Categoría: Opinión

Un juicio o procedimiento abreviado se realiza cuando la parte acusada está dispuesta a declarase culpable o aceptar los cargos para recibir como condena la pena mínima o una reducción de la pena,  la cual es acordada con la Fiscalía General de la República y avalada por el tribunal que realiza el referido juicio. Desde luego esto está regulado en el Código Procesal Penal y el aceptar la culpabilidad debe estar sustentado por pruebas periféricas en un debido proceso.

El lunes pasado, después de seis meses, el Juzgado de Instrucción de San Juan Opico, La Libertad, llevó a cabo la audiencia preliminar en la que autorizó y realizó el juicio abreviado contra doce aficionados fanáticos del Alianza F. C. por el delito de desórdenes públicos agravados y les impuso una condena de dos años de prisión sustituidos por trabajos de utilidad pública. Por el delito de daños agravados, los acusados (o mejor dicho, sus familiares) conciliaron con el dueño del autobús y pagaron el costo de los daños causados.

Las jornadas de utilidad pública y otras medidas sustitutivas serán determinadas por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla, que entre otras medidas puede imponerles la prohibición de asistir a un estadio de fútbol.  Contra otros dos procesados el juicio se realizará el lunes próximo.

Resulta que la tarde del sábado 25 de octubre del año pasado  un grupo de fanáticos del Alianza, algunos en estado de ebriedad, atacó con piedras un autobús en el cual se dirigía aficionados del FAS hacia el Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana donde se desarrolló en horas de la noche el partido entra FAS y Alianza. El hecho ocurrió en la carretera a Santa Ana, cerca del desvío a San Juan Opico.

Algunas de las víctimas captaron videos de los hechos y de los atacantes. Instantes después la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 20 sospechosos de desórdenes públicos y de haber perpetrado el ataque contra los aficionados fasistas y los daños materiales contra el autobús. Todos los detenidos fueron presentados como los responsables de los delitos, sin embargo, solo contra 14 de ellos se requirió en los tribunales; es decir que seis fueron detenidos injustamente y presentados ante la sociedad salvadoreña como delincuentes. Luego fueron liberados.

Estos doce fanáticos se pasaron seis meses presos por una actitud imbécil. De manera estúpida e intolerante atacaron a aficionados rivales poniendo en riesgo a mujeres y niños que se transportaban en el autobús atacado. Afortunadamente nadie respondió al ataque porque si la situación hubiera avanzado en violencia quizás hasta muertos se hubieran contabilizado.

Esos seis meses presos fueron una tonta e innecesaria experiencia. Ojalá les haya servido de lección para saber alejarse de los problemas propios de su conducta. La intolerancia ni las matonerías llevan a nada bueno. Esta vez terminaron presos y han tenido la suerte de recibir una condena mínima, la próxima vez pueden terminar con una condena mayor o resultar con consecuencias irreversibles… dolorosas.

Algunos de los doce condenados perdieron sus trabajos e hicieron gastar a sus familias en el pago de abogados, sin contar la angustia que vivían sus padres, madres, hermanos, hijos, esposas y demás seres queridos. Con su mala conducta solo demostraron que poco o nada les importa los demás. Ojalá que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena también les imponga el sometimiento a un proceso de adaptación social a través de cursos con especialistas.

Por su parte la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT) debe, con la condena en mano, prohibir de por vida o por varios años, el ingreso a los estadios de fútbol a las personas condenadas, mientras que los equipos “profesionales” de las ligas salvadoreñas debe cortar cualquier vínculo con las barras de aficionados y ellos por su cuenta crear una especie de base de datos donde se registre a los fanáticos problemáticos, ya sea para prohibirles su ingreso o para mantener un estricto control sobre ellos.

Las responsabilidades son individuales, pero los equipos, las ligas y la FESFUT deben poner coto a estas situaciones, con decisiones y acciones rígidas y legales. Ya no es posible que a ciertos juegos se les nomine como de “alto riesgo” porque sus “aficiones” se odian y casi siempre hay desórdenes dentro de los estadios, en sus alrededores o en las carreteras.

Se sabe de directivas de equipos que les dan dinero para la compra de pólvora, para las entradas y hasta para transportarse. Algunas de esas “aficiones organizadas” son dañinas para el mismo equipo y para el fútbol en general. Nuestro fútbol es malo, a nivel de selección nacional estamos entre el abismo y el fondo. Nuestra primera división es pésima y aburrida y poco a poco los estadios se van quedando solos por lo malo de nuestros equipos y porque acudir a un estadio es exponerse a la barbarie de algunos pseudo aficionados violentos.

Recientemente un bolerito,  de unos 10 o 12 años de edad, del Alianza F. C. fue exhibido mostrando una conducta violenta contra jugadores rivales. Los aficionados en general en las redes sociales atacaron al menor de edad, la FESFUT y Alianza anunciaron que el recoge bolas quedaba vetado, pero no hubo ninguna instancia que ofreciera darle tratamiento psicológico al menor. Hubo atrevidos que hasta pidieron que al menor lo llevaran directo al Centro e Confinamiento de Terrorismo (CECOT), otros inventaron historias del contexto del menor. A gritos quedó evidenciado que el “muchachito” lo que necesita es apoyo profesional especializado, como muchos niños y adolescentes salvadoreños.

Así como el bolerito hay muchos aficionados que requieren ayuda.  Los equipos, la liga y la FESFUT pueden hacer mucho para aminorar o desaparecer la violencia alrededor del fútbol. No basta con plena seguridad, sí no se genera conciencia de lo que representa ser un verdadero aficionado y un ser tolerante y respetuoso de los demás.

*Jaime Ulises Marinero, periodista

 

 

​En política, cuando el error se vuelve crónico y el fracaso es previsible, dejamos de hablar de incapacidad para hablar de diseño. Tras siete años de un oficialismo que cabalga sobre una seguridad aprobada por las mayorías, la oposición insiste en atacar el único flanco donde no puede ganar, mientras ignora el hambre que empieza a asomarse en las mesas salvadoreñas. Esta desconexión no es un accidente; es el síntoma de una «oposición de alquiler» que ha decidido que es más seguro —y más barato— ser un extra en la película del poder que el protagonista de una alternativa real.

​Resulta insultante para la inteligencia del ciudadano que, mientras la preocupación nacional se ha desplazado de las maras al costo de la vida, las cúpulas opositoras sigan disparando salvas a un muro de concreto. Mientras la gente se pregunta cómo llegará a fin de mes, ellos recitan un guion que ya perdió tres elecciones consecutivas. La torpeza tiene un límite; el cinismo, al parecer, no.

​Para entender el desastre que se perfila hacia 2027, hay que mirar el ridículo de 2024. En lugar de apostarle con todo a la Asamblea Legislativa para intentar frenar el poder absoluto, se empecinaron en una aventura presidencial condenada al fracaso. Sabían que perderían, pero su participación solo sirvió para legitimar la reelección de Bukele ante los ojos del mundo.

​Fue un suicidio asistido por el ego. Vimos cómo los actores, incapaces de construir una plataforma conjunta con una agenda mínima, se metieron zancadilla ellos mismos. No buscaban ganar; buscaban asegurar magistrados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las migajas de la deuda política para que el «negocio» del partido no quebrara.

​​Hoy hablan de fraude y de falta de garantías, pero en 2024 tenían magistrados sentados en el Tribunal. Y ahora, de cara a 2027, vuelven a tener representantes que supuestamente los defienden. Si de verdad sospechan de ellos, si creen que el sistema está podrido, ¿por qué no los desconocen de una vez?

​La respuesta es simple: no tienen el valor ni la determinación para hacer el vacío, para retirarse y dejar al oficialismo solo con su espejo. Eso requeriría principios, no intereses. Prefieren participar en una farsa que denunciar el sistema desde afuera, porque estar afuera significa perder el sueldo, la oficina y la relevancia de papel.

Mantengo mi tesis: a esta oposición le pagan para no ser opción. Se han convertido en el sparring perfecto; están ahí para recibir los golpes y validar el juego democrático en papel, pero con la instrucción de no representar una amenaza real. Bukele gana porque tiene popularidad, sí, pero sobre todo porque enfrente no tiene oponentes dignos, sino una colección de gerentes de la derrota que prefieren una silla pequeña en el banquete del poder que una lucha real en la calle.

En 1936, el economista, ensayista y último embajador de la etapa constitucional cubana,1952, en Estados Unidos, Luis Machado y Ortega, publicó un libro cuyo título bautiza esta columna, en el que afirmaba que Cuba era insumergible porque a pesar de las tropelías de sus gobernantes, no se hundía, una expresión que también manejó el coronel de nuestra guerra de independencia, el ítalo-cubano, Orestes Ferrara.

Estos dos republicanos esgrimían una verdad incuestionable porque quien estudie la historia de la Cuba republicana, 1959, con espíritu crítico, puede apreciar que, aunque en todos los gobiernos se cometieron infinidad de abusos y despojos, el país siempre avanzaba a mejores condiciones de vida.

Cuba soportó más de un depredador a través de su historia republicana, sin embargo, los hermanos Castro quienes más promesas hicieran y más esperanzas despertaran en la ciudadanía, han sido, con mucho, los más destructivo de todos nuestros gobernantes.

Fidel y Raúl han puesto al país en condiciones más que calamitosas, al extremo, que la Isla ha perdido su condición de corcho y se encuentra al borde de una inmersión absoluta, sin probabilidad de resurgimiento.

Por décadas el sistema castrista ha pretendido justificar sus desatinos denunciando un bloqueo que no existe, realmente, es un embargo comercial repleto de salvedades que permite al mismo país que lo impuso exportar a la Isla en el 2024, 585 millones de dólares casi un 45 por ciento más que en el 2023, aun más, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, muchos más critico del totalitarismo que su predecesor, las exportaciones se incrementaron un 15% en los primeros nueve meses de 2025.

El embargo no le impide a Cuba importar las medicinas y alimentos que requiera la población, solo, que rigurosamente tiene que pagarlos como cualquier otro comprador. Cierto que el castrismo no cuenta con recursos para poder satisfacer las necesidades del pueblo que desgobierna, pero es su ineficiencia, no responsabilidad de terceros.

No obstante, el lastre más pesado que sumerge la Isla no es el embargo, sino las regulaciones impuestas a la población en general, en particular, a los individuos que cuentan con capacidad y voluntad para producir riquezas.

Los potenciales empresarios cubanos son malogrados antes de que puedan actuar como tales. Las regulaciones dictadas por el estado totalitario y el miedo de la clase gobernante a que los ciudadanos tengan independencia económica impiden que en el país pueda desarrollarse una actividad productiva eficiente, que satisfaga las necesidades de los pobladores.

El sector más lastrado económicamente ha sido el agrícola. Cuba posee tierras muy fértiles, el país antes del totalitarismo se auto abastecía de la mayoría de los rublos del agro y exportaba otros como hortalizas y frutas, entre las que se destacaban tomates, pepinos, piñas y plátanos, además enviaba al exterior ganado bovino y era el principal exportador del mundo de azúcar de caña.

La industria ganadera cubana está al igual que la azucarera, en total bancarrota, por tanto, hay que preguntarse, ¿qué pasó que estas dos columnas de nuestra economía han dejado de existir?  Será  que el campesinado cubano y los que industrializaban esa parte de nuestra economía eran agentes del algún imperialismo extranjero que conspira contra el sistema y conducido a la población al borde de la hambruna.

El presente de los cubanos es aterrador les falta comida, medicina, atención médica, fluido eléctrico y agua, los campos se han quedado sin bosques y las ciudades parecen haber estado sometidas a un ataque nuclear, por suerte, el totalitarismo no ha sido capaz de eliminar el oxígeno, sino, la población habría muerto por asfixia.

Dr. Luis Machado y Ortega, nuestra Isla de Corcho se está hundiendo. Cuba flotó con los imperfectos generales y doctores de nuestra quebrantada República y aunque ninguno de ellos pudo hundirla, dos delincuentes que incursionaron en la política, si lo están logrando.

Usted escribió, “ni los cataclismos geológicos de la naturaleza, ni los errores y disparates de nuestros políticos, ni el egoísmo y la miopía de nuestros comerciantes pueden acabar con esta tierra prodigiosa a quien tan acertada y gráficamente se ha denominado la Isla de Corcho del Caribe”, desgraciadamente, no nos advirtió sobre forajidos como Fidel y Raúl Castro, quienes junto a sus sicarios han hundido virtualmente a su otrora Isla de Corcho.

Cierto que Cuba y los cubanos se están hundiendo, entonces, estamos todos obligados al rescate.

•Pedro Corzo es periodista cubano

De acuerdo con la reciente publicación en The Lancet Regional Health – Americas sobre la plataforma de telemedicina asistida por inteligencia artificial Doctor-SV, este modelo aborda cuatro áreas problemáticas del sistema nacional de salud de El Salvador: financiación limitada, disparidades en el acceso, calidad de la atención y deficiencias en la formación de profesionales de la salud.

El modelo se implementa en dos fases. La primera, iniciada en noviembre de 2025, cubre el diagnóstico y tratamiento de enfermedades leves no complicadas, como infecciones comunes, salud maternoinfantil y salud mental. La segunda, iniciada en abril de 2026, incorpora el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

Aunque existen preocupaciones en ciertos sectores de la población sobre el manejo de la información personal, estas no han limitado de forma significativa la utilización del sistema. Según reportes de la prensa gubernamental, la plataforma ya registra aproximadamente 1.1 millones de personas usuarias y más de 1.5 millones de citas médicas realizadas. Además, atiende alrededor de 18,000 llamadas diarias, con capacidad de ampliarse hasta 30,000.

Se espera que estos niveles de uso continúen en aumento, especialmente con el lanzamiento de la segunda fase. La tendencia observada no es únicamente cuantitativa, sino también estructural: la plataforma está comenzando a funcionar como puerta de entrada al sistema de salud, generando derivaciones hacia servicios presenciales cuando la telemedicina resulta insuficiente y contribuyendo a descongestionar hospitales y centros de salud.

Las proyecciones oficiales sugieren que el sistema podría alcanzar a unos 4.5 millones de personas salvadoreñas. Esto implicaría que un número significativo de pacientes evitaría desplazamientos y tiempos de espera para consultas de baja complejidad.

¿Cómo impactará DoctorSV al sistema actual de atención primaria?

Si se cumplen las proyecciones gubernamentales sobre el uso de DoctorSV, es esperable una disminución considerable en la demanda de consultas presenciales en unidades y centros de salud. En consecuencia, será necesario replantear el rol actual de estos establecimientos, orientándolos hacia funciones más resolutivas, de mayor complejidad clínica, seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y fortalecimiento de actividades comunitarias y preventivas.

Los centros de salud seguirán siendo necesarios para la atención de urgencias y sospecha de gravedad, procedimientos que requieren contacto físico (vacunación, curaciones, procedimientos de enfermería, controles de crecimiento y desarrollo, y tamizajes físicos), y acompañamiento social y comunitario como el manejo de determinantes sociales (violencia, salud mental, vulnerabilidad). En este sentido, la proyección es que los centros de salud se conviertan en “portales de resolución física” y nodos de red comunitaria, en lugar de ser únicamente el único punto de acceso para cualquier consulta.

La proyección realista es que DoctorSV no reemplazará a los centros de salud, sino que reconfigurará su existencia y su rol: pasarán de ser un único punto de entrada a convertirse en nodos presenciales clave para lo que no puede hacerse por pantalla, con menos carga de consultas rutinarias y más foco en urgencias, procedimientos y trabajo comunitario.

¿Impactará la medicina privada?

Definitivamente. DoctorSV tiende a reducir la demanda de consultas básicas y de seguimiento crónico en la medicina privada, sobre todo en población que acepta la telemedicina pública gratuita. Al mismo tiempo, fortalece el papel de laboratorios, radiología y farmacias del sector privado como parte de la cadena de valor financiada por el Estado, lo que crea un mercado derivado del sistema público. La medicina privada seguirá existiendo, pero su estrategia probablemente se virará hacia servicios de alta complejidad, complementariedad y planes de pago, en vez de basarse en la consulta de primer nivel generalizada.

En un país de ingresos medios, este modelo plantea un panorama de coexistencia tensionada: más acceso para la población, pero más presión sobre la rentabilidad de ciertos segmentos de la medicina privada, lo que puede impulsar tanto innovación como concentración y desigualdad según cómo se regule el sistema.

¿Es sostenible un sistema con estas características en nuestro país?

DoctorSV se sitúa dentro de una estrategia de modernización del sistema de salud, su viabilidad está condicionada a que el sistema de salud entero lo integre como herramienta de prevención y eficiencia. En este sentido, la verdadera sostenibilidad dependerá de que el sistema logre demostrar que el gasto en servidores, conectividad, licencias, personal de salud y mantenimiento de infraestructura se compensa con ahorros en complicaciones y hospitalizaciones por diabetes, hipertensión y enfermedad renal, que ya concentran buena parte del presupuesto en salud (cerca del 60–62 % del total nacional).

Un programa de salud digital es sostenible cuando mejora la prevención, aumenta la eficiencia y reduce costos totales, no cuando solo añade capas tecnológicas al gasto existente. Actualmente, el programa cuenta con un respaldo formal: la Asamblea Legislativa autorizó un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la CAF para la segunda fase, dirigido a consolidar la plataforma, instalar 400 kioscos de dispensación de medicamentos y ampliar la cobertura en atención primaria. Esto sitúa a DoctorSV dentro de una estrategia de modernización del sistema de salud, más que en el ámbito de una iniciativa aislada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva semana inicia y con ella la entrada en vigencia de la pena de prisión perpetua revisable, hay un cambio trascendental ya que el sistema de justicia y penal se modifica para los delitos mas gravosos que estudia la Criminología. Desde la perspectiva de la justicia criminal, El Salvador al finalizar el cuarto mes del 2026 se encuentra en una fase transformadora en su política punitiva con la implementación de la pena de prisión perpetua revisable.

Esta medida constitucional, ratificada el 26 de marzo de 2026 mediante la reforma al artículo 27 de la Constitución, se erige como la sanción máxima para delitos de extrema gravedad en nuestra sociedad: homicidio, violación y actos de terrorismo. Sin embargo, la aplicación de esta pena no es indiscriminada en el tiempo. El pilar fundamental que rige su entrada en vigencia es el principio de irretroactividad de la ley penal, consagrado en el artículo 21 de nuestra Constitución. Como experto en criminología y justicia criminal, deseo subrayar que la prisión perpetua es, por definición, una norma sustantiva de carácter gravoso. Bajo la premisa que la pena aplicable es exclusivamente la que estaba vigente al momento de la consumación del crimen o delito.

Por lo tanto, la operatividad de la pena de prisión perpetua revisable es estrictamente prospectiva. Esto implica que solo podrá solicitarse para delitos cometidos después de que la reforma y adecuación de leyes secundarias, especiales y de la Corte Suprema de Justicia cumplió  su respectivo periodo de vacancia de la ley de treinta días tras su publicación en el diario  oficial que fue el 27 de marzo del 2026. Pretender su aplicación a hechos ocurridos antes de esta reforma constitucional y legales  constituiría un vicio de fondo y una vulneración al debido proceso que traería como consecuencia  la nulidad absoluta de las condenas en instancias superiores. Espero que no se llegue a este punto.

La fundamentación de este nuevo marco normativo descansa en mi opinión en tres principios esenciales:

Legalidad penal: Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes dictadas con anterioridad al hecho. El Estado tiene vedado endurecer las consecuencias jurídicas de forma sobrevenida para hechos pasados.
Seguridad jurídica y previsibilidad: El ciudadano debe conocer la consecuencia exacta de su conducta al momento de realizarla. La firmeza de las sentencias obtenidas por la Fiscalía ganadas en sede judicial  depende de que estas se ajusten a los límites de legalidad existentes al tiempo de la acción.

Favorabilidad: La retroactividad solo es admisible cuando la nueva ley favorece al condenado. Dado que la pena de prisión perpetua revisable  agrava severamente la situación jurídica del imputado respecto a las penas temporales previas, su aplicación retroactiva es jurídicamente inviable.

Es imperativo distinguir este rigor sustantivo de la normativa procesal. Mientras la pena es prospectiva, las reformas adjetivas o procedimentales, como las nuevas reglas de competencia para los Jueces de lo Criminal son de aplicación inmediata. Estas rigen los actos pendientes en procesos en curso, siempre que no afecten derechos sustantivos ya adquiridos o actos procesales consumados.

Es mi posición que la pena de prisión perpetua revisable en El Salvador se presenta como una herramienta firme de política criminal y de persecución penal diseñada para combatir la impunidad en los crímenes más atroces. No obstante, su eficacia real no reside en la severidad por si, sino en su solidez jurídica. El respeto irrestricto a la irretroactividad garantiza que el sistema de justicia penal salvadoreño opere con coherencia, proporcionalidad y, sobre todo, bajo el imperio de la Constitución.

*Por Ricardo Sosa /doctor en Criminología / Egresado doctorado en Justicia Criminal /@jricardososa 

Cuando caiga la noche de este 27 de abril, se habrán cumplido 55 años del evento más despreciable que el totalitarismo castrista ejecutó sobre el arte y la cultura cubanos: la tristemente célebre “autocrítica” del poeta Heberto Padilla (1932-2000) ante un grupo de destacados miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), luego de permanecer 37 días en prisión acusado de mantener actitudes críticas contra la Revolución.

El Caso Padilla (como se conoce desde entonces) constituyó un verdadero parteaguas, un quiebre de lanzas, tanto dentro como fuera de la Isla. Autores que hasta ese momento se habían mostrado incólumes en su respaldo al proceso revolucionario, entendieron con dolor —de golpe y porrazo— que el castrismo no era mejor que el estalinismo en su tolerancia a la disidencia inteligente y a la reprobación creativa. Incluso aquellos que siguieron siendo fieles al socialismo caribeño, por emoción o por pragmatismo, llegaron a preguntarse qué tan lejos había llegado Cuba en eso de imponer límites al arte y la cultura dentro de su sistema que se decía democrático.

Y no es que hubieran faltado, por cierto, los avisos. Además del infame discurso de junio de 1961 en el que Fidel Castro dejase claro cómo concebía él la “responsabilidad” de los artistas e intelectuales en el marco del proyecto histórico que lideraba —“…Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”—, a veces se olvida que bastante antes, en octubre de 1959, se había conformado la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas, adscrita al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), entidad que empezó a censurar filmes considerados “problemáticos” por su contenido.

Obras como Una vez en el puerto, de Alberto Roldán, o Un poco más de azul, de Fausto Canel, vieron prohibida su difusión dentro de la Isla en 1964, la primera porque documentaba con realismo la vida de los barrios habaneros que miraban al mar y la segunda por abordar el siempre espinoso tema del exilio. Ambos realizadores sufrieron, claro está, las consecuencias de sus actos “reaccionarios”: quedaron excluidos del Icaic (del que habían sido fundadores), se les restringió su libertad de expresión y terminaron abandonando Cuba. (Roldán murió en Miami, a los 81 años, en 2014, y Canel vivió en Francia y España antes de instalarse también en Estados Unidos, donde reside).

El golpe más duro a la libertad creativa había sido, sin embargo, el que sufrió en 1961 el documental PM de Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante, prohibido y confiscado por las autoridades señalándolo de ofrecer “una pintura parcial de la vida nocturna” de La Habana porque, “lejos de dar al espectador una correcta visión de la existencia del pueblo cubano en esta etapa revolucionaria, la empobrecía, desfiguraba y desvirtuaba…”. Fue precisamente a raíz del escándalo provocado por la condena de este corto, de apenas 14 minutos de duración, que Fidel Castro en persona blandió sus temibles Palabras a los intelectuales.

El pavoroso “todo o nada” del régimen encontró su siguiente víctima en Heberto Padilla, cuyo excelente poemario Fuera del juego había sido reconocido por la Uneac (un poco a regañadientes) con el Premio Nacional de 1968. A pesar de haber obtenido el galardón por la decisión unánime del jurado, la entidad hizo una extraña “declaración” en la que consignaba que el libro sería publicado —junto al de Antón Arrufat en la rama de teatro— con una nota “expresando su desacuerdo” por considerarlos “que son ideológicamente contrarios a nuestra revolución (sic)”.

Tres años después, en enero de 1971, Padilla se atrevió a protagonizar en la Uneac un recital con su nuevo libro, Provocaciones. Y así fue considerada, en efecto, su actitud: provocadora. Unas semanas más tarde, el 20 de marzo, Heberto y su esposa, la también escritora Belkis Cuza Malé, eran arrestados por agentes de la Seguridad del Estado y conducidos a las bartolinas de Villa Marista. El cargo que pesó sobre ellos fue el de “actividades subversivas contra el gobierno”.

“¿Te creías intocable, el artista rebelde…?”, recordaba Padilla que le dijeron en la cárcel los esbirros. “¿[Creías] que te íbamos a perdonar todas tus travesuras contrarrevolucionarias?”. Luego del brutal interrogatorio, en el que el poeta fue golpeado, despertó en un hospital militar donde recibió la inesperada visita de Fidel en persona. “Sí”, dice Heberto en La mala memoria (1989), “tuvimos tiempo para hablar, o para que él hablara y se explayara a su gusto, y se cagara en toda la literatura del mundo”.

Entonces se le “sugirió” al escritor que redactara un largo texto enumerando sus “errores”, documento que hace 55 años recitó de memoria en aquella reunión privada en la Uneac. El material grabado de la “autocrítica” fue conocido por fin, en 2022, cuando el cineasta cubano Pavel Giroud lo rescató y lo usó para armar un extraordinario documental titulado El caso Padilla, nominado a varios prestigiosos premios fílmicos.

En este momento, las tres horas y media de la confesión del escritor pueden verse en YouTube, algo que me permito recomendar a toda persona que desee ahondar en los procesos de censura que el castrismo instituyó para convertir el arte en propaganda y a los escritores en voceros obligados de una revolución que terminó devorando sus ilusiones.

Las universidades deben reinventarse, aplicar investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); además, deben utilizar la mejora continua. El Instituto Key ofrece, por el momento, cuatro ingenierías, las cuales cuentan con un modelo educativo innovador; ya que, trabajan con créditos académicos y cuentan con laboratorios especializados. En un año de fundación, está rompiendo paradigmas.

Tuve el honor de entrevistar a Griselda Miguel, directora de atracción y mercadeo. ¿Cuál es el paradigma innovador de Key? El paradigma innovador de Key Institute se basa en transformar la educación superior tradicional hacia un modelo flexible, internacional y centrado en el estudiante, estructurado bajo el sistema de créditos académicos. Este modelo no solo reorganiza el plan de estudios, sino que redefine toda la experiencia universitaria, integrando clases, proyectos, investigación, prácticas, actividades co-curriculares y desarrollo personal dentro de un mismo ecosistema formativo. A esto se suma una pedagogía basada en competencias y aprendizaje por proyectos (aprender haciendo), que rompe con los esquemas tradicionales y posiciona a Key como un referente innovador en la educación superior en El Salvador. En esencia, el paradigma de Key consiste en pasar de una educación rígida y teórica a una educación dinámica, práctica, interdisciplinaria y alineada con estándares globales.

¿Cuál es el enfoque de sus carreras? Las carreras en Key están diseñadas con un enfoque transdisciplinario, práctico e internacional, orientado a responder a las demandas del mundo actual. Se estructuran bajo un modelo de ingenierías de cuatro años, lo que representa un cambio significativo frente al esquema tradicional de cinco años en el país, permitiendo trayectorias más eficientes y flexibles para los estudiantes. El enfoque incluye aprendizaje basado en proyectos reales desde etapas tempranas, uso intensivo de laboratorios y tecnología avanzada, integración con la industria mediante retos y prácticas, y el desarrollo de habilidades humanas como liderazgo, comunicación y pensamiento crítico. De esta forma, las carreras no solo forman ingenieros técnicamente sólidos, sino profesionales capaces de adaptarse, innovar y generar soluciones en contextos reales.

¿Cuál es su misión como modelo educativo? La misión del modelo educativo de Key es formar profesionales integrales capaces de liderar la transformación tecnológica y productiva del país y la región. Esto implica brindar una educación de clase mundial desde El Salvador, desarrollar talento con visión global y fomentar el aprendizaje continuo en un entorno cambiante. Key busca no solo preparar estudiantes para incorporarse al mercado laboral, sino para crear soluciones, emprender y contribuir activamente al desarrollo económico y social, conectando la academia con la empresa privada y el entorno global.

¿Cómo evalúa su enfoque en el proceso enseñanza–aprendizaje con aprender haciendo? El enfoque de aprender haciendo en Key se evalúa a través de un modelo integral donde el aprendizaje se mide por la aplicación práctica del conocimiento. Bajo el sistema de créditos académicos, cada actividad del estudiante, clases, proyectos, laboratorios, investigación o experiencias en la industria; forma parte de su evaluación, lo que permite una medición más completa de su formación. Esto significa que el estudiante aprende resolviendo problemas reales, que la teoría se complementa constantemente con la práctica y que los docentes actúan como mentores que guían el proceso. En este modelo, el éxito no se limita a solo aprobar exámenes, sino a demostrar la capacidad de crear, innovar y aplicar conocimientos en contextos reales, asegurando un aprendizaje significativo y relevante.

Es de recalcar que el Instituto Key nació con planificación estratégica educativa, desde el momento de tener alianzas con universidades de prestigio extranjeras como el Tecnológico de Monterrey de México y Olin College of Engineering, su visión de liderazgo quedó sustentada en un modelo educativo innovador.

En el futuro se acreditará con el Ministerio de Educación y tendrá certificaciones internacionales. Eso hace que las IES tengan mejor representatividad, calidad y renombre. El Instituto Key tiene un potencial, el de conectarse con la industria y con empresas tecnológicas. La fortaleza de sus estudiantes será que podrán incorporar sus aprendizajes y conocimientos en las empresas de la región. Enhorabuena para el empresario Roberto Kriete, quien es el fundador de esta universidad innovadora.

*Fidel López Eguizábal, Docente e investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

 

Somos seres en camino y el movernos es una batalla continua, que ha de mantenerse en el amor verdadero como tranquilidad y para poder persistir en las adversidades, con el coraje del buen hacer y mejor obrar. En efecto, se trata de reconstruirse y de superarse diariamente, ante la multitud de los desafíos, con la voluntad de ayudarnos mutuamente, pues el mejor propósito del espíritu es servir, mostrando compasión en todo momento. Así, y con renovada pasión, yo mismo me hago a diario persistentes llamamientos de trabajar unidos, más que con hazaña política con voluntad poética, a fin de acrecentar la cohesión social de pulsos, con sus pausas oportunas, para que nos hagan reflexionar; y, de este modo, poder tomar el camino adecuado, a pesar de las dificultades que nos acorralan.

Hemos de ordenar existencias, quizás también la nuestra, para ser gentes de paz y de diálogo. No podemos continuar con estas atmósferas destructivas, que todo lo corrompen y arruinan por intereses partidistas. Tenemos que reafirmar con energía que la tutela del derecho a la vida, es el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano. En consecuencia, una sociedad sólo está sana y en justo desarrollo, cuando protege la mística de todo caminante y se esfuerza activamente por promoverla, trabajando al unísono. El multilateralismo no es, por consiguiente, opcional. A mi juicio, es el medio más eficaz para lograr los objetivos de conciliación, además de un progreso sostenible inclusivo y derechos humanos para todos.

Vivir desvivido por los demás puede producir un cansancio infinito, pero es también algo muy gratificante; lo importante es saber que uno existe en hálito donante y en constante sorpresa, con una continua sucesión de coyunturas para sobrevivir. Hacer cada vez más visible esta dimensión relacional y de alianza, es uno de los principales retos para el futuro, sobre todo en un mundo fragmentado por las discordias, las divisiones y las guerras. Cultivar, pues, el papel de la mediación va a ser decisivo. Se trata de aliviar tiranteces antes de que desemboquen en conflictos; o, si el trance estalla, actuar rápidamente para contenerlo y resolver sus procedencias subyacentes. Por este motivo, la habilidad preventiva es fundamental, para no morar quejándonos y acabar cayendo desilusionados.

Sea como fuere, no hay que estar cercano de quienes causan las pugnas sino de quienes las sufren y pagan las consecuencias. Ocuparse por crear puentes de savia y, sobre todo, preocuparse por el destino de las víctimas, también significa alejarse de la lógica de la polarización y el pensamiento único. Por otra parte, hay que reforzar la rendición de cuentas. No podemos permitir una licencia para matar y mucho menos rechazar la idea de que el derecho internacional es obsoleto. La verdadera pujanza se declara en el servicio a un justo proceder viviente. Para ello, se requiere volver a revolvernos contra la usura, que lo único que originan son rivalidades, para creer en la ternura, en la moderación y en la buena sintonía, porque se sigue abatiendo la crónica, sin derecho y sin piedad alguna.

Indudablemente, una cooperación mundial eficaz es cada vez más necesaria para nuestra supervivencia, pero es complicada de ejecutar en un entorno de desconfianza, en el que nadie se fía de nadie, sustentada por una mentalidad de miedo como jamás. Sin embargo, a pesar de tantos dolores y densas sombras, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de nuestros mundanos horizontes, para abrirse a grandes sueños, componiendo una bella historia.  Cada cultura necesita asegurar que los valores se transmiten. Con la constancia nada se resiste, porque si esto no sucede se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus variadas maneras, la apatía y, en suma, un relato sellado a toda trascendencia y clausurado a lucros individuales.

Durante décadas, El Salvador vivió bajo el yugo de grupos que, al inicio —en los años 90—, eran «jóvenes» clasificados por muchos estudiosos de la época como «muchachos desorientados» o «excluidos». Ese infantilismo y esa mirada romántica les permitió transformarse en organizaciones criminales perfectamente estructuradas, casi como un ejército irregular. Sin embargo, el problema no solo fue su crecimiento, sino la complicidad política: durante los 20 años de ARENA y los 10 del FMLN, lejos de un combate frontal, estos partidos decidieron no solo ignorarlos y dejarlos crecer hasta que dominaron comunidades y barrios completos, sino pactar con ellos con fines electorales.

Pactos plenamente documentados que dejaron a la población a merced del asedio criminal.

No necesitas un doctorado en sociología o política para saber que, ante este agotamiento y la traición de los partidos tradicionales, la población llegó a un punto de quiebre y desesperación que los obligó a tomar la medida más desesperada: entregarle el poder al Caudillo que prometía soluciones definitivas. Tras dos años iniciales sin gobernabilidad legislativa —en razón al cálculo más torpe de la oposición ya defenestrada en ese momento, que buscaba seguir mandando y chantajeando al que estaba en el poder—, se generó un escenario que se usó con tanto éxito que en 2021 la oposición fue masacrada electoralmente.

Esto permitió la instauración en 2022 de un régimen de excepción que, aunque fue alabado al principio por el alivio inmediato que experimentó la población —un alivio que persiste a pesar de las múltiples denuncias de abusos—, demostró con el tiempo que la medicina podía ser más amarga que la enfermedad. La operatividad arrasó con miles de inocentes que todavía están detenidos, evidenciando que la eficacia no justifica la arbitrariedad.

Dentro de este contexto de persecución de voces disidentes y entrega de reportes a lo largo de cuatro años, lo que vimos en la **Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos** del Congreso de los EE. UU. fue la cereza del pastel de una estrategia coordinada. En estas últimas semanas, se presentó documento tras documento y se forzó una audiencia temática en la CIDH; pero, al parecer, no lograban ganar la narrativa y llegaron finalmente a lo absurdo en la audiencia ante el Senado. **Susana SáCouto**, Directora del *War Crimes Research Office*, afirmó que cualquier acción contra miembros de las maras bajo el régimen de excepción debe ser considerada un ataque directo del Estado hacia un grupo de «población civil». Esta premisa es un insulto profesional a quienes sufrieron el terrorismo de las pandillas: las maras no son población civil, vulnerable y desarmada; son, en realidad, los peores victimarios que crecieron bajo la negligencia política y académica.

No logro entender —y créanme que quiero hacerlo— a los directores de organizaciones consideradas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué Sergio Arauz (APES/El Faro), quien conoce la crueldad de las maras desde hace 15 años, se negó a reconocerlas de esa manera en el foro? ¿Por qué Noah Bullock, director de Cristosal, se centró en figuras políticas, dejando de lado a los sectores que no tienen esos privilegios? Si bien es cierto que Arauz y Ruth Eleonora López son víctimas indiscutibles del ejercicio del régimen, estos poseen redes de apoyo a nivel nacional e internacional que les brindan una plataforma y seguridad que el ciudadano común no tiene. Ruth cuenta con una familia ya resguardada fuera del país y un caso tan mediatizado que difícilmente sufrirá el desamparo total; Sergio cuenta con el respaldo para operativizar su exilio.

Desde mi perspectiva, ellos no necesitaban una silla en esa audiencia; en realidad, perdieron la oportunidad histórica de llevar a las «víctimas más vulnerables», a esas personas que sin redes de apoyo ni reflectores sufren lejos de los foros de premios. Bullock, por su parte, posee una ciudadanía norteamericana que le otorga una inmunidad que el salvadoreño de a pie no tiene. Esta élite de los derechos humanos parece haber caído en una burocratización del dolor, donde cada audiencia o documento es una vía para acceder a fondos de cooperantes. Se han vuelto mercenarios de la solidaridad que, en su afán por obtener la etiqueta de «crímenes de lesa humanidad», no dudan en desdibujar la realidad hasta convertir a los peores agresores en las «víctimas civiles» más importantes de su narrativa.

Concluyo con mucha claridad que entre la soberbia de ciertas organizaciones y protagonistas —tan evidente que las ha llevado a victimizar al victimario para ganar el titular mediático— y el oficialismo que pretende ignorar el dolor de las familias de los inocentes capturados o muertos en custodia del Estado, la realidad es desgarradora. Más allá de hablar de luces y sombras del régimen, hay que establecer con claridad que las evidentes violaciones cometidas y disfrazadas como margen de error, no justifican el relato sesgado de las élites. Al final del día, las víctimas reales —tanto las que sufrieron el terror de las maras como las que hoy sufren los atropellos del régimen— están solas.

El Salvador no necesita burócratas de los derechos humanos ocupando sillas ajenas, ni «mercenarios de la solidaridad» que justifican su fin último de poner una etiqueta internacional si esto pasa por volver a los peores agresores de los últimos 25 años en las víctimas civiles más importantes. Necesitamos justicia real para todos y todas: víctimas de maras y del régimen.

El Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) nació en una época muy dura: en septiembre de 1981. En este 2026 cumplirá 45 años, aunque en sus inicios se llamó Comité Pro Libertad de Presos Políticos y Desaparecidos de El Salvador. Lamentablemente, su figura más emblemáticas acaba de fallecer. Se trata de Guadalupe Mejía viuda de Mejía, quien a finales del próximo mayo arribaría a los 83 años; alrededor de la mitad, los dedicó a defender a las víctimas. Originaria del cantón La Ceiba, entonces parte del municipio Las Vueltas en Chalatenango, desde adolescente comenzó su noviazgo con Justo Mejía quien a sus veintisiete años era una década mayor que ella. Terminaron casados y tuvieron, entre hijos e hijas, nueve criaturas.

Por predicar la palabra de Dios y promover la creación de la organización que se conocería como Unión de Trabajadores del Campo y formaría parte del Bloque Popular Revolucionario, Justo fue salvajemente asesinado por guardias nacionales el 9 de noviembre de 1977 cuando se disponía a participar en la primera toma del Ministerio de Trabajo realizada por dicho frente de masas. Monseñor Romero denunció cuatro días después, en la homilía dominical, su desaparecimiento; en la siguiente expresó que se le había horrorizado el corazón, al ver a la esposa con su prole cuando llegó a informarle que lo encontraron “con señales de tortura y muerto”.

“Su cadáver lo hicieron destrozado”, declaró ella. Por eso ‒agregó‒ nuestro ahora santo decía que “había sufrido la pasión de Cristo” pues “le quebraron los brazos, le sacaron el ojo, le quitaron las uñas con las boquillas de los fusiles y lo colgaron de los árboles”. Fue así que la vida de esta legendaria y digna luchadora cambió: comenzó “a ser padre y madre”, además de dedicarse a trabajar en la milpa con la ayuda de sus hijos más grandes. Y como ya se apuntó, posteriormente se entregó a la causa de los derechos humanos; sobre todo, a reclamar la presentación con vida de las personas desaparecidas entre las cuales se encontraba su hermano Gilberto. Así siguió hasta el recién pasado jueves 16 de abril.

Entre quienes fueron alcanzados por el flagelo de nuestra “noche y niebla” también está Mauricio Aquino Chacón. “Noche y niebla” fue la orden secreta emitida por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1941, para desaparecer a las personas que eran consideradas una amenaza para el nazismo. Lo mismo ocurrió acá y en ese marco Mauricio fue secuestrado en la misma fecha que falleció Guadalupe Mejía, solo que en 1981; el hecho ocurrió después de la ofensiva guerrillera iniciada el 10 de enero del mismo año por el recién nacido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

“Pido a nuestra virgencita –clamó en su desgarrador testimonio la madre de este joven, a quien conocí en el colegio jesuita– que interceda en este drama desgarrador de personas desaparecidas y que no permita estos capítulos nunca más. Y que todo ciudadano tenga el justo derecho de ser juzgado si ha cometido algún delito”. ¡Nunca más! Este debió ser el propósito nacional después de que conseguimos se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía protectora de criminales, tras veintitrés años de vigencia.

Faltan alrededor de un par de meses para cumplirse una década desde que logramos dar ese paso necesario en el camino por derrotar la impunidad pero, al día de hoy, dicho fallo de la Sala de lo Constitucional ha terminado siendo un simple “papel mojado”; es decir, un documento que no produjo los efectos jurídicos esperados. En el mismo, se mencionó “una eventual legislación secundaria relacionada con las medidas de la justicia transicional salvadoreña”. Pero nada. Nada más allá de los intentos por aprobar una “amnistía maquillada” durante las legislaturas anteriores a las dominadas por el partido de Nayib Bukele, junto a la falsa “consulta” montada a partir del 2021 por esta facción que cumplirá ya cinco años dominando a plenitud el Legislativo.

¿Será que así como no incluyen la cadena perpetua para el delito de corrupción, también en este asunto están “matando su chucho a tiempo” o “curándose en salud”? Puede que sí, sobre todo tras publicarse el informe del Grupo internacional de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en El Salvador conocido como el “GIPES, en el cual se concluye ‒entre otras‒ que en “el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción”, hay hechos “que pueden constituir crímenes de lesa humanidad”; es decir, que trascienden a la víctima individual porque ofenden a la humanidad entera. Y estos gravísimos delitos, ¡no prescriben!