del plazo, la reforma a la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa extendió el periodo para que los constructores puedan inscribirse hasta marzo de 2026.

    El plazo fue extendido de seis a diez meses contados a partir de la instalación e inicio de funcionamiento de la DOT. Esta oficina, ubicada en la sede del Centro Nacional de Registros (CNR), empezó a funcionar el 12 de mayo de 2025.

    Casi al final de la sesión plenaria, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, pidió reformar el inciso segundo del artículo 83 de la Ley de la DOT, que regula la inscripción de las personas naturales o jurídicas en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción de la DOT.

    Propuso que “en un plazo máximo de 10 meses contados a partir de la fecha de instalación y entrada en funcionamiento de la DOT” estas personas “deberán inscribirse” para poder realizar trámites con la DOT.

    El artículo actual, que deja sin efecto todos los demás registros existentes al completar este registro, establece un periodo de seis meses.

    Si se toma como referencia la instalación el 12 de mayo de 2025 publicada por la DOT, este periodo se vencía el 12 de noviembre de 2025; pero con la extensión se vencería el 12 de marzo de 2026.

    La reforma no había sido incluida en el dictamen aprobado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.

    La DOT lleva un total de 1,974 personas inscritas, de los cuales 955 se han inscrito durante julio, agosto y septiembre.

    Entre los ya inscritos hay ingenieros civiles, arquitectos, arqueólogos, especialistas en estudios de impacto y diagnóstico ambiental, técnicos constructores, ingenieros eléctricos, técnicos proyectistas.

  • Sustituyen a Secretaría de Comercio por Gobernación en el Consejo Directivo de la DOT

    Sustituyen a Secretaría de Comercio por Gobernación en el Consejo Directivo de la DOT

    La reforma a la Ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) modificó su Consejo Directivo, ya que fueron incorporados los ministros de Gobernación, y de Agricultura y Ganadería, en lugar del secretario de Comercio e Inversiones, y del director general de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, o sus correspondientes delegados.

    La DOT es la nueva entidad encargada de emitir los permisos de construcción, demolición, talas de árboles, terracería e incluso cambio de uso de suelo, en áreas mayores a 250 metros cuadrados. En áreas menores puede intervenir si considera que las municipalidades, encargadas de dichas áreas, no tienen capacidad técnica para autorizar los permisos bajo el sistema creado en la ley de la DOT.

    La máxima autoridad de la DOT es su Consejo Directivo, conformado por 13 personas, de las cuales ahora siete serán ministros del Órgano Ejecutivo o sus delegados. Solo el director de la DOT no tiene derecho a voto.

    Solo tienen derecho al voto: los ministros de Vivienda, Medio Ambiente, Cultura, Obras, Salud y ahora Gobernación y Agricultura; los directores del Centro Nacional de Registros, de Bomberos y de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y los presidentes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

    El Consejo Directivo de la DOT es la instancia que aprueba los procedimientos para otorgar los permisos de construcción y que puede autorizar procedimientos especiales simplificados o la «modalidad exprés para dar celeridad a la autorización de los permisos de construcción».

    También aprueba los planes de ordenamiento territorial y conoce los recursos administrativos.

    La Asamblea Legislativa reformó el 21 de octubre su normativa con el fin de facultar a la DOT a autorizar permisos de tala de árboles, terracería y de cambio de uso de suelos, en los procesos de construcción, además de introducir 38 tarifas nuevas por sus servicios y modificar otras.

    Los trámites en la DOT

    La DOT intervienen en las fases de factibilidades, permisos y verificación de cumplimiento en permisos de construcción, y es la encargada de otorgar calificaciones del lugar de construcción, la factibilidad de aguas lluvias, abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, exploración de pozo, tratamiento de aguas negras, valoración cultural, así como permisos de construcción, aprobación de planos, permisos de vertido, ambiental, entre otros.

    Otras instancias encargadas de otorgar permisos similares son la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), que tiene autoridad sobre una zona delimitada de aproximadamente 84 cuadras del distrito de San Salvador, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), que regula los permisos en 28 distritos; e instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la ANDA, que ahora integran el Consejo Directivo de la DOT.

    Durante el segundo trimestre de 2025, la DOT tramitó 1,842 expedientes físicos y 1,477 solicitudes digitales. Según sus cálculos, los plazos de evaluación han reducido de 31.14 días la solicitud individual a 18.59 días la solicitud «integrada».

    De los expedientes físicos, la DOT reporta resoluciones de 182 de 193 del Ministerio de Cultura; 184 de 186 de la ANDA; y 32 resoluciones enviadas de 1,344 expedientes del Ministerio de Medio Ambiente.

    De la evaluación de 1,477 proyectos en su plataforma digital, con una inversión estimada de $3,609 millones, la DOT reporta 59 solicitudes aprobadas –no detalla el monto de inversión de las solicitudes aprobadas–, 149 observadas y 343 en evaluación.

    La Dirección diseña, mediante la Gerencia de Compensaciones, un «Banco de proyectos urbanísticos y ambientales».

  • Diputados estudiarán cambio de requisitos para miembros del tribunal sancionador de ANDRES

    Diputados estudiarán cambio de requisitos para miembros del tribunal sancionador de ANDRES

    Diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial recibirán una solicitud de reforma a la ley que creó la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que modifica los requisitos para algunos miembros del Tribunal Sancionador.

    El proyecto de reforma a la «Ley de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos», presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Asamblea Legislativa, busca dejar la exigencia de ser abogado únicamente para el presidente del tribunal sancionador, y exigir a los vocales que sean profesionales con título universitario.

    También propone suprimir el requisito de experiencia en procedimientos ambientales y sancionatorios.

    La reforma también incluye la ampliación de facultades de ANDRES, para que esta autoridad pueda establecer precios por sus servicios y proponer tasas por servicios para ser valorados por el Órgano Legislativo.

    La propuesta

    Los miembros del Tribunal Sancionador son nombrados por el presidente de la República.

    Esta instancia impone las sanciones a los infractores de la ley, atiende denuncias e investiga hechos u homicidios.

    Actualmente, los requisitos para todos los miembros del Tribunal Sancionador son: ser salvadoreño, abogado de la República, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios y no tener reclamaciones si fue contratista.

    La solicitud de reforma plantea dejar como requisitos: ser salvadoreño, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, y no tener reclamaciones si fue contratista; ser abogado de la República para el presidente del Tribunal Sancionador; y ser profesionales con título universitario para el primer y segundo vocales, incluidos sus suplentes.

    Con ello, también se suprimiría el requisito de «tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios».

    El tribunal sancionador de ANDRES castiga infracciones leves como arrojar o abandonar basura en calles, carretera, playas o parques; no separar adecuadamente los residuos peligrosos; no seguir las directrices de reciclaje; hasta infracciones graves como provocar un daño ambiental significativo como contaminación de fuentes de agua; operación ilegal de botaderos o plantas de transferencia, o incumplimientos de las obligaciones por parte de las municipalidades. Las multas oscilan entre los $20 hasta los 10,000 salarios mínimos mensuales.