Categoría: Politica

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, manifestó que respetan la decisión del Gobierno respecto al presupuesto asignado a la institución para el año 2026, a pesar de que el monto otorgado es menor al solicitado.

El Gobierno de El Salvador asignó $116.5 millones a la casa de estudios superior, según informó el pasado 30 de septiembre de este año el ministro de Hacienda, Jerson Posada.

Quintanilla explicó que la UES había solicitado $375 millones como parte de su anteproyecto del Presupuesto General de la Nación y, de esa cantidad, $367 millones serían financiados con fondos estatales, mientras que el resto provendría de ingresos propios generados por la universidad.

“Presentamos un presupuesto de $375 millones, de los cuales $367,000 son de fondo general, entendemos que hay decisiones por parte del Gobierno nosotros no cuestionamos”, declaró el pasado 4 de octubre, en una conferencia de prensa.

A inicios de la semana, el rector dijo que el Ministerio de Hacienda notificó a las autoridades universitarias sobre el monto asignado para el siguiente año de $116.5 millones, cifra que representa un aumento de apenas $2.2 millones respecto al presupuesto actual.

Quintanilla reveló que el aumento de fondos ya tiene un uso definido: becas universitarias, el pago de tasas municipales y la construcción de un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI).

Pese a la diferencia entre lo requerido y lo aprobado, el rector de la UES afirmó que continuará trabajando con los recursos que se asignen.

El presupuesto de la casa de estudios superior se incluye dentro del ramo de Educación, que para el próximo año tendrá una asignación total de $1,524.7 millones, un incremento del 6.9 % respecto al ejercicio fiscal actual.

El presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2026 será menor al presentado para 2025.

El presupuesto del Ministerio de Educación aprobado para el año 2025 ascendió a $1,540.4 millones, $15.7 millones más que lo previsto para 2026. Según el ministro de Hacienda, se destinarán $1,524.7 millones para el Ramo de Educación.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reiteró esta tarde su defensa en X la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional realizada por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021.

“Cuando destituimos a los jueces corruptos de nuestro país, enfrentamos una fuerte reacción de la llamada ‘comunicación internacional’, incluida la administración Biden. Lo hicimos de todos modos, porque era la única manera de salvar nuestro país”, escribió en X, en inglés.

Bukele sugirió que Estados Unidos no debe darle explicaciones a nadie, en respaldo a la sugerencia del empresario Elon Musk de destituir a los jueces para “restaurar el poder en Estados Unidos”.

“Estados Unidos, sin embargo, no tiene por qué rendir cuentas a nadie”, comentó Bukele, este domingo, retomando un comentario propio sobre el consejo de Elon Musk al gobierno estadounidense para destituir a los jueces de ese país.

“La única manera de restaurar el poder en Estados Unidos es destituir a los jueces. Eso fue lo que se necesitó para arreglar El Salvador. Lo mismo aplica a Estados Unidos”, decía Elon Musk, el 25 de febrero, a lo que en ese entonces, Bukele advirtió que, si no los destituyen, “formarán un cártel y bloquearán todas las reformas”.

La legislatura salvadoreña, en su primer día de gestión luego de que el partido de Bukele ganara la mayoría, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por frenar órdenes ejecutivas emitidas durante la pandemia covid-19, entre otras razones. La destitución está siendo analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de una demanda por la violación a derechos humanos de dos de los magistrados destituidos.

When we impeached our country’s corrupt judges, we faced strong backlash from the so called “international community”, including the Biden administration.

We did it anyway, because it was the only way to save our country.

The US, however, doesn’t have to answer to anyone ????????‍♂️ https://t.co/a0ncMikTiP

— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 5, 2025

The only way to restore rule of the people in America is to impeach judges. No one is above the law, including judges.

That is what it took to fix El Salvador. Same applies to America. https://t.co/HtPINo6ngU

— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2025

Los salvadoreños gastan un promedio de $11.50 mensuales en pago de impuestos municipales y de recolección de basura: $8.04 en impuestos municipales y de $3.46 adicionales solo del servicio de recolección de basura según reportaron a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2024.

En la encuesta realizada en 2023, el gasto promedio reportado era $8.02 de impuestos municipales y $4.32 de recolección de basura, sumando un total de $12.34. Esto implica una disminución de $0.84 en el promedio reportado, un 6.8 %.

La misma encuesta revela que, de un total de dos millones de hogares salvadoreños (2,006,110), un total de 831,429 hogares no reportan que tienen un servicio de recolección de desechos sólida ni pública ni privada.

Por el contrario, un total de 1.1 millón de familias (1,166,587) tienen servicio de recolección de desechos sólidos en el domicilio público y otros 8,094 tienen servicio privado de recolección.

Los que no tienen servicio de recolección entierran la basura (51,482), la queman (664,259), la depositan en cualquier lugar o en contenedores, la reciclan o le dan otro destino.

En 2023, el gasto promedio reportado era $8.02 de impuestos municipales y $4.32 de recolección de basura, sumando un total de $12.34. Esto implica una disminución de $0.84 en el promedio reportado, un 6.8 %.

Esta encuesta indicó que hay 1.8 millones de salvadoreños que viven bajo condición de pobreza. Un 9.08 % equivalentes a 610,272 personas están en pobreza extrema y un 16.72 % en pobreza relativa, equivalentes a más de un millón de personas (1,198,934).

Solo un 74.19 % se consideran hogares no pobres.

La encuesta fue realizada con un intervalo de error de 1.03 % para el total de hogares, con un intervalo de confianza del 95 %.

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, afirmó que hasta la fecha no ha sostenido una reunión con el director de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, para coordinar posibles convenios orientados a la entrega de becas universitarias.

“Lamentablemente, yo no he tenido la posibilidad de reunirme con la Dirección de Integración”, declaró Quintanilla este sábado en una conferencia de prensa.

El rector aseguró que, si bien no se ha establecido un acuerdo institucional integral entre la UES e Integración, conoce que ha existido una carta de entendimiento entre algunas facultades de la casa de estudio superior con dicha entidad.

Sin embargo, advirtió que algunos aspirantes a las becas han reportado que la UES no aparece entre las opciones disponibles, lo que podría limitar el acceso de jóvenes al proyecto.

“Sí conozco que ha habido una carta de entendimiento con facultades, pero al parecer han habido algunos aspirantes que se han acercado y han mencionado que la Universidad de El Salvador no aparece en las opciones para estudiantes que lo deseen”, señaló.

En ese sentido, Quintanilla insistió en que el objetivo debe ser garantizar que toda la universidad pueda ser parte del programa, y no solo algunas de sus facultades.

“Esperamos que el señor Gutman platique con nosotros y se de un mecanismo para garantizar que la universidad sea un espacio para los jóvenes qué desean estudiar una carrera y tengan ese beneficio, y la universidad en su conjunto y no solo en algunas facultades a efecto que seamos beneficiarios de dicho proyecto”.

Juan Rosa Quintanilla, rector de la UES.

El rector de la UES indicó que actualmente la universidad ofrece un sistema de becas propio, financiado con recursos institucionales, que beneficia a un promedio de entre 1,500 y 2,000 estudiantes, que forma parte de su compromiso de la institución con jóvenes de escasos recursos.

Los fondos que administra la Dirección de Integración provienen del INCAF, entidad que canaliza las cotizaciones obligatorias de empresas privadas y algunas instituciones autónomas con más de diez empleados. El 40 % de estos recursos se destina a programas de becas y otro 40 % a proyectos orientados a cerrar la brecha digital.

Por su parte, Integración ha venido ampliando su cobertura mediante convenios con otras universidades. Recientemente, firmó un acuerdo con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), a través del cual se otorgarán becas a 150 bachilleres provenientes de institutos públicos.

De igual forma, la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) y la Dirección de Integración firmaron, en septiembre, un convenio para beneficiar a 500 jóvenes con becas estudiantiles, a partir del ciclo 01-2026. También, ha suscrito convenios con la Universidad Tecnológica de El Salvador y la Universidad Evangélica de El Salvador.

El partido ARENA culpó este sábado al partido Nuevas Ideas y a la mala redacción de un decreto legislativo el cobro del 30 % de impuesto sobre remesas familiares que, según un diputado de Nuevas Ideas, han reportado algunos salvadoreños.

«Cada $100 que tu familia manda, ¿te imaginas que te quiten $30 por ley? Así de grave es la ley mal redactada que aprobaron en la Asamblea sin pensar en las familias que dependen de las remesas. Otra muestra de su costumbre de aprobar sin leer y gobernar sin sentir», publicó el partido de derecha.
ARENA culpa a Nuevas Ideas por denuncias de cobros a remesas: “Hacen leyes a la carrera”

La superintendenta del Sistema Financiero (SSF), Evelyn Gracias, advirtió el viernes que sancionaría a los bancos o instituciones financieras que realicen ese cobro, luego de que el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aclarara que en la Ley de Agentes Extranjeros no habían aprobado tal impuesto para las remesas, sino para las organizaciones no gubernamentales.

En la comisión legislativa, de Seguridad Nacional y Justicia, que aprobó una nueva Ley contra el lavado de activos, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseguró que hay reportes de ciudadanos de este cobro y que, si son ciertos, los bancos estarían en una situación “complicada”.

“Este hecho evidencia la nula capacidad de legislar del oficialismo y sus aliados, quienes han creado una ley mal redactada que golpea a los más vulnerables”, criticó el partido ARENA en un comunicado.

Este partido aseguró que “bajo la ejecución de la Ley de Agentes Extranjeros se están gravando con un 30 % las remesas familiares que los salvadoreños en el exterior envían a sus familias”.

La diputada Marcela Villatoro, de dicho partido, aseguró que eso pasa porque “hacen leyes a la carrera sin consultas y con el hígado”.

“La ley que pretendía fregar a un grupo que ustedes consideran “contrario” y terminan paseándose en la población. Y lo peor que en la misma comisión se contradicen, ni ellos mismos saben que aprueban. Son pasmados”.

Marcela Villatoro, diputada de ARENA, en X.

El artículo 11 de la ley indica que “por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo, o cualquier otro, y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos, a favor de sus Agentes Extranjeros en el país, se aplicará un impuesto del 30%”.

También, el artículo 12 indica que el impuesto “será percibido mediante una retención, la cual será efectuada directamente por las instituciones del Sistema Financiero, así como por cualquier otra entidad, mecanismo, persona natural o jurídica que intervenga en la recepción, canalización o transferencia de fondos desde el exterior a favor de organizaciones sin fines de lucro, independientemente de que se encuentren o no sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero”. Agrega que dicha retención “deberá efectuarse al momento en que, por medio de dichas entidades o mecanismos, los mandantes extranjeros realicen las respectivas transferencias de dinero o los pongan a disposición de sus agentes, por cualquier modalidad, en las cuentas que tales instituciones o entidades administren o gestionen”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra la destitución de la Sala de lo Constitucional del 1 de mayo de 2021, concretamente para analizar si se vulneraron los derechos de los magistrados Carlos Sergio Avilés y Carlos Sánchez Escobar al ser destituidos de sus cargos nombrados para el periodo 2018-2027.

La CIDH emitió el 2 de septiembre de 2025 el informe de admisibilidad 157/25 sobre la petición 1559-21, para analizar si se les violaron las garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad, sus derechos políticos, la protección judicial y el derecho al trabajo, considerados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La demanda fue interpuesta por Ruth López, Zaira Navas, Abraham Ábrego, Graciela Sosa, Sonia Hernández y William Sandoval el 3 de septiembre de 2021. En el caso, denuncian que la Asamblea Legislativa destituyó de forma irregular a Carlos Sergio Avilés y Carlos Sánchez Escobar en sus cargos de magistrados de la Sala de lo Constitucional.

La CIDH indicó que “los hechos denunciados no resultan manifiestamente infundados” y que “requieren un estado en etapa de fondos” para analizar si la destitución de las presuntas víctimas vulneró sus derechos.

La destitución ocurrió el 1 de mayo de 2021, en el primer día de la Asamblea Legislativa con una correlación favorable del partido oficial, Nuevas Ideas, con el argumento de que habían cometido “fraude a la Constitución” pues ejercían facultades no expresadas en la ley como modular sentencias, aplicar medidas cautelares de suspensión de los efectos del acto reclamado y convirtieron a la Sala en un “superpoder”, entre otros.

Señalan que la decisión se tomó con 64 votos y que, al día siguiente, Carlos Sánchez Escobar renunció a su cargo por miedo a su seguridad y Carlos Avilés Velásquez no renunció a pesar de las presiones y acoso.

En la resolución, se recuerda que los magistrados formaron pleno fuera de la Corte, ya que esta había sido cercada por fuerzas policiales e invalidaron la destitución.

En el caso, el Estado salvadoreño respondió que los reclamos carecen de sustento suficiente para constituir posibles violaciones a derechos humanos y que la decisión de la Asamblea se ajustó al orden constitucional interno y que los diputados fueron electos para el periodo 2021-2024. Señaló que los magistrados removidos incurrieron en actuaciones que contravinieron el orden constitucional, como la interferencia en atribuciones del Órgano Ejecutivo en materia de salud durante la pandemia covid-19, la imposición de plazos al Legislativo para emitir leyes.

La asociación Cristosal emitió un comunicado sobre la admisión en el cual se detalla que participó como representante de las víctimas ante la CIDH y continúa acompañando el proceso. Indicó que la decisión “abre la puerta a revisar el sistema de pesos y contrapesos en El Salvador”, la falta de controles frente al ejercicio arbitrario del poder del Ejecutivo y la influencia política sobre la administración de justicia.