Autor: Yolanda Magaña

Funcionarios salvadoreños compartieron esta semana la experiencia del gobierno en seguridad pública en el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, desarrollado en San Salvador por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay y por el Centro de Estudios Internacionales “Héctor Oquelí” de El Salvador.

Según el vicepresidente, trataron de “ser explícitos en cuál ha sido la virtud por la cual el proyecto de seguridad de El Salvador ha tenido éxito”. “Y se fundamenta en una sola y única verdad: la voluntad del pueblo salvadoreño”, dijo, en declaraciones compartidas por el diario La Paz Times.

De acuerdo con el funcionario, “si el pueblo salvadoreño no le hubiera dado al presidente la representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa, no hubieran podido implementar todas las reformas que se han hecho a las leyes penales, procesales penales, no hubiéramos podido hacer la depuración en el Órgano Judicial, que era un paso absolutamente necesario si queríamos que la justicia se fuera aplicando adecuadamente y por supuesto el fortalecimiento del músculo del Estado, que son las fuerzas del orden”.

El funcionario ya ha asegurado que en El Salvador lograron «armonizar las tres funciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial» como un proyecto «histórico» para alcanzar el «sueño de desarrollo”.

Ulloa reiteró que “el modelo Bukele es una inspiración para muchos gobiernos” de América Latina.

Uno de los participantes, el senador mexicano Mauricio Vila, empresario miembro del Partido Acción Nacional (PAN), dijo en redes sociales que venía a conocer el trabajo de El Salvador y también con “la disposición de compartir lo que la experiencia” le ha dejado. “Las soluciones no se copian, se entienden y evalúan. Así seguimos preparándonos para servir mejor”, indicó.

Otro participante, Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, estado de México, aseguró que han «reducido los índices de inseguridad de manera permanente en Metepec» y que hoy llegaba para «aprender prácticas que nos permitan seguir dando los mejores resultados en seguridad».

Según la Vicepresidencia, en el seminario, participaron el presidente del Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay Enrique Arezo; la senadora suplente de Uruguay, Valeria Ripoll; la embajadora de Uruguay en El Salvador, Alejandra Costa; y el director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez.

Por el Gobierno de El Salvador, participaron el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; el director de Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez; y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

También estuvieron presentes el embajador de China Popular en El Salvador, Zhang Yanhui, y la alcaldesa de La Paz Este, la exdiputada Marcela Pineda.

El vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Popular Municipal de Shanghái, Chen Jing, se reunió en China el 18 de agosto con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó la Embajada de China Popular en El Salvador.

Los diputados Samuel Martínez, Rubén Alemán y Juan Rodríguez, también del partido oficial Nuevas, acompañaron la reunión, de acuerdo con las fotografías publicadas por la oficina diplomática en X.

En la reunión también participó el embajador de El Salvador en China, Luis Oswaldo López Álvarez, quien ocupa el cargo desde octubre de 2024 luego de sustituir a Aldo Álvarez.

Castro realiza una visita a China Popular por invitación de su homólogo, Zhao Leji, y permanecerá en dicha nación hasta el sábado 22 de agosto.

El Congreso de Shanghái es un órgano legislativo local.

Inicialmente, la Embajada escribió por equivocación “Fidel Castro” el nombre del diputado salvadoreño, sin embargo, corrigió posteriormente y etiquetó a @ECastroES el post ya corregido.

El embajador Zhang Yanhui se reunió el 14 de agosto con Ernesto Castro para intercambiar “opiniones sobre las colaboraciones legislativas entre ambos países”.

El embajador Yanhui también se reunió el 13 de agosto, con el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, para intercambiar “opiniones sobre las colaboraciones judiciales entre ambos países”; y el 11 de agosto de 2026, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, según la oficina diplomática.

Las relaciones entre China y El Salvador se establecieron en agosto de 2018, cuando se rompieron los lazos diplomáticos con Taiwán.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, viajó a China en 2019 en donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping.

El Salvador y China negocian un tratado de libre comercio desde 2024; el gobierno asiático ha donado la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y el Estado Nacional, actualmente en construcción.

El médico Rafael Aguirre, candidato a la Presidencia de El Salvador por el partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), sostiene que las elecciones generales de febrero de 2027 serán observadas por «todo el mundo» y confía en que el proceso se desarrolle respetando las leyes electorales, aunque la balanza está inclinada al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«(Las de 2027) son elecciones constitucionales, son elecciones legales (…) a raíz de toda la problemática democrática en el país esto ha permitido que los ojos del todo el mundo estén puestos sobre el país, por lo que sabemos que estas elecciones van a ser importantes y van a ser observadas por todo el mundo», dijo en una entrevista a EFE.

Aguirre, especializado en medicina interna y líder sindical, es uno de los dos candidatos de la oposición que se enfrentarán a Bukele en los comicios del próximo año, en los que el mandatario salvadoreño busca reelegirse para un tercer período luego que su partido, Nuevas Ideas (NI), modificará la Constitución en el Congreso para tal efecto.

Su participación bajo la bandera del FMLN, exguerrilla que se convirtió en partido tras el final de la guerra civil (1980-1992), obedece a la «necesidad de acabar con las injusticias que actualmente se están cometiendo», según aseguró.

Candidatura desde el movimiento social

Aguirre explicó que su candidatura viene impulsada desde organizaciones del movimiento social y ciudadano, que se ha venido debilitando en los últimos años, y que el FMLN es «el vehículo» que necesita para estar dentro de la contienda electoral.

«Obviamente tenemos que ocupar la bandera de un partido político, así lo demanda la Constitución (…) desde el movimiento social necesitamos a un ente político que ya sepa manejarse en el territorio para poder tener una mejor presencia y poder hacer una estrategia comunicacional en el territorio», apuntó.

El FMLN gobernó entre 2009 y 2019 de la mano del ya fallecido periodista Mauricio Funes (2009-2014) y del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos recibieron la nacionalidad nicaragüense y enfrentaron procesos judiciales por diversos casos de corrupción. Desde 2019 el FMLN dejó de estar entre las primeras fuerzas políticas de El Salvador, cuando Bukele ganó la Presidencia y rompió con tres décadas de gobiernos del partido de izquierda y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

Aguirre es consciente de la alta popularidad que mantiene el presidente Bukele, en gran parte por su llamada «guerra» contra las pandillas, pero a su criterio las elecciones de 2027 «no es un concurso de popularidad, es más bien la oportunidad de presentarle a la comunidad una alternativa».

«En este momento se presenta una alternativa real y viable, que sí cumple con los requisitos constitucionales y legales para poder participar y eso motiva a continuar», dijo el también secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss).

Apuntó que el camino electoral es «una cuesta arriba» y señaló que no se enfrenta a un partido político, sino «a toda una maquinaria propagandística de un Estado como tal», aunque considera «que hay mucho más descontento de lo que a simple vista se ve o lo que las encuestas reflejan».

«Descontento» por el régimen de excepción

De acuerdo con el médico, su decisión electoral ha generado una «alta expectativa» y busca hacer eco en aquellas personas «que actualmente están ofendidas y descontentas porque no hay diálogo en el país y por decisiones arbitrarias», como el régimen de excepción.

Aseguró que «hay mucho descontento entre las personas afectadas por el régimen de excepción», una medida implementada desde marzo de 2022 señalada de violentar derechos, pero respaldada por buena parte de la población y que le permitió a Bukele su reelección inmediata en 2024 a pesar de ir, en ese momento, contra la Constitución.

Para el candidato presidencial, el régimen de excepción representó «una herramienta constitucional necesaria en un momento de violencia extrema, pero tiene límites y temporalidad».

«No queremos volver a El Salvador de las pandillas, a los territorios controlados por criminales, por eso debemos garantizar seguridad sin miedo y con debido proceso», apuntó el médico que desde mayo pasado enfrenta un proceso administrativo de despido por parte del Seguro Social tras denunciar la escasez de medicamentos en los hospitales nacionales.

Abogados, expertos e incluso el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, han explicado cuáles podrían ser los caminos legales posibles que podría tener un salvadoreño amparado bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), cuya prórroga más reciente vence el 9 de septiembre de 2026.

Las alternativas legales mencionadas para que los beneficiarios del TPS permanezcan en los Estados Unidos son las siguientes:

Estatus de residente permanente legal (Green Card) por petición de familiar: es la búsqueda de la residencia con la petición de un familiar que sea calificado que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Fue mencionada por el secretario de Seguridad Nacional.

El abogado Carlos Magaletta, en sus redes sociales, explicó que esta opción depende de condiciones como quién realiza la petición, si la hace un hermano, hijo, esposo o padre. Cuando la petición se da entre hermanos, el problema que observa es que se enfrenta a una línea de espera de 15 años, plazo que para ante un proceso de deportación.

Sostuvo que, si la petición es de un hijo y si el migrante entró con una visa, una entrada legal, “ese es el camino más claro y abierto”, “el problema aparece si esa persona que viajó tiene una orden de deportación vieja”, indicó.

Este abogado añadió la situación es diferente si el migrante tiene un hijo de 21 años y nunca viajó. «Si nunca viajaste, ahí no vas a pedir la residencia como esa persona que tiene entrada legal”. Otra opción es la petición de un esposo residente o ciudadano, “ahí sí, en esa categoría hay perdón”.

Visas de inmigrante basadas en el empleo: podrían ser elegibles si tienen un empleador dispuesto y capaz de patrocinarlos, además de cumplir requisitos de elegibilidad y admisibilidad pertinentes.

Asilo: salvadoreños presentes en Estados Unidos pueden solicitar asilo independientemente de cómo hayan llegado a los Estados Unidos o de su estatus migratorio actual.

Formas relacionadas de protección: si no califican para el asilo pueden aplicar a la «suspensión de la remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura, dependiendo de sus circunstancias individuales» o también existen oportunidades para personas que han sido víctimas de un crimen o de abuso.

Estatus de no inmigrante: clasificaciones temporales de estudiante, empleo u otras clasificaciones, si cumplen con los requisitos estatutarios y reglamentarios.

Acción diferida: esta medida puede estar justificada en circunstancias extraordinarias donde un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decide caso por caso basados en las circunstancias.

La ley de 10 años: haber vivido al menos 10 años de forma ininterrumpida y sin problemas legales puede volverse un argumento para el migrante ante una corte cuando hay un proceso de deportación de un migrante. Puede servir para migrantes que no tienen a familiares, según el abogado.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para ratificar un préstamo de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para frenar la deserción escolar de jóvenes en situación de vulnerabilidad en sus estudios de educación media y postsecundaria.

La ratificación sería aprobada en la sesión plenaria del jueves 20 de agosto.

Los recursos financiarán el “Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador”, que tendría una duración de cinco años e incluirá actividades de refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional, becas para programas de postsecundaria, transferencias económicas y apoyo financiero a la Dirección de Integración para implementar un sistema de alerta temprana sobre riesgos de deserción estudiantil.

El crédito deberá ser pagado en un plazo de 23 años y contempla un período de gracia de 7.5 años. Además, establece una comisión sobre el saldo no desembolsado de hasta 0.75 % anual, a partir de los dos meses posteriores a la firma del contrato.

Baja continuidad educativa

De acuerdo con el diagnóstico incluido en la propuesta de préstamo del BID, en El Salvador, de cada 100 estudiantes que comienzan la educación primaria, 56 llegan a noveno grado, 43 terminan el bachillerato, 16 ingresan a la universidad y únicamente 14 logran graduarse de educación superior.

El organismo, con base en datos del Ministerio de Educación correspondientes a 2025, señala que el 62 % de los egresados de centros escolares públicos no continúa estudiando. Además, indica que más del 75 % de quienes abandonan sus estudios lo hacen por motivos económicos, ya sea porque necesitan incorporarse al trabajo o porque los costos de estudiar resultan demasiado altos.

El diagnóstico también señala que El Salvador presenta tasas de culminación del bachillerato inferiores al promedio de América Latina y el Caribe. El promedio de escolaridad en el país es de ocho años, frente a nueve años en la región.

A esto se suma la situación educativa de la población retornada desde el extranjero: solamente el 16 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha completado el bachillerato.

Becas y alerta temprana

Según el BID, la Dirección de Integración cuenta con un modelo que proyecta otorgar hasta 20,000 becas anuales mediante convenios con instituciones públicas y privadas.

El nuevo programa priorizaría el acompañamiento para evitar el abandono de los estudios de educación media, además del financiamiento de becas, seguimiento y mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos de deserción en el nivel postsecundario.

El BID aprobó el préstamo el pasado 24 de junio y proyecta que, con la ejecución del programa, la tasa de graduación de educación media aumente del 75 % al 78 %. También prevé elevar del 50 % al 54 % la tasa de transición de educación media a educación superior y del 14 % al 16 % la tasa de graduación en educación superior.

El programa tendría como meta beneficiar a 60,000 jóvenes, equivalentes a unos 12,000 beneficiarios anuales durante los cinco años de ejecución. Entre sus componentes contempla transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes. Además, se prevé atender a 1,000 migrantes retornados con potencial de reintegración.

En lo que va del año, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes relacionadas con préstamos, títulos o garantías estatales crediticias por un monto acumulado de $1,556.4 millones.