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El Ministerio de Obras Públicas pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe una reforma para facultar al director general de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a aprobar los precios que cobrarán por los servicios y los productos que ofrezca.

Los precios serían definidos a través de un acuerdo institucional con la respectiva autorización del Ministerio de Hacienda.

La reforma solicitada también busca que el director de ANDRES pueda proponer los proyectos de tasas por los servicios que presta, para someterlas al proceso de aprobación de la Asamblea Legislativa.

La solicitud de reforma fue interpuesta por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, el 21 de octubre de 2025, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, la cual fue convocada para reunirse el martes 28 de octubre a las 10:00 de la mañana.

El artículo 44 de la ley de ANDRES establece que “las municipalidades contribuirán al Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos con un monto equivalente al 50 % de los ingresos brutos percibidos por las tasas municipales establecidas para los servicios públicos de barrido, aseo, limpieza, transportes y disposiciones final de basuras de residuos sólidos”.

ANDRES es una institución autónoma creada por el gobierno en diciembre de 2024 que busca sustituir a las alcaldías en su función de recolectar la basura de los distintos municipios.

Actualmente tiene cobertura en San Salvador Este, La Libertad Costa y La Paz Este.

En su cuenta de X, no reportan que controlan la recolección de desechos en los distritos de San Salvador Centro aunque en julio pasado ANDRES había publicado en su sitio web que su servicio ya se encontraba disponible.

En redes sociales ANDRES ofrece un “equipo de reacción inmediata” en San Salvador Este y La Libertad Costa, con recepción de denuncias de acumulaciones de basura al 929 y al WhatsApp 2501-0203.

Actualmente ANDRES tiene un presupuesto de $2.3 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado $152,801.99. Los fondos provienen del Fondo General del presupuesto general del Estado. Del total del presupuesto, $1.6 millones serían destinados a remuneraciones y $438,368.84 a bienes y servicios.

 

Los usuarios finales de electricidad recibirán una tarifa que será definida por la Siget por los excedentes de energía que suministre a la red, aunque estos no deben tener un objetivo de generación de energía, sino de consumo.

La nueva “Ley de fomento para el uso de la energía renovable” aprobada el 21 de octubre por la Asamblea Legislativa busca que los usuarios finales de energía eléctrica instalen sistemas para generar energía con fuentes renovables para su propio consumo. Para ello, han creado una serie de incentivos fiscales, eximiento de impuestos la importación, compra, instalación o mantenimiento de estos equipos.

Pero la segunda novedad de la ley es que los usuarios recibirán una tarifa al reinyectar los excedentes de su demanda a la red de distribución.

La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará la tarifa con la cual “la distribuidora deberá reconocer los excedentes de energía eléctrica inyectados a la red de distribución”, lo cual se hará según parámetros, criterios técnicos y financieros que se establezcan en un reglamento especial.

El reglamento especial deberá ser emitido en un plazo máximo de 60 días a partir de la vigencia de ley. Este reglamento, además de tener el pliego tarifario de las reinyecciones, también exigirá los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los usuarios finales para realizar las “reinyecciones de los excesos de electricidad generados”.

La Siget también realizará inspecciones.

La ley establece que los incentivos fiscales estarán en vigor durante 10 años, pero no establece una vigencia para el mecanismo de retribución de las reinyecciones de energía que hagan los usuarios a la red de distribución, por lo que podría ser permanente.

La ley también permite deducir de su renta imponible el gasto en equipo, instalación o mantenimiento del sistema de energía solar, no pagará IVA por dicho equipo o servicio relacionado, ni pagarán aranceles. La ley no beneficia a generadores sino a usuarios de energía y proveedores.

Actualmente, los usuarios que reinyectan energía solar a la red de distribución reciben un descuento según las normas aprobadas en 2017 por la Siget.

La Asamblea Legislativa aprobó el martes un pliego de reformas que actualizaron las tarifas de servicios y trámites que realiza la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Los cambios incluyeron nuevas tarifas que no estaban consideradas en la ley original, como de permisos de tala de árboles, explotación de pozos y vertidos, terracería, permiso de demolición, certificado de firma electrónica para profesionales y titulares del proyecto, valoración cultural a edificación y construcciones, entre otros.

Los 38 cambios de ley con nuevas tarifas incorporadas incluyen un pago que va desde los $50 hasta los $80 para talar árboles dependiendo el tipo de árbol. Por los arbustos leñosos se pagaría $50; por árboles de madera blanda, $60; por árboles jóvenes de madera dura, $70; y por árboles de madera dura, $80.

Por otro lado, también se incorpora un pago de $20 para obtener un permiso de explotación de pozo y un permiso de vertido por $20. Asimismo, se incorporaron adendas para permitir el cambio de uso de suelo para construcciones.

La reforma incluyó ampliaciones a permisos ya aprobados en usos habitacionales y no habitacionales por la DOT e incorporó permisos otorgados por otras instituciones con límites en cantidad de metros cuadrados que van desde los $0.30 hasta los $300.

Estas son las 38 nuevas tarifas aprobadas ayer en la sesión plenaria.

[Una comparación entre ley vigente identificada como «Anterior», dictamen aprobado en la comisión y decreto «Aprobado» en la sesión plenaria con las modificaciones solicitadas por la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas].

Por otro lado, la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones en otras tarifas ya incluidas en la ley actual, como valoración cultural a los terrenos, que de $55, $35 y $20 se reducen a $0.0079, $0.005 y $0.0029 por metro cuadrado.

Estas son las modificaciones a tasas ya existentes.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, devolvió con observaciones la reforma a la Ley de la Carrera Militar que la Asamblea Legislativa aprobó el 20 de diciembre de 2024 y que como novedad incorpora los nuevos rangos militares de «almirante» en la Marina Nacional, «general de aire» en la Fuerza Aérea y general del Ejército en la Fuerza Armada.

Las observaciones presidenciales fueron recibidas el 3 de enero de 2025, según el sello de la Asamblea Legislativa en el documento publicado por el sitio asamblea.gob.sv.

Sin embargo, las observaciones fueron publicadas hasta ayer 21 de octubre de 2025 e introducidas como pieza de correspondencia para la cual la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, pidió su aprobación con dispensa de trámites.

El único cambio sugerido por el presidente Bukele fue ampliar la vigencia «30 días después de su publicación en el Diario Oficial». El decreto original establecía una vigencia ocho días después de la publicación.

«Las antedichas reformas requieren la adopción de acciones normativas y administrativas necesarias para preparar y garantizar la adecuada implementación de los cambios propuestos, es pertinente brindar un tiempo prudencial», indica el gobernante en las observaciones enviadas.

El suscrito se encuentra de acuerdo con el sentido de las reformas a la citada ley, las cuales promoverán una reestructuración y fortalecimiento de la carrera militar, particularmente en lo relativo a la formación y aprovechamiento de la experiencia y conocimientos de los miembros de la Fuerza Armada. Nayib Bukele, presidente y comandante general de las Fuerzas Armadas.

Nuevos rangos militares

En la categoría de oficiales superiores, se incluyen los grados de General de Ejército, General del Aire y Almirante, respectivamente para el Ejército, Fuerza Aérea y Marina Nacional.

En la ley actual, sin la reforma, los grados más altos en las tres ramas militares son General de División, General de Aviación y Vicealmirante.

El actual ministro de la Defensa, René Merino Monroy, es vicealmirante.

La reforma también incorpora el grado de «brigadier» para el Ejército y Fuerza Aérea, y de comodoro en la Marina Nacional.

También, se incluyen grados de «sargento mayor de división», «sargento mayor de aviación» y «maestre de flota» en la categoría de suboficiales; y «dragoneante» en el Ejército y Fuerza Aérea, equivalentes al actual «timonel» de la Marina Nacional, conocidos como «elementos de tropa».

En diciembre de 2024, el viceministro de Defensa Nacional, Ennio Rivera, explicó que «no puede ser que un ministro tenga el mismo grado General que ostenta un jefe de rama, un comandante de una brigada, cuando en cualquier país es un general de cinco estrelas, un General del Ejército, nosotros no lo tenemos», argumentó.

Así mismo, también modifica los tiempos de servicio en los distintos cargos.

Para un general de brigada o equivalente, se extiende la edad de retiro o de reserva, de 60 a 70 años.

Para un coronel o equivalente, se extiende de 55 a 68 años. Para un teniente coronel, de 53 a 62 años. Para un mayor, de 50 a 53 años. Para un capitán, de 45 a 44 años. Para un teniente, de 40 la edad de transferencia a situación de reserva se pasa a 37 años. Y para un subteniente, de 35 a 31 años.

La observación presidencial fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

 

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) podrá tramitar solicitudes de cambio de uso de suelo y de tala de árboles, para lo cual tendrá una tarifa aprobada este martes en una reforma a la Ley de creación de la DOT.

La reforma fue aprobada con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

Además, la reforma agregó la facultad de la DOT de autorizar la valoración cultural a edificaciones y la demolición de infraestructuras.

La modificación aprobada también excluye de la aplicación de la ley las actividades mineras, instalaciones de plantas nucleares, torres de telecomunicaciones o infraestructura de seguridad nacional, acueductos, puertos y aeropuertos.

Cambio de uso de suelo

La reforma incorporó un nuevo artículo 38-A, titulado “cambio de uso de suelo”, que fue modificado a última hora, a solicitud de la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, para que la DOT pueda recibir solicitudes de cambio de uso de suelo con resoluciones negativas. La reforma crea dos excepciones: inmuebles con función social de tierras protegidas aledañas al Periférico Claudia Lars y las del distrito de riego de Zapotitán.

¿Cómo quedó el nuevo artículo 38-A?

“Cambio de uso de suelo. Artículo 38-A. Para proyectos comprendidos en el alcance de esta ley, el interesado podrá solicitar cambio de uso de suelo siempre que cuente con una resolución de calificación de lugar en sentido negativo, excepto de los inmuebles declarados con función social contenidos en el decreto de protección de tierras agrícolas y ganaderas aledañas al Periférico Claudia Lars y aquellas comprendidas en el distrito de riego y avenamientos número 1 Zapotitán”.

“Dicha solicitud será resuelta conforme a los criterios técnicos y legales aplicables por la gerencia o dependencia que el Consejo Directivo determine”.

La ley reformada indica que el solicitante del cambio de uso de suelo pagará una compensación en efectivo del 20 % del valor comercial de la propiedad.

El cambio de uso de suelo tendrá una tasa de $0.35 por metro cuadrado por área de piso para una construcción en altura existente; y de $0.35 por metro cuadrado o área de terreno para proyectos de construcción, parcelación y urbanizaciones.

Actualmente, en la calificación de uso de suelo intervienen autoridades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), que tiene competencia en 28 distritos, los municipios, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene unas “Directrices para la zonificación ambiental y los usos de suelo”.

Tala de árboles

La DOT también podrá realizar trámites de permisos de tala de árboles y de terracería, en la fase de otorgamiento de permisos, según la reforma al artículo 40.

La nueva facultad indica que la DOT podrá autorizar el “permiso para tala de árboles para para proyectos de construcción o lotificación en área urbana o rural”.

El numeral 4, que introduce la autorización de tala de árboles, contenía en la ley original una disposición sobre infraestructura de almacenamiento de productos de petróleo.

En el pleno, se le agregó que “únicamente generará las tasas” cuando “se solicite como trámite previo al permiso de construcción y/o parcelación”, en el resto de casos “aplicará la compensación ambiental” según el artículo 53.

El cambio de uso de suelo también se agregó en el numeral 13 de las autorizaciones que puede otorgar la DOT. También fue agregado el numeral 14 “permiso de terracería para los proyectos objeto de esta ley”, con tasa aplicable “cuando se solicite como trámite previo al permiso de construcción o parcelación según corresponda”.

Para la tala de árboles, se pagará $50 por el permiso de tala de arbusto leñoso, $60 por permiso de tala de cada árbol de madera blanda, $70 por árbol joven de madera dura y $80 por tala de cada árbol de madera dura.

La Asamblea Legislativa aprobó este lunes la “Ley de fomento para el uso de la energía renovable”, que exime de todo tipo de impuestos la compra y la importación de equipo para este tipo de energía o de su mantenimiento, y además permite que los usuarios reciban una tarifa por el excedente de energía inyectada a la red de distribución.

La ley fue aprobada con los votos de 58 diputados, incluido el de Claudia Ortiz, de Vamos.

Esta ley aplica únicamente para usuarios finales, ya sea residenciales o empresas no generadoras, y también para proveedores de los sistemas de energía de fuentes renovables, es decir, empresas que importan y comercializan, por ejemplo, paneles solares.

El primer beneficio será la exención de impuestos.

Los usuarios de energía podrán deducir de su renta imponible lo que inviertan en equipos, su instalación o mantenimiento de sistemas de energía con fuente renovable. La Dirección de Energía argumentó que los paneles solares han disminuido sus precios.

Ni los usuarios de energía ni proveedores de estos sistemas pagarán IVA ni impuestos a la importación de dichos sistemas que se destinen al autoconsumo de usuarios finales, tampoco pagarán impuestos por los servicios de mantenimiento que contraten.

Por otra parte, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) establecerá un pliego tarifario en un reglamento para reconocer a los usuarios el excedente de energía que tengan.

Actualmente, el usuario final productor no recibe ningún tipo de pago por la energía eléctrica inyectada a la red de distribución, ya que la distribuidora calcula la energía consumida y, si se inyectan excedentes, se refleja «un descuento en la facturación» según la norma de la Siget aprobada en 2017.

El decreto tendrá una vigencia de 10 años.

Con 57 votos, sin los votos de la oposición, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato de préstamo por $150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa «Programa de trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático».

El financiamiento incluye construcción o reconstrucción de centros escolares, fortalecimiento a modalidades de educación a distancia, un programa piloto de transporte escolar, inclusión educativa para personas con discapacidad y capacitación docente.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que el gobierno “ha triplicado la inversión en educación que hacían los gobiernos de Arena”. “Ha elevado a montos nunca antes vistos”, indicó, “sin dejar de pagar las deudas que dejaron los gobiernos anteriores”.

Soriano aseguró que una gran parte del presupuesto se debe destinar a pagar deudas y a “reconstruir” carreteras y escuelas “que ellos dejaron en mal estado”.

“No les gusta visitar esos lugares que ya se transformaron. Se han tomado el tiempo de poder revisar el presupuesto y ver las apuestas enormes para ponernos al día con lo que ellos no realizaron en décadas”.

William Soriano (Nuevas Ideas).

Soriano aseguró que iniciarán el sistema de salud pública y continuarán con la reconstrucción de escuelas, pero que no lo pueden hacer en un día. Criticó que la oposición les heredó “un país a merced de las pandillas y con gravísimos problemas de infraestructura pública”.

“Si así como critica, ayudan, vamos a ver si es cierto”, dijo a la oposición.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista, aseguró que “de lo que se vino a hablar aquí es de los gobiernos anteriores”.

“La excusa que siete años no son suficientes. Siete años que son gobiernos pero cuando fueron miembros del FMLN no los cuentan”, indicó.

“No te enojés. Al que le quede el zapato, que se lo ponga. Les gusta hablar de antes. Ya los quiero ver reconstruir un país después de una guerra… Y lo que costó volver a hacerlo andar, puentes que botaron, escuelas, calles. Esa parte les gusta omitirla, así como les gusta omitir la parte de ser miembros del FMLN”.

Marcela Villatoro (Arena).

La diputada Villatoro también señaló a Nuevas Ideas de endeudar en siete años a El Salvador por más de $31,000 millones “y siguen”, exclamó. “El problema es que cuando se les pide que rindan cuentas no quieren rendir”, agregó.

“Yo lo que he logrado ver es que hay un cierto grupo que le gusta andar hablando del modelo Bukele y se van a meter buscando injerencia política en estos países… Se vuelven magos, tienen el montón de casas, ranchos y han sido más pobres que nadie, o quizás a puro diezmo de la iglesia han logrado hacerse millonarios, porque eran nadie, chancletudos y hoy con las mejores marcas, los mejores trajes”, les reclamó a los diputados de Nuevas Ideas.

Según la legisladora de oposición «esa DOM (Dirección Nacional de Obras Municipales) no sirve» ya que la Asamblea «les ha aprobado millones” para reparar las calles pero estas se encuentran en mal estado.

“Fui a Sonsonate este fin de semana, esa calle era un desastre, hoyos por todos lados. La DOM solo pasa por las calles principales. Tantos millones que se les da aquí y nadie los ve. Síganle echando la culpa al pasado. Háganse cargo”, dijo.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseveró que el «gran problema es la gran corrupción». «La corrupción del pasado no disculpa la corrupción del presente», indicó.

Señaló que el programa «Mi Nueva Escuela» tiene una ejecución presupuestaria del 3.5 % y que «la mitad de las escuelas del país no tienen agua potable».

«Por ahí van a empezar a decir que necesitan 35 años. Gobierno de las nuevas excusas. El problema es que el país se endeuda pero los avances son demasiado pequeños en relación a lo que el país está poniendo como recursos».

Claudia Ortiz (Vamos).

La diputada Ortiz pidió al presidente legislativo, Ernesto Castro, incorporar en la agenda de la sesión plenaria una propuesta de Vamos realizada en junio que incluyó un programa de transporte escolar público y la orientación del 8 % del presupuesto de inversión pública a la reparación de calles que se dirigen a centros escolares. Solo logró tres votos, de Vamos y Arena.