Autor: Yolanda Magaña

  • Diputada sugiere «amarrar» comisión de las AFP a rentabilidad de los ahorros de los cotizantes

    Diputada sugiere «amarrar» comisión de las AFP a rentabilidad de los ahorros de los cotizantes

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, insistió en su propuesta de amarrar la comisión que se entrega a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) a la rentabilidad que generan con los ahorros de los trabajadores cotizantes cuando los invierten.

    Las AFP tiene invertidos en instrumentos de inversión del Estado más de $11,000 millones de los ahorros que tienen trabajadores que cotizan a estas administradoras privadas.

    “Lo que nosotros hemos propuesto es que se amarre la comisión a la rentabilidad, es decir, si del fondo de pensiones la AFP agarra su dinero y lo pone a trabajar, si le hace que rinda más, su comisión puede ser mayor, si gana menos, pues, la comisión va a ser menor”, insistió ayer, en declaraciones a un grupo de periodistas, antes de la sesión plenaria.

    Ortiz dijo que el sistema de pensiones solo ha beneficiado a las AFP y al Estado pero no a los trabajadores. “Las empresas que tienen comisiones muy altas y que no se corresponde con el nivel de riesgo o rentabilidad que se obtiene de las pensiones”, indicó.

    La diputada de oposición aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “ha pedido una reforma de pensiones porque nuestra reforma de pensiones está al punto del colapso” y criticó al gobierno actual de hacer lo mismo que los anteriores.

    “Ellos están haciendo lo mismo, agarrar del dinero de pensiones para llenar los hoyos, como el Estado ha seguido tomando, sigue siendo esa práctica, hay una deuda de $11,000 millones que ya se tomó de nuestro fondo de pensiones, entonces, las condiciones que pone el Fondo Monetario que eso se haga sostenible, que eso ya no se siga haciendo de esa forma”, interpretó.

    La legisladora prevé que la reforma de pensiones aumentará los años mínimos de cotizaciones para los trabajadores, la edad de jubilación, la cotización o la comisión a las AFP. “Vamos a tener que trabajar más años antes de podernos jubilar o vamos a tener que cotizar más o vamos a tenerle que pagar más comisión a la AFP, o sea, un costo va a tener para los trabajadores y trabajadoras”, indicó.

    Las AFP tienen un total de $11,070.6 millones de ahorros de sus cotizantes invertidos en instrumentos de inversión emitidos por instituciones del Estado, un total de $8,394.8 millones en gobiernos anteriores antes de la reforma de diciembre de 2022; y $2,675.8 millones después de la reforma.

    A las AFP cotizan aproximadamente 950,000 trabajadores en El Salvador y las AFP por el momento pagan pensiones de 128,000 jubilados; pero los fondos prestados al Estado sirven, en parte, para pagar pensiones del Sistema de Pensiones Público (SSP), que ya tiene 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes. A finales de septiembre el gobierno debe publicar un estudio actuarial según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, en febrero de 2026, la propuesta de reforma de pensiones.

  • Otro medio salvadoreño, FocosTV, cambia sede a Costa Rica

    Otro medio salvadoreño, FocosTV, cambia sede a Costa Rica

    El medio de comunicación salvadoreño FocosTV anunció ayer el traslado de sus operaciones a Costa Rica y señaló “la represión de un Gobierno que busca silenciar a las voces críticas” en El Salvador. Aseguró que es un desplazamiento forzado.

    En un video, un representante de Focos TV señaló que el gobierno salvadoreño usa el régimen de excepción para perseguir la disidencia y que también usa leyes diseñadas para ello, como la Ley de Agentes Extranjeros, que regula la fiscalización y cobro de impuestos a entidades y personas que sean financiadas por organizaciones extranjeras.

    “La Ley de Agentes Extranjeros y el Régimen de Excepción son los dos principales instrumentos de esa política represiva”, indica el medio en su editorial, en el que sostienen que “Costa Rica reúne por ahora las condiciones jurídicas y estables para operar desde allí nuestro fin democrático: informar a los salvadoreños”.

    El medio de comunicación destacó que ha publicado varias investigaciones contra el gobierno actual; “quien se atreva a cuestionarlo enfrentará el exilio, la censura o la cárcel”, manifiesta el medio de comunicacióno en un video divulgado en redes que muestra imágenes de activistas capturados como Ruth Eleonora López, Salvador Enrique Anaya y Alejandro Henríquez.

    FocosTV explicó que operar desde otra sede les permite mantener la independencia editorial y fortalecer coberturas regionales.

    En abril de 2023, también, el medio de comunicación El Faro anunció el cambio de su sede administrativa a San José, Costa Rica, denunciando que ha sufrido ataques como campañas desde Casa Presidencial, seguimientos, amenazas, espionajes, acoso a anunciantes, difamaciones y múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda con “acusaciones fabricadas” a las que continúan apelando en instancias administrativas y judiciales. El Faro aclaró que la redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador.

    La salida del medio fue criticada por el jefe de fracción de Nuevas Ideas quien atribuyó la decisión a que “quieren ocultar negocios”.

  • Ulloa viajará a Perú y diputados le autorizan a recibir la “Gran medalla de los Andes”

    Ulloa viajará a Perú y diputados le autorizan a recibir la “Gran medalla de los Andes”

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó al vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, a que reciba una condecoración llamada “Gran medalla de los Andes” que le entregará el Parlamento Andino. Ulloa viajará a Perú del 28 de septiembre al 6 de octubre.

    La solicitud, de cinco páginas, fue realizada el mismo 23 de septiembre a las 9:15 de la mañana, por los diputados Christian Guevara, Rubén Flores, Edgar Fuentes y Samuel Martínez, todos de Nuevas Ideas.

    La autorización fue votada con dispensa de trámites.

    La entrega del reconocimiento les fue informada por el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Andino, Gustavo Pacheco Villar, en una carta dirigida a Ulloa, desde Lima, Perú, quien le agradece la “hospitalidad” durante el Eurolat celebrado en febrero en San Salvador y le solicita realizar un conversatorio con 30 políticos, diplomáticos y académicos para escuchar la “política interior y exterior” de El Salvador. Pacheco Villar es también vicepresidente de Eurolat.

    En la misiva, atribuye el reconocimiento a la “trayectoria” y a su contribución a la “integración y al desarrollo de nuestra región andina”.

    El reconocimiento será entregado el martes 30 de septiembre a las 3:00 de la tarde en el Congreso de la República de Perú.

    El Parlamento Andino está compuesto por 25 parlamentarios representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

  • Gobierno pide reforma para autorizar centros de salud privados sin aval de juntas y declararlos de utilidad pública

    Gobierno pide reforma para autorizar centros de salud privados sin aval de juntas y declararlos de utilidad pública

    El ministro de Salud, Francisco Alabi, entregó a la Asamblea Legislativa dos proyectos de reforma para que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) pueda autorizar la apertura de establecimientos privados de salud sin el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva, como lo exige actualmente el Código de Salud y la ley de la CSSP. En su lugar, el Consejo exigiría a laboratorios, clínicas u otros establecimientos privados requisitos técnico-administrativos para su autorización.

    En su solicitud, Salud argumenta que busca agilizar los trámites y responder a las necesidades de salud de la población.

    Las reformas, además, declararían a estos establecimientos privados “de utilidad pública”, lo cual implicaría que su cierre deberá ser aprobado “solo por resolución del Consejo” según la propuesta.

    Son dos proyectos de reforma, uno al Código de Salud y otro a la Ley del CSSP, que todavía no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y que serán recibidos por la Comisión de Salud que se reunirá el lunes 29 de septiembre a las 2:00 de la tarde.

    Las juntas de vigilancia de las profesiones médicas se forman por cinco académicos de la profesión respectiva electos en asambleas de cada gremio. En El Salvador, por ejemplo, hay juntas de vigilancia de las profesiones médica, odontológica, químico farmacéutica, médico-veterinaria, enfermería, laboratorio clínico y psicología.

    Derogarían atribución de vigilancia a privados

    La propuesta de reforma a la «Ley del Consejo Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud» derogaría la atribución que tienen las juntas de vigilancia para “vigilar y controlar el funcionamiento» de establecimientos privados de salud como droguerías, farmacias, laboratorios, clínicas, hospitales, clínicas veterinarias y otros establecimientos particulares dedicados a la salud pública.

    La propuesta también suprime el “previo informe de la Junta de Vigilancia respectiva” que requiere el Consejo Superior de Salud Pública para autorizar la apertura de estos establecimientos privados de salud. El artículo propuesto, sin embargo, exigiría “requerimientos técnico-administrativos” que serían establecidos por el mismo Consejo.

    Además, estos establecimientos, según la propuesta, “son de utilidad pública» y por ello «el cierre de los mismos solo podrá efectuarse por resolución del Consejo”.

    Una reforma idéntica se realiza al Código de Salud para que el Consejo pueda autorizar los establecimientos privados de salud sin requerir el informe de la junta de vigilancia respectiva y autorizando al Consejo a dictarles requisitos «técnico-administrativos».

    En la propuesta de reforma al Código de Salud propuesta, además, se deroga la atribución de las juntas de vigilancia de “rendir informe razonado” ante el Consejo, para la autorización de la apertura de los establecimientos privados.

    Para agilizar trámites de autorización

    Salud argumentó que identificaron “aspectos de procedimiento y trámites ante el Consejo Superior de Salud Pública que pueden ser más expeditos” y deben “adaptarse a las dinámicas sociales y a las necesidades de la población en el ámbito de salud”.

    Ambas solicitudes de reformas fueron recibida el mismo martes 23 de septiembre y son firmadas por el ministro de Salud, Francisco Alabi.

    “Tienen por objeto agilizar los procedimientos y trámites relacionados con las autorizaciones de funcionamiento de los servicios y establecimientos de salud del sector privado, así como habilitar legalmente la vigilancia de la profesión de Trabajo Social cuando esta sea ejercida en el Sistema Nacional Integrado de Salud como parte de las profesiones auxiliares de la profesión médica”, indica el ministro en su solicitud.

    Así mismo, agrega la licenciatura de Trabajo Social como una de las actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica.

  • Asamblea aprueba exención fiscal a empresas para acceso a energía eléctrica y exploración de petróleo

    Asamblea aprueba exención fiscal a empresas para acceso a energía eléctrica y exploración de petróleo

    Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este martes dos decretos que exoneran de impuestos a los contratados para un proyecto de acceso a la energía eléctrica a los hogares que no disponen del servicio, y para contratistas que comercialicen datos de exploración de hidrocarburos en El Salvador.

    Los partidos de oposición, Arena y Vamos, no votaron. Las empresas serían contratadas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), empresa del Estado.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cuestionó quiénes son los contratistas que van a implementar el proyecto pero consideró “difícil conocer quiénes son las personas y los intereses que están detrás” de estos contratistas que tendrán los proyectos.

    Según la legisladora, quitarle impuestos a los contratistas de inversión pública “está bien” pero aseveró que ellos “tienen que acceder a ser contratistas de la manera más transparente y competitiva posible”.

    “Hay muchas experiencias en esta administración donde se crean empresas privadas con fondos públicos que tienen una parte de accionistas las instituciones del Estado pero otra parte son privados que no sabemos quiénes son. Es complejo poder dar un apoyo a esta iniciativa cuando este trasfondo está detrás y pone en riesgo los objetivos de un proyecto que podría ser de mucho beneficio”.

    Claudia Ortiz (Vamos).

    Sin embargo, Ortiz aseguró que aun hoy existen muchas familias en El Salvador que no tienen acceso a energía eléctrica.

    “Esto es así porque hay áreas en nuestro país donde las empresas privadas que distribuyen energía eléctrica no encuentran un mercado atractivo y es ahí donde el Estado debe suplir necesidades como esta”, explicó.

    Por su parte, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, consideró que el decreto permitirá que más de 8,756 hogares tengan acceso a energía eléctrica, y calificó el programa de un “catalizador” del crecimiento económico en el país.

    “Esta información fue totalmente actualizada por parte del último censo. La semana pasada estuvimos discutiendo esta propuesta con el director ejecutivo de la CEL y que esta iniciativa tenga un impacto estratégico para nuestro país. Esto no es únicamente simples medidas fiscales, estos son instrumentos modernos de desarrollo”.

    Dania González (Nuevas Ideas).

    Según González, las exenciones tributarias al IVA, aranceles y otros tributos reducirán los costos de los proyectos y agilizarán la ejecución del proyecto.

    Los diputados aprobaron un segundo decreto para eximir del cobro de todo tipo de impuestos a contratos de inversión bajo la modalidad de multicliente y licencias de datos geocientíficos para la exploración de petróleo y gas natural en El Salvador.

    Se eximirán toda clase de tributos, aranceles, IVA, Impuesto sobre la Renta e impuestos o tasas muncipales.

  • Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Inyectan $250 millones del Banco Mundial al presupuesto 2025; Vamos cuestiona opacidad y Nuevas Ideas defiende estrategia fiscal

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal del año 2025 para inyectarle $250 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Hacienda, concretamente a la unidad presupuestaria de «obligaciones generales del Estado».

    El préstamo tiene como fin mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Un total de 56 diputados votaron a favor de omitir la lectura del decreto, Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra.

    La diputada reclamó que en el decreto no se especifica en qué se utilizará el dinero, ya que la partida de «obligaciones generales del Estado» tiene 12 subpartidas «muy diversas» incluidas algunas destinadas a devoluciones del Impuesto sobre la Renta y pago de seguros para los empleados públicos.

    La legisladora calificó de «preocupante» la posibilidad de que los $1,400 millones que serán financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal, puedan irse incorporando en el presupuesto «de esta manera».

    «Los salvadoreños merecen saber, los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo, esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios de transparencia y efectiva rendición de cuentas por parte del Estado». Claudia Ortiz (Vamos).

    El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, leyó el nombre del contrato de crédito: “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador». Zaldaña aseveró que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó este crédito al gobierno de El Salvador «en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando» para «mantener las políticas fiscales» y que tenga fondos ante una emergencia, que ejemplificó podrían ser provocadas por las lluvias.

    «Este préstamo ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad más sana y un buen manejo y un buen equilibro. Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).

    Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, se omitió la lectura del decreto de préstamo. / Asamblea.

    El crédito por $250 millones que se inyecta con esta votación al presupuesto de El Salvador de 2025 es parte de un programa de $350 millones del Banco Mundial para que el país fortalezca su gestión financiera, racionalice la masa salarial pública, modernice la regulación del servicio civil, aumente la eficiencia de la inversión pública y atraiga fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta, además de que tenga más herramientas para gestionar riesgos y emergencias.

    Este financiamiento es parte de una política para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

     

  • Unánime: legalizan terrenos en desuso para transferirlos a familias de La Concordia en Usulután

    Unánime: legalizan terrenos en desuso para transferirlos a familias de La Concordia en Usulután

    La Asamblea Legislativa incluyó al caserío La Concordia ubicada en Usulután en el decreto que desde el año 2009 se aprobó para legalizar algunas calles o tramos de calle en desuso con el fin de que las familias que los han habitado por años puedan recibir dichas porciones como su propiedad a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).

    La diputada Marisela de Guardado, de Nuevas Ideas, dijo que llegaron al lugar en enero de 2025 y que los cuatro diputados de Usulután de su partido gestionaron la legalización de estos terrenos.

    Esa visita fue una inspección técnica que realizaron junto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Vivienda, el Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) y la alcaldía de Usulután Oeste, explicó el diputado Omar Villanueva, del mismo partido.

    Johana Hernández, también diputada de Nuevas Ideas, aseguró que les darán “un respaldo jurídico” a las familias y que ya lo tenían “planeado”. “Este es un legado que nosotros como diputados vamos a dejar”, afirmó.

    Con la inclusión de dicha comunidad, son 71 comunidades beneficiadas por el decreto que legaliza estas porciones de carreteras para que familias salvadoreñas tengan ahí sus viviendas.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que este tipo de decretos que incluyen más comunidades al decreto de legalización de tierras “llenan de satisfacción y alegría” porque «el tema del acceso a la propiedad de la tierra y de la vivienda es fundamental, y un problema grave.

    “Voy a dar mi voto a favor. Hay una campaña por ahí diciendo que esta servidora que en todo vota que ‘no’, pues, es mentira, ustedes mismos saben que en muchas ocasiones doy mi voto a favor y tenemos muy claro en cuáles damos nuestro voto a favor, cuando se aumentan los derechos de la gente”, dijo Ortiz.

    El diputado Ángel Lobos, de Nuevas Ideas, culpó a anteriores gobiernos la falta de esta comunidad en el decreto. “La gente estaba mal acostumbrada que los funcionarios públicos llegaban a servirse del pueblo”, dijo.

    Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, quien preside la Asamblea Legislativa, acusó a la oposición de “chantajear” a las comunidades con la legalización de tierras.

    “Ocupaban estos temas para chantajear a la gente sobre todo a los más necesitados, y decirles: si ustedes votan por nosotros, entonces, nosotros en la próxima nosotros les vamos a legalizar sus tierras. Por eso es que a ellos les interesaba tenerlos en ese limbo legal en donde ustedes no sabían qué día podían, por orden de un juez o un político, llegar a desalojarlos”, señaló Castro.

    El decreto recibió 59 votos de los diputados que estaban presentes en ese momento, tres de la oposición –2 de Arena y 1 de Vamos–, más 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

    Votación de la legalización de la comunidad La Concordia. / Asamblea.
  • Diputada pide decreto para descontar el 5 % de las facturas de ANDA a afectados por el corte de agua: sin votos

    Diputada pide decreto para descontar el 5 % de las facturas de ANDA a afectados por el corte de agua: sin votos

    La diputada Marcela Villatoro pidió este martes a la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto para retribuir con un descuento en la factura de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a los usuarios afectados por el reciente corte de agua.

    “A todas las familias salvadoreñas que fueron afectadas por esta lamentable situación puedan tener un descuento del 5 % de su factura del mes”, propuso la diputada del partido opositor Arena.

    Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado del partido de gobierno Nuevas Ideas, felicitó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por la “movilización de pipas increíble” desde Guatemala a El Salvador, así como al Ministerio de Obras Públicas por su plan de contingencia.

    La sola incorporación de la solicitud en la agenda de la sesión plenaria tuvo cuatro votos a favor: dos de Arena, uno de Vamos y uno de Nuevas Ideas.

    “Con cuatro votos a favor no hay resolución”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

    La legisladora entregó un proyecto de “Ley transitoria para la condonación de tarifas cobradas entre los días 17 y 22 del presente mes y año, del servicio de agua potable y alcantarillado prestado por la ANDA”.

    “El presente decreto tiene por objeto condonar el 5 % del pago de los recibos del agua potable durante los días que no se recibió el vital líquido en los hogares de las zonas que fueron afectadas por el desabastecimiento sin distinción a los usuarios que estén en mora en el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado que presta la ANDA de conformidad al acuerdo ejecutivo en el Ramo de Economía que contiene las tarifas por tales servicios”, indica la propuesta.

    Al final de la primera parte de la sesión plenaria, el diputado de Nuevas Ideas que votó a favor del decreto aún no había pedido corregir su voto.

  • Nueva ley modifica conformación del Consejo del Instituto de Garantía de Depósitos: ¿cómo quedaría?

    Nueva ley modifica conformación del Consejo del Instituto de Garantía de Depósitos: ¿cómo quedaría?

    La nueva Ley de Estabilidad Financiera, con las observaciones presidenciales aprobadas el 11 de septiembre por la Asamblea Legislativa, habría modificado la conformación actual del Consejo Directivo del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), al eliminar nombramientos por los presidentes de los bancos e incluir propuestas del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia del Sistema Financiero.

    Sin embargo, hay que aclarar que la Ley de Estabilidad Financiera, con sus observaciones presidenciales aprobadas, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.

    Con las observaciones presidenciales, leídas así por la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, el IGD quedará conformado así:

    -2 directores nombrados por el Consejo Directivo del BCR, presidente y vicepresidente.

    -2 directores nombrados de una terna propuesta por el ministro de Hacienda.

    -2 directores nombrados de una terna propuesta por la Superintendencia del Sistema Financiero.

    Actualmente, según la Ley de Bancos, el IGD está conformado por el presidente y el vicepresidente, “más dos directores nombrados por los presidentes de los bancos miembros”. Los miembros del Instituto son todos los bancos regulados por la Ley de Bancos.

    El IGD, en su sitio web, explica que el Consejo Directivo del IGD está integrado por dos directores nombrados por el BCR y dos directores nombrados por los presidentes de los bancos miembros y sus suplentes.

    Consultado al respecto, el economista Carlos Acevedo, expresidente del BCR, dijo que no le extrañaría la modificación, ya que bancos grandes que ya no están en el país eran “poco colaborativos con mecanismos para fortalecer el sistema financiero”, ya que eso aumentaba sus costos. Consideró que la conformación con las observaciones presidenciales es atinada porque “es política del Estado”.

    Los bancos grandes eran poco colaborativos con mecanismos para fortalecer el sistema financiero, decían que eso aumentaba sus costos, que eso era para mantener a los chiquitos, no querían establecer un mecanismo de liquidez. Carlos Acevedo, economista, expresidente del BCR.

    Las observaciones presidenciales fueron aprobadas el 11 de septiembre con 57 votos; hubo 1 voto en contra.

    Todos los miembros del IGD serían nombrados por el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva con la prohibición de que sean asesores, directores, administradores o empleados de las entidades miembro del IGD.

    La propuesta inicial era otra

    La conformación del IGD en las observaciones del presidente Nayib Bukele aprobadas también cambió respecto a la versión de la Ley de estabilidad financiera aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2024.

    La versión aprobada por los diputados el año pasado incluía nombramientos de directores de propuestas del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas (Colproce), universidades privadas y Ministerio de Economía.

    Proponían que se nombraran dos directores por el BCR, además de uno nombrado de una terna propuesta por el Ministerio de Hacienda, otro de una terna propuesta por el ministro de Economía, otro de una terna propuesta por Colproce y otro nombrado de una terna propuesta de las universidades privadas.

    El IGD, que se financia con las primas de los bancos que lo conforman, es una institución que busca respaldar los depósitos de los ahorrantes de las instituciones financieras.

  • Naciones Unidas movilizó ayuda por $25 millones a El Salvador durante 2024 según su informe

    Naciones Unidas movilizó ayuda por $25 millones a El Salvador durante 2024 según su informe

    Naciones Unidas ayudó a movilizar ayuda humanitaria a El Salvador por $25 millones, de un total de $25,000 millones movilizados a 77 países y territorios durante 2024, según la memoria de la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas 2025 y que fue compartida en redes el pasado 18 de septiembre.

    Según el informe, se logró financiar el 29 % de las necesidades en El Salvador, es decir, tenían una meta de movilizar un total de $86.2 millones de ayuda humanitaria para El Salvador según la memoria.

    La meta oficial de las Naciones Unidas era movilizar $50,000 millones de asistencia humanitaria en el mundo. Las Naciones Unidas calcularon que más de 323 millones de personas en 77 países tenían necesidades humanitarias durante 2024. Pero solo 116 millones de personas recibieron asistencia humanitaria.

    “Pese a carecer de fondos suficientes, estar sobrecargados y ser banco de ataques, trabajamos incansablemente con nuestros asociados humanitarios para recibir asistencia y protección vitales”, indica la memoria.

    El funcionamiento efectivo de la ONU costó $1,700 millones en 2023; según dicha memoria es el cuarto gasto o prioridad mayor durante el año. En 2024 registraban más de 35,000 personas que trabajan para la secretaría de la ONU en todo el mundo, un 43 % mujeres.

    Los tres montos más grandes que destinó la organización internacional durante ese año fueron $7,100 millones destinados al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, $2,400 millones para la promoción del crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible; y $2,200 millones para la coordinación efectiva de la asistencia humanitaria, incluidos fondos mancomunados, según la información oficial de la entidad.

    En la región, la ONU reporta más fondos humanitarios movilizados para Honduras, con $63 millones, con un 31 % de la meta; Guatemala, con $65 millones, con un 52 % de la meta lograda.

    En América Latina, el país que recibió la mayor cantidad en ayuda humanitaria movilizada fue Venezuela, con $660 millones, pero solo lograron cubrir el 30 % de las necesidades detectadas. Hacia Haití, en donde dicen que coordinan a más de 160 organizaciones humanitarias, aseguran que movilizaron ayuda humanitaria por $296 millones.

    La ayuda humanitaria se concentra en países en donde hay conflictos y risegos de hambruna como Sudán, Ucrania, Yemen, Afganistán y Siria.