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Los sindicatos de cocaleros y campesinos afines al expresidente de Bolivia Evo Morales expresaron este martes su temor ante la posibilidad de que el Gobierno de Rodrigo Paz use contra el exmandatario la «receta» aplicada por Estados Unidos para capturar al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

El exsenador y dirigente cocalero Leonardo Loza ratificó su denuncia de la existencia de un supuesto «plan de operaciones» llamado ‘JEMA’, por Juan Evo Morales Ayma (2006-2019), que presuntamente debía ejecutarse en la víspera para capturar al exmandatario y que, según dijo, tiene la «venia de la Embajada de EE.UU.».

Loza sostuvo que los sectores leales al exmandatario le ofrecen un «resguardo de 24 horas» en la localidad de Lauca Ñ, en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales donde este permanece desde octubre de 2024 para evitar ser capturado por una investigación por presunta trata agravada de personas.

«Como hicieron, invadieron el territorio venezolano, secuestraron al presidente de Venezuela, asesinaron a los hermanos venezolanos, seguramente el mismo libreto, la misma receta pretenden repetir en nuestro país, en Bolivia, en el Trópico de Cochabamba, por eso nuestros hermanos de esta región están en permanente alerta las 24 horas del día», dijo Loza a los medios.

Según Loza, el plan, en el que supuestamente iban a intervenir «más de 8,000 policías», no se realizó porque el lunes se declararon «en estado de emergencia» y los sindicatos de campesinos y cocaleros hicieron vigilia toda la noche.

«Creemos que los gringos están usando como títeres a nuestra Policía nacional, al Ejército nacional y, por supuesto, al Gobierno para cometer un gran genocidio en esta región de nuestro país, como si fuéramos otro territorio», afirmó.

Morales, que fue aliado político de Maduro, condenó la «brutal agresión imperial» de Estados Unidos contra Venezuela y exigió la «inmediata liberación» del presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes afrontan cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE.UU.

El exgobernante boliviano no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, cuando se conoció sobre una investigación en su contra por un caso de trata agravada de personas en el que está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo cuando era presidente.

Por este caso, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días en 2024 y desde entonces están atrincherados en el Trópico de Cochabamba con palos, piedras y con una vigilia constante para evitar su detención.

A principios de 2025, un tribunal judicial declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra.

En octubre pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente por el delito de trata agravada de personas, lo que significa que el juez del proceso debe señalar una fecha para que comience el juicio en su contra.

El Pentágono utilizó una aeronave secreta con apariencia civil en un ataque contra una embarcación que, según la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transportaba drogas, en una operación que dejó 11 muertos en septiembre de 2025, en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, reveló el diario The New York Times.

El avión no mostraba armamento visible ni insignias militares. Ocultaba sus armas dentro del fuselaje y volaba sin señales externas que lo identificaran como militar. Funcionarios estadounidenses que pidieron anonimato afirmaron que observaron videos del operativo, en los que se muestra cómo la nave descendió a baja altitud, lo que provocó que la embarcación intentara regresar a territorio venezolano antes del primer ataque.

Esta ofensiva fue una de más de 35 operaciones ejecutadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos como parte de la misión “Lanza del Sur”, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico en aguas internacionales. Sin embargo, el uso de aeronaves camufladas y los ataques repetidos han suscitado críticas por posibles violaciones al derecho internacional.

Según el reporte, tras el primer ataque, dos sobrevivientes aparentemente saludaron a la aeronave desde los restos de la embarcación volcada, antes de ser alcanzados en un segundo ataque que terminó de hundir la lancha. Las imágenes y la secuencia de acciones han provocado preocupación entre analistas, quienes cuestionan la proporcionalidad del uso de la fuerza y la legalidad de la operación.

Tras este incidente, el Ejército de Estados Unidos cambió de estrategia y ha comenzado a utilizar aeronaves militares claramente identificadas, como los drones MQ-9 Reaper. En una de las misiones más recientes, ejecutada en octubre, dos personas sobrevivieron al ataque, lograron nadar hasta ponerse a salvo y posteriormente fueron repatriadas a Colombia y Ecuador, evitando así una segunda ofensiva.

Los ataques antecedieron a la incursión militar ordenada por el presidente Trump el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses desplegadas cerca de Venezuela ingresaron al país para capturar a Nicolás Maduro. El líder venezolano permanece recluido desde hace diez días en una prisión federal de Nueva York.

Las operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico han sido fuertemente cuestionadas por gobiernos como el de Colombia, y por organizaciones internacionales, que denuncian que más de 100 personas han muerto sin que se hayan presentado pruebas concluyentes de su relación con el crimen organizado.