Categoría: Politica

  • Así quedó regulado el pago de aguinaldos o «compensaciones» en las instituciones de gobierno

    Así quedó regulado el pago de aguinaldos o «compensaciones» en las instituciones de gobierno

    La Asamblea Legislativa aprobó un decreto de reformas a la «Ley de la compensación adicional en efectivo» para ampliar el período de pago desde el 20 de octubre al 20 de diciembre de cada año fiscal, entre otras modificaciones.

    La reforma aún no está vigente.

    «Los pagos referentes a la compensación adicional en efectivo podrán realizarse entre el veinte de octubre y el veinte de diciembre de cada año, sin que, en ningún caso pueda excederse de la fecha límite de pago», especifica la reforma, adelantando de esa forma la fecha límite de 23 de diciembre de cada año que establecía.

    Según los considerandos del decreto de reforma, la compensación según la ley vigente debía concederse en diciembre «antes del 23 de dicho mes a todo el personal civil y militar, al servicio de la administración pública» y es necesario «ampliar el periodo» para generar condiciones a favor de «todos los servidores del sector público».

    Esta disposición aplica a «todo el personal civil y militar, al servicio de la Administración Pública». El beneficio será concedido «a todo el personal, que durante el mes de octubre se encuentre prestando servicio con nombramiento en Ley de Salarios, por Contrato o por jornales».

    El decreto de reforma contiene 12 artículos, reformas a seis artículos, un nuevo artículo, además de cuatro disposiciones finales y transitorias.

    ¿Quiénes tienen derecho a la compensación?

    Las reformas establecen el derecho a la compensación adicional para quienes estén en servicio en octubre y que tengan seis meses de prestar servicios al Estado, sin haber sido suspendido por más de un mes o destituido.

    Otra reforma es que los empleados públicos que en el mes de octubre se deben encontrar desempeñando plazas que hayan sido creadas en cualquier época del año; ellos «tendrán derecho a la compensación adicional, siempre que, al pasar a ocupar dichas plazas, hayan estado al servicio del Estado, aun cuando su remuneración se le haya reconocido a base de contrato o por medio de planilla de jornales».

    En estos casos, «para completar los seis meses de servicio, se sumarán tanto el período de desempeño de las plazas creadas como el tiempo que corresponda a las otras formas de pago», por Ley de salarios o jornales.

    Los empleados públicos que en el mes de octubre se encuentren de de licencia con goce de sueldo por cualquier motivo legal o de licencia sin goce de sueldo por enfermedad también tendrán derecho a la compensación adicional en efectivo.

    Hacienda determinará las fechas

    Con las reformas, también se faculta al Ministerio de Hacienda a establecer, a través de un acuerdo ejecutivo, las fechas en las que «deberá realizarse el pago de esta compensación» dentro del nuevo período establecido.

    Compensación anticipada

    Si el empleado público cumple los seis meses en diciembre, también tendrá derecho a la compensación económica «se les deberá reconocer de manera anticipada, el derecho a gozar de la compensación».

    Si no tienen seis meses, será proporcional

    En el caso de que empleados y funcionarios públicos, que en el presente ejercicio fiscal, no cumplan los seis meses de servicio al mes de diciembre, el pago de la compensación adicional en efectivo se realizará de manera anticipada y proporcional, por el total del tiempo de servicio que incluya hasta el mes de diciembre.

    Si los empleados y funcionarios públicos ingresan a trabajar en el sector público después de la entrada en vigencia de este Decreto, se les pagará en el mes de diciembre del presente año, la parte proporcional que corresponde como compensación adicional en efectivo.

    Estas reformas entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

    Las reformas fueron aprobadas con 58 votos, incluidos los votos del partido Arena.

  • Asamblea adelanta al 20 de octubre el plazo para empezar a pagar el aguinaldo en lo público y privado

    Asamblea adelanta al 20 de octubre el plazo para empezar a pagar el aguinaldo en lo público y privado

    La Asamblea Legislativa reformó el miércoles el Código de Trabajo y la «Ley sobre la compensación adicional en efectivo» para adelantar de diciembre a octubre la fecha inicial en la cual empresas privadas o instituciones públicas en El Salvador pueden entregar el aguinaldo.

    La reforma permite que los patronos realicen el pago de aguinaldos desde el 20 de octubre y mantiene como fecha límite el 20 de diciembre de cada año.

    En el Código de Trabajo, el lapso actual para pagar aguinaldos es del 12 al 20 de diciembre de cada año. En la Ley de compensación adicional en efectivo, que regula el pago de estas compensaciones de diciembre para personal militar y civil de la administración pública, establece como último día el 23 de diciembre.

    La decisión de adelantar el pago a octubre será optativa para las empresas privadas o instituciones públicas respectivas.

    En los considerandos de la reforma al Código de Trabajo, el gobierno argumentó que busca «dar la posibilidad que el pago del aguinaldo a los trabajadores pueda realizarse en fechas distintas en atención a la disponibilidad de recursos con que cuenta cada patrono»; y en la propuesta de reforma a la Ley de compensación, que busca «generar condiciones económicas a favor de todos los servidores del sector público».

    «Será una decisión de los patronos», enfatizó el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas. «Lo más seguro es que van a pagar hasta diciembre», calculó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, refiriéndose a los pagos de aguinaldos en el sector privado.

    Los cambios

    Uno de los cambios se hizo el artículo 200 del Código de Trabajo, así: «La prima que en concepto de aguinaldo debe entregarse a los trabajadores que tienen derecho a ella, deberá pagarse en el lapso comprendido entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. Será decisión de cada patrono fijar una fecha para el pago de esa prima dentro del periodo dispuesto en el inciso precedente. La definición de la fecha en la que se deberá pagar esta prima en ningún caso podrá exceder el 20 de diciembre de cada año».

    La reforma a dicha ley laboral fue aprobada con 58 votos de los diputados presentes, incluidos los tres diputados de oposición, de Vamos y Arena.

    Otra modificación al Código de Trabajo es que, si se declara «por terminado» un contrato de trabajo o el trabajador es despedido sin causa legal antes del 20 de octubre, deberá recibir el aguinaldo «de manera proporcional al tiempo trabajado»; disposición que ya existe pero que considera la terminación del contrato «antes del 20 de diciembre».

    La reforma a la Ley sobre la compensación adicional en efectivo, la normativa que regula estos pagos que recibe en diciembre el personal de la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad pública, bomberos y personal civil y militar al servicio de la administración pública, también cambia el lapso para pagar estas compensaciones: la fecha inicial se adelanta al 20 de octubre y la fecha final se adelanta al 20 de diciembre, y ya no el 23 de diciembre, como establece la normativa actual.

    Ambos decretos fueron aprobados con dispensa de trámites, luego de que fueran solicitados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

    El adelanto del lapso del pago de aguinaldos fue acompañada de la tradicional reforma legislativa de todos los años que exoneran los aguinaldos de hasta $1,500, exención que también aplica a las compensaciones que reciben empleados públicos según la Ley sobre la compensación adicional en efectivo. La exención iniciará su vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial, mientras la ampliación del plazo, ocho días después de la publicación.

    La Asamblea aprobó un transitorio de exoneración del Impuesto sobre la Renta a los aguinaldos.

  • Inicia vigencia de nueva facultad del CSSP para autorizar centros de salud privados sin aval de juntas

    Inicia vigencia de nueva facultad del CSSP para autorizar centros de salud privados sin aval de juntas

    Ya están vigentes las reformas que facultan al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) a autorizar establecimientos de salud privados en El Salvador sin el informe favorable o la inspección de las juntas de vigilancia de la profesión respectiva.

    Las reformas a los artículos 14, 17 y 24 del Código de Salud y al artículo 11 de la Ley del Consejo Superior de Salud y de las juntas de vigilancia de las profesiones de salud, así como la derogatoria del literal “e” del artículo 10, fueron publicadas en el Diario Oficial del miércoles 8 de octubre e iniciaron su vigencia este miércoles 15 de octubre.

    Ambas modificaciones eliminaron el “informe favorable” de la junta de vigilancia de la profesión respectiva requerido para que el CSSP autorice un establecimiento de salud del sector privado, y también se derogó la atribución de las juntas de vigilancia de “rendir informe razonado ante el Consejo” para hacer ese informe.

    La reforma facultaría al CSSP a que autorice otros servicios, como servicios médicos a domicilio y de cuidado a adultos mayores; y reincorpora a los profesionales de la Licenciatura en Trabajo Social que laboren en el sistema integrado de salud dentro de las profesiones médicas.

    CSSP establecerá requisitos

    En la facultad reformada del CSSP, esta “establecerá los requerimientos técnico-administrativos que dictarán los requisitos sanitarios a cumplir para su autorización”.

    El CSSP autoriza y registra los establecimientos de salud ante la Unidad de Registro de Establecimientos de Salud (URES), que deberán presentar su acreditación del Consejo Nacional de Especialidades Médicas (Conadem), un contrato de desechos bioinfecciosos en caso de generarlos, una autorización para realizar la notificación electrónica y si es laboratorio clínico una hoja de referencia o listado de exámenes a realizar.

    Actualmente, el proceso indica que “la Junta de Vigilancia o la Unidad Técnica de Certificación y Auditoría de Servicios de Salud realizará la inspección de ley”.

    Después de la aprobación del Consejo Directivo del CSSP se notificará al propietario del establecimiento la resolución, su certificado de licencia de funcionamiento, el sello y el diploma de regente.

    Los centros pueden ser: hospitales, clínicas, establecimiento para servicios odontológicos, médicos, laboratorios clínicos y veterinarios, servicios de enfermería en establecimiento, servicios farmacéuticos, consultorios médicos, servicios de radiología, entre otros.

  • Aguinaldos podrán pagarse desde el 20 de octubre; montos de hasta $1,500 estarán exentos

    Aguinaldos podrán pagarse desde el 20 de octubre; montos de hasta $1,500 estarán exentos

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles disposiciones especiales para eximir del Impuesto sobre la Renta los ingresos de hasta $1,500 que reciban en concepto de aguinaldos los trabajadores en El Salvador, así como un cambio en el rango de fechas permitidas para pagar los aguinaldos.

    «La prima que en concepto de aguinaldo debe entregarse a los trabajadores que tienen derecho a ella deberá pagarse en el lapso comprendido entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año», es el nuevo inciso del artículo 200 reformado del Código de Trabajo.

    Similares reformas se están realizando, este mismo miércoles, a la Ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público, para ampliar de la misma manera el periodo de pago de aguinaldos o «compensaciones en efectivo» que reciben en diciembre. La ley actual establece como fecha límite de pago en el sector público 23 de diciembre.

    Por la exención del Impuesto sobre la Renta y por la reforma al Código de Trabajo para ampliar el plazo para pagar el aguinaldo, votaron Nuevas Ideas y sus aliados, así como diputados de Arena y Vamos. Por la reforma a la Ley de compensación en efectivo para los empleados del sector público, no votó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

    Actualmente, el pago de aguinaldo en el sector privado debe ser realizada entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año.

    El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, dijo que con esta reforma «la empresa pueda organizarse de una mejor forma» e incluso realizar los pagos de manera «escalonada».

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió aumentar los aguinaldos, reformando el cálculo así: para que quienes tienen 1 a 2 años de servicio reciban los 15 días de salario como aguinaldo, pero si las personas tienen de 2 a 5 años de servicio, reciban 20 días; y si tienen más de 5 años de servicio o un salario menor al 150 % del salario mínimo, que reciban 25 días de salario como aguinaldo. La propuesta de Vamos no tuvo apoyo de Nuevas Ideas y solo tuvo 2 votos.

    Las piezas de correspondencia fueron introducidas por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, de Nuevas Ideas, y fueron incorporadas a la agenda legislativa con 57 votos, incluido el de la diputada Marcela Villatoro, de Arena. La solicitud fue enviada por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

    Respecto a la exención de impuestos a los aguinaldos de hasta $1,500, todos los años se aprueba un decreto similar. En 2024, transitoriamente también se declararon “como rentas no gravables” del Impuesto sobre la Renta “los ingresos que reciban los trabajadores en concepto de aguinaldo” hasta “un monto igual y no mayor de $1,500”, “no estará sujeto a la retención del referido impuesto”. También, los aguinaldos que excedan dicho monto “estarán sujetos a la retención y al pago del Impuesto sobre la Renta”.

    Este año, la exención también aplica a las compensaciones que reciben en diciembre los empleados del sector público.

    ¿Cuánto reciben de aguinaldo los trabajadores?

    El Código de Trabajo establece los diferentes montos que deben recibir los trabajadores según su tiempo de trabajo.

    15 días: una prestación equivalente al salario de 15 días para los trabajadores que tienen un año de servicio y menos de 3 años de servicio.

    19 días: una prestación equivalente al salario de 19 días para los trabajadores que tienen entre 3 años y 10 años de servicio.

    21 días: una prestación equivalente al salario de 21 días para los trabajadores que tienen 10 años o más años de servicio.

  • Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de «cómplice»

    Raquel de Guevara reelecta como procuradora de derechos humanos, diputadas Villatoro y Ortiz la señalan de «cómplice»

    La Asamblea Legislativa reeligió, en medio de una polémica, a la actual procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, para que siga en el cargo por tres años más.

    Caballero fue propuesta por Nuevas Ideas y sus aliados, PCN y PDC, coincidieron en la propuesta.

    La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, defendió el proceso de elección diciendo que respetaron los parámetros que exige la Constitución.

    «Los parámetros que exige la Constitución, para las preguntas en estas entrevistas, son principios son democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia, estos son los principios que deben de regir los procesos de elección de segundo grado», dijo.

    Según la diputada, la Comisión Política «hace un trabajo previo» de entrevistas, verificar datos de los candidatos, pero «quienes tienen la potestad de decir sobre los candidatos de segundo grado somos el pleno legislativo, conformado por todos los diputados electos, tomar la decisión de quién será el nuevo procurador de derechos humanos», detalló la diputada.

    No explicó cómo tomaron la decisión de optar por Raquel Caballero de Guevara y descartar a los otros cuatro candidatos.

    Luego, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también «en la sintonía de la diputada Callejas» para defender la transparencia del proceso de elección que se siguió para elegir titular de la PDDH.

    «Es un proceso transparente y ha sido responsable, y en nombre de la Comisión Política quiero proponer a la doctora Raquel Caballero de Guevara para que siga al frente de la institución», dijo Guevara.

    El diputado Serafín Orantes, del PCN, pidió la palabra.

    Anunció que respaldan «la propuesta del diputado Guevara y su total apoyo a la doctora Raquel Caballero de Guevara como procuradora para los próximos tres años».

    También coincidió el diputado Reinaldo Carballo, del PDC.

    «Como diputado del partido de la nueva Democracia Cristiana, hemos analizado y revisado el perfil de la doctora Raquel Caballero de Guevara y estamos de acuerdo que sea ella quien ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», dijo.

    Tampoco explicó cómo llegaron a la decisión de optar por la candidata. «En uso de las facultades que me confiere la Constitución y el Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, deseo manifestar que también proponemos a la doctora Raquel Caballero de Guevara, para que ocupe el cargo de procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos», manifestó Carballo.

    Oposición señalan a PDDH: «encubrimiento», «complicidad» y «útil al régimen»

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, en uso de la palabra, y como parte de la Comisión Política, dijo que si bien es cierto se entrevistó a los candidatos y se conocieron los perfiles es necesario que los salvadoreños sepan sobre la elección, por la funcionaria debe velar por los derechos humanos de los salvadoreños.

    «Dijo varias respuestas que nosotros consideramos que no cumplen lo necesario, porque fueron respuestas de una persona que encubría, que se volvía cómplice y que silenciaba la realidad de los derechos humanos en el país. Por ejemplo, yo le pregunté si había casos de personas sufriendo tortura y ella me decía que no; entre otras cosas, nosotros pudimos comprobar que sí habían casos de tortura en nuestro país, que incluso la CIDH y otras instituciones han podido corroborar y es por eso que nosotros como grupo parlamentario no acompañaremos a la procuradora actual en su reelección», aseveró la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, expresó que este día «es muy triste para  la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país», cuestionando la falta de idoneidad de la procuradora para seguir en el cargo.

    «Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones es el que ha sido señalado como mayor violador de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador», señaló Ortiz.

    La diputada de Vamos mencionó que hay más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado en un contexto de «masivas detenciones arbitrarias» de personas sin vínculos con el crimen organizado ni con las pandillas y una  suspensión de las garantías constitucionales que vive El Salvador por más de tres años.

    «La institución que fue creada desde Los Acuerdos de Paz, para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido una institución ausente y cómplice», aseveró Ortiz.

    La diputada de Vamos aseguró que la procuradora Raquel de Guevara «deja en evidencia que ha sido útil» al régimen.

    «Lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador y ha sido útil a este régimen, porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo y El Salvador está siendo reconocido como un país violador de derechos humanos», aseveró.

    Nuevas Ideas habla sobre «derechos de la gente honrada»

    Sin referirse a Raquel de Guevara, la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, pidió la palabra para defender el proceso de entrevistas de los candidatos y los derechos «de la gente honrada».

    «Aquí es importante decir que si se contestaron las preguntas o se contestaron de la forma que a mí me hubiera gustado, los salvadoreños pueden escuchar las entrevistas», dijo.

    También se refirió a la actividad de los pandilleros en el país antes del régimen de excepción.

    «Durante 30 años, pasamos siendo acribillados, violados, renteados, amenazados, viviendo en la zozobra y de pronto agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, eso dijo el presidente Nayib Bukele hace algún tiempo y coincido en que El Salvador vive una nueva realidad, donde se respetan los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora. El verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran su territorio «, respondió Rivas.

    También, agregó que «algunas personas» «solo dicen no» y no proponen.

    Villatoro señala a Caballero de «genuflexa»

    La diputada Villatoro pidió nuevamente la palabra, para reiterar que la reelección de la procuradora no es la correcta por «los informes de torturas y de violaciones de derechos humanos» que existen en El Salvador y que «están documentados».

    Villatoro recalcó que «nadie está justificando lo que han hecho mareros, todos queremos que sigan presos, estamos velando por las personas que no han cometido delito, que tienen carta de liberación y no han sido liberadas por este sistema. Dejen de manipular a la gente… Y dejen de justificar la elección de una persona que no ha hecho nada y necesitan a alguien que  no haya hecho nada, y necesitan que sea cómplice, que guarde silencio, una persona genuflexa, que solo diga que sí, porque un verdadero procurador de derechos humanos no le importa quién esté en el poder, va a velar por la gente, le guste o no le guste al gobierno, aquí nadie está defendiendo mareros, estamos hablando por el salvadoreño de bien».

    Luego, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, dijo que «la mayoría manda» y que le dan cumplimiento de lo que «la ley dice», y que si «algunos les gusta y a otros no, pero se respetan los pensamientos, que no se comparten es otra cosa», defendió.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó el uso de la palabra para recalcar que no se conocieron los expedientes completos de los candidatos sino solo un resumen.

    Ortiz pregunta por qué es la idónea

    La representante de Vamos dijo pidió a Nuevas Ideas explicar «las razones por qué la candidata reelecta es la más idónea. ¿Por qué esa persona ha hecho un gran trabajo según ustedes?».

    Rivas intervino y con celular en mano aseguró que hay un video en «donde están los expedientes de los candidatos», «hasta la foto», dijo. La diputada Ortiz no le respondió.

    Finalmente, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la reelección de la procuradora, quien fue reelecta en el cargo con 57 votos a favor y tres en contra. La funcionaria fue juramentada por el diputado Castro.

  • Aprueban ley de fondos de inversión privados, NI dice da certeza y Vamos señala riesgo de lavado

    Aprueban ley de fondos de inversión privados, NI dice da certeza y Vamos señala riesgo de lavado

    La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos, que crea una regulación distinta a la aplicada al sistema financiero salvadoreño, para regular los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF) en donde personas o «inversionistas sofisticados» podrán invertir al menos $250,000.

    Estos fondos podrán ser invertidos activos digitales como bitcoin.

    Los PAIF serán propiedad exclusiva de los inversionistas y sus fondos se podrán invertir en activos digitales, con la ventaja de que sus ganancias o sus utilidades no pagarán Impuesto sobre la Renta en El Salvador.

    Estos fondos y sus sociedades administradoras no estarán reguladas como los bancos por la “Ley de supervisión y regulación del sistema financiero”, aunque la ejecución de la supervisión sí la hará la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Banco Central de Reserva (BCR), que emitirá normas técnicas para regular los requisitos de informes de auditorías o políticas de funcionamiento.

    El gobierno busca atraer inversiones con la nueva normativa, pero la oposición cuestiona los riesgos de que los fondos invertidos provengan de ilícitos.

    Nuevas Ideas: “da certeza jurídica”

    La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, destacó que la nueva regulación da certeza jurídica a las inversiones que hagan los inversionistas sofisticados, que podrán invertir en activos digitales.

    “La legislación debe regular la actividad que ya está pasando… Es uno de los temas que los inversionistas están buscando, generar su inversión y que haya una regulación que pueda darle una certeza jurídica al capital que ellos están invirtiendo”, indicó la diputada.

    Agregó que, al regular este tipo de fondos, “se reduce el riesgo a fraudes e inestabilidad financiera” para proteger la economía salvadoreña.

    “Los PAIF no solo van a traer grandes capitales, sino que se van a canalizar recursos hacia proyectos importantes en sectores como energía renovable, desarrollos inmobiliarios, tecnología y activos digitales”. Elisa Rosales, diputada de Nuevas Ideas.

    La legisladora espera que la ley fortalezca “el ecosistema de inversiones para El Salvador” y con el tiempo “esto puede llegar el financiamiento no tradicional para los salvadoreños”.

    Según Rosales, estos fondos alternativos ya son regulados en Estados Unidos, India, Singapur, Suiza, Brasil, México, Chile y Uruguay.

    Convierte país en “paraíso” fiscal

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió modificar el artículo 14, sobre las facultades de la SSF para corroborar el cumplimiento de un marco de gestión de riesgos de los fondos de inversión privados alternativos.

    “Este artículo 14 dice que la Superintendencia podrá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las administradoras de estos fondos de inversión en materia de lavado de dinero y activos; dice podrá, no dice deberá”, advirtió Ortiz.

    Si existe una exposición a riesgos o hay deficiencias en estos fondos de inversión, la SSF podría solicitarle adecuaciones pertinentes.

    El problema, según Ortiz, es que la SSF tendrá como “opción” exigir o no estas adecuaciones a las sociedades administradoras de este tipo de inversiones. Ortiz pidió que se sustituya por el verbo “deberá” para que la facultad de la SSF sea obligatoria.

    La diputada de Vamos agregó que si las inversiones incluyen los activos digitales, incluidos los servicios de proveedores de bitin, es muy importante que la entidad que supervisará “sea fuerte y no tenga una facultad discrecional, ‘podrá’, yo invito a que consideren este cambio para que el marco sea sólido”, pidió.

    La petición de Ortiz tuvo solo dos votos y en reacción la diputada calificó de pasapapeles a la Asamblea Legislativa y señaló a los diputados de Nuevas Ideas de representar a un pequeño grupo que está convirtiendo a El Salvador “en una suerte de paraíso” para inversionistas de criptoactivos y activos digitales.

    “Al final luego de siete años de gestión, el esperado milagro económico nunca llega y encima se pone en riesgo a nuestro país de tener este tipo de actividades que realmente podrían generarnos una muy mala reputación a nivel internacional”.

    Claudia Ortiz (Vamos).

    “Lamento que no se haya considerado la propuesta. Implica que estos fondos de inversión estén constituidos con activos digitales y que se genere un riesgo de que desde países donde no hay una adecuada vigilancia de lavado de dinero y activos se puedan introducir fondos que provienen de actividades delictivas, a fondos de inversión en nuestro país”, alertó.

    La diputada Dania González dijo que han propiciado seguridad jurídica en todos los proyectos de ley y leyó el artículo 63, que indica que estarán sujetos a la ley antilavado. “Esta Asamblea estuvo aprobando una nueva ley, hemos sido sumamente ordenados, de dejar cada uno de los candados específicos”, dijo.

    “El artículo 1 de la ley establece que este es un marco de regulación de fondos de inversión alternativos… La SSF tiene toda la potestad y va a poder autorizar que cumplan con los requisitos y los criterios establecidos en la presente ley. Deja todos los candados necesarios”.

    Dania González (Nuevas Ideas).

  • Asamblea incorpora $149 millones de títulos valores a presupuesto de Hacienda, oposición cuestiona endeudamiento

    Asamblea incorpora $149 millones de títulos valores a presupuesto de Hacienda, oposición cuestiona endeudamiento

    La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos a favor, de Nuevas Ideas y aliados, y tres votos en contra de Arena y Vamos, incorporar al ramo de Hacienda $149 millones, que provienen de títulos valores por $1,500 millones emitidos en 2024.

    De esos $1,550 millones emitidos, se colocaron y se incorporaron $1,200 millones al ramo de Hacienda, en septiembre de 2024, por lo que ahora «se requiere», argumenta el documento de incorporación de los $149 millones, «para necesidades generales del Presupuesto del Estado y/o la financiación de operaciones de manejo de pasivos».

    Según el decreto, «se incrementa en el rubro de agrupación 31 Endeudamiento Público, Cuenta 311 Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional, la Fuente Específica 31101 Bonos del Estado con la cantidad de $149,625,000.

    En el Apartado III – Gastos, se refuerzan las asignaciones vigentes del ramo de Hacienda, en las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado.

    Las diputadas de Arena y Vamos cuestionan el constante endeudamiento por parte del Legislativo y las aprobaciones que da el oficialismo y la falta de transparencia, ya que no se da «ninguna» especificación de plazo del crédito, ni a qué rubro van los recursos .

    «Aquí no dice ni de plazo, ni de cuánto, ni para dónde, esto es una falta total de transparencia, para la población salvadoreña que desconoce hacia donde van los recursos de todas las emisiones de bonos que este gobierno ha estado haciendo y es lamentable, porque al final de cuentas es más deuda que la van pagando las futuras generaciones», señaló la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestionó que «en la Asamblea» están viendo «que hay muchos procedimientos que no se hacen bien, al aprobar leyes, al aprobar préstamos» y «que todas las semanas se aprueban préstamos y más préstamos y cuando los decretos vienen sin suficiente información, lo que queda claro que le están ocultando información a la gente».

    «Hay algo que estos diputados y el grupo que gobierna no quieren que la gente sepa, que no sepa cómo se está manejando el dinero, cómo están manejando el endeudamiento o cuál es el costo que va a implicar para nosotros y las próximas generaciones este endeudamiento descontrolado que están generando semana, tras semana», aseveró Ortiz.

    En el decreto y tal como fue leído en el pleno por el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas.

    En el documento, no se especifica el detalle de las «obligaciones generales del Estado» que se cubrirán con los $149 millones.

     

  • Aprobada amnistía fiscal para recuperar deudas tributarias, aduaneras y multas de tránsito

    Aprobada amnistía fiscal para recuperar deudas tributarias, aduaneras y multas de tránsito

    La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una ley que concede por un plazo de 60 días calendario para que los contribuyentes paguen sus deudas que tengan con las direcciones de impuestos internos y aduanas, y para que ciudadanos paguen sus multas de tránsito pendientes sin intereses.

    Los diputados no emitieron opinión sobre la normativa.

    El beneficio incluye las multas en cualquier institución de la administración pública y excluye las impuestas por municipalidades.

    Los que deban, en cualquier fase, Impuesto sobre la Renta, tributos o aduaneros correspondientes a periodos declaradas o liquidadas hasta el 31 de julio de 2025.

    Hacienda establecerá a los beneficiados planes de pago de hasta nueve meses aunque los casos estén en tribunales de apelaciones, en la Sala de lo Constitucional o en jurisdicción contencioso administrativa o en la Fiscalía General de la República si no hay sentencia definitiva de juez.

    La primera cuota será del 10 % y las siguientes ocho cuotas serán mensuales y sucesivas para casos de falta de omisión de presentar la declaración, no presentarla en el plazo legal establecido, que haya presentado una declaración incorrecta o con error aritmético; que no haya cumplido con la obligación de retener y enterar el impuesto.

    También se aplicará a contribuyentes según los artículos 252, 253 y 254 del Código Tributario, es decir, con sanción por defraudación tributaria, evasión no intencional o evasión intencional.

    En el resto de casos, la prima será del 20 % y pagos mensuales en los ocho meses restantes.

    El incumplimiento de los plazos de pago reactivará las multas, los intereses o recargos, y se aplicará la gestión de cobro.

    Cuando las multas se encuentran “líquidas, firmes y exigibles” solo serán beneficiados con “pago a plazo”.

    Si los contribuyentes tienen resolución de pago a plazos, solo gozarán del beneficio las cuotas pendientes de pago.

    Para aplicar a la amnistía fiscal, la ley exige que los contribuyentes desistan o renuncien parcial o totalmente demandas que hayan puesto contra Hacienda por el cobro, para ello presentarán “fotocopia de la solicitud de desistimiento o renuncia total o parcial del proceso en el que conste el sello de recepción del tribunal o instancia” que conozca el caso.

    En los casos en plazo de impugnación, el mandamiento de pago deberá ser gestionado en los “Centros de atención exprés” de San Salvador y en las oficinas regionales de Santa Ana y San Miguel.

    El beneficio también aplica cuando Hacienda determine una disminución de saldos a favor declarado por el contribuyente, lo cual tiene “calidad de deuda tributaria” según el artículo 74-A del Código Tributario.

     

    ¿Cuánto ha recuperado Hacienda en las amnistías fiscales?

    Amnistía fiscal 2021: $144 millones de 234,800 contribuyentes de Impuestos Internos y 54 de Aduanas
    Amnistía fiscal 2022: $131.3 millones de 25,000 contribuyentes
    Amnistía fiscal 2023: $100 millones de 36,000 contribuyentes
    Amnistía fiscal 2024: $105 millones de 59,493 contribuyentes
    Fuente: declaraciones de Hacienda. No hay publicación de los datos exactos.

  • SSF pide agregar facultad para valorar riesgo sistémico al autorizar fondos para inversionistas sofisticados

    SSF pide agregar facultad para valorar riesgo sistémico al autorizar fondos para inversionistas sofisticados

    La superintendenta del Sistema Financiero (SSF), Evelyn Gracias, pidió ayer que se agregara una facultad para valorar aspectos macroeconómicos que permitan valorar el riesgo sistémico al autorizar los nuevos fondos para inversores sofisticados en la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos.

    La modificación se realizó a los artículos 25 y 45 del proyecto de ley que será divulgado este miércoles, luego de su aprobación, en la sesión plenaria.

    La funcionaria explicó que el objetivo de la modificación es “que la SSF dentro de su análisis valore aspectos macroprudenciales de contexto macroeconómico que pueda estar ocurriendo en el país o a nivel mundial para tener elementos adicionales que nos permitan hacer una valoración del riesgo sistémico que este tipo de productos pudiera generar en El Salvador”.

    Este tipo de fondos será regulado únicamente por esta ley que podría ser aprobada este miércoles y por normas que serán emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR); y gozarán de exención del Impuesto sobre la Renta a todas sus utilidades o ganancias.

    En otras palabras, los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF) y sus sociedades administradoras no estarían regulados bajo la Ley de supervisión y regulación del sistema financiero de El Salvador, ni serían considerados integrantes del sistema financiero, aunque ordena que cumplirán con la ley antilavado, que en su nueva versión eliminó a los inversionistas de los sujetos obligados.

    “El BCR tiene un rol protagónico respecto al funcionamiento de los PAIF, debido a que podrá emitir normas sobre traslado, liquidación y disolución de las sociedades administradoras de PAIF y los PAIF, según corresponda, además de los requisitos técnicos”.

    Marta Solís, representante del Ministerio de Economía.

    La nueva Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos permitirá que personas puedan realizar, bajo su propio riesgo, inversiones de $250,000 o más en fondos que serán regulados bajo normas especiales y no bajo la ley que regula al sistema financiero salvadoreño.

  • Asociación Cristosal recibe premio de derechos humanos de organización internacional

    Asociación Cristosal recibe premio de derechos humanos de organización internacional

    La asociación Cristosal recibió ayer el Premio William D. Zabel de Derechos Humanos, otorgado por la organización Human Rights First como un reconocimiento de su “compromiso inquebrantable” por la justicia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos.

    Cristosal cerró operaciones en El Salvador desde julio de 2025 por considerar que han sido víctimas de acoso legal, vigilancia, espionaje, campañas de difamación y más recientemente de la captura de una de sus integrantes, Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de la oenegé y que es procesada por enriquecimiento ilícito, aunque en X fue acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña.

    «Hoy, ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala, esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensores y defensoras, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de derechos humanos», dijo la mañana de este jueves el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, en una videoconferencia desde Guatemala.

    El premio fue recibido por el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, el 14 de octubre, en Gotham Hall, en Nueva York, Estados Unidos, quien en su discurso destacó el trabajo conjunto que realizaron con la organización para la libertad de migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) desde marzo.

    “Cristosal se erige como un faro de integridad y coraje frente a la enorme adversidad. Su equipo no solo documenta las violaciones de los derechos humanos con un rigor extraordinario, sino que lo hacen mientras están bajo amenaza directa. Nos sentimos honrados de celebrar su trabajo para proteger a los perseguidos y defender el estado de derecho”, dijo Uzra Zeya, presidente y CEO de Human Rights First.

    Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. / Cortesía.

    Bullock aseveró que recibían el premio junto con las familias desplazadas por la violencia de pandillas y narcotraficantes, y que reconstruyen sus vidas, sobrevivientes de crímenes de guerra y lesa humanidad, víctimas de detenciones arbitrarias, familias de migrantes venezolanos desaparecidos y comunidades que se atreven a denunciar la corrupción.

    “También recibimos este premio como un reconocimiento a amigos y colegas que hoy sufren persecución por su defensa de los derechos humanos (Fidel Zavala, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez, Ruth López, Enrique Anaya; en Guatemala, Héctor Pacheco, Luis Chaclán y líderes estudiantiles como Edmar Arriola). No pasa un solo momento sin que sintamos su encarcelamiento”.

    Noah Bullock, director de Cristosal, en Nueva York.

    El premio se otorga anualmente a un defensor u organización que valientemente persigue la justicia; y su nombre, William D. Zabel, se da en honor al campeón mundial de derechos humanos y cofundador de Human Rights First.

    Human Rights First es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., Estados Unidos, centrada en áreas de autoritarismo, extremismo, injusticia sistémica y abuso de tecnología.

    Fue creada en 1978 inicialmente como Comité de abogados para los derechos humanos internacionales, por la Liga por los Derechos Humanos y el Consejo de Asociados Jurídicos de Nueva York. Trabaja en Estados Unidos y en el extranjero en la promoción del respeto de los derechos humanos y el estado de derecho.

    Participó en 1988 en la investigación y testimonios ante el Congreso en el caso del crimen contra cuatro religiosas estadounidenses asesinadas en El Salvador, luego de que sus familias recurrieran a la organización.

    La organización inició una red de abogados que creció a 8,000 de 130 países diferentes para proveer a la comunidad jurídica internacional una forma de presionar por la liberación de los abogados encarcelados.