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El bloque de personas desaparecidas en El Salvador presentó este miércoles a la Asamblea Legislativa una propuesta de “Ley de búsqueda de personas desaparecidas” en el marco del 30 de agosto, por la conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.

El proyecto de ley fue recibido por el partido Vamos, el único partido que les concedió una reunión.

De acuerdo con los familiares, enviaron el proyecto de ley al Ministerio de Seguridad y Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional Civil y todos los partidos políticos. «Y todos los partidos políticos, el único que no nos recibió (la carta con el proyecto de ley) fue el partido Nuevas Ideas», indicó una de las familiares.

Una representante del movimiento explicó que la propuesta, construida por los familiares de personas desaparecidas, busca llenar los vacíos legales para la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas.

“Esta ley representa la esperanza de volver a encontrar a quienes un día salieron de casa y nunca regresaron, una búsqueda que no puede depender de esfuerzos aislados”, expresó con la voz quebrada la familiar de una persona desaparecida.

Según el comunicado de prensa, el proyecto de ley consta de 40 artículos y busca establecer un marco normativo e institucional que garantice la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas, así como la atención integral de sus familiares.

De acuerdo con los solicitantes, la normativa plantea la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el cual instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal trabajarían de “manera coordinada, articulada y con una respuesta unificada, rápida e integral para las familias”.

Con la aprobación de la normativa, se crearía un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas “para que la búsqueda no dependa de acciones aisladas ni de la voluntad una institución o funcionario”.

También plantea la creación de un banco nacional de ADN para la comparación de perfiles genéticos de personas desaparecidas, familiares y restos humanos no identificados.

De 56 personas desaparecidas registradas por el bloque, solo han sido encontradas dos personas y solo un caso está judicializado. “Aunque ya existe la Fiscalía, el 99 % nadie tiene información de sus seres queridos desaparecidos. Hay una indiferencia total de parte del Estado”, afirmó la familiar.

La normativa también contempla la creación de una base única de información de reportes, geolocalización, identificación de restos humanos; un tratamiento con respeto a los familiares de los desaparecidos y las desapariciones de personas ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño.

En enero de 2026, la fracción legislativa de Vamos pidió la modificación de agenda de la sesión plenaria para introducir una iniciativa de «Ley de búsqueda de personas desaparecidas». No logró los votos suficientes para ser agendada en la sesión plenaria; en esa ocasión, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado de Nuevas Ideas, sugirió que la Unidad de Vida de la Fiscalía retome el tema.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró el martes que quien se lanza de candidato en la coyuntura actual, ya sea para presidente del país, diputado de la Asamblea Legislativa o alcalde, es una persona valiente.

“En estos momentos el que se lanza de candidato independientemente de qué sea, sea para presidencia, diputación o una alcaldía, es en un momento de valentía porque las circunstancias y cómo ellos modificaron la Constitución ha hecho de que las probabilidades sean más difíciles y es por eso que quien se lanza ahorita de verdad lo hace porque es una persona valiente”, afirmó el martes en el programa La Tribu.

La diputada del partido de derecha reaccionó así al referirse ante una pregunta sobre la candidatura presidencial de Arena cuya fórmula es conformada por la exdiputada Mayteé Iraheta y la dirigente del partido Verónica Henríquez.

“El Salvador requiere de personas valientes, no de gente cobarde, así que yo me alegro de cualquier persona que decida postularse para una candidatura”, afirmó en el programa.

La legisladora insistió que la disminución de la cantidad de diputados en San Salvador y La Libertad “va con dedicatoria” pero dijo que tienen “una gran aceptación”.

Ante una pregunta sobre la posibilidad de los candidatos presidenciales, ante la popularidad del presidente Nayib Bukele, respondió: “Bueno, tienen que trabajar, todos los partidos que estén concursando para una presidencial tienen que trabajar y ahí va a decir la gente si los quiere apoyar o no”.

Villatoro manifestó su desconfianza hacia Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Ahora el TSE toma decisiones de lo que viene allá arriba, del gobierno, imagínate tener a Romeo Auerbach, ¿qué payasada de Tribunal tenés”, señaló.

Según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Nuevas Ideas registra un 34.2 % de las preferencias partidarias, seguido de Arena con 1.4 %, el FMLN, con 1.3 % y Vamos, con 0.5 % de las preferencias; el 59.7 % afirmó no tener preferencias partidarias. Mientras, la encuesta de CID Gallup daba 33 % a Nuevas Ideas, 4 % a Arena y 4 % al FMLN.

Para la diputada, Arena tiene posibilidades pese a las encuestas. “Si uno lucha, las cosas pueden volverse favorables”, dijo, poniendo de ejemplo el gane de la municipalidad de La Libertad Este, con la candidatura de la alcaldesa Milagro Navas.

Las elecciones presidenciales se celebrarán 28 de febrero de 2027 luego de que se adelantaran mediante una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y autorizó la elección presidencial indefinida.

Luego de entrevistar a 17 abogados, la Asamblea Legislativa elegirá en la sesión plenaria de este miércoles a tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), presidente, primer y segundo magistrados, que deben asumir sus cargos el viernes 28 de agosto de 2026 hasta el 27 de agosto de 2029.

El pleno recibirá un dictamen favorable de la Comisión Política, que ayer aprobó presentarlo ante el pleno, aunque este no fue leído.

Durante las cuatro jornadas de entrevistas, algunos candidatos criticaron la mora de expedientes en la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, conformada por los tres magistrados actuales, los cuales buscan ser reelectos.

Esto dijeron los candidatos a magistrados de la CCR durante las cuatro jornadas de entrevistas:

Edgar Eliseo Alvarenga Funes, actual presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), propuso una revisión profunda de la estructura de la CCR, evaluación de la contratación de plazas, la fiscalización en la institución y comprobación de «rumores sobre la institución», la modernización tecnológica, el trabajo de la mano del área de Auditoría Forense y la Fiscalía General de la República. Propuso la Inteligencia Artificial con participación humana en las decisiones, y no auditorías en Word y Excel. Dijo que la Corte de Cuentas es responsable del control posterior pero señaló que puede actuar de manera “previa” de oficio o a petición de parte, evaluando la calidad de la Dirección de Auditoría Forense y ponerlo a disposición de la Fiscalía. “Debe ser totalmente independiente”, indicó.

Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025, dijo que su meta es auditar al final de 2026 el año 2025 y no “cinco años atrás”, ya que cuando ingresó estaban auditando la gestión fiscal 2020. Sosa Funes aseguró que tienen al día todas las alcaldías y los 16 ministerios y las cuatro autónomas hasta la gestión fiscal 2024. Agregó que capacitaron a 6,176 servidores públicos de todas las instituciones en 2025 y han capacitado a jueces para identificar indicios en auditorías. Aseveró que la CCR no realizaba un plan de fiscalización de vehículos nacionales de vacaciones desde 2021 y que lo reanudaron en su gestión. Señaló que harán una acción fiscalizadora “más preventiva que reactiva”. Justificó la falta de publicación de las auditorías en la «información sensible» al confrontar las leyes de la información pública, protección de datos personales y de la Corte de Cuentas.

Karla Gabriela Siliézar Liévano, auditora gubernamental en la Corte de Cuentas, propuso la creación de un repositorio inteligente como herramienta en auditorías y juicios de cuentas, con asesoría de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y alianzas la Agencia de Ciberseguridad del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y universidades. Propuso unificación de criterios de auditoría y alianzas estratégicas con el Ministerio de Hacienda.

Julio Guillermo Bendek Panameño, primer magistrado de la CCR, aseguró que el control preventivo que realiza la Corte de Cuentas «es la piedra angular». Sostuvo que su plan de trabajo incluye la modernización y digitalización de todos los procesos, la Inteligencia Artificial para permitir la automatización de los procesos y estar apegados a normas internacionales que generan independencia. Señaló que la lucha contra la corrupción también debe ser interna y que en la ejecución presupuestaria es «donde está la verdadera prevención y el uso óptimo de los recursos». Propuso procesos orales en la Cámara de Segunda Instancia.

Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR, advirtió que la auditoría y el juicio de cuentas es «un proceso muy delicado que no se puede dejar a la Inteligencia Artificial sino “que ayude a decidir qué criterio tomar» para «hacer un mejor hallazgo o una mejor sentencia». Sugirió «reforzar el sistema de auditoría automatizado», «resolver la mora histórica», «certificar a los auditores»; y empezar a resolver los procesos más antiguos.

José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, hizo énfasis en el enfoque preventivo del trabajo de la Corte de Cuentas. Propuso enfocar las auditorías en prevención, crear un Centro de Analítica de Datos, implementar un sistema de seguimiento de recomendaciones antes de los hallazgos, “un sistema inteligente de gestión jurisdiccional” que alerte a los magistrados de segunda instancia y el uso de la Inteligencia Artificial para disminuir tiempos a los juzgadores y colaboradores.

Julio Alberto Jule Herrera, juez propietario del tribunal tercero contra el crimen organizado, dijo que iniciaría un programa de depuración de procesos y capacitar ese personal en motivación de resoluciones judiciales, indicó que la Unidad Anticorrupción de la Corte de Cuentas tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y a 12 instituciones que forman parte del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción: Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de las Personas Naturales, Policía Nacional Civil, Dirección de Activos Digitales y Corte Suprema de Justicia, y que un funcionario o empleado público puede responder por acción y omisión.

Carlos Aníbal Cruz Flores, juez de cuentas de la Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR, afirmó que quiere formar parte de un «proceso de transformación”. El candidato señaló que él haría un diagnóstico y diseñaría un plan con posibles “giros de timón”.

José Arnoldo Gaitán Castro, quien fue juez de cuentas, afirmó que se enfocará en el enriquecimiento ilícito de servidores públicos a costa del Estado y presentó un plan que promete un modelo basado en resultados y en las demandas de los salvadoreños, criticó la gestión de dos de los tres magistrados actuales de la CCR, señaló que en la CCR había una “bodega de la corrupción”.  También, denunció que en el año 2016 fue presionado para que «le ayudara a limpiar» auditorías y que aún existe corrupción en la CCR.

Arnoldo José Parada Pineda, actual director Anticorrupción de la CCR, aseguró que ha dado las herramientas necesarias a la población para tener transparencia y rendición de cuentas más cercana a la ciudadanía, tener una Corte de Cuentas más moderna y una estrategia formal de optimizar los recursos de la institución.

Gonzalo Octavio Ayala López, quien labora en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte de Cuentas, propuso la digitalización, usar la Inteligencia Artificial para hacer auditorías y “formatos de los autos en los juicios de cuentas”, enfoque preventivo y de gestión de riesgo, reformas legales y administrativas. Sugirió reformar la Ley de la Corte de Cuentas para establecer un plazo para la resolución de procesos en la Cámara de Segunda Instancia; y “echar a andar” la Ley Anticorrupción, “transparencia y participación de la sociedad”. Propuso nombrar defensa técnica a funcionarios ausentes y herederos para que ciertos casos avancen.

Boris Romeo García Alvarado, asesor externo de la Corte de Cuentas, aseguró que su visión sería “tener una CCR justa e independiente» con auditorías técnicas y oportunidad de defensa y señaló que el fortalecimiento de la fiscalización con auditorías más expeditas y oportunas, así como el uso de tecnologías en el juicio de cuentas.

Luis Humberto Santos Guardado sugirió legislar plazos máximos para reducir la mora de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, propuso el uso de la Inteligencia Artificial para combatir la corrupción, un nuevo reglamento orgánico y crear la Unidad de Depuración de Mora con especialistas en tecnología. Santos Guardado aseguró que faltaría “coordinar acciones entre la Fiscalía y la Corte de Cuentas para detectar aquellas áreas falibles o que puedan tener una alerta de corrupción, pero debe realizarse de una forma técnica”. Señaló que, si fuera electo, coordinaría “reuniones con la Fiscalía para evaluar constamentemente la evolución de la aplicación de la Ley Anticorrupción”.

Raúl Pareja Méndez, actual secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, propuso fortalecer la fiscalización con eje preventivo y gestión de riesgos, el uso de la Inteligencia Artificial con un ecosistema útil, digitalizar los procesos, tener expedientes electrónicos, limpiar los procesos, tenerlos bien depurados. Planteó que ha propuesto la oralidad en los juicios de cuentas.  El candidato propuso “resolver el doble o el triple de lo que va ingresando” y crear una base de datos para incorporar los criterios jurisprudenciales para las cámaras de primera instancia y los auditores.

Carlos Orlando Lozano Hernández, defensor en la Procuraduría General de la República, indicó que será prioridad enfrentar la mora en la Cámara de Segunda Instancia, sugirió digitalizar documentación y guardar resoluciones emitidas y retomar precedentes.

José Luis Montalván Martínez, auditor gubernamental de la Corte de Cuentas, sugirió análisis de datos, Inteligencia Artificial bajo supervisión humana y auditorías basadas en riesgos para reconocer patrones, concentrar la fiscalización en los asuntos de mayor exposición, detectar posibles irregularidades y verificar las correcciones”, propuso tomar de ejemplos referentes de fiscalización que aplican Inteligencia Artificial generativa y un laboratorio de cuentas. Destacó la creación de la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA).

Salvador Alexander Segovia Robles, auditor de la Corte de Cuentas, propuso ordenar una evaluación independiente de la gestión de la Corte de Cuentas con un organismo internacional o una institución homóloga, crearía protocolos operativos de intercambio entre la Dirección Anticorrupción, el Sistema Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, para integrar alertas tempranas y estudiar patrones de riesgos; en el área jurisdiccional, ordenaría un diagnóstico inmediato de los expedientes en mora y lanzaría un plan extraordinario de reducción de mora. Propuso aplicar nuevas tecnologías, digitalización de los procesos y actualizaría el software de auditorías, por ejemplo, con el tribunal de Brasil, con módulos de análisis de datos y de Inteligencia Artificial.

Los tres candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República entrevistados el martes mostraron su simpatía en diferentes grados con las políticas del actual gobierno de Nayib Bukele, durante el proceso de entrevistas ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

José Luis Montalván Martínez, quien se desempeña como auditor gubernamental, empezó su entrevista con una frase del presidente Nayib Bukele sobre la relación entre juventud, experiencia e ideas. “Ni la juventud garantiza innovación ni la experiencia garantiza sabiduría, el verdadero cambio surge cuando la experiencia conserva la capacidad de aprender, cuestionar y construir nuevas ideas”, leyó. El aspirante aseguró que esa frase fue pronunciada en 2014.

Otro de los candidatos entrevistados el martes, Carlos Orlando Lozano Hernández, actual defensor en la Procuraduría General de la República, aseguró que él no puede estancarse del «esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República de nuestro país y cada uno de los funcionarios de la administración pública, ya sea Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia».

De la misma manera, Salvador Alexander Segovia Robles, también auditor de la institución, señaló que «El Salvador está viviendo un momento histórico» con «cambios importantes», luego de que el país demostrara «que los problemas difíciles sí se pueden resolver».

Otros candidatos, incluidos magistrados actuales, también señalaron cambios positivos en el actual gobierno, algunos enfocados en el uso de Inteligencia Artificial.

«El Estado se ha modernizado a pasos agigantados, la Corte no puede estar con el mismo motor», dijo el primer magistrado, Julio Bendek, durante la primer jornada de entrevistas.

Ese día, también Karla Gabriela Siliézar Liévano, auditora gubernamental, aseguró que está «muy entusiasmada con los cambios positivos que vive nuestro país. «El gobierno salvadoreño ha venido implementando una serie de acciones que giran alrededor de la tecnología basada en la Inteligencia Artificial», indicó.

Otros, como el juez de cuentas de la Cámara Segunda de Primera Instancia Carlos Aníbal Cruz Flores, enfocó los elogios en la Corte de Cuentas: «La Corte de Cuentas no es la misma del año 2023, ha habido avances significativos y eso es evidente».

En la segunda jornada de entrevistas, José Arnoldo Gaitán Castro, quien fue juez de cuentas, aseguró que no le fallará al presidente Nayib Bukele y exhortó a protegerlo. «Yo no le voy a fallar a mi país ni a mi presidente».

«Tenemos un fiscal que al darle la herramienta, yo les aseguro que el señor presidente (Nayib Bukele) va a salir con la cabeza en alto, si no, todos nosotros vamos a ser los culpables, si seguimos tapando cosas que no tenemos que tapar», aseguró el candidato.

Gaitán Castro recordó una frase que Bukele les dijo a sus funcionarios en Casa Presidencial. «Bien me acuerdo las palabras del presidente al cual todos queremos y tenemos que cuidarlo, y lo dijo públicamente y lo dijo a sus ministros ahí en Casa Presidencial, se recordó del presidente José Napoleón Duarte. El presidente Bukele dijo ‘yo no quiero que me vayan a recordar como un presidente ladrón’ y para eso le pidió al fiscal que investigara a todos sus funcionarios», expresó el candidato.

Las jornadas de entrevistas a los candidatos a magistrados de la CCR concluyeron el martes con la votación de la Comisión Política para llevar el dictamen favorable a la sesión plenaria de este miércoles. Se desconocen cuáles son los tres nombres que propondrían las fracciones este miércoles en el pleno.

Con ocho votos a favor, incluido el de Arena, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este martes un dictamen favorable para elegir al presidente, primer magistrado y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el periodo del 28 de agosto de 2026 hasta el 27 de agosto de 2029.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, aseguró que “el pleno legislativo es la máxima autoridad para deliberar y tomar decisiones”, por lo que “es ahí donde se debe decidir sobre los candidatos que cumplen con los requisitos que cumple la Constitución y la ley”.

Castro agregó que la finalidad de este mecanismo es que “las elecciones de funcionarios se realicen de manera participa, transparente, de cara a la población y la opinión pública” y luego propuso a la comisión que “se presente al pleno legislativo el dictamen favorable a efecto de que se proceda a la elección.

El dictamen no fue leído. En la elección de funcionarios de segundo grado, la Comisión Política suele emitir un dictamen favorable sin pronunciarse por alguno de los candidatos entrevistados, estableciendo que todos cumplen con los requisitos legales y, en el pleno, Nuevas Ideas y sus aliados dicen sus propuestas, las cuales siempre han coincidido.

La Comisión Política concluyó las entrevistas a 17 candidatos a la CCR con tres entrevistados.

El abogado Carlos Orlando Lozano Hernández, defensor en la Procuraduría General de la República, relató que laboró en CEPA-Fenadesal, fue colaborador jurídico en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), encargado del área legal del Consejo Nacional Integral de las Personas con Discapacidad, jefe del Registro de Estado Familiar de una municipalidad, en donde respondía a la Corte de Cuentas para superar señalamientos en auditorías.

“No puedo quedarme estancado viendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República de nuestro país y cada uno de los funcionarios de la administración pública, ya sea Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y yo teniendo la posibilidad me voy a quedar viendo desde fuera”, afirmó.

Lozano Hernández también aprovechó para pronunciarse contra la mora de casi 2,000 casos en la Cámara de Segunda Instancia, “eso es prioridad”, dijo. Sugirió digitalizar documentación y guardar resoluciones emitidas y retomar precedentes.

José Luis Montalván Martínez, auditor gubernamental de la Corte de Cuentas en donde tiene 13 años de laborar y excandidato a la CCR, aseguró que tiene cinco maestrías.

Montalván Martínez citó una frase del presidente Nayib Bukele sobre la relación entre juventud, experiencia e ideas. “Ni la juventud garantiza innovación ni la experiencia garantiza sabiduría, el verdadero cambio surge cuando la experiencia conserva la capacidad de aprender, cuestionar y construir nuevas ideas”, leyó.

Aseveró que la Corte de Cuentas no debe producir información aislada, sino que debe estar apoyada en “análisis de datos, Inteligencia Artificial bajo supervisión humana y auditorías basadas en riesgos para reconocer patrones, concentrar la fiscalización en los asuntos de mayor exposición, detectar posibles irregularidades y verificar las correcciones”.

El candidato puso como ejemplo que en Brasil se ha utililizado “la analítica de datos en la fiscalización mediante aplicaciones de Inteligencia Artificial generativa, tiene un laboratorio de cuentas, una fiscalización continua y una gobernanza de datos”. Agregó que Costa Rica, Estados Unidos y Australia.

“Pero también El Salvador tiene referencias, el DoctorSV y documentos tributarios electrónicos”, agregó; también mencionó la creación de la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA). Aseguró que la mayoría de candidatos se han referido a la IA “bien volátilmente”.

Señaló que la IA no es ChatGPT sino el procesamiento de la inteligencia informativa “en momentos súper rápidos”. “Por eso el presidente Bukele ha realizado todo este proceso de IA para que la Corte de Cuentas como tal pueda tener una base dónde incorporar toda la información y no quede a merced de mercenarios posiblemente, de personas que quieran saber cómo está esto o lo otro, todo tiene que ser con trazabilidad”, expresó.

Aseguró que en los primeros 100 días evaluarían gobernanza y que un magistrado que llega a prometer algo que no ha cumplido “tiene problemas mentales”.

Ante la pregunta del diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, sobre cómo evalúa la Dirección Anticorrupción de la CCR, el candidato comentó que en el país no hay delincuentes “no es por el CECOT” sino “porque las leyes han fortalecido las penas para que ellos no delincan”; y que los funcionarios están inhibidos de buscar favores aunque en la Corte de Cuentas le preguntaron si iba a “cabildear” con diputados.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que “ojalá que no se dejen engañar”. “Esta comisión lo que hace es dictaminar y serán los 60 diputados los que tomen la decisión final el día de mañana, los que reúnan los mejores requisitos, eso es lo que va a suceder el día de mañana con las personas que hemos entrevistado hasta este día”.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, le preguntó sobre la falta de publicación de las auditorías y el supuesto choque de leyes de información pública y la ley de protección de datos personales.

“La parte de la divulgación de información es tan sensible que muchas veces es necesario tomar algún tipo de riesgo y creo que ese fue el que tomó el presidente”, le respondió Montalván. “¿Usted tomaría la misma posición?”, le preguntó. El candidato contestó que buscaría a un segundo magistrado o al presidente de la CCR para que “esta información sea pública”.

El último candidato de la lista, Salvador Alexander Segovia Robles, es auditor de la Corte de Cuentas, excandidato a magistrado, Aseguró que ha sufrido muchos “cuellos de botella”. “Vengo a liderar una transformación”, expresó.

El candidato aseguró que “El Salvador está viviendo un momento histórico” y “hay muestras de cambios imporotantes”. “Aunque todavía existen problemas de país fuertes, nuestro país demostró que los problemas difíciles sí se pueden resolver, la única manera es con decisión, liderazgo y estrategia, ¿podemos hacer lo mismo para proteger el dinero público? Yo estoy convencido que sí”, dijo.

En el área operativa o de auditoría, el candidato dijo que ordenaría una evaluación independiente de la gestión de la Corte de Cuentas con un organismo internacional o una institución homóloga. Señaló que, para combatir la corrupción, crearía protocolos operativos de intercambio entre la Dirección Anticorrupción, el Sistema Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, para integrar alertas tempranas y estudiar patrones de riesgos.

En el área jurisdiccional, señaló que ordenaría un diagnóstico inmediato de los expedientes en mora para conocer la causa del atraso de los 2,000 expedientes acumulados en la Cámara de Segunda Instancia; un plan extraordinario de reducción de mora priorizando expedientes más antiguos y estableciendo responsables y mecanismos de seguimiento.

También propuso aplicar nuevas tecnologías para agilizar los procesos manuales ya existentes, digitalización de los procesos y actualizaría el software de auditorías, por ejemplo, con el tribunal de Brasil, con módulos de análisis de datos y de Inteligencia Artificial.

Segovia Robles agregó que impulsaría capacitaciones en auditoría forense y anticorrupción para estudiar esquemas modernos y sofisticados. Sugirió recordar que, detrás de cada auditoría y juicio de cuentas, “hay personas, hay una madre que espera la atención médica, un joven que espera educación en una escuela, una comunidad que espera un proyecto, una obra, un ciudadano que espera que su dinero sea protegido y usado de forma correcta”.

El último candidato también dijo estar dispuesto a publicar los resultados de las auditorías de la CCR. «La población merece tener portales donde puedan verificar todos los informes de auditoría, una vez yo entre como presidente o magistrado, voy a darle seguimiento a ese tema, la ley es bien clara y los informes deben estar ahí y ser publicados para que la población tenga acceso», respondió ante la pregunta de la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

El director de Integración, Alejandro Gutman, explicó este martes que esperan que en enero de 2028 ya estén becados aproximadamente 50,000 jóvenes estudiantes en carreras universitarias, formación técnica o en cursos vocacionales, tomando en cuenta los convenios de cooperación mutua con universidades y los primeros fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El funcionario explicó este martes en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña que actualmente hay 14,000 jóvenes becados “ya estudiando”, de 36,000 cupos de becas en 40 instituciones para carreras universitarias o técnicas.

Sumando esos 14,000 a los 23,000 estudiantes de bachillerato que están dentro del proceso formativo de la Dirección de Integración para acceder a becas en 2027, resultarían 38,000 estudiantes becados en 2027.

La cifra meta tomaría en cuenta el préstamo de $100 millones del BID, que proyecta financiar becas para “60,000 jóvenes en cinco años”, 12,000 por año.

“Supongamos que hay unos 40,000 durante el 2027. En febrero-marzo de 2027, empezamos el proceso formativo, estos que ya están más los nuevos que entran ahora. El año pasado había 17,000 que participaron en el proceso formativo (bachilleres) (de los cuales hay 14,000 becados). Este año empezaron arriba de 30 y pico (mil), y hay 24 (mil) (en el proceso formativo). Seguro que va a haber arriba de 50,000 en enero de 2028”, afirmó.

Gutman agregó que el préstamo del BID contempla 60,000 becas y que «esos $100 millones van a permitir acompañar en el tiempo todo esto».

Por otra parte, el director de Integración consideró la posibilidad de ofrecer becas para estudios universitarios virtuales según una plática que tuvo, relató, con una “universidad muy importante de España”.

Informó que las becas disponibles en las universidades de El Salvador son pagadas la mitad por la universidad y la otra mitad por el país (Estado). “Los rectores han cambiado su actitud. Están orgullosos de recibir a esos jóvenes”, afirmó.

Según el funcionario, El Salvador podría llegar al 70 % de matrícula de bachilleres en educación superior en modalidad presencial, semipresencial o virtual. “Ojalá que lleguemos al 70 % que nos ubicaría como país en el lugar más alto del mundo de los países más desarrollados”, indicó.

El funcionario detalló que el programa es dirigido a jóvenes bachilleres de las escuelas públicas pero no descartó que en un futuro se puedan beneficiar a jóvenes de escasos recursos que hayan estudiado en colegios privados.

El proceso formativo de la Dirección de Integración requiere que los jóvenes del último año de bachillerato realicen seis actividades, entre estas refuerzos escolares de matemática y lenguaje todos los sábados por cuatro horas, además del curso de la pobreza y la integración y recorrer las universidades. Al final del proceso formativo, es la Dirección de Integración la que certifica a los jóvenes para que puedan acceder a las carreras según sus propios resultados durante el proceso formativo.

Este año 2026, ese proceso formativo concluye en septiembre para 23,000 jóvenes a quienes la Dirección debe entregar los certificados el 29 de septiembre. Luego, son las universidades las que seleccionan a los jóvenes pero la Dirección de Integración acompaña en una tercera etapa de selección.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un canje de notas entre El Salvador y Japón que otorgará becas a seis funcionarios públicos para que estudien en universidades japonesas, a solicitud de Cancillería.

Para aprobar el dictamen, los diputados escucharon antes al jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados, Lisandro Landaverde, quien detalló que el canje de notas fue firmado el 24 de julio que contempla una cooperación de 201 millones yenes japoneses, equivalentes a $1.2 millones, para financiar seis maestrías en el año fiscal japonés 2027.

“No es una iniciativa de carácter aislado”, dijo.

Landaverde dijo que el beneficio no solo es académico individual sino a las instituciones del Estado y al “trabajo artículado que hoy por hoy El Salvador está desarrollando como Estado y como gobierno”.

La colaboradora jurídico del Departamento de Negociaciones y Tratados, Kelly Dubón, dijo que hay “tres factores importantes”, el capital humano ya que hay conocimientos que serán adquiridos en Japón, los conocimientos “van a ser aplicados” por estos funcionarios “No es nuevo, esto viene desde 2020 y se hace a través de este canje de notas”, agregó.

Los representantes de Cancillería no detallaron a qué instituciones del Estado pertenecen los seis beneficiados con las becas para maestrías en Japón.

Oferta «limitada» de maestrías en el país

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, preguntó de qué manera se espera que los conocimientos de los becarios se traduzcan en beneficios al desarrollo del país.

“Recordemos que muchas veces nuestro país la oferta académica en el rubro de maestrías es un tanto limitada”, le respondió Landaverde. Agregó que Japón tiene “una alta riqueza de conocimiento y educación” y los funcionarios pueden aprender conocimientos en el área de infraestructura, tecnología, medio ambiente y geología.

“Ese es el objetivo, que ellos vayan y regresen, no el quedarse”, subrayó.

Cardoza pide conocer experiencia de un becario

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), pidió conocer la experiencia de al menos uno de los funcionarios públicos salvadoreños que han sido becados en Japón. “Nos gustaría que vengan a poner en práctica sus conocimientos”, indicó.

López Cardoza preguntó cuántos funcionarios serían becados. Landaverde repitió que son seis funcionarios para el área de maestría; no comentó la solicitud de llevar a un becario a la Comisión.

En la Comisión, el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, les agradeció por esta “bonita información”, señaló que la cooperación japonesa inició en 1968 y leyó que El Salvador fue el primer país “donde inició todo esto”. Alemán preguntó mediante qué instrumento se formalizó el acuerdo, cómo se denomina el programa y desde cuándo funciona en El Salvador. Alemán argumentó que “es importante” porque el fin de semana el gobierno anunció becas para jóvenes salvadoreños. El representante de Cancillería le repitió que el programa se ejecuta desde 2020 y reiteró que el instrumento fue un canje de notas.

También, el diputado Raúl Chamagua se refirió a las becas que serán financiadas con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a El Salvador para jóvenes salvadoreños en carreras universitarias o tecnológicas. Este último programa, según la propuesta del BID, financiaría becas a 60,000 estudiantes en cinco años. Chamagua agregó que el acuerdo con Japón permitirá beneficiar a 39 salvadoreños (funcionarios).

De acuerdo con cancillería, la donación se hará efectiva siempre y cuando se dé entre la vigencia del acuerdo y el 31 de diciembre de 2034.

Desde el año 2020 el proyecto ha becado a 33 funcionarios públicos en estudios de posgrado en universidades de Japón.

Los beneficiarios han sido funcionarios de Presidencia, de la misma Cancillería, así como de los ministerios de Obras, Economía, Agricultura, Vivienda, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Banco Central de Reserva, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Universidad de El Salvador y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, nombró al coronel Jorge Alberto Miranda Martínez como nuevo director presidente del Consejo Directivo del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, en sustitución del coronel Roberto García Ochoa.

El nombramiento se dio mediante el acuerdo 106 aprobado el 20 de julio de 2026, publicado en el Diario Oficial del 11 de agosto de 2026.

La máxima autoridad del CEFAFA es el Consejo Directivo, que es presidido por un director presidente. La ley establece que al Consejo Directivo del CEFAFA le corresponde la orientación y determinación de la política del centro farmacéutico.

El nuevo presidente deberá rendir una fianza de acuerdo con el artículo 104 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

El Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada fue creado en 1984 como institución autónoma de derecho público y con recursos propios, está facultado para comercializar productos farmacéuticos, similares y otros artículos.

El coronel García Ochoa ocupaba la presidencia del Consejo Directivo de CEFAFA y es director de la Dirección de Compras Públicas del Ministerio de la Defensa Nacional. Mientras, el coronel Miranda Martínez es director de Política de Defensa, de acuerdo con el Portal de Transparencia de Defensa.

En noviembre de 2025, Defensa nombró como director vicepresidente del Consejo Directivo del CEFAFA al coronel Darío Salvador Hernández Vega, en sustitución del teniente coronel Wilmar Alberto Gómez Torres.

Una reciente reforma permitió que el centro farmacéutico fabrique medicamentos y done infraestructura para la atención médica de los miembros de la Fuerza Armada. CEFAFA se financia de las cotizaciones de sus afiliados en situación activa, aportaciones del Estado y de la comercialización de sus productos al público.

El secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, consideró que adelantar las elecciones presidenciales de 2029 a 2027 es legal, coincidiendo con la opinión del candidato presidencial del partido de izquierda, Rafael Aguirre.

“Ya ha ocurrido otras veces: en 1994 cuando se hicieron las elecciones simultáneas; ya ocurrió hace 15 años y ya ocurrió el año pasado, incluso. Sencillamente fue una decisión que se tomó en la Asamblea y es una ley y hay que cumplirla”, respondió al ser consultado sobre la denominada “homologación de las elecciones”.

La Asamblea Legislativa aprobó la realización de elecciones presidenciales en 2027 mediante una reforma constitucional aprobada el 31 de julio de 2025 con la cual se amplió el periodo presidencial de cinco a seis años.

Aunque el presidente Nayib Bukele fue reelegido para el quinquenio 2024-2029, la reforma establece que el actual periodo presidencial se reduzca a tres años, de 2024 a 2027, con el propósito de que que el primer sexenio presidencial corresponda al periodo 2027-2033.

La reforma constitucional también habilitó la reelección presidencial indefinida, algo considerado inconstitucional por organizaciones sociales y por la oposición política debido a que la Constitución de la República de El Salvador prohibía la reelección presidencial continua. Así, Bukele está buscando su segunda reelección presidencial en las elecciones de 2027.

La opinión del dirigente coincide con la del candidato presidencial por el FMLN, Rafael Aguirre, quien ha asegurado que las elecciones de 2027 son constitucionales y legales.

Aguirre aseguró que la reelección de Bukele tampoco sería inconstitucional. «Actualmente, ya no, actualmente ya se hicieron los ajustes constitucionales para que la reelección indefinida sea un hecho a nivel de país, pero la primera reelección que se tuvo, sí, eso definitivamente, para los expertos a nivel constitucional, sí, es un acto inconstitucional lo que se hizo», expresó en una entrevista a El Mundo.

Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se desarrollarán el 28 de febrero de 2027.

Un 28.5 % de los salvadoreños estaría «muy de acuerdo» y un 42.1 % estaría «de acuerdo» con que Nayib Bukele se postulara para un tercer periodo presidencial, según

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop) de junio de 2025 indica que el 70.6 % de los salvadoreños avalarían en algún nivel un tercer periodo presidencial de Bukele aunque el 25.4 % estaría en desacuerdo pero que el 95 % de los salvadoreños considera muy importante respetar la Constitución.

En la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, algunos candidatos a la Corte de Cuentas de la República entrevistados por los diputados han propuesto el uso de Inteligencia Artificial para combatir la corrupción, agilizando los procesos de auditorías o procesos en primera o segunda instancia de la Corte de Cuentas. Algunos enfatizan en que la IA no debe sustituir a los funcionarios a cargo.

Entre los candidatos que han mencionado la IA están la auditora Karla Siliézar, el jefe de auditores Sigfredo Ventura, el segundo magistrado José Rodrigo Flores, el jurídico de la Corte de Cuentas, Gonzalo Octavio Ayala López; el abogado Luis Santos Guardado; el asesor externo de la Corte de Cuentas, Boris García Alvarado; y el secretario de actuaciones de la Corte de Cuentas, Raúl Pareja Méndez, entre otros.

Gonzalo Octavio Ayala López propuso usar la Inteligencia Artificial para hacer auditorías y “formatos de los autos en los juicios de cuentas”, enfoque preventivo y de gestión de riesgo, reformas legales y administrativas.

«Hablo de la Inteligencia Artificial, no porque la Inteligencia Artificial nos va a hacer todo, pero sí se puede utilizar como una herramienta útil para efectos de hacer auditorías y para efectos de hacer formatos de lo que serían los autos que se hacen en los juicios de cuentas». Gonzalo Ayala López, quien está en la Dirección Jurídica de la CCR.

El asesor externo de la Corte de Cuentas, Boris García Alvarado, también habló de implementar nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

El candidato Luis Humberto Santos Guardado, quien fue auxiliar fiscal de 2004 hasta aproximadamente 2017, y tiene «experiencia en juicios de cuenta de primera y segunda instancia», propuso el uso de la Inteligencia Artificial para combatir la corrupción.

“Considero que el uso de las nuevas tecnologías o herramientas como la Inteligencia Artificial van a ser un instrumento eficaz para el combate de la corrupción”. Luis Santos Guardado, exauxiliar fiscal.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseveró que la IA no debe sustituir a los abogados «ni para tomar decisiones en los juicios de cuentas» y le preguntó a Santos Guardado cuál sería la estrategia sobre la aplicación de Inteligencia Artificial. «Más allá de la Inteligencia Artificial o de nuevas tecnologías, considero que debe haber una capacitación integral del talento humano dentro de la institución», indicó el candidato.

También, Raúl Pareja Méndez, actual secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, señaló que «el uso de la Inteligencia Artificial requiere previo a ello establecer un ecosistema que sea verdaderamente útil».

«Para llegar a eso propongo digitalizar los procesos, tener expedientes electrónicos, segunda etapa, limpiar esos procesos porque se contaminan, podría haber una contaminación en los datos, limpiar esos datos y tenerlos bien depurados y tercer punto ya podemos implementar la Inteligencia Artificial”. Raúl Pareja Méndez, secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR.

Puso como ejemplo el uso de la IA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Supremo Federal de Brasil.

«Es más, el Estado de El Salvador, tenemos el DoctorSV que utiliza la IA, entonces podemos hacer convenios, acercamientos con las instituciones del Estado que ya llevan un paso adelante de la Corte de Cuentas», mencionó.

También, la candidata Karla Gabriela Siliézar Liévano, quien también labora en la Corte de Cuentas como auditora, propuso la creación de un repositorio inteligente con asesoría de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y alianza con la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), todas instancias del Poder Ejecutivo, como herramienta de apoyo a los procesos de auditoría y juicios de cuentas.

«La IA no va a sustituir el criterio profesional del auditor y del juez de cuentas, será una herramienta de apoyo para fortalecer y agilizar los procesos, un asistente IA para ética pública, denuncias, contrataciones, transparencias y antisoborno, para ello crear un chatbot web con menús rápidos e interactivos que orienten al usuario en sus primeras consultas», dijo.

También, el jefe de auditores de la Corte de Cuentas, Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, quien también es candidato, dijo que la Inteligencia Artificial debe ser una «herramienta que ayude a decidir que criterio tomar» para «hacer un mejor hallazgo o para hacer una mejor sentencia», pero que la auditoría y el juicio de cuentas es «un proceso muy delicado que no se puede dejar a la Inteligencia Artificial». Este funcionario también sugirió «reforzar el sistema de auditoría automatizado».

El segundo magistrado de la Corte de Cuentas, José Rodrigo Flores Ramos, quien busca la reelección, propuso “un sistema inteligente de gestión jurisdiccional” que alerte a los magistrados de segunda instancia y usar la Inteligencia Artificial para disminuir los tiempos a los juzgadores y colaboradores, “no a juzgar, nos va a ayudar a consolidar los criterios, a manejar precedentes”.

La Comisión Política finalizará este martes el proceso de entrevistas a un total de 17 candidatos; los diputados buscan elegir al presidente, primer magistrado y segundo magistrado que fungirán desde el 28 de agosto de 202 hasta el 27 de agosto de 2029.