Categoría: Politica

  • Fiscal general: “Los que nos tachan que vivimos en dictadura jamás han vivido en una”

    Fiscal general: “Los que nos tachan que vivimos en dictadura jamás han vivido en una”

    El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, defendió esta semana que El Salvador no vive una dictadura, ante la pregunta de la diputada Suecy Callejas, del partido oficial, Nuevas Ideas. Recientemente Latinobarómetro ubicó a El Salvador por primera vez en una dictadura al clasificar a los 18 países latinoamericanos.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, le dijo que hay mentiras que de repetirse pueden parecer verdades, señaló las detenciones arbitrarias y que se asegure que El Salvador es una dictadura.

    “Acá nos quieren pintar como una dictadura en la que nadie puede decir lo que realmente lo que piensan. Al contrario, sí todos están diciendo lo que piensan, en todas las redes sociales y pueden escribir lo que les da la gana precisamente porque pueden hacerlo y nadie se mete”, expresó la legisladora, en la Comisión de Hacienda.

    El fiscal salvadoreño le respondió primero que “todo Estado tiene la obligación, el deber legal y moral de identificar quién es el enemigo de su población” y que “el presidente Nayib Bukele identificó quiénes eran los enemigos”.

    Luego se refirió a la aplicación del régimen de excepción, señalando que se aplicará hasta “que se llegue a un estado de tranquilidad adecuado para todos los salvadoreños”.

    Fue entonces cuando se refirió a la calificación de dictadura.

    “Creo que los que nos tachan como que vivimos en una dictadura creo que jamás han vivido en una dictadura porque en realidad nosotros bajo lo que sí vivimos es bajo el imperio de la ley como todo país civilizado”, afirmó.

    Según las palabras del funcionario, en El Salvador se informa del motivo de la detención de las personas y se les proporciona “un defensor”. Organizaciones no gubernamentales han sostenido que en El Salvador se viola el derecho de defensa porque a los imputados no se les permite ni ver su expediente ni reunirse con sus abogados.

    “Cuando se le detiene a una persona se le ha informado del motivo de su detención. Por ejemplo, a una persona con el cuerpo lleno de tatuajes, se le dice estás detenido porque pertenecés a una pandilla. A cada uno de ellos e incluso bajo el régimen de excepción se le proporcionó un defensor, a cada uno de ellos, se le permitió el acceso de los diferentes libros que contenían las acusaciones. A cada uno de ellos, de alguna manera, algunos de ellos incluso están gozando de medidas cautelares”, aseguró Delgado en la Comisión, el miércoles.

    Según Delgado, en los juicios contra pandilleros llevan apenas unos 25 absueltos porque, según el funcionario, presentan pruebas y no “invención de pruebas”.

    “Bajo esa gran sombrilla o capa de protección, que es el debido proceso, presentamos los casos en el término que ustedes como diputados han señalado. Presentamos las evidencias… Eso nos da esos granes márgenes de condenas, nos lo dan las evidencias, no nos lo da la invención de pruebas, otro tipo de prácticas”, expresó. “Nosotros detenemos porque las personas son delincuentes, fácil, no hay que pensar más allá”, insistió.

    Sin embargo, el funcionario, quien funge en el cargo desde su nombramiento del 1 de mayo de 2021 luego de la destitución de su antecesor, hay personas que “presentan denuncias y cuando se les ha citado para realizar las diligencias de investigación y detener a los que ellos dicen que les han provocado algún daño, simplemente deciden no asistir a los citatorios, porque eso les sirve para irse a otros países en donde ellos dicen o creen que son países libres”.

    “No ha existido ese tipo de prácticas que yo he escuchado se vive en un régimen dictatorial. Creo que los que nos juzgan de esa manera es porque no conocen todo lo que se ha hecho”, argumentó.

    “Yo prefiero vivir en un país en el que se va a condenar al 100 % de las personas que son detenidas por el delito de homicidio que en un país en el que quizás van a quedar libres presuntos homicidas. O estar en un país en donde los homicidios son las excepción y nuestros problemas actuales son amenazas entre vecinos, quejas o cualquier tipo de críticas que nos puedan lanzar a nosotros como funcionarios”, expresó.

    “En definitiva no estamos bajo una dictadura, estamos bajo un Estado de derecho y quizás por primera vez en un Estado en donde las instituciones funcionan o están mejorando para funcionar adecuadamente en beneficio de la población salvadoreña”, señaló.

    En junio de 2025, el presidente Nayib Bukele aseguró que «le tiene sin cuidado que le llamen dictador» y que prefiere eso «a ver cómo matan a los salvadoreños». “En lo personal me ha dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños, hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos (sin especificar). ¿Saben qué? me tiene sin cuidado que me llamen dictador», manifestó ante diputados.

  • Asamblea ratificó acuerdo comercial con Belice que favorece 422 productos salvadoreños

    Asamblea ratificó acuerdo comercial con Belice que favorece 422 productos salvadoreños

    La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó con 58 votos un acuerdo comercial de alcance parcial con Belice, que permitirá el ingreso de 422 productos salvadoreños al mercado de ese país bajo condiciones arancelarias preferenciales, con el objetivo de facilitar el intercambio de mercancías y ampliar las oportunidades comerciales entre ambas naciones.

    El convenio, suscrito el 13 de agosto de 2026, establece que 316 productos manufacturados salvadoreños podrán ingresar a Belice sin pagar aranceles, mientras que otros 106 tendrán reducciones parciales de impuestos. Estas disposiciones buscan mejorar la competitividad de las empresas nacionales y facilitar su participación en el mercado beliceño.

    Por su parte, El Salvador concederá beneficios arancelarios a 276 productos procedentes de Belice, de los cuales 194 estarán exentos del pago de impuestos de importación y otros 82 recibirán reducciones parciales. Las preferencias comerciales serán aplicadas de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría de mercancías.

    Entre los sectores salvadoreños que podrán aprovechar el acuerdo se encuentran la industria metalmecánica, las empresas químicas, la producción de papel y cartón, los textiles y la confección, así como los fabricantes de plásticos, cauchos y productos agroindustriales.

    Reducción de aranceles y nuevas oportunidades comerciales

    En el caso de las mercancías procedentes de Belice, las preferencias arancelarias beneficiarán a productos elaborados con pieles y cueros, manufacturas de piedra, muebles y artículos de madera, entre otros bienes incluidos en las listas negociadas por ambos países.

    El acuerdo contempla márgenes de preferencia arancelaria que oscilan entre el 25 % y el 100 %, dependiendo del producto y de su clasificación. Además, permite revisar, modificar y ampliar las listas de mercancías beneficiadas, lo que abre la posibilidad de negociar nuevas condiciones de acceso comercial en el futuro.

    El instrumento también incorpora disposiciones para simplificar los procedimientos aduaneros y establecer reglas de origen, mediante las cuales se determinará qué productos cumplen los requisitos para recibir las preferencias arancelarias. Estas medidas buscan facilitar las operaciones de importación y exportación entre El Salvador y Belice.

    Asimismo, el convenio promueve la inversión y la cooperación económica y técnica entre ambos países, mediante encuentros empresariales, intercambio de información, transferencia de tecnología y programas de capacitación. Estas iniciativas estarán orientadas a fortalecer la producción, impulsar las exportaciones y ampliar las oportunidades de participación de las empresas en nuevos mercados.

     

  • Obispos de EE.UU. advierten riesgo de deportación para salvadoreños con TPS

    Obispos de EE.UU. advierten riesgo de deportación para salvadoreños con TPS

    La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) advirtió este jueves que más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan incertidumbre sobre su futuro migratorio, ante la falta de una decisión definitiva del Gobierno estadounidense sobre la continuidad del programa, una situación que podría derivar en deportaciones y separaciones familiares.

    Los obispos estadounidenses expresaron preocupación por las consecuencias que tendría una eventual cancelación del programa, especialmente para las familias que llevan años establecidas en Estados Unidos.

    La organización religiosa pidió a la administración del presidente Donald Trump evaluar las condiciones de los países de origen y los riesgos que implicaría obligar a miles de migrantes a regresar.

    El TPS permite que ciudadanos de determinados países permanezcan temporalmente en Estados Unidos cuando existen conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que dificultan su retorno. El Salvador recibió esta protección en 2001, después de los devastadores terremotos que afectaron al territorio nacional, y desde entonces el beneficio fue renovado en diferentes ocasiones.

    La Conferencia de Obispos Católicos también advirtió que la pérdida del TPS podría afectar a familias que dependen de sus permisos de trabajo para mantenerse económicamente.

    David Spicer, director de políticas y participación de la USCCB, explicó que las organizaciones benéficas católicas registran una mayor demanda de asistencia alimentaria y vivienda entre migrantes que pierden sus protecciones legales. Además, señaló que los empleadores podrían enfrentar dificultades al quedarse sin trabajadores autorizados mediante este programa.

    Ante este panorama, los obispos reiteraron su respaldo a iniciativas legislativas que permitan obtener la residencia permanente a inmigrantes establecidos desde hace años en Estados Unidos. Entre las propuestas mencionaron el proyecto H.R. 1589, impulsado por la congresista demócrata Sylvia García, que busca abrir una vía hacia la residencia legal para determinados beneficiarios de protecciones temporales y otros inmigrantes.

    La preocupación de los obispos también alcanza a unos 100,000 ucranianos con TPS, mientras la administración Trump impulsa la finalización de protecciones para ciudadanos de diferentes países. Sin embargo, los esfuerzos legislativos para ofrecer soluciones migratorias permanentes no han conseguido avances significativos en el Senado estadounidense.

     

  • Exposición celebra 40 años de cooperación española en El Salvador

    Exposición celebra 40 años de cooperación española en El Salvador

    Una exposición fotográfica inaugurada la noche del miércoles en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), en San Salvador, presenta un recorrido por los 40 años de cooperación entre España y El Salvador, una relación bilateral que comenzó en 1986 y que ha impulsado diferentes proyectos culturales y sociales en el país.

    La muestra, denominada «Cooperación ES Cultura», reúne fotografías de momentos históricos, protagonistas, iniciativas y proyectos que marcaron cuatro décadas de colaboración entre ambas naciones. La exhibición incluye imágenes captadas por fotógrafos de la agencia EFE y destaca la creación del Centro Cultural de España en El Salvador en 1998, como parte del fortalecimiento de estos vínculos.

    El Centro Cultural de España en El Salvador explicó que la exposición permite conocer experiencias relacionadas con la democracia, la memoria histórica, la paz, la inclusión, la equidad, la igualdad y la creatividad. También aborda temas vinculados con el patrimonio cultural, la sostenibilidad ambiental, la comunicación, la innovación y las alianzas culturales desarrolladas durante este período.

    La curadora de la exposición, Elena Salamanca, explicó que la preparación de la muestra incluyó la recopilación de documentos, testimonios y experiencias que reflejan el trabajo conjunto de distintas generaciones.

    En ese sentido, señaló que «se han recuperado fuentes documentales y orales, memorias y experiencias, sujetos y objetos mostrando una selección de obras y proyectos representativos que hablan de un acervo compartido por varias generaciones, mediado por una producción de artes visuales y escénicas, mundos urbanos y rurales, literaturas y registros sonoros y audiovisuales».

    Cuatro décadas de cooperación cultural y social

    El Centro Cultural destacó que la exhibición también recupera elementos del patrimonio histórico y artístico salvadoreño, mediante proyectos relacionados con la conservación, la gestión urbana y la arqueología.

    Según la institución, «la exposición recupera las huellas materiales, las memorias y las expresiones culturales vivas, las estrategias de conservación y gestión urbana, junto a los hallazgos de la arqueología histórica y expresiones artísticas de la cultura náhuatl».

    La cooperación española comenzó en El Salvador en 1986, cuando el país atravesaba una guerra civil. Desde entonces, la relación entre ambas naciones se desarrolló mediante diferentes iniciativas de apoyo institucional, social y cultural, hasta alcanzar cuatro décadas de colaboración durante este año.

    En mayo pasado, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, destacó durante una visita a San Salvador que el diálogo, el respeto y la confianza han sido elementos fundamentales para mantener y fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos países.

    Actualmente, el apoyo español se canaliza mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Centro Cultural de España en El Salvador, instituciones que coordinan sus actividades con diferentes actores. Además del ámbito cultural, los programas de cooperación abarcan áreas como salud, educación, gestión del riesgo de desastres, seguridad alimentaria e igualdad de género.

     

  • Diputados de Arena apoyarán endurecer penas por conducción peligrosa

    Diputados de Arena apoyarán endurecer penas por conducción peligrosa

    Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro y Francisco Lira, expresaron su respaldo a las reformas que buscan endurecer las penas contra los conductores peligrosos en El Salvador. Sin embargo, Lira también pidió al Gobierno asumir su responsabilidad en la capacitación de motoristas y la regulación del transporte ilegal.

    Villatoro confirmó que el grupo parlamentario de Arena apoyará las modificaciones a las leyes de tránsito, al considerar que las sanciones actuales no han logrado frenar las conductas irresponsables de quienes manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas.

    «Creo que tenemos que endurecer un poco más las penas, lastimosamente no sólo las penas, si no todo», expresó la legisladora, quien recordó que hace dos años se aprobó legislación para sancionar estas conductas, pero los accidentes continúan ocurriendo.

    La diputada también cuestionó que algunos motoristas del transporte de carga conduzcan sin licencia o sin la documentación necesaria para desempeñar su trabajo, lo que, según señaló, ha ocasionado accidentes y muertes.

    «Entonces creo que en ese sentido sí es importante hacer la ley un poco más fuerte. Tal vez así entienden y dejan de causar tanto accidente y daño a las familias salvadoreñas, así que en ese sentido como grupo parlamentario, si apoyamos», manifestó Villatoro.

    Por su parte, Francisco Lira coincidió en que las leyes de tránsito deben ser más estrictas para prevenir muertes y lesiones en las carreteras, pero señaló que el Gobierno también tiene obligaciones pendientes con el sector transporte.

    «Tenemos claridad que las leyes de tránsito deben de normarse, ser más estrictas, también hay responsabilidades que el Gobierno de El Salvador tiene que tener con este sector», afirmó el diputado, quien cuestionó la ausencia de una escuela pública de manejo para conductores de autobuses y microbuses.

    Lira también reclamó al Viceministerio de Transporte (VMT) por la circulación de más de 45,000 unidades de transporte ilegal, que, según sus declaraciones, cobran tarifas entre un 40 % y un 100 % superiores a las autorizadas. Agregó que el Estado debe garantizar mejores condiciones de capacitación y funcionamiento para elevar la calidad del servicio de transporte colectivo.

    Las declaraciones de los diputados se producen después de que la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa aprobara el martes dictámenes favorables para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código Penal y el Código Procesal Penal.

    Las propuestas buscan aumentar las penas de prisión por conducción peligrosa, crear un nuevo delito para sancionar a quienes faciliten vehículos a conductores sin licencia y restringir los mecanismos de conciliación en determinados delitos de tránsito.

    La reforma al artículo 147-E del Código Penal establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes conduzcan vehículos de transporte público de pasajeros o de carga sin autorización o licencia. Si la conducción peligrosa provoca homicidios o lesiones, las sanciones podrán alcanzar los 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores y hasta 15 años para quienes manejen unidades de transporte público o de carga. Además, las modificaciones prohíben que la conciliación, mediación o reparación integral del daño extingan la acción penal por lesiones u homicidios culposos derivados de la conducción peligrosa.

    Los dictámenes también incorporan el delito de facilitación de vehículo de motor destinado al transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a conductor no habilitado. Esta disposición contempla penas de cinco a 10 años de prisión para propietarios, poseedores o encargados de unidades de transporte colectivo o vehículos de carga de ocho toneladas o más que permitan conducir a personas sin la licencia correspondiente.

    La propuesta establece que tampoco procederá la conciliación en este delito, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito en El Salvador.

     

  • Incorporarán $200,000 para iniciar proyecto de obras de control de inundaciones en el AMSS

    Incorporarán $200,000 para iniciar proyecto de obras de control de inundaciones en el AMSS

    El Ministerio de Hacienda pidió una reforma a la Ley de presupuesto general del Estado de 2026 para incorporar los primeros recursos, por $200,000, de un préstamo que busca controlar las inundaciones en zonas críticas del Area Metropolitana de San Salvador (AMSS).

    El objetivo es financiar la administración y la unidad ejecutora del programa de lagunas de laminación y obras de control de inundaciones en el AMSS.

    Los fondos provienen de un préstamo de $150 millones para el «Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el AMSS», cuyo organismo ejecutor será el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), aprobado el 13 de abril de 2026.

    Estos primeros fondos cubrirían, según el proyecto de reforma, los gastos de «apoyo técnico y administrativo de la Unidad Ejecutora», lo que incluye la contratación de profesionales, compra de muebles, equipo de oficina y computadoras, así como el alquiler de oficinas y pago de servicios básicos.

    De los fondos, $134,225 serán destinados a la adquisición de bienes y servicios y $65,775 a la inversión en activos fijos.

    Para el año 2027, el MOPT ha programado $17 millones del préstamo del BID para el proyecto de construcción de lagunas de laminación y obras de control de inundaciones en el AMSS. La proyección es ejecutar el 100 % de esos $17 millones a diciembre de 2027.

    El proyecto de todo el préstamo está programado para ejecutarse a lo largo de cinco años.

    Un total de $23.7 millones están asignados a la construcción de una laguna de laminación en la quebrada Merliot de Santa Tecla y otros $20.5 millones en la quebrada de Buenos, Aires, en Santa Tecla.

    Además, con los fondos prestados por el BID se tiene previsto rehabilitar el sistema de drenaje de aguas lluvias en la colonia Médica, en San Salvador, con un presupuesto de $12.1 millones; y con otros $18 millones, para rehabilitar el sistema de drenaje de la colonia Santa Lucía.

    El proyecto incluiría la rehabilitación de bóvedas en la quebrada El Piro, Santa Tecla; y en el bulevar Constitución; además de la actualización del plan maestro de drenaje.

    De acuerdo con el cuadro de costos y desembolsos del BID se preveían desembolsos de $3.6 el primer año, $9.1 millones el segundo, $64.9 millones el tercero, $63.3 el cuarto y $8.8 millones, el quinto año.

  • Gobierno pide fondos de crédito para mejorar calles en La Unión y Chalatenango

    Gobierno pide fondos de crédito para mejorar calles en La Unión y Chalatenango

    El Gobierno ha solicitado incorporar a la ley de presupuesto de 2026 un total de $9,800,000 de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el mejoramiento de rutas ubicadas en los distritos de Pasaquina, La Unión, y de La Palma y San Ignacio, de Chalatenango.

    De acuerdo al proyecto de decreto, el programa de caminos rurales, financiado con un préstamo de $100 millones, tiene una ejecución acumulada de $59.9 millones y un saldo disponible de $40 millones.

    Con la reforma presupuestaria, primero se incorporarían fondos para mejorar las rutas UNI10E y UNI35E tramo CA01E, desvío El Nance, desvío Barrancones – Piedras Blancas, en el municipio de Pasaquina.

    El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) lanzó la licitación el pasado 18 de junio de 2026 de este proyecto en el oriente del país.

    Para el año 2027, el mejoramiento de estas rutas tiene $6,732,115 programados a ejecutarlos en un 100 % a diciembre de ese año.

    El segundo proyecto a financiarse con los $9.8 millones que se buscan incorporar para 2026 es la ruta CHA29E, tramo Los Planes – Miramundo y CHA32S tramo Miramundo – Río Chiquito, distritos La Palma y San Ignacio, en Chalatenango. El MOPT hizo el anuncio de adquisiciones en mayo de 2026. Para el año 2027, este proyecto tiene programados $4,884,000, para ejecutarlos en un 100 % a diciembre del mismo año.

    La iniciativa fue conocida formalmente por el pleno en la sesión plenaria del miércoles y será recibida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en su reunión del próximo lunes.

  • Crean excepción en ley forestal para cambios de uso de suelo: polémica entre diputadas por medioambiente y construcción

    Crean excepción en ley forestal para cambios de uso de suelo: polémica entre diputadas por medioambiente y construcción

    La Asamblea Legislativa reformó el miércoles la Ley Forestal para permitir cambio de uso de suelos para vegetación permanente y cubiertos de árboles únicamente cuando haya habido «cambios en el entorno» o se realice un proyecto de interés público. La reforma excluye de la excepción las áreas naturales protegidas, zonas de protección acuífera o recarga hídrica, pero «salvo dictamen técnico» de la autoridad competente.

    La reforma se dio en medio de una discusión entre la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, y la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas.

    «La intención de la reforma es facilitar los proyectos urbanísticos. Lo que se hace es incentivar la destrucción ambiental en el sentido de que si el entorno ha cambiado… con urbanización, lo que estamos haciendo es incentivar más urbanización en tipos de suelo que requieren una importante protección», afirmó.

    Según la legisladora de oposición, el el uso de suelo depende de «la naturaleza del suelo en sí» y no de lo que tenga al lado por lo que rechazó el argumento de que se cambie de uso de suelo por «cambios en el entorno».

    Cuando se aprobó el dictamen, cinco días atrás, la directora de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), Paola Bardi, argumentó que se han presentado proyectos en los cuales hay «urbanizaciones justo al lado» de las clasificaciones VI, VII y VIII, por lo que «el entorno ya no corresponde a la clasificación que se dio hace 24 años».

    Originalmente, el artículo 12 de la Ley Forestal, ahora reformado, prohibía el cambio de uso de los suelos clase VI, VII Y VIII que estén cubiertos de árboles y permitía aprovecharlos «sosteniblemente manteniendo el mismo uso». La reforma introduce la excepción por cambios de entorno o interés público, excluyendo áreas protegidas o de recarga hídrica pero «salvo» un dictamen contrario de la DOT.

    La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la reforma, destacando el crecimiento económico que genera el sector construcción y argumentó que, para cambiar el uso de suelo, habrá estudios técnicos. «No es que el artículo queda abierto a cualquier interpretación sino que se van a realizar estudios técnicos por parte de la autoridad, que en este caso es la DOT», dijo.

    La legisladora de Nuevas Ideas calificó la reforma como «reglas claras al sector construcción», así como para el medioambiente.

    «¿Y por qué es importante establecer reglas claras al sector construcción? Yo considero que es importante porque actualmente es uno de los sectores que está aportando al PIB a nuestro país, casi el 17 % del PIB, también genera alrededor de 165,000 empleos directos y aportó $1,000 millones en ingresos tributarios entre enero y agosto de 2026», expresó Rosales.

    «Con esto no se busca establecer reglas claras en detrimento del medioambiente, sino establecer reglas claras para que tanto la inversión en construcción pueda conocer los procedimientos y generar la protección ambiental de estas exclusiones que se están generando». Elisa Rosales, diputada de Nuevas Ideas.

    Ortiz refutó que haya reglas claras, ya que el artículo no dice cómo se demostrará el «cambio del entorno», que es uno de los criterios que permitirá aprobar el cambio de uso de suelo arbóreo.

    «Más que seguridad jurídica, no solo para los inversores, sino para las comunidades y para el interés público en general, esto puede quedar sometido a la decisión discrecional de un ministro de Agricultura o la DOT. Lejos de dar certeza, queda abierto. No queda protegido el interés general. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

     

    ¿Cómo quedó el artículo 12 de la Ley Forestal?

    Artículo actual: Art. 12.- Se prohíbe el cambio de uso de los suelos clase VI, VII Y VIII que estén cubiertos de árboles. Sin embargo, podrán ser aprovechados sosteniblemente manteniendo el mismo uso.

    Se agrega: «No obstante se podrá autorizar el cambio de uso de suelo mediante el trámite respectivo ante autoridad competente (DOT), siempre que se demuestre que las condiciones del entorno han cambiado o en su defecto se compruebe que las limitaciones técnicas definidas para suelos clase VI, VII y VIII no pertenecen al inmueble en que se desea ejecutar un proyecto, o cuando se trate de proyectos de interés público. En cualquier caso, deberá procurarse la implementación de medidas de conservación de suelos y la compensación establecida en el artículo 38-A de la Ley de la DOT. Se excluyen expresamente de esta excepción los bosques salados, sitios RAMSAR y áreas naturales protegidas, zonas de protección acuífera o recarga hídrica independientemente a su declaración, salvo dictamen técnico de la entidad rectora que determine lo contrario”.

    El decreto fue aprobado con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

    Los suelos clase IV están definidos como los adecuados para «vegetación permanente, pastoreo, bosques, frutales, con restricciones moderadas para cultivo por su grado de pendiente o excesiva piedra»; los VII son aquellos «con bosques salados, adecuados para vegetación permanente incluyendo pastos de corte, la mayoría ubicados en terrenos montañosos de poca profundidad efectiva, con abundantes rocas»; y los VIII son «áreas accidentadas, excesivamente pedregosas y arenosas, no aptas para agricultura y que pueden ser apropiadas para la vida silvestre, protección, recreación o ecoturismo».

  • Presupuestarán en 2026 primeros $9.9 millones del préstamo BID para 14,000 becas universitarias o técnicas y apoyo económico

    Presupuestarán en 2026 primeros $9.9 millones del préstamo BID para 14,000 becas universitarias o técnicas y apoyo económico

    El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa para incorporar $9.9 millones al presupuesto general del Estado de 2026 que prometen servir para financiar 14,000 becas de jóvenes en situación de escasos recursos que cursan estudios en universidades, institutos especializados o escuelas técnicas.

    Las becas, según el proyecto, incluyen gastos de matrícula o inscripción, mensualidad o cuota académica y materiales específicos de la carrera, pero también $30,000 para la contratación de consultores y un equipo coordinador para ejecutar el programa, además de equipo informático.

    La solicitud, firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, por instrucciones presidenciales a través del secretario jurídico, Adolfo Muñoz, no detalla si los fondos financiarán a los 14,000 registrados como becados o incluiría a nuevos beneficiarios.

    Los criterios para otorgar las becas son «determinados por la Dirección de Integración», adscrita al Ministerio de Gobernación.

    Los fondos provienen de un préstamo de $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca evitar que los estudiantes abandonen sus estudios de educación media y postsecundaria, entendiendo esta como una carrera técnica o universitaria.

    De acuerdo con el proyecto de reforma presupuestaria, se programarían $9,877,110 para el programa de becas y apoyo económico para estudiantes de postecundaria y $30,000 para administración del programa y Unidad Ejecutora, ambos para ser concluidos en diciembre de 2026. La iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes.

    Según cifras manejadas por la diputada Suecy Callejas en agosto pasado, 14,000 jóvenes tienen becas vigentes durante el año 2026 pero en enero de 2027 se integrarán otros 20,000 jóvenes.

    El proyecto del BID se llama «Integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador» y prevé una ejecución en un plazo de 5 años, con una población beneficiaria de 60,000 jóvenes, 12,000 anuales, y con transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes, además de atención a 1,000 personas retornadas con potencial de reintegración.

    El proyecto incluye un sistema de alerta temprana encargado de detectar riesgos de deserción de estudiantes, así como refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional.

    El préstamo del BID se debará pagar en un plazo de 23 años, con 7.5 años de gracia.

  • Habitantes de Valle Verde recurren a la Asamblea por falta de agua y Vamos no logra votos para pedir información a la ASA

    Habitantes de Valle Verde recurren a la Asamblea por falta de agua y Vamos no logra votos para pedir información a la ASA

    Líderes del movimiento “Unidos por el agua” de las urbanizaciones Valle Verde I y II, de Apopa, acudieron este miércoles a la Asamblea Legislativa en busca de información o la gestión de un estudio de factibilidad en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

    “No tenemos ni siquiera para el uso diario, para tomar, los niños están viviendo una situación de la misma, nos han comentado que no se bañan o que tienen que reciclar el agua”, afirmó Abigail Hernández, representante del movimiento, a un grupo de periodistas, según un video compartido por la fracción legislativa de Vamos.

    De acuerdo a la representante, son 2,556 familias afectadas.

    El movimiento realizó una marcha el 22 de junio y han acudido a varias entidades gubernamentales sin haber recibido alguna respuesta, de acuerdo con Hernández, quien esta vez dijo que entregó a los diputados una carta que hace un llamado al presidente Nayib Bukele y al presidente de la la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo.

    Detalló que actualmente se abastecen por medio de pipas de agua que venden a $1.50 el barril de agua.

    La empresa proveedora era Administradora de Pozos, S.A. de C.V., AMPO, S.A. de C.V., que según Hernández el 25 de julio de 2026 informó que dio de baja el servicio. “Desconocemos cómo está la situación”, dijo.

    «Le están diciendo no a más de 2,000 familias»: Ortiz

    En el pleno, la diputada Claudia Ortiz pidió agendar dos piezas de correspondencia sobre el problema de los habitantes de Valle Verde.

    Una buscaba solicitar un informe a la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA) para tener información sobre el cambio de proveedor de agua en la zona, cuál es la situación jurídica de la junta de agua juramentada que estaría brindando el servicio y qué acciones ejecutan incluida la facultad de decretar emergencias zonales por falta de agua.

    La diputada advirtió que este problema “ya lleva más de 20 años”. “No han conocido en toda su vida un servicio potable como Dios manda. Yo les invito a votar para que puedan pedir básicamente información a las instituciones”, indicó.

    La segunda pieza de correspondencia buscaba emitir un dictamen recomendable a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que esta realice un estudio técnico de factibilidad para proveerles el servicio a estas colonias.

    Nuevas Ideas no apoyo la introducción de las piezas a la Asamblea Legislativa, algo que Ortiz dijo fue “falta de humanidad y madurez política”.

    “Una vez el presidente de esta Asamblea Legislativa me dijo que no iba a estar de acuerdo con nada de lo que yo proponga. Hoy estamos muchos aquí muy cómodamente tomando agua embotellada, imagínense no tener acceso a eso, hoy tenemos la oportunidad de hacer algo por estas familias”, les dijo.

    La diputada opositora afirmó que en el lugar se ven “las pipas con el nombre del alcalde, ahí están las pipas de la ASA” pero que no se puede pasar con “pipas toda la vida”.

    Les preguntó a los diputados si saben qué es agarrar agua lluvia para lavar los trastes o darles todos los días agua en bolsa plástica con la contaminación en el organismo que ello implica. “Le están diciendo que no a más de dos mil familias”, indicó.

    El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, continuó con la agenda de la sesión plenaria y dio paso a la prórroga 56 del régimen de excepción.

    En julio de 2026, la diputada Marcela Villatoro (Arena) presentó una iniciativa para buscar la intervención del Estado ante la falta de agua en Valle Verde. «Ellos necesitan ayuda, ellos nos decían que lo que nos está pasando a nosotros es una situación desesperante. Ellos querían que se les diera una solución inmediata por parte de la ASA y de la ANDA», indicó en ese momento.

    Villato, en esa ocasión, pidió recomendar que la ANDA y la ASA «les regresen el agua» a las familias de la urbanización Valle Verde. «Ustedes tienen la Presidencia, el gobierno municipal, tienen diputados, tienen al ANDA y también cuentan con la ASA, ¿cómo es posible que no le ayuden a esta gente?», cuestionó Villatoro. En esa ocasión, la petición concluyó con una discusión con el diputado Reynaldo López Cardoza, quien les llevó barriles con agua a la urbanización junto al candidato a alcalde del Partido de Concertación Nacional (PCN).