Categoría: Politica

  • Demandantes piden a la Sala de lo Constitucional resolver si minería metálica es inconstitucional

    Demandantes piden a la Sala de lo Constitucional resolver si minería metálica es inconstitucional

    Los demandantes de la inconstitucionalidad contra la minería metálica en El Salvador presentaron un escrito de «pronto despacho» ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para pedirle que emita resolución a su demanda, presentada hace un año.

    El escrito fue presentado por la abogada Roxana Cardona, el representante de Víctimas Demandantes (Vidas), Benjamín Cuéllar, y el vocero de la Mesa Permanente para una Pensión Digna, Patricio Pineda, quienes pidieron declarar inconstitucional la Ley General de la Minería Metálica aprobada el 23 de diciembre de 2024.

    «A la fecha han transcurrido un año sin que esta digna Sala se haya pronunciado sobre lo solicitado, excediendo los plazos razonables para una pronta y cumplida justicia», indica el escrito presentado.

    Los demandantes argumentan que la falta de respuesta de la Sala de lo Constitucional «genera un perjuicio social a la población», ya que el gobierno de El Salvador se comprometió en el acuerdo comercial con Estados Unidos firmado el 29 de enero a «facilitar la inversión de empresas estadounidenses en la exploración y exportación de minerales críticos y tierras raras en el territorio nacional».

    Mencionaron que la Asamblea Legislativa derogó el miércoles el artículo 10 de la Ley de Bancos para «poner en iguales condiciones a los nacionales con la inversión extranjera».

    En la demanda, se argumentó la ley vulnera tres artículos de la Constitución: el 133 sobre el proceso de formación de ley, el artículo 1 sobre el derecho a la vida y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.

    En noviembre de 2024, el presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso levantar la prohibición a la minería metálica para aprovechar riquezas en oro del territorio salvadoreño.

    El Gobierno ha hecho referencia a «los distritos de oro» de El Salvador: El Paisnal, Calera, Cerro Colorado, El Zapote, Potonico, Santa Rita, El Dorado, Potosí, Guapinol, Hormiguero, Montecristo, El Gigante, San Sebastián y Santa Clara, en El Salvador.

  • TSE y Corte de Cuentas reciben certificaciones de sistemas de gestión antisoborno

    TSE y Corte de Cuentas reciben certificaciones de sistemas de gestión antisoborno

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que recibió las certificaciones otorgadas por la certificadora AENOR y la red IGNET por la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) conforme a la Norma Internacional ISO 37001.

    La presidenta del TSE, magistrada Roxana Soriano, aseguró que tienen una “política de cero tolerancia al soborno” como “un compromiso transversal que recorre todos los niveles del Tribunal”.

    Según la institución, el proceso de certificación incluyó la promoción de una cultura de cero tolerancia al soborno dentro de la institución, el establecimiento de controles rigurosos contra el soborno, la habilitación de canales de denuncia efectivos y confidenciales, la realización de auditorías internas para evaluar el sistema antisobornos y la auditoría externa de verificación del cumplimiento.

    La Corte de Cuentas anunció recibió una certificación antisoborno de la directora del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), Yanira Colindres. / CCR.

    La Corte de Cuentas también anunció este jueves la recepción de la Certificación antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, entregado por la directora del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), Yanira Colindres.

    Según la Corte de Cuentas, se logró mediante la “implementación estricta de la política del SGAS y la Política de Gestión de Regalos, Hospitalidades y Donaciones”, la traducción de políticas al inglés, adaptación al sistema Braile y lenguaje de señas y la implementación del sistema.

    “Somos una institución que aplica estándares internacionales de integridad”, dijo el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa.

    Otra de las instituciones que anunciaron en redes sociales que recibieron la certificación internacional ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno fue el Ministerio de Trabajo.

  • Ministros de El Salvador en conferencia “América contra los Cárteles” donde EEUU pide unidad contra el narcotráfico

    Ministros de El Salvador en conferencia “América contra los Cárteles” donde EEUU pide unidad contra el narcotráfico

    El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, participan en la conferencia regional “América Contra los Cárteles”, que se desarrolla en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Doral, Florida, Estados Unidos, informó el Ministerio de Seguridad a través de X.

    El encuentro reúne a representantes de 18 países del continente para coordinar acciones contra los cárteles de droga que operan en la región. Durante la conferencia inaugural se anunció el impulso de una ofensiva militar dirigida a combatir a estas estructuras criminales, informó Seguridad.

    El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los gobiernos del hemisferio “unidad en esta lucha”.

    Los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Francis Merino, y el secretario asistente de guerra para la defensa nacional y asuntos de seguridad de América, Joseph Humire. / Seguridad.

    “Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, declaró el secretario de Guerra de Estados Unidos.

    Según Seguridad, Hegseth sostuvo que la campaña estadounidense para destruir embarcaciones utilizadas por narcotraficantes “ha sido exitosa” y animó a los países participantes de la conferencia regional a “coooperar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles”.

    “Ustedes también pueden y deben pasar a la ofensiva contra los narcoterroristas”, expresó.

    El secretario indicó además que la conferencia tiene un carácter operativo y busca “acercar más a los países hacia un objetivo compartido” y combatir a los cárteles que operan en el continente “de manera agresiva”.

  • Vicepresidente de El Salvador dice régimen aplica CECOT a condenados por terrorismo y reos comunes entran a rehabilitación

    Vicepresidente de El Salvador dice régimen aplica CECOT a condenados por terrorismo y reos comunes entran a rehabilitación

    El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseveró este jueves que el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) es aplicado a «una minoría» de reos en el país «condenados» por terrorismo y que los reos comunes sí acceden a un «sistema de rehabilitación».

    Las declaraciones las dio en torno a una exposición denominada «RehabilitArte» que fue instalada esta semana en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, sobre la cual fue preguntado esta mañana en la entrevista del programa Diálogo 21, de Canal 21.

    «Hay una riqueza en la producción, la comunidad internacional que nos acompañó se quedaron sorprendidos de la calidad», comentó sobre la exposición de pinturas elaborada por una cantidad no especificada de reos.

    «Allá te siguen sacando las imágenes del CECOT, de los reos sentados, eso es la parte excepcional y está aplicada a las minorías que están condenadas por terrorismo. Cuando hablás del reo común, a la que comete delitos que cometen en cualquier país del mundo, se le aplica este sistema de rehabilitación, tanto para la formación artesanal, tenemos buenos carpinteros, panaderos, sastres», fueron las palabras de Ulloa.

    Según Ulloa, el programa RehabilitArte es parte del programa «Cero Ocio».

    Detalló que el proyecto partió de un reto que se propusieron en julio de 2022 cuando presentó el segundo informe voluntario de país al Foro de Alto Nivel Político de Naciones Unidas en Nueva York, de Estados Unidos.

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    En esa ocasión, relató, la preocupación del secretario general de las Naciones Unidas, recién instaurado el régimen de excepción en El Salvador –a partir del 27 de marzo de 2022– era cuál sería la política de rehabilitación frente a una demanda de población que ha cometido delitos y que, dijo, «también tiene el derecho de rehabilitarse y reinsertarse».

    «Desde esa fecha hasta ahora estuvimos viendo el comportamiento, la situación, del sistema penitenciario, lo encontramos en condiciones sumamente precarias, no se podían cortar las comunicaciones, eran los cuarteles desde donde se ordenaban todos los crímenes», indicó.

    Señaló que, cuando se construyó el Cecot, en Tecoluca, San Vicente Sur, «se empezó a tergiversar la imagen del país» y que «se pensaba que el CECOT era el modelo donde iban todos los salvadoreños que fueran capturados, hubo que empezar a hacer esa diferenciación».

    Se refirió al CECOT como la cárcel destinada a «las personas que están condenadas por actos de terrorismo». «Son los que han pasado todo el proceso hasta llegar el nivel de condena», subrayó.

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    Explicó que, para ganarle la guerra a las pandillas, debían «no solo ejercer la fuerza del Estado», sino también una acción «dentro del Estado de Derecho y en estricto respeto a los derechos humanos» así como «actualizar la administración de la justicia» ya que los «jueces estaban cooptados y amenazados por las pandillas».

    «De la rehabilitación como una política de Estado, que es lo que estamos viendo, es una obligación que tenemos, una obligación del Estado para aquellas personas… Es que está definido por el mismo proceso, una persona que está condenada a 380 años de cárcel no va a entrar no va a entrar en el programa RehabilitArte, una persona que cometió un delito menor, que ya va a cumplir la pena y va a salir, tiene el derecho de reinsertarse y para eso los programas que tenemos son maravillosos», indicó.

    Aseguró que hay personas que piden visitar «la Granja», el lugar en donde se fabrican uniformes, pupitres, «pero no se había descubierto esta parte que es la que estamos poniendo nosotros en el programa RehabilitArte, es la producción intelectual, artística, de una cantidad de privados de libertad que no tenían la forma de expresar esa transformación, esa inspiración y eso es lo que hemos hecho».

    En 2021, las cárceles en El Salvador reportaban una ocupación de 115,605 reos, de los cuales 14,793 están en el CECOT y 100,812 en centros penales, según un estudio del Servicio Social Pasionista presentado en 2025, con datos de una resolución de la Unidad de Acceso a Información Pública de Centros Penales 014-2021. Este estudio menciona que solo los centros penales comunes tenían 27,280 cupos y un hacinamiento de 369.5 %.

    También, un estudio de la Fundación para Estudios de la Aplicación del Derecho (Fespad), que cerró operaciones en 2025, detalla que, hasta febrero de 2021, en 26 centros penitenciarios se registraba una población de 36,515 reos, y un hacinamiento del 118 %. Este informe señalaba una disminución histórica del hacinamiento pero advertía en ese entonces que permanecían cinco establecimientos penitenciarios con hacinamiento iguales o superiores al 200 %.

  • Informe de Cristosal registra 245 perseguidos políticos en El Salvador entre 2019 y 2025

    Informe de Cristosal registra 245 perseguidos políticos en El Salvador entre 2019 y 2025

    Al menos 245 personas, entre ellas abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, experimentaron algún tipo de persecución política en El Salvador durante el período de 2019 a 2025, de acuerdo con un informe presentado este jueves y elaborado por la reconocida organización humanitaria Cristosal.

    Del grupo 50 son personas opositoras al Gobierno actual, 38 son personas críticas, 9 son familiares perseguidos y 148 son personas con protección internacional especial. El informe dice que tiene evidencia testimonial y documental.

    «El Salvador está experimentando el resurgimiento de un proceso de persecución y criminalización por motivos políticos», apuntó la Organización no Gubernamental (ONG) en el documento, en el que alertó que «este fenómeno, documentado en el presente estudio, representa una regresión histórica que contradice los avances logrados tras los Acuerdos de Paz de 1992, cuando se creía superada esta práctica represiva».

    Entre los 245 casos de persecución política documentados en el estudio, hay 40 casos sin procesos judiciales, 25 con acciones judiciales no penales, 174 con acciones penales y 6 casos con ambos tipos de procesos judiciales. Un total de 186 víctimas son hombres y 59 son mujeres según el informe.

    Los casos, según el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, «evidencian un claro patrón de persecución política, entre ellos se encuentran personas que el informe identifica como presos políticos en un intento del régimen de Bukele por silenciar voces críticas, infundir miedo en la población e imponer un modelo de poder cada vez más autoritario», expresó.

    Según Bullock, los casos documentados en el informe «representan solo una parte del fenómeno» y «el número es seguramente mayor debido al temor a la denuncia y la falta de información pública».

    El caso recoge 20 casos con la identificación de la víctima. Uno de ellos es Alejandro Muyshondt, quien fue asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República que denunció corrupción, abuso de poder y presuntos vínculos con el narcotráfico, y

    También, destacó que entre las víctimas se encuentra la jefa de la unidad de anticorrupción de la organización, Ruth López, detenida desde mayo de 2025 y actualmente «presa política».

    El documento reveló que «entre 2019 y 2025, la persecución política dejó de ser selectiva y evolucionó hacia un modelo estructural, sostenido y judicializado» y que «el punto de quiebre fue 2021, tras la captura de las principales instituciones del sistema de justicia» y, «desde entonces, la criminalización penal se consolidó como política de Estado y el miedo se instaló como norma para quienes trabajan por sus comunidades, familias o derechos».

    En 2021, con el partido gobernante Nuevas Ideas (NI) con mayoría en la Asamblea Legislativa, se concentra el 27,7 % de «las personas perseguidas» (68 de 245 casos), «marcando el inicio de la persecución institucionalizada», apuntó.

    Según el análisis de Cristosal, la persecución se ejecuta mediante mecanismos que se combinan y refuerzan, como hostigamiento y vigilancia, amenazas, seguimiento, estigmatización y presión directa.

    Según la ONG, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas y 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que «presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela».

    De las 245 personas documentadas, el 60,4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas, y la persecución contra estos sectores fue constante y creciente entre 2019 y 2025, apuntó.

    De acuerdo con el informe, a partir del 2022 la cantidad de personas perseguidas se mantuvo en niveles elevados, aunque con variaciones menores, con 36 casos registrados en ese año y en 2023, un ligero aumento a 39 casos en 2024 y 50 en 2025.

    Lo anterior, apuntó Cristosal, «indica que, tras el pico de 2021, la persecución se ha institucionalizado y sostenido en el tiempo, con fluctuaciones vinculadas al contexto político y a la estrategia gubernamental».

  • Director del RNPN: 4.8 millones de salvadoreños en el país y 1.13 millones en el exterior están habilitados para votar

    Director del RNPN: 4.8 millones de salvadoreños en el país y 1.13 millones en el exterior están habilitados para votar

    El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, aseveró el miércoles que hay aproximadamente 4.8 millones de salvadoreños en territorio nacional y 1.13 millones de salvadoreños en el extranjero habilitados para votar.

    “Actualmente hay alrededor de 4.8 millones de duis habilitados para poder ejercer el sufragio, eso a nivel nacional, y alrededor de 1.13 de ciudadanos salvadoreños en el exterior con DUI habilitado para poder ejercer el sufragio”, respondió a Diario El Mundo a la pregunta sobre cuál es el dato actualizado de salvadoreños habilitados para votar en El Salvador.

    Respecto al Registro Electoral 2024, el dato marcaría un aumento de 388,906 de salvadoreños en el extranjero habilitados para votar; pero tendría una disminución de las personas habilitadas para ejercer el sufragio en territorio nacional, de 673,305.

    El Registro Electoral se basa en el Registro Nacional de las Personas Naturales. El dato más actualizado lo publicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en noviembre de 2023 y corresponde al Registro Electoral que se cerró para los comicios generales de 2024.

    El registro electoral de 2024 tenía un total de 6,214,399 salvadoreños, de los cuales 741,094 tenían domicilio en el extranjero y 5,473,305 salvadoreños tenían domicilio nacional.

    En su Portal de Transparencia, el TSE tiene actualizadas las estadísticas del Registro Electoral hasta el 10 de noviembre de 2023. Sin embargo, el TSE no ha publicado cifras de cancelaciones del Registro Electoral. Solo publicó una cifra de 13,000 cambios relacionados a sentencias y defunciones según la memoria de labores 2024-2025 publicada por el Órgano Electoral.

  • Salvadoreños en el exterior tienen más plazo para inscripciones y cambios en el Registro Electoral; en el país, solo para cambio de residencia

    Salvadoreños en el exterior tienen más plazo para inscripciones y cambios en el Registro Electoral; en el país, solo para cambio de residencia

    Los salvadoreños en el extranjero tendrán tres meses más para que ser incluidos en el Registro Electoral 2027 si inscriben su Documento Único de Identidad (DUI) y nueve meses más para incluir en dicho registro los cambios de domicilio que tramiten en su DUI.

    El tiempo adicional para los salvadoreños residentes en territorio nacional solo se dará para modificación de DUI y concluirá en abril de 2026. El plazo para los salvadoreños en el exterior se dará tanto para inscripciones y modificaciones de domicilio, y concluirá en noviembre de 2026.

    El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, quien también se desempeña como registrador nacional de las personas naturales, confirmó ayer en TCS que de acuerdo con los dos decretos aprobados por la Asamblea Legislativa, uno amplió «hasta abril» el plazo para los salvadoreños que viven en territorio nacional y otro para los salvadoreños en el extranjero «hasta 90 días antes de las elecciones cualquier inscripción en el padrón electoral” así como modificación de residencia.

    “En territorio nacional, solo hubo una ampliación (del plazo para) cambio de domicilio”, aclaró el funcionario.

    El cambio

    El artículo 20 del Código Electoral permite que los salvadoreños tanto residentes del territorio nacional como en el extranjero puedan inscribirse hasta seis meses antes de la fecha de elecciones o puedan modificar su residencia hasta un año antes de la fecha de las elecciones.

    Así, con este artículo 20, tanto los salvadoreños en el extranjero tenían hasta el 27 de febrero de 2026 –un año antes– para realizar modificaciones de su residencia y que estas fueran incluidas en el Registro Electoral 2027; y hasta el 30 de octubre de 2026 para las inscripciones en el Registro de Salvadoreños en el Exterior (REVEL).

    Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó que los salvadoreños en el extranjero “podrán realizar inscripción por primera vez o modificación de su domicilio en el DUI hasta 90 días antes de la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral para las votaciones electorales de presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales en el año 2027”.

    Esto quiere decir que para los salvadoreños en el extranjero la última fecha tanto para que la inscripción de su DUI o modificación de domicilio sea incluida en el Registro Electoral es el 30 de noviembre de 2026, por lo que el trámite se les adelanta en nueve meses para los cambios de domicilio y tres meses para las nuevas inscripciones en el Registro Electoral.

    Para los residentes en territorio salvadoreño, tal como lo aclaró el registrador de las personas naturales de El Salvador, el trámite únicamente se adelantó para cambio de domicilio.

    Efectivamente, en el decreto especial para los salvadoreños residentes en su país lo especifica así: “Quedará sin efecto lo dispuesto en el artículo 20 inciso primero del Código Electoral referente únicamente a la modificación de residencia de ciudadanos y ciudadanas”.

    ¿Cuánto se adelanta? Según el decreto, se adelanta “hasta 10 meses antes de la fecha establecida por el TSE para las votaciones electorales” de 2027, es decir, hasta el 28 de abril de 2026. Sin embargo, las fechas exactas serán publicadas por el TSE.

    Hasta ayer, el TSE aún no había actualizado ambos calendarios electorales, sin embargo, tampoco los decretos habían sido publicados por el Diario Oficial.

  • Bukele integra al ministro de Salud en el Consejo Nacional para el Desarrollo

    Bukele integra al ministro de Salud en el Consejo Nacional para el Desarrollo

    El ministro de Salud fue integrado al Consejo Nacional para el Desarrollo (CND), una entidad que tiene como función dar seguimiento a los Objetivos Estratégicos de Desarrollo, por decreto ejecutivo firmado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    El CND está actualmente conformado, además, por los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Local y Gobernación.

    Además, está integrado por un representante de cada una de las entidades siguientes: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación, Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (Esco) y de la Dirección de Integración.

    El Consejo fue reformado mediante decreto ejecutivo 3, aprobado el 16 de febrero de 2026. La reforma fue publicada en el Diario Oficial del 23 de febrero de 2026 y está vigente desde el pasado martes 3 de marzo.

    En el decreto emitido sobre el Consejo en 2024, se suprimió la función de dar seguimiento a la Agenda 2030 y se estableció la función de dar seguimiento a los “Objetivos Estratégicos de Desarrollo”; y se mantuvo la función de promover el diálogo y la consulta con la sociedad civil sobre las políticas públicas económicas, sociales y ambientales.

    La creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible fue decretada el 25 de agosto de 1995. En ese entonces, lo integraban seis ministros, Relaciones Exteriores, Educación, Economía, Salud, Interior y Agricultura, además de representantes de otros sectores.

    En el decreto 29 aprobado en 1997, el Consejo aún se denominaba Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible y su función era cumplir lo establecido en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (Alides) y la «Agenda 21».

    En ese entonces, también participaban la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, la Secretaría Nacional de la Familia, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) y representantes de sectores laboral, académico, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales del área socioeconómica, entre otros.

  • Más de 20,000 estudiantes necesitarán autorización de sus padres para tramitar DUI anticipado en centros escolares y votar en 2027

    Más de 20,000 estudiantes necesitarán autorización de sus padres para tramitar DUI anticipado en centros escolares y votar en 2027

    El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Educación actualizaron este miércoles un convenio para impulsar en los centros educativos públicos y privados del país una campaña de preenrolamiento electoral de los jóvenes que cumplen 18 años después del cierre del Registro Electoral y antes de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

    La ministra Trigueros detalló que son más de 20,000 jóvenes que pueden tramitar anticipadamente su Documento Único de Identidad (DUI) con el fin de no ser excluidos del Registro Electoral, el cual cierra por ley el 31 de agosto de 2026.

    El convenio permitirá acercar el trámite con equipos del RNPN a «casi 300 centros educativos».

    La ministra Trigueros detalló que el único requisito para realizar el trámite en los centros escolares será la autorización firmada por los padres de familia y anunció que ya enviaron los formularios en un formato amigable para que los puedan regresar firmados a los centros escolares.

    Así mismo, ha dicho el RNPN, deben presentar un carnet que o identifique con su fotografía, como minoridad, estudiantil o pasaporte.

    “Los padres de familia lo único que tienen que hacer es firmar una autorización que los alumnos ya tendrán, que nosotros ya hicimos llegar a todos los directores del país, en el momento que estemos presentándonos junto con el equipo del Registro, vamos a tener la autorización de los padres de familia, un formulario ya entregado, un formulario muy amigable”, expresó la funcionaria.

    Por su parte, el director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, explicó que el preenrolamiento “consiste en el trámite anticipado» del DUI de los jóvenes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 al 27 de febrero de 2027.

    “Es para todos aquellos jóvenes que cumplen 18 años después del cierre del padrón electoral, con fines de poder participar en esta fiesta cívica. Estamos contentos de poder llevarles el servicio”, afirmó.

    Aclaró que los jóvenes también pueden tramitar su DUI por anticipado en cualquiera de sus 19 oficinas en El Salvador y las 25 que están en el exterior del país. Para el trámite presencial, los jóvenes sí requieren el acompañamiento de los padres o sus encargados. Es en los centros escolares en donde se permitirá solo tener una autorización escrita de los padres.

    Ambos reiteraron que la emisión del DUI por primera vez es gratuita dentro del territorio nacional. Fuera del territorio nacional, el trámite tiene un costo de $35.

  • Bukele, Milei y otros 10 presidentes latinoamericanos se reunirán con Trump según Casa Blanca

    Bukele, Milei y otros 10 presidentes latinoamericanos se reunirán con Trump según Casa Blanca

    Los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado en Miami, informó este miércoles la Casa Blanca.

    También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

    «Este fin de semana me complace anunciar que el presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de Latinoamérica en Miami, Florida», expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

    Leavitt señaló que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, es «promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región».

    «El presidente dialogará con los líderes de estos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas», afirmó.

    Todos los participantes son aliados ideológicos de Trump: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

    En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema «América para los americanos».

    La cumbre se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

    Tras esa operación, Trump impuso además un bloqueo energético para que Cuba deje de recibir petróleo, medida que ha agravado la crisis social y económica en la isla.