El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles una propuesta para limitar el tiempo en que ciertos titulares de visas permanezcan en Estados Unidos porque consideran que su permanencia “prácticamente indefinida” es un “riesgo para la seguridad”.
Las visas bajo este nuevo límite serían al menos:
Estudiantes extranjeros (visas F): el gobierno federal establecería periodos de admisión y prórroga para estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio de no más de cuatro años. Desde 1978 podían permanecer en EE.UU. por un periodo indefinido sin nuevos controles llamado “duración de estatus”.
Medios de comunicación extranjeros: establecerían una admisión inicial de un máximo de 240 días prorrogables, pero no superior a la duración de la actividad. Según la propuesta, deberán solicitar una autorización para prolongar su estancia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que exigiría evaluaciones periódicas.
El comunicado no detalló otras visas afectadas por la nueva política.
Según DHS, la permanece de estudiantes extranjeros, de intercambio y medios de comunicación extranjeros “cuesta una cantidad incalculable de dólares a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses” y la nueva regla “pondría fin a este abuso de una vez por todas”. Menciona que el gobierno tiene la carga de supervisar “a los estudiantes extranjeros y su historia”.
“Los estudiantes extranjeros han aprovechado la generosidad de Estados Unidos y se han convertido en estudiantes ‘perpetuos’, matriculados de forma indefinida en cursos de educación superior para permanecer en Estados Unidos”. DHS, 27 de agosto.
DHS indicó que la propuesta se realizó en 2020 pero fue retirada por el gobierno de Joe Biden en 2021.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desembolsará $195,000 en la ejecución de ocho becas para funcionarios salvadoreños que iniciarán sus estudios en septiembre.
La Agencia indicó que cada becario es acreedor a una cuota mensual de $2,223 para cubrir sus estudios durante los 11 meses que duran los estudios de postsgrados. El programa de becas en el que participan los salvadoreños tiene 78 años de ejecución.
Los ocho becarios son empleados del Ministerio de Turismo, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), del Ministerio de Agricultura, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y del Consejo Nacional de la Primera Infancia Niñez y Adolescencia (CONAPINA).
En los últimos 10 años, la Agencia Española ha otorgado 44 becas a funcionarios salvadoreños, con las que las autoridades buscan reforzar «los lazos de cooperación y amistad entre ambos países».
«Esta actividad es una expresión del compromiso de la Cooperación Española en alianza con el gobierno de El Salvador, que es reflejado en su marco de asociación país 2023-2026… El valor añadido de la Cooperación Española en esta actividad viene dado por la experiencia de las universidades públicas y privadas españolas». Ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart.
El ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart, explicó que el programa de becas es parte de los proyectos ejecutados en el objetivo de desarrollo sostenible de «educación de calidad» y para «instituciones sólidas con El Salvador».
La Cooperación Española entregó mochilas a cada uno de los becarios que inician sus estudios en septiembre. / Verónica Crespín.
Pérez-Hernández Egart detalló que este programa de becas también es ofrecido para países como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Filipinas.
En total, el gobierno español destina poco más de $2 millones para 90 becas, es decir, que en El Salvador se otorga apenas el 9 %. Hace dos años, se ofrecieron solo dos becas, por lo que la asignación de oportunidades de estudio ha aumentado en los últimos años.
«Apliquen en El Salvador sus nuevos conocimientos»
El diplomático español señaló también que los becarios poseen el compromiso de regresar a El Salvador cuando culminen sus estudios y aplicar en las instituciones de las que proceden los nuevos conocimientos que adquieran.
La directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, dijo a los becarios que recuerden «que están representando al gobierno de El Salvador, ustedes son funcionarios» reiteró.
«Tenemos una relación muy importante (con España), hay un marco de asociación país que se ha gestionado y negociado. Es una muestra fiel de ese amigo confiable que nos va a sumar y mejorar las capacidades institucionales». Karla de Palma, directora de la ESCO.
Andrea López, becaria del programa y empleada de ANDA, lo celebró: «Estoy convencida de que estos conocimientos no se quedarán en mí, sino que al regresar impactarán de forma positiva a la ANDA».
En el evento, estuvo presente la ministra de Turismo, Morena Valdez. El próximo año, la Cooperación Española celebrará su 40 aniversario de presencia en El Salvador.
El ministro consejero de la Embajada de España, Alfonso Pérez-Hernández Egart, aseguró que en las becas de los salvadoreños se invertirán $195,000. / Verónica Crespín.
Los gobiernos de El Salvador han estado negociando los términos de las deportaciones de los migrantes extranjeros aseveró en su visita el senador republicano Ted Cruz, luego de que más de 250 migrantes venezolanos estuvieran recluidos en El Salvador durante cuatro meses. Todos fueron señalados de integrar la banda criminal «Tren de Aragua» por el gobierno de Estados Unidos y ahora están en Venezuela.
“El presidente Trump y el presidente Bukele tienen una buena relación, y ellos han estado negociando los términos de las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador”, fueron las palabras del senador republicano en El Salvador, a la pregunta de un periodista sobre si pediría al presidente Nayib Bukele que El Salvador acepte migrantes que están detenidos en Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, tal como ya pasó con los venezolanos.
En la misma conferencia, brindada el martes por la noche, el senador también respondió que Bukele ha sido un “socio importante” en la respuesta que ha dado el gobierno de Trump a la crisis “por los últimos cuatro años” del gobierno de Joe Biden, a quien señaló de mantener las fronteras “abiertas” por lo cual ingresaron “asesinos, violadores y miembros de pandillas” a Estados Unidos. El funcionario destacó la reducción de los cruces fronterizos ilegales desde la gestión Trump.
El senador Ted Cruz en el Cecot, en El Salvador, el 26 de agosto. / Seguridad.
“El presidente Bukele ha demostrado un liderazgo similar aquí en El Salvador, ustedes tienen un líder electo por la población que no se rendirá a los cárteles y los criminales, pero sí va a proteger a la población”, finalizó su respuesta sobre si pediría al presidente salvadoreño recibir más inmigrantes extranjeros expulsados por Estados Unidos.
El senador Cruz visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según las fotografías publicadas tanto por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y por el mismo senador.
“Recorrimos el Centro de Confinamiento del Terrorismo Cecot, la cárcel de máxima seguridad más grande de América. Sin duda esta experiencia será clave para compartir los logros alcanzados en materia de seguridad y fortalecer nuestras estrategias contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, indicó Villatoro, quien presentó a El Salvador como un “referente” en seguridad ante otras naciones.
Ted Cruz elogió la estrategia de seguridad de El Salvador. / Ted Cruz.
El CECOT fue el escenario principal del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recluir a migrantes extranjeros expulsados por la administración Trump y señalados de ser criminales, aunque sin proceso judicial o condena. El gobierno de El Salvador también pidió a EEUU que le envíe a los “sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos”.
El acuerdo se dio a cambio de $20,000 anuales por prisionero o $6 millones anuales e inició el 16 de marzo con la deportación de 238 venezolanos señalados de integrar la pandilla Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13. El 31 de marzo, EE.UU. deportó a otros 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la MS-13.
La mayoría de venezolanos se mantuvieron en el Cecot durante 125 días, del domingo 16 de marzo al viernes 18 de julio, día en el cual El Salvador devolvió a todos los venezolanos (252) en un acuerdo a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y presos políticos venezolanos.
Un mes después, el 18 de agosto, la BBC publicó un reportaje sobre el maltrato que denuncian ocho venezolanos mientras estuvieron recluidos en el Cecot, entre los cuales mencionan golpizas, tablazos, golpes en las costillas, encierro de 24 horas diarias, torturas en “La isla” o celda de aislamiento, y un caso de abuso sexual de cuatro guardias contra el maquillista Andry Hernández. Todos, según la BBC, estuvieron “incomunicados” con familiares y defensores. Dos de los ocho tenían órdenes de deportación.
Estados Unidos ha expulsado a migrantes extranjeros a otros países como Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Costa Rica y México. Según la BBC y The Guardian, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno de Trump por la deportación de migrantes sin órdenes judiciales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
El senador republicano aseguró que Nayib Bukele no se rendirá a los cárteles y a los criminales. / Seguridad.
La nueva Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales estará vigente desde el próximo sábado 30 de agosto, día en que empezarán a contar los seis meses que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para aprobar su reglamento.
La normativa fue publicada en el Diario Oficial del 22 de agosto e iniciará su vigencia ocho días después. Su artículo 105 indica que el presidente de la República aprobará el reglamento dentro de los 180 días contados a partir de la vigencia de la misma, es decir, a más tardar a finales de diciembre de 2025.
La ley ordena que los bienes, medicamentos e insumos adquiridos la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la remodelación, equipamiento, abastecimiento y funcionamiento del Hospital Nacional Especializado «Rosales» pasarán al patrimonio de la nueva Red Nacional de Hospitales. El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha confirmado que el Hospital Rosales será el primero que estará bajo la nueva Red.
La ley no establece plazos para que el personal bajo el Ministerio de Salud pase a la Red Nacional.
El artículo 102 indica que el personal que labore en el Hospital Rosales continuará bajo el Ministerio de Salud mientras la junta directiva de la nueva Red Nacional emita mecanismos para que pasen a la Red «cuando se considere oportuno y necesario».
La Red Nacional también decidirá si admitir a los médicos que cursen actualmente su residencia médica para que puedan culminarlo «en la Red Nacional».
La nueva ley establece un régimen de compras y de contrataciones en los hospitales, exige cinco años de servicio obligatorio a los médicos que hagan su residentado en la Red, permite la contratación de médicos extranjeros sin homologación durante 10 años renovables, permitirá hacer concesiones y obliga a las entidades privadas a brindar colaboración si la Red lo requiere.
La directiva de la Red es conformada por un presidente nombrado por el presidente de la República, un director designado por el presidente de la República, el ministro de salud, un director nombrado por la DOM y un director nombrado por la Dirección Nacional de Compras Públicas.
El concejo municipal de San Salvador Centro aprobó el miércoles la firma de un convenio para oficializar la transferencia del 50 % de las tasas por recolección de basura a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES). La ley de creación de ANDRES obliga a la transferencia de dichos fondos.
Tres fuentes de la alcaldía confirmaron a Diario El Mundo que en cumplimiento de la ley de creación de ANDRES, el concejo avaló la firma de un convenio para asegurar que el 50 % de las tasas por recolección de basura sean transferidas a esta nueva institución.
Una de las fuentes explicó que el convenio será firmado con las distribuidoras de energía eléctrica porque en sus facturas se cobran las tasas de aseo, para establecer que el monto recolectado en tasas por recolección de basura sea dividido entre ANDRES y la alcaldía.
La fuente añadió que la firma del convenio es necesaria para dar cumplimiento a la ley de creación de ANDRES, que establece que la alcaldía debe entregar a dicha Autoridad el 50 % de las tasas por el servicio de residuos sólidos, con el fin de que sean depositados en el «Fondo especial para la logística y ejecución de la recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos».
«No hay claridad»
El concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Simón Paz informó en sus redes sociales que no votó a favor de la aprobación del convenio porque «no hay claridad de los beneficios que ANDRES trae» para las comunidades.
Paz mencionó que no hay claridad de las medidas que la alcaldía tomará para enfrentar la falta de recursos que tendrá la municipalidad al transferir el 50 % de las tasas de aseo hacia ANDRES, ni de la situación que enfrentarán los empleados cuando la nueva Autoridad asuma por completo la recolección.
La concejal del FMLN Liliana Andrade escribió en sus redes que «salvó su voto» en la autorización del convenio porque considera que «con la creación de ANDRES se violenta el principio de autonomía municipal».
Aseveró que no será «cómplice de una situación que a todas luces no ha traído ningún beneficio para la población» y que podría significar una amenaza «para la estabilidad laboral del personal que labora el desechos sólidos y otras áreas».
A finales de junio, la alcaldía aprobó la firma del convenio inicial entre ANDRES y la alcaldía para que la nueva institución asumiera la recolección de basura en el municipio conformado por los distritos de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) emitió 545 Documentos Únicos de Identidad (duis) bajo la modalidad a domicilio para salvadoreños adultos mayores o personas con dificultades de movilidad desde junio de 2024 hasta mayo de 2025.
La institución informó en su memoria de labores que de los 545 duis a domicilio, unos 281 fueron entregados a hombres y 264 a mujeres. Los documentos bajo esta modalidad son gestionados por la Unidad de supervisión y control de Centros de Servicios.
La emisión de duis a domicilio aumentó un 11 % en comparación con los 491 entregados en el período anterior que abarcó desde junio de 2023 hasta mayo de 2024. Son 54 duis más los emitidos en el último año por el RNPN.
En el proceso de emisiones y entregas, la institución reporta que tuvieron interrupciones en el funcionamiento y en el acceso de los sistemas tecnológicos. La causa de los inconvenientes habría sido que ocurrieron fallas en la conectividad o en la comunicación.
Según lo reportado por la entidad el año pasado, los problemas de acceso a sistemas se han mantenido y las fallas en la conectividad siguen siendo las causas de los incidentes durante las emisiones.
En mayo de este año, el Registro informó que visitó a Marta Elena Urbina Galán, de 99 años de edad, para emitirle su DUI en San Luis La Herradura, en La Paz Centro. En ese caso, la emisión del DUI se realizó por primera vez.
Los técnicos del RNPN movilizan el equipo tecnológico necesario para tomar las huellas y emitir el DUI. / RNPN.
La entidad explicó en ese momento que el objetivo del programa es «garantizar el derecho a la identidad e identificación de los ciudadanos salvadoreños que, por razones de salud o edad avanzada, no pueden trasladarse hasta un Duicentro».
Para tramitar el DUI a domicilio para un adulto mayor o una persona con dificultades de movilidad, el peticionario debe descargar un formulario de solicitud del trámite en el sitio www.rnpn.gob.sv/servicios/servicio-de-dui-a-domicilio/.
La persona encargada del trámite debe presentar el formulario completo junto a un croquis del lugar de residencia que visitarán los técnicos, el recibo de $10.31 por el pago del DUI y una constancia médica en que se certifique el impedimento de asistir a un Duicentro.
Los documentos para la emisión del DUI a domicilio pueden ser entregados en cualquier Duicentro, en las oficinas del RNPN o en las sedes de Ciudad Mujer ubicadas en San Martín, Lourdes Colón, Santa Ana, Usulután, Morazán y San Miguel.
El concejo de San Salvador Este declaró bajo reserva la información sobre la supresión de más de 400 plazas de empleados de las áreas de aseo y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). El acuerdo fue tomado en sesión extraordinaria del viernes 15 de agosto.
Una fuente de la alcaldía confirmó a Diario El Mundo que el concejo aprobó por mayoría la supresión de al menos 300 plazas de área de aseo y unas 150 de agentes del CAM.
Las supresiones de plazas en aseo se habrían realizado porque la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) asumiría las plazas.
La fuente aseguró que la reserva de la información se fundamentó en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que es información reservada los planes militares, que ponga en riesgo la defensa nacional, la que menoscabe relaciones internacionales, la que ponga en peligro la vida de alguien, la que cause perjuicio en investigaciones, que compromete funciones estatales y la que puede generar ventaja sobre un tercero.
La fuente aseguró que «esa reserva es ilegal» porque la supresión de plazas no estaría incluida en los tipos de información legales de reserva. La fuente dijo que solo los representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habrían votado contra las supresiones.
«Son decenas de trabajadores que se han quedado completamente en la calle»
Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, aseveró que expresan su «total repudio» ante las supresiones de plazas de cientos de trabajadores municipales «que se han quedado completamente en la calle, han sido cesados de sus puestos de trabajo en la alcaldía de San Salvador Este».
Méndez indicó que los trabajadores pertenecían a los departamentos de aseo, del CAM, de mercados y otros, y que «estas son las consecuencias» de medidas como la reestructuración municipal.
«Este despido se suma también a las condiciones precarias que enfrentan los trabajadores municipales a consecuencia de todas estas leyes (como la reestructuración municipal». Estamos hablando que a esos trabajadores se les ha irrespetado muchos derechos». Rafael Méndez, miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.
Méndez explicó que algunos de violaciones a derechos labores fueron: el retraso en el pago del salario, anulaciones de bonos, acoso laboral, falta de dotaciones de uniformes, chantajes para trabajar fuera del horario, amenazas con despidos e inestabilidad por funcionamiento de ANDRES.
Teresa Hernández, miembro de la Mesa, explicó que las familias de los despedidos se quedan «en desprotección» porque muchas de ellas han perdido su única fuente ingresos.
Conferencia de prensa de Mesa por la Justicia Laboral y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP). / @Bloque_RP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso que denuncia la desaparición forzada de cinco menores de la familia Rivas durante la guerra civil en El Salvador. Los afectados piden medidas de reparación, atención psicológica, investigación penal y garantía de no repetición.
El caso 13.932 trata sobre la desaparición de José Vicente, Clara Vilma, Juana Noemy, Gladys Suleyma y Norma Rivas, niños entre 3 y 11 años de la misma familia, atribuidas a agentes de la Fuerza Armada y ocurrida en agosto de 1982 durante la guerra salvadoreña.
El caso, presentado en marzo de 2012 ante la CIDH, denuncia el ataque de soldados en el volcán Chinchontepec, en donde los habitantes regresaron al lugar y encontraron varios cadáveres pero no de los menores, por lo que se incluyen como desaparecidos en el Informe de la Comisión de la Verdad.
El proceso incluye tres demandas de habeas corpus contra miembros del Batallón Atlacatl y de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada.
En 2011 y 2017, la Sala de lo Constitucional en El Salvador ordenó recabar información del operativo “Anillo”, la Comisión Nacional de Búsqueda abrió una investigación en 2012. La Fiscalía informó en 2017 que aún continuaba la investigación según la CIDH.
La CIDH concluyó, según el comunicado, que hubo desaparición forzada y que la “sustracción» de los menores «fue cometida por miembros de la Fuerza Armada en agosto de 1982”.
Como “esfuerzos” señalan la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2010 y una política fiscal en 2018 pero no lo consideran suficiente ni diligente.
La CIDH reclama “más de 10 años” de investigaciones “sin avances significativos”, y respuestas “negativas” a pedidos de información, así como declaratoria de inexistencia de información del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Conjunto. “El Estado no realizó una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial”, e “impuso obstáculos para el acceso a la información y a archivos relevantes”, indicó la CIDH según el comunicado.
Por ello consideran que el Estado violó derechos a la vida, integridad personal, protección familiar, a la garantía judicial, al derecho a recibir información, todos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Embajada de los Estados Unidos en San Salvador informó este jueves que a partir del próximo martes 2 de septiembre los solicitantes de visas de no inmigrante deberán “asistir a una entrevista presencial con un oficial consular” en la mayoría de las categorías.
Según el anuncio de la oficina diplomática, los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años ya no podrán usar el proceso de exención de entrevista para solicitar la visa.
La Embajada sostuvo que con este cambio busca fortalecer la seguridad y la uniformidad del proceso de otorgamiento de visas de no inmigrante.
Para solicitar las visas de corto plazo para viajar a los Estados Unidos, por turismo, negocios, educación, entre otros, se llena una solicitud en línea “formulario DS-160”.
La tarifa de la solicitud de visa de EE.UU. continúa en $185, la Embajada de EE.UU. en San Salvador no ha informado sobre la aplicación de la nueva tarifa de “Visa de integridad” mencionada en la reciente ley presupuestaria emitida por el gobierno estadounidense.
El pasado 25 de julio, el Departamento de Estado de EEUU informó que a partir del 2 de septiembre actualizará las categorías elegibles para una exención de la entrevista de visa de no inmigrante. “Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista en persona con un funcionario consular”.
Algunas excepciones incluyen asistentes, empleados personales de funcionarios acreditados, solicitantes de visas diplomáticas, entre otros.
El anuncio aclaró que los funcionarios consulares podrán requerir entrevistas en persona caso por caso “por cualquier motivo”.
La “Ordenanza transitoria para el pago de tributos con dispensa de multas e intereses moratorios del municipio de La Libertad Sur” está vigente desde hoy y busca recuperar deuda que tienen los contribuyentes con la municipalidad para “incrementar los ingresos”.
El decreto municipal permite que personas naturales y jurídicas, arrendatarios de centros comerciales municipales, como el Central, Dueñas y Comasagua, y de cementerios municipales, que se encuentren en mora, puedan solicitar planes de pago de sus deudas con la dispensa de intereses.
Los contribuyentes deberán desistir de demandas administrativas o judiciales, y se les perdonaría el 100 % del pago de intereses y multas si el pago es total; el 75 % si es un plan de pagos de dos a seis cuotas; 50 % si es de siete a 12 cuotas.
El beneficio durará 30 días calendarios que inician este jueves 28 de agosto, ya que la ordenanza inició su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 20 de agosto. La ordenanza fue aprobada el 14 de agosto.
