Autor: Yolanda Magaña

El Órgano Judicial había ejecutado $3.2 millones, 4.7 % de los $69.4 millones programados de inversión pública en el año, según el informe de ejecución de inversión pública publicado por el Ministerio de Hacienda con datos hasta octubre.

La proyección de inversión del Órgano Judicial hasta octubre era $57.12 millones, es decir, lleva ejecutado un 5.6 % respecto a su programación.

Para el año 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene programados 18 proyectos, de los cuales cinco presentan un monto ejecutado. Uno de ellos es la construcción de la edificación para estacionamiento en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas en San Salvador, por $10.7 millones, de los cuales se habían ejecutado $1.7 millones hasta octubre.

Un total de 13 proyectos no presentaban ejecución hasta octubre, entre estos, la construcción de centros judiciales en Santa Ana, Ahuachapán, San Martín, San Miguel e Ilopango. Tampoco aparecen con ejecución presupuestaria la construcción de una pasarela sobre la Diagonal Universitaria y la construcción de un centro de desarrollo formativo y atención social para personal del Órgano Judicial.

El proyecto de presupuesto del Órgano Judicial para el año 2026 sufrió un recorte de $164 millones, de $533.4 millones solicitados a $334.5 millones. Ni el Órgano Judicial ni el Ministerio de Hacienda ha detallado la reestructuración del presupuesto del Órgano Judicial después del recorte.

El proyecto planteaba una inversión en activos fijos por $126.7 millones de los cuales $72.4 millones estaban asignados a infraestructura física. También proyectó $15 millones para seguros y comisiones, $298.8 millones de remuneraciones y $91.2 millones en bienes y servicios.

Otras carteras de Estado

En general, el Órgano Judicial presentó una ejecución de su presupuesto de 53.3 %, mientras el Legislativo presenta una ejecución del 67.5 % y el Ejecutivo, del 66.6 %, siempre en los primeros 10 meses de 2025.

En el Estado, las mayores ejecuciones presupuestarias son realizadas por carteras de Estado con mayores gastos en remuneraciones y no inversión, por ejemplo, Defensa Nacional (89 %), Procuradurías (más del 80 %), Trabajo (83.9 %), Medio Ambiente (78 %) y Tribunal Supremo Electoral (78.8 %).

Las carteras de Vivienda, Economía y Obras Públicas presentan una ejecución presupuestaria por debajo del 50 % en estos 10 meses del año.

En inversión pública, Vivienda programó una inversión de $7.08 millones y ha ejecutado $2.48 millones hasta octubre; Economía programó $36.03 millones en el año y ha ejecutado $11.21 millones hasta octubre; y Obras Públicas programó $598.79 millones y ha ejecutado $117.09 millones hasta octubre. Los programas de inversión en general llevan una ejecución del 58.4 % en el Estado.

Los permisos de factibilidad de aguas lluvias emitidos por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) para los proyectos de construcción tendrán una duración de cuatro años y ya no de un año.

El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) amplió la vigencia del trámite de factibilidad de drenaje de aguas lluvias porque consideran que mantienen su validez técnica durante los cuatro años y que ello contribuirá a la “eficiencia administrativa y reducción de trámites repetitivos para los usuarios”.

El Coamss también argumentó que buscan “asegurar la viabilidad de los proyectos y proteger la inversión realizada por los interesados” y, además, sostuvo que los trámites en otras instituciones “tanto públicas como privadas pueden experimentar demoras debido a la complejidad técnica de los proyectos”.

La nueva vigencia aplicará también a las resoluciones favorables de factibilidad de drenaje de aguas lluvias emitidas por la OPAMSS con anterioridad y aún en vigencia con el inicio en vigor del decreto, que iniciaron su vigencia el 9 de diciembre.

Sin embargo, el Coamss también modificó la tarifa, debido a que consideraron que habría una disminución de ingresos por la ampliación de la vigencia del trámite y la reducción en la frecuencia de solicitudes.

La nueva tarifa quedó en $273 como tarifa base hasta 200 metros cuadrados de terreno más $0.50 por cada metro cuadrado excedente para una vivienda unifamiliar o duplex en lote individual, y $1 por cada metro cuadrado de terreno excedente para más de una vivienda unifamiliar o duplex, condominios horizontales, verticales u otros proyectos.

Según el documento “Servicio ofrecidos en OPAMSS”, la factibilidad de drenajes de aguas lluvias es una resolución en donde se define el punto y las condiciones para realizar la descarga final de las aguas lluvias que provendrán de un proyecto de construcción.

Para presentar una solicitud de factibilidad de lluvias, los proyectistas buscan evitar la inundación de calles, minimizar riesgos ante tormentas y evitar que se produzcan mayores caudales a los producidos antes del proyecto.

El diputado Walter Coto, del partido Nuevas Ideas, aseveró esta semana que las conocidas cláusulas pétreas en la Constitución de la República deben irse modificando y que efectivamente es lo que poco a poco están haciendo en El Salvador.

«Lo hemos discutido en muchos lugares, en campos de debates de abogados, en donde decíamos, mire, es que es importante que nosotros también hagamos transformaciones. Esas cláusulas pétreas, que estaba escrito a piedra las cosas, no, tienen que irse transformando poco a poco y eso estamos haciendo», aseveró el martes pasado el diputado oficialista.

El legislador consideró que se encontraba en una sesión plenaria «que está transformando el país».

«La Constitución como tal no es una pieza de un museo, es decir que poco a poco se va renovando, tanto así que la historia nos establece que a medida que la sociedad va creciendo, va transformándose, como es el caso de El Salvador, también se tienen que ir transformando sus leyes secundarias y también la ley primaria o la Constitución», señaló, al inicio de su intervención.

Coto explicaba así la reforma constitucional que estaban aprobando el 16 de diciembre para suprimir el mínimo presupuestario del Órgano Judicial. El artículo 172 establecía un mínimo del 6 % de ingresos corrientes del presupuesto general del Estado para el Órgano Judicial.

«Otros países tienen esa posibilidad, que la Corte Suprema de Justicia emite su presupuesto y va a la Asamblea Legislativa, no somos los únicos», indicó.

En la Constitución salvadoreña, las cláusulas pétreas están básicamente en el artículo 248.

El artículo 248 de la Constitución dice en su último inciso: «No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».

Este año fue reformado el artículo 248 de la Constitución para que cualquier modificación constitucional pueda ser aprobada en una sola legislatura y no en dos, como lo establecía.

Esa reforma permitió que Nuevas Ideas habilitara, el 31 de julio de 2025, la reelección presidencial indefinida. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial en periodos continuos, una de las cláusulas que eran consideradas pétreas. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República era otra cláusula pétrea.

A inicios de diciembre, el abogado Miguel Ángel Cardoza, quien fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, sugirió revisar la Constitución y las cláusulas pétreas que se han ido «reinterpretando» en El Salvador.

El Ministerio de Hacienda registró modificaciones por $732 millones al presupuesto general del Estado de 2025, que fue aprobado con un monto de $9,662.9 millones y aumentó oficialmente a $10,395 millones hasta octubre.

El informe de ejecución presupuestaria de gastos a octubre de 2025 del Ministerio de Hacienda, divulgado en diciembre.

Los mayores incrementos ocurrieron en los presupuestos del Ministerio de Hacienda y el de Obras Públicas.

En Hacienda, se ha incorporado un total de $400,228,944 de nuevos fondos a través de cuatro reformas legislativas, la mayor de ellas fueron $250 millones del Banco Interamericano de reconstrucción y Fomento (BIRF) para obligaciones generales del Estado incrementados en septiembre.

El segundo gran monto incrementado en Hacienda fueron $149.6 millones provenientes de la colocación de títulos valores, también para obligaciones generales del Estado u operaciones de manejo de pasivos. Estos fueron aprobados en octubre.

El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas es el segundo que más incrementó, con un aumento de $218.6 millones respecto al aprobado, la mayor inyección presupuestaria fueron $157.7 millones de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el programa de Desarrollo del sector aeronáutico de El Salvador «El Salvador vuela», aprobado en marzo de 2025.

La tercera cartera de Estado que más incrementó, hasta octubre, fue el Ministerio de Economía, con $86 millones adicionales de préstamo, de los cuales $84 millones para «Operación de fortalecimiento de soberanía de conectividad de El Salvador: cable submarino».

El Ministerio de Salud se encuentra en cuarto lugar de las modificaciones, con $14 millones más; seguido de Presidencia de la República, con $9.8 millones; Gobernación con $1.7 millones; Seguridad, con $785,600; y Agricultura, con $725,000, según datos hasta octubre publicados en diciembre.

Según un conteo realizado por Diario El Mundo de las reformas presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa, hasta el 18 de noviembre, se registran 47 reformas por $1,990.2 millones, 20 de las cuales son $740 millones provenientes de préstamos y 3 por $496.6 millones de títulos valores.

Este conteo incluye también reformas por $348.8 millones de asignaciones disponibles de Hacienda y $359.9 millones incorporados a 15 instituciones del Estado, de los cuales $150 millones provinieron de una colocación de títulos autorizada el 22 de mayo de 2024 por hasta $1,500 millones –el resto de la emisión ya fue incorporado al presupuesto 2024– y $209.93 millones de excedentes de ingresos del Estado.

Diputados de oposición no votaron por la aprobación de la Ley del presupuesto general del Estado 2026, acusaron de mentirosos a diputados de Nuevas Ideas por la reducción presupuestaria al Órgano Judicial, señalaron el presupuesto de inconstitucional y criticaron que, en su ejecución, el gobierno no revela cómo gasta los fondos.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, calificó el presupuesto de inconstitucional, ya que advirtió que la reforma constitucional que eliminó el mínimo presupuestario para la Corte no está publicado materialmente en el Diario Oficial.

Agregó que el artículo 182 de la Constitución exige consulta a la Corte Suprema de Justicia para modificar el presupuesto del Órgano Judicial. “Estos vicios son graves y este presupuesto es inconstitucional”, indicó.

Según Ortiz, el recorte al Órgano Judicial perjudicará la capacidad de impartir justicia porque “no hay manera que ocurra sin que se afecte el servicio de justicia que se da a la ciudadanía, sin que haya despidos de jueces, de funcionarios judiciales, de servidores públicos”, lo que prevé afectará en materia penal, familia, laboral y civil. Preguntó a Nuevas Ideas si no han pensado que afectará a su “tan famosa estrategia de seguridad”.

Criticó que desde el 1 de enero de 2026 este presupuesto podrá ser modificado, así como el presupuesto de 2025 ha sido modificado 45 veces. No es usado como herramienta de planificación, consideró.

También aseguró falta de transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los gastos en el presupuesto y ejemplificó las reservas que se han impuesto hasta por siete años a proyectos que actualmente se están ejecutando.

“Muchos de los proyectos que han hablado con gran elocuencia están bajo reserva. Los Chorros, bajo reserva. Programas de agromercados, bajo reserva. Red de hospitales, compra de medicamentos, bajo reserva”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

“Aumentar cifras no es ejecutar bien”: Arena

El diputado Francisco Lira, del mismo partido, aseguró que el oficialismo intentará vender el presupuesto como “responsable” ya que han aumentado las asignaciones de Salud, Educación y Agricultura, pero consideró que “aumentar cifras no es lo mismo que ejecutar bien”, ya que los hospitales “siguen con carencias, las escuelas siguen abandonadas y el pequeño agricultor sigue sin apoyo real”.

“Este presupuesto tiene falta de transparencia y uso discrecional de fondos de las instituciones del Órgano Ejecutivo. Este presupuesto continúa la lógica de concentrar recursos en el Ejecutivo”. Francisco Lira, Arena.

“El problema no es cuánto ponen en el papel, el problema es que no ejecutan de forma eficiente ni transparente. Presupuestos inflados que no se cumplen son solo propaganda”, indicó.

“Mentirosos”, dice Arena y Vamos a NI

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que cuatro diputados dijeron que no se iba a disminuir ni aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. “Se los dije en la sesión plenaria en la discusión, por sus obras y sus actos los conoceréis, al día siguiente le estaban quitando $164 millones a la Corte Suprema de Justicia. Con esta gran sonrisa me siento satisfecha de demostrarle al pueblo salvadoreño, que son unos mentirosos, mentirosos, engañaron a la gente con una reforma constitucional”, indicó.

También, la diputada Claudia Ortiz recriminó a Nuevas Ideas que habían dicho que no estaban disminuyendo el presupuesto al Órgano Judicial. “Descaradamente mintieron… Es una vergonzosa y descarada mentira, debería darles vergüenza”, exclamó.

El jueves, la la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del presupuesto general del Estado 2026 y su respectiva Ley de salarios por un total de $10,555.5 millones, con una disminución de $164,210,965 en el Órgano Judicial para reorientarlos a Educación, Salud, Agricultura y Obras Públicas.

El 38.5 % de los $10,555.5 millones de fondos públicos que se usarán según la Ley de presupuesto general del Estado 2026 aprobada ayer se destinarían a los ministerios de Educación, Salud, Seguridad Pública y Defensa Nacional.

Con el recorte del presupuesto al Órgano Judicial y la reorientación de $20 millones a Salud y $40 millones a Educación, estas cuatro carteras de Estado sumarían $4,063.3 millones.

El destino más grande del gasto presupuestario sigue siendo el pago de la deuda pública, que suma $2,433.6 millones, un 23.1 % del presupuesto.

El Ministerio de Educación concentraría el segundo gasto mayor, con $1,681.1 millones, un 15.9 %; y el Ministerio de Salud, con $1,345 millones, un 12.7 % del presupuesto.

El rubro de transferencias varias ocupa un cuarto lugar en el presupuesto, con $1,127.4 millones.

Después, el Ministerio de Obras Públicas tiene una asignación de $984.8 millones, le sigue el Ministerio de Seguridad y Justicia, con $702.5 millones; el Órgano Judicial, con $369.2 millones luego de la disminución; y después, Defensa Nacional, con $334.5 millones.

A Defensa, le sigue Gobernación, con $280.9 millones; obligaciones generales del Estado, con $215.8 millones; Presidencia de la República, con $190.2 millones; Agricultura, con $188.3 millones; y Hacienda, con $151.6 millones.

La ley de presupuesto para el próximo año fue aprobada el jueves con 57 votos de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Rechazó la falta de consulta de los cambios presupuestarios al Órgano Judicial y calificó el presupuesto de inconstitucional porque la reforma constitucional no ha sido publicada, materialmente, en el Diario Oficial. Ortiz prevé despidos en el Órgano Judicial.

Los diputados Francisco Lira y Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista, también rechazaron la reducción presupuestaria del Órgano Judicial. «Hay que quitarle todo ese despilfarro de privilegios que tiene el Gobierno Central con sus descentralizadas, sus autónomas, ellos tienen seguros, vales de gasolina, propaganda», dijo Lira. El diputado prevé que el presupuesto requerirá más deuda y señaló deficiencias en la atención de salud, como la desatención a los enfermos renales.

Villatoro, por su parte, señaló a Nuevas Ideas de «mentirosos» porque cuando reformaron la Constitución y eliminaron el mínimo del presupuesto para el Órgano Judicial los diputados oficialistas argumentaron que no iban a disminuir ni aumentar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. «Al día siguiente le estaban quitando $164 millones a la Corte», reclamó.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que los «pilares estratégicos» son educación, salud, seguridad y defensa». «Es un presupuesto balanceado. Por segundo año consecutivo se presenta un presupuesto sin financiamiento adicional para gasto corriente. Las obligaciones internas y externas de 2026 están cubiertas con ingresos propios», prometió.

Tomando en cuenta únicamente el recorte al Órgano Judicial, que disminuyó de $533.4 a $369.2 millones; y la reorientación de la diferencia a Educación, Salud, Obras Públicas y Hacienda, en la siguiente tabla se muestran las asignaciones presupuestarias que quedarían en cada institución.

Esta tabla no toma en cuenta ajustes de cuatro plazas el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y Presidencia para asignar un presupuesto de $3 millones a la Agencia de Inteligencia Artificial, y a diferentes carteras para aumentar $4.3 millones a las organizaciones no gubernamentales, adscritas en diferentes ramos.

El presupuesto general del Estado 2026 terminó por incluir un total de 57 organizaciones no gubernamentales o fundaciones que reciben un subsidio estatal, según el decreto aprobado en la sesión plenaria del 18 de diciembre de 2025.

Según el dictamen aprobado en el pleno, recibirán fondos públicos 39 organizaciones adscritas al Ministerio de Salud, tres al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), seis al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), dos al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y una al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). El total de fondos destinados a estas organizaciones suma $11,588,281.

Respecto al listado incluido en el presupuesto de 2025, se incluyen nuevas organizaciones como la Asociación El Hogar para el Alcohólico, Fundación Un corazón que ayuda, Fundación para la Cooperación Médico Quirúrgica Miguel Layton, Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas Montalvo, Fundación Centro de Capacitación de El Salvador (Fucaes), Parroquia Santa Catarina de Alejandría Usulután, Parroquia Santiago Apóstol Conchagua, La Unión; Asociación Prorrestauración de Catedral de Santa Ana, Asociación Hermandad de Jesús Nazareno de Sonsonate, Asociación Mercedarias de Santísimo Sacramento y Asociación Felicidad.

Esta vez no fueron incluidas, en el dictamen, organizaciones como la Unidad Nacional de Hispanos Aliados Unisal, Diócesis de Sonsonate El Salvador Centroamérica, Asociación Atrévete Internacional, Fundación Altas Capacidades el Salvador, Asociación Exalumnos del Externado San José y Hospital Divina Providencia Pacientes con Cáncer.

Este es el listado definitivo de las organizaciones mencionadas en el dictamen aprobado en la sesión plenaria del jueves. Los cambios no fueron discutidos. En el dictamen aseguran que decidieron el listado según “criterio de selección basado en la trayectoria institucional, la comprobada ejecución de proyectos y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.

La Asamblea Legislativa autorizó la firma de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $195 millones para la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La autorización del empréstito recibió 57 votos y no tuvo votos en contra.

Por otra parte, en la misma sesión plenaria de este 18 de diciembre, los diputados ratificaron otro préstamo del BID por $170 millones para la construcción de los mercados en los distritos del Puerto de La Libertad, municipio de La Libertad Costa; y Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur. El préstamo incluye otras obras en espacios públicos, capacitación para 2,000 comerciantes y programas pilotos de manejo de residuos.

La ratificación del crédito de los mercados recibió 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Con 59 votos, incluidos un voto de Arena y uno de Vamos, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la “Ley del registro y control especial de contribuyentes al fisco” para que el número de identificación tributaria (NIT) de los contribuyentes de El Salvador sea «emitido universalmente de forma gratuita y digital».

La votación se dio sin ninguna discusión.

El decreto de reforma establece que el NIT “será emitido universalmente de forma gratuita y digital” y suprime la referencia a la pérdida o extravío de la tarjeta NIT física, estableciendo que, si se requiere la reposición de la tarjeta de NIT digital, el interesado deberá ingresar nuevamente a la plataforma y generarlo nuevamente.

La reforma eliminó los cobros por expedición de la tarjeta NIT, modificación o reposición, que oscilaban entre un sexto y un salario mínimo diario.

Según el decreto, “estarán obligados a generarlo electrónicamente aquellas personas naturales que hubieren llegado a su mayoría de edad y que hubieren obtenido su NIT cuando aún eran menores”.

El Salvador homologó el NIT con el Documento Único de Identidad (DUI) en 2021 y estableció como opcional la generación de una representación digital del NIT que puede ser obtenida de manera electrónica.