Esta semana, se generó una polémica por un informe realizado por cinco expertos internacionales que aseveraron que «existen motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad» durante el régimen de excepción en El Salvador.
El artículo 7 del Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad como aquellos cometidos como «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque», ya sea asesinato, exterminio, esclavitud, traslado forzoso, encarcelación, tortura, violación, persecución, desaparición forzada u otros actos inhumanos.
El informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), sostuvo que hay más de 89,000 personas detenidas de forma masiva y arbitraria, al menos 8,000 personas inocentes liberadas reconocidas por el gobierno, 3,000 menores privados de libertad, 400 personas fallecidas bajo custodia estatal, 540 casos documentados de desapariciones forzadas, 814 casos de tratos crueles hasta marzo de 2024, 40 periodistas desplazados, 34 defensores de derechos humanos y 18 sindicalistas detenidos por razones políticas.
El informe también incluye casos específicos, como el de Alejandro Muyshondt, Ruth López, Enrique Anaya, José Santos Melara, Verónica Delgado, entre otros.
La polémica se centra en torno a la aseveración de posibles «delitos de lesa humanidad»: los autores argumentan que es una política de Estado y que los crímenes individuales no son aislados sino generalizados.
El Gobierno rechazó esta semana, tanto el presidente Nayib Bukele, como el vicepresidente Félix Ulloa, así como diputados de Nuevas Ideas, la comisión de crímenes de lesa humanidad con diferentes mensajes en redes sociales.
Bukele deslegitimó a las organizaciones no gubernamentales y a los expertos, señalándolos de tener una agenda coordinada y financiada desde el exterior (George Soros) y de preocuparse exclusivamente de los derechos de los delincuentes. «Únicamente defienden los derechos de los criminales», indicó en X.
Por su parte, Félix Ulloa, vicepresidente, cuestionó por qué las organizaciones no han denunciado el «genocidio» provocado por las pandillas argumentando que este es crimen de lesa humanidad.
Mientras, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, rechazó las denuncias de criminalización de defensores de derechos humanos argumentando que la ley se aplica a todos por igual si cometen delitos. «La labor de defensa de derechos humanos no es criminalizada en El Salvador pero tampoco puede ser un carta de inmunidad», dijo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el miércoles para dialogar sobre la situación de los derechos de los defensores de derechos humanos.
