El gobierno tiene programados en sus presupuestos de los ministerios de Salud y Educación un subsidio de $20,259,715 dirigido a instituciones, asociaciones o fundaciones humanitarias, no gubernamentales, para el año 2026.
Un total de $7,263,230 están asignados a 34 asociaciones o fundaciones en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud, con los mayores montos para la Fundación Ayúdame a Vivir, con $850,000; y la Fundación Tu Sanador El Salvador, con $805,500.
Dentro de las entidades no gubernamentales apoyadas por el Ministerio de Salud para 2026, en comparación con el presupuesto 2025, tendrían un aumento: las asociaciones de hogar de ancianos «Llanos Magaña» de Ahuachapán, y de señoras de la caridad de Santa Tecla, Cojutepeque y Sonsonate, la Institución Carmelitana. Y presentaría un recorte de $43,000 la Fundación Inocencia y Fundasida, que tenía asignados $25,000 en 2025.
El Ministerio de Educación tiene programados $12,996,485 millones para asociaciones, fundaciones o instituciones dentro de la línea de trabajo «Programas educativos a través de socios estratégicos» pero no detalla el listado de entidades receptoras. En 2025, lo detalló parcialmente.
Dicha cantidad es idéntica a la incluida en el presupuesto 2025 y cuyo listado únicamente detalló el monto entregado a cada una de nueve asociaciones por un total de $2,664,250, correspondiente a las entidades que fueron incluidas por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre de 2024, mediante el dictamen 53.
Estas asociaciones fueron: la Fundación Padre Arrupe, la Fundación Edytra, Fundación Itexal, el Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas Montalvo, la Asociación Hermanas Somascas de San Jerónimo Emiliani, la Asociación de Exalumnos del Colegio Externado San José, la Asociación Atrévete Internacional, la Asociación Corporación Hermanas Josefinas y la Fundación Altas Capacidades de El Salvador.
El presupuesto del Ministerio de Educación no detalla el resto de las instituciones que completarían los $12.9 millones que totalizan la línea presupuestaria «Programas educativos a través de socios estratégicos».
Sin incluir a oenegés apoyadas por MAG y MARN
El 16 de diciembre de 2024, durante la aprobación del presupuesto 2025, se incorporaron 18 entidades que no habían sido consideradas.
Según el dictamen favorable aprobado 53 de la Comisión de Hacienda, se incorporaron también la Alianza Agropecuaria Alimentaria y Subsistencia Familiar en El Salvador, con $120,000; la Asociación Patitas de la Calle, con $70,000; y la Unidad Nacional de Hispanos Aliados (Unisal), con $100,000; y la Fundación Centro de Capacitación de El Salvador (Fucaes), con $400,000, dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Estas cuatro asociaciones aparecen en la ley del presupuesto 2025, en el Portal de Transparencia Fiscal, con un monto de $690,000.
La Diócesis de Sonsonate El Salvador Centroamérica, con $150,000, se incorporaba al Ministerio de Cultura.
Al Hospital Divina Providencia, que atiende a pacientes con cáncer, se le asignaron $160,000 en 2025 según el dictamen.
También, en esa ocasión, se incluyeron la Asociación Protectora de Aves de El Salvador (Aproaves), con $50,000; y la Asociación de Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energías Alternativas (Sabes), con $150,000, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), desglose que aparece detallado en la Ley de presupuesto 2025 del MARN publicada en el Portal de Transparencia Fiscal.
Sin embargo, estos refuerzos no se encuentran reflejados en el proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda.
Si los diputados incorporan estas últimas entidades, el Estado podría aportar fondos a un total de 50 asociaciones o fundaciones humanitarias, con un aumento de $1.2 millones, para un total de $21.47 millones aproximadamente.
El presidente Nayib Bukele anunció en su cuenta de X la búsqueda de expertos para rescatar animales callejeros.
El mandatario señaló que «miles de perros y gatos viven en nuestras calles», motivo por el que invitó a los especialistas interesados a sumarse para crear un nuevo modelo de rescate de perros y gatos en estado de abandono.
Bukele aseguró tener los recursos necesarios para impulsar esta medida, anteponiendo que el plan que se ejecute no implique ningún tipo de maltrato hacia los animales.
«Tenemos los recursos financieros, pero buscamos socios expertos para convertirlo en un modelo para América Latina», señaló el mandatario en la publicación.
El 8 de marzo el mandatario anunció el cierre de Chivo Pets, Bienestar Animal y Polipet, luego de que se diera a conocer el caso de maltrato animal que se daba en un refugio ubicado en el distrito de Ilopango, San Salvador Este.
A raíz de los comentarios en redes sociales el presidente decidió volver a abrir el hospital Chivo Pets, pero mantuvo la medida para las otras dos instituciones.
Thousands of dogs and cats live on our streets.
⁰We want to change that, but without cruelty.
We have the financial resources, but we seek expert partners to make it a model for Latin America ????????????
La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que buscará en el país norteamericano «socios adecuados» para la iniciativa de Bukele.
«En Estados Unidos existe un profundo amor y respeto por los animales, con miles de refugios y organizaciones de asistencia comprometidas con su cuidado», aseguró la funcionaria.
Mayorga dijo que el mandatario podrá contar «con el pleno apoyo» de la sede diplomática para dicha campaña.
Mister President, please count on the full support of this Embassy in identifying and engaging the right partners.
In the US, there is a deep love and respect for animals, with thousands of shelters and assistance organizations committed to their care. ???? https://t.co/PnNqe0IWi3
El gobierno, por medio del ministro de Hacienda, Jerson Posada, pidió a la Asamblea Legislativa le apruebe un decreto de «Disposiciones especiales y transitorias que otorgan facilidades migratorias y beneficios fiscales para la realización del evento GET Forum 2025».
Exonerarían todo pago de servicios, derechos migratorios y consulares, cualquier tasa o precio que se exija por el ingreso y salida al país para todos los miembros de las delegaciones que participarán en el «Foro Global de Emprendimiento y Tecnología para América Latina y el Caribe», denominado para este año: GET Forum 2025″, así como al personal técnico acreditado para asistir.
Eximirán de impuestos, aranceles y todo gravamen las adquisiciones, compras, contrataciones, donaciones, importaciones e internaciones, que incluya a contratistas, por cualquier concepto, y a las personas que participarán en las misiones.
El foro se desarrollará del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 como «una plataforma de innovación» para el impacto del Grupo BID, como «una plataforma orientada a los negocios, centrada en la innovación empresarial y la tecnología para el desarrollo».
Según la iniciativa, la plataforma de GET Forum «opera bajo un modelo público-privado, reuniendo a actores regionales y globales de ambos sectores para compartir ideas, mejores prácticas tecnologías de vanguardia que promueven oportunidades económicas, inversiones políticas públicas que impulsen la innovación y, en última instancia, mejorar la vida en América Latina y el Caribe».
Los efectos del decreto caducarían el 6 de diciembre de 2025. La iniciativa será discutida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que está convocada para el viernes.
El Gobierno solicitó esta semana a la Asamblea Legislativa que apruebe una nueva ley de amnistía fiscal que perdone multas, intereses y recargos a contribuyentes que quieran pagar sus deudas atrasadas con el Ministerio de Hacienda, incluidas deudas de Impuesto sobre la Renta y multas de tránsito.
La «Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas» otorgaría beneficios fiscales por 60 días.
La iniciativa pretende exonerar de multas, intereses y recargos a quienes no hayan efectuado el pago de sus tributos o tengan procesos pendientes con Hacienda, ya sea en la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas o ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, en la jurisdicción contencioso administrativa o en procesos de amparo constitucional, o incluso en Fiscalía.
La ley beneficiaría a ciudadanos que adeudan multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o multas determinadas por cualquier institución de la administración pública, pero no las municipalidades.
Al beneficio, podrán aplicar contribuyentes que no pagaron en su momento el Impuesto sobre la Renta, habiendo tramitado el mandamiento de pago y que el mismo cuente con Número de Pago Electrónico (NPE) vencido.
También, beneficiará a sujetos pasivos de tributos administrados por Impuestos Internos o Aduanas o casos declarados con saldos a favor en una cuantía superior a la que le corresponde de periodos anteriores, o declaraciones de mercancías con fecha para liquidar o declarar vencida hasta el 31 de julio de 2025.
Los deudores de multas de tránsito podrán ser beneficiados si no poseen multas con compromiso de pago a plazo previo o con compromiso de pago a plazo incumplido, estando pendientes de pago total o parcial.
Tesorería otorgará hasta un máximo de 9 cuotas mensuales, es decir, pago a plazos. La primera cuota será 10% de la deuda.
Si se incumple el plan de pago, se perderán los beneficios y se reactivarán las multas, intereses y recargos proporcionalmente al monto adeudado según en plan de pago.
La iniciativa sería conocida en la Comisión de Hacienda, que ha sido convocada para este viernes 10 de octubre.
Una ley similar estuvo vigente durante 90 días desde septiembre y venció el 2 de diciembre de 2024.
La alcaldía de Cuscatlán Sur exonerará a ciudadanos del pago de intereses por deudas en mercados, impuestos municipales y en multas por contravencionales durante 80 días según dicta la ordenanza transitoria aprobada por el concejo municipal.
La ordenanza, publicada en el Diario Oficial del 30 de septiembre, inició su vigencia el 8 de octubre en los distritos de Cojutepeque, San Rafael Cedros, Candelaria, Tenancingo, El Rosario, El Carmen, Monte San Juan, San Ramón, San Cristóbal, Santa Cruz Analquito y Santa Cruz Michapa.
La deuda acumulada puede ser cancelada en una sola cuota o según planes de pago que deberán solicitarse en la Unidad de recuperación de mora o cuotas corrientes de cada distrito.
El pago de cada cuota debe realizarse en la colecturía del distrito, donde se adquirió la deuda. La aplicación de la ordenanza debe solicitarse en los primeros 60 días de vigencia de la normativa.
Las opciones de pago son:
Planes de pago de seis cuotas para montos mayores a $50 y menores a $3,000.
Planes de pago de hasta 12 cuotas para montos mayores a $3,000.
La ordenanza aplica para contribuyentes que tienen mora en tasas e impuestos, quienes se encuentran en proceso judicial, quienes tienen resolución favorable para pagar deuda, quienes hayan incumplido sus planes de pago, o para quienes tienen multas por el no pago de multas contravencionales.
El concejo estableció que no se puede exonerar de intereses por mora y multas que ya fueron canceladas por los contribuyentes. Para recibir el beneficio de la ordenanza, los contribuyentes deben realizar «el pago del 20 % de la deuda en concepto de primera cuota».
Por otro lado, los contribuyentes perderán el beneficio de aplicación de la ordenanza si incumplen el pago de dos cuotas de su plan de pago según la fecha determinada en el convenio.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, pidió a la Asamblea Legislativa reformar la Ley de presupuesto general del Estado de 2025 para incorporar $149.6 millones a la partida de “endeudamiento público” del presupuesto en ingresos y a la partida de “13 Obligaciones generales del Estado” en el rubro de gastos.
La cantidad exacta sería $149,625,000.
La solicitud, recibida por el pleno el 7 de octubre a las 10:28 a.m., será analizada por la Comisión de Hacienda.
Los fondos provienen de títulos valores de crédito que fueron colocados bajo la autorización de emisión de $1,500 millones de títulos en un decreto aprobado el 22 de mayo de 2024.
Dicho decreto indicó que los fondos se destinarían para “necesidades generales del presupuesto del Estado y/o la financiación de operaciones de manejo de pasivos”, es decir, de deudas.
Los fondos serían utilizados “incluso con el propósito de obtener recursos financieros que puedan apoyar los esfuerzos y acciones del gobierno” en “la mejora de las condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población”.
Hacienda recordó que el 26 de septiembre de 2026, se autorizó la incorporación de recursos por $1,200 millones, en el presupuesto de 2024, y advirtió que requiere la autorización para la incorporación de fondos en el presupuesto vigente de 2025 por $149.6 millones.
El conjunto de instituciones descentralizadas del Gobierno aumentará en 3,135 plazas en 2026 según el proyecto de presupuesto, con un aumento de $51.7 millones en el monto destinado de salarios respecto a la ley presupuestaria de 2025.
Son 91 instituciones descentralizadas que tiene el Gobierno.
Cinco nuevas instituciones suman 518 plazas que no estaban en 2025 y el gasto de planilla en las mismas implicará una erogación de $9,580,775. Estas son:
Las 5 nuevas instituciones descentralizadas
Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE): 174 plazas.
Autoridad Nacional de Residuos Solidos (ANDRES): 171 plazas.
Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem): 45 plazas.
Dirección de Mercados Nacionales: 66 plazas.
Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción: 62 plazas.
La Red Nacional de Hospitales, que dependerá de Presidencia de la República, tiene asignadas 3,229 plazas, más de las 1,818 plazas que se disminuyen con la supresión del Hospital Rosales de las entidades descentralizadas del Ministerio de Salud, lo que deja un aumento de 1,411 plazas.
En el proyecto de presupuesto, detalla que la nueva Red Nacional de Hospitales recibirá $177 millones que le transferirá el Ministerio de Hacienda.
Más plazas en DOM y menos en Seguridad, ANDA, CEPA
Otra de las instituciones descentralizadas que aumentan plazas en 2026 es la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).
Las instituciones que más recortan plazas son: Seguridad Pública (1,226 plazas menos), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados o ANDA (503), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma o CEPA (379), Instituto de Bienestar Animal o IBA (216), entidad que fue suprimida, y también el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o ISSS (133 plazas menos).
El Gobierno Central –que incluyen los tres poderes del Estado con instituciones de control– recortó 775 plazas en sus presupuestos aunque aumentó su gasto en planilla.
En síntesis: aumentos o recortes de plazas en el Estado en 2026
Gobierno Central
2025: 128,649 plazas. Salarios: $1,527,169,135.
2026: 127,874 plazas. Salarios: $1,539,046,025.
Diferencia: 775 plazas menos y aumento de $11,876,890.
Empresas públicas
2025: 7,768 plazas. Salarios: $106,469,700.
2026: 6,863 plazas. Salarios: $94,042,555.
Diferencia: 905 plazas menos y disminución de $2,427,145.
Descentralizadas
2025: 57,184 plazas. Salarios: $775,060,300.
2026: 57,090 plazas. Salarios: $767,727,505 sin la Red Nacional de Hospitales.
2026: 60,319 plazas. Salarios: $826,777,105 con la Red Nacional de Hospitales.
Diferencia: 3,135 plazas más y aumento de $51,716,805.
Total en todo el Estado
2026: 195,056 plazas. Planilla: $2,408,699,135.
2025: 193,601 plazas. Planilla: $2,459,865,685.
Diferencia: 1,455 plazas más y aumento de $51,166,550.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió $12,397,722 al Ministerio de Hacienda como presupuesto ordinario para el año fiscal 2026, es decir, $4 millones más que lo aprobado para 2025. El presupuesto tendría 89 plazas más por contrato.
El proyecto de presupuesto 2026 del Tribunal detalla que la institución destinaría $10,227,332 al área de dirección y administración institucional y $2,170,390 para organización, actualización y capacitación electoral.
La entidad electoral reduciría el monto para organización, actualización y capacitación electoral porque en 2025 tenía asignado $2,173,610 y, el próximo año, tendría $3,220 menos en su asignación.
El ramo que presenta más asignación de fondos es «bienes y servicios» que para 2026 tendría $2,968,107 y para este año fiscal tenía $1,757,035. Mientras que, en «Impuestos, tasas y derechos» tenía asignado $5,000 y para el otro año se ha pedido $22,000.
La asignación de fondos prevista para 2026:
Dirección superior: $809,690.
Dirección, asesoría y administración general: $9,417,642.
Organización, registro y capacitación electoral: $1,355,670.
Fiscalización electoral: $814,670.
El 72 % de los fondos serían destinados para «dirección, asesoría y administración general», que según el proyecto de presupuesto se encarga de llevar los acuerdos de los magistrados a las unidades correspondientes «velando por el cumplimiento en tiempo y forma de los mismos» para contribuir «al cumplimiento de las metas y objetivos» del TSE.
Aumentan 89 plazas por contratos
En cuanto a las plazas, el Tribunal prevé abrir 89 nuevas plazas bajo la modalidad de contratos que significaría $1,343,440 en pago de salarios.
En 2025 se destinaron $5,205,070 en salarios, monto que subiría en 2026 a $6,548,510.
La cantidad de plazas por ley de salarios se mantendrían en 35 y las plazas por contratos aumentarían a 413 según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Para el pago de salarios de los 10 magistrados, ha presupuestado $363,070 para el próximo año.
Para 18 empleados ejecutivos ha pedido $688,095 para salarios; $1,854,155 para 125 empleados técnicos; otros $3,410,405 para 234 empleados administrativos y $232,785 para trabajadores de servicio.
En total, la entidad busca destinar $6,548,510 en el pago de salarios de «personal por actividad a tiempo completo» según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
En la discusión de la «Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva», la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, señaló que «no puede ser» que en la misma ley se le prohíba a la banca excluir de productos o servicios financieros a quienes tengan antecedentes de lavado de activos.
La diputada Rivas, durante la aprobación de la normativa, criticó que el inciso final del artículo 10 prohíba que los bancos excluyan de productos financieros a personas «con antecedentes».
«Dice: o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos generadores. Antecedentes, ¿es en serio? Esta ley, que busca evitar, le está diciendo a los sujetos obligados en materia financiera que no deben excluir a quienes tengan antecedentes», criticó.
Inciso último del artículo 10 de la nueva Ley contra el lavado de activos.
Rivas calificó la nueva ley de «ambigua» y «discrecional», y prevé posibles «arbitrariedades». «Aquí no han puesto si hubiera sido condenado, entonces, van a obligar a un banco a que le dé un préstamo, que le dé una tarjeta de crédito a alguien que tenga antecedentes de lavado de dinero. ¿Es en serio? Porque aquí dice, o antecedentes relacionados, esta ley no puede quedar así. ¿Ya leyeron eso? Esto es grave, esto debe volver a la Comisión», insistió.
La diputada de Vamos criticó que, dentro de los sujetos obligados, excluyen a hoteleras, empresas constructoras. «Y acaso se nos ha olvidado casos recientes de un personaje como José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, hoteles, ¿verdad?, y por lavado de dinero», cuestionó.
Según una publicación de El Faro, del 7 de abril de 2017, Salazar fue excluido de la lista de capos internacionales “relevantes” para Estados Unidos, luego de haber sido considerado como tal.
«Es el que es criminal ve cómo hacerla para hacer sus delitos pero es obligación de nosotros como diputados hacer leyes que funcionen, que sean efectivas y no permitan arbitrariedades. Una vez más les pregunto: ¿estamos haciendo una ley para prevenir, detectar, vigilar y sancionar el lavado de dinero o es una ley para beneficiar a alguien? Lo digo porque lean esos artículos. ¿Para quién se está haciendo esta ley?», les dijo, en el pleno.
«No tergiversemos el artículo»
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, solicitó la palabra y respondió a modo de aclaración que lo que dice el artículo 10 se refiere a noticias, no a antecedentes penales.
«No constituirá causal de exclusión para el acceso a productos o servicios financieros a una personas natural o jurídica, por el hecho que mediante la aplicación de medidas de debida diligencia se identifiquen noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice ‘o antecedentes relacionados con lavado de activos, financiamiento al terrorismo o financiamiento a armas de destrucción masiva o sus generadores’, cuando habla de antecedentes, es que haya sido mencionado, ahí está, en alguna nota periodística, no que haya sido vencido en juicio, ni condenado», expresó.
El diputado de Nuevas Ideas aseguró que el artículo 10 «está claro».
«Aquí en El Salvador, todos sabemos, que antes los medios de comunicación les pagaban y les decían ‘mirá, tirame una noticia que diga que este lava dinero’ y por esa información periodística y tendenciosa los bancos y las instituciones les negaban créditos a los salvadoreños, tarjetas de crédito, etcétera», señaló.
«Entonces, el artículo está diciendo que, si a usted un periódico (dice) que usted es lavador de dinero, usted tiene que ser vencido en juicio para que sea incluido. Es que el inciso último viene hablando de las notas periodísticas, no viene hablando que haya sido condenado por lavado de dinero», reiteró Navarro, quien señaló que buscan que los bancos no se basen en la «rumorología» «o por dolo a un salvadoreño porque salió en una nota periodística».
Luego, el diputado de Nuevas Ideas citó el artículo 12 de la Constitución de la República que dice: «Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa».
No tergiversemos el artículo. El artículo 10 no está hablando que queden excluidos los que hayan sido condenados formalmente. El artículo 10 está hablando sobre la inclusión de salvadoreños o empresas que queda terminantemente prohibido que sea excluidos del sistema financiero en base a un rumorología, una nota periodística o alguna nota de algún medio de comunicación».
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.
La diputada Rivas pidió nuevamente la palabra y sugirió lectura comprensiva del artículo 10. Reiteró que todos saben qué significa «antecedentes» y les pidió a sus colegas ser «responsables en las leyes que se aprueban».
«Lectura comprensiva. Nos dice el Código Civil que la ley es la que manda, prohíbe o permite. La ley debe ser clara, tengamos respeto por nuestra ciudadanía, porque bien entiende lo que es un antecedente y el artículo ya lo leyó él dos veces, lo leí yo, y hasta las comas: noticias periodísticas, referencias, inclusión de listas internas, inclusión de sujeto obligado, señalamientos y luego dice o antecedentes relacionados con lavado de activos». Cesia Rivas, diputada de Vamos.
Rivas indicó que le llama la atención que Nuevas Ideas hable «de la presunción de inocencia» y dijo que la bancada oficial únicamente «puyan el botón».
«Si cuando conviene sacamos la Constitución, pero han creado un artículo 14, que pareciera que cambiamos la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Colegas diputados seamos responsables de las leyes que aquí se aprueban… No es solo puyar el botón», indicó.
Marcela Villatoro prevé arbitrariedad y habla de «magos»
Temprano, en horas de la mañana, la diputada Marcela Villatoro en declaraciones a la prensa consideró que la ley es un «retroceso» y que aplicará a conveniencia.
«Lastimosamente esta ley se la van a aplicar a quienes a ellos les conviene y no a la propia gente de ellos y es que nos hemos dado cuenta todos de la gran cantidad de magos que han resultado en los últimos tiempos de este gobierno, personas que vivían en San Martín y hoy resulta que tienen hasta seis propiedades, o personas que vivían fuera de San Salvador y hoy tienen propiedades de más de $500,000, entre otras cosas; y esta es la forma que querer encubrir a sus familiares, porque esa es la forma que este tipo de mafias lavan el dinero, así que esto es un retroceso, en lugar que permitir que la ley tenga un gran alcance», señaló Villatoro.
La nueva ley excluye a familiares de personas políticamente expuestas, a las hoteleras, a inversionistas extranjeros, farmacéuticas, a exportadores e importadores de armas de fuego, lo que la diputada de Arena dijo que en lugar de reducir a los sujetos obligados, debió ampliarse.
«En el tema de las constructoras, antes formaban parte de los sujetos obligados de la ley y ahora han sido excluidas, ¿por qué?, a veces el lavado de dinero es parte de estos casos, entonces, considero que el excluirlas no es una forma muy transparente en el proceder de esta ley. Creo que, en lugar de restringirla, debió únicamente ampliarse más sujetos y someter a revisión cada dos años para ver si es necesario incluir más sujetos», dijo.
Vamos señala «presunción de culpabilidad»
Antes de la plenaria, la diputada Rivas señaló discrecionalidad y ambigüedad en la ley y advirtió que era necesario que la ley regresara a estudio a la Comisión y no fuera aprobada.
«La discrecionalidad con la que se está actuando, en el articulo 14 hablan de una presunción de culpabilidad, es decir que toda persona que presuntamente del ente supervisor crea que hay un delito, van a comenzar con la tercera gravedad, que es las medidas cautelares, que van a congelar los fondos de la persona, es una ley ambigua, con vacíos», expuso.
Rivas cuestionó que en las reformas excluyen a sujetos obligados que debieron haberse dejado los sujetos obligados suprimidos para evitar vacíos.
«Por un lado están incluyendo contadores, abogados y por otro excluyen a inversionistas extranjeros, ¿qué se busca?, ¿perseguir el delito o beneficiar a alguien? También excluyeron a los importadores y exportadores de armas de fuego, lo cual es muy grave, porque alguien va a poder invertir en esa área, ¿con qué dinero?», señaló.
La reforma fue aprobada en el pleno con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, Vamos y Arena no votaron.
Los diputados de oposición, de los partidos Arena y Vamos, no están de acuerdo en que la actual procuradora, Raquel Caballero de Guevara, busque la reelección, ya que señalan que no ha desempeñado su papel en defensa de los derechos humanos y que en la entrevista que le realizaron los diputados de la Comisión Política, el pasado 6 de septiembre, «ella mintió».
«La Procuraduría debe ser una voz de denuncia fuerte ante las arbitrariedades del poder. Ella mintió al decir que no ha recibido ningún caso de tortura y aquí tenemos un caso de tortura muy claro, que es del señor José Leonidas Bonilla Torres, que es un sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, que fue capturado en abril de 2022 y muerto con tortura, en septiembre de 2022, hay un caso abierto, el número del caso es 01002022, bajo la vigencia del régimen de excepción. Este es uno de tantos casos de tortura, que no sé por qué ella mintió en la Comisión, además la ley indica que se puede investigar de oficio», cuestionó el diputado de Arena, Francisco Lira.
El diputado dice que esta elección no busca la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, sino «tapar los abusos» del gobierno.
«Lo que vimos en la comisión es que lo que busca esta elección no busca fortalecer la institución, sino que buscar garantizar todos los abusos del poder que está haciendo este gobierno y no garantizar la dignidad humana. Mi voto va a ser en contra de la reelección de la procuradora, porque este solo es un formalismo que está haciendo Nuevas Ideas para tener una persona ad hoc, para cubrir todos los abusos del poder que tiene este gobierno».
Francisco Lira, diputado de Arena.
Por su parte la diputada, Marcela Villatoro, también de Arena, quien es parte de la Comisión Política, le reprocha a Caballero de Guevara la denuncia por supuesto nepotismo que se le conoció en 2018 y por el que fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por su silencio ante denuncias de violaciones de derechos humanos en régimen de excepción, de desaparición de personas y que «no está comprometida con el tema de los derechos humanos».
«Le hicimos la pregunta sobre los gastos reservados dentro de la PDDH y fue una pregunta que no le gustó y que los puso en reserva porque le habían llegado muchas peticiones y que eso la incomodó, porque sintió con mala intención, pero le dijimos que todos los gastos deben ser transparentes y públicos. Por otro lado, le preguntamos sobre el caso de que ella había ascendido a una hija de su esposo dentro de la institución y que fue demanda por el TEG, su respuesta fue que sí, que fue condenada por ese hecho y que ella ya pagó la multa, pero eso no quiere decir que el hecho no se haya dado y que pagar la multa sea suficiente», señaló Villatoro.
La diputada también le preguntó por el seguimiento a personas capturadas bajo el régimen y con carta de libertad.
«Su respuesta fue que sí, pero no dio ningún detalle, ni cuántas personas, nada; también, si le había dado seguimiento a personas desaparecidas, como el caso de Carlos Abarca y no supo dar respuesta; también sobre el caso COSAVI, que sí había recibido las cartas en la que los afectados le pedían audiencia, aceptó que sí, pero que no les había dado respuesta y que espera dar algún tipo de pronunciamiento», relató.
Según Villatoro, «fue una entrevista donde se notó que ella no está comprometida en el tema de los derechos humanos de los salvadoreños y no está lista para continuar».
Sobre los otros candidatos, la diputada de Arena cree que está «complicado» elegir a alguno, ya que no observaron en ninguno a un profesional que trabaje en defensa de los derechos humanos.
«Los otros candidatos trataron de hacer sus propuestas, pero sí está complicado, es una decisión bastante difícil, porque no pudimos ver a una personas que realmente trabaje de forma fehaciente en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños, aunque parece ser que la reelegirán a ella. Creo que aquí vamos a tener un problema muy grande en los próximos años con respecto a la protección de los derechos».
Marcela Villatoro (Arena).
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, dijo que tampoco apoyan reelección de Caballero de Guevara y que es «lamentable» que las posturas de los candidatos no están de lado de las víctimas de violación de derechos humanos.
«Es lamentable que las posturas de los candidatos no están del lado de la defensa de los derechos humanos, sino que se vieron inclinadas hacia un régimen de excepción, hacia negar torturas, negar muertes, y negar todas las violaciones a los derecho humanos», criticó.
Si es reelecta la actual procuradora, sin duda es porque le es útil al oficialismo, porque hemos tenido una PDDH ausente con las víctimas y asolapando toda la vulneración a los derechos humanos».
Cesia Rivas, diputada de Vamos.
La diputada de Vamos tampoco ve a otro candidato idóneo dentro de los cinco aspirantes. «Lamentablemente en la presentación, en las preguntas que se les hicieron, había un sesgo determinado de más que acompañar a las víctimas, estar del lado del Estado, cuando la PDDH lo que debe buscar es ser ese intermediario para evitar abusos».
La Asamblea Legislativa debe elegir al nuevo procurador antes del 15 de octubre, que es cuando finaliza el período de la actual procuradora.
