Categoría: Politica

La Dirección de Auditoría Forense (DAF) de la Corte de Cuentas de la República (CCR) realizó 14 informes de auditoría y concluyó 29 reportes de ilícitos penales de enero a diciembre de 2025, según la memoria de labores institucional publicada la semana pasada.

La Dirección de Auditoría Forense tiene un poco más de un año de funcionamiento, según la institución.

El informe de labores de la CCR entregado por el presidente de la institución contralora, Walter Sosa, al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el martes pasado, indicó que se realizaron además «60 peritajes» que atendieron requerimientos de la Fiscalía General de la República, tribunales del Órgano Judicial y cámaras de primera instancia de la CCR.

En el informe, la Corte califica de estratégica la DAF «para el Plan Masivo de Fiscalización Gubernamental 2025», ya que ha realizado peritajes contables y auditorías especializadas «para identificar y mitigar riesgos financieros en la gestión pública».

Según la CCR, la DAF es «un pilar esencial en la lucha contra el fraude y la corrupción en las entidades del sector público» y para la «detección e investigación de irregularidades».

La Dirección de Auditoría Forense fue creada, el 28 de agosto de 2020, en la primera sesión de la Corte de Cuentas integrada por Roberto Anzora, María Martínez Barahona y Julio Bendek Panameño.

Ese día, luego de darle la bienvenida al segundo magistrado recién nombrado, Julio Bendek Panameño, el pleno de la CCR acordó aprobar la creación de la Unidad de Auditoría Forense y presentar un acuerdo definitivo con objetivos y funciones con «los casos más relevantes y complejos que requieran una auditoría especializada».

Luego, las funciones de la Dirección de Auditoría Forense fueron detalladas en el Reglamento Orgánico Funcional emitido por los magistrados Roxana Soriano, entonces presidenta de la CCR, ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral; y Julio Bendek, como primer magistrado; y José Rodrigo Flores, como segundo magistrado en ese entonces, el 4 de diciembre de 2023.

Entre las funciones asignadas a la DAF, se incluyó «realizar un examen de casos especiales de riesgo de fraude y corrupción en las entidades que manejan y administran fondos públicos», «conocer sobre los posibles ilícitos penales advertidos en los procesos de auditoría gubernamental» y «remitir a la Coordinación General de Auditoría los actos irregulares identificados en una auditoría».

Luego de su presentación de las cartas credenciales, el embajador de El Salvador en Eslovenia, Kennedy Reyes Lazo, se reunió con la directora para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia, Anita Stankovic Pavlic, “para definir acciones que estrechen el diálogo político y fortalezcan la agenda bilateral”.

Reyes, quien también es embajador en Austria, entregó sus cartas credenciales a la presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar.

El diplomático también se reunió con la subdirectora Económica de Relaciones Exteriores de Eslovenia, Jana Grilc, sobre oportunidades en “diplomacia económica”, “identificando áreas concretas para dinamizar del comercio, la atracción de inversiones y la promoción de turismo”.

Así mismo, se reunió con representantes de la comunidad salvadoreña en Liubliana.

Así mismo, se reunió con la embajadora Sabina Stadler, jefa de Estudios Estratégicos y Análisis la Cancillería de Eslovania, con quien conversó sobre inteligencia artificial, digitalización y el desarrollo de diálogos estratégicos bilaterales, TechDiplomcy, en función de “construir una una agenda de resultados”.

Reyes Lazo ha sido nombrado también embajador de El Salvador en Austria, representante permanente de El Salvador ante Naciones Unidas en Viena, representante permanente de El Salvador ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), representante permanente de El Salvador ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO o ONUDI) y también representante permanente de El Salvador ante la Academia Internacional Anticorrupción.

Los dos diputados por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Marcela Villatoro y Francisco Lira aún no deciden si buscarán la reelección en la Asamblea Legislativa.

Consultado al respecto, el diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró esta semana que actualmente tiene “un diálogo activo con líderes comunitarios en La Libertad” y que esta “evaluación territorial orientará la decisión sobre una posible candidatura para un tercer período”.

“Esto no se trata de una persona, sino de unirnos como salvadoreños en una sola causa: defender a El Salvador sin ideologías políticas”, dijo.

El legislador aseguró que hará su trabajo “hasta el último día de esta legislatura”, según el legislador señalará “las injusticias” y luchará por “el bolsillo de las familias, la falta de medicinas y el apoyo que nuestro agro necesita con urgencia”.

La diputada Marcela Villatoro dice que tampoco ha pensado en la búsqueda de reelección por el momento.

Puede leer: Las marcas que lograron los diputados electos 2024-2027

“No es urgente pensar en eso, lo que sí estoy haciendo es reclutando los candidatos y trabajando la defensa del voto como la estructura”, afirmó. La legisladora asegura que está realizando visitas en todo el país. “La estructura me pide pero hablamos de temas legislativos”, indicó.

En las elecciones de Asamblea Legislativa de 2024, Arena logró 227,357.3 votos y dos diputados.

Por el departamento de San Salvador, Marcela Villatoro logró 38,502 marcas; mientras, por el departamento de La Libertad, Francisco Lira logró 19,737 marcas. Ellos son dos de los tres diputados de oposición en la Asamblea Legislativa; la tercera es Claudia Ortiz, quien en San Salvador logró 79,079 marcas y su partido logró 91,675.45 votos.

En las legislativas de 2024, el partido oficial, Nuevas Ideas, tuvo 2.2 millones de votos válidos, con los cuales logró 54 diputados.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Godínez, exhortó a los salvadoreños en el exterior a que apliquen a becas con el apoyo de Panamerican University para el grado de “Bachelor y máster en Ciencia de Datos e Inteligencia y Artificial”.

Según la Cancillería, serán clases en español en formato online. La fecha límite para aplicar es el 30 de marzo de 2026. Los estudios inician en abril de 2026.

Las becas serían parciales y totales sobre el valor de la colegiatura o del programa. Según el sitio web de la universidad, también disponen de un precio preferencial en los programas académicos de la institución.

Los requisitos de admisión para obtener el grado de Bachelor son:

• Copia de identificación oficial emitida por el gobierno de su país.
• Copia oficial del diploma de High-School (diversificado).
• Copia Diploma High School, traducida al inglés por un traductor certificado.
• Copia oficial del certificado de transcripción de notas, listado de materias con notas finales.
• Copia del Certificado de transcripción de notas traducido al inglés por un traductor certificado.

Los requisitos de admisión para las maestrías son:

• Copia de identificación oficial emitida por el gobierno de su país
• Copia oficial del diploma de High-School (diversificado)
• Copia de diploma High School, traducida al inglés por un traductor certificado
• Copia oficial del diploma de Licenciatura o Bachelor
• Copia del diploma de Licenciatura o Bachelor, traducida al inglés por un traductor certificado
• Copia oficial del certificado de transcripción de notas
• Licenciatura o bachelor o listado de materias con notas finales
• Copia del certificado de transcripción de notas Licenciatura o Bachelor traducido al inglés por un traductor certificado

La bitcoiner y artista alemana Lina Seiche, quien trabaja con el Ministerio de Educación y la Oficina Nacional del Bitcoin en El Salvador en educación financiera, visitó el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur.

«CECOT abrió sus puertas a un pequeño grupo de periodistas y defensores de derechos humanos.
Tuvieron la oportunidad de hablar con un recluso», reveló en X. No detalló la fecha de la visita ni quiénes participaron en la visita al CECOT.

Según la bitcoiner que reside en El Salvador, uno de visitantes preguntó a uno de los reos si lo tratan con justicia y le ofreció ayuda si no.

«¿Acaso no les brindaron la misma compasión y la misma ayuda a las familias de sus víctimas? Las ONG critican duramente a CECOT, una prisión construida para albergar la peor clase de maldad. Hombres que asesinaron a decenas de personas. Hombres que sacrificaron niños al diablo. Hombres que masacraron padres delante de sus hijos e hijas delante de sus madres. Hombres que ahora reciben tres comidas al día, acceso inmediato a atención médica y la atención exclusiva de organizaciones que no se preocupan por sus víctimas», criticó.

Aseguró que uno de los reclusos participó en el descuartizamiento a 11 personas con machetes. «Mientras el alcaide relataba sus crímenes, el hombre sonreía. Le ordenaron ponerse la mascarilla. Continuó sonriendo con serenidad tras ella», comentó.

Seiche señaló a las organizaciones no gubernamentales de que «les encanta odiar a CECOT» porque quieren aprovecharse de la atención, es el símbolo de «un cambio de paradigma que desprecian» y porque es segura. «Pueden sonreírle a la cara al alcaide (director de centro penal) que los invitó para luego traicionarlo con una campaña de desprestigio al día siguiente», afirmó.

Señaló a las ONG de intentar «liberar a asesinos por un tecnicismo» o de preguntarle a asesinados «si su litera es demasiado dura o su comida demasiado insípida» y dijo que cada vez que hacen eso «escupen sobre las tumbas de los inocentes».

Durante las últimas semanas se desató una polémica por la publicación del informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) que presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sostiene que durante el régimen de excepción hay bases para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad: señalan capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes de detenidos bajo custodia estatal, además de persecución política.

Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y autor del polémico informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES), que consideró la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el régimen de excepción, rechazó que hayan solicitado la liberación de pandilleros en El Salvador.

En una entrevista realizada por Benjamín Cuéllar, en su programa Quijoteando de radio La Klave, Cantón expresó que «es realmente llamativo que no hayan rechazado que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad», posteriormente a la presentación pública del informe, «sino que están descalificando por otros motivos y entre esos mencionan que nosotros decimos que hay que liberar a todos los presos en el CECOT, no es cierto».

Su experiencia, dijo, es que los gobiernos desmienten el contenido del señalamiento de violación a derechos humanos que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El abogado aseguró que lo que sí han solicitado la conformación «una comisión que pueda revisar lo actuado, que pueda revisar si se cumplió con el debido proceso «en los casos individuales y no de forma masiva y en base a eso algunas personas pueden quedar en libertad». Explicó que dicha comisión debiera estar conformada por salvadoreños con acompañamiento internacional.

Canton opinó en el programa que «el modelo de Bukele requiere la destrucción del Estado de Derecho. Se puede hacer lo mismo, es decir, detener a las personas y hacerles juicios, dentro del marco de la ley», indicó.

De la misma manera, el abogado opinó que «la seguridad no se debe limitar a poner más policías en las calles y bajar la edad de imputabilidad, con eso no se logra nada y está probado porque llevamos décadas cometiendo esos errores, aquí en el caso de El Salvador lo estamos profundizamos aún más con crímenes de lesa humanidad».

El abogado argentino aseveró que el informe «fue bien recibido, ha habido artículos en todos los idiomas en los principales medios del mundo, no así por parte del Gobierno» y «todo esto fue ad honorem», ante aseveraciones de posibles financiamientos de George Soros.

Canton fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), articipó en programas con organizaciones no gubernamentales en El Salvador y visitó El Salvador cuando los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí por la Liberación Naciona (FMLN) buscaban hacer un juicio político al actual Nayib Bukele.

«En esa oportunidad me reuní con el presidente Bukele, pocos días me dijo el exsecretario general (Luis Almagro): fuiste a El Salvador y salvaste la presidencia de Bukele en ese entonces con el informe que hiciste», relató. Dicho informe, que concluyó que no tenía sentido un juicio político contra el presidente, fue presentado en mayo de 2021.

Según el abogado, el informe también incluía riesgos como la falta de independencia del poder judicial, la persecución a la prensa, la cooptación del poder, entre otros. «En efecto, fue lo que pasó posteriormente. Ahora es mucho más grave», afirmó.

El informe aseveró que «existen motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad» durante el régimen de excepción, un delito definido como ataque generalizado o sistemático contra una población civil; este consideró que hay más de 89,000 personas detenidas de forma masiva y arbitraria, al menos 8,000 personas inocentes liberadas reconocidas por el gobierno, 3,000 menores privados de libertad, 400 personas fallecidas bajo custodia estatal, 540 casos documentados de desapariciones forzadas, 814 casos de tratos crueles hasta marzo de 2024, 40 periodistas desplazados, 34 defensores de derechos humanos y 18 sindicalistas detenidos por razones políticas.

El presidente Nayib Bukele deslegitimó a las organizaciones no gubernamentales y a los expertos, señalándolos de tener una agenda coordinada y financiada desde el exterior (George Soros) y de preocuparse exclusivamente de los derechos de los delincuentes. «Únicamente defienden los derechos de los criminales», indicó en X.

Por su parte, Félix Ulloa, vicepresidente, cuestionó por qué las organizaciones no han denunciado el «genocidio» provocado por las pandillas argumentando que este es crimen de lesa humanidad.

El secretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos, Riley Barnes, se reunió con líderes religiosos para conversar sobre el compromiso compartido «con la libertad religiosa», informó la Embajada de los Estados Unidos.

La oficina diplomática informó que Barnes cumple en El Salvador «una apretada agenda enfocada en atestiguar las transformaciones de seguridad que ha vivido el país que permiten a los salvadoreños gozar sus derechos fundamentales».

El funcionario se reunió antes con la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, con quien dialogó «sobre el compromiso de El Salvador con la defensa de la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos«.

En X, la Embajada manifestó que el gobierno de Estados Unidos comparte la opinión de que «la justicia, la ley y el orden son esenciales para la defensa de los derechos humanos» y se comprometió a continuar con su cooperación.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dijo ayer que «es algo que se va a aplicar hacia el futuro», en referencia a la reforma constitucional y a cuatro leyes para sancionar con cadena perpetua los delitos de homicidio, feminicidio, violación y organizaciones terroristas o pandillas, bajo estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

El funcionario no detalló de qué forma se aplicaría la reforma «hacia el futuro» en los procesos penales iniciados contra más de 91,300 supuestos pandilleros capturados durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022.

“Hubiera sido muy difícil llegar a este punto, porque en realidad es algo que se va a juzgar hacia, más bien, que se va a aplicar hacia el futuro, en primer lugar. Si esto se hubiera logrado aprobar en 2006, con los centros de reclusión que teníamos en aquel entonces básicamente se hubieran convertido en algo que hubiera pasado desapercibido”, aseguró el fiscal, en respuesta a una pregunta del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sobre qué hubiera pasado si hace 20 años se hubiera aprobado la reforma propuesta.

Delgado sostuvo que, si no se tiene un sistema penitenciario “robusto, adecuado, preparado para tener a estas personas durante tanto tiempo recluidas”, la reforma hubiera sido “contraproducente” o “letra muerta”.

Uno de los nuevos delitos que sería sancionado con prisión perpetua es la «pertenencia a organización terrorista como pandilla», delito que será agravante cuando sea cometido por cabecillas, funcionarios, quienes pacten acuerdos u ofrezcan cuerdos, para intermediarios, negociadores, entre otros.

Los diputados acordaron la reforma al artículo 27 de la Constitución para aprobar la cadena perpetua y esta posiblemente sería ratificada la próxima semana. La Comisión Política espera, según las afirmaciones del presidente legislativo, Ernesto Castro, cuando divulgó la programación de las consultas, emitir dictamen el próximo martes.

El Gobierno ha solicitado reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley por una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y Ley especial contra el terrorismo para aprobar la pena perpetua como única pena posible en ciertos delitos y con la posibilidad de obtener una “libertad controlada” solo después de más de 25 años de prisión si es menor o más de 30 años si es adulto en prisión.

La propuesta de reforma se encuentra bajo estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que posiblemente dictaminaría, la próxima semana, la ratificación de la reforma constitucional del artículo 27, para levantar la prohibición de la pena perpetua.

¿Para quiénes y para qué delitos aplicaría según la propuesta de reforma?

Menores y adultos: la reforma a la Ley Penal Juvenil busca que los menores puedan ser sancionados con prisión perpetua.

Pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla: el que pertenezca a una organización terrorista conocida como pandilla sería sancionado con pena de prisión perpetua. En la reforma se mencionan como agravantes si son: creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas, cabecillas, autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público, si promueven, ayudan, facilitan o favorezcan la conformación de las pandillas, quienes pacten acuerdos u ofrezcan beneficios, para intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores,

Homicidio simple: el que matare a otro sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Homicidio agravado: se impondría la pena de prisión perpetua.

Feminicidio: quien cause la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Feminicidio agravado: sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Violación: el que mediante violación tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona sería castigado con prisión perpetua.

Violación en menor o incapaz: el que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de 15 años de edad, o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental de su estado de inconciencia o de su incapacidad de resistir, sería sancionado con pena de prisión perpetua.

Violación y violación en menor o incapaz agravada: los delitos de violación y violación en menor o incapaz serían sancionados con prisión perpetua.

Otras penas según la propuesta de reforma

Organizaciones terroristas: los que formen parte de organizaciones terroristas, con el fin de realizar cualquiera de delitos, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años; los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, con prisión de 40 a 60 años.

Las organizaciones terroristas se definen como “agrupaciones provistas de cierta estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables o permanentes, con jerarquía y disciplina”, para usar métodos violentos con el fin de ”infundir terror, inseguridad, alarma” o “arrogarse el ejercicio de potestades” soberanas del Estado o para afectar los derechos de la población.

Delitos tentados y cómplices

Para cómplices y para los delitos tentados, los cómplices se establecerán “desde la mitad del plazo hasta el plazo previsto para la primera revisión de la pena de prisión perpetua”. Es decir, desde 12 años y medio en adelante, ya que la primera revisión obligatoria se daría a partir de 25 años para los menores y a partir de los 30 años de prisión a partir de los 30 años con un delito, a partir de 35 años con concurso de delitos y 40 años, con agravante o extrema gravedad cualificada.

Agresión sexual agravada

El delito de “agresión sexual en menor o incapaz” sería “sancionado con la pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte”. La pena de la agresión sexual según el artículo 161, que no se reformaría, tiene una sanción con prisión de diez a quince años.

Agrupaciones ilícitas

Tendrá una sanción de 10 a 20 años de prisión. Será considerado como la conformación de tres o más personas temporal o permanentemente para delinquir.

La forma de gobierno en El Salvador es calificada como autocracia electoral en el informe de Democracia 2026 publicado en marzo por el V-Dem Institute, una entidad que evalúa las democracias en el mundo desde 1789 con 600 atributos.

El gobierno de El Salvador ha rechazado públicamente este tipo de informes. En mayo de 2025, el presidente, Nayib Bukele, criticó un mapa sobre la calidad democrática de los países en el mundo y cuestionó por qué las puntuaciones más altas «las obtienen las monarquías hereditarias y los regímenes que prohíben a sus oponentes».

El informe 2026 del Instituto V-Dem indica que las tres cuartas partes de la población mundial (74 %) vive en autocracias y el 7 % en democracias liberales; y que el mundo tiene 92 autocracias y 87 democracias hasta el cierre del año 2025. La totalidad de la población que reside en países con democracias, señala, son dos mil millones; y mientras los que viven en autocracias suman los seis mil millones.

Dentro de las autocracias, la autocracia electoral es el régimen de gobierno más popular en 2025, ya que cerca de la mitad de la población vive en dicha forma de gobierno según el Instituto: 3,800 millones o 46 %. Las autocracias cerradas incrementaron a un 28 %, con la suma de Bangladesh.

De acuerdo al estudio la mayoría de población en Latinoamérica vive en democracia, el 71 %: un 5 % en “democracias liberales” como Chile, Costa Rica y Uruguay; 64 % en “democracias electorales” como Argentina y Brasil; 2 % en “democracias en zona gris”, donde ubica a Guyana y Honduras; y 29 % en autocracias: 20 % en autocracia electoral en zona gris (México); 6 % en “autocracias electorales” como El Salvador, Nicaragua y Venezuela; y 3 % en “autocracias cerradas” en Cuba y Haití.

La publicación ubica a 44 países en donde empeoró la libertad de expresión y solo en 11 países en donde mejoró. También señala que en 33 países se recurre más a la tortura política “para reprimir a la oposición”, que en 31 ha empeorado la capacidad para investigar la conducta inconstitucional del Ejecutivo y que en 28 países se incumple cada vez más la Constitución.

El informe 2026 del V-Dem indica que El Salvador está marcado por “arrestos arbitrarios y encarcelamientos masivos, restricciones a la libertad de expresión, la sustitución de jueces del Tribunal Supremo y la manipulación de los límites de mandato”, señala que la caída del LDI en El Salvador entre 2019 y 2021 “es comparable casi únicamente a golpes militares”. También menciona el segundo mandato de Nayib Bukele a partir 2024 pese a una prohibición inicial de reelección inmediata, la sustitución de magistrados en la Corte Suprema y la eliminación de límites a la reelección presidencial continua. “El Salvador es una autocracia electoral, pero una de las más opresivas de esta categoría”, indica el informe.

El informe 2025 del Instituto V-DEM ya ubicaba a El Salvador como autocracia electoral; en el informe 2021, que se realizó con datos de 2020, El Salvador aparecía aún como «democracia electoral».

¿Cómo define los regímenes de gobierno el Instituto V-DEM?

Autocracia cerrada: no hay elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo, no hay libertad de expresión, ni libertad de asociación ni elecciones libres y justas.

Autocracia electoral: hay elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo pero los niveles de requisitos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación, y la celebración de elecciones libres y justas son insuficientes.

Zona gris: los países pertenecen a esta categoría si los intervalos de confianza se superponen, lo que hace que la clasificación sea más incierta.

Democracia electoral: las elecciones multipartidistas para el poder ejecutivo son libres y justas; existen grados satisfactorios de sufragio, libertad de expresión y libertad de asociación.

Democracia liberal: se cumplen los requisitos de la democracia electoral; existen limitaciones judiciales y legislativas al poder ejecutivo, junto con la protección de las libertades civiles y la igualdad ante la ley.