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Una prórroga de un año solicitó el Gobierno a la Asamblea Legislativa a la ley de estabilización de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), la cual permite al Estado subsidiar a los consumidores para que no sufran las alzas de precio de los cilindros del gas propano.

El subsidio, según el proyecto de decreto, siempre se realizará a través del pago a las empresas envasadoras de GLP que comercializan el producto en cilindros portátiles.

La solicitud del decreto fue recibida a las 9:13 a.m. del 20 de mayo de 2026 por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa; y está firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada. No fue aprobada con dispensa de trámites, sino que pasó a estudio de la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes 25 de mayo.

El Gobierno argumentó que los motivos que originaron el subsidio se mantienen pero que además hay otras condiciones; sin mencionarlas expresamente únicamente aseveró que son «de carácter exógeno» y que «inciden en nuestro país, afectan e impactan negativamente a la economía de las familias salvadoreñas y agentes económicos en todo el territorio nacional».

Así mismo, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Adolfo Muñoz, en su carta enviada al ministro de Hacienda señaló que la prórroga busca «contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, que incide en el precio del Gas Licuado de Petróleo consumido por la población» para mantener la «razonable estabilidad de la economía de las familias salvadoreñas». La carta del ministro repite los argumentos.

La guerra en Irán ha provocado alzas en el precio del petróleo y ello ha afectado el precio de los combustibles en El Salvador, que en mayo llegaron a su rango más alto desde octubre de 2023. Por ejemplo, el precio de las gasolinas aumentó 11 centavos.

En julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una ley transitoria para sancionar con multas de $500 a $100,000 a distribuidores que no permitan inspecciones o incumplen el precio máximo de venta de GLP, o de hasta $100,000 si incumplen la ley o impiden una inspección o no envasan el contenido exacto de gas en los cilindros, una versión de otra ley aprobada en 2022 por la guerra entre Ucrania y Rusia que venció el 30 de junio de 2025. La nueva ley vence el 30 de junio de 2026.

Durante algunos meses de 2022, El Salvador fijó precios de combustibles temporalmente a $4.31 por gasolina especial, $4.15 regular y $4.14 por diésel mediante una «Ley especial transitoria para fijar precios máximos de los combustibles» cuya prórroga venció en diciembre de ese año.

Para el ministro de Hacienda, Jerson Posada, la creación de Alianzas Público Privadas (APP) en El Salvador, luego de la aprobación de una nueva normativa, tendrá al menos cinco beneficios, entre los cuales destacó que el Estado puede aprovechar la experiencia y la innovación del sector privado, así como compartir riesgos económicos.

Un beneficio, dijo, “es la eficiencia en la gestión y el aprovechamiento de la experiencia del sector privado”.

“Básicamente, al aprovechar la experiencia del sector privado, los proyectos suelen completarse en menos tiempo y con una gestión más ágil que bajo los métodos tradicionales de obra pública”, indicó esta semana, ayudándose de una presentación ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

En segundo lugar, mencionó la responsabilidad fiscal como beneficio de las APP para hacer una obra o dar un servicio público. En este punto mencionó una evaluación que utilizarán para aprobar toda APP que se denomina “valor por dinero”, que es un análisis matemático y estadístico que hace las valoraciones financieras para determinar que es más conveniente realizar una obra pública mediante un APP o con obra pública tradicional.

“Se impulsan altos estándares en fases previas (al APP), al exigir evaluaciones de rentabilidad social, financiera y la metodología de valor por dinero como requisito para la aprobación de cada proyecto, esta asegura que los costos de un proyecto APP a largo plazo permitan optimizar la asignación y uso de los recursos del Estado, así como el costo de dicho proyecto sea menor si este es ejecutado bajo una modalidad tradicional”, explicó.

El tercer beneficio de las APP mencionado por el funcionario es el aprovechamiento de la innovación tecnológica del sector privado. “El sector público se puede beneficiar del “know-how” y las tecnologías de vanguardia que las empresas privadas introducen para optimizar el servicio”, indicó.

Consideró, también, como beneficio el impacto social del proyecto. “Todo proyecto bajo la modalidad APP debe garantizar un suministro más eficiente y eficaz para atender necesidades de la población”, evaluó.

Y, en quinto lugar, la transferencia de riesgos fue vista como un beneficio por el ministro de Hacienda. Se trata de que tanto el sector público como el privado asume los riesgos financieros de todo proyecto APP.

“La colaboración público-privada en la ejecución de todo proyecto ayuda a compartir los riesgos, hay riesgos compartidos entre el privado y el Estado, y cada parte en lo que mejor puede absorber y responder, permitiendo desarrollar de una mejor manera los proyectos estratégicos en beneficio del país”, argumentó.

Con esta nueva ley, el gobierno dice buscar agilizar procesos de APP para dar servicios públicos o hacer obras públicas. Sindicalistas y organizaciones han cuestionado la posible privatización de los servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, pero el gobierno lo ha negado. El proyecto aún no es aprobado y los diputados de Nuevas Ideas han citado al Centro Nacional de Registros (CNR) para continuar el estudio público.

El Gobierno ya pidió incorporar $30.2 millones de un préstamo de $195 millones ratificado en enero pasado para destinarlos al proyecto de “Ampliación de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador”.

Se trata de los primeros fondos de un préstamo de $195 millones ratificado el 29 de enero de 2026 que fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Ministerio de Hacienda y que debe pagarse en un plazo de 23 años, incluidos siete años y medio de gracia.

De acuerdo al proyecto de decreto, que reformaría el presupuesto general del Estado 2026, los primeros fondos a desembolsar, exactamente $30,297,764, servirán para adquirir materiales, equipo, instalaciones provisionales a las obras de infraestructura, desalojo de materiales, terracería, instalación de agua potable y lluvias, canalizaciones eléctricas y contrato de supervisión, así como administración del programa.

La reforma incrementa en el presupuesto 2026 la fuente de «31 Endeudamiento pública cuenta 314 Contratación de empréstitos externos» y los destina al Ramo de Obras Públicas y Transporte, a la unidad presupuestaria de «Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades, línea de trabajo 04 Comisión Aeroportuaria CEPA, rubro 62 transferencias de capital».

El préstamo para el Aeropuerto fue suscrito por Hacienda, por lo que los fondos serán transferidos a la Comisión Ejecutiva Aeroportuaria Autónoma (CEPA), institución a la cual el Ministerio de Hacienda le entregará los fondos del préstamo en concepto de donación o fondos no reembolsables.

Antes, CEPA ha suscrito otros préstamos, como el de $17.18 millones del Instituto de Crédito Oficial, entidad público empresarial (ICO) cuya garantía soberana fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2025; y en marzo de 2025, también dio por recibido un plan de colocación de títulos valores por $30 millones a una tasa de 8.25 % y un plazo de 7 años incluidos 2 años de gracia.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que en noviembre de 2023 el partido de derecha pidió la legalización de la comunidad 2 de noviembre, ubicada en el distrito Italia de Tonacatepeque, San Salvador, pero que en esa ocasión Nuevas Ideas no dio sus votos para estudiar la solicitud.

“Hacemos un llamado a la junta directiva de la Asamblea Legislativa a que coloque en agenda esta solicitud de beneficio para 1,500 personas residentes en la comunidad 2 de noviembre”, indicó el partido en X, en ese entonces.

Señalaban que eran 200 familias que carecían de escrituras y pedían la extensión del beneficio los habitantes de esa comunidad. “Pero el oficialismo es selectivo sobre a quiénes beneficiar”, señalaba en ese entonces la fracción del partido Arena.

“Ahí se pidió en el pleno y no apoyaron, para que quede constancia de lo doble cara que son. En ese año, en 2023 que se pidió ante el pleno legislativo que se le legalizaran sus hogares a estas personas, la Asamblea Legislativa negó su apoyo. Nosotros no los abandonamos, siempre luchamos por ellos, solo que nos aplicaron la aritmética. Ojalá le hubieran ayudado entonces a esa gente, ya fueran dueños de esas tierras desde hace dos años”, expresó ayer la diputada, jefa de fracción de Arena.

Con votos de todos los partidos y bajo iniciativa del diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, la comunidad 2 de noviembre fue incluida el 19 de mayo en el decreto de legalización de tierras en desuso que aprobó la Asamblea Legislativa el 10 de junio de 2009. Antes del gobierno de Nayib Bukele, el decreto tenía 59 comunidades incluidas. Durante el gobierno actual, se han incluido otras 14 comunidades en esta normativa.

El diputado Castro aseguró que “nadie les resolvía” a la comunidad 2 de noviembre, que “pasaron muchas personas, políticos, aspirantes a alcaldes, aspirantes a diputados, diputados, de muchas denominaciones” y que ellos se dieron cuenta por la comunicación que tienen con los “líderes comunales”. “Nos contactaron de esa comunidad”, indicó.

Ayer, la diputada Janet Molina, de Nuevas Ideas, pidió incorporar a la comunidad Michapa sector 1 y 2, de Cuscatlán Sur, en la ley de legalización de vías, tramos o calles en desuso. Esta iniciativa será analizada en la Comisión de Infraestructura el próximo martes. Si la iniciativa es aprobada, serían 15 comunidades las incluidas durante el presente gobierno.

Las inclusiones de las comunidades se realizan mediante reformas a la “Ley especial para la legalización de calles, tramos de calle, carreteras, de derechos de vía y antiguos derechos de vía declarados en desuso y desafectados de uso público”.

Hacemos un llamado a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a que coloque en agenda esta solicitud de beneficio para 1, 500 personas residentes en la comunidad 2 de Noviembre, Tonacatepeque. pic.twitter.com/fXxYTNe8sW

— Grupo Parlamentario ARENA (@ARENAfraccion) November 29, 2023

El Ministerio de Hacienda ha solicitado una reforma presupuestaria para incorporar fondos de préstamos, $5 millones para ampliar y rehabilitar seis centros escolares y $3 millones para los diseños finales de mercados de Santa Tecla y La Libertad.

Los fondos serían incorporados a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) que se encargaría de las obras.

Ambos fondos provienen de distintos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): uno de $150 millones para el «Programa de trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático», aprobado el 21 de octubre de 2025; y el otro por $170 millones para el «Programa integral de regeneración urbana y revitalización sostenible de los mercados municipales en Santa Tecla y La Libertad», aprobado el 18 de diciembre de 2025.

El Estado deberá pagar el primer crédito en un plazo de 25 años con 5.5 años de gracia, el préstamo para los mercados también tiene un plazo de 25 años, con 5.5 años de gracia.

Según el proyecto de decreto, los $5 millones se usarían en obras de «demolición y desmontaje de infraestructura existente, terracería, reforzamiento estructural, sustitución de techos, adecuación de áreas exteriores, entre otros», así como gastos administrativos, para la «ampliación y rehabilitación» en seis escuelas de «diversas zonas del país».

Así mismo, se destinarían $3 millones para los diseños finales de los mercados de Santa Tecla y La Libertad y su respectiva supervisión, la contratación de consultorías para apoyo integral de micro y pequeños comerciantes, el fortalecimiento de capacidades institucionales y financieras municipales, y gastos administrativos para conformar la unidad ejecutora del proyecto y su funcionamiento.

Ambos fondos, provenientes de distintos préstamos del BID, serían depositados al presupuesto de la DOM.

Según la propuesta del préstamo que se destinará a la construcción de los mercados de Santa Tecla y La Libertad, el programa se ejecutaría en cinco años, con desembolsos del 2 %, 25 %, 31 %, 29 % y 13 % cada año.

La Asamblea Legislativa reformó la Ley especial de estadísticas y censos, que rige la actividad estadística y censal de El Salvador, para introducir los conceptos de «ronda censal» e incluir las encuestas encargadas por el presidente de la República dentro de la categoría de «encuestas especiales».

En la «ronda censal» siempre fueron incluidos los censos nacionales, de población y vivienda, económico, agropecuario; en esta categoría fueron agregados el de pesca y Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Antes, la categoría solo era definida como «censos nacionales».

El artículo 2 de la ley define los rubros estadísticos de la función estadística y censal que funge el Banco Central de Reserva (BCR) en El Salvador.

La categoría de «estadísticas continuas» no fue modificada y siempre se incluyeron las sociodemográficas, género, salud, educación, culturales, empleo, previsión social, distribución del ingreso y costo de la vida, entre otras, así como las reguladas en la ley del BCR.

También, de las encuestas continuas fueron suprimidas las «encuestas especiales», las cuales no eran definidas y siempre quedaron como encuestas continuas las «sociales, demográficas, económicas, de precios, entre otras».

Dentro de las categorías, se introdujo el literal «e» de «encuestas especiales» que se definirán así: «en esta categoría se incluyen las encuestas solicitadas por el presidente de la República, así como otras que sean identificadas por el BCR y las requeridas por otras instituciones, por su relevancia para la formulación o evaluación de políticas públicas, que no estén comprendidas en los rubros anteriores. Estas últilas requerirán la declaración de interés previa por el Consejo Directivo del BCR».

Argumentó, primero, que la «ronda censal» es un término técnico estadístico internacional.

Según el BCR, “las encuestas especiales se han venido ejecutando» pero ahora necesitan que quede «específicamente detalladas en la ley».

Del artículo 14 de la ley actual, aprobada en 2023, ya se consideraba que el BCR podía realizar “encuestas nacionales que sean de interés general solicitados por el presidente de la República”, dicha disposición fue suprimida.