Categoría: Politica

  • Asamblea aprobó acuerdo comercial parcial entre El Salvador y Bolivia

    Asamblea aprobó acuerdo comercial parcial entre El Salvador y Bolivia

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó el martes al Gobierno de El Salvador a suscribir un acuerdo de alcance parcial con el Estado Plurinacional de Bolivia, orientado a fortalecer el comercio bilateral.

    El tratado establece un marco jurídico e institucional que facilitará la libre circulación de bienes, la diversificación de exportaciones y la eliminación progresiva de restricciones arancelarias y no arancelarias.

    Como parte del acuerdo, Bolivia otorgará beneficios a 259 productos salvadoreños, mientras que El Salvador hará lo mismo con 250 productos provenientes de la nación sudamericana.

    Entre los principales productos salvadoreños que podrán ingresar al mercado boliviano destacan la tilapia, el atún, camarones, café en grano y molido, confitería, jugos, medicamentos, cosméticos, textiles, calzado, así como productos de hierro y acero.

    La diputada Evelyn Merlos detalló que el acuerdo también incluye manufacturas como papel, cartón y productos plásticos, ampliando las oportunidades para la industria nacional.

    Por su parte, El Salvador facilitará el acceso a productos bolivianos como frutas, flores, hierba mate, medicamentos, pieles, calzado, vidrio, tuberías y muebles metálicos.

    El convenio contempla además reglas para garantizar condiciones equitativas en el comercio, incluyendo un régimen de origen, medidas de defensa comercial, así como normas sanitarias y fitosanitarias.

    Asimismo, ambos países reconocerán productos emblemáticos. Bolivia reconocerá el café Apaneca-Ilamatepec, licores artesanales y la pupusa de arroz de Olocuilta, mientras que El Salvador hará lo mismo con el singani, la quinua real y vinos del Valle de Cinti.

    Las autoridades señalaron que este acuerdo permitirá diversificar mercados, incentivar inversiones y promover la cooperación en áreas como transferencia tecnológica y energía, incluyendo experiencias en la comercialización de gas licuado de petróleo.

     

  • TSE realiza jornadas informativas para la diáspora sobre el voto en el exterior

    TSE realiza jornadas informativas para la diáspora sobre el voto en el exterior

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició esta semana una serie de reuniones informativas en Estados Unidos dirigidas a salvadoreños en el exterior, como parte de la implementación de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.

    La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que estas jornadas forman parte de una campaña para facilitar el proceso electoral a la diáspora, especialmente en la actualización de su lugar de residencia.

    “Hemos iniciado una campaña para que todos ellos puedan cambiar su lugar de residencia y ejercer este derecho sin ningún contratiempo”, afirmó la funcionaria.

    El TSE detalló que el objetivo es garantizar una participación informada, inclusiva y en igualdad de condiciones para los salvadoreños que residen fuera del país.

    “Aunque estén en el exterior, ellos han sido parte fundamental en su crecimiento económico, en el sostenimiento de sus familias y tienen ese derecho”, expresó Soriano.

    “Queremos facilitarlo”, agregó la presidenta del organismo electoral.

    Las jornadas iniciaron en los consulados de Los Ángeles, California, y Silver Spring, Maryland, desde el lunes hasta hoy miércoles 22 de abril, y continuarán en otras ciudades con alta concentración de salvadoreños.

    El calendario incluye sesiones en San Francisco, California, y Woodbridge, Virginia, los días 23 y 24 de abril; posteriormente en Fresno, California, el 25 y 26; y en San Bernardino, California, el 27 y 28 de abril.

    Los salvadoreños en el exterior tienen derecho al voto presidencial y a votos de diputados, con la salvedad que los votos de salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) domiciliado en el exterior se contabilizan automáticamente para el departamento de San Salvador.

     

  • Destinan $80 millones de títulos colocados en mercado nacional a facilitación de inversiones y competitividad empresarial

    Destinan $80 millones de títulos colocados en mercado nacional a facilitación de inversiones y competitividad empresarial

    Una reforma presupuestaria aprobada el martes indica que, de los $100 millones de títulos valores cuya emisión fue autorizada el pasado 15 de abril, se destinan $80 millones colocados en el mercado nacional al Ministerio de Economía con el fin de facilitar inversiones en El Salvador entre otros objetivos económicos.

    La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y Partido de Concertación Nacional (PCN). Arena y Vamos, partidos de oposición, no votaron; y el diputado PDC estaba ausente.

    Según el decreto, los fondos se destinarán a “facilitación de inversiones, innovación productiva, mejora de la competitividad empresarial, transformación digital” y otras finalidades no detalladas. El decreto no especifica la partida exacta o la unidad presupuestaria que recibirá los fondos dentro del presupuesto del Ministerio de Economía. Únicamente se detalla que en el apartado de gastos se refuerzan «las asignaciones vigentes del Ramo de Economía».

    Nuevas Ideas y PCN aprobaron $80 millones para Economía. El PDC se encontraba ausente y Arena y Vamos no votaron. / Asamblea.

    Cuando la Asamblea Legislativa autorizó la emisión de los $100 millones en títulos, estableció en el decreto legislativo 552 que podrían usarse para «atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos».

    El Gobierno sostiene que en el ramo de Economía surgieron «diversas necesidades urgentes y de carácter estratégico en facilitación de inversiones, innovación productiva, mejora en la competitividad empresarial, transformación digital. No se especificó si se usará el financiamiento en la contratación de servicios.

    El presupuesto del Ministerio de Economía asciende a $71.8 millones luego de modificaciones que lo incrementaron en $8 millones.

    La unidad presupuestaria de «Innovación y competitividad 2026» sufrió un recorte de $559,366, hasta febrero de 2026. Esta unidad tiene dos líneas presupuestarias: innovación y competitividad, que tiene un presupuesto de $1.6 millones; e inteligencia y política económica, que tiene asignados $210,135.

    Entre las instituciones adscritas a Economía, están la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), la Comisión Nacional de Activos Digitales, la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin y el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf). Conamype tiene una asignación de $5.6 millones; la Comisión de Activos Digitales, $2 millones; la Agencia Bitcoin, $1.4 millones; y el Incaf, $10.6 millones. Ninguna de las asignaciones a estas entidades, registradas en el presupuesto de Economía, han sufrido modificaciones.

    Por otra parte, en 2025, el Gobierno colocó $149.5 millones de títulos valores en el mercado nacional, pese a que se había autorizado $566.6 millones. Sin embargo, las instituciones descentralizadas y empresas públicas colocaron $35 millones en el mercado nacional y $580 millones en el mercado externo.

  • Afectados de Cosavi preguntan a SSF quién autorizó venta de deuda municipal con la cooperativa a titularizadora

    Afectados de Cosavi preguntan a SSF quién autorizó venta de deuda municipal con la cooperativa a titularizadora

    El representante de los afectados del fraude millonario de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi), Juan José Ortiz, pidió públicamente el martes a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que les informe quien autorizó la venta por $20.2 millones de activos de Cosavi a la empresa titularizadora Hencorp.

    “Se vendió de Cosavi una cartera de préstamos a una empresa privada que se dedica a la compra-venta de títulos valores, la empresa Hencorp, al día de hoy los afectados no tenemos información oficial por parte de la señora Evelyn de Gracia, no sabemos quién autorizó la venta porque los dueños de la cooperativa seguimos siendo nosotros”, afirmó el afectado.

    Según Ortiz, al 8 de mayo de 2024, Cosavi tenía $230 millones de activos, pero enfatizó que no saben qué cartera se vendió a Hencorp y cuánto era el precio original ya que explicó que Hencorp es una empresa que “no va a comprar una cartera al mismo precio”. Además, se cuestionó sobre si el juez que lleva la causa penal fue quien autorizó la venta de la cartera de deuda. “Tampoco sabemos si ese dinero ha ingresado a las arcas de Cosavi”, cuestionó.

    “No entendemos cómo estando intervenida (la cooperativa), están vendiendo activos de la cooperativa, pero a los afectados no se nos devuelve ni un tan solo centavo”. Juan José Ortiz, representante de los afectados de Cosavi.

    El informe de endeudamiento municipal del Ministerio de Hacienda detalla que los saldos de la deuda municipal al 31 de diciembre ascienden a $756.1 millones y se incluyen $20,259,000 a manos de Hencorp Valores, S.A. como institución acreedora.

    Entre los saldos de endeudamiento municipal y sus acreedores aparece Hencorp con la «compra cartera Cosavi». / Ministerio de Hacienda.

    Con esta venta de cartera de deuda, Cosavi habría obtenido liquidez y las municipalidades ya no le deberían esos fondos a Cosavi sino a Hencorp Valores.

    Los afectados de Cosavi pidieron a la SSF que paguen los certificados de aportación, ya que según el representante la SSF «no ha entregado ni un cinco» a socios que tienen certificados de $5,000 y $10,000. Afirmó que el dinero obtenido por la venta de la cartera de préstamos a los municipios «alcanza para devolverle hasta un monto de $25,000 para abajo todos los certificados de aportación».

    13 socios de Cosavi fallecidos

    El representante de los afectados de Cosavi informó que las dos fundadoras del Colegio Miralvalle que fallecieron el jueves pasado en un accidente de tránsito en la carretera de Santa Ana a San Salvador eran socias de Cosavi, y fueron las víctimas 12 y 13 de los afectados.

    El martes, frente a la sede de la SSF, un grupo de afectados de Cosavi hicieron un minuto de silencio por los 13 socios fallecidos de la cooperativa, desde que se dio a conocer el fraude millonario.

    A la vez Ortiz informó que han encargado un “análisis jurídico para valorar si este mecanismo de secuestro no constituye una herramienta de tortura dado que llevamos 13 fallecidos” y que evalúan enviar una demanda a la Corte Penal Internacional por los fallecidos del caso Cosavi.

  • Por finalizar la ejecución de un préstamo del BCIE aprobado en 2013 para cárceles y brazaletes

    Por finalizar la ejecución de un préstamo del BCIE aprobado en 2013 para cárceles y brazaletes

    La Asamblea Legislativa incorporó al presupuesto 2026 los últimos $1,518,671.87 de un préstamo de $71 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobado el 3 de octubre de 2013 para el «Programa fortalecimiento del sistema penitenciario en El Salvador», lo que marcaría la ejecución total del mismo.

    De los $71 millones del préstamo, el Ministerio de Seguridad y Justicia ejecutó $54.3 millones, con lo cual según el Gobierno cumplió el 100 % de las metas del programa.

    El BCIE autorizó que el resto de fondos, $16.6 millones, fueran asignados al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el cual tiene una ejecución acumulada de $15.1 millones.

    Por ello, el saldo del programa, asciende a $1,518,671.87, monto que se destinaría a obras adicionales en las cocinas industriales de las cárceles, a la compra de 776 brazaletes adicionales para privados de libertad y $78,000 para contratar a un especialista financiero y servicios de auditoría y otros gastos para el cierre del programa.

    El préstamo fue gestionado durante la administración del expresidente Mauricio Funes para la ampliación del centro penal de Izalco, construcción de granjas penitenciarias, compra de brazaletes y construcción de un centro penal en Morazán.

    El plazo de pago del préstamo fue de 15 años, incluidos 30 meses de gracia.

  • Transferirán inmuebles a favor de Fonavipo para legalización de comunidad Barrio La Aduana

    Transferirán inmuebles a favor de Fonavipo para legalización de comunidad Barrio La Aduana

    El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley para transferir dos inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para legalizar propiedades a favor de familias de la comunidad Barrio La Aduana.

    Se beneficiaría a las familias que hayan ocupado previamente las porciones de terreno de forma ininterrumpida por lo menos 10 años consecutivos. El Ministerio de Vivienda levantaría el censo de las familias beneficiarias, que no podrán transferir los bienes en los 20 años siguientes después de otorgada la escritura pública.

    Se trata de dos inmuebles habitados de manera irregular o declarado en desuso:

    1. Inmueble urbano ubicado en la avenida Francisco Oseguera, municipio de Puerto El Triunfo, Usulután, de una extensión de 9,216.13 metros cuadrados, de los cuales 7,419.49 son habitados por la comunidad Barrio La Aduana de forma irregular. Fue valorado en $176,600 por Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, el 27 de enero de 2022.

    2. Inmueble de 1,573 metros cuadrados sin antecedente registral, declarado en desuso por acuerdo municipal de Puerto El Triunfo, ahora Usulután Oeste, el 22 de febrero de 2023. Fue valorado en $29,900, el 27 de enero de 2022.

    Según la petición, el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2023 que el Ministerio de Hacienda transfiriera los inmuebles a Fonavipo para que «sean transferidos a título gratuito a favor de las familias de la comunidad Barrio Aduana», decisión ratificada el 27 de mayo de 2025.

     

  • Ratifican préstamo de $501.2 millones del BIRF que será desembolsado por indicadores educativos y podrá usarse para obligaciones

    Ratifican préstamo de $501.2 millones del BIRF que será desembolsado por indicadores educativos y podrá usarse para obligaciones

    La Asamblea Legislativa ratificó este martes el contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $501.2 millones que será entregado según indicadores educativos pero que podrá utilizarse en transferencias y obligaciones generales del Estado.

    El préstamo fue aprobado con 56 votos de Nuevas ideas y sus aliados. La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

    El destino del financiamiento se define para «financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital» pero el decreto de autorización del crédito, aprobado el 9 de abril pasado, establece que los fondos pueden ser utilizados para apoyar «acciones estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias».

    Sin embargo, el Gobierno deberá cumplir ciertos indicadores educativos para ir accediendo a los $501,253,133,000 a lo largo de cinco años que dura la ejecución del programa del préstamo.

    ¿Qué indicadores educativos deberá el Gobierno cumplir para el desembolso del préstamo?

    1. Plataforma digital de aprendizaje en al menos al 70 % de estudiantes desde el 2º grado al 2º año de bachillerato.
    2. Aumento del 10 % en el porcentaje de alumnos de tercer grado con competencia de matemáticas, y del 15 % en sexto grado.
    3. Aumento del 10 % en el porcentaje de alumnos de tercer grado con competencia de aprendizaje de lectura y del 15 % de aumento en sexto grado.
    4. El Gobierno deberá implementar “un sistema de evaluación del aprendizaje” al menos “dos veces durante la implementación del programa en dos años escolares diferentes”.
    5. La plataforma de datos educativos deberá funcionar en al menos el 80 % de escuelas bajo el programa.
    6. Tecnología en el aula en 60 % de las aulas de 2º grado a 2º año de bachillerato.

    El préstamo deberá ser pagado en un plazo de 25 años con 5 años de gracia, en cuotas semestrales, con tasa de referencia más un margen variable, efectuándose una fijación automática de la tasa de referencia si los desembolsos sean iguales o excedan los $50,125,313, y se deberá pagar una comisión inicial del 0.25 % y una comisión de compromiso del 0.25 % anual sobre saldo no desembolsado.

  • Presupuestan $9.5 millones de préstamo a Secretaría de Innovación para conectividad social

    Presupuestan $9.5 millones de préstamo a Secretaría de Innovación para conectividad social

    Con votos de Nuevas Ideas, sus aliados y de Vamos, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto 2026 del Estado para incorporar $9.5 millones de préstamos externos y donaciones a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República.

    Los fondos serán destinados para reforzar el proyecto de inversión 7458 para «financiar el pago de servicios de conectividad a la red de acceso, equipamiento informático para escuelas y unidades de salud, formación en línea dirigida a funcionarios públicos y población beneficiada como estudiantes, docentes, personal médico y de salud».

    Los fondos también serán utilizados para auditoría y evaluación del proyecto.

    El dinero será incorporado en el rubro de ingresos: $2.1 millones de una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa, $4.3 millones del préstamo del BID para el programa de conectividad digital social, $3 millones del préstamo 5341/KI-ES suscrito con el BID como administrador de recursos de la facilidad de Corea de cofinanciamiento para el desarrollo de infraestructura para América Latina y el Caribe.

     

  • Asamblea ratifica préstamo de $75 millones para ampliar cobertura de DoctorSV de 18,000 a 30,000 llamadas diarias

    Asamblea ratifica préstamo de $75 millones para ampliar cobertura de DoctorSV de 18,000 a 30,000 llamadas diarias

    Con 56 votos y el voto en contra de la diputada Cesia Rivas (Vamos), la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones que se deberá pagar en 18 años para ampliar la cobertura de consultas médicas a través de la plataforma DoctorSV con Google.

    Con los fondos el Gobierno prevé el aumento de 18,000 a 30,000 llamadas diarias con el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos, además de prolongar la compra a farmacias y laboratorios.

    Los fondos se destinarían a: mantenimiento de la plataforma, contratación de servicios de farmacias, laboratorios clínicos, análisis médicos, contratación de servicios profesionales de operadores y personal clave, e instalación de 400 quioscos dispensadores de medicamentos.

    La diputada Cesia Rivas, de Vamos, que votó en contra, explicó que «si bien viene a descongestionar todo el tema de salud», es «una parte». «La ciudadanía ha estado resintiendo mucho, las condiciones en las que están los hospitales públicos, no hay medicamentos, no hay especialistas». La legisladora también cuestionó que no se ha indemnizado a todo el personal de salud que ha sido despedido.

  • Aprueban $10 millones para edificio del TSE, Vamos dice que no votar sería “despilfarro”

    Aprueban $10 millones para edificio del TSE, Vamos dice que no votar sería “despilfarro”

    La Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria que inyecta $10.1 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de que adquiera definitivamente el inmueble a la sociedad Alpha Inversiones, S.A. de C.V., propietario del inmueble que actualmente es arrendado al órgano electoral y que se ubica en la colonia Escalón, distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro.

    El Ministerio de Hacienda «emitió un valúo» del inmueble por $10,124,100 en enero de 2025 y, en marzo de 2026, verificó que el presupuesto especial extraordinario tenía un saldo de $11,452,851.68.

    A la diputada Cesia Rivas, de Vamos, le llamó la atención que “todavía tenía disponible” dentro del presupuesto del TSE cuando “había muchas quejas” de la falta de pago del TSE para las personas que trabajaron en las mesas electorales.

    “No podemos olvidar que en agosto de 2022 el TSE estaba inaugurando un edificio que le costaba a todos los que pagamos impuestos, $175,000 al mes de alquiler, hacemos números: solo en renta son más de $6 millones. Sin duda que mejor que se adquiere el inmueble es lo ideal”, afirmó.

    La diputada de oposición señaló que se está “haciendo costumbre” de usar deuda sin saber “para dónde se está yendo”. “Y si se están viendo, tenemos que esperar siete años, ejemplo el Hospital Rosales, que ahorita están bonitas las luces, se puede ir a tomar fotos, pero usted no puede ir a pasar consulta ni ser atendido ni recibir medicamentos ni tener su derecho a la salud como se debe”, cuestionó Rivas.

    No votar a favor, “sería un despilfarro”, valoró la diputada de Vamos, que sí votó por la reforma. “Cada vez que usted vea un edificio con el nombre muy bonito, ignoramos cuánto están pagando de alquiler y dos quiénes son los dueños”, cuestionó. Según los registros del CNR el representante legal de la sociedad propietaria del edificio que será del TSE es Gustavo Enrique Javier Simán Daboub.

    Por su parte, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN) consideró positivo que el TSE “ya no tenga que seguir pagando renta”. “Se está haciendo con impuestos del pueblo, ¿cuántas Fiscalías pasaron en el exedificio que ni siquiera el ascensor servía?”, dijo.