Autor: Yolanda Magaña

  • Diputados continúan entrevistando candidatos a Corte de Cuentas, incluido un magistrado, un juez anticrimen y el director Anticorrupción

    Diputados continúan entrevistando candidatos a Corte de Cuentas, incluido un magistrado, un juez anticrimen y el director Anticorrupción

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa realizó el lunes una nueva jornada de entrevistas al segundo grupo de cinco candidatos a presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), cuyos actuales funcionarios concluyen su periodo el 27 de agosto de 2026.

    José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, fue el primer entrevistado de este lunes. El funcionario hizo énfasis en el enfoque preventivo del trabajo de la Corte de Cuentas y argumentó que así que habrá mejores obras, más recursos y menos incumplimiento normativo.

    Flores Ramos propuso “fiscalizar mejor, resolver mejor, funcionar digitalmente y generar confianza y valor público”.

    Propuso enfocar las auditorías en prevención. “Las auditorías tienen que ser enfocadas en una prevención, siempre estamos acostumbrados a que el auditor llega cuando la gestión ya terminó, pero internacionalmente esto está cambiando y nacional, también debe cambiar. Tenemos que seguir la línea”, sostuvo. Agregó que avanzarían digitalmente a través de un Centro de Analítica de Datos.

    A esto agregó la implementación de un sistema de seguimiento de recomendaciones para, según la explicación, evitar esperar a que se realice la auditoría y genere un hallazgo.

    “Los administradores de fondos y los titulares de las instituciones tienen acceso a la CCR. Me he encontrado que las personas no saben que esa función existe. Si las instituciones consultaran ante una duda, los errores no se cometieran. Si nos enfocamos en auditorías orientadas a riesgos y a prevención, la función de la CCR pasará a no estar enfocada en cantidades sino en el impacto de la fiscalización”, dijo el actual segundo magistrado de la CCR.

    El funcionario propuso “un sistema inteligente de gestión jurisdiccional” que alerte a los magistrados de segunda instancia y utilizar la Inteligencia Artificial para disminuir los tiempos a los juzgadores y colaboradores, “no a juzgar, nos va a ayudar a consolidar los criterios, a manejar precedentes”.

    El segundo entrevistado fue Julio Alberto Jule Herrera, juez propietario del tribunal tercero contra el crimen organizado y exsecretario del juez cuarto de sentencia Ramón Iván García, dijo que su motivación es que “se puede vislumbrar un proyecto de país”.

    “Los hechos notorios y públicos no requieren prueba dice un adagio del artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil”, dijo Jule Herrera durante su entrevista.

    Al pronunciarse sobre la mora de 2,099 apelaciones sin resolver en la Cámara de Segunda Instancia, conformada por los tres magistrados de la CCR, aseguró que “habrán millones de reparos que se han declarado a funcionarios que, al no finalizarse con firmeza esos fondos jamás podrán ser recuperados por el Estado”.

    “No hay que ser efectivos solo auditando, hay que ser efectivos ejerciendo jurisdicción, esa es mi especialidad, nosotros manejamos juicios masivos y complejos, creo tener la capacidad para ejercer el cargo”, expresó a los diputados como juez contra el crimen organizado.

    El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, le preguntó qué haría para comprometerse en desvanecer la mora en la primera y segunda instancia de la Corte de Cuentas.

    El juez respondió que iniciaría un programa de depuración de procesos y realizaría un inventario del más antiguo al más reciente. “Hay que verificar en la Corte de Cuentas ese equipo técnico de colaboradores encargados de sustanciar los procesos, hay que capacitar ese personal en motivación de resoluciones judiciales”, indicó.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, le preguntó si considera que la Dirección Anticorrupción de la CCR está combatiendo la corrupción o “solo es una pantalla publicitaria”.

    “Que sea pantalla, no creo que sea así”, le respondió el candidato, luego de comentarle que el artículo 13 de la Ley Anticorrupción “tiene un abanico de posibilidades”.

    Jule Herrera explicó que la Unidad Anticorrupción de la Corte de Cuentas tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y a esas 12 instituciones que forman parte del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción: Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de las Personas Naturales, Policía Nacional Civil, Dirección de Activos Digitales y Corte Suprema de Justicia, mencionó.

    Agregó que un funcionario o empleado público puede responder por acción y omisión. Ejemplificó que si un funcionario “adquiere bienes por $1 millón, $50,000, $200,000, tendrá que activarse de manera inmediata ese sistema integrado porque para inscribir un bien”.

    “¿Qué nos piden?, la solvencia del Ministerio de Hacienda, todos los bienes que excedan de $250,000, pero se va a generar la primera alerta, la Superintendencia del Sistema Financiero, veamos si este funcionario tiene la capacidad para adquirir ese bien, pero en sus cuentas nunca ha manejado nada; sistema de gestión antisobornos, ¿de dónde lo obtuvo?, si no, allá estarán los informes que se tendrán que remitir a la Fiscalía, por un soborno que se haya generado”, afirmó. El juez dijo que conoció del caso de los auditores detenidos de la CCR que formaron parte de la unidad de San Miguel y del caso Argoz.

    El tercer candidato entrevistado fue Carlos Aníbal Cruz Flores, juez de cuentas de la Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR, quien aseveró que propuso un “trabajo colaborativo” en dicha Cámara luego de realizar un diagnóstico; y afirmó que quiere formar parte de un «proceso de transformación”. “La CCR no es la misma del año 2023, ha habido avances significativos y eso es evidente”, afirmó.

    La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, le preguntó su opinión sobre la gestión actual de la CCR. El candidato contestó que la CCR está “realizando acciones” para cumplir su función constitucional y que “está en esa dinámica del Estado”. El candidato también señaló que él haría un diagnóstico y diseñaría un plan con posibles “giros de timòn”.

    El cuarto aspirante entrevistado fue José Arnoldo Gaitán Castro, quien fue juez de cuentas, fue asesor jurídico de la alcaldía de San Miguel y ha sido apoderado de distribuidoras de energía eléctrica. Antes de relatar su trayectoria, expresó: “Tengo el honor y el placer de dirigirme a ustedes y agradecerles que he sido electo entre los demás miembros que nos presentamos y deseo expresarles en primer lugar que tengo un currículum bastante bueno”.

    Gaitán Castro afirmó que se enfocará en el enriquecimiento ilícito de servidores públicos a costa del Estado y presentó un plan que promete un modelo basado en resultados y en las demandas de los salvadoreños.

    “Contribuirá al gobierno y sus entidades a mejorar su gestión pública, la rendición de cuentas, transparencia, combatir la corrupción, fortalecer la confianza pública y la fiscalización del uso de los fondos públicos”, propuso.

    Criticó la gestión de dos de los tres magistrados actuales de la CCR. “Si dentro de tres años que vuelvan a entrevistar posiblemente van a andar en los 2,500 o 3,000 y eso no puede ser, porque no ha habido voluntad política de la institución”, dijo. Según el funcionario, la mora hace tres años era de 1,500 casos en la Cámara de Segunda Instancia.

    “Hay dos magistrados que han tenido seis años, hay un presidente que acaba de comenzar, yo no lo conozco pero le miro bastante buena fe, pero los otros dos magistrados no sé por qué no han podido sacar esa mora porque ellos saben a perfección de la mora existente con que agarraron, que era de 1,500 casos”, expresó.

    El abogado señaló que en la CCR había una “bodega de la corrupción”, que de esos «juicios que están dormidos ahí” «hay plata”. Así mismo, aseguró que no le fallará al presidente Nayib Bukele y denunció que en el año 2016 fue presionado para que «le ayudara a limpiar» auditorías.

    Arnoldo José Parada Pineda, actual director Anticorrupción de la CCR, el quinto entrevistado de este lunes, aseguró tener 15 años de experiencia como servidor público colaborador jurídico de las unidades antinarcotráfico, patrimonio, contra las extorsiones y crimen organizado y coordinador de fiscales.

    “Mi labor es dejar un legado donde los ciudadanos puedan tener accesibles esos canales de denuncias”, dijo.

    El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, le preguntó cuál sería su principal cambio durante su gestión. El funcionario respondió que darle las herramientas necesarias a la población para tener transparencia y rendición de cuentas más cercana a la ciudadanía, tener una Corte de Cuentas más moderna y una estrategia formal de optimizar los recursos de la institución.

  • Aprueban informes de labores de Salud, MAG y MARN sin citar a los ministros

    Aprueban informes de labores de Salud, MAG y MARN sin citar a los ministros

    La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes los informes de labores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sin haber citado a los titulares de los ministerios.

    El diputado Ricardo Rivas, quien preside la Comisión, aseguró que tenían tres expedientes de nuevo ingreso.

    “Se hace constar que los informes labores del MAG, del Ministerio de Salud y del MARN, todos correspondientes al periodo 2025-2026 cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 104 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa ya que contienen resumen ejecutivo del contenido de los documentos, exposición de objetivos, metas, resultados obtenidos por las instituciones en el periodo que se informa, plan de trabajo del periodo, detalles del presupuesto asignado, ejecutado y obras pendientes, los logros obtenidos, listado de los sectores favorecidos durante la gestión respaldados con documentos y datos y estadísticas”, leyó el legislador.

    Rivas agregó que ello constaba en los documentos “que les fueron entregados” a los diputados “al inicio de la comisión” de este lunes.

    Lo expresó así: “Tal como consta de los documentos anexos que les fueron entregados, colegas, al inicio de esta comisión a cada uno de ustedes; en este sentido, de conformidad con el artículo 107 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, daremos lectura a los dictámenes de aprobación de los informes de labores correspondientes a las fechas que hemos mencionado, vamos a empezar con el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

    Los dictámenes de aprobación de las tres memorias de labores fueron avalados con siete votos.

    El diputado Francisco Lira, de Arena, explicó que él no dio sus votos porque no ha visto los documentos y pidió a los técnicos que le envíen las memorias; y pidió que lleguen los ministros para dar un informe.

    “No es lo mismo que vengan a dar un análisis de esta comisión a que pueda venir el referente del Ministerio respectivo”, argumentó.

    El diputado Rivas pidió al equipo técnico enviarle las memorias de labores y sometió a votación la propuesta de citar a los ministros. Solo el diputado Lira votó a favor.

  • Avalan reforma para que Fovial pueda formar sociedades de economía mixta

    Avalan reforma para que Fovial pueda formar sociedades de economía mixta

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable de reforma a la Ley del Fondo de Conservación Vial (Fovial) para que pueda constituir o poseer acciones en todo tipo de sociedades para la rehabilitación, mantenimiento, operación o explotación de la red vial nacional prioritaria mantenible y la red vial urbana prioritaria mantenible, así como los servicios asociados.

    El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, dijo, en la comisión legislativa, que la mayoría de instituciones autónomas ya tienen la facultad de crear sociedades de economía mixta.

    “Sacar terminales, se da el terreno y una empresa privada construye la terminal y la administra. Al dar un terreno, tenemos que tener cierta participación y ciertos ingresos de eso, no es que se le da de gratis… Por dar un ejemplo”, aseveró.

    La reforma prohibiría que, al participar en sociedades, el Fovial comprometa su sostenibilidad financiera o asuma obligaciones o riesgos “desproporcionados” para el Estado o la institución.

    Aerocable o terminal de occidente

    El funcionario ejemplificó que esta figura puede aplicarse en la administración del Aerocable el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) o la construcción de la nueva terminal de occidente.

    Explicó que tienen entre sus planes movilizar la terminal de occidente. “Los mismos empresarios del transporte público han venido diciendo que ellos están dispuestos a construir una terminal y administrarla”, afirmó, “por el sector de Santa Tecla”, algo que podría realizarse mediante un asocio público privado o una sociedad de economía mixta.

    Busca sostenibilidad de proyectos

    Según la solicitud, la reforma busca fortalecer la capacidad operativa del Fovial, “la sostenibilidad de sus actividades, y mejorar la calidad y continuidad de los servicios vinculados con la conservación vial”.

    De acuerdo con la petición del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), se busca participar en la constitución o funcionamiento de sociedades de cualquier naturaleza” para el “mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial, a la gestión de riesgos y a la ejecución de actividades técnicas, administrativas o logísticas relacionadas con sus funciones”.

  • Carlos García Saade, presidente de Arena, defiende participación en presidencial 2027: “No estamos legitimando”

    Carlos García Saade, presidente de Arena, defiende participación en presidencial 2027: “No estamos legitimando”

    El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Coena), Carlos García Saade, defendió la decisión del partido político de participar en la elección presidencial adelantada que se celebrará el 28 de febrero de 2027.

    “Nosotros no es que estamos legitimando una candidatura, lo que nosotros estamos haciendo es compitiendo… ¿Cómo vamos a cambiar de rumbo si no hay nadie que quiera participar? Si yo no estoy conforme con las reglas, si yo no estoy conforme con quien está en el poder, yo lo que no voy a hacer es quedarme de brazos cruzados… ¿Cómo vamos a perder una vocería?”, fueron frases expresadas este lunes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

    El titular del partido Arena aseguró que esta vez llevan a una mujer como candidata a la presidencia de la República, algo calificado por el dirigente como “nunca antes visto en la historia”.

    Elogió las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de El Salvador de la exdiputada Mayteé Iraheta y la dirigente Verónica Henríquez, respectivamente. «Son 100 % areneras, ellas han dialogado con la sociedad civil».

    El dirigente hizo referencia a que muchos no quieren ser candidatos de Arena y también sostuvo que asumir las candidaturas es cargarse con una carga considerable.

    “Mujeres valientes que no cualquiera se echa ese gran, no sé cómo decirlo de forma bonita, don Moisés, esas candidaturas encima, verdad”, expresó en la entrevista.

    Cuando el entrevistador le preguntó sobre si no estaban legitimando la elección presidencial de febrero de 2027. “Muchas cosas se dicen en redes… Todos quieren decirnos qué hacer a los partidos pero ninguno se compromete a ser candidato”, afirmó.

    Arena es uno de los dos partidos de oposición que tiene presencia en la Asamblea Legislativa con dos escaños, de un total de 60, ocupados por los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, quienes se postularon nuevamente para participar en las elecciones de 2027. La oposición únicamente ocupa tres curules de 60. Por otro lado, Arena es el único partido de oposición que lidera una alcaldía municipal, por Milagro Navas, de un total de 44.

    En las elecciones de 2024 el partido Arena perdió 679,203 votos, una caída de 79 %, respecto a los 857,084 que había tenido en 2019. Tuvo 177,881 en la elección presidencial de 2024.

  • Presidente de Agenda Migrante: “El fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva”

    Presidente de Agenda Migrante: “El fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva”

    El director de la Asociación Agenda Migrante de El Salvador, César Ríos, descartó este lunes que el fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva ya que la ley otorga un plazo de seis o 180 días meses para que la familia se prepare para una salida del territorio estadounidense.

    “El fin del TPS no es sinónimo de deportación masiva; uno, porque si dicen hasta aquí el TPS y dicen no hay nada, ninguna resolución, dan seis meses para que la familia se prepare y para que agilice los trámites administrativos migratorios”, afirmó en la entrevista “Punto de vista” de YSKL.

    El experto señaló que “no hay capacidad logística para hacer esa deportación masiva” ya que en un año tendrían que estar enviando a mil personas por día a El Salvador.

    Según Ríos, mucha población salvadoreña con TPS “está siendo solicitado por los hijos mayores de 21 años” ya que tienen 26 años de estar en Estados Unidos; un segundo grupo lo conforman personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses; un tercer grupo son empresarios; y un cuarto sector, dijo, son salvadoreños con orden de deportación por infracciones de ley o penales.

    El especialista en temas migración advirtió de esperanzas de una alternativa por la “buena relación de país a país y de presidente a presidente”, Nayib Bukele y Donald Trump, quienes se reunieron el 16 de julio durante no más de 20 minutos sin divulgar el contenido del encuentro.

    Según Rios, la decisión del TPS es política y ya no humanitaria, un enfoque que podría ser la razón por la cual el TPS de El Salvador aún está vigente.

    “Podría ser que así como antes el TPS se alargaba más, podría ser el contrario, que den un permiso de trabajo que se alargue más del tiempo del TPS, si en un dado caso cancelan el TPS el 9 de septiembre… porque muchos de los compatriotas están a la espera de resoluciones que han gestionado administrativamente, como por ejemplo han sido solicitados por sus hijos, por sus esposas ciudadanas, porque el patrono los está solicitando; y esto te rompe el matrimonio con TPS y te quedas con un trámite administrativo migratorio”, planteó.

    Ríos también aclaró que la más reciente alerta de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) prolongó la vigencia de los permisos de trabajo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha programada para la terminación de la más reciente prórroga del programa.

    Ello se debió, explicó, a que, “hace un par de años se distorsionó el calendario”. “El TPS tenía 18 meses pero los permisos de trabajo tenían menos tiempo porque se rompió el calendario de los permisos vigentes. Ahora se vencía el permiso y no había esa resolución oficial de renovar el permiso”, señaló.

    Algunos expertos han interpretado esta alerta de la USCIS como una confirmación del fin definitivo del TPS.

    “La sorpresa grande, que las autoridades migratorias el 9 de septiembre, cuando se termina el TPS y uniforman el fin”, indicó. Agregó que esa resolución fue copiado por los migrantes para mostrárselas a sus respectivos patronos.

    La designación del TPS para El Salvador tiene fecha de vencimiento 9 de septiembre de 2026; la USCIS emitió una alerta en la que reiteró la fecha de vencimiento y extendió los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) hasta esa fecha.

    Bajo el programa están amparados un aproximado de 170,100 salvadoreños según datos del Centro Pew Research.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha cancelado durante la administración Trump los TPS de Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Burma, Somalia y Etiopía, afectando a 1,044,700 personas. Están pendientes de un anuncio El Salvador, Ucrania, Líbano y Sudán, cuyos programas tienen las siguientes fechas de vencimiento: 6 de septiembre, 19 de octubre, 27 de noviembre y 19 de octubre, respectivamente. La población pendiente del anuncio asciende a 273,200 migrantes.

  • Cuatro países sin anuncio oficial de cancelación definitiva de TPS

    Cuatro países sin anuncio oficial de cancelación definitiva de TPS

    El Salvador está dentro de un listado de cuatro países para los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha anunciado una cancelación definitiva del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a unos 170,000 salvadoreños residir y trabajar en Estados Unidos.

    La finalización del TPS para El Salvador está programada para el 9 de septiembre y el DHS ha subrayado que el programa en general es “temporal”. La oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recordó que esa es la fecha de finalización del TPS para los salvadoreños, 9 de septiembre, y extendió todos los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) hasta esa fecha.

    El centro de investigaciones Pew Research calcula que son 273,200 migrantes de El Salvador, Líbano, Sudán y Ucrania sin un anuncio oficial de terminación del programa.

    “Si bien la administración Trump se ha movido para poner fin a la designación de TPS para la mayoría de los países que la tenían, sigue vigente para unos 273,000 inmigrantes de cuatro países… Queda por ver si la administración los volverá a extender”, detalla el centro Pew Research.

    En el caso de El Salvador, el secretario de DHS, Markwayne Mullin, aseveró en una carta a un congresista demócrata que haría el anuncio a través del Registro Federal.

    De estos cuatro países, la administración Trump extendió el TPS para Líbano pese a que la catalogó de una extensión automática por seis meses hasta el 27 de noviembre de 2026.

    En este caso, el DHS explicó que la extensión automática aplica cuando el secretario de DHS «no determina si un estado extranjero continúa cumpliendo con las condiciones» para el TPS.

    “Bajo el estatuto de TPS, si el Secretario no determina si un estado extranjero continúa cumpliendo con las condiciones para la designación de TPS al menos 60 días antes de la expiración de la designación actual de TPS del país, el período de designación se extiende automáticamente por seis meses”, indica la publicación del Registro Federal sobre Líbano.

    Luego, aclaró que no hubo capacidad para del DHS para evaluar las condiciones del país ante acontecimientos en el Líbano en marzo de 2026.

    En el caso de Sudán y Ucrania, la finalización del TPS está programada para el 19 de octubre de 2026.

    La finalización de los TPS para estos cuatro países están programados para finales de 2026.

    El 14 de agosto pasado, el DHS replicó un listado emitido por su asesor jurídico, James Percival, en el cual excluye a estos cuatro países. El listado enumera 13 países con “terminación efectiva” del TPS y uno en donde escriben el nombre del juez, “Brian Murphy”, para mostrar que la cancelación está en suspenso judicial. “Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o será deportado”, escribió el DHS.

  • Candidata presidencial de Arena exhorta a cerrar filas en visita a oriente

    Candidata presidencial de Arena exhorta a cerrar filas en visita a oriente

    El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentó el domingo su fórmula presidencial, compuesta por Mayteé Iraheta y Verónicar Henríquez a sus afiliados de la zona oriental del país.

    La candidata presidencial exhortó a cerrar filas y a unirse.

    «Esta fórmula presidencial está al servicio de ustedes y vamos a generar impacto para lograr ese equilibrio de poderes que necesita El Salvador. Como partido estamos para cerrar filas, para unirnos, construir y proponer; juntos hacer país», expresó la candidata presidencial.

    Por su parte, la candidata a vicepresidenta, Verónica Henríquez, expresó a los militantes su confianza en que «son parte» de una «generación de nacionalistas que no se rinde, la que no se vende». «Yo no vengo a pedirles que confíen en mí. Vengo a decirles que yo confio en ustedes. En su trabajo, en su compromiso, en su historia dentro de este partido», expresó.

    El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Arena), Carlos Saade, expresó que «este paso» que están dando «de cara al 2027 es una renovación para el país». «Y ese cambio empieza aquí en Oriente; Esa es la valentía que nos caracteriza hoy», expresó.

    Según el comunicado de prensa, Arena continuará desarrollando una gira de acercamiento con estructuras comunidades del país.

  • Un centenar de vuelos con deportados a El Salvador en lo que va de 2026

    Un centenar de vuelos con deportados a El Salvador en lo que va de 2026

    Un total de 101 vuelos con personas deportadas desde los Estados Unidos ha recibido El Salvador de enero a julio de 2026, de acuerdo con los datos publicados por Human Rights First sobre un monitoreo de vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Los países que reciben más vuelos con deportados son en orden de mayor a menor cantidad de vuelos: México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela. Juntos suman 1,252 vuelos.

    En general, la cantidad ha ido en aumento año con año. Si en 2020, año pandémico, Estados Unidos envió 1,009 vuelos con deportados, la cifra aumentó levemnte a 1,049, a 1,416 en 2022 y a 1,482 en 2023.

    En 2024 hubo 1,564 vuelos con deportados de Estados Unidos a diferentes países; y en 2025, aumentó a 2,202 vuelos. Para 2026, en sus primeros siete meses, ya alcanzan los 1,745 vuelos.

    En el caso de El Salvador, la cantidad anual de vuelos con deportados ha oscilado entre los 100 y los casi 200. En 2020 recibió 111 vuelos, bajó a 90 en 2021, volvió a subir a 184 vuelos en 2022, bajó nuevamente a 112 vuelos en 2023 y a 119 en 2024, posteriormente subió a 175 en 2025.

    De enero a junio de 2026, El Salvador ha recibido a 10,504 salvadoreños deportados de Estados Unidos, un aumento del 73.8 % en relación a los 6,044 deportados en el mismo periodo de 2025, según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador.

    El Salvador es el cuarto país con más vuelos de deportados desde los Estados Unidos, la nación que concentra más del 90 % de los salvadoreños deportados.

  • Cancillería logra compromiso de cooperación financiera por $87.9 millones en 2025-2026, baja de 44 %

    Cancillería logra compromiso de cooperación financiera por $87.9 millones en 2025-2026, baja de 44 %

    El Ministerio de Relaciones Exteriores logró un monto de cooperación financiera no reembolsable de $87,902,132.64, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), un 44 % menos que los $158.1 millones comprometidos en el periodo inmediato anterior.

    La cooperación monetaria no reembolsable concretada por El Salvador desde 2019 asciende a $1,165.2 millones según los reportes anuales de esta cartera de Estado.

    En el primer periodo 2019-2020 se concretaron $61.1 millones, una baja del 69.2 % respecto a los $198.4 millones concretados en 2018-2019; pero en 2020-2021 la cooperación financiera comprometida se triplicó a $186.5 millones, en un periodo que incluyó los efectos de la pandemia por covid-19.

    Posteriormente, la cooperación comprometida bajó levemente a $131.2 millones y aumentó seguidamente en un 172 % a $357 millones en 2022-2023, su punto máximo desde 2019, una cifra solo superada por los periodos 2010-2011 y 2014-2015.

    Durante los periodos más recientes, El Salvador ha logrado acordar una cooperación financiera de $183.1 millones en 2023-2024, de $158.1 millones en 2024-2025 y de $87.9 millones en 2025-2026.

    Puede leer: Cooperación financiera concretada en El Salvador bajó el 45 % el último quinquenio

    La cooperación financiera no reembolsable es adicional a otro tipo de cooperación gestionada o acordada por la ESCO, ya que se suma a 67 proyectos de cooperación bajo todas las modalidades, 34 donativos coordinados con instituciones del gobierno y 54,777 becas de socios cooperantes.

    Entre los proyectos de cooperación comprometida este último año está uno por $27.5 millones de Estados Unidos dirigido a un plan de alimentación escolar en Morazán y San Miguel bajo el nombre de “Alimenta y florece”.

    En segundo lugar, está el proyecto “Valorización del café y el cacao salvadoreños e implementación de acciones para el desarrollo y la transparencia de estos mercados” por $25 millones del gobierno de Italia.

    Después de estos dos grandes montos comprometidos, le siguen proyectos con cooperación de Corea, Catar, otro de Italia, Japón, España, Unión Europea, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), España, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros.

  • Gobierno pide transferir $54.7 millones para «obligaciones urgentes» en Salud

    Gobierno pide transferir $54.7 millones para «obligaciones urgentes» en Salud

    El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa que reforme el presupuesto general del Estado de 2026 para incluir $54.7 millones que serían destinados para «financiar obligaciones urgentes y prioritarias del Ramo de Salud».

    La propuesta de reforma no fue divulgada en el sitio web de la Asamblea Legislativa, aunque ya la recibió el pleno legislativo. Sin embargo, sí fue publicado el listado de las seis piezas de correspondencia que recibió el pleno en la sesión que sostuvo el viernes 14 de agosto.

    De acuerdo con el listado, la transferencia al Ramo de Salud provendría recursos del Fondo General por $54,750,000 y tendría «el propósito de financiar obligaciones urgentes y prioritarias del Ramo de Salud».

    El Ministerio de Salud tiene un presupuesto de $1,343,2 millones, de los cuales ya había ejecutado $608.2 millones.

    La Red Nacional de Hospitales, entidad descentralizada y de la cual depende el Hospital Rosales, tiene programados $177 millones, de los cuales no aparece ejecución, aunque aparecen $108.7 millones comprometidos.