Los periodistas Eduardo Hernández y Sara Escobar, del medio comunitario Occidente Informa, denunciaron restricciones a su labor y amenazas durante la cobertura de la elección de las nuevas autoridades de la Asociación Administradora de Acueductos Los Enviados de Dios, en Ahuachapán, el sábado 24 de octubre.
Según el relato de los comunicadores, María Iliana Guerra Padilla, quien se presentó como presidenta de la asociación, les impidió realizar su trabajo y amenazó con sacarlos a empujones y llamar a la Policía.
Los periodistas también afirmaron que Guerra Padilla advirtió que interpondría una demanda contra ellos por las publicaciones relacionadas con la asociación y cuestionó que tuvieran derechos como periodistas.
Occidente Informa cubría la elección por su relevancia para las más de 3,000 familias que, según el reporte del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se abastecen de agua del pozo administrado por la organización.
El medio, además, contaba con autorización previa del director de Actas de la asociación y de otros miembros fundadores para cubrir la actividad, de acuerdo con el informe.
La APES rechazó las amenazas y las restricciones denunciadas y expresó su solidaridad con los periodistas. La organización llamó a poner fin al acoso y a permitir que los comunicadores desarrollen su trabajo sin obstáculos.
El caso quedó registrado en el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES.
La APES ha registrado cientos de casos de agresiones contra la prensa, con reportes que superan las 426 agresiones anuales en mediciones previas y más de 210 casos documentados solo en la primera mitad del año 2026.
El secretario nacional de asuntos jurídicos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nelson de la Cruz Alvarado, reiteró que no inscribieron candidato a presidente y tampoco una coalición presidencial, por lo que dejarán en libertad de voto a sus bases.
“Estamos satisfechos con el trabajo que está haciendo el presidente de la República y será nuestra gente la que tomará la decisión al no llevar candidato a la Presidencia por quién votar. Nuestra gente estará en libertad”, dijo, ante la pregunta por qué razón no lanzaron candidato presidencial.
¿Van a pedir el voto para el presidente?, se le preguntó. «Como le digo, nosotros no llevamos candidato presidencial y será nuestra gente la que tome la decisión a última hora. Nuestra gente estará en libertad”, expresó.
Solo los partidos Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Partido de Concertación Nacional (PCN) eligieron de manera interna candidatos a presidente y vicepresidente. Sin embargo, ninguno se ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para formalizar las candidaturas.
Las fórmulas que podrían inscribirse son Nayib Bukele y Félix Ulloa, Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez, Rafael Aguirre y Madaí Santos; y Alirio García Flamenco y el exalcalde Mauricio Vilanova.
El PDC actualmente tiene un escaño legislativo, que es ocupado por Reinaldo Carballo.
El candidato presidencial del Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, aseguró que la plataforma presidencial de su candidatura es una fusión de la propuesta del partido con las propuestas del movimiento Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña (Conadesa), y las consultas que han realizado con organizaciones de excombatientes, veteranos de guerra, policiales, y de la misma plataforma del partido político.
Según el aspirante, una de las propuestas que Conadesa busca impulsar es el programa “Hogar”, que incluye un hospital geriátrico. “Eso no se encuentra en plataformas del Frente», dice.
Hasta ahora, según el candidato, el partido de izquierda no se ha opuesto a ninguna de las propuestas presentadas por Conadesa o las organizaciones.
El 11 de octubre de 2026, el FMLN aprobó su plataforma política en una segunda fase de su 47.ª Convención Nacional Ordinaria, pero el candidato indicó que aún están agregando más propuestas de las organizaciones.
«No hemos tenido diferencias sino diferentes tópicos que nos llevan a diferentes planteamientos, pero al final la decisión se ha tomado de forma unánime para lo que es la creación de la plataforma, todavía seguimos añadiendo otros elementos, las organizaciones nos siguen haciendo llegar sus puntos de vista, el Frente por el momento no ha puesto un paro, simplemente seguimos llenando la plataforma y cómo darles viabilidad”, dijo.
La plataforma tiene tres ejes: la economía familiar; la salud y abastecimiento médico; y medio ambiente y la agricultura.
Otra de las propuestas de su plataforma, dice Aguirre, es la creación de un Ministerio de Salvadoreños en el Exterior, para que se encargue de las repatriaciones o deportaciones de salvadoreños.
El mecanismo de financiamiento de las propuestas será, detalla, el combate a la evasión fiscal; la persecución del delito y la extinción de dominio de fondos que no saben «dónde están» como, dice, los invertidos en Bitcoin; así como un pacto fiscal «con las 200 familias más ricas del país».
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional imponer una multa del 30 % del monto de la operación por cada documento tributario entregado al fisco que no cumpla los requisitos formales exigidos por el Código Tributario, una obligación regulada en el artículo 239 literal b del Código Tributario.
La resolución fue emitida el 7 de octubre de 2026 y fue conocida por el pleno de la Asamblea Legislativa el pasado miércoles.
Según la Sala de lo Constitucional, no se demostró que una medida propuesta de sancionar con base en el impuesto dejado de pagar sea idónea.
«El impuesto dejado de pagar puede representar solo una parte del valor económico de la operación… Usar el monto de la operación como parámetro permite objetividad, facilidad de cálculo y aplicación inmediata de la sanción», argumentó la Sala. Por ello, sostuvo que no encontró violación al principio de proporcionalidad regulado en la Constitución.
El artículo 239 del Código Tributario castiga con multa incumplimientos relacionados a la obligación de los contribuyentes de emitir y entregar documentos como facturas o comprobantes de crédito fiscal «sin cumplir con uno o más de los requisitos o especificaciones formales». La multa que se establece es el «treinta por ciento del monto de la operación por cada documento» y esta «no puede ser inferior a dos salarios mínimos mensuales».
¿Cómo surgió?
La resolución se originó por resoluciones de los juzgados segundo de lo contencioso administrativo de Santa Tecla y San Miguel ya que consideraron que la sanción viola el principio de proporcionalidad y sugirieron que la multa se calculara en función del porcentaje del impuesto dejado de pagar.
De acuerdo con la Sala, el juez de Santa Tecla argumentó que existen otras medidas igual de idóneas y menos lesivas al derecho de propiedad; mientras, el juez de lo contencioso de San Miguel consideró «prudente incidir en el patrimonio del obligado» como medida persuasiva pero sugirió otras medida «igualmente idóneas y efectivas pero más gravosas» como «la intervención directa en los bienes» o el cierre. Argumentó que la multa no cumple con el principio de proporcionalidad porque establece un «piso sancionatorio contrario al derecho de propiedad del infractor».
En el proceso, la Asamblea Legislativa opinó que establecer una multa basada en el impuesto dejado de pagar no cumpliría el fin «disuasivo», pero el fiscal general, por su parte, sostuvo que es inconstitucional el límite de los dos salarios mínimos porque la «rigidez sancionatoria impide graduar la sanción conforme a la gravedad de la infracción», vulnerando el principio de proporcionalidad y derecho de la propiedad. Señaló, según la Sala, que la multa de dos salarios mínimos es «desproporcional».
Los requisitos formales, legislados por el artículo 114 del Código Tributario, incluyen, para los comprobantes de crédito fiscal, fecha de emisión, separación de operaciones gravadas, exentas y no sujeta al impuesto, emisión en triplicado, impresión en talonarios y prenumerados.
Así mismo, para las facturas, se requiere duplicado en forma correlativa, valor total de la operación, descripción de bienes y servicios con características individuales, precio unitario, cantidad y monto total de la operación.
El concejo municipal de La Libertad Norte, conformado por los distritos de Quezaltepeque, San Matías y San Pablo Tacachico, aprobó una «Ordenanza transitoria de amnistía tributaria para la exoneración de los intereses y multas, producto de las tasas y contribuciones especiales del municipio de La Libertad Norte», departamento de La Libertad
La ordenanza, que estará vigente de 150 días calendario, permite a los deudores del municipio pagar tasas y contribuciones especiales con la exoneración de intereses moratorios y multa en todas las tasas y contribuciones especiales.
Los contribuyentes podrán pagar la deuda total o suscribir un plan de pago de 12 cuotas como máximo para la cancelación de la deuda.
También puede aplicar contribuyentes en cobro administrativo o judicial sin sentencia judicial firme, que hayan incumplido el plan de pago o que hayan interpuesto un recurso de revisión o hayan iniciado un juicio contencioso administrativo, contribuyentes que han presentado las declaraciones de sus activos; así como personas naturales del Sistema de
Mercados en situación de mora, arrendatarios que hayan incumplido los planes de pago, sujetos pasivos registrados en el sistema de cuentas de la Administración General de Cementerios en mora, personas que realicen actividades comerciales en los espacios públicos en mora.
El beneficio cesará de inmediato si se incumplen dos cuotas.
No se aplican los beneficios a multas por contravenciones del municipio.
Los pagos podrán realizarse en efectivo, o mediante transferencias electrónicas a los números de cuentas Institucionales proporcionadas por la Unidad de la Administración Tributaria correspondientes a la Municipalidad de La Libertad Norte.
La ordenanza inició su vigencia el 7 de octubre, 8 días después de su publicación en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 2026.
La canciller salvadoreña, Alexandra Hill, entregó la distinción la “Orden Nacional José Matías Delgado” al embajador de la República Popular China, Zhang Yanhui, quien asumió su cargo diplomático en 2023 y que concluirá su gestión en noviembre de 2026.
La canciller Hill agradeció al embajador por su contribución al fortalecimiento de las relaciones de amistad entre ambos países.
El reconocimiento es realizado por El Salvador a jefes de Estado o ciudadanos salvadoreños o extranjeros por sus servicios al país o virtudes cívicas extraordinarias.
Destacó que deja huella para todos los salvadoreños por medio de los proyectos como la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), la planta potabilizadora de agua en Ilopango, Sunset Park, el muelle turístico construido en el Puerto de La Libertad, el nuevo Estado Nacional El Salvador, y las nuevas instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), todas donaciones de China Popular a El Salvador. A ello se suma la donación de 344,000 tabletas y computadoras portátiles.
“Una distinción que reconoce la gran contribución de China al desarrollo de nuestro país. Qué honor fue entregar al embajador de la República Popular China, Zhang Yanhui, Durante su gestión, fortalecimos la cooperación en áreas estratégicas para El Salvador, como comercio, inversiones, infraestructura, educación, tecnología”, expresó la Cancillería.
El representante diplomático manifestó que el reconocimiento es un “símbolo de la amistad” de ambas naciones y calificó de “transformación histórica” y “renacimiento” la situación salvadoreña durante el gobierno de Nayib Bukele.
A inicios de octubre, el secretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a El Salvador a mantener la infraestructura crítica como puertos libres de lo que calificó como influencia maligna y de la importancia de que la comunidad internacional no respalde al régimen cubano.
El embajador Yanhui anunció que acelerarán la construcción del Estadio Nacional para ser entregado “meses antes” de julio de 2027 por lo que llegarán de 300 a 400 trabajadores chinos adicionales a los 300 que ya están en el país y que se sumarían más trabajadores salvadoreños. Las elecciones en El Salvador se realizarán el 28 de febrero de 2027.
En febrero de 2025, Rubio planteó estrategias para contrarrestar a China Popular.
El embajador ha destacado, por su parte, las mutuas visitas y reuniones entre el presidente Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping.
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) recibió a la experta y exsubdirectora de la División de Astrofísica de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Sandra Cauffman, con el objetivo de intercambiar experiencias y explorar el fortalecimiento de la educación en El Salvador.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador detalló que la reunión busca «intercambiar experiencias sobre modelos de coordinación interinstitucional de Estados Unidos y explorar oportunidades para fortalecer la educación STEM en El Salvador, desde la educación básica hasta la superior».
Por otra parte, según la Vicepresidencia, el encuentro buscó promover intercambios académicos e impulsar la formación del talento en El Salvador en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y liderazgo estratégico.
En la reunión estuvieron presentes la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larin.
Cauffman ha liderado programas científicos y estratégicos como la supervisión de la implementación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman y ha presidido comités de revisión de iniciativas científicas de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Según la Vicepresidencia, en la reunión se abordaron los avances en la educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para fortalecer la competitividad nacional, la cooperación interinstitucional entre entidades como la NASA, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la NOAA.
De a acuerdo con el comunicado de prensa de la Vicepresidencia, la NOAA es considerado un referente para la articulación del sector académico con las instituciones gubernamentales y los referentes científicos en la profesionalización de expertos de educación media y superior y planes de estudios innovadores.
El próximo martes 27 de octubre arranca el periodo legal permitido para la propaganda electoral de candidatos a presidente y vicepresidente de la República que participarán en las elecciones del 28 de febrero de 2027.
La fecha inicial del periodo de propaganda está fijada en el calendario actualizado de las elecciones. El periodo finaliza el 24 de febrero de 2027, cuatro días antes de los comicios.
El artículo 81 de la Constitución indica que “la propaganda electoral solo se permitirá, aun sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales”.
Está prohibida la propaganda para los líderes religiosos, las personas en servicio activo de la Fuerza Armada y para los miembros de la Policía Nacional Civil.
Hasta este viernes, se prevén cuatro candidatos a presidente: Nayib Bukele, de Nuevas Ideas; Mayteé Iraheta, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena); Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); y el general Alirio García Flamenco, por el Partido de Concertación Nacional (PCN). Sin embargo, ninguno ha sido inscrito formalmente como candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que abrió el periodo de inscripciones el 1 de octubre.
Otros partidos, como el Partido Demócrata Cristiano y Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), decidieron no lanzar candidatos a presidente, aunque muestran respaldo y afinidad a la reelección del presidente Bukele.
El partido Vamos, sin embargo, considera que la reelección presidencial es inconstitucional, por lo que decidió no participar en la contienda por el Ejecutivo y solo participará en las legislativas y municipales, cuya propaganda inicia hasta el 27 de diciembre de 2026.
El periodo legal para la propaganda de los candidatos a concejos municipales inicia el 27 de enero de 2026.
En Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) contrató el servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales para escaneo de documentos según la necesidad de diferentes unidades de la institución y de los 19 duicentros para el año 2026.
Los multifuncionales estarán asignados a las oficinas del delegado del RNPN en el centro de servicio correspondiente.
De acuerdo al anexo del contrato 32288 oferta de compra 274 del 6 de enero de 2026, el proveedor asignará personal para realizar de manera remota el conteo de consumo mensual y se deberán anexar al menos 6 currículum vitale del personal técnico que atenderá al RNPN, según información pública divulgada el 12 de octubre de 2026. El contrato estará vigente hasta el 31 de enero de 2027.
Los equipos se ubicarán en las oficinas de San Salvador del RNPN, en diferentes unidades como atención al cliente, jurídico, activo fijo, comunicaciones, contabilidad, asesoría de presidencial, verificación, jurídico DUI exterior call center, clínica, DUI exterior, entre otras unidades, en un listado de 31 unidades.
También serán instalados en los 19 duicentros de Galerías, centro de San Salvador, Apopa, San Marcos, Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, Lourdes, Santa Tecla, Chalatenango, Cojutepeque, Zacatecoluca, San Vicente, Sensuntepeque, Usulután, San Miguel, San Francisco Gotera y La Unión.
Algunos de los multifuncionales deberán ser blanco y negro, y otros a color, estos últimos serán asignados, por ejemplo, a unidades de comunicaciones, contabilidad, atención ciudadana, activo fijo, entre otras. Serán 61 equipos monocromáticos y 31 equipos a color.
Para los duicentros, serán asignados multifuncionales en blanco y negro.
De acuerdo con la orden de compra, esta fue adjudicada a RICOH El Salvador, S.A. de C.V., por $25,000.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) formuló cuatro reparos por un monto reportado de $2,224,284.60 contra funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de San Miguel, entre ellos el exalcalde José Wilfredo Salgado García, por presuntas irregularidades en la administración de fondos destinados a las fiestas patronales del municipio.
Los señalamientos están contenidos en el Pliego de Reparos N.º CAM-V-JC-001-2026, emitido este año por la Cámara Quinta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, que examinó el uso de recursos transferidos por la municipalidad al Comité Organizador de las Fiestas Patronales de San Miguel en el periodo entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2024.
La auditoría identificó deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos que carecían de documentación y autorizaciones, contrataciones sin evidencia suficiente de libre competencia y remuneraciones efectuadas sin los controles correspondientes de asistencia laboral.
El expediente examina actuaciones de funcionarios municipales, integrantes del comité organizador y personal responsable de la administración financiera, tesorería y contabilidad durante el período investigado.
Entre los principales señalados figura Salgado, quien ejerció como alcalde municipal y presidente del Comité Organizador de las Fiestas Patronales, junto con otros servidores públicos que desempeñaron funciones administrativas y de supervisión.
Los reparos constituyen señalamientos sujetos a un procedimiento de responsabilidad ante la Corte de Cuentas y no representan, por sí mismos, una sentencia definitiva ni demuestran que los funcionarios involucrados cometieron delitos o sustrajeron los fondos observados.
Una imagen de archivo del Carnaval de San Miguel.
Contrataciones y adquisiciones bajo observación
El primer reparo corresponde a deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios, por operaciones que suman $1,190,492.60, según el resumen del expediente de la Cámara.
La auditoría detectó compras y contrataciones relacionadas con espectáculos artísticos, suministros, fuegos pirotécnicos y servicios logísticos para las celebraciones patronales, sin que se presentara toda la documentación exigida para respaldar los procedimientos.
Entre los documentos faltantes se mencionan órdenes de compra, contratos, actas de recepción y nombramientos de administradores de contratos, necesarios para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.
También se observaron anticipos superiores al 30 % del valor de algunas contrataciones sin que se exigieran las garantías de buena inversión correspondientes al 100 % del anticipo.
En las operaciones examinadas, la ausencia de estos respaldos impidió acreditar plenamente que los procedimientos de contratación y adquisición se desarrollaron conforme a las exigencias legales.
La falta de documentación no significa necesariamente que los bienes o servicios contratados no fueron entregados, sino que la auditoría cuestionó la comprobación administrativa de las operaciones.
Pagos sin autorizaciones requeridas
El segundo reparo está relacionado con la falta de legalización de documentos de pago y comprende operaciones por $23,092.57.
La Corte identificó erogaciones correspondientes a adquisiciones, planillas y retenciones cuyos comprobantes no reunían todos los requisitos de autorización establecidos en los controles internos.
Entre las deficiencias se encontraron documentos sin el sello de «DESE», correspondiente al alcalde u ordenador de pagos, y sin el «Visto Bueno» del síndico.
Estos controles debían respaldar la autorización de las erogaciones antes de que los fondos fueran desembolsados por los responsables de tesorería. Las observaciones también alcanzan las funciones de supervisión y verificación documental de los servidores públicos que participaron en la autorización y ejecución de los pagos.
Edificio de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ubicado en el Centro de Gobierno, San Salvador. / @CortedeCuentas
Casi $1 millón en contrataciones sin competencia acreditada
El tercer reparo corresponde a contrataciones por $992,460.90 en las que, según la auditoría, no se acreditó el cumplimiento de procedimientos que garantizaran la libre competencia entre proveedores.
Las operaciones cuestionadas incluyen contrataciones de servicios artísticos, alquileres de tarimas y equipos utilizados durante las actividades festivas.
De acuerdo con el expediente, en los procesos observados solamente se recibió la oferta de un proveedor, sin demostrar que se hubieran aplicado mecanismos competitivos de comparación de precios o licitación.
La Corte cuestionó que estas contrataciones se efectuaran sin documentación suficiente para comprobar la existencia de condiciones de competencia en la selección de los proveedores.
El hallazgo se relaciona con los procedimientos administrativos utilizados para contratar bienes y servicios con recursos destinados a las celebraciones patronales de San Miguel.
Reparos por salarios sin controles de asistencia
El cuarto reparo corresponde al pago de remuneraciones por $18,238.57 a trabajadores del Comité Organizador de las Fiestas Patronales, sin que se acreditaran los controles de asistencia requeridos.
La auditoría señaló la ausencia de registros de entrada y salida de empleados, así como de permisos, licencias o incapacidades que justificaran determinadas inasistencias a sus puestos de trabajo.
Según el resumen del expediente, estas deficiencias provocaron que se efectuaran pagos sin aplicar los descuentos correspondientes por ausencias durante la jornada laboral.
A diferencia de los primeros tres hallazgos, relacionados con presuntas responsabilidades administrativas, el cuarto reparo incluye un señalamiento expreso de responsabilidad patrimonial por $18,238.57. La eventual obligación de reintegrar ese monto dependerá de lo que se resuelva en el procedimiento correspondiente.
Funcionarios municipales incluidos en los reparos
El pliego de reparos identifica a varios integrantes del Comité Organizador de las Fiestas Patronales y funcionarios de la Alcaldía de San Miguel que participaron en la administración de los recursos durante el período examinado.
Entre ellos aparece José Wilfredo Salgado García, expresidente del Comité y exalcalde municipal, así como Gilda María Mata, quien desempeñó las funciones de síndico del Comité y síndico municipal.
También figura Óscar Armando Ramírez Ramírez, quien ejerció como tesorero del Comité y tesorero jefe de la municipalidad, funciones relacionadas con el manejo de fondos y la revisión de los documentos que respaldaban los desembolsos.
El expediente incluye a Edward Santiago Galeano Iglesias, identificado como contador general del Comité, y a Mercedes Margarita Lara de Gómez, quien aparece como gerente general ad honorem del organismo y duodécima regidora propietaria.
Asimismo, se menciona a Belinda del Carmen Romero Jiménez, secretaria del Comité y segunda regidora suplente; Denny Ernesto Garcilazo García, prosecretario y colaborador municipal; y Kriscia Abigail Ventura Blanco, primera vocal y sexta regidora propietaria.
Otros funcionarios incluidos son Elías Isaí García Villatoro, segundo vocal y primer regidor propietario; Mario Ernesto Portillo Arévalo, tercer vocal y segundo regidor propietario; y Patricia Lissette Villafuerte Reyes, cuarta vocal y gerente general de la municipalidad.
Los primeros tres reparos plantean presuntas responsabilidades administrativas relacionadas con el incumplimiento de disposiciones sobre contrataciones, autorización de pagos y controles internos. Estas observaciones podrían derivar en sanciones administrativas, incluidas multas conforme al artículo 107 de la Ley de la Corte de Cuentas, si se determina la responsabilidad correspondiente.
En el caso del cuarto reparo, la observación incluye una posible responsabilidad patrimonial por el pago de remuneraciones sin los controles de asistencia requeridos.
Más de $2.2 millones en operaciones cuestionadas
Los cuatro reparos comprenden operaciones que superan los $2.2 millones y abarcan diferentes aspectos de la administración de recursos municipales destinados a las fiestas patronales de San Miguel.
El mayor monto corresponde a las deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios, seguido de las contrataciones en las que no se acreditó la libre competencia entre proveedores.
Los señalamientos de menor cuantía están relacionados con la legalización de documentos de pago y las remuneraciones efectuadas sin los controles de asistencia laboral correspondientes.
