Miles de colombianos salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades del país para participar en el primer paro nacional contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, convocado por centrales sindicales y partidos de oposición apenas dos meses después de que el mandatario asumiera el poder.
Las movilizaciones reúnen demandas laborales, educativas, económicas y sociales, además de reclamos territoriales de distintas organizaciones civiles. Los participantes también expresaron su rechazo a las primeras propuestas de la administración de De la Espriella, identificada con la ultraderecha y caracterizada por su cercanía política con Estados Unidos.
En Bogotá, cuatro marchas comenzaron a movilizarse a las 10:00 de la mañana, hora local, con el propósito de concentrarse en la Plaza de Bolívar. Durante las primeras horas de las protestas no se reportaron incidentes y la presencia de las autoridades estuvo limitada principalmente a la regulación del tráfico.
Los manifestantes portaban pancartas con exigencias laborales, banderas de Colombia y Palestina, así como distintivos de organizaciones sindicales.
«Es el momento oportuno para protestar», declaró a EFE el senador Wilson Arias, del izquierdista Pacto Histórico, quien cuestionó los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para la Reincorporación de Excombatientes (ARN). El legislador también rechazó la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, una medida que afectaría especialmente a los habitantes de la región del Caribe colombiano.
Las críticas también fueron expresadas por estudiantes que participaron en las movilizaciones. «Desde ya es el momento de ponerse en contra y en la defensa de los derechos humanos, la educación gratuita y el valor por la vida», manifestó un estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica Nacional que prefirió mantener su identidad en reserva. El joven acusó de «fascismo» al Gobierno de De la Espriella y defendió la necesidad de movilizarse frente a sus políticas.
El paro nacional se desarrolla un día después de que el presidente firmara el decreto 1525 de 2026, una disposición que generó controversia por sus implicaciones para el ejercicio de la protesta social.
La normativa establece que las autoridades deben procurar el diálogo con los manifestantes, aunque aclara que este mecanismo no constituye «un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia».
El mandatario defendió el lunes las disposiciones del decreto y sostuvo que la protesta pacífica constituye una «garantía constitucional», pero advirtió que ese derecho «no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia». Sus declaraciones se produjeron en medio del debate sobre los límites de la intervención de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
«Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano de Bogotá) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal», puntualizó De la Espriella.
Las movilizaciones de este miércoles representan la primera jornada de protesta nacional contra su administración y reflejan el descontento de organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales frente a las medidas anunciadas durante sus primeros dos meses de Gobierno.
