Categoría: Politica

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable de la “Ley de fomento para el uso de la energía renovable”, que exime de todo tipo de impuestos la compra y la importación de equipo para este tipo de energía o de su mantenimiento.

El beneficio no es para productores de energía sino para usuarios finales, ya sea residenciales o empresas.

En resumen, la ley exime de Impuesto sobre la Renta y su retención, IVA e impuestos a la importación para la importación, venta o comercialización de sistemas o equipamiento de energía eléctrica producidas por fuentes renovables convencionales o no, adquisición y equipamiento de dichos sistemas para autoconsumo de usuarios finales, y servicios de mantenimiento o equipamiento.

El director general de energía, hidrocarburos y minas, Daniel Álvarez, explicó a los diputados que la ley busca “incentivar a los usuarios finales, residenciales e industriales para la instalación de paneles solares” u otros medios de generación de energía renovable, así como para sus sistemas de almacenamiento de dicha energía.

“Si una casa, apartamento o negocio o empresa desea colocar un panel solar siempre deberá estar conectado a la red de la distribuidora eléctrica para garantizar el suministro permanente. El panel solar nada más reducirá el consumo durante el mayor tiempo posible del día”.

Daniel Álvarez, director de Energía y de CEL.

El funcionario reconoció que ya existe una norma para que los usuarios inyecten sus excedentes de energía a la red de distribución eléctrica pero explicó que lo quieren “elevar a rango de ley”: “Si bien existe normativa técnica que incentive esta actividad, queremos elevar esta normativa a rango de ley para que se puedan establecer beneficios finales claros, derechos de los usuarios finales y obligaciones para todos los actores a fin de garantizar el espíritu de la ley”.

La exención tendrá una duración de 10 años. En El Salvador existe una «Ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad», aprobada en 2007 pero la exención se daba «los primeros 10 años» y por cinco años los ingresos por proyectos de generación de energía.

La Defensoría del Consumidor deberá velar por que “los beneficios dados sean reflejados en los precios a los usuarios finales”.

No podrá ser usado por generadores

El dictamen fue aprobado con una modificación sugerida por el director de Energía al artículo 6 para dejar claro que los «parámetros, criterios técnicos y financieros» se establecerán en un reglamento especial que será emitido por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

La Siget establecerá «un pliego tarifario» con las tarifas para reconocer los excedentes de energía eléctrica inyectados a la red de distribución.

“Para que no haya confusión y no haya abuso de parte de otros que lo vengan a querer utilizar como un generador, sino realmente lo que es, es autoconsumo, para nuestras casas, aprovechando la radiación solar que tenemos y que eso genere un dinamismo en la economía”, explicó Álvarez el cambio.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que entendía que “actualmente o en tiempos anteriores el excedente se perdía de alguna reforma” y preguntó cómo se dará al excedente por ley. Álvarez le respondió que el reglamento dará los parámetros.

“Esto va específicamente para todos aquellos que en nuestra casa querramos tener este tipo de tecnología, no es que estemos creando microgeneradores. Sin embargo, si hay un excedente, que sea reconocido en la tarifa”, explicó.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, también preguntó si el beneficio es “solo para las empresas que van a importar o los salvadoreños van a tener este beneficio”. “Sí, de hecho esto es para ambos”, le respondió.

El también director de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ejemplificó que en California se puede ver desde el avión que todas las viviendas tienen paneles solares. “Es para ambos, tanto para el usuario como las empresas”, reiteró.

La Dirección de Energía calcula que aproximadamente un millón de usuarios residenciales podrían aplicar a este tipo de tecnología e incentivó a las empresas a adquirir este tipo de tecnología, ya que aseveró los paneles solares han bajado de precio a la vez que la tecnología en baterías ha mejorado.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió aclarar si este decreto será un transitorio. «Si aquí al 2035 una persona o empresa compra un mecanismo de paneles solares, va a tener solo un año para gozar de esos incentivos. No queda claro, creo que habría que analizar si es un transitorio o quien compra los paneles tiene 10 años para gozar de esto. Creo que debería quedar claro», sugirió.

La diputada Dania González solo respondió: «Se toma nota» y luego sometió a votación el dictamen favorable por el cual votaron diputados de Nuevas Ideas y la diputada de Vamos. «Se aprueba por mayoría de los presentes», expresó la diputada González, quien preside la Comisión.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes la ratificación del préstamo “Programa de trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones que se pagará en un plazo de 25 años.

La subdirectora de inversión y crédito público, Delia Reyes, explicó a los diputados que el préstamo incluye la ampliación, la rehabilitación y la construcción de centros escolares.

El crédito incluye una prueba piloto de transporte escolar pero también comprende el “fortalecimiento de modalidades flexibles de educación”, como “la educación a distancia o virtual, semipresencial y acelerada.

El préstamo buscaría facilitar la incorporación de estudiantes “retornados” o deportados que interrumpieron sus estudios por “procesos migratorios”, así como de madres jóvenes o adolecentes embarazadas que han suspendido sus estudios.

El proyecto no incluye contratación de más cantidad docentes, aunque sí incluye la formación y capacitación del personal docente.

Según la presentación, el préstamo los cuatro objetivos específicos son: incrementar el acceso a servicios educativos inclusivos para estudiantes con discapacidad; mejorar prácticas pedagógicas para contribuir a la calidad educativa; incrementar la oferta educativa “con la dotación de mayor y mejor infraestructura escolar”; incrementar la reinserción de niños y adolescentes retornados (deportados); y fortalecer las capacidades de gestión educativa.

La firma del contrato del préstamo fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 27 de agosto de 2025. La suscripción fue realizada el 6 de octubre.

El préstamo se pagará en un plazo de 25 años con 5.5 años de periodo de gracia. El objetivo general del préstamo es “contribuir a la consolidación de trayectorias educativas completas desde el nivel de parvularia hasta el bachillerato de los estudiantes del sector público a nivel nacional mediante el mejoramiento de acceso, cobertura y calidad de educación”.

Con este préstamo, la Asamblea Legisaltiva sumaría un total de $1,795,747,394 –$1,795 millones– en créditos autorizados y ratificados desde enero de 2025, de un total de $1,992 millones recibidos.

La reunión de la Comisión se hizo con la asistencia de los diputados propietarios Christian Guevara, William Soriano, Dania González, Geovanny Zaldaña y Edgardo Mulato. Caleb Navarro fue sustituido por Roxana López, Suecy Callejas por Sandra Calderón, Mauricio Ortiz por Boris Platero, Reynaldo López por Rebeca Rodríguez, y Reinaldo Carballo se encontraba ausente, luego de la presentación fue sustituido por Mario Espinal.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, criticó este lunes en conferencia de prensa que el Comité Nobel noruego haya otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, como una valiente defensora de la paz y de la democracia.

El Comité Nobel calificó a Machado como valiente defensora de la libertad que se levanta y resiste “cuando los autoritarios se hacen con el poder”.

Flores, conocido como el “Chino Flores”, aseguró que uno de los mandatos que dieron los militantes del FMLN en su Congreso Nacional finalizado el 10 de octubre fue “el acompañamiento” del partido “a los pueblos en lucha” y en ese sentido el dirigente aseguró que serán un partido que se organiza “contra el imperialismo, el fascismo” y sus “expresiones, caras y tentáculos” que están “en corporaciones de periodismo” que “se han conglomerado para felicitar” a Machado, a quien tildó de “guerrerista”.

“Es una organización mundial que incluso se han conglomerado para felicitar a una guerrerista, a una persona que pidió invasión para su país para que le den el premio Nobel de la Paz”, fueron las palabras del dirigente del partido de izquierda.

Se quejó de la entrega de los últimos cinco Nobel de la Paz. “Son opositores. Opositor ruso, opositor iraní, opositor venezolano, opositor bielorruso, premios Nobel políticos, agente de la CIA, del imperio”, expresó.

El FMLN, un partido aliado del régimen de Nicolás Maduro, rechazó en septiembre pasado la presencia militar de Estados Unidos frente a Venezuela, “nos hemos posicionado contra el intervencionismo militar estadounidense en Venezuela y lo vamos a seguir haciendo hoy y mañana”, dijo en esa ocasión Flores.

En agosto pasado, se pronunció sobre la reelección presidencial indefinida habilitada en El Salvador por la actual Asamblea Legislativa, diciendo que es “un proyecto autoritario y abusivo que busca eternizar en el poder a una sola persona” y que “es el entierro de la República, la legalización de la dictadura”.

“Serán recordados como los que vendieron la República”, exclamó en esa ocasión.

En esa ocasión evitó hacer comparaciones con las dictaduras de países como Venezuela y Nicaragua. “Estoy en El Salvador y voy a hablar de El Salvador, la autodeterminación de los pueblos y el respeto a sus procesos en la consolidación futura de las relaciones con el mundo entero, cada país va a resolver sus problemas”, dijo en esa ocasión.

En El Salvador el presidente funge su segundo periodo quinquenal presidencial consecutivo desde 2019. El FMLN solo tiene una diputada en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y no tiene escaños en la Asamblea Legislativa.

Más de 40,000 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos durante los últimos tres años y medio según revela un informe estadístico de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) publicado en el portal de transparencia.

El informe señala que 40,260 personas salvadoreñas retornaron desde Estados Unidos desde enero de 2022 hasta junio de 2025 según consta en la base de datos del Departamento de Movimientos Migratorios, Análisis y Monitoreo.

De los deportados, 33,004 son adultos que equivalen al 81.9 % del total, mientras que los menores son 7,256, es decir el 18.02 % de los deportados. La mayoría de los deportados son hombres adultos, 23,373, y niños menores de edad fueron 3,699 según el informe estadístico.

El informe contiene cifras de años completos 2022, 2023 y 2024.

El año con más deportaciones desde Estados Unidos fue 2024 con 14,189, lo que, representa un aumento del 22 % en comparación con los 11,614 reportados durante 2023. Sin embargo, el año con más aumento de deportaciones fue 2023, con un alza del 30 % en relación a las 8,905 deportaciones registradas en 2022.

En el primer semestre de 2025, se han registrado 5,552 deportaciones desde la nación estadounidense. De ellas, 5,360 fueron adultos y otros 192 fueron menores de edad.

En el caso de los menores deportados, no se detalla si estos viajaban solos o acompañados de algún padre, familiar o responsable. En general, durante 2022 el mes con más deportados fue junio con 1,129.

Durante 2023, el mes con más retornados fue noviembre con 1,889 y, en 2024, fue mayo con 1,475 deportaciones. En el primer semestre de 2025, junio fue el mes con más deportaciones, acumuló 1,232.

Según el más reciente reporte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 11,669 salvadoreños fueron detenidos por las autoridades estadounidenses y mexicanas por presentar condición irregular.

La organización Human Right First reportó en el primer semestre de 2025 que 119 vuelos de salvadoreños retornados llegaron a El Salvador procedentes de Estados Unidos.

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tiene un saldo de emisiones de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) por $2,575 millones, mientras ha reportado que ha pagado en el mismo periodo $1,974 millones en pensiones e intereses, según datos preliminares publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

La diferencia es $600.49 millones de nueva deuda de pensiones emitida respecto al pago de pensiones e intereses que el ISP hizo en el mismo periodo de 32 meses desde que inició la reforma de pensiones.

En la base de ejecución de gastos estatales, el BCR registra $1,542.78 millones en pago de pensiones y $431.97 de pago de intereses desde enero de 2023 hasta agosto de 2025.

Durante el mismo periodo, de enero de 2023 hasta agosto de 2025, hay un saldo de Certificados de Obligaciones Previsionales por $2,575.24.

Los certificados COP son instrumentos financieros emitidos por el Estado a través del ISP para que las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) los adquieran a cambio de un interés anual fijo del 7 % que el ISP paga; el ISP usa ese dinero, proveniente del ahorro de los cotizantes de las AFP, para pagar pensiones y otras obligaciones previsionales, según la Ley integral del sistema de pensiones.

Aún no hay explicación oficial del ISP sobre esta diferencia o si se trata de un desfase en los pagos.

Consultado al respecto, Carlos Acevedo, expresidente del BCR, aseguró que su sospecha es que la diferencia podría deberse al dinero que “el gobierno ha tomado prestado de los fondos de pensiones para cubrir otros gastos no relacionados con el pago de pensiones”, pero aclaró que esa “es una mera hipótesis”.

Un informe de la compañía financiera Barclays, cuya sede está en Londres, del 5 de marzo de 2024, aseveró que “el ISP está emitiendo más COP de los necesarios” y estimó que mientras el déficit de las pensiones en 2023 fue $800 millones, la emisión de COP en 2023 fue de $1,098 millones, una diferencia de $300 millones. “Lo que significa que casi $300 millones de los fondos se utilizaron para fines distintos a financiar el déficit pensional”, indicó Barclays.

Este informe reportó que el ISP adquirió instrumentos públicos en Hencorp y, citando a la Bolsa de Valores de El Salvador, aseguró que el Banco Hipotecario emitió bonos para colocarlos por aproximadamente $225 millones en 2023 y “los fondos de pensiones han sido los principales compradores de estos instrumentos”.