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La Embajada de Japón y la Organización Internacional de Migración (OIM) firmaron este miércoles un acuerdo para iniciar el proyecto “Mejora de las instalaciones de formación profesional para jóvenes de bajos ingresos, como los retornados” dirigido el Ministerio de Educación, informó la vicecanciller Adriana Mira.

La funcionaria detalló en X que el proyecto incluirá capacitación del personal docente y administrativo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), articulación de alianzas entre centros educativos, sector privado e instituciones de apoyo, becas completas y pasantías cofinanciadas en empresas del sector privado.

Mira aseguró que a través de las instalaciones que serán mejoradas se “busca incrementar el acceso a la educación, fortalecer la empleabilidad y reforzar la resiliencia socioeconómica de las personas retornadas”, pero también agregó que beneficiará a los “potenciales migrantes irregulares y sus familias en el país”.

A la firma de las notas, asistió la directora general de ESCO del Ministerio de Relaciones Exteriores, Karla de Palma; la jefa de misión de la OIM para El Salvador, Ana Medeiros; el embajador de Japón, Sano Taketoshi; y el viceministro de Educación, Edgar Alvarenga.

El Salvador recibió un total de 16,051 personas deportadas o retornadas durante el año 2025, la mayoría proveniente de Estados Unidos y vía aérea según datos oficiales de la Dirección General de Migración; la cantidad es 1,065 personas más que el año 2024, un aumento del 7.1 %.

Durante los últimos seis años, El Salvador ha recibido un total de 21,042 niños y adolescentes retornados, acompañados y no acompañados, desde enero del año 2019 hasta marzo de 2025, según datos oficiales.

El registrador nacional de las personas naturales, Fernando Velasco, anunció este miércoles una campaña en 290 centros escolares públicos y privados para motivar a jóvenes salvadoreños que están por cumplir 18 años que anticipen la solicitud de su Documento Único de Identidad (DUI) para así poder votar en elecciones 2027.

El preenrolamiento es un proceso que realiza el RNPN para que el cierre legal del Registro Electoral, que por Código Electoral debe ser seis meses antes (180 días) de las elecciones, no afecte a quienes cumplen 18 años en ese lapso después del cierre y antes de los comicios.

La campaña en los institutos educativos iniciará esta semana.

El director ejecutivo del RNPN detalló que actualizarán el convenio con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para que les “permitan entrar a los institutos públicos estudiantiles a efecto de acercar el servicio a nuestros jóvenes”.

Para que los jóvenes puedan reservar su DUI por anticipado deben cumplir los siguientes requisitos:

–No será necesario que sean acompañados por sus padres pero sí deberán presentar un permiso o autorización firmada por los padres para realizar el trámite de preenrolamiento.

-Cumplir los 18 años desde el 31 de agosto de 2026 hasta el 27 de febrero de 2027.

“Aquí los requisitos cambian porque dentro del recinto estudiantil no están los padres, únicamente un permiso por medio del cual los padres autorizan al joven a poder realizar este trámite. Es un permiso, una autorización firmada por ellos”, detalló.

El trámite es gratuito, porque es emisión de DUI por primera vez.

“Ya nos hemos acercado a institutos estudiantiles”, indicó el también director ejecutivo del RNPN.

El funcionario detalló que son 55,000 jóvenes que estarían “aptos para preenrolarse” y que “alrededor de 25,000” están dentro del sistema escolar.

“Vamos a visitar alrededor de 260-290 instituciones educativas, privadas o públicas, en donde pretendemos abarcar el 60 % de la población estudiantil”, indicó.

La cifra meta de jóvenes por cumplir los 18 años difiere de la proporcionada mediante la Ley de Acceso a la Información por el RNPN ante una solicitud de información, ya que detalló que eran 41,063 jóvenes salvadoreños –20,869 hombres y 20,194 mujeres– de jóvenes que cumplen 18 años entre la fecha del cierre del Registro Electoral y la fecha de elecciones en 2027.

En esa solicitud, el RNPN detalló que en el departamento de San Salvador eran 16,977 jóvenes; en San Miguel, 4,252; en Cabañas, 3,748; en Usulután, 2,115; en La Libertad, 1,992.

Hacia las elecciones de 2024, eran 56,001 jóvenes que podían preenrolarse o adelantar el trámite de su DUI, de los cuales hicieron el trámite un 7.94 %, un total de 4,452. En ese entonces, el RNPN visitó 63 centros educativos para acercar el trámite.

El preenrolamiento tiene como único fin que los jóvenes que cumplen los 18 años después del cierre del padrón electoral puedan solicitar su DUI por adelantado para que puedan ser incluidos en el Registro Electoral y así poder votar en las elecciones.

En El Salvador, el Registro Electoral 2027 cierra el 31 de agosto de 2026.

Con la normativa vigente, ya no será requisito que los salvadoreños presenten una partida de nacimiento al solicitar por primera vez su Documento Único de Identidad (DUI), anunció hoy el director ejecutivo y registrador del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco.

«Aplicando nuestra normativa vigente, tanto la Ley de Procedimientos Administrativos y la nueva Ley de Registro Familiar, hemos eliminado el requisito de la partida de nacimiento«, dijo este miércoles en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (Tcs).

El artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) establece que la administración pública “no podrá exigir documentos emitidos por la institución que los solicita ni requisitos relativos a información que dicha institución posea o deba poseer”, con el fin de “mejorar su eficacia y reducir costos”.

El trámite emisión de DUI por primera vez es gratuito dentro del territorio nacional y en el exterior el trámite tiene un costo de $35. En territorio nacional, el trámite de renovación o reposición tiene un precio de $10.31.

Velasco detalló que ahora cuentan con un «registro central». El RNPN digitalizó los registros del estado familiar en el Sistema de Registros Vitales y Familiares (Revfa).

Para obtener por vez primera del DUI, los jóvenes únicamente tienen que presentar un carnet de escuela, pasaporte o un documento con su fotografía.

También, si el joven se presenta a cualquiera de los 19 duicentros de El Salvador, tiene que ser acompañado por sus padres o sus representantes; pero, si el trámite se realiza en los institutos educativos en donde el RNPN realizará una campaña de preenrolamiento, solamente necesitarán una autorización escrita de sus padres cuyo formulario ya fue enviado por el Ministerio de Educación a los centros escolares.

El funcionario explicó detalladamente que el preenrolamiento es un trámite anticipado del DUI que pueden hacer los jóvenes que cumplirán 18 años después del cierre del Registro Electoral y este trámite solo tiene como fin adelantar el trámite de DUI por primera vez con el fin de ser incluido en el Registro Electoral 2027 y poder votar el 28 de febrero de 2027. Este trámite puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2026. En el trámite de preenrolamiento, el duicentro le entrega el DUI al joven cuando cumple los 18 años.

«Lo que les va a permitir es poder participar en la fiesta electoral», reiteró.

Sin embargo, el trámite de DUI por primera vez puede hacerse en cualquier momento si no busca ser incluido en el Registro Electoral 2027.

 

El exdirector de organización del partido político Nuestro Tiempo, Ramiro Navas, anunció este miércoles que fue notificado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España del reconocimiento de su estatus de protección internacional y asilo político.

“Este día he sido notificado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España que se me ha reconocido el estatus de protección internacional”, informó en X.

Navas aseguró que, junto a Jeovany Maravilla, Ruth López y Enrique Anaya, todos detenidos en El Salvador, hicieron una “ardua tarea de documentar” lo que calificó como “una manipulación grotesca del sistema electoral en 2024”, en referencia a las elecciones de Asamblea Legislativa en 2024.

“Quisiera sentirme más tranquilo pero también hoy mismo mi hermano de lucha Jeovanny Maravilla cumple 54 días detenido y mis amigos Ruth López y Enrique Anaya cumplen 290 y 270 días respectivamente”, señaló.

Navas, quien se fue al País Vasco desde junio de 2025, fue uno de los dirigentes del partido político Nuestro Tiempo que pidió la nulidad de las elecciones legislativas de 2024 ya que consideró que “se falseó la voluntad popular”. Dirigentes de Nuestro Tiempo presentaron, junto al partido Arena y Vamos, en febrero de 2024, un documento que defendía que se habían presentado 69 anomalías en el proceso electoral legislativo.

La solicitud fue declarada improcedente por el TSE porque el plazo para presentar la solicitud ya había vencido.

Navas sostuvo, en ese entonces, que las anomalías más graves ocurrieron en la transmisión de resultados preliminares, inconsistencia de actas de escrutinio, inexistencia de actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), suplantación de miembros de las JRV y que muchos de los miembros de las JRV eran “empleados de gobierno” de la Asamblea Legislativa y de la Alcaldía de San Salvador.

En la elección legislativa de 2024, Nuestro Tiempo obtuvo 41,060.47 votos, la mayoría en La Libertad (14,280.47) y San Salvador (21,579.3); en la elección presidencial obtuvo 65,076 votos.

España también otorgó asilo político a los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), anunció Cruz en en X.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del Despacho del Ministerio de Economía, envió el 3 de marzo a la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo de la micro y pequeña empresa.

En los considerandos, el proyecto promete «mecanismos para fomentar a las micro y pequeñas empresas» y «generar las condiciones para que los empresarios del segmento en referencia accedan al crédito y a los beneficios de la formalidad».

«Es necesario actualizar el marco legal para la micro y pequeña empresa del país, con el propósito que contribuya al fomento, protección y desarrollo inclusivo y sostenible de la micro y pequeña empresa, a través de estrategias que permitan su fortalecimiento, la formalización y desarrollo económico», argumenta el considerando sexto del documento.

El proyecto introduce los conceptos de «emprendimiento» y «formalización«, este último como el proceso «para incorporarse a la economía formal» con el cumplimiento «del ordenamiento jurídico en materia tributaria, de seguridad social y laboral», el registro y las licencias.

También, redefine a la microempresa como aquella persona natural o jurídica con ventas brutas anuales hasta 500 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio, con 10 trabajadores; y que podrían subdividirse en microempresa de subsistencia, de acumulación o de expansión.

Según el proyecto, la pequeña empresa estaría definida como aquella que tenga ventas brutas anuales mayores a 500 hasta 5,000 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios, con 11 hasta 50 trabajadores.

Señala que estas definiciones serían la base para que las entidades de los sectores público y privado adecúen sus políticas a «la simplificación de trámites, agilización del proceso de formalización, costos de los servicios de trámites, tarifas preferenciales, con el propósito de favorecer a las mype y la inclusión financiera».

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) podrá solicitar a instituciones que registran programas de apoyo relacionados con las mype, gremiales u organizaciones no gubernamentales, la información requerida, excepto si es confidencial o reservada.

Mesas técnicas locales

Según la propuesta, los gobiernos municipales estarían obligados a crear espacios de articulación y consulta local con los sectores productivos, empresariales de la micro y pequeña empresa, gremiales y otros en «mesas técnicas representativas locales«.

Para ello, citan competencias ya reguladas en los artículos 4 numeral 1 y 31 numerales 3 y 6 del Código Municipal.

Cada mesa técnica estaría conformada por un miembro del concejo municipal, un funcionario municipal con funciones de desarrollo económico local, representantes de la micro y pequeña empresa de cada sector productivo y un representante técnico de Conamype.

La reforma al artículo 14 indica que las municipalidades estarían a cargo de actividades como «apoyar la creación y desarrollo de las mype para dinamizar la economía local», formular planes para su desarrollo, revisar anualmente «los regímenes tarifarios municipales que beneficien a las mype» y proponer en la mesa técnica programas para impulsar emprendimientos.

Según el proyecto, Conamype será responsable de supervisar cada una de estas mesas técnicas (artículo 12) y el Sistema de Representación y Consulta, que actualmente existe bajo el nombre de Sistema Nacional para el Desarrollo de las mype.

Actualmente, por ley debe haber una instancia de consulta entre Conamype y las gremiales empresariales vinculadas a las mype, gobiernos municipales, sectores productivos y empresariales; además de «comités municipales de las mype» como instancias de consulta.

Requisitos de inscripción

El proyecto establece también requisitos para la inscripción en el Registro MYPE como la presentación del Documento Único de Identidad o Número Único de Identificación, la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta o declaración jurada de sus ingresos por ventas.

Si es persona jurídica, deben comprobar la personería jurídica y presentar credenciales vigentes, matrícula de empresa, tarjeta de IVA y NIT, y declaración de impuesto sobre la renta o declaración jurada de ingresos.

También establece que, para conservar su certificación, deberá actualizar sus datos cada dos años.

En septiembre de 2025, el presidente del Conamype, Paul Steiner, aseguró que buscaban incorporar a más de 800,000 microempresarios a la economía formal del país.

El proyecto será recibido por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea, que se reunirá el próximo lunes.

La Asamblea Legislativa recibió esta semana una solicitud del Gobierno para ratificar el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $135 millones que servirían para construir o ampliar pasos a desnivel en los bulevares Constitución y Los Próceres, así como para la ampliación de un tramo en Nuevo Cuscatlán.

Según la solicitud, el crédito fue suscrito el 27 de febrero de 2026, luego de ser autorizado por el Órgano Legislativo el 4 de febrero de 2026. El Gobierno entregó el proyecto de ratificación el 3 de marzo.

El proyecto, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), incluye la ampliación en 2.5 kilómetros a cuatro carriles en el tramo de la CA04S hasta Nuevo Cuscatlán, con arriate central, una ciclovía y obras adicionales como iluminación, señalización y paisajismo; así como ampliaciones en pasos a desnivel y construcción de nuevos pasos a desnivel.

También, incluye un carril adicional en el paso del Árbol de la Paz, bulevar Los Próceres; la eliminación de la incorporación directa de la 49 al bulevar Los Próceres, reorientándolo a su calle paralela; la construcción de un paso inferior de la Autopista Comalapa-Los Próceres de 160 metros; un nuevo colector de aguas lluvias en el Árbol de la Paz.

Así mismo, incluye la construcción de pasos a desnivel en la intersección Calle antigua a Huizúcar y Avenida Las Amapolas con puente de sur a norte sobre el paso a desnivel Árbol de Paz con una longitud de 284 metros con dos carriles, uno por cada sentido; otro en en bulevar Constitución y calle Zacamil con puente y rampas de dos carriles por sentido; otro en aso en bulevar Constitución-calle al Volcán, con paso inferior de dos carriles y paso superior por el bulevar Constitución con puente y rampas de dos carriles por sentido; un tercer paso en bulevar Constitución en calle La Gloria, con redondel, paso superior para el bulevar Constitución con puente y rampas para ciertos carriles de mayor circulación con sentido hacia San Salvador y tres hacia Apopa.

El proyecto también incluye los diseños de pasos a desnivel para intersecciones bulevar de Los Próceres y Avenida Albert Einstein; bulevar Constitución y calle Sierra Madre; bulevar Constitución y calle a Motocross; CA04S y bulevar Sur por el redondel Utila.

La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, propuso ayer aprobar una reforma al artículo 10 de la Ley de Bancos, con el fin de no derogarlo y establecer requisitos a los accionistas bancarios provenientes del extranjero.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha sostenido que la eliminación del artículo 10 no suprime las facultades de la Superintendencia para supervisar los bancos, ya que en los artículos 11 y 12 de la Ley de Bancos se establecen requisitos de idoneidad para entrar al sistema financiero como institución bancaria y se establece la obligación para los accionistas relevantes de presentar estados financieros anuales.

La Asamblea Legislativa derogó el artículo 10  de la Ley de Bancos con el objetivo de suprimir el mínimo del 51 % de acciones salvadoreñas o centroamericanas que exigía. El artículo exigía un mínimo del 51 % de accionistas centroamericanos o extranjeros pero calificados por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

«Ese artículo no debía derogarse, debió haberse reformado. Lo que vemos es que derogan todo un artículo, lo cual es muy grave, lo que está quitando es controles. Estas reformas, ¿para qué se están haciendo? Lo que nosotros podemos percibir es que se están quitando controles». Cesia Rivas, diputada de Vamos.

Rivas pidió establecer en el mismo artículo que «la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo».

Para los accionistas bancarios provenientes del extranjero, la diputada de oposición propuso los siguientes requisitos:

a) Estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria.

b) Estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales.

A ello sugirió agregar que la Superintendencia «deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada».

La propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.

En contraposición, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, consideró que la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos permitirá florecer a la economía salvadoreña y que incrementen las competencias del sector bancario, «generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.

“No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. “Al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”, subrayó.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó el martes la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas para obligar a los importadores a presentar una declaración jurada que certifique que los bienes introducidos a El Salvador no fueron fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo infantil, forzoso u obligatorio.

La reforma establece que habrá responsabilidades civiles y penales para los importadores que incumplan la disposición, se suspendería el trámite y se retendría la mercancía vinculada a estas violaciones.

El lunes, en la Comisión de Hacienda, Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la reforma faculta a la institución a solicitar documentación adicional para verificar que toda importación incluya un formato oficial en el que se consignará que las mercancías no fueron producidas bajo mecanismos de explotación laboral.

“Este mecanismo de control no solo será aplicada en la Dirección General de Aduanas, sino en otras entidades para tener la garantía que la aplicación de estas normativas será eficaz”, afirmó Córdova, quien descartó que la medida implique procesos engorrosos que afecten la dinámica del comercio exterior.

La reforma responde a compromisos asumidos en el acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos, el cual eliminó el arancel del 10 % a productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense. En su artículo 2.7, el tratado obliga al Gobierno salvadoreño a prohibir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso u obligatorio y a erradicar las peores formas de trabajo infantil.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley de Aviación Civil para eliminar la obligación de las aerolíneas que operan en El Salvador de contratar tripulación salvadoreña a menos que sean autorizadas por la Autoridad de Aviación Civil a contratar temporalmente personal extranjero solo si se comprueba falta de personal salvadoreño.

El nuevo artículo 140 establecerá que las «empresas de transporte aéreo debidamente certificadas como operadores nacionales deberán establecer su base de operaciones en El Salvador y el personal contratado para conformar sus tripulaciones deberá poseer las calificaciones y competencias suficientes, según lo establecido en las leyes y reglamentos de la materia en armonía con lo dispuesto en la presente ley».

El anterior artículo 140, antes de la reforma, establecía que «el personal contratado para conformar sus tripulaciones posea nacionalidad salvadoreña» y que, «si se comprueba la falta de personal salvadoreño, la Autoridad de Aviación Civil podrá autorizar mediante resolución motivada la contratación temporal de personal extranjero previa demostración del cumplimiento de los requisitos, la contratación será por el periodo de seis meses prorrogable».

El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, defendió la reforma, al argumentar que la reforma permitirá a las aerolíneas «puedan escoger a sus mejores talentos para ofrecer un mejor servicios a los que hacen uso de las líneas aéreas».

Según el legislador la reforma busca que El Salvador cumpla el Convenio de aviación civil internacional y generar competitividad «para que todos podamos demostrar un buen talento».

«Esta reforma no es una limitación sino una modernización y demostrar que talento salvadoreño no queda rezagado ni olvidado ni marginado, sino al contrario, se le pone a la par, para que podamos seguir demostrando que tenemos oportunidades». Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, pidió agregar un inciso segundo, así: «En caso de contratación de personal extranjero, la empresa deberá presentar ante la Autoridad de Aviación Civil un plan de capacitación y sustitución progresiva que garantice la incorporación gradual del talento salvadoreño en las respectivas funciones, el cual no podrá exceder de 12 meses, salvo que mediante resolución motivada dicha autoridad determine que no existe personal salvadoreño calificado o que el tiempo requerido para su certificación técnica justifique un plazo mayor».

«No es posible que se esté desplazando al talento salvadoreño», reclamó la diputada de oposición. La propuesta de la diputada de oposición solo tuvo tres votos, de Vamos y de Arena.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, reveló que recibió llamadas de escuelas de pilotos, aviación y tripulantes de cabina para expresarle preocupación por la reforma.

En El Salvador, explicó Villatoro, hay 21 escuelas de instrucción certificadas en El Salvador, dentro de las cuales hay nueve para formar pilotos en aviación civil, cuatro para tripulantes, seis para técnicos de mantenimiento.

«Habiendo tanto joven, ¿por qué les estamos cerrando las puertas para traer gente del exterior? Qué feo ese malinchismo en esta Asamblea Legislativa. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

La legisladora aseguró que la carrera de aviación «es una de las más caras en El Salvador». «No tienen ustedes idea, porque no solo es lo que cuesta ir a una escuela de aviación, sino cada hora vuelo. Además, tienen que terminar otras horas vuelo para poder acreditación para hacerlo en una aerolínea como piloto, esas horas vuelo se pagan y son carísimas», afirmó.

Villatoro indicó que muchos jóvenes han estudiado aviación por su sueño de ser piloto en una de las aerolíneas más importantes de América Latina con sede en El Salvador.

«Papás esforzándose con préstamos para mandar a estos jóvenes a estudiar. Como no logran completar, les toca quedarse como instructores de vuelo y después los exámenes y análisis para poder quedar dentro de estas empresas», sostuvo.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, quien relató que estuvo trabajando en aviación en San Francisco, Estados Unidos, durante 17 años, aseguró que «El Salvador está en la lupa de muchas inversiones».

Según el legislador, el Aeropuerto Internacional de El Salvador se está expandiendo porque solo el año pasado se recibieron 5.2 millones de pasajeros en El Salvador.

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 10 de la Ley de Bancos para eliminar la exigencia de que un mínimo del 51 % de acciones de cada banco en El Salvador sean salvadoreños o centroamericanos, o de bancos centroamericanos o extranjeros calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente.

La eliminación del artículo 10 fue aprobada con 56 votos a favor y el voto en contra por parte de la diputada Cesia Rivas, de Vamos.

Los primeros dos incisos del artículo suprimido establecían un mínimo del 51 % de las acciones de un banco en El Salvador a personas salvadoreñas o centroamericanas, o entidades salvadoreñas con accionistas mayoritarios de El Salvador o centroamericanos.

Los siguientes dos incisos del artículo establecían ese mínimo del 51 % de acciones bancarias para que estas estuvieran en manos de bancos centroamericanos o extranjeros con «regulación prudencial» y «calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente».

El último inciso del artículo 10 establecía que, en el caso de bancos centroamericanos y extranjeros, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) deberá suscribir memorándos con la sede de la entidad bancaria inversionista del país para «coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada”.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que esta derogatoria permitirá que la “economía” salvadoreña “pueda florecer” e incrementará “las competencias del sector bancario, generando la introducción de nuevos productos o tecnologías financieras, la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito y mejores condiciones para los usuarios”.

“No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”, argumentó. Aseguró que se mantienen los requisitos para las instituciones bancarias en el artículo 11.

González dijo que “al menos el 55 % de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y “hoy ese artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de atraer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.

Vamos pide reforma: dos votos

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, criticó que la supresión del artículo también elimina la «supervisión consolidada» y advirtió que no quieren que se repitan fraudes como el ocurrido en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI de R.L.).

«Derogar este artículo es estar a las puertas de muchos Cosavis. Es por ello que solicito que se pueda modificar este decreto y no sea derogado este artículo. Y la reforma dice así: la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador deberá mantenerse como mínimo en un 51 % entre los tipos de inversionistas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo. Cuando se trate de accionistas controladores provenientes del extranjero estos deberán cumplir los siguientes requisitos: a) estar sujetos en su país de origen a regulación prudencial y supervisión acordes a los estándares internacionales en materia bancaria, b) estar sometidos a supervisión consolidada respecto del grupo financiero al que pertenezcan de conformidad con los usos y prácticas internacionales, la Superintendencia deberá suscribir memorandos de cooperación con el organismo fiscalizador del país donde se encuentra establecida la entidad inversionista con el objeto de coordinar el intercambio de información que posibilite la supervisión consolidada», expresó y leyó su propuesta la diputada de Vamos.

La diputada de oposición les pidió a los diputados de Nuevas Ideas poner atención y preguntarse a quién se está beneficiando. «Es para garantizar los ahorros de la gente», defendió su propuesta. Al final, su propuesta solo tuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos.