Categoría: Politica

Uno de los candidatos a miembro suplente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por el sector del Ministerio Público desistió de su postulación por compromisos laborales y personales.

René Alfonso Pérez Turcios, quien obtuvo el segundo lugar en la votación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), envió una carta a la Comisión Política, dirigida a su presidente, el diputado Ernesto Castro.

«Mi decisión formal de desistir de mi particpación en el proceso de elección llevado a cabo por esta honorable Asamblea Legislativa… He decidido que en este momento debo dirigir mis esfuerzos hacia otros compromisos laborales y personales que me impiden continuar con la dedicación que tan alto cargo amerita», comunicó Pérez Turcios.

El aspirante, quien agradeció la oportunidad y la consideración de su candidatura a los diputados, y deseó éxitos a los legisladores para la selección «del perfil más idóneo para representante del Ministerio Público y su suplente».

Pérez Turcios es máster en Derechos Humanos y Democracia en Iberoamérica. Universidad de Alcalá de Henares, España, ha sido jefe del Departamento de Derechos Políticos y fue jurídico en la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales.

Un total de 24,548 arrestos de salvadoreños por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reporta una publicación de la BBC que retoma datos hasta el 6 de agosto publicados por el Deportation Data Project.

El Salvador es la quinta nacionalidad con más arrestos después de México, Guatemala, Honduras y Venezuela. Después de El Salvador, se ubican Nicaragua, Colombia, Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, República Dominicana, India, China y Vietnam según las cifras, obtenidas por el Deportation Data Project en respuesta a una solicitud de la Ley de la libertad de la información de los Estados Unidos.

La publicación de la BBC sostiene que el 57 % de las personas arrestadas por ICE son deportadas en menos de 60 días y que solo el 7 % son liberadas en el mismo tiempo.

En el sitio deportationdata.org, que muestra datos de arrestos y detenciones del ICE se pueden obtener 22,811 registros de detenciones administrativas de personas de El Salvador desde el 20 de enero de 2025, fecha en que inició la administración Trump, hasta julio de 2026. La mayoría de los detenidos son hombres, 20,162.

Los datos también muestran que estas detenciones de salvadoreños por el ICE han oscilando entre 4,017 en 2023, 4,263 en 2024, 13,395 en 2025 y 9,606 de enero a julio de 2026.

Mensualmente las autoridades del ICE han detenido a un promedio de 1,300 salvadoreños cada mes desde mayo de 2025, la mayor cantidad se registró en julio de 2026, mes en el que se reportan 1,612 detenciones.

La base de datos muestra un alza en las deportaciones respecto a años recientes, ya que en 2023 se registran 596 decisiones relacionadas a la deportación o expulsión, incluida la voluntaria, en 2024 se reporta una cifra similar, 595; pero en 2025 se reportan 2,177 y en lo que va de 2026, 1,708.

Sin embargo, las cifras de los salvadoreños deportados de los Estados Unidos aún no superan las históricas cifras de salvadoreños deportados durante los años 2007 a 2010, y el año pico, 2014, cuando se deportaron 27,180 salvadoreños. Un gráfico a través de los años con cifras del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, publicadas en sus informes anuales, muestra el comportamiento de las deportaciones de los salvadoreños. El ICE aún no publica el informe correspondiente a 2025.

 

Los datos históricos manejados por la Dirección General de Migración de El Salvador concentran la mayor cantidad de deportaciones entre los años 2013 y 2019, periodo en el cual suman 261,741 salvadoreños deportados, registrando la mayor cantidad en 2019, con 37,348 salvadoreños recibidos, la gran mayoría de los Estados Unidos.

El Salvador está entre los 91 países que pueden ser evaluados por la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) para recibir asistencia durante el año fiscal 2027 en apoyo a programas que promuevan el crecimiento económico.

La Corporación Reto del Milenio publicó un aviso de los países candidatos en el Registro Federal, el 3 de septiembre, ya que así se lo establece la ley del desafío del milenio promulgada en 2003. El anuncio es suscrito por el vicepresidente interino, consejero general y secretario corporativo, Brian Finkelstein.

Además de El Salvador, en el listado de países candidatos se encuentra Guatemala, Honduras, Belice, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Jamaica y Haití.

La Ley del desafío del milenio de 2003 establece que la MCC tomen medidas para seleccionar países con los que buscará suscribir un pacto, tomando en cuenta «compromiso demostrado de un país con i) la gobernanza justa y democrática, ii) la libertad económica y iii) las inversiones en su pueblo»; y «la oportunidad de reducir la pobreza y generar crecimiento económico en el país».

Un país se considera candidato para 2027 si tiene un ingreso bruto per cápita no mayor a $8,105 para el año fiscal 2027 y que sea elegible bajo la ley de Estados Unidos.

La MCC también publicó un listado de países que podrían ser candidatos pero que mantienen una prohibición de asistencia por disposiciones legales, como Afganistan, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, entre otros.

En 2021 El Salvador reprobó el indicador de control de la corrupción por cinco año consecutivos, además de otros indicadores como Estado de Derecho, acceso al crédito, política fiscal y clima para generar emprendimientos.

La Corporación del Reto del Milenio respaldó en El Salvador dos compactos de ayuda, uno de $490.9 millones y otro de $277 millones. Para mantener el apoyo, cada año evalúa 20 indicadores con información proveída por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Freedom House y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El convenio con la MCC inició su implementación el 15 de enero de 2015 hasta el 9 de septiembre de 2020.

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó a El Salvador, Guatemala y Honduras que cumplen con 10 condiciones relacionadas al combate a la corrupción y al narcotráfico, a la defensa del Estado de derecho y la protección de derechos de defensores de derechos humanos, en una certificación publicada el 6 de agosto de 2026 y firmada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el 1 de julio de 2026.

Países candidatos para recibir asistencia de la MCC en año fiscal 2027

1. Argelia

2. Angola

3. Azerbaiyán

4. Bangladesh

5. Belice

6. Benín

7. Bhutan

8. Bolivia

9. Botswana

10. Burundi

11. Cabo Verde

12. Cambodia

13. Cameroon

14. Central African Republic

15. Colombia

16. Comoros

17. Congo, Democratic Republic of the

18. Congo, Republic of the

19. Côte d’Ivoire

20. Djibouti

21. Ecuador

22. Egypt

23. El Salvador

24. Equatorial Guinea

25. Eswatini

26. Ethiopia

27. Fiji

28. Gabon

29. Gambia, The

30. Ghana

31. Guatemala

32. Guinea

33. Guinea-Bissau [1]

34. Haiti

35. Honduras

36. India

37. Indonesia

38. Iraq

39. Jamaica

40. Jordan

41. Kenya

42. Kiribati

43. Kosovo

44. Kyrgyz Republic

45. Lao PDR

46. Lebanon

47. Lesotho

48. Liberia

49. Libya

50. Madagascar [2]

51. Malawi

52. Mauritania

53. Micronesia, Federated States of

54. Moldova

55. Mongolia

56. Morocco

57. Mozambique

58. Namibia

59. Nepal

60. Nigeria

61. Pakistan

62. Papua New Guinea

63. Paraguay

64. Philippines

65. Rwanda

66. Samoa

67. Sao Tome and Principe

68. Senegal

69. Sierra Leone

70. Solomon Islands

71. Somalia

72. South Africa

73. Sri Lanka

74. Suriname

75. Syria

76. Tajikistan

77. Tanzania

78. Thailand

79. Timor-Leste

80. Togo

81. Tonga

82. Tunisia

83. Turkmenistan

84. Uganda

85. Ukraine

86. Uzbekistan

87. Vanuatu

88. Venezuela

89. Vietnam

90. Yemen

91. Zambia

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó el lunes al abogado Edwin Orlando Ortega Pérez luego de que este mostrara respaldo al régimen de excepción y respaldara reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en la entrevista que diputados le hacían como candidato a miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

«¿Qué pasa cuando se quiere cambiar la realidad cambiando por completo normas constitucionales. Porque, si bien es cierto, la Constitución no está escrita en piedra, tiene ciertas llaves para que no se pase por encima de ella», le dijo la diputada, luego de que el candidato señalara que deben «estar a la altura» al asegurar que «la realidad ha venido superando al derecho».

Villatoro aseguró que los gobiernos cambian pero que «el derecho y la Constitución es algo que debe prevalecer ante cualquier cosa».

No quiero sonar grosera pero que hay muchos candidatos que vienen a alabar al funcionamiento y la forma en que está al gobierno, supongo yo que porque creen que eso les va a dar puntos cuando sean electos. Yo creería que la principal característica debe ser la independencia». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro le cuestionó su planteamiento de cambiar los textos jurídicos según la realidad al referirse a la Constitución de la República que en Estados Unidos no ha sufrido modificaciones.

El candidato le respondió todo lo que había expresado no tiene ninguna finalidad de «congraciarse con ningún partido político» y que su afirmación, de que la delincuencia ha disminuido, es un hecho «corroborable».

Lo que he dicho es lo que mi experiencia a lo largo de mis 50 años me ha podido brindar y tengo capacidad para interpretar la realidad de El Salvador, el pueblo salvadoreño es mi mejor testigo, mis estudiantes (…) Consultarles ¿de dónde vienes?, y la gente no quería decir de dónde llegaba… Cuando uno advierte ese tipo de cosas de estudiantes, lo hace reflexionar a uno. ¿Acaso estas personas no tienen derecho a vivir en paz?». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

En la entrevista, el candidato señaló que decidió participar en el proceso de elección del CNJ porque advirtió «que los espacios se empezaron a abrir para diferentes sectores, de nadie es un secreto que el país ha avanzado».

Destacó la baja de la delincuencia en el país y que antes era frustrante que los delincuentes salían absueltos. «Ahora tenemos una realidad distinta, esta Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas, para mí, efectivas», indicó a los diputados.

Agregó que lo que se había enseñado en las universidades quedó «obsoleto» luego de los cambios en el sistema penitenciario. «Podría constituir un modelo para Latinoamérica, que de hecho ya se está observando e implementando en otros países», indicó.

«El sistema penitenciario actual sobre pasó todo lo que venía enseñándose, quedaron obsoletos todo lo que se venía enseñando en las universidades, la realidad ha venido superando al derecho y nosotros debemos estar a la altura». Edwin Ortega, candidato al CNJ.

El candidato, dijo que busca convertir el CNJ en el «ente rector de la doctrina y jurisprudencia de El Salvador» y que sea el referente para todos los operadores de justicia. Ejemplificó que el CNJ puede investigar jurídicamente la reducción de la delincuencial para plasmarlo en textos jurídicos. «Teníamos la solución al frente, en nuestras propias manos y no lo habíamos logrado», observó.