Autor: Yolanda Magaña

Al cierre del año 2025, la Asamblea Legislativa ejecutó un 89 % del presupuesto que tenía asignado para ese año, que ascendió a $46.9 millones, dejando un saldo de $5.28 millones, según el reporte de ejecución presupuestaria de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre publicado en su Portal de Transparencia.

Remuneraciones

En el rubro 51 de remuneraciones, se ejecutaron el 95 % de los fondos programados, es decir, $35.1 millones de $36.7 millones y devengó $35.1 millones, quedando un saldo de $1,617,304.50.

La mayor parte de los fondos en este rubro son remuneraciones permanentes y eventuales; pero también hay $1.3 millones que se habían programado para gastos de representación, ejecutados en un 100 %, y $585,520 para indemnizaciones, de los cuales se gastaron $556,100 y quedó un saldo de $29,420.

Bienes y servicios

De $5.8 millones programados para compra de bienes y servicios, la Asamblea gastó $3.5 millones y le quedó un saldo de $2.2 millones en este rubro. Así ejecutó este rubro:

Bienes de uso y consumo: se ejecutaron $799,873.41 de $1,028,754.21 programados.

Servicios básicos: se ejecutaron $1,016,628.49 de $1,259,884.47 programados.

Servicios generales y arrendamientos: se devengaron $1,680,926.96 de $2,724,036.32 programados.

Pasajes y viáticos: se ejecutaron $67,485.97 de $150,000.

Servicios técnicos y profesionales: No se ejecutó nada de $664,910 programados. No se detalla para qué se requerían los servicios técnicos presupuestados en este rubro de código 545.

Gastos financieros

Seguros, comisiones y gastos bancarios: se ejecutaron $856,151.13 de $1,095,000. No se detalla más el destino de los fondos.

Impuestos, tasas y derechos: se ejecutaron $100,292.52; sin embargo, según el documento público, se habían programado $110,280.

Transferencias corrientes

Para transferencias corrientes, se ejecutaron $27,588.56 de $30,000.

Inversiones en activos fijos

Se ejecutaron $478,378.75 de $1,629,750 que se habían programado. La inversión en activos fijos puede ser infraestructura. De este rubro, la Asamblea reportó que les quedó un saldo de $1,151,371.25.

Transferencias de capital (becas)

Se ejecutaron los $1,584,000 programados.

La Asamblea Legislativa no ha informado qué hará con el saldo presupuestario que según la institución les resultó al cierre de 2025.

La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, aseguró ayer que espera que el nuevo Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República, aprobado por decreto el 11 de febrero, se base en principios democráticos, de Estado de Derecho, y de respeto a los derechos humanos y garantías judiciales.

«Es un hecho que es importante la formación profesional. Lo que nosotros esperamos es que realmente la formación profesional esté basada en principios democráticos, garantías judiciales, derechos fundamentales de la población y respeto al Estado de Derecho», indicó la diputada, en declaraciones a periodistas. Ortiz votó a favor de la creación del Instituto.

La legisladora advirtió que la Asamblea Legislativa ha aprobado reformas que buscan que la Fiscalía General de la República no cumpla los plazos originalmente establecidos por la ley, en referencia a las reformas penales que permitieron prolongar el plazo en que los capturados bajo el régimen de excepción podían ser acusados formalmente por la FGR ante un juez.

«Hay reformas para que la Fiscalía tenga más fácil ir no cumpliendo los plazos, para no presentar acusaciones formales, se le ha ido haciendo facilidades a la Fiscalía para que no haga un trabajo en tiempo, violando las garantías fundamentales a las personas», observó.

El 15 de agosto, la Asamblea reformó la Ley contra el Crimen Organizado para permitir que los detenidos durante el régimen de excepción sigan bajo arresto por dos años más durante los cuales deberán ser acusados por la Fiscalía. El dictamen aprobado sostvo que 88,875 detenidos debían ser juzgados por 44 jueces del crimen organizado y acusados por 300 auxiliares fiscales en 600 juicios.

Antes, el decreto legislativo 803 de “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción” permitió que los capturados bajo régimen de detención estuvieran bajo detención dos años a partir del decreto sin ser acusados, a partir de su vigencia 25 de agosto de 2023. El régimen de excepción inició el 27 de marzo de 2022. El Gobierno reportó en enero que ha capturado a 91,000 personas bajo el régimen.

La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles a Kennedy Obed Reyes Lazo para que acepte la condecoración de la Medalla de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Reyes Lazo, quien se desempeñaba como embajador adjunto ante la OEA, fue nombrado embajador de Austria, y entregó en enero pasado las cartas credenciales que lo acreditan en el cargo ante el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen.

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que esta es una de las “más altas distinciones en el ámbito de la cooperación hemisférica en materia de seguridad y defensa”.

“Promueve la interacción y cooperación entre civiles y militares de alto nivel en temas relacionados con asuntos militares y de defensa”, leyó Chamagoa, sobre la Junta Interamericana.

El diputado dijo que esta aprobación no la están haciendo “por formalismo”, “sino porque estas distinciones honran al país entero” y “proyectan a El Salvador como socio serio y comprometido con la seguridad regional y continental”.

La autorización recibió 59 votos, de Nuevas Ideas, sus aliados PCN y PDC, Arena y Vamos.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, respondió negativamente a la pregunta de un periodista que le cuestionó si habían recibido una propuesta de reforma de pensiones, según un video publicado por la radio YSUCA en X.

“No”, contestó a la pregunta sobre si ingresó la propuesta.

#Pensiones| Al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se le consultó si ya ingresó la propuesta de reforma de pensiones. Su respuesta fue: “No”. pic.twitter.com/Gq06ipoCKE

— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) February 11, 2026

Uno de los compromisos que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAM) fue la publicación de una propuesta de reforma de pensiones a más tardar el 10 de febrero de 2026 y su aplicación en el año 2026.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, insistió hoy su propuesta de Ley de protección de ahorros para pensiones, un proyecto que prohibiría al Estado que pueda tomar más del 25 % de los fondos y que se restablezca el derecho de los trabajadores cotizantes de retirar el 25 % de sus ahorros.

“Es muy delicado, nos deja en la posición de un Estado que se ha comprometido con el FMI y que no honra los acuerdos. Si no honra el calendario establecido, puede afectar la capacidad de que en el futuro podamos tener acceso a otros financiamientos”, opinó Ortiz.

“Si no se cumplen las condiciones, se hacen bien y se hacen a tiempo, puede causar que, primero, se cancele el acuerdo, eso sería gravísimo para el país, nos cerraría la credibilidad, nos cerraría las puertas a otros mercados y no habría fuentes de financiamiento”, indicó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, exhortó a no aprobar la reforma de pensiones con dispensa de trámites. “Es la seriedad con la cual se le va a dar estudio al tema, ojalá cuando ingrese se haga una comisión especial y que se reciban personas que conozcan”, indicó la legisladora.

La diputada Claudia Ortiz (Vamos) advierte que si el Estado no honra sus compromisos con el FMI para una reforma de pensiones “puede afectar la capacidad de que en el futuro podamos tener acceso a otros financiamientos”.
Video: Cortesía. pic.twitter.com/PTfhlW308G

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) February 11, 2026

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa creó por ley un instituto de educación superior en la Fiscalía General de la República con una modificación para que pueda certificar a funcionarios de institución fiscal y a “otros profesionales con grado académico”.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, pidió modificar el literal “e” del artículo 3, que regula las atribuciones del Instituto, para agregar que el Instituto certificaría a “otros profesionales” pero que tengan “grado académico”.

El artículo quedó así: “Para el cumplimiento de su objetivo general, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones específicas: e) Certificar y acreditar las competencias profesionales de los funcionarios de la FGR y de otros profesionales con grado académico que participen en sus programas educativos, de conformidad con estándares de calidad y excelencia académica reconocidos nacional e internacionalmente”.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió a Navarro que explicara qué implica agregar la frase “con grado académico” al literal que fue modificado. Navarro no respondió.

Según la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, delegaciones extranjeras podrán ser capacitados en El Salvador “y de esa manera poderles extender títulos que a la hora de estar adscritos al Ministerio de Educación… ya no va a ser necesario seguir ningún tipo de trámite porque desde el momento que se gradúen ellos ya estarían recibiendo su título como sucede en cualquier otra universidad”.

“Lo que nosotros pretendemos es poder abrir una oferta académica al mundo”, indicó.

La legisladora, sin embargo, señaló que “en este momento únicamente será abierto para las personas que laboren en la FGR”.

La ley se compone de siete artículos. El artículo 3 literal a establece que el Instituto podrá diseñar e impartir “diplomados, maestrías, doctorados”.

El artículo 6 indica que el fiscal general de la República emitirá en 30 días el reglamento para establecer “los planes de estudio, los requisitos de ingreso y graduación, el régimen de personal docente administrativo”.

El martes, la FGR informó que ya dispone de ocho salones de capacitación, un salón de informática, un salón de simulación de audiencias y un área para ingerir alimentos, dentro del edificio institucional recientemente construido con $44 millones provenientes de dos préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y para el funcionamiento del Instituto ha firmado convenios con el gobierno de China Popular y el Ministerio Público de Río de Janeiro de Brasil, entre otros.

En El Salvador, la Ley de Educación Superior establece que las instituciones de educación superior son creadas “por decreto legislativo o decreto ejecutivo en el Ramo de Educación”. Las privadas deben presentar una solicitud al Ministerio de Educación presentando planes y programas de estudio, nómina de autoridades, plan de organización académica y financiera, programas, proyectos de investigación y proyección social que se desarrollarán.

Los diputados alemanes Gökay Akbulut y Max Lucks pidieron un permiso especial para ingresar a la Penitencaría Occidental en donde están personas que son consideradas presos políticos dijo la parlamentaria europea en un canal de televisión.

Ambos legisladores harán reportes sobre su visita a El Salvador como miembros de las comisiones de asuntos exteriores y de derechos humanos del Parlamento alemán.

“No es una visita personal, es una visita política, vamos a hacer reportes del viaje, vamos a documentar todo, soy integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor Lucks está en la comisión de derechos humanos”, detalló Akbulut, del partido Izquierda, en la entrevista Encuentro TV El Salvador, con Julio Villagrán.

“Vamos a enviar solicitudes y presionar al gobierno alemán y también la Unión Europea con nuestro reporte, vamos a tratar de tener conversaciones técnicas con diferentes organizaciones activas en El Salvador y también queremos informar al público alemán sobre la situación en el país”, agregó la diputada.

La diputada también aseveró que hace semanas pidieron un permiso para entrar a la Penitenciaría Occidental de Santa Ana pero no recibieron respuesta. “Hemos pedido hace semanas un permiso de entrar pero infelizmente no hemos recibido un permiso, junto con las familias estuvimos frente a la cárcel y organizamos una protesta y entregamos las bolsas de comida”, expresó.

En la Penitenciaría Occidental se encontrarían recluidos el abogado Enrique Anaya, crítico del gobierno actual; así como el dirigente de la Alianza El Salvador en Paz, José Santos Melara, el exfuncionario del FMLN Eugenio Chica y activistas.

En esa entrevista, Akbulut opinó que El Salvador vive un régimen autoritario. “No puede ser que por tantos años se mantiene un régimen de excepción y las personas se detienen, que no haya Estado de Derecho y que todos los procesos son arbitrarios. Algunos reciben cartas de liberación pero igual no los liberan”, aseguró, en torno al régimen de excepción que se aplica en el país desde marzo de 2022. Agregó que no puede ser que se lleven presas a las personas “por su trabajo político”.

“La lucha contra la criminalidad hay que hacerla pero si se quiere tener una sociedad sostenible tiene que basarse sobre la verdad”, indicó Lucks, del partido Verde, también entrevistado en el mismo espacio.

La Asamblea Legislativa entregó este mediodía, al inicio de su sesión plenaria, un reconocimiento especial como campeón de fútbol de la primera categoría profesional en el Torneo de Apertura 2025 al Club Deportivo Luis Ángel Firpo.

El pergamino fue recibido por el presidente Luis Ángel Firpo, Rony Hernández, la junta directiva, equipo técnico y jugadores del club.

“Lo recibimos con humildad y orgullo”, dijo Hernández, en la sesión plenaria.

Por el reconocimiento votaron diputados de todos los partidos.

“Yo soy aficionado del Atlético Marte”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa. Señaló que la afición siempre es fiel a pesar de que no se dan los resultados.

Pero añadió que el Firpo también tiene su historia. “Aquel Firpo que le ganó a la Juventus, el Firpo que le ganó a Los Pumas, ese equipo que escribió con fuego entre los grandes”, mencionó sobre el equipo que, recordó, nació en 1923. Castro recordó que luego de la décima corona el “Firpo cayó en un bache”.

“El mayor activo que tiene Luis Ángel Firpo son sus aficionados”, afirmó. Pero también les dijo a los jugadores que son ejemplo de muchos niños en el país y los exhortó a sentirse orgullosos de sí mismos.

Castro aseguró que hace poco estuvo en Houston, Texas, en donde muchos salvadoreños se sentían contentos por el campeonato que han ganado.

Al cierre del año 2025, la Asamblea Legislativa devengó un 88.75 % del presupuesto que tenía asignado para ese año, que ascendió a $46.9 millones.

El reporte acumulado definitivo de ejecución presupuestaria de egresos del 1 de enero al 31 de diciembre, publicado recientemente por el Portal de Transparencia del Órgano Legislativo, detalla que ejecutó $41,713,363.29 de los $46,996,257 programados.

El 95 % de los fondos programados para remuneraciones (salarios, contribuciones, gastos de representación e indemnizaciones) se ejecutaron: tenía presupuestados $36.7 millones y devengó $35.1 millones, quedando un saldo de $1,617,304.50.

Del saldo presupuestario en remuneraciones, quedó $790,774.19 para remuneraciones permanentes, $456,950.46 para remuneraciones eventuales, $90,484.04 para contribuciones patronales a instituciones de seguridad social públicas, $217,471.62 para contribuciones patronales a instituciones de seguridad social privadas. También hubo saldo en indemnizaciones ($29,420.50) y en remuneraciones diversas ($32,203.69). Los $1.3 millones destinados a gastos de representación fueron ejecutados en su totalidad.

 

La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en busca de estrechar las relaciones entre ambos países.

Castro aseguró que en el encuentro ambos reafirmaron su compromiso para acercar más la relación “basada en el respeto mutuo y valores compartidos”.

La reunión fue dada a conocer el 10 de febrero a las 6:04 p.m. en un post publicado en X por el diputado de Nuevas Ideas.

La encargada de negocios aseguró, el 12 de enero, que la relación con El Salvador continúa muy estrecha y cercana en seguridad, desarrollo económico, migración y “tantos temas”. “Continuamos con esa relación, va a seguir siendo una relación muy cercana”, indicó.

En su discurso inaugural del concierto 250, por los 250 años de independencia de los Estados Unidos, Fellows aseguró que “Estados Unidos y El Salvador están unidos por una amistad profunda”.

Uno de los acuerdos que lograron este año ambos países, y que aún no ha sid aprobado por la Asamblea Legislativa salvadoreña, fue el que eliminó el 10 % de arancel a productos salvadoreños que son importados a Estados Unidos y que había sido impuesto en abril de 2025, pero que también obliga a El Salvador a facilitar la inversión de Estados Unidos para extraer y exportar “minerales energéticos críticos” y facilitar las inversiones estadounidenses en energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura.

Otro de los acuerdos entre El Salvador y la administración de Donald Trump que marcó el año 2025 fue el que permitió recibir entre marzo y abril a más de 250 personas de origen venezolano consideradas integrantes de la banda Tren de Aragua para ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot); luego de su encarcelamiento fueron entregadas el 18 de julio en un intercambio de presos políticos. Algunos de los venezolanos han declarado a medios como la BBC y The New York Times que fueron torturados.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, informó sobre un encuentro con el representante de ACNUR en El Salvador para fortalecer la atención a personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y retornadas con necesidad de protección, en el marco del liderazgo regional que ejercerá el país en 2026.

El Salvador tendrá en 2026 la presidencia pro tempore del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), un mecanismo de cooperación regional que busca atender las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en Centroamérica y México.

La viceministra se reunió con Vito Trani, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en El Salvador, con el objetivo de avanzar en acciones concretas que fortalezcan la respuesta institucional del país ante los flujos de movilidad humana, particularmente de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y personas retornadas con necesidades de protección.

Esta instancia busca fortalecer los servicios para población en movilidad, la coordinación interinstitucional y el acompañamiento técnico de ACNUR durante el período en que El Salvador ejercerá la presidencia del MIRPS.

De acuerdo con la funcionaria, el liderazgo del país permitirá impulsar soluciones regionales que se traduzcan en mayores niveles de protección, acceso a medios de vida, procesos de inclusión social y apoyo para una reintegración sostenible de las personas retornadas.

El MIRPS es una iniciativa regional parte del Pacto Mundial sobre los Refugiados que reúne a Estados de Centroamérica y México para coordinar políticas públicas y movilizar cooperación internacional frente al desplazamiento forzado, el asilo y la protección de personas en situación de movilidad.

Los países miembros trabajan en cuatro ejes principales: prevención del desplazamiento forzado, protección y atención a personas refugiadas y solicitantes de asilo, promoción de soluciones duraderas, como la integración local o el retorno seguro, y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional.

La carta estatutaria del MIRPS establece que la presidencia del organismo es asumida rotativamente según orden alfabético. El período de presidencia de cada país miembro es de un año. La titularidad del organismo es entregada durante la reunión anual de miembros.