La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) destinará este año 2026 un total de $175.1 millones en la producción y distribución de agua a nivel nacional, $4.2 millones más de lo que asignó en 2025.
En total, para este ejercicio fiscal 2026, la ANDA cuenta con un presupuesto de $350 millones, $15.9 millones más que lo que le fue aprobado para 2025.
La autónoma ha distribuido su presupuesto así:
Para la gestión central de la producción y distribución de agua, $15.1 millones, con lo cual busca administrar y verificar el cumplimiento de los contratos suscritos con las operadoras descentralizadas, además de generar un incremento en metros cúbicos de agua producida con calidad apta para el consumo humano.
Para proveer de agua de consumo humano a la población en la zona metropolitana destinará $83.1 millones.
Para la producción y distribución de agua en la región occidental asignó $22.4 millones.
Para la región central ha asignado $33.6 millones; y para la región oriental, $20.7 millones.
Las prioridades que la ANDA plantea en su presupuesto de 2026 son exactamente iguales a las planteadas en 2025, entre ellas mejorar la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; la efectividad en las reparaciones, nuevas conexiones y reconexiones.
También, busca rehabilitar en forma inmediata y oportuna todos los sistemas de producción y distribución de agua potable, dañados ya sea por desastres naturales o por el tiempo de operatividad y uso; y realizar mantenimiento a los colectores de la red de alcantarillado sanitario, como a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para su óptimo funcionamiento.
Intereses de deuda
Pero la ANDA también debe pagar intereses por deuda de préstamos internos y externo.
Por deuda interna, la ANDA debe cancelar intereses y amortización del Fondo de Titularización y préstamos internos con instituciones financieras, por $34 millones.
Por deuda externa, debe cancelar intereses de la deuda externa por préstamos con organismos multilaterales con fondos propios por $315,455.
Los activos de las cuentas individuales de los trabajadores salvadoreños que cotizan en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) aumentarían desde el 45.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 hasta el 78.7 % del PIB en el año 2070, según las proyecciones del estudio actuarial de pensiones 2025 publicado en diciembre por el Ministerio de Hacienda.
Los cálculos del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), según el informe, proyectan un aumento de los activos de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes en El Salvador aumentarían desde 44.5 % del PIB en 2024 a 50.7 % del PIB en 2030.
En los años subsiguientes, la proporción de las cuentas individuales respecto al PIB oscilarían entre 60.4 % en 2040, 68.2 % en 2050, 71.9 % en 2026 hasta llegar al 78.7 % del PIB en 2070.
Los activos de las cuentas individuales, en su mayoría, están invertidos en instrumentos de deuda del Estado, que actualmente son emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
El estudio mencionó que estos activos estarán compuestos en su mayoría por Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), lo cual «podría constituir una carga financiera futura para el Estado».
Los activos de las cuentas individuales aumentarán del 44.5 % del PIB al 78.7 % de 2024 a 2070.
Sin embargo, el estudio también advirtió un «fuerte deterioro» del patrimonio de los fondos de pensiones entre los años 2020 y 2024, del 50 % al 45.2 % del PIB.
Así, si bien los activos del sistema de pensiones habían tenido un «notable aumento» del 35.8 % en 2014 al 51.8 % del PIB en 2020, estos se redujeron activos a un 48.7 % del PIB en 2024 debido a «cierto estancamiento en la evolución de las contribuciones y en los retornos financieros».
El «Estudio actuarial del sistema de pensiones de El Salvador» emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) será la base de una reforma de pensiones que deberá ser aprobada e implementada en 2026 según los compromisos que el Gobierno salvadoreño adoptó con el FMI mediante un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para ayudar a El Salvador a buscar estabilidad económica.
El estudio, que excluye pago de intereses y capital de la deuda previsional, revela un déficit del 59 % del PIB para los sistemas público, que carece de cotizaciones, y privado, alimentado por los trabajadores que cotizan a las AFP y advierte también que los activos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará en 2029.
Al cierre de 2024, los ahorros de los trabajadores cotizantes de las AFP sumaron $15,995.7 millones: $8,216.8 millones en AFP Confía y $7,779 millones en AFP Crecer. Los rendimientos promedios de los fondos fueron 6.37 % en la AFP Confía y 6.34 % en la AFP Crecer.
El estudio muestra una baja de los activos y del patrimonio de los ahorros para pensiones de 2020 a 2024.
Las diputadas de Nuevas Ideas Alexia Rivas, segunda vicepresidente de la Junta Directiva, y Elisa Rosales, secretaria en la Junta Directiva, agradecieron a la población y se comprometieron, en mensajes divulgados al final del año 2025.
Alexia Rivas agradeció a los ciudadanos por permitirle escucharlos y a las personas que han creído en acciones del gobierno como la aplicación de salud «DoctorSv».
«Muchas gracias por permitirme escucharlos en sus colonias y en sus comunidades… Para mí, escucharles siempre ha sido el mayor acto de respeto… Gracias por creer en el desarrollo que se ve y que se siente, en los nuevos mercados que fortalecen la economía local, en los nuevos centros hospitalarios que acercan la salud a quienes más la necesitan y en herramientas como DoctorSv, que pone la atención médica al alcance de todos», expresó en su video publicado el 31 de diciembre de 2025.
La aplicación DoctorSV fue terminada de lanzar en noviembre de 2025 para los salvadoreños mayores de 18 años.
La diputada Elisa Rosales también compartió un mensaje al final de 2025 en el que aseveró que El Salvador vivió «la Navidad más segura» en la historia del país e hizo promesas a la población.
Aseguró que en este 2026, seguirán impulsando «más oportunidades que generan bienestar y desarrollo para todos».
«Como diputada por San Salvador, reafirmo mi compromiso en seguir trabajando con responsabilidad, escuchando a nuestra gente y defendiendo acciones que fortalezcan a nuestras comunidades», expresó Rosales en su mensaje compartido el 31 de diciembre.
Los diputados deberán iniciar sus labores en la Asamblea Legislativa el lunes 5 de enero. Durante esa semana, han sido convocadas cuatro comisiones, el miércoles la Junta Directiva y el jueves 8 de enero, la primer sesión plenaria ordinaria de 2026. Los diputados suspenden la mayoría de comisiones que convocan. La Comisión que no suele suspenderse es la de Hacienda y General de Presupuesto.
Duicentros de El Salvador informó que sus 19 oficinas reactivarán sus labores este sábado 3 de enero a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde sin cerrar al mediodía.
La entidad permaneció cerrada desde el 23 de diciembre hasta el 2 de enero por motivo de las festividades decembrinas, aunque los duicentros de San Miguel, Soyapango, Santa Ana, Galerías y Cojutepeque atendieron algunos días de la semana navideña.
Sin embargo, las atenciones se reanudan este sábado normalmente. Los duicentros permanecen cerrados los días domingo y atienden habitualmente de lunes a sábado. El trámite del Documento Único de Identidad (DUI) tiene un costo de $10.31 a excepción de las emisiones por primera vez que son gratuitas.
Solo durante 2025, más de 96,000 jóvenes salvadoreños emitieron su DUI por primera vez según datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) compartidos con Diario El Mundo. El 29 % de las emisiones fueron realizadas en San Salvador.
Los 19 duicentros habilitados son:
Plaza Mundo Soyapango sobre el bulevar del Ejercito 221-7605.
Galerías en el centro comercial Galerías 2223-3572.
Mejicanos sobre la 2a calle Poniente y pasaje San Juan 2555-1915.
Apopa sobre la carretera a Quezaltepeque 2216-9512.
Chalatenango en el barrio El Chile 2301-2457.
Lourdes Colón en el centro comercial Pasatiempo 2319-6497.
Santa Tecla en el centro comercial Arcocentro 2229-1485.
Sensuntepeque en la colonia Los Remedios 2382-2642.
Soyapango en el centro comercial La Placita 2227-4064.
Santa Ana en la 25 calle Poniente, entre la 18 avenida Sur y calle Internacional 2440-6301.
Sonsonate en barrio El Ángel frente a monumento del Ferrocarril 2451-6698.
Ahuachapán en barrio Las Flores, calle Gerardo Barrios2413-3315.
Cojutepeque en barrio El Centro, contiguo a panadería El Tabor 2372-6082.
Zacatecoluca enfrente del Banco Hipotecario en barrio El Centro 2334-3179.
San Vicente en la 9a avenida Sur en el barrio San Juan De Dios 2393-1466.
Usulután en Plaza Mundo 2624-4659.
San Miguel en centro comercial Garden Mall 2661-0609.
San Francisco Gotera en avenida Thomson Norte y calle José Simeón Callas 2654-2873.
«El nuevo fuero es ser ‘periodista’», manifestó el mandatario en la publicación de la red social, quien permanecerá bajo custodia policial en Sevilla, luego de que solicitara asilo político.
La orden de captura internacional fue emitida por los presuntos delitos de hurto informático y agrupaciones ilícitas.
«El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total, protegida por las ONGs, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales», señaló Bukele.
El presidente salvadoreño relacionó la petición de asilo de Rosales a las autoridades españolas, a la búsqueda de impunidad debido a los delitos por los que se busca su detención.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió este viernes que se detenga el hostigamiento contra el fotoperiodista, que ha sido «sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado».
El nuevo fuero es ser “periodista”.
El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total, protegida por las ONGs, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales.
Los ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo tienen restricciones de viaje vigentes desde el 1 de enero de 2026 debido a una orden ejecutiva de la Casa Blanca que busca impedir el ingreso de extranjeros a Estados Unidos por considerar que se “carece de información suficiente para evaluar los riestos que plantean”.
Las restricciones son aplicables a nacionales que están fuera de los Estados Unidos sin una visa válida a partir del 1 de enero de 2026. Tanto las restricciones completas y parciales se aplican a inmigrantes y no inmigrantes.
Estados Unidos señala que muchos de los países restringidos “sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco confiables”, así como sistemas de registro de nacimientos inexistentes, y algunas naciones se niegan a compartir ejemplos de pasaportes o datos de aplicación de la ley. También señalan que la “presencia terrorista, actividad criminal y extremista en varios países enumerados”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió dos proclamaciones, una el 4 de junio y otra el 16 de diciembre, para restringir la entrada a extranjeros de ciertos países.
Esta lista no incluye a El Salvador ni a países centroamericanos. Pero sí incluye a Cuba, Venezuela y Haití.
Las proclamaciones tienen excepciones como residentes permanentes legales, atletas, entrenadores, que viajen para la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos o eventos deportivos, asilados, refugiados o por intereses nacionales de Estados Unidos.
Un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del 1 de enero de 2026, ordena a todo su personal suspender todas las solicitudes pendientes para los extranjeros de dichos países.
El 1 de enero de 2026, el personal de la USCIS recibió órdenes de suspender solicitudes a nacionales de países de riesgo.
Restricción total a estos países
Originalmente, la Proclamación 10949, emitida el 4 de junio de 2025, restringe completamente la entrada a nacionales de 12 países considerados de “alto riesgo”: Haití, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, según la hoja informativa de la Casa Blanca del 16 de diciembre pasado, sobre la Proclamación 10998.
Haití fue incluido, según la proclamación del 4 de junio de 2024, porque Estados Unidos consideró que tenía una tasa de superación de la visa B-1/B-2 del 31.38 % y que “cientos de miles de extranjeros haitianos inundaron los Estados Unidos durante la Administración Biden”, lo que señaló que “perjudica a las comunidades estadounidenses al crear riesgos agudos de aumento de las tasas de estadías excesivas, el establecimiento de redes criminales y otras amenazas a la seguridad nacional”.
Además, consideró que Haití “carece de una autoridad central con suficiente disponibilidad y difusión de la información policial necesaria para garantizar que sus nacionales no socaven la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
La nueva proclamación 10998, del 16 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, agregó en este listado de restricciones completas a: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria; personas que tienen documentos emitidos por la Autoridad Palestina; y a Laos y Sierra Leona, que tenían restricciones parciales.
Estados Unidos incluyó entre las restriciones completas a personas con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, porque argumentó que “varios grupos terroristas designados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania o la Franja de Gaza y han asesinado a ciudadanos estadounidenses”, además de considerar un “control débil” en estas áreas.
Trump emitió una proclamación el 16 de diciembre, aumentando la lista a 39 países con restricciones de viaje.
Restricciones parciales
Para incluir en la suspensión parcial –que afecta a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J)– a Antigua y Barbuda, y Dominica, EE.UU. señala que “históricamente ha tenido la Ciudadanía por Inversión (CBI) sin residencia, un programa legal que permite a extranjeros obtener un pasaporte a cambio de inversiones.
La nueva proclamación 10998 continuó las restricciones parciales a nacionales de Cuba, Venezuela, Burundi y Togo vigentes desde junio de 2025 con la proclamación 10949.
Estados Unidos fundamentó la inclusión de Venezuela en que “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles y no tiene medidas de detección y verificación apropiadas”, además de que “Venezuela se ha negado a aceptar a sus ciudadanos removibles” y tenía una tasa de estadía de exceso de visa B-1/B-2 del 9.83 %.
La inclusión de Cuba en las restricciones parciales, según la proclamación del 4 de junio, se fundamentó en que “Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo” y que el gobierno de Cuba “no coopera ni comparte suficiente información policial con los Estados Unidos” y “se ha negado a aceptar sus nacionales removibles”, además de tasas de exceso de estadía de visas.
Tanto para Venezuela y Cuba, la medida suspende la entrada a los Estados Unidos a inmigrantes y no inmigrantes en visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J, y señala que los funcionarios consulares reducirán la validez de otras visas de no inmigrantes “en la medida permitida por la ley”.
En este listado de restricciones parciales, agregó restricciones parciales y limitaciones de entrada a 15 países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe.
Excepciones
Según la Casa Blanca, la Proclamación incluye excepciones para cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos, con dos nacionalidades si viaja con un pasaporte expedido por un país no designado, “cualquier extranjero que viaje con un visado de no inmigrante válido en las siguientes clasificaciones: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, OTAN-1, OTAN‐2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 o OTAN-6”.
También, se excluye de las medidas a: “cualquier atleta o miembro de un equipo atlético, incluidos los entrenadores, las personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y los familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el Secretario de Estado”.
Exceptúa también a “visados de inmigrante familiar inmediato (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) con pruebas claras y convincentes de la identidad y la relación familiar (por ejemplo, ADN)”, adopciones, visas especiales de inmigrante afgano, para empleados del gobierno de los Estados Unidos o para minorías étnicas y religiosas que se enfrentan a la persecución en Irán.
También excluyen a personas que se considere que su viaje promueve el interés nacional crítico para Estados Unidos, como testigos.
El Órgano Legislativo programó un total de $46,935,407 de presupuesto para el año pasado, de los cuales ha devengado $31,710,250.97, según los datos más actualizados del Portal de Transparencia Fiscal que datan de octubre de 2025. Aunque aparecen comprometidos un poco más de los $31.7 millones: un total de $32,673,815.48.
La mayor parte del presupuesto de la Asamblea Legislativa es utilizada en pago de remuneraciones permanentes, eventuales y extraordinarias; así como en compra de bienes y servicios.
De los $36.7 millones programados para remuneraciones, ya se habían devengado $28.1 millones hasta octubre; y de los $5.7 millones programados para compra de bienes y servicios, ya se habían devengado $2.5 millones hasta octubre y comprometido $3.4 millones.
Sin embargo, de lo programado en inversiones en activos fijos, se habían programado $1.6 millones y devengado, $129,186.27. De estos $1.3 millones se destinaría a compra de bienes muebles.
Así mismo, de las transferencias a capital programadas, un total de $1,584,000, no aparece algo devengado. Las transferencias de capital corresponden al programa de becas “Dagoberto Gutiérrez”.
Programa de becas: el reporta de Hacienda en septiembre
Según el Ministerio de Hacienda, el programa de becas legislativas Dagoberto Gutiérrez 2024-2024 tenía una ejecución de $228,398 hasta septiembre, un 13.64 %, según el informe de programa de inversión pública 2025 emitido por la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y publicado en el Portal de Transparencia Fiscal.
El informe, emitido en octubre, detalla cómo va la ejecución de la inversión pública que se programó en el presupuesto general del Estado de 2025, que está por cerrarse.
Según la programación de la inversión de becas de la Asamblea Legislativa, se debían ejecutar $132,000 mensuales, debiendo totalizar $1,584,000 al final del año. El Ministerio de Hacienda reporta “cero” devengado.
En 2024, Hacienda reportó en su Portal de Transparencia Fiscal que la Asamblea Legislativa comprometió los $792,000 programados para el programa de becas.
La Asamblea Legislativa aún no ha publicado la ejecución de su presupuesto de 2025. La ejecución más actualizada data de junio de 2025.
La abogada Cynthia Grande, que se especializa en procesos legales migratorios en los Estados Unidos, no cree que la política migratoria que tiene actualmente la administración Trump pueda ser necesariamente política.
“No pienso que es la política, pienso que la administración está viendo a quién puede deportar, quién es más fácil para deportar, no necesariamente tiene que ver con política”, dijo, en entrevista a Diario El Mundo.
Según Grande, las personas más fáciles de deportar son las personas que recién han entrado a los Estados Unidos, especialmente quienes tienen menos de cinco años de haber llegado a territorio estadounidense.
“El gobierno está tomando (en cuenta a quienes) tienen menos derechos (que a las) personas que tienen más años (de haber llegado)”, explicó.
Según la experiencia en los juzgados de inmigración, esta abogada consideró que las decisiones migratorias de los Estados Unidos no distinguen nacionalidades; advirtió que la mayoría de las personas que recién han ingresado a los Estados Unidos provienen de México, Centroamérica y Suramérica.
“No necesariamente son los acuerdos que uno tiene con los países, simplemente es el tiempo que ha estado en los Estados Unidos, ahí se determinan los derechos que uno tiene”, indicó.
El pasado 16 de diciembre, César Ríos, experto en migración, consideró que las deportaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos “son selectivas y políticas”, ya que “tienen un listado de órdenes de deportación” clasificadas por países.
Ejemplificó que hubo mucha deportación de ciudadanos mexicanos a su país cuando el gobierno estadounidense estaba negociando aranceles con dicho país.
A la abogada se le preguntó si cree que los salvadoreños podrían sentirse más confiados por la relación que hay entre el gobierno de Nayib Bukele con el de Donald Trump, pero consideró que pesa más el tiempo que hayan estado los migrantes dentro de Estados Unidos que la política.
Seis son las faltas éticas que más han cometido los empleados públicos durante el 2025 según los datos del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG): una fue cometida 10 veces e implicó que trabajadores fueran multados.
El Tribunal de Ética indicó en una base de datos compartida vía acceso con Diario El Mundo que la falta ética más cometida durante este año fue la contenida en el artículo 6, literal e de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) sobre realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo.
Las faltas a esta regla conllevaron a que el TEG impusiera 10 sanciones empleados públicos a quienes se le comprobó que cometieron estos actos sin contar con permisos de sus superiores para ausentarse del trabajo para realizar actividades privadas.
Otras cuatro sanciones fueron impuestas a empleados por no cumplir con el deber de utilizar los bienes, fondos o recursos y servicios contratados solo para los fines institucionales. Además, otras tres multas se emitieron para empleados que recibían más de un salario proveniente del presupuesto del Estado.
Dos multas más se impusieron por trabajadores que desempeñaban dos o más cargos en el sector público. Una multa más fue dictada por no excusarse e intervenir en la contratación de un familiar en su institución y una más por promover familiares o socios.
En total, el Tribunal impuso 21 multas que sumaron $18,133.13 hasta el 25 de noviembre de 2025. Hasta esa fecha, solo $6,017.50 había sido cancelado, por lo que, se mantenía pendiente de pago más de $12,000. Las multas iban desde los $273.75 hasta los $3,650.
Los empleados sancionados provienen de instituciones como:
Con la eliminación de los permisos de permanencia temporal en los Estados Unidos en un proceso de reunificación familiar, la abogada especializada en migración, Cynthia Grande, consideró que es importante que los salvadoreños o extranjeros en Estados Unidos den seguimiento al proceso de obtención de su residencia y, si no recibe una visa, regrese a su país para no complicar el proceso de solicitud y obtención de su residencia.
La abogada fue consultada por Diario El Mundo sobre las implicaciones del anuncio de Estados Unidos de cancelación de los programas de Permisos de Reunificación Familiar. Esto significa que, si bien no se eliminan la solicitudes de petición de familiares, se suprimen los permisos de permanencia temporal en territorio estadounidense mientras espera la residencia permanente.
El riesgo de quedarse, pese a no estar habilitado, es la acumulación de presencia ilegal en los Estados Unidos y un castigo que puede oscilar entre tres y 10 años, de no elegibilidad.
Lo que complica este cambio para personas que ya estaban en Estados Unidos es que, si se esperaba que le dieran la visa en un año y se han atrasado, y las visas no están disponibles, expira el tiempo que le dieron de parole, después acumula presencia ilegal. Ya cuando llegue un cierto punto, va a tener un castigo de tres o 10 años. Cynthia Grande, abogada de inmigración residente en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 12 de diciembre la cancelación de todos los programas de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares inmediatos.
Estos permisos permiten vías legales para que ciudadanos o residentes permanentes en los Estados Unidos reúnan a sus familiares cercanos como cónyuges, hijos, padres o hermanos a través de visas o programas especiales como el Parole, permitiendo un ingreso temporal adelantado mientras esperan una visa de inmigrante definitiva.
El proceso es que el patrocinador presenta una petición mediante el formulario I-130 de petición de familiar extranjero, que es el primer paso para abrir camino a que un pariente inmigre a Estados Unidos y obtenga su residencia permanente.
Este formulario I-130 no ha sido eliminado.
Lo que se ha eliminado es el permiso para que el familiar pueda permanecer en los Estados Unidos mientras espera la respuesta.
Según la publicación en USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, si un extranjero tiene permiso de permanencia temporal y aún no ha expirado el 14 de enero de 2026, este permiso se cancelará en esa fecha a menos que tenga pendiente el formulario I-485, la solicitud para que los extranjeros que ya se encuentran en EE.UU. ajusten su estatus y obtengan una residencia permanente sin salir de EE.UU.
Si se le deniega el formulario I-485, el periodo de permiso se cancelará y el extranjero “debe salir de los Estados Unidos inmediamente”. Con ello, se revoca también la autorización de empleo basada en el permiso de permanencia temporal.
La abogada Cynthia Grande explicó que, por ejemplo, actualmente se están procesando aplicaciones de 2008 y, si una persona tenía una aplicación de 2009, se enviaba cartas de invitación a los familiares para que estos pudieran ingresar a los Estados Unidos con permiso o parole hasta que la visa estuviera disponible. “Le daban la oportunidad que personas entraran un poquito antes”, explicó.
Grande explicó que el proceso de petición continúa; sin embargo, la situación se complica para las personas que estaban con ese permiso de estadía adelantada en los Estados Unidos.
“Si se esperaba que le dieran la visa en un año y se han atrasado, y las visas no están disponibles, uno está acá, expira el tiempo que le dieron el parole, después acumula presencia ilegal”, advirtió.
Si acumula presencia ilegal, puede llegar al punto de tener “un castigo de tres o diez años”. “Si después quiere arreglar, se complica, porque a veces en esos casos, uno ya no es elegible”, alertó.
Por ello, la abogada explicó que, si el familiar del solicitante está en los Estados Unidos debe darle seguimiento al proceso de residencia para verificar que, si no están disponibles las visas respectivas, advertir a tiempo si debe regresar a su país para “no complicar el proceso para obtener la residencia” que está solicitando.
