Categoría: Politica

  • OIM y Cancillería presentan un primer estudio nacional sobre movilidad humana y factores medioambientales

    OIM y Cancillería presentan un primer estudio nacional sobre movilidad humana y factores medioambientales

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron el miércoles el «Primer estudio nacional sobre movilidad humana y factores ambientales», aún no publicado, que contiene los primeros hallazgos en esa materia.

    Las autoridades de Cancillería y de la OIM anunciaron en sus redes sociales que presentaron el estudio que analiza cómo los factores medioambientales también constituyen una causa de migración en El Salvador.  En la elaboración participó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

    La oficial a cargo de la OIM, Irene Vignini, escribió en su cuenta de X que el estudio es la muestra «de que cuando el Estado y la cooperación internacional trabajan juntos, se puede generar evidencia clave» que permita «diseñar políticas resilientes y humanas».

    «Junto a Cancillería, presentamos el primer Estudio Nacional sobre Movilidad Humana y Factores Medioambientales. Una muestra de que cuando el Estado y la cooperación internacional trabajan juntos, se genera evidencia clave para diseñar políticas resilientes y humanas». Irene Vignini, oficial a cargo de la OIM.

    Ninguna de las autoridades involucradas indicó cuáles son los hallazgos. El estudio no se ha publicado. Ni Cancillería ni la OMI convocaron a medios de comunicación en general para la presentación del estudio.

    La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, dijo en sus redes sociales que el estudio «revela la relación entre movilidad y factores medioambientales».

    Portal aseguró que el país seguirá «consolidando una agenda regional integral, humana y transformadora» que esté «basada en datos y cooperación» para «garantizar una migración segura, ordenada y regular» en la región.

    Foro sobre movilidad y medioambiente

    El Salvador fue sede del «Foro regional sobre movilidad humana y su nexo con factores medioambientales» organizado por la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), que busca «contribuir al diseño, aplicación y fortalecimiento de políticas públicas y herramientas» para brindar «atención integral y coordinada» a las personas en movilidad.

    Vignini agregó que los desastres naturales «están redefiniendo las dinámicas de movilidad» y que la participación de la OIM en el foro representa el compromiso del organismo internacional «con respuestas orientadas a la protección de quienes se desplazan».

    Portal aseveró que los desafíos de la movilidad «son cada vez más complejos y transversales», por lo que considera que espacios como este foro «fortalecen el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto» entre naciones.

    El foro sobre movilidad se realizó ayer en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. / Cancillería de El Salvador.

    Para 2026, la Cancillería salvadoreña busca destinar $580,475 para «movilidad humana y asistencia e inclusión a la persona migrante», lo que significaría un aumento del 104 % en comparación con los $284,140 entregados para 2025.

    Durante el primer semestre de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) contabilizan al menos 6,050 salvadoreños deportados. La organización Human Rights First ha registrado 119 vuelos de deportados de Estados Unidos a El Salvador desde enero hasta agosto de 2025.

  • Reforma extendió periodo para la inscripción de ingenieros, técnicos y constructores en la DOT

    Reforma extendió periodo para la inscripción de ingenieros, técnicos y constructores en la DOT

    Ante la cercanía del vencimiento del plazo, la reforma a la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa extendió el periodo para que los constructores puedan inscribirse hasta marzo de 2026.

    El plazo fue extendido de seis a diez meses contados a partir de la instalación e inicio de funcionamiento de la DOT. Esta oficina, ubicada en la sede del Centro Nacional de Registros (CNR), empezó a funcionar el 12 de mayo de 2025.

    Casi al final de la sesión plenaria, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, pidió reformar el inciso segundo del artículo 83 de la Ley de la DOT, que regula la inscripción de las personas naturales o jurídicas en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción de la DOT.

    Propuso que “en un plazo máximo de 10 meses contados a partir de la fecha de instalación y entrada en funcionamiento de la DOT” estas personas “deberán inscribirse” para poder realizar trámites con la DOT.

    El artículo actual, que deja sin efecto todos los demás registros existentes al completar este registro, establece un periodo de seis meses.

    Si se toma como referencia la instalación el 12 de mayo de 2025 publicada por la DOT, este periodo se vencía el 12 de noviembre de 2025; pero con la extensión se vencería el 12 de marzo de 2026.

    La reforma no había sido incluida en el dictamen aprobado por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa.

    La DOT lleva un total de 1,974 personas inscritas, de los cuales 955 se han inscrito durante julio, agosto y septiembre.

    Entre los ya inscritos hay ingenieros civiles, arquitectos, arqueólogos, especialistas en estudios de impacto y diagnóstico ambiental, técnicos constructores, ingenieros eléctricos, técnicos proyectistas.

  • Se duplica presupuesto de asistencia de migrantes pero es el 4 % del destinado a diáspora y movilidad

    Se duplica presupuesto de asistencia de migrantes pero es el 4 % del destinado a diáspora y movilidad

    El presupuesto para la asistencia a los migrantes salvadoreños aumentaría en un 104 % el próximo año según el proyecto de Ley general de presupuesto del Estado 2026 bajo estudio de la Asamblea Legislativa. El monto solo representa el 4 % de la cifra destinada a la «Atención a la diáspora y movilidad humana».

    El año pasado la unidad «Movilidad humana y asistencia e inclusión a la persona migrante» tuvo un presupuesto de $284,140, pero para 2026 se prevé que aumente un 104 % pasando a $580,475 de acuerdo al proyecto.

    Los fondos de presupuesto para «atención a la diáspora y movilidad humana» son responsabilidad del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana y provendrían del Fondo General del Estado, es decir, ingresos propios.

    A pesar del significativo aumento, los $580,475 solo representan el 4 % de los $14,590,881 que recibiría el Viceministerio para «atención a la diáspora y movilidad humana».

    Según el proyecto de presupuesto, el área de «movilidad humana y asistencia e inclusión a la persona migrante» se encarga de «gestionar, coordinar y articular políticas públicas, procesos, estrategias y acciones de prevención de la migración irregular».

    Asimismo, brinda asistencia humanitaria, reintegra y apoya el desarrollo de los migrantes, «independientemente de su estatus migratorio», pero sí priorizando grupos vulnerables: origen, tránsito, destino y retorno.

    La mayor parte del presupuesto se destina a las representaciones consulares, un total de $12.4 millones ($12,406,286).

    El resto se destina a coordinación de servicios consulares, $856,895; diáspora y desarrollo, $310,005; gestión de búsqueda de menores desaparecidos, $203,835;  Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas, $149,280, y análisis y alianzas de la movilidad humana, $84,105.

    El presupuesto para «atención a la diáspora y movilidad humana» presentaría una reducción del 17 % porque en 2025 recibió $17,563,870 para operar, pero en 2026 se reduciría a $14,590,881.

    El Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana detalló este mes que desde 2022 la Cancillería salvadoreña ha atendido a 32,895 salvadoreños deportados con atención en 20 programas.

    De enero a junio de 2025, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reportó 6,050 salvadoreños deportados vía aérea y terrestre. La organización Human Right First contabiliza el arribo a El Salvador de 119 vuelos con migrantes desde Estados Unidos.

  • Sustituyen a Secretaría de Comercio por Gobernación en el Consejo Directivo de la DOT

    Sustituyen a Secretaría de Comercio por Gobernación en el Consejo Directivo de la DOT

    La reforma a la Ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) modificó su Consejo Directivo, ya que fueron incorporados los ministros de Gobernación, y de Agricultura y Ganadería, en lugar del secretario de Comercio e Inversiones, y del director general de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, o sus correspondientes delegados.

    La DOT es la nueva entidad encargada de emitir los permisos de construcción, demolición, talas de árboles, terracería e incluso cambio de uso de suelo, en áreas mayores a 250 metros cuadrados. En áreas menores puede intervenir si considera que las municipalidades, encargadas de dichas áreas, no tienen capacidad técnica para autorizar los permisos bajo el sistema creado en la ley de la DOT.

    La máxima autoridad de la DOT es su Consejo Directivo, conformado por 13 personas, de las cuales ahora siete serán ministros del Órgano Ejecutivo o sus delegados. Solo el director de la DOT no tiene derecho a voto.

    Solo tienen derecho al voto: los ministros de Vivienda, Medio Ambiente, Cultura, Obras, Salud y ahora Gobernación y Agricultura; los directores del Centro Nacional de Registros, de Bomberos y de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y los presidentes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

    El Consejo Directivo de la DOT es la instancia que aprueba los procedimientos para otorgar los permisos de construcción y que puede autorizar procedimientos especiales simplificados o la «modalidad exprés para dar celeridad a la autorización de los permisos de construcción».

    También aprueba los planes de ordenamiento territorial y conoce los recursos administrativos.

    La Asamblea Legislativa reformó el 21 de octubre su normativa con el fin de facultar a la DOT a autorizar permisos de tala de árboles, terracería y de cambio de uso de suelos, en los procesos de construcción, además de introducir 38 tarifas nuevas por sus servicios y modificar otras.

    Los trámites en la DOT

    La DOT intervienen en las fases de factibilidades, permisos y verificación de cumplimiento en permisos de construcción, y es la encargada de otorgar calificaciones del lugar de construcción, la factibilidad de aguas lluvias, abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, exploración de pozo, tratamiento de aguas negras, valoración cultural, así como permisos de construcción, aprobación de planos, permisos de vertido, ambiental, entre otros.

    Otras instancias encargadas de otorgar permisos similares son la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), que tiene autoridad sobre una zona delimitada de aproximadamente 84 cuadras del distrito de San Salvador, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), que regula los permisos en 28 distritos; e instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la ANDA, que ahora integran el Consejo Directivo de la DOT.

    Durante el segundo trimestre de 2025, la DOT tramitó 1,842 expedientes físicos y 1,477 solicitudes digitales. Según sus cálculos, los plazos de evaluación han reducido de 31.14 días la solicitud individual a 18.59 días la solicitud «integrada».

    De los expedientes físicos, la DOT reporta resoluciones de 182 de 193 del Ministerio de Cultura; 184 de 186 de la ANDA; y 32 resoluciones enviadas de 1,344 expedientes del Ministerio de Medio Ambiente.

    De la evaluación de 1,477 proyectos en su plataforma digital, con una inversión estimada de $3,609 millones, la DOT reporta 59 solicitudes aprobadas –no detalla el monto de inversión de las solicitudes aprobadas–, 149 observadas y 343 en evaluación.

    La Dirección diseña, mediante la Gerencia de Compensaciones, un «Banco de proyectos urbanísticos y ambientales».

  • Protocolos de atención a migrantes tendrán que ser actualizados máximo cada dos años en El Salvador

    Protocolos de atención a migrantes tendrán que ser actualizados máximo cada dos años en El Salvador

    Los protocolos de atención a migrantes tendrán que ser revisados, modificados y actualizados cada dos años en El Salvador, establece el último “Protocolo de recepción y atención inmediata para población salvadoreña retornada” de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME).

    El protocolo, elaborado por la Gerencia de Atención al Migrante (GAMI) y aprobado por el director general de Migración, Ricardo Cucalón, establece que el documento debe ser actualizado como máximo cada dos años o cuando haya «cambios en la normativa legal o institucional» que puedan incluir movimientos en la estructura organizativa de la unidad.

    El documento elaborado en octubre de 2024 vino a sustituir al «Protocolo de recepción y atención inmediata para la población adulta salvadoreña retornada en el programa Bienvenido a Casa», vigente desde diciembre de 2020.

    «El presente protocolo debe ser revisado, modificado y actualizado cada dos años o cuando existan cambios en la normativa legal o institucional; así como, en la estructura organizativa (unidad o por puestos) que modifique las actividades desarrolladas en los procedimientos aquí descritos». Período de actualización y vigencia en el protocolo.

    El protocolo publicado en el portal de transparencia de Migración y Extranjería establece que todos los deportados deben cumplir con un «proceso migratorio» que incluye una entrevista migratoria por personal de la GAMI y una entrevista con personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para los adultos.

    Los menores tienen obligación de ser entrevistados por el Consejo Nacional de la Primera Infancia , Niñez y Adolescencia (Conapina) y deben pasar una consulta médica con el Ministerio de Salud.

    Además, hay atenciones que no son obligatorias, como LA entrega de ayuda humanitaria inmediata o ayuda económica para transporte, ni la atención de la Ruta de Derivación y transporte institucional para traslado a terminales de autobús.

    Etapas en la recepción y atención de retornados:

    • Verificación y confirmación de identidad y nacionalidad de los deportados.
    • Identificación y separación de las personas requeridas por procesos judiciales.
    • En los retornos aéreos se trasladan los retornados hacia la GAMI para entregarle pertenencias.
    • Atenciones humanitarias como alimentación, hidratación, atención médica y primeros auxilios psicológicos.
    • Proceso migratorio.

    El Ministerio de Trabajo y Previsión Social lleva un proceso de «intermediación laboral» y realiza jornadas de orientación laboral, convocatorias de empleo y busca certificaciones de competencias y capacitaciones en emprendimiento.

    Durante el primer semestre de 2025, Migración y Extranjería reportó 6,050 salvadoreños. Además, la organización Human Rights First contabiliza que 119 vuelos con migrantes desde Estados Unidos han llegado a El Salvador.

  • Diputados estudiarán cambio de requisitos para miembros del tribunal sancionador de ANDRES

    Diputados estudiarán cambio de requisitos para miembros del tribunal sancionador de ANDRES

    Diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial recibirán una solicitud de reforma a la ley que creó la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que modifica los requisitos para algunos miembros del Tribunal Sancionador.

    El proyecto de reforma a la «Ley de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos», presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a la Asamblea Legislativa, busca dejar la exigencia de ser abogado únicamente para el presidente del tribunal sancionador, y exigir a los vocales que sean profesionales con título universitario.

    También propone suprimir el requisito de experiencia en procedimientos ambientales y sancionatorios.

    La reforma también incluye la ampliación de facultades de ANDRES, para que esta autoridad pueda establecer precios por sus servicios y proponer tasas por servicios para ser valorados por el Órgano Legislativo.

    La propuesta

    Los miembros del Tribunal Sancionador son nombrados por el presidente de la República.

    Esta instancia impone las sanciones a los infractores de la ley, atiende denuncias e investiga hechos u homicidios.

    Actualmente, los requisitos para todos los miembros del Tribunal Sancionador son: ser salvadoreño, abogado de la República, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios y no tener reclamaciones si fue contratista.

    La solicitud de reforma plantea dejar como requisitos: ser salvadoreño, mayor de 30 años, no tener antecedentes penales, ser de reconocida honorabilidad y probidad, y no tener reclamaciones si fue contratista; ser abogado de la República para el presidente del Tribunal Sancionador; y ser profesionales con título universitario para el primer y segundo vocales, incluidos sus suplentes.

    Con ello, también se suprimiría el requisito de «tener conocimientos y experiencia laboral en aplicación de legislación ambiental y procedimientos sancionatorios».

    El tribunal sancionador de ANDRES castiga infracciones leves como arrojar o abandonar basura en calles, carretera, playas o parques; no separar adecuadamente los residuos peligrosos; no seguir las directrices de reciclaje; hasta infracciones graves como provocar un daño ambiental significativo como contaminación de fuentes de agua; operación ilegal de botaderos o plantas de transferencia, o incumplimientos de las obligaciones por parte de las municipalidades. Las multas oscilan entre los $20 hasta los 10,000 salarios mínimos mensuales.

  • Legalizarían viviendas de las comunidades de El Manguito y Palermo sobre calle sin uso vial

    Legalizarían viviendas de las comunidades de El Manguito y Palermo sobre calle sin uso vial

    El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) dictaminó que las calles que son ocupadas por las comunidades El Manguito y Palermo, en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo, avenida Independencia y calle Las Mercedes, ya no tienen uso vial, por lo que es posible desafectarlo para legalizar las propiedades de sus habitantes.

    La decisión fue tomada el 22 de septiembre de 2022 luego de realizar la “investigación de campo” en dichas comunidades ubicadas en el distrito de San Salvador, San Salvador Centro.

    El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, pidió agregar a dichas comunidades en la normativa que legaliza las propiedades sobre las calles en desuso, con el fin de que las familias puedan legalizar escrituras de propiedad sobre sus viviendas.

    Según la iniciativa, estas comunidades se encuentran en el tramo de vía pública conocida como “Calle antigua del Ferrocarril” que antes conducía de San Salvador hacia Santa Tecla, está ubicada tras el parque nacional de pelota “Saturnino Bengoa”.

    En la comunidad El Manguito habitan 235 familias y en la comunidad Palermo, 75 familias, haciendo un total de 310 familias.

    “Se establecieron en dicha zona hace más de un siglo. No obstante, carecen de seguridad jurídica sobre la tenencia del inmueble”, sostiene el diputado del partido oficial.

    La decisión del MOP es citada en la iniciativa presentada por el diputado y que será estudiada por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que se reunirá la próxima semana.

    La normativa que sería reformada es la “ley especial para la legalización de las calles, tramos de calles, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso púbilco para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular”.

    Esta ley busca legalizar calles, tramos de calle, carreteras o derechos de vía en desuso que han sido ocupados de manera pacífica e ininterrumpida por no menos de cinco años por familias de “escasos recursos económicos”.

    En El Salvador, un total de 143,604 familias viven en una casa de lámina metálica, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024.

    Solo 1.3 millones de familias viven en casas de ladrillo, bloque o concreto; y 202,466, de adobe. El censo no registra las personas que viven en comunidades.

    También, 14,150 viven en casa de madera, 861 viven en casas de material reciclado como plástico o cartón y 229 viven en casa de paja o palma. También hay 19,647 familias en casas de bahareque y 6,393 en casas de adobe.

    De las 1.8 familias censadas en El Salvador, solo 1 millón residen en casa propia.

  • Gobierno pide facultar a ANDRES a aprobar tasas y precios por servicios

    Gobierno pide facultar a ANDRES a aprobar tasas y precios por servicios

    El Ministerio de Obras Públicas pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe una reforma para facultar al director general de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a aprobar los precios que cobrarán por los servicios y los productos que ofrezca.

    Los precios serían definidos a través de un acuerdo institucional con la respectiva autorización del Ministerio de Hacienda.

    La reforma solicitada también busca que el director de ANDRES pueda proponer los proyectos de tasas por los servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación de la Asamblea Legislativa.

    La solicitud de reforma fue interpuesta por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, el 21 de octubre de 2025, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la cual fue convocada para reunirse el martes 28 de octubre a las 10:00 de la mañana.

    El artículo 44 de la ley de ANDRES establece que “las municipalidades contribuirán al Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos con un monto equivalente al 50 % de los ingresos brutos percibidos por las tasas municipales establecidas para los servicios públicos de barrido, aseo, limpieza, transportes y disposiciones final de basuras de residuos sólidos”.

    ANDRES es una institución autónoma creada por el gobierno en diciembre de 2024 que busca sustituir a las alcaldías en su función de recolectar la basura de los distintos municipios.

    Actualmente tiene cobertura en San Salvador Este, La Libertad Costa y La Paz Este.

    En su cuenta de X, no reportan que controlan la recolección de desechos en los distritos de San Salvador Centro aunque en julio pasado ANDRES había publicado en su sitio web que su servicio ya se encontraba disponible.

    En redes sociales ANDRES ofrece un “equipo de reacción inmediata” en San Salvador Este y La Libertad Costa, con recepción de denuncias de acumulaciones de basura al 929 y al WhatsApp 2501-0203.

    Actualmente ANDRES tiene un presupuesto de $2.3 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado $152,801.99. Los fondos provienen del Fondo General del presupuesto general del Estado. Del total del presupuesto, $1.6 millones serían destinados a remuneraciones y $438,368.84 a bienes y servicios.

     

  • Aprueban amnistías tributarias de intereses y multas en La Paz Centro, Usulután Norte y Cabañas Este

    Aprueban amnistías tributarias de intereses y multas en La Paz Centro, Usulután Norte y Cabañas Este

    Los concejos municipales de La Paz Centro, Usulután Norte y Cabañas Este también aprobaron amnistías tributarias en el pago de intereses y multas según los decretos municipales publicados el 10 y 15 de octubre de 2025 en el Diario Oficial.

    La exoneración de intereses y multas  por tasas, impuestos y contribuciones especiales como mercados, plazas, comerciantes en espacios públicos y cementerios en La Paz Este estará vigente durante 90 días hábiles desde el 18 de octubre.

    Los distritos de La Paz Centro son: El Rosario, Jerusalén, Mercedes La Ceiba, Paraíso de Osorio, San Antonio Masahuat, San Emigdio, San Juan Tepezontes, San Luis La Herradura, San Miguel Tepezontes, San Pedro Masahuat, Santa María Ostuma y Santiago Nonualco.

    Si el contribuyente con intereses y multas no puede pagar en una sola cuota toda la deuda, podrá pactar un plan de pago con la administración municipal, el cual requerirá el pago inmediato de la primera cuota del plan.

    Los contribuyentes con deudas en plazas, mercados, cementerios y comerciantes en espacios públicos deberán aplicar a la ordenanza en las oficinas respectivas o en el Departamento de Cuentas Corrientes.

    Por otro lado, en Usulután Norte, también se emitió una ordenanza para perdonar intereses moratorios y multas en tasas y contribuciones especiales. El beneficio estará vigente por 90 días calendario desde el 18 de octubre de 2025.

    Los distritos que conforman Usulután Norte son: El Triunfo, Estanzuelas, Jucuapa, Mercedes Umaña, Santiago de María, Alegría, Berlín, San Buenaventura y Nueva Granada.

    Esta comuna también permitirá que los contribuyentes paguen totalmente la deuda o que firmen planes de pago, los cuales, se tendrán que realizar dentro de los 90 días de aplicación de la normativa municipal.

    En tercer lugar, el 15 de octubre se publicó la ordenanza transitoria de Cabañas Este para dispensar los pagos de intereses y multas por moras en el pago de tasas municipales en los distritos de Sensuntepeque, Dolores, Victoria, Guacotecti y San Isidro.

    La alcaldía de Cabañas Este permitirá también el pago de la deuda, por no pagar durante más de 60 días, en una sola cuota o por medio de un plan de pago. El decreto municipal entrará en vigencia el 23 de octubre.

    Se podrá aplicar hasta el 31 de enero de 2026. Sin embargo, los contribuyentes con planes de pago podrán efectuar los desembolsos correspondientes hasta  el 30 de abril de 2026.

    En Sensuntepeque, se aplicará la dispensa de intereses en servicios de alumbrado eléctrico, recolección, transporte y disposición final de la basura. En Guacotecti, se dispensará en el pago mensual de agua, alumbrado eléctrico, pavimentación y aseo público.

    En el distrito de Victoria, se dispensará intereses en alumbrado público, recolección de basura, barrido de calles, mantenimiento de calles, alquiler de locales de mercado, uso de suelo, subsuelo torres, postes y antenas y red eléctrica municipal.

    En Dolores, se condonará el pago de intereses en servicio de agua potable, pavimento, adoquinado, barrido de calles, aseo público, desechos, alumbrado público y refrenda de arrendamiento de servicios de agua.

    En San Isidro, se dispensará el pago de intereses en alumbrado eléctrico, prestación integral relativa a desechos sólidos, servicio de barrido de calles y pavimentación.

  • Siget definirá tarifa de retribución por excedentes de energía solar que hogares reinyecten a la red de distribución

    Siget definirá tarifa de retribución por excedentes de energía solar que hogares reinyecten a la red de distribución

    Los usuarios finales de electricidad recibirán una tarifa que será definida por la Siget por los excedentes de energía que suministre a la red, aunque estos no deben tener un objetivo de generación de energía, sino de consumo.

    La nueva “Ley de fomento para el uso de la energía renovable” aprobada el 21 de octubre por la Asamblea Legislativa busca que los usuarios finales de energía eléctrica instalen sistemas para generar energía con fuentes renovables para su propio consumo. Para ello, han creado una serie de incentivos fiscales, eximiento de impuestos la importación, compra, instalación o mantenimiento de estos equipos.

    Pero la segunda novedad de la ley es que los usuarios recibirán una tarifa al reinyectar los excedentes de su demanda a la red de distribución.

    La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará la tarifa con la cual “la distribuidora deberá reconocer los excedentes de energía eléctrica inyectados a la red de distribución”, lo cual se hará según parámetros, criterios técnicos y financieros que se establezcan en un reglamento especial.

    El reglamento especial deberá ser emitido en un plazo máximo de 60 días a partir de la vigencia de ley. Este reglamento, además de tener el pliego tarifario de las reinyecciones, también exigirá los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los usuarios finales para realizar las “reinyecciones de los excesos de electricidad generados”.

    La Siget también realizará inspecciones.

    La ley establece que los incentivos fiscales estarán en vigor durante 10 años, pero no establece una vigencia para el mecanismo de retribución de las reinyecciones de energía que hagan los usuarios a la red de distribución, por lo que podría ser permanente.

    La ley también permite deducir de su renta imponible el gasto en equipo, instalación o mantenimiento del sistema de energía solar, no pagará IVA por dicho equipo o servicio relacionado, ni pagarán aranceles. La ley no beneficia a generadores sino a usuarios de energía y proveedores.

    Actualmente, los usuarios que reinyectan energía solar a la red de distribución reciben un descuento según las normas aprobadas en 2017 por la Siget.