El concejo de San Salvador Este aprobó hace unas semanas un préstamo por $15.5 millones para el pago de deuda de los cuatro distritos que integran el municipio. Este sería el segundo préstamo avalado para pagar deuda.
El concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Cayetano Cruz, aseguró a Diario El Mundo que hace unas semanas el concejo aprobó adquirir deuda con el Banco Hipotecario por $15.5 millones para pagar deuda heredada de los distritos.
Cruz aseveró que en la discusión no se les informó sobre el plazo que dispondrá la comuna para el pago del préstamo ni la tasa de interés que cobrará el banco. San Salvador Este está integrado por los distritos de Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque.
«Hace unos 20 días destituyeron al concejal propietario de Cambio Democrático Rodolfo Menjívar sin proceso legal, luego en esa misma sesión aprobaron un préstamo de 15.5 millones al Banco Hipotecario». Cayetano Cruz, concejal del FMLN en San Salvador Este.
El regidor de izquierda aseguró que el monto de la deuda de los cuatro distritos es aproximadamente $70 millones. Recordó que en noviembre de 2024 la comuna acordó otro préstamo para pago de deuda por $8 millones. Indicó que de la ejecución del primer préstamo recibieron «un medio informe».
San Salvador Este era dirigido por el exalcalde José Chicas, quien fue destituido luego del escándalo en el refugio animal de Ilopango. Luego, el concejo nombró a Marvin Elías Alas Aragón como alcalde interino. En febrero, la alcaldía aprobó titularizar $70 millones de deuda para el pago de la misma. La deuda incluye $1.9 millones con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (Cosavi de R.L.).
El gobierno pospuso de julio hasta finales de septiembre la publicación de una evaluación actuarial del sistema de pensiones que se utilizará como base para diseñar la próxima reforma de pensiones de El Salvador, según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el informe de revisión publicado el 15 de junio, la publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice “a mediados de 2026” con la incorporación de recomendaciones del FMI.
El FMI ha solicitado que la nueva reforma logre logre contener los costos fiscales asociados a la reforma de 2022, ya que esta «desvinculó” los beneficios de los saldos individuales y dispuso que con estos se financiara «lo que queda del sistema público de reparto anterior”, es decir, pensiones del sistema público.
La publicación del informe actuarial estaba proyectada para finales de julio de 2025. Los estudios actuariales previsionales hacen proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema, según las cotizaciones de los trabajadores, el aporte de los empleadores, las edades de jubilación, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago de pensiones.
El acuerdo financiero con el FMI compromete al Gobierno salvadoreño con una reforma de pensiones a “asegurar una financiación adecuada al sistema de pensiones y una diversificación adecuada de los activos de las carteras gestoras de fondos de pensiones privadas”. El FMI reitera en este nuevo documento publicado ayer que también debe haber una “sólida colaboración con otros acreedores oficiales”.
Pese a ello, el FMI espera que se disminuya la dependencia del Estado con los fondos de pensiones y del endeudamiento interno con el sistema financiero.
La deuda que tiene el Estado con los ahorros de los trabajadores cotizantes de las AFP asciende a $10,789.19 millones hasta mayo, de los cuales $2,394.42 millones es nueva deuda contraída por el Estado luego de 2022. El FMI espera la reducción de la “dependencia de los fondos de pensiones” como parte del acuerdo de $1,400 en busca de la estabilidad financiera del país.
Sin embargo, el FMI advierte que la emisión de nueva deuda de pensiones «ha caído significativamente a alrededor de US$171 millones durante el primer trimestre de 2025, en comparación con más de US$420 millones durante el mismo período del año pasado», al señalar la necesidad de continuar el programa de consolidación fiscal.
Diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN) defendieron ayer la transferencia de una porción de terreno estatal de 55,711 metros cuadrados de la finca El Espino para el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), que será aprobada en un decreto en donde se argumenta que el CIFCO no tiene sede.
Por una parte, Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas que preside la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, así como el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, argumentaron que con este decreto no están autorizando la construcción y que es su competencia constitucional aprobar las transferencias de inmuebles del Estado.
Por otra parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró no se puede correr antes que caminar y que de los diputados depende si se mantienen “encerrados en una cueva” mientras otros países se desarrollan, o siguen avanzando para apostarle al desarrollo de El Salvador.
«No somos responsables de la construcción»
La diputada Ana Figueroa subrayó que no estaban aprobando la construcción y leyó una disposición constitucional para argumentar que les compete aprobar transferencias de inmuebles «Los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas dentro de los límites y en la forma establecida por la ley», leyó el artículo 104 de la Constitución.
Figueroa añadió que recordaba que «es una porción de terreno que ha sido segregada» y el «Ministerio de Hacienda ya otorgó su anuencia».
“De nuevo, estamos hablando de un traslado. No somos responsables aquí de la construcción, ni de nada de eso, nos toca como Asamblea Legislativa de acuerdo a la Constitución autorizar o no estos traslados”. Ana Figueroa (Nuevas Ideas).
La diputada de Nuevas Ideas también argumentó que hay «excelentes relaciones diplomáticas y comerciales» que El Salvador «ha reforzado» y que se deben cumplir con responsabilidades adquiridas en el convenio marco con China. «Es parte de la seriedad de un Estado cumplir con estas responsabilidades adquiridas y sobre todo cuando van a traer una mejora en la calidad de vida de nuestros compatriotas salvadoreños», dijo.
“En este momento no me puedo oponer, a aventarle piedras o a desbaratar un proyecto que nos va a dar un país amigo, a hablar mal de un proyecto, cuando ni siquiera conozco el diseño. No estamos autorizando permisos de construcción, no estamos tirando cemento”. Reynaldo López Cardoza (PCN).
Minutos antes, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, también aseguró que no están autorizando una construcción sino la transferencia de un terreno.
“Este día no estamos autorizando una construcción. Vamos a tener el Estadio, creo que el mejor de Centroamérica, al 2027 creo que está la proyección, que ojalá que hagamos un buen equipo porque equipo es el que no tenemos… Y ahora vienen con el nuevo CIFCO. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es un traspaso de terreno. No tenemos el diseño, no tenemos absolutamente nada, no sabemos cómo va a ser, por ende, yo no puedo decir ‘vamos a comenzar a desbaratar El Espino, yo voy a comenzar a hablar en contra de eso cuando ya esté el diseño de la construcción”, aseguró.
El diputado aseguró que cuando alguien comienza a construir una casa, ve un árbol y analiza si lo va a conservar o no. Ortiz respondió que, si bien solo es un traslado de terreno, el objetivo es el proyecto de construcción.
La construcción del CIFCO es un proyecto que será donado por el gobierno de la República Popular China, cuyo embajador reveló en mayo pasado que el CIFCO estará frente a Cancillería.
“Este tipo de proyectos impulsan el desarrollo”
El diputado Raúl Chamagua, de Sonsonate, aseguró que “todos los países del mundo tienen definido su sistema de seguridad y desarrollo nacional”. Chamagua dijo, con el gobierno de Nayib Bukele, se cambiaron los objetivos “para beneficio de todos los salvadoreños y no de unos pocos”.
El legislador de Nuevas Ideas agregó que El Salvador es un país seguro y que “este tipo de proyectos impulsan el desarrollo del país”.
“De nosotros depende si nos quedamos encerrados en una cueva a ver cómo los países siguen avanzando o decidimos salir de esa cueva, quitarnos las telarañas que podamos tener en nuestra mente y apostarle al desarrollo de El Salvador”. Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas.
Chamagua comparó el desarrollo del país con el de un niño que empieza a caminar. “Es inconcebible poder correr antes de poder caminar, evidentemente van a haber unos poquitos que van a estar en contra o en desacuerdo”, dijo el legislador.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien solicitó un estudio de impacto ambiental de la construcción del CIFCO en el terreno que será trasladado de la finca El Espino, le respondió que esa “visión de desarrollo está dejando a mucha gente atrás y solo algunos con acceso al círculo de poder están avanzando en su calidad de vida” y cuestionó cómo puede haber desarrollo si no hay suficiente agua, hay estrés hídrico y más demanda de agua.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó el martes a los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior que soliciten al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que les remita o realice el estudio del impacto ambiental de la construcción del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una porción de terreno de 55,711 metros cuadrados ubicado en la Finca El Espino.
“Quiero llamar la atención de la Comisión en el sentido que la Finca El Espino es un área natural del área metropolitana de San Salvador que da servicios ambientales muy importantes a los capitalinos, tecleños y a la población de Antiguo Cuscatlán. El Espino ha sufrido destrucción durante décadas en el marco de los gobiernos anteriores, empezaron a acabarse El Espino”, expresó la diputada de Vamos.
El terreno, que colinda con Cancillería, es parte de lo que tiene el Estado salvadoreño en la Finca El Espino.
La diputada calificó de preocupante «lo poco que queda de la finca El Espino», mostrando dos imágenes de antes y después de la finca, y advirtiendo que repercutirá en el riesgo de inundaciones en lugares como las comunidadesJosé Cecilio del Valle, Cristo Redentor, San Pablo, en San Salvador, y también en el distrito de Santa Tecla.
“La Finca El Espino es una zona de recarga hídrica, la lluvia se infiltra y previene inundaciones… ¿Saben cuántas comunidades urbanas hay alrededor cuya población vive a la orilla de quebradas? Hay un potencial riesgo de que, al seguir la destrucción de la finca El Espino, repercuta en mayor riesgo de inundaciones”. Claudia Ortiz (Vamos).
Para Ortiz, la construcción del CIFCO en la Finca El Espino impactará en la disponibilidad de agua, en la conservación de especies y en el clima de la zona.
“No se está transfiriendo edificio, sino un área natural. El Espino es un pulmón de la ciudad», argumentó.
Luego de expresar su rechazo a la transferencia del terreno al CIFCO, solicitó que los diputados exijan al Ministeri estudio de impacto ambiental y un diagnóstico territorial y urbanístico.
¿Qué pidió la diputada Claudia Ortiz sobre la transferencia de una porción estatal en la finca El Espino al CIFCO? 1. Que se pregunte al MARN si ha realizado un estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción del CIFCO en El Espino, que lo remita a la Comisión en cumplimiento al artículo 18 y siguientes de la Ley de Medioambiente; y que, si no lo tiene, que pida su elaboración.
2. Que se solicite a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) el «diagnóstico territorial y urbanístico integral sobre la compatibilidad del proyecto con el uso de suelo, la zonificación metropolitana, los riesgos y las condiciones ecológicas del área involucrada, en cumplimiento al artículo 7-A reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS que exige dicho diagnóstico obligatorio para «todo proyecto con un área mayor a 10,000 metros cuadrados» en zonas ambientalmente sensibles.
«Quiero llamar la atención de la Comisión que antes de tomar la decisión y de emitir un dictamen favorable de manera exprés de este tema, esté bien documentado el impacto que habría de este proyecto», prosiguió al final de su intervención.
“Gracias, diputada, se toma nota”, respondió Ana Figueroa, legisladora de Nuevas Ideas que preside la Comisión.
La diputada Ortiz entregó una carta a la Comisión con la petición, en la cual advierte que podrían cometer una «acción de inconstitucionalidad por omisión o por vulneración de derechos fundamentales colectivos».
Diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN) rechazaron la opinión de Ortiz argumentando que no se está autorizando la construcción pero también explicando que El Salvador debe optar por el desarrollo y no esconderse bajo una «cueva».
Ortiz respondió que, si bien solo es un traslado de terreno, este traslado tiene un fin y un proyecto, e insistió en pedir los informes a Medio Ambiente y a la Opamss. “Espero que la comisión no se apresure a tomar una decisión”, insistió.
“Gracias, se toma nota”, le volvió a responder la diputada Figueroa.
El presidente del CIFCO, Guillermo Hasbún, solicitó a Hacienda la transferencia del inmueble propiedad del Estado a finales de enero de 2025. En el decreto propuesto, se argumenta que el CIFCO «no cuenta con un inmueble o recinto propio que le permita desarrollar sus funciones esenciales«. Parte de las instalaciones del CIFCO fueron usadas para el Hospital El Salvador para instalar camas con oxígeno con el fin de atender a los pacientes con síntomas graves de covid-19 durante la pandemia.
Sin modificación a la propuesta de transferencia, la Comisión de Salvadoreños, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un dictamen favorable de un decreto especial para transferir 55,711.13 metros cuadrados de terreno de lafinca El Espino a favor del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), cuya nueva sede construirá el gobierno de China Popular.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que antes de aprobar el decreto se preguntara al Ministerio de Medio Ambiente si existe un estudio de impacto ambiental del proyecto y se remitiera si existía; y se consultara a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (Opamss) si ha realizado un diagnóstico territorial urbanístico integral.
Antes de tomar la decisión, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo que no están autorizando una construcción sino la transferencia de un terreno.
“Este día no estamos autorizando una construcción. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es un traspaso de terreno. No tenemos el diseño, no tenemos absolutamente nada, no sabemos cómo va a ser, por ende yo no puedo decir ‘vamos a comenzar a desbaratar El Espino, yo voy a comenzar a hablar en contra de eso cuando ya esté el diseño de la construcción”, aseguró López Cardoza.
“En este momento no me puedo oponer, a aventarle piedras o a desbaratar un proyecto que nos va a dar un país amigo, a hablar mal de un proyecto, cuando ni siquiera conozco el diseño. No estamos autorizando permisos de construcción, no estamos tirando cemento”. Reynaldo López Cardoza (PCN).
El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, aseguró que no se pueden quedar encerrados «en una cueva» viendo cómo el resto se va desarrollando, a lo que Claudia Ortiz le cuestionó cómo puede haber desarrollo sin agua. «Estamos hablando de un traslado, no somos responsables aquí de la construcción, ni de nada de eso, nos toca como Asamblea Legislativa autorizar o no estos traslados», expresó la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, presidenta de la Comisión.
«No se está transfiriendo edificio, sino un área natural que da servicios ambientales a la población. El Espino es un pulmón de la ciudad». Claudia Ortiz (Vamos).
«Estamos hablando de un traslado, no somos responsables aquí de la construcción ni de nada de eso». Ana Figueroa (Nuevas Ideas).
La porción de terreno de la Finca El Espino que se transferirá al CIFCO es propiedad del Estado, que tiene un total de 475,806.716 metros cuadrados inscrito a la matrícula 30054518-0000 del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, y colinda instalaciones de Cancillería y de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA).
El embajador de China Popular en El Salvador, Zhang Yanhui, dijo el 29 de mayo que el nuevo CIFCO estará ubicado frente a Cancillería. “Está en proceso de estudio” y de investigación de suelos, expresó, en el programa La Tribu.
En su solicitud, el gobierno argumentó que el CIFCO «no cuenta con un inmueble o recinto propio que le permita desarrollar sus funciones esenciales» y que el presidente del Cifco solicitó el 31 de enero de 2025 al Ministerio de Hacienda la transferencia de esa porción de terreno ubicada en la finca El Espino para el proyecto de cooperación con China Popular.
La sede original del CIFCO, fue utilizada para el Hospital Nacional El Salvador en donde se ubicaron camas con sistema de oxígeno para enfermos de covid-19 pero actualmente aloja al «Instituto Especializado Hospital El Salvador» según el gobierno.
El alcalde en funciones de San Salvador Este, Elías Aragón, se reunió la tarde del lunes con los vendedores que perdieron sus puestos de venta en el voraz incendio ocurrido en el anexo del mercado central de Soyapango. En el concejo aún no se discuten las medidas de apoyo.
La cuenta oficial de la alcaldía informó que Aragón se reunió con los comerciantes para escuchar «cada una de sus necesidades y preocupaciones» y se habría comprometido a «buscar soluciones». Las autoridades reportaron cinco puestos consumidos por las llamas.
«Nuestro alcalde Elías Aragón se reunió con los vendedores afectados por el incendio en el mercado central del Distrito Soyapango. Durante el encuentro, escuchó cada una de sus necesidades y preocupaciones, con el compromiso firme de buscar soluciones reales para apoyarles». Alcaldía de San Salvador Este.
La comuna no informó formalmente de cuáles serían esas soluciones que se brindarían a los comerciantes. El Cuerpo de Bomberos reportó que en el siniestro se quemaron verduras, ropa, flores, cereales, granos básicos y una clínica dental.
Una fuente del concejo municipal aseguró a Diario El Mundo que hasta en el concejo municipal aún no se ha informado sobre propuestas para apoyar a los vendedores ni si se pretendería entregar algún bono. El concejo sesionará este jueves.
El Cuerpo de Bomberos informó que aún se encuentra corroborando información en la investigación que están realizando para determinar las causas de este nuevo incendio en otro mercado de El Salvador; se usaron cuatro vehículos y más de 30 bomberos para extinguir el fuego.
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa estudia este martes una reforma a la Ley Orgánica Judicial para convertir el Juzgado de Dulce Nombre de María en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, que mantendrá la competencia sobre nuevos casos penales de Dulce Nombre de María y conocerá además procesos laborales.
Los juzgados de instrucción de Chalatenango y Tejutla se repartirán los procesos penales que tenía primera instancia de Dulce Nombre de María, según el proyecto de reforma solicitada por la Corte Suprema de Justicia. El Juzgado deberá realizar un inventario y remitir los procesos en 180 días o menos.
“Se advierte una sobrecarga de trabajo del Juzgado de lo Civil y Mercantil en el distrito de Chalatenango, por lo que es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta mediante una redistribución de los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial”, asegura la propuesta de decreto.
La Asamblea Legislativa recibió el 2 de julio la solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial, Henry Alexander Mejía. La Corte acordó el 24 de junio aprobar un anteproyecto de reforma.
Actualmente el Juzgado de Dulce Nombre de María recibe 130 procesos al año, “una carga baja”, dijo el magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal. Con la conversión, afirmó que proyectan 389 casos al año. «La idea es mejorar los tiempos de respuesta», indicó.
Los cambios son:
Juzgado de Dulce Nombre de María El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierte en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, pero conservará su residencia en el distrito de Dulce Nombre de María.
Por ello, hoy habrá dos juzgados civil y mercantil de Chalatenango, el actual será 1o. y el convertido será el Juzgado 2o. de lo Civil y Mercantil de Chalatenango.
Competencia laboral, civil, mercantil
Los dos juzgados 1º y 2º de lo Civil y Mercantil de Chalatenango tendrán competencia de conocer los procesos de lo laboral y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de la circunscripción territorial del departamento de Chalatenango.
Los procesos laborales, civiles, mercantiles o de inquilinato del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María serán continuados por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango hasta su conclusión.
Competencia penal y los casos penales
El Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá la competencia en materia penal en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.
El Juzgado de Instrucción de Tejutla y el Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá los procesos penales del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.
Segunda instancia
La Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla: conocerá en segunda instancia los procesos civiles, mercantiles y de inquilinato de los juzgados primero y segundo de lo civil y mercantil de Chalatenango.
La Cámara de lo Laboral de San Salvador conocerá procesos laborales de dichos juzgados civil y mercantil de Chalatenango.
Y la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro: procesos penales de dichos juzgados.
La nueva ley presupuestaria aprobada por el Senado estadounidense, conocida como «la gran y hermosa ley» del presidente Donald Trump, incluyó tarifas aplicadas a los extranjeros por solicitudes de visa, relacionadas a su estatus migratorio, autorizaciones de empleo o por cargos ante una orden de deportación en ausencia.
Son un total de 16 secciones con 27 tarifas definidas en la ley que pueden ser aplicadas por la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que pueden ser ajustadas cada año según la inflación.
En cada sección, la ley faculta a la DHS a redefinir cada tarifa en un reglamento.
Algunos de los montos irán Fondo General del Tesoro y otros serán absorbidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos incluida la Oficina de Detención y Deportación. Listado de tarifas de Inmigración para extranjeros en EEUU en la ley de Trump
1. Tarifa de solicitud de asilo: $100
2. Tarifas deDocumentos de Autorización de Empleo:
-Para solicitantes de asilo: $550.
-Para personas en libertad condicional: $550.
-Para Estatus de Protección Temporal (TPS): $550.
Cada autorización inicial de empleo será válida por un periodo de un año o por la duración de la libertad condicional del extranjero.
3. Tarifa de libertad condicional para inmigración (inmigration parole fee):$1,000.
Hay excepciones como: el extranjero tiene una emergencia médica, no puede tener el tratamiento necesario en el estado extranjero donde reside, la emergencia pone en peligro su vida, el extranjero es padre o madre de quien tiene la emergencia médica, si es donante, si tiene un familiar cercano en Estados Unidos cuyo fallecimiento es inminente, entre otros.
4. Tarifa especial para menores inmigrantes:$250.
Para cualquier padre, madre o tutor de un extranjero que solicite la condición de menor inmigrante especial.
5. Tarifa de Estatus de Protección Temporal: $500. En la reforma se elimina $50.
6. Tarifa por Integridad de Visa:$250.
7.Tarifa de formulario I-94 (registro de entrada/salida): $24.
8. Tarifa anual de asilo:$100
9.Tarifa por la solicitud de renovación y extensión de la Autorización de Empleo (EAD) para personas en libertad condicional (parolees): $275.
Será válida por un periodo d un año o por la duración de la libertad condicional del extranjero.
10. Tarifa por solicitud de renovación o prórroga de autorización de empleo por parte de solicitantes de asilo (EAD para asilo):$275.
Concluirá después de la denegación de una solicitud de asilo a menos que el caso se remita a un juez de inmigración.
11. Tarifa de solicitud de renovación de Autorización de Empleo para extranjeros a quienes se les conceda el TPS:$275.
12. Tarifas relacionada a solicitud de ajuste de estatus migratorio:
-Tasa por solicitud de ajuste al estatus de residente permanente legal: $1,500.
Se deberá pagar antes de resolución del tribunal.
-Tarifa por la presentación de solicitud de exención de las causas de inadmisibilidad: $1,050.
-Tarifa por la presentación de una solicitud de TPS: $500.
-Tarifa por la presentación de apelación ante una resolución judicial de inmigración: $900.
-Tarifa por presentar una apelación contra un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional: $900.
-Tarifa por la presentación de una apelación contra una decisión de un funcionario en un caso disciplinario: $1,325.
-Tarifa para moción para una reconsideración: $900.
-Tarifa por solicitud de suspensión de deportación: $600.
-Tarifa por solicitud de cancelación de deportación para ciertos residentes permanentes: $600.
-Tarifa por solicitud de cancelación de deportación y ajuste de estatus de residentes temporales: $1,500.
13. Tarifa de sistema electrónico de autorización de viaje.
No menos de $10 por autorización de viaje y se explica un ajuste posterior relacionado al Índice de Precios al Consumidor.
14. Tarifa del sistema electrónico de actualización de visa: $30.
15. Tarifa para extranjeros con orden de deportación de ausencia: $5,000.
El secretario de Seguridad Nacional exigirá el pago de esa tarifa a cualquier extranjero que reciba una orden de deportación en ausencia y sea posteriormente arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Podrá ser dicho monto o el monto que el secretario establezca mediante reglamento. Habrá ajustes anuales por inflación.
No se aplicará si la orden de deportación fue revocada.
El 50 % de dichos fondos irá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la cuenta de tarifas de la Oficina de Detención y Deportación.
Las tarifas no se eximirán ni se reducirán.
16. Tarifa de aprendizaje de extranjeros inadmisibles: $5,000.
Esta tarifa se aplica a cualquier extranjero inadmisible en el momento en que sea aprehendido entre puertos de entrada.
La Secretaria de Innovación de la Presidencia de la República contratará una consultoría para crear el diseño de lo que será un Centro de Datos del Estado, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyos fondos empezarán a integrarse al presupuesto general del Estado de 2025.
La incorporación solicitada por el gobierno asciende a $9 millones, y su dictamen favorable fue aprobado el lunes. Los fondos serán transferidos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, que ejecutará el proyecto.
Con estos primeros fondos se financiará la consultoría para la adecuación, la distribución y el equipamiento de un edificio estatal ya existente que tendrá aproximadamente 3,500 metros cuadrados y que se convertirá en el Centro de Datos del Estado que busca mejorar los servicios digitales en 57 instituciones públicas.
“Básicamente busca la adecuación y equipamiento de un edificio de aproximadamente 3,500 metros cuadrados para el funcionamiento de un centro de datos, no se pretende la adquisición de un nuevo edificio ni la construcción de uno, se pretende usar algún inmueble propiedad del Estado que permita ser adecuado y equipado”. Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público.
Se trata de un préstamo que promete financiar la mejoría en los servicios digitales estatales a ejecutarse durante los próximos años hasta 2029.
Según el director de inversión de Hacienda, Marlon Herrera, estos primeros $9 millones se usarán en la contratación de una consultoría para la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado. Con el proyecto, se promete que 57 entidades del Estado tengan acceso a la nube del Estado alojada en el Centro de Datos TIER III, es decir capacidad de continuar sin interrupciones, gracias a «sistemas redundantes» y «múltiples rutas de distribución de energía y enfriamiento”.
El contrato de préstamo Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador de $60 millones fue aprobado en octubre de 2024 por el BID y autorizado el 7 de febrero y aprobado el 25 de marzo de 2025 por la Asamblea Legislativa. Su objetivo, según el BID, es mejorar la prestación de los servicios digitales del Estado para impulsar la economía digital en El Salvador. Uno de los primeros componentes es encontrar un “edificio existente adecuado y equipado para la infraestructura de datos del Estado” que cumpla los estándares, para lo cual se asigna un total de $30 millones.
Un centro de datos TIER III, según el Uptime Institute, puede funcionar sin interrupción. Es común en bancos, gobiernos o empresas tecnológicas y un máximo de 1.6 horas de inactividad al año.
“Para la definición de la meta se ha estimado que, a partir del año 3, se podrá sumar 1 entidad al mes a la nube del Estado”, indica el informe de monitoreo del proyecto del BID, compartido el pasado 25 de junio. Se busca certificar en habilidades digitales a 2,500 funcionarios públicos anuales desde 2025 durante tres años con un puntaje mínimo de 7.5 base 10.
Uno de los donantes que financia proyectos de investigación en la Universidad de El Salvador (UES) ha decidido frenar el financiamiento que brinda a la institución de educación superior estatal debido a la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros que faculta al Estado a fiscalizar a todos los agentes extranjeros a través del Ministerio de Gobernación y además les establece un impuesto del 30 % a sus contribuciones.
Durante 2024, la UES recibió unos $13 millones luego de haber gestionado 30 proyectos de investigación, según el rector, fondos que fueron utilizados para movilidad académica, compra de equipo y de insumos para las investigaciones y proyectos.
El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, explicó el lunes que uno de sus donantes les informó que «se van a mantener en reserva la decisión de acompañar proyectos» con esta institución por la aprobación de la nueva ley que ha sido cuestionada por el probable impacto en la libertad de asociación y expresión.
«Precisamente hemos encontrado la resistencia en una de ellas, en donde ha expresado que por el momento se van a mantener en reserva la decisión de acompañar proyectos que la Universidad de El Salvador ha venido gestionando y por supuesto, están en la libertad». Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador (UES).
Quintanilla detalló, durante una entrevista en Informa TV, que los donantes tienen la libertad de reorientar los fondos que destinaban hacia El Salvador para apoyar a otros países de Centroamérica o África. Aseveró que en sus pláticas con embajadores le han expresado que «existe esa preocupación» y que están en desacuerdo con la normativa «en cuanto a que sus países están interesados en el desarrollo de la Universidad de El Salvador».
Por estas razones, considera que la normativa «seguro afectará a la Universidad de El Salvador» y a otras universidades, puesto que la vicerrectora académica del Alma Mater le informó que en, el Consejo de Educación Superior –un organismo consultivo del Ministerio de Educación–, las otras universidades también están preocupadas por el impacto a donaciones para investigaciones.
«Nosotros por supuesto somos respetuosos de la ley y en esa lógica nos vamos a someter a lo que esté establecido y, por supuesto, aceptar la decisión que los cooperantes». Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador (UES).
En este sentido, la institución ha solicitado a la Fiscalía General de la UES y al decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que analicen la normativa para concluir cuál es el impacto que pudieran tener en el trabajo que han «venido construyendo con la cooperación internacional».
Esta ley creó un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) con facultad para requerir a los agentes extranjeros documentos o cualquier información que considere necesaria, de forma oficiosa, supervisar, fiscalizar y llevar un control de las actividades de los agentes extranjeros, requerirles “los informes necesarios”, remitir a Fiscalía un informe semestral de las actividades registradas, colaborar con otras instituciones del Estado, sobre informes sobre “la actividad de los sujetos obligados” para investigación y procesos administrativos y decidir quiénes estarán excluidos, así como revocar la exclusión o renovarla ante “incumplimientos”. La ley prohíbe actividades políticas.
5 proyectos de la UES con cooperación extranjera
1. Innovación tecnológica, proyectos de investigación y desarrollo con impacto a pequeña y mediana empresa y buscan un valor agregado para empresas: $9 millones. 2. Estudios de geología. Facultad de Ciencias Agronómicas implementó la carrera de Ciencias de Geologías. Recibió financiamiento para compra de equipo, mismo que se usó para ir a Ahuachapán por explosión de ausol. 3. Laboratorio de toxinas marinas.
4. Laboratorio sobre energía nuclear para control de enfermedades.
5. Tratamientos a bajo costo en Odontología.
Pide exclusión para universidades
El rector de la UES pidió a la Asamblea Legislativa que valore las afectaciones que la Ley de Agentes Extranjeros puede causar a las instituciones educativas y que excluya de la ley a las universidades, para no afectar los proyectos académicos que dependen de la cooperación internacional.
Quintanilla aseguró que se mantendrán respetuosos de lo que establece la normativa y se van a «someter a lo que esté establecido y, por supuesto, aceptar la decisión que tomen» los cooperantes sobre los proyectos que están en gestión.
La controversial normativa aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa entró en vigor el 7 de junio y dio un plazo de 90 días para la inscripción de personas u organizaciones que reciben financiamiento desde el extranjero. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, aseguró que la normativa implica que El Salvador «da un paso más en la dirección de Nicaragua» y que está «dirigida a impedir el trabajo de las sociedad civil y medios independientes».
