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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable de una nueva ley de amnistía fiscal que, durante 60 días calendario, aprobará el perdón de multas, intereses y recargos a contribuyentes que paguen sus deudas atrasadas con el Ministerio de Hacienda.

De las multas de tránsito se perdonarán únicamente intereses.

El dictamen de «Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas» fue aprobado inmediatamente después de la explicación del director de Impuestos Internos, Marvin Sorto.

El decreto sería aprobado en la sesión plenaria de este miércoles 15 de octubre.

Aplicarán incluso a casos que se encuentren con aviso en la Fiscalía General de la República o en proceso penal sin resolución definitiva, «siempre que esté enmarcado dentro de lo que es las omisiones o las inexactitudes en las declaraciones», dijo el funcionario.

Los deudores beneficiados pueden pagar con cheque, notas del tesoro público, tarjetas de crédito o débito.

También, se podrán modificar las declaraciones de impuestos, sin cobro de multas o intereses.

El plazo de aplicación de la amnistía fiscal será de 60 días calendario para programar plazos de pago de hasta nueve meses, incluyendo el 10 % de cuota inicial.

¿A quiénes aplica la amnistía?

• A casos pendientes de la Dirección General de Impuestos Internos, fiscalización, Unidad de Audiencias y Tasaciones.
• Dirección General de Aduanas.
• Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas.
• Fiscalía General de la República.
• Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Lo que queremos es que se exima del pago de intereses, recargos y multas, aquellas declaraciones presentadas sin pagar el impuesto liquidado en ellas, así como también si hay declaraciones o no presentadas, y no pagar multas ni intereses.

Marvin Sorto, director de Impuestos Internos.

Sorto explicó que el beneficio aplicará también a declaraciones con saldos a favor a lo que le correspondía y que declararon de forma errónea, declaraciones donde se pagó menos del tributo que debía pagarse, casos en procesos de fiscalización ya sea por evasiones intencionales o no intencionales, casos en etapa de audiencia o etapa de prueba, con plazos vencidos y pendiente de resolución, en plazo de impugnación, falta de declaración de mercancías o con omisiones o inexactitudes o sin pago, en proceso de verificación aduanera, o también si no ha pagado el Impuesto sobre la Renta o con un mandamiento de pago vencido.

La amnistía aplica a declaraciones presentadas hasta el 31 de julio de 2025.

Si los casos están en contencioso administrativo o en la Sala de lo Contencioso Administrativo, o en Sala de lo Constitucional, también podrán aplicar.

También, aplica a los casos en donde no se hicieron retenciones de Impuesto sobre la Renta o de IVA, y que no las haya enterado al fisco, o que hayan enterado cantidades inferiores.

Los contribuyentes deberán desistir de continuar con las demandas.

En el caso de las multas de tránsito, la amnistía fiscal perdona únicamente intereses y no las multas. En el resto de deudas con el fisco, se dispensan multas, intereses y recargos.

Las multas de tránsito estarían gozando de este beneficio, aclaro, no la exoneración de la multa, sino la exoneración de los intereses en concepto de multas de tránsito.

Marvin Sorto, director de Impuestos Internos.

Al intentar explicar el atraso del gobierno para publicar un estudio actuarial antes de la propuesta de una nueva reforma de pensiones en El Salvador, el economista Carlos Acevedo aseguró este lunes que cree que “lo que está pasando» es que «los números les están mostrando que hay una papa caliente bien grande ahí”.

En la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, Acevedo ejemplificó que Eduardo Melinsky, consultor actuarial de nacionalidad argentina que ya ha realizado estudios para El Salvador, “no tiene más dificultad que hacer los cálculos” y que tarda aproximadamente un mes. “No entiendo por qué todavía no está”, indicó.

El acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) programó la publicación del estudio actuarial a finales de julio y se pospuso para finales de septiembre, lo cual no se ha cumplido. “Eso manda señales bastante negativas”, consideró.

El mismo acuerdo con el FMI incluye la publicación de la propuesta de reforma de pensiones el 10 de febrero de 2026.

“No entregaron ni siquiera el estudio actuarial. Yo tengo mis serias dudas de que vayan a entregar a tiempo la propuesta de una nueva reforma. El Fondo pareciera bastante condescendiente pero la paciencia tiene sus límites, entonces, no hay que estar jugando con el Fondo Monetario”, indicó.

El estudio actuarial según el también expresidente del Banco Central de Reserva debe mostrar el valor actual de la deuda futura en pago de las pensiones a los trabajadores salvadoreños, tomando en cuenta variables como: los flujos de sus cotizaciones, las tasas de mortalidad, las proyecciones demográficas y los cambios en la estructura de las edades de la población.

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El economista reiteró que es muy probable que la propuesta de reforma de pensiones incluya un aumento en la edad de jubilación que, detalló que en otros países se ha aplicado gradualmente.

Consideró posible un aumento de las tasas de cotizaciones, pero consideró inaplicable una similar a la de Uruguay –que implicaría subirla del 16 % al 21 % de los ingresos del trabajador aportados por este y por el empleador– ya que arrastraría el capital político que tiene el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Según el especialista, quien recordó que vienen las elecciones generales en 2027, esto es una «papa caliente que heredó», y mencionó que esto es responsabilidad de «los que hicieron el primer muñeco», «muy feo desde su origen», el Sistema Público de Pensiones (SSP).

«Esto es una papa caliente que heredó. El diseño del sistema de pensiones público de pensiones está mal, el muñeco era muy feo desde su origen. Todas las reformas que se han hecho, la privatización del 97, el FOP (Fideicomiso de Obligaciones Previsionales) de 2006, la del 2017, la de 2022, han sido parches en un muñeco muy feo». Carlos Acevedo, economista.

Actualmente, los fondos de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) es utilizado para pagar las pensiones del SSP, que está desfinanciado.

También está por agotarse la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), alimentada de las cotizaciones de los trabajadores afiliados a las AFP y que sirve para pagar pensiones vitalicias de los afiliados al sistema público, las pensiones mínimas a los afiliados de las AFP cuando se les acaban sus ahorros individuales, así como pagos de Certificados de Traspaso y devoluciones de quienes no cumplen requisitos de jubilación.

Los fondos son tomados en calidad de préstamo, actualmente ya no a través del FOP, sino a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que emite los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para que las AFP los adquieran a una tasa de interés del 7 %.

Según el Ministerio de Hacienda, la deuda acumulada que tiene el Estado con el ahorro de las pensiones ya superó los $11,000 millones.

El acuerdo del Servicio Ampliado del FMI (SAF) exige una propuesta de pensiones que cumpla las recomendaciones del FMI, el cual ha solicitado que la reforma de pensiones contenga el gasto fiscal del Estado, es decir, el compromiso de una reforma de pensiones en El Salvador no tendría otra finalidad que «respaldar» el ajuste fiscal proyectado en el acuerdo después del año 2025.

• Sistema de Pensiones Público (SSP): 88,000 beneficiarios, 2,300 contribuyentes.
• Sistema de Pensiones Privado: 950,000 trabajadores cotizantes de las AFP, paga jubilaciones a 128,000 jubilados.
• Dato: 89 % de los fondos administrados por las AFP se mantienen en títulos de deuda estatal. «En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP», dice el informe de julio del FMI.

Este lunes 13 de octubre inició operaciones el nuevo duicentro de San Miguel ubicado en Garden Mall, este es el tercero de los cuatro duicentros salvadoreños que serán trasladados por la institución hacia centros comerciales por la baja producción de documentos de identidad.

Duicentros de El Salvador informó que el sábado 11 de octubre fue el último día que atendió el duicentro de San Miguel ubicado en ese entonces en la 6a. Calle Poniente, contiguo a la Escuela Miguel Escobar Granillo.

La nueva ubicación del duicentro es: bulevar Víctor Kury y calle al Delirio, en los locales L04, L05, L06, L13 y L14, dentro del centro comercial Garden Mall. El sitio web de duicentros ya se encuentra actualizada con las tres nuevas ubicaciones para agendar citas.

Las tres nuevas ubicaciones son:

• Plaza Mundo Soyapango.
• Plaza Mundo Usulután.
• Garden Mall San Miguel.

Por ello es que se han cerrado las sucursales en Portal Sagrera, San Salvador; Usulután y San Miguel. Hace falta que el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informe sobre la fecha de cierre de la sucursal de Apopa hacia Plaza Mundo Apopa.

El presidente del RNPN, Fernando Velasco, dijo a inicios de octubre que la decisión de trasladar sucursales se tomó por la baja producción de Documentos Únicos de Identidad (DUI) en las antiguas sucursales.

Explicó que las nuevas ubicaciones fueron elegidas por ser «lugares estratégicos» para aumentar la afluencia de personas por su accesibilidad, parqueo y con transporte colectivo que deje cerca a los usuarios.

La entidad también acordó a mediados de año que cerraría definitivamente la sucursal en Santiago de María porque desde enero de 2021 hasta diciembre de 2024 hubo una baja sostenida en las emisiones de documentos de identidad.

Para hacer efectivos los cambios de ubicaciones de duicentros, el RNPN aprobó modificar el contrato DR-CAFTA-02/2020 “Concesión de los servicios públicos del sistema de registro, emisión y entrega del Documento Único de Identidad en territorio nacional y personalización del Documento Único de Identidad para el exterior” con la empresa Mühlbauer.

La Asamblea Legislativa sumó esta semana un total de 17 préstamos autorizados desde enero de 2025, con un monto total de $1,992 millones, no todos han sido incorporados al presupuesto general del Estado del presente año.

De los 17 préstamos autorizados, el Legislativo ha aprobado o ratificado 13 por $1,585.7 millones.

Uno del BID se destina a “apoyo a la sostenibilidad macroeconómica”, otros dos del Banco Mundial se destinan a sostenibilidad fiscal, y otros dos del CAF pueden ser utilizados para refuerzos presupuestarios.

Los créditos que podría ser destinados a un refuerzo presupuestario para el funcionamiento del Estado suman $900 millones, pero solo uno se ha incorporado mediante reforma al presupuesto 2025 por $250 millones, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Fue el decreto 410 aprobado el 23 de septiembre y vigente desde el 24 de septiembre de 2025.

Dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que suman $150 millones son de libre disponibilidad, es decir, pueden ser utilizados para «prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

Además, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $500 millones para «Apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador», autorizado en marzo y ratificado en abril, se suma a este tipo de destinos. Sin embargo, este aún no ha sido incorporado en el presupuesto.

El Ministerio de Hacienda ha sostenido que no ocupa préstamos para gastos corrientes durante 2025 y que prevé la misma práctica en 2026.

De los 17 préstamos autorizados, 13 estarían destinados a programas de inversión de gasto social como desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador, por $60 millones del BID; $113.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para Surf City fase I; $120 millones del BIRF para mejora de atención de salud en El Salvador; $100 millones de la CAF para modernización del sistema educativo de El Salvador; $71.8 millones del Deutsche Bank para la construcción de una plata de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en La Libertad.

A estos se suman $120 millones para «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» otorgado por el BIRF, $100 millones del BIRF como opción de desembolso diferido ante catástrofes; $150 millones del BID para trayectorias educativas y su resiliencia al cambio climático; $60 millones del BID para movilidad urbana en el área metropolitana; $30 millones del Fondo OPEP para desarrollo económico, inclusivo y nutricional de las zonas rurales, $70 millones del Fondo OPEP para Surf City fase II; $31.3 millones del FIDA para Surf City fase II; y $65 millones del BCIE para la construcción y la instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Un total de $600,000 son asignados al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) en el presupuesto del Ministerio de Gobernación publicado por Transparencia Fiscal, en el proyecto de presupuesto general del Estado 2026, en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

Los fondos están destinados a “administrar el RAEX para lograr una aplicación efectiva y eficaz de la ley” en 2026.

Un total de $330,575 de los fondos asignados se destinarán a compra de bienes y servicios, un total de $59,200 serán usados para realizar «gastos financieros y otros», y otros $210,225 se dirigirían a activos fijos.

La Ley de Agentes Extranjeros (RAEX) está vigente en El Salvador desde junio de 2025 y busca que el RAEX registre y fiscaliza todas las personas e instituciones consideradas como «agentes extranjeros», así como imponerles un impuesto del 30 %, que puede ser exento a entidades o personas que realizan actividades sociales si lo solicitan al RAEX.

Los fondos con que se financiará el nuevo registro proviene, según el proyecto de ley, del Fondo General del Estado, es decir, de ingresos propios.

El Ministerio de Gobernación, dirigido por Juan Carlos Bidegaín, dice que el objetivo de su presupuesto para el 2026 a «proporcionar de forma ágil, permanente y confiable» los «registros de asociaciones, fundaciones sin fines de lucro y agentes extranjeros», entre otros.

Los agentes extranjeros según la ley son. personas naturales o jurídicas que «respondan a intereses o sean financiadas» por personas o empresas extranjeras, que se llaman «mandantes» extranjeros.

La inscripción al RAEX es obligatoria y esta tendrá amplias facultades para supervisar, fiscalizar y llevar «un control de las actividades de los agentes extranjeros» y requerirles «informes necesarios».

Recientemente, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseveró en la Comisión de Seguridad Nacional que hay reportes de cobros del impuesto a agentes extranjeros sobre las remesas, ante lo cual la superintendenta del sistema financiero, Evelyn Gracias, aseguró que podrían sancionar a los bancos que realizaban dichos cobros.

Nuevas Ideas niega que la ley imponga un impuesto a las remesas que vienen a El Salvador desde el extranjero, mientras la oposición criticó la mala redacción de la normativa.